Comité contra la Tortura

51 er período de sesiones

Acta resumida de la 1179ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el viernes 1 de noviembre de 2013, a las 15.00 horas

Presidente:Sr. Grossman

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 19 de la Convención (continuación)

Informes periódicos tercero a quinto combinados de Letonia (continuación)

Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas.

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 19 de la Convención (continuación)

Informes periódicos tercero a quinto combinados de Letonia (continuación) (CAT/C/LVA/3-5; CAT/C/LVA/Q/5)

1. Por invitación del Presidente, la delegación de Letonia toma asiento a la mesa del Comité.

2.La Sra. Medina (Letonia) dice que, a raíz de las anteriores recomendaciones del Comité, se ha incluido una definición general de la tortura en la legislación penal y se han modificado las disposiciones relativas al comportamiento de los funcionarios públicos a fin de tipificar como delito la tortura y la tentativa de tortura y establecer duras sanciones. Se consideran prescriptibles todos los delitos, excepto los abarcados por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Puesto que tal circunstancia no está expresamente prevista en la Constitución, el Gobierno de Letonia no ve la necesidad de declarar imprescriptibles los delitos cometidos por funcionarios públicos. Entiende que diez años son tiempo suficiente para que las víctimas denuncien un delito y tenga lugar el enjuiciamiento de los autores.

3.En virtud de la Ley de Procedimiento Penal, el Estado tiene la obligación de prestar servicios de interpretación a los acusados en todas las fases del proceso. Además, la Directiva europea relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales entrará en vigor a finales de 2013 y el Gobierno ha destinado 2 millones de euros para su aplicación. El personal penitenciario suele tener suficientes conocimientos de ruso. Aunque el Documento Conceptual de Política Penal de 2009 no modificó las condiciones de detención preventiva, introdujo medidas alternativas y penas de prisión bastante más cortas. Desde su aprobación se ha registrado un marcado descenso del número de reclusos, que han pasado de cerca de 7.000 en 2009 a 5.200 en 2013, así como del número de personas en detención preventiva, el cual entre 2010 y 2013 se redujo en un 25%. Cabe señalar igualmente que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha considerado admisible ninguna demanda por dilación indebida en un proceso penal.

4.En respuesta a varias preguntas relativas a la justicia juvenil, la oradora dice que la Ley de Procedimiento Penal únicamente contempla la reclusión de menores en los casos más graves y se ha modificado a fin de precisar las condiciones que han de cumplirse en dichas reclusiones, cuya duración depende de la gravedad del delito cometido y puede oscilar entre 30 días y 12 meses. Esa práctica está cayendo en desuso: desde octubre de 2013, solo 13 de los 31 menores declarados culpables han sido recluidos. La oradora señala a la atención del Comité el párrafo 198 del informe e indica que las “medidas correctivas obligatorias” se refieren a las medidas impuestas a menores de entre 11 y 18 años de edad cuando no se considera apropiado aplicar sanciones penales o administrativas. Solo se imponen multas a las personas menores de edad que cuentan con una fuente de ingresos. La ley contempla varias sanciones para cada delito penal y deja a discreción de los jueces la aplicación del castigo más apto para rehabilitar a los condenados y evitar la reincidencia.

5.La aplicación de la Directiva europea relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil ha llevado al Gobierno a preparar varias modificaciones legislativas, entre otras una reforma de las disposiciones penales previstas para los delitos de tipo sexual. Concretamente, se ha ampliado a 20 años el plazo de prescripción de los delitos sexuales graves contra menores. Por otro lado, la Directiva europea relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos ha supuesto la introducción en abril de 2013 de varias modificaciones de gran calado en la legislación penal, entre las cuales destaca la prohibición de perseguir a las víctimas de la trata por su participación en actividades ilegales.

6.El Ministerio de Justicia se ha inspirado en las mejores prácticas internacionales para preparar una reforma en virtud de la cual las órdenes de protección quedan contempladas en la Ley de Procedimiento Civil. La reforma reconoce a las víctimas de la violencia doméstica la capacidad de solicitar una orden de protección por sí mismas o con ayuda de la policía. La violación constituye un delito grave y el hecho de que el agresor y la víctima mantengan o hayan mantenido anteriormente una relación conyugal se considera una circunstancia agravante. La pena capital se suprimió en diciembre de 2011 y actualmente cumplen cadena perpetua 53 personas. Las personas culpables de delitos menores o delitos graves que no hayan dado lugar a muertes pueden quedar exentas de toda responsabilidad jurídica previo acuerdo con la víctima o su representante, siempre que hayan transcurrido al menos 12 meses desde la última vez en que se las eximió de su responsabilidad jurídica en relación con otro delito y se haya indemnizado plenamente a la víctima por las lesiones recibidas.

