Naciones Unidas

CAT/C/NZL/FCO/7

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

Distr. general

23 de agosto de 2024

Español

Original: inglés

Español, francés e inglés únicamente

Comité contra la Tortura

Información recibida de Nueva Zelandia relativa al seguimiento de las observaciones finalessobre su séptimo informe periódico *

[Fecha de recepción: 8 de agosto de 2024]

I.Introducción

1.En agosto de 2023, el Comité contra la Tortura (el Comité) aprobó observaciones finales (CAT/C/NZL/CO/7) sobre el séptimo informe periódico de Nueva Zelandia (CAT/C/NZL/7). Nueva Zelandia agradece al Comité el diálogo constructivo mantenido en julio del año pasado, así como sus recomendaciones.

2.El Comité solicitó a Nueva Zelandia información de seguimiento sobre cuatro de sus recomendaciones: las relativas a las condiciones de detención, los Pueblos Indígenas en el sistema de justicia penal, la justicia juvenil y el maltrato histórico bajo la tutela del Estado. El Comité también invitó a Nueva Zelandia a que presentara información sobre sus planes de aplicación de las recomendaciones restantes.

3.Nueva Zelandia presenta este informe de seguimiento apenas iniciado el mandato de un nuevo gobierno constituido tras las elecciones generales de octubre de 2023. El Gobierno se dedicó los primeros meses a cumplir los compromisos en materia de políticas contraídos con los votantes. El Gobierno sigue revisando y ajustando las políticas existentes.

4.Una de las prioridades del Gobierno consiste en restablecer el orden público para proteger a la población de los casos de violencia y exigir responsabilidades a los autores. Nueva Zelandia aborda la reforma de la justicia penal desde una nueva óptica haciendo hincapié en la confianza pública en el sistema de justicia.

5.Gran parte de la información contenida en el presente informe se refiere a la continuación de la aplicación de las estrategias, planes y programas existentes. El Gobierno estudiará la totalidad de las observaciones finales en fechas posteriores del año en curso.

II.Información sobre el seguimiento

Prestación de servicios sanitarios en los establecimientospenitenciarios

6.El Comité recomendó a Nueva Zelandia que mejorara la prestación de servicios médicos adaptados al género y a la edad y culturalmente apropiados de todas las personas privadas de libertad, en particular de las que tuvieran discapacidad intelectual o psicosocial (párrafo 28 c) de las observaciones finales).

7.Las personas suelen ingresar en prisión con pronunciadas necesidades en materia de salud, discapacidad, salud mental y adicciones. El bienestar, incluida una buena salud física y mental, ocupa un lugar central en la estrategia de organización del Departamento de Penitenciarías, Hōkai Rangi.

8.El Departamento de Penitenciarías está ejecutando un programa de mejora de los servicios sanitarios para crear un sistema de atención sanitaria amplio, inclusivo y adaptado al contexto cultural que atienda la gran diversidad de necesidades sanitarias en el ámbito penitenciario y haga frente a las inequidades en materia de salud. El Departamento, que ha estado en contacto con personal de primera línea, asociados comunitarios y maoríes y personas que han pasado por la cárcel, está examinando las necesidades de todas las prisiones en materia de salud mental y adicciones para que se asignen con eficiencia los recursos a quienes tienen mayores necesidades. El Departamento también hace seguimiento del acceso a los servicios sanitarios y de la evolución del tratamiento administrado a las personas con enfermedades de larga duración a fin de mejorar la prestación de servicios sanitarios en primera línea.

9.En abril de 2024, el Departamento de Penitenciarías fue objeto de un cambio estructural organizativo mediante la creación de la nueva dirección Pae Ora (“Futuros saludables”), que respaldará la prestación de servicios sanitarios y de salud mental de calidad y vinculará estos servicios con servicios de rehabilitación de los presos centrados en los delitos.

Apoyo a las personas con discapacidad

10.El Departamento de Penitenciarías está aplicando su primer Plan de Acción sobre Discapacidad 2023-2027, conforme al cual se establece un enfoque centrado en el bienestar para apoyar a las personas con discapacidad que se encuentran recluidas y se determinan mejoras. Se han adoptado medidas inmediatas como la creación de un Grupo Asesor sobre Discapacidad, la incorporación de la lista breve del Grupo de Washington de preguntas sobre la discapacidad en las herramientas de examen médico y la creación de cuatro funciones específicas de trabajo social para las personas con discapacidad y las personas de edad. Para agosto de 2024 el Departamento habrá desarrollado un modelo operativo centrado en esferas de trabajo prioritarias como la intervención temprana, el apoyo a las personas con necesidades complejas y el apoyo a la reintegración.