7.La Defensoría del Pueblo ha comenzado su proceso de acreditación como institución nacional de derechos humanos, de conformidad con los Principios de París, y presentará la documentación definitiva a finales de 2013. Pese a contar con escasos fondos, el Defensor del Pueblo es cada vez más conocido entre la sociedad en general. Tiene autoridad para investigar denuncias, visitar instituciones de régimen cerrado, apelar a los tribunales y presentar recursos ante el Tribunal Constitucional si considera que una ley es inconstitucional, como ha hecho en varias ocasiones.

8.Han recaído un total de 125 sentencias en causas de corrupción, con más de 220 imputados, el 55% de los cuales son funcionarios e incluyen a agentes de las fuerzas del orden, jueces, abogados y políticos del ámbito municipal.

9.En respuesta a varias preguntas relativas a las condiciones penitenciarias, la oradora indica que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura ha valorado positivamente varios centros, aunque hay otros que considera poco aptos. Por ello las autoridades han llevado a cabo un examen exhaustivo de las condiciones penitenciarias, prestando especial atención al espacio por preso, la cantidad de luz natural y artificial, la ventilación y el saneamiento. Está previsto que una comisión presente un informe y recomendaciones al respecto en marzo de 2014.

10.En relación con la atención de la salud, cabe decir que se está elaborando un documento de políticas con vistas a integrar el sistema de sanidad penitenciario dentro del sistema de sanidad pública general. Cuando un médico u otro miembro del personal penitenciario detecta lesiones en un recluso, las autoridades del centro están obligadas por ley a investigar las posibles causas. Si de la investigación resulta que el autor de las lesiones es otro preso, el caso se remite a las autoridades competentes para que estas emprendan las correspondientes acciones penales. Los reclusos pueden elevar quejas al Tribunal Administrativo o a la Inspección de la Salud, procedimiento que en algunos casos se ha traducido en la concesión de indemnizaciones. Tanto los presos convictos como los que no han sido condenados pueden elevar recursos contra las medidas disciplinarias que se les apliquen. La detención en régimen de aislamiento no ha de superar los 15 días en el caso de un adulto o los 10 días en el caso de un menor. Se ha facilitado al personal penitenciario un conjunto de pautas para evaluar el riesgo de suicidio de los presos basadas en una escala de la American Foundation for Suicide Prevention, y se imparte formación en la detección de conductas suicidas con fondos del Gobierno y la Comisión Europea. Por último, las autoridades penitenciarias tienen la obligación de inscribir a todos los niños nacidos en los centros de detención.

11.La Sra. France (Letonia) dice que el Gobierno ha adoptado varias medidas para proteger el derecho de detenidos, sospechosos y acusados a un abogado, así como la posibilidad de contar con asistencia letrada pese a carecer de medios. Actualmente están registrados en el país un total de 1.280 abogados defensores, cantidad más que suficiente para satisfacer la demanda de asistencia letrada. Además, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha determinado que el acceso a la asistencia letrada no plantea un problema sistémico en Letonia. Si bien el Estado no ofrece reparación alguna por los daños psicológicos infligidos a las víctimas de un delito, la Ley de Procedimiento Civil contempla el pago por el delincuente de una indemnización en concepto de daños morales, físicos y económicos. Cada año, el Centro de Capacitación Judicial imparte más de 20 cursos sobre cuestiones de derechos humanos, y los jueces a menudo fundamentan sus decisiones en las sentencias del Tribunal Europeo. El Gobierno va a solicitar una subvención del Fondo Social Europeo con el fin de financiar la formación continua de jueces, fiscales, peritos forenses e investigadores.

12.En respuesta a las dudas planteadas en relación con la eficiencia del sistema judicial, la oradora dice que se han adoptado medidas para recuperar el atraso en los casos pendientes. Desde el año 2009, existe el proyecto, en cooperación con Suiza, de equipar a las salas de audiencia con sistemas de grabación de sonido y videoconferencia, elaborar un calendario a fin de garantizar la disponibilidad de los abogados para las vistas y establecer una plataforma electrónica para publicar los fallos judiciales y configurar la presentación telemática de denuncias. En 2013 se implantó un sistema que permite evaluar el desempeño de los jueces con una frecuencia quinquenal. Además, está previsto que se introduzca un mecanismo que hará obligatorio remitir todos los casos en primera instancia a los tribunales de distrito para así simplificar la estructura de los tribunales y evitar la fragmentación de las jurisdicciones. A partir de enero de 2014, los magistrados superiores tendrán mayor responsabilidad en la tramitación de las causas, lo cual tiene por objeto limitar la duración de las vistas. Por último, cabe señalar que se están promoviendo medios alternativos de solución de conflictos y que a principios de 2014 entrará en vigor la Ley de Mediación.

13.El Sr. Zaķis (Letonia), en respuesta a las preguntas relativas a la Oficina de Seguridad Interna de la Policía Nacional, dice que está previsto reorganizar dicha Oficina de manera que no recaiga sobre ella la responsabilidad de investigar y sancionar a su propio personal. La nueva entidad estará bajo supervisión directa del Ministerio del Interior y su cometido consistirá en llevar a cabo la investigación preliminar de todas las causas penales en que los acusados sean agentes de la policía estatal o la policía de fronteras, e investigar las denuncias de malos tratos presentadas contra los funcionarios de prisiones, la policía portuaria y la policía municipal. Así pues, vigilará la actuación de unos 20.000 agentes de las fuerzas del orden. El orador reconoce que el número de denuncias contra la policía estatal sigue en aumento (de unas 1.500 en 2010 pasaron a más de 2.400 en 2012) y que además se han desestimado más del 80% de las denuncias de malos tratos.

14.No hay motivos para pensar que las estadísticas oficiales no reflejan la situación sobre el terreno. En un intento por reducir la incidencia de los malos tratos, se han equipado los centros de detención de la policía y todos los coches patrulla con sistemas de vigilancia por vídeo. La calidad de las investigaciones llevadas a cabo por la Oficina de Seguridad Interna es satisfactoria, pese a la escasez de recursos, si bien hay aspectos susceptibles de mejora y se espera que la reorganización corrija los problemas de independencia institucional. Cabe señalar por último que cualquiera puede presentar una denuncia a la Oficina, ya sea por carta, teléfono, fax o correo electrónico, o directamente a la Fiscalía o al Defensor del Pueblo. Las instrucciones sobre el mecanismo de denuncias pueden consultarse en la Web. Aunque se trata de un mecanismo eficaz, es preciso fomentar una mayor confianza popular en la Oficina de Seguridad Interna.

15.De acuerdo con las últimas reformas legislativas, las víctimas reconocidas de la trata tienen derecho a un máximo de 180 horas de rehabilitación social a cargo del Estado y las víctimas que prestan testimonio a un máximo de 150 horas de apoyo durante el proceso penal, en forma de asistencia jurídica y psicosocial y servicios de interpretación. Letonia es estrictamente un país de origen, y no consta que se hayan producido casos de trata interna en el sentido del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; por ese motivo, no se han presentado oportunidades para evaluar las medidas de protección existentes. La división de lucha contra la trata de la policía estatal ha cooperado de forma activa con las autoridades de los países donde se han identificado víctimas letonas. Además, Letonia ha firmado dos convenios internacionales de cooperación: uno con Estonia y Lituania en materia de asistencia letrada y otro con Estonia sobre cooperación transfronteriza en la lucha contra la delincuencia.

16.Con arreglo a la Ley de Procedimiento Penal, las personas detenidas deben ser informadas sin demora de sus derechos, incluido el derecho a ponerse en contacto con sus familiares y su empleador, en un idioma que entiendan. El orador señala al Comité el párrafo 151 del informe y dice que, según esa misma Ley, los procesos penales deben concluirse dentro de un plazo razonable, el cual dependerá de factores como la complejidad jurídica que revista la causa.

17.El Sr. Velšs (Letonia) dice, por cuanto se refiere a la custodia policial, que un centro de detención de corta duración se define en términos legales como un lugar especialmente equipado dentro de los locales de la policía, en el que únicamente pueden ingresar personas detenidas o que estén cumpliendo una condena administrativa. La detención administrativa puede durar entre 24 horas y 15 días y no es posible imponerla a menores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas o personas que tengan bajo su tutela exclusiva a un menor de 12 años. En promedio, la permanencia bajo custodia policial suele ser de cuatro días. Se ha dado el caso de una persona que estuvo detenida 45 días debido a la carga que suponía la tramitación de múltiples delitos. El caso se investigó y no se encontraron irregularidades.