11.El Departamento de Penitenciarías ha examinado a fondo sus datos sobre discapacidad para profundizar en la comprensión del género y de las necesidades concurrentes en materia de discapacidad de las personas recluidas. Las perspectivas resultantes servirán para orientar mejor los recursos y mejorar el acceso al apoyo destinado a las personas con las necesidades mayores y más complejas.

12.El Departamento de Penitenciarías coordina la labor interinstitucional dirigida a velar por que se preste apoyo a los detenidos con deficiencias intelectuales, presuntas o diagnosticadas, a través de vías de justicia penal adecuadas.

Consideraciones de género, edad y adecuación cultural

13.La prestación de servicios sanitarios por parte del Departamento de Penitenciarías se fundamenta en su Estrategia para la Mujer 2021-2025, que tiene por objeto mejorar la rehabilitación y reinserción de las reclusas a través de programas sensibles a las dimensiones cultural y de género, incluidos los servicios sanitarios. La Estrategia favorece la aplicación de las Reglas de Bangkok y hace especial hincapié en las mujeres maoríes, pues representan el 67 % de la población penitenciaria de mujeres (a junio de 2023). Un cambio reciente es la ampliación a las cárceles de mujeres del autodiagnóstico del papilomavirus humano (VPH) del Programa Nacional de Cribado del Cáncer de Cuello de Útero, con lo cual ha aumentado el número de mujeres que cumplen los requisitos de acceso al cribado de este tipo de cáncer.

14.En julio de 2023 se modificó el Reglamento de Penitenciarías de 2005 para apoyar a las personas con diversidad de género que se encontraban recluidas eliminando la rigidez en la exigencia de partidas de nacimiento y garantizando que se tuvieran en cuenta diversos factores al determinar su alojamiento.

15.En agosto de 2023 el Departamento de Penitenciarías puso en marcha el Plan de acción 2023-2026 para un envejecimiento adecuado. En él se reconoce que las personas recluidas suelen presentar un historial de mala nutrición, abuso de sustancias estupefacientes y acceso deficiente a atención médica para el tratamiento de dolencias crónicas, lo cual acelera su proceso de envejecimiento. La evaluación de envejecimiento adecuado llevada a cabo por el Departamento de Penitenciarías va dirigida a abordar los cambios relacionados con la edad (como los riesgos de movilidad, la independencia funcional y la dimensión cognitiva). El Departamento también está mejorando la dispensación de atención al final de la vida de conformidad con las orientaciones de Salud Nueva Zelandia (Te Whatu Ora) y revisa su política en materia de muerte asistida.

16.Respecto de los jóvenes, Oranga Tamariki (el Ministerio de la Infancia) sigue reforzando la prestación de asistencia sanitaria en las residencias de atención y protección y de justicia juvenil. Colabora con organismos de los sectores social, sanitario y educativo para atender las necesidades de niños y jóvenes. Los servicios disponibles constan de intervenciones psicológicas o psiquiátricas, terapia individual y de grupo, tratamiento del alcoholismo y la drogadicción, apoyo para dejar de fumar, gestión de la ira, regulación emocional, logopedia y establecimiento de relaciones seguras.

17.Oranga Tamariki y Salud Nueva Zelandia ensayan en una residencia servicios de salud mental especializados orientados culturalmente y provistos de asociados clínicos. Oranga Tamariki también está aplicando procedimientos operativos estándar en relación con la medicación en todas las residencias.

18.El Departamento de Penitenciarías procura que las prácticas y los procesos atiendan las necesidades de los maoríes, los pueblos del Pacífico y todos los reclusos y que los servicios sanitarios se sustenten en dimensiones culturales y empíricas para garantizar resultados sanitarios equitativos. En varias prisiones se está poniendo a prueba un sistema tradicional maorí de curación que parte de un enfoque de bienestar integral, y el equipo de psicología del Departamento ha elaborado un marco preliminar para orientar la práctica bicultural en el ámbito de la psicología.