18.Naturalmente, las condiciones son distintas de las que rigen la detención de larga duración, pero quienes se encuentran bajo custodia policial tienen derecho no obstante a que se les faciliten productos de higiene personal, tres comidas diarias y tanta agua de beber como deseen. Los detenidos tienen cama propia; los inodoros se encuentran separados de la zona de dormitorios y las celdas están equipadas con un botón de llamada, tienen luz natural y artificial suficiente y la temperatura en ellas es de al menos 18 ºC. Además, los reclusos tienen derecho a un paseo de media hora al aire libre cada 24 horas.

19.El acceso de los presos a los servicios sanitarios, en particular a los servicios médicos de urgencias y al dentista, está garantizado. Cuando es preciso, se los escolta hasta dependencias médicas externas. Tienen derecho a que los examine un médico de su elección, pero por su cuenta y cargo. No tienen derecho a entrevistarse con sus familiares, pero sí a dar noticias de su situación a un familiar o a su empleador, así como a consultar a un abogado. No necesitan un permiso especial para entrevistarse con su abogado y sus encuentros con este no están sujetos a ningún límite de tiempo.

20.La policía estatal gestiona 22 centros de detención de corta duración con una capacidad total para 694 personas. Cinco de ellos se encuentran en desuso debido al reciente descenso en el número de detenidos. Si todas las celdas estuvieran llenas, el espacio mínimo por recluso por celda sería de 4,7 m2, pero la tasa de ocupación media de esos centros no suele superar el 10% o el 20%. Es probable que dicho descenso se mantenga en vista de la decisión del Gobierno de excluir la detención de corta duración en el caso de los sospechosos de delito administrativo. El Gobierno está estudiando la posibilidad de cerrar algunos de esos centros y destinar esos recursos a las cárceles. En 2014 se pondrá en marcha un proyecto de 3 millones de euros para mejorar los demás centros de detención de corta duración.

21.Esos centros se hallan bajo una supervisión constante. No hay detenidos en régimen de aislamiento. En uno de los centros se ha dispuesto una celda especial aparte para los detenidos que sufren accesos de violencia, inducidos en muchos casos por el consumo de drogas o alcohol, con el fin de evitar que se pongan en peligro a sí mismos o a sus compañeros. Los hombres están separados de las mujeres y los niños de los adultos. Las personas en detención de corta duración se encuentran separadas de los presos convictos y reciben información sobre los procedimientos de detención a su llegada en un idioma que entiendan, si es necesario por medio de un intérprete. Sus derechos se han puesto por escrito en letón, ruso e inglés. Los caballos y perros de la policía no se utilizan para controlar a los detenidos. Los animales se emplean en actividades antidisturbios y de patrulla, captura y batida.

22.La Escuela de la Policía Estatal imparte formación continua a los agentes de policía. Sus actividades se valoran mediante un sistema de autoevaluación y a través de cuestionarios. Todos los agentes de policía se someten a un examen cada dos años. La Escuela no imparte formación en ruso y el aprendizaje del ruso es optativo en los centros. No obstante, no se han recibido quejas sobre dificultades de comunicación que se pudieran haber planteado con agentes de policía por desconocer estos el idioma ruso.

23.El Sr. Citskovskis (Letonia) dice que la Oficina de Asuntos de Ciudadanía y Migración es la entidad encargada de adoptar todas las decisiones en materia de asilo, aunque el Servicio Estatal de Protección de Fronteras tiene autoridad para efectuar detenciones entre quienes entran en el Estado parte. Las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado y concesión de protección complementaria se tramitan mediante un único proceso tipo. De las 150 personas que formularon una solicitud en 2013, obtuvieron la condición de refugiado 11 y 19 la protección complementaria. Hasta la fecha se han rechazado 30 solicitudes. Los solicitantes de asilo son informados sin demora de su derecho a recibir información, asistencia letrada y atención médica gratuita de urgencia. También tienen derecho a ponerse en contacto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

24.La Oficina de Asuntos de Ciudadanía y Migración aplica la normativa internacional y procedimientos especiales para identificar y calibrar las necesidades de personas vulnerables como menores, embarazadas, personas con discapacidad, personas de edad y víctimas de la violencia. Desde 2009, el procedimiento de regreso acelerado se ha aplicado únicamente en diez casos, aunque nunca tratándose de un menor no acompañado. La ley ha establecido mecanismos de asistencia para los menores no acompañados en los que intervienen la policía, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Tribunal Tutelar de Menores.