Los maoríes en el sistema de justicia penal

19.El Comité dirigió a Nueva Zelandia varias recomendaciones para que redujera el número desproporcionadamente elevado de maoríes encarcelados y redujera la reincidencia (párr. 32).

20.Sigue siendo desproporcionada la sobrerrepresentación de maoríes en todas las fases del proceso de justicia penal. Los maoríes representan cerca del 18 % de la población general de Nueva Zelandia, pero constituyen el 52 % de la población penitenciaria. Todos los organismos del sector de la justicia penal y los tribunales recurren a importantes medidas para abordar y mitigar este exceso de representación. El Gobierno también aborda los factores que subyacen a la delincuencia, por ejemplo centrando la atención en la inseguridad en materia de vivienda, el absentismo escolar y el rendimiento académico.

21.El Gobierno también está interesado en mantener el estado de derecho y la seguridad pública. Los maoríes, al igual que todos los neozelandeses, tienen un interés común en la rehabilitación de las personas que han sido condenadas, se encuentran en prisión preventiva o cumplen una orden, así como en su reinserción en la comunidad. La imposición de penas más rigurosas para los delitos violentos tendrá consecuencias adecuadas para quienes cometen estos delitos, y se hará mayor hincapié en la seguridad pública. Puede que con el endurecimiento de algunas leyes penales aumente el total de la población penitenciaria y la población penitenciaria maorí y que quede limitada la discrecionalidad de los jueces en algunos casos, algo que acepta el Gobierno como condición necesaria para proteger a los neozelandeses.

22.Por ejemplo, la Policía de Nueva Zelandia dispone de nuevas herramientas para centrar su actividad en los miembros de bandas seleccionados que delinquen, y el Gobierno tiene previsto reintroducir la legislación de las tres condenas para establecer un régimen de consecuencias gradualmente más severas en tres fases en caso de reincidencia en delitos graves y violentos. La ley, que solo se aplicará a las penas superiores a 24 meses, permitirá cierta discrecionalidad judicial en atención a los casos atípicos.

23.Nueva Zelandia está adoptando medidas para romper el ciclo de reincidencia a través de nuevos programas de rehabilitación dirigidos a condenados que se encuentran en prisión preventiva y de programas no centrados en delitos que se basan en competencias y se dirigen a acusados en régimen de prisión preventiva.

Reducir la sobrerrepresentación de los maoríes en el sistemade justicia penal

24.La estrategia de la Policía, Te Huringa o Te Tai, sirve de marco a la manera en que la Policía puede mejorar los resultados en lo que respecta a los maoríes. Los principios de la estrategia quedan de manifiesto a través de numerosos programas como Te Pae Oranga, opción de resolución asistida extrajudicial facilitada por grupos comunitarios dirigidos por maoríes. Los grupos hacen uso de protocolos, valores y prácticas de justicia restaurativa de los maoríes para prevenir la reincidencia y restablecer la dignidad y el honor. Existen grupos de adultos en 22 localidades de toda Nueva Zelandia y siete proyectos piloto centrados en la violencia contra los jóvenes y las familias. Hasta la fecha, la evaluación formal muestra una reducción del 22 % en los daños derivados de la reincidencia frente a una cohorte equivalente de casos tramitados ante el Tribunal de Distrito.

25.En virtud de la Ley de Imposición de Penas, todos los delincuentes, incluidos los maoríes, pueden solicitar al tribunal que escuche el testimonio de cualquier persona o personas cuya comparecencia soliciten para que hablen sobre sus antecedentes personales, familiares, de su whānau, comunitarios y culturales. Esta Ley se estaba utilizando para que se pudieran facilitar al Tribunal informes escritos preparados por redactores profesionales a un costo considerable para el sistema de asistencia jurídica, pero en marzo se restituyó su propósito original de permitir que alguien conocido por la persona explicara sus antecedentes.

26.Te Ao Mārama es una iniciativa orientada en el ámbito judicial que va dirigida a mejorar la justicia dispensada a las personas abarcadas por las jurisdicciones penal, de familia y de juventud del Tribunal de Distrito. Los tribunales se asocian con las iwi y con las comunidades para diseñar y ofrecer servicios integrales prestando apoyo a todos los participantes en el ámbito judicial (incluidas las víctimas y sus familias) para que se sientan escuchados y comprendidos y puedan participar de forma efectiva.