25.Nunca se ha retenido a un migrante en situación irregular por más de seis meses. El tiempo promedio de detención es de dos meses en el caso de los migrantes en situación irregular y de 19 días en el caso de los solicitantes de asilo. Rara vez se retiene a personas vulnerables. Las reformas pendientes de introducirse en la legislación sobre migración permitirán a las organizaciones no gubernamentales visitar los lugares de detención de los migrantes irregulares y los solicitantes de asilo. Cada vez es más frecuente el uso de alternativas a la detención como la entrega del pasaporte o la obligación de personarse periódicamente ante las autoridades. En 2012, el número de salidas voluntarias de migrantes irregulares superó el número de devoluciones forzosas.

26.Quienes reciben una orden de expulsión tienen derecho a contar con asistencia letrada para apelar al Tribunal Administrativo. Tienen derecho asimismo a entrevistarse con sus familiares, elevar quejas y recibir cuidados médicos. El proceso de expulsión forzosa del país está sometido a la supervisión de la Defensoría del Pueblo. Cuando corresponde, la Defensoría representa a los solicitantes de asilo ante los tribunales.

27.El Sr. Kišuro (Letonia) dice que el tratamiento hospitalario se reserva cada vez más a las personas que padecen trastornos mentales graves, y que únicamente son admitidos como pacientes quienes presentan conductas muy agitadas o agresivas. Aproximadamente el 95% de esos casos se gestionan en los servicios de urgencias. El tiempo medio de permanencia hospitalaria es de 23 días y el número de camas para pacientes internados ha pasado de 620 en 2007 a 495 en 2013. Las personas con trastornos agudos pasan a continuación a recibir un tratamiento de tipo ambulatorio. Las personas con problemas de aprendizaje también reciben un tratamiento de tipo ambulatorio y servicios de atención de día si es necesario. La rehabilitación de los pacientes más graves comienza durante el período de internamiento.

28.Cada uno de los cinco centros psiquiátricos regionales cuenta con departamentos para la atención ambulatoria y hospitalaria. Se ha alojado a unas 280 personas necesitadas de tratamiento de por vida en centros más pequeños. Los pacientes ingresados en una institución psiquiátrica en virtud del artículo 68 de la Ley de Tratamiento Médico conservan sus derechos y pueden presentar reclamaciones ante las autoridades sanitarias y el Colegio de Médicos de Letonia. El uso de restricciones físicas está estrictamente regulado.

29.La Sra. Sveaass (Relatora para el país) quisiera saber si los interrogatorios de la policía tienen lugar en salas con televisión en circuito cerrado. A fin de reducir los niveles de violencia entre los pacientes hospitalizados y entre los reclusos, convendría internarlos de manera que fueran menos las posibles causas de agresión y conflicto. La oradora querría saber igualmente cuántas personas ingresadas en centros psiquiátricos han elevado quejas por el trato recibido. También pregunta cómo se supervisan los centros psiquiátricos de menor tamaño y cuáles son las medidas adoptadas contra la discriminación por motivos de orientación sexual.

30.La oradora pregunta asimismo en qué momento se puede considerar que un solicitante de asilo es un migrante irregular y si el Estado parte procura estar al tanto del destino que corren las personas a las que devuelve por la fuerza a sus países de origen. Quisiera saber también si las confesiones obtenidas por medio de la tortura son admisibles ante un tribunal, si el Estado parte entiende que la expresión “funcionario público” se corresponde con la de la Convención y cuál es la postura del Gobierno en relación con la adhesión al Protocolo Facultativo de la Convención. La oradora agradecería mayor información sobre el financiamiento de la Defensoría del Pueblo.

31.La Sra. Belmir (Relatora para el país) estima que el delito de tortura debería ser imprescriptible y sus autores no deberían poder beneficiarse de una amnistía. Habría que reducir la duración del período de detención preventiva y convendría eximir del pago de multas a los jóvenes infractores. El Comité acogería con agrado información más detallada sobre la evaluación de la formación del personal de las fuerzas del orden y la justicia.

32.La oradora solicita que la delegación formule observaciones sobre el hecho de que en el Estado parte cada día sean raptados presuntamente una media de 20 niños de la calle para su venta. También pregunta si la alta tasa de suicidios durante la detención se debe a las condiciones de reclusión y si los detenidos con problemas de salud mental o drogadicción reciben el tratamiento adecuado. El proceso acelerado para el examen de las solicitudes de asilo a menudo dificulta a los solicitantes la propia defensa.

33.El Sr. Bruni observa que, según el informe periódico, la superficie de las celdas de detención preventiva en régimen de aislamiento no ha de ser inferior a los 3 m2. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura recomienda un tamaño mínimo para las celdas de 4 m2. El orador pregunta si el Estado parte tiene previsto rectificar la situación. Asimismo, invita a la delegación a formular observaciones sobre el hecho de que el Estado parte se haya negado a admitir la competencia del Comité contra la Tortura para recibir y examinar comunicaciones en virtud del artículo 22 de la Convención.

34.El Sr. Gaye constata que el Código Penal tipifica cuatro delitos específicos en los que intervienen actos de tortura y pregunta por las sanciones que se aplican a los actos de tortura más generales. También pregunta si se ha previsto modificar el Código para tipificar como delito la incitación al odio por parte de personajes públicos en contra de minorías como los judíos, los musulmanes, los migrantes y los refugiados.

35.La Sra. Gaer reitera su pregunta sobre si existen en el Estado parte centros de acogida para las mujeres que han sufrido malos tratos. Quisiera saber si se ha aplicado el artículo 74, párrafo 1, del Código Penal, relativo a la justificación, apología o negación en público del genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, y, de ser así, si es posible acceder a información sobre las causas judiciales incoadas. La oradora pide a la delegación que explique los motivos que han llevado al Estado parte a rechazar la recomendación de establecer programas para las víctimas de la tortura y que facilite estadísticas sobre las víctimas de la tortura que se hayan beneficiado de servicios de rehabilitación.

36.El Sr. Mariño Menéndez pregunta si el procedimiento del acuerdo extrajudicial se ha aplicado en casos más graves de tortura, violación o asesinato. El orador quisiera saber si el Estado parte brinda protección diplomática o asistencia consular a los no nacionales y si la Oficina de Asuntos de Ciudadanía y Migración o el Tribunal Administrativo son las entidades encargadas de iniciar los procedimientos de expulsión de extranjeros.

37.El Presidente, en su calidad de miembro del Comité, ruega a la delegación que confirme si se considera que quien incurre en 1 de los 11 delitos contemplados en el artículo 24 del Código Penal ha cometido un acto de tortura y, de ser así, cuáles son los castigos aplicables.

38.Después de señalar que en Letonia los menores pueden ser retenidos hasta diez días en régimen de aislamiento, el orador solicita a la delegación que confirme la edad a la que una persona deja de considerarse menor a efectos legales. Además, desea saber si la legislación nacional prevé el régimen de aislamiento para las personas con discapacidad mental y, de ser así, si el Gobierno piensa anular las disposiciones al respecto. El orador pregunta si los detenidos tienen derecho a elevar un recurso contra su reclusión en régimen de aislamiento y si se les informa de que tienen ese derecho. Pregunta asimismo si los detenidos pueden elevar una queja en relación con su reclusión en régimen de aislamiento y, de ser así, cuántas quejas se han investigado hasta la fecha.

39.El orador desea saber si se ha dado el caso de que, confiando en las garantías diplomáticas formuladas, se haya revocado una decisión de no extraditar a un presunto delincuente. También quisiera saber si los malos tratos se sancionan del mismo modo que los actos de tortura. Por último, pregunta si el estudio sobre los métodos para mejorar el sistema de asilo se finalizó a finales de 2011 según lo previsto y si se han publicado recomendaciones.

40.La Sra. Sveaass pregunta si se garantiza el derecho de facto de las víctimas a la indemnización y rehabilitación y si quienes reciben servicios de rehabilitación pueden recibir igualmente tratamiento psicológico.

41.La Sra. Belmir solicita a la delegación que formule observaciones sobre las denuncias presentadas contra algunos agentes de policía por haber hecho uso de la violencia en el ejercicio de sus funciones.

42.El Presidente pregunta si las personas detenidas en régimen de aislamiento tienen derecho a alguna forma de comunicación con el exterior, en particular en caso de emergencia.

43.El Sr. Makarovs (Letonia) explica que no todas las personas que residen en el país obtuvieron automáticamente la nacionalidad letona tras la caída de la Unión Soviética; de hecho, quienes se trasladaron a Letonia durante el período soviético pasaron a ser oficialmente no nacionales. El Gobierno ha adoptado varias medidas para que esas personas, y en particular los niños, puedan solicitar la nacionalidad; las medidas se han traducido en una importante disminución del número de no nacionales. El Gobierno entiende que la condición de no nacional es provisional: con el tiempo será innecesaria al aumentar las solicitudes de nacionalización. Hasta entonces, los no nacionales seguirán gozando de los mismos derechos que los nacionales letones, salvo por cuanto se refiere al derecho a votar y a desempeñar cargos públicos, y recibirán plena protección diplomática y asistencia consular. También son libres de enviar comunicaciones a organismos internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

44.En cuanto al derecho a la libertad de expresión y reunión, es correcto afirmar que el artículo 74, párrafo 1, del Código Penal tipifica como delito la apología y la negación en público del genocidio y los crímenes de guerra. Pese a condenar tales actos, el Gobierno tiene la obligación de proteger el derecho a la libertad de expresión y no puede impedir a sus ciudadanos que expresen opiniones contrarias a las suyas. No obstante, el orador dice que en su país no se han registrado conductas que constituyan actos de apología o negación del genocidio o los crímenes de guerra.

45.La Sra. Līce (Letonia) dice que su Gobierno no tiene previsto ratificar de inmediato el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, pero que estaría dispuesto a replantearse su postura si cambiasen las circunstancias. Las víctimas de tortura y malos tratos tienen acceso a la justicia por medio del Tribunal Constitucional, el cual interpreta lo dispuesto en la Constitución de conformidad con la Convención, y pueden además remitir comunicaciones individuales al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

46.La legislación nacional se ha modificado recientemente con el fin de erradicar toda forma de discriminación por motivos de sexo, y se han establecido varios programas de capacitación y sensibilización de los agentes de policía y de la sociedad en general. Además, el Gobierno ha puesto en marcha diversas medidas para combatir la discriminación contra los romaníes, entre otras el establecimiento de un programa de integración y un comité consultivo en asuntos romaníes, el cual ha recibido la aprobación del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas en uno de sus últimos informes.

47.La Sra. Medina (Letonia) dice que en los últimos años se ha producido un marcado descenso en el número de menores condenados a prisión. En un esfuerzo por combatir la violencia entre reclusos, se han reservado 55 millones de lats para construir nuevas cárceles y mejorar las celdas existentes, y se han invertido otros 8 millones de lats en un centro de rehabilitación para presos alcohólicos o toxicómanos.

48.El Código Penal contiene una definición separada de los delitos de tortura cometidos por funcionarios públicos, que abarcan cualquier acto de tortura perpetrado por personas que lleven a cabo una función del Estado, incluidos contratistas y particulares. La Defensoría del Pueblo ha recibido recientemente nuevos fondos para reforzar sus labores de supervisión de las instituciones estatales.

49.El Gobierno ha adoptado múltiples medidas para reducir la duración y el uso de la prisión preventiva, y los últimos datos demuestran que se ha producido un descenso constante en el número de reclusos retenidos en estos términos. El procedimiento del acuerdo extrajudicial únicamente es posible cuando se trata de delitos menores; los actos de tortura, violación y asesinato son objeto de acciones judiciales. En lo referente al trato dado a los menores en el sistema judicial, la oradora dice que los jueces únicamente pueden imponer una multa monetaria a un menor por una infracción que este hubiera cometido cuando así lo justifiquen las circunstancias. Se entiende que una persona es menor de edad hasta que cumple 18 años.

50.Con el fin de reducir el número de suicidios entre los reclusos, las autoridades penitenciarias han formulado recomendaciones detalladas para la prevención de suicidios y han invertido unos 200.000 lats en un programa de capacitación especial que permitirá facultar a los funcionarios de prisiones y el personal médico para que reconozcan y asistan a los presos con tendencias suicidas. Las personas detenidas en régimen de aislamiento tienen derecho a ponerse en contacto con un tercero en caso de emergencia.

51.En relación con la definición de tortura, la oradora confirma que los malos tratos se castigan del mismo modo que la tortura, y que cada artículo del Código Penal en que se hace referencia a la tortura cumple los criterios establecidos en la Convención. El castigo que se impone en caso de tortura se determina con arreglo a las disposiciones del Código Penal y puede ser de hasta diez años de prisión.

52.La Sra. France (Letonia) dice que los jueces reciben formación sobre las disposiciones de la Convención y pueden solicitar materiales didácticos adicionales de ser necesario. El Gobierno ha solicitado recientemente una subvención del Fondo Social Europeo para reforzar la formación de los jueces.

53.El Sr. Velšs (Letonia) dice que todos los interrogatorios que realiza la policía deben grabarse en vídeo y todas las comisarías cuentan al menos con una sala dotada de equipo diseñado a tales efectos. Si bien en el párrafo 244 del informe periódico se indica que las celdas no deben ser inferiores a 3 m2, en la práctica la mayor parte de los detenidos en prisión preventiva están recluidos en celdas de a partir de 4 m2.

54.Al Gobierno no le constan las acusaciones mencionadas sobre los actos de violencia cometidos por la policía, y su delegación necesitaría más información para poder decir algo más al respecto. Considera preciso insistir, no obstante, en que el uso de la fuerza no está aceptado como medio ordinario para hacer cumplir la ley y solo tiene lugar en circunstancias excepcionales. Con arreglo a la legislación que regula el cuerpo de la policía, si una persona resulta herida o fallece como consecuencia de la actuación policial, la Fiscalía ha de ser notificada y debe realizarse una investigación interna.

55.La Sra. Freimane (Letonia) dice que las víctimas de delitos tienen acceso a un tratamiento de rehabilitación personalizado con cargo al erario público. Si bien todavía no se han adoptado medidas de rehabilitación específicas para las víctimas de tortura, se han aprobado disposiciones para que, en un futuro próximo, puedan someterse a tratamiento especializado tanto las víctimas como los autores de la tortura.

56.En lo relativo a la pregunta sobre si existen centros de acogida para las mujeres víctimas de la violencia doméstica, la oradora indica que su Gobierno ya ha creado 28 centros de crisis familiar en todo el país y cuenta con ampliar los servicios de rehabilitación que ofrece a las mujeres víctimas a partir de 2015. En cuanto a la rehabilitación de los niños víctimas de tortura o malos tratos, la oradora señala que se ha introducido un marco normativo detallado con el fin de dotar a los niños de acceso a servicios de rehabilitación especializados que se adapten a sus necesidades.

57.El Sr. Kišuro (Letonia) dice que su Gobierno ha puesto en marcha medidas de protección especiales para las personas vulnerables, como las víctimas de la trata, y el Servicio Estatal de Protección de Fronteras ha elaborado programas de formación específicos para los agentes que luchan contra la trata.

58.El orador confirma que actualmente están pendientes de resolución 90 solicitudes de asilo, de las cuales 48 han sido retiradas por el solicitante. Buena parte de las solicitudes retiradas provenían de personas que luego regresaron a su país de origen. Se ha observado que algunos individuos han intentado utilizar el sistema de asilo de Letonia como medio para acceder a otros países de Europa Occidental; cuando estas personas se dan cuenta de que no pueden entrar en los países de la Unión Europea colindantes y que de hacerlo los devolverían a Letonia, frecuentemente retiran su solicitud.

59.En cuanto al trato dispensado a los inmigrantes ilegales, se ha establecido un programa de repatriación y reinserción con carácter voluntario en asociación con la Organización Internacional para las Migraciones con el fin de ofrecer a esas personas la oportunidad de regresar a su país de origen y seguir allí con su vida. En relación con la detención temporal de los solicitantes de asilo, cabe señalar que hace poco se ha reducido el período inicial de detención a siete días, al cabo de los cuales es necesario presentar el caso ante un juez para prolongar la detención. Cada caso debe ser revisado cada dos meses por los tribunales de distrito. Con respecto al proceso de vista acelerada para los solicitantes de asilo, el Gobierno ha adoptado medidas para modificar los artículos relevantes de la legislación en materia de asilo para que las personas vulnerables, entre las que cabe mencionar a las víctimas de la trata, tengan acceso a determinadas salvaguardias dentro del proceso, como la posibilidad de recurrir a un intérprete y de contar con tiempo suficiente para presentar un recurso.

60.El Presidente agradece a la delegación el diálogo abierto y constructivo que ha tenido lugar y dice que toda información adicional podrá remitirse al Comité por escrito más adelante.

61.El Sr. Makarovs (Letonia) agradece al Comité sus recomendaciones y dice que su delegación queda a disposición del Comité para cualquiera otra información que pudiera necesitar.

Se levanta la sesión a las 18.05 horas.