27.El programa Whakaorangia te Mana Tangata apoya a los acusados y víctimas maoríes y a sus familias desde su primera comparecencia ante el tribunal hasta la imposición de la sentencia y posteriormente. Lo ejecutan proveedores de servicios de las iwi locales o encomendados por estas, y se centra en la representación excesiva de los maoríes en el sistema de justicia penal y en las desigualdades entre maoríes y no maoríes por lo que se refiere al desenlace de las sentencias impuestas. Proporciona a los jueces información contextual mejorada sobre un delincuente (por ejemplo, antecedentes, circunstancias y factores que contribuyen a la reincidencia), el apoyo local disponible y los planes para hacer frente a esos factores. Tiene por objeto reducir la reincidencia mediante la participación comunitaria, el apoyo integral a los participantes y el mantenimiento de la unidad familiar.

Reducción de la reincidencia de los maoríes

28.La estrategia Hōkai Rangi del Departamento de Penitenciarías persigue como objetivos clave la rehabilitación y la reinserción, la reducción de la sobrerrepresentación de los maoríes en el sistema penitenciario hasta alcanzar un nivel consonante con el de la población general y el bienestar. En abril de 2024 el Departamento introdujo cambios organizativos para incrementar su capacidad en el ámbito cultural e impulsar la obtención de mejores resultados para los maoríes, en particular creando un nuevo puesto directivo de Director General Adjunto de Asuntos Maoríes encargado de mejorar la aplicación por el Departamento de las costumbres y los conocimientos maoríes y la capacidad de este de respuesta a las necesidades de los maoríes.

29.El programa Caminos Maoríes del Departamento de Penitenciarías ofrece a los maoríes enfoques centrados en la familia y culturalmente específicos con el objeto de reducir la proporción de maoríes en el sistema penitenciario. Las iniciativas emprendidas en el marco del programa se dirigen a distintos grupos, como los hombres maoríes menores de 30 años, que presentan una de las tasas más altas de reincidencia y reingreso en prisión, y las mujeres maoríes.

30.Oranga Tamariki está decidido a rehabilitar a los jóvenes infractores y a reducir el número de maoríes encarcelados, que es desproporcionadamente alto. Está aplicando Whakamana Tangata, enfoque basado en conceptos maoríes de bienestar y relaciones de reparación que sirve de base a las interacciones cotidianas entre los jóvenes y el personal de las residencias de justicia juvenil. Una parte esencial del planteamiento corresponde a las reuniones de reparación, que favorecen la solución de conflictos.

Programas de formación

31.La Policía de Nueva Zelandia está resuelta a velar por que los nuevos agentes cuenten con las aptitudes, los conocimientos y la inteligencia cultural que se necesitan para interactuar adecuadamente con comunidades diversas. Se está actualizando la formación impartida en la Academia de Policía para incluir módulos sobre el Tratado de Waitangi y la manera de aplicarlo a la actividad policial, así como sobre la cosmovisión maorí, como los enfoques y costumbres en materia de bienestar en casos de muerte súbita.

32.El personal penitenciario recibe formación sobre su responsabilidad de respetar los derechos humanos de las personas encarceladas. Su formación inicial, impartida a escala nacional, incorpora un importante componente cultural maorí. Se están desarrollando nuevas vías para reforzar la competencia cultural.

33.El Ministerio de Justicia está ejecutando Te Ngira Kapehu, programa de cambio transformador en el ámbito de los sistemas que preparará al personal para conseguir que mejore el desenlace de los maoríes en el ámbito de la justicia. El primer año de ejecución, centrado en dos grupos empresariales, comenzó en noviembre de 2023.

Justicia juvenil

34.El Comité recomendó a Nueva Zelandia que promoviera activamente medidas extrajudiciales para los niños y niñas acusados de delitos y, siempre que fuera posible, la imposición de penas no privativas de libertad (párr. 38 c)).

35.Entre 2011 y 2022, la tasa de delincuencia juvenil de Nueva Zelandia disminuyó más de un 60 %. Sin embargo, al igual que ocurrió en otros países, en Nueva Zelandia se registró un aumento de los procedimientos de delincuencia juvenil tras la pandemia de COVID-19, incluidos algunos casos de delincuencia persistente y grave.

36.Los jóvenes en régimen de prisión preventiva representan más del 80 % del total de los jóvenes detenidos en el marco de la justicia de menores. Los maoríes están sobrerrepresentados en el sistema de justicia juvenil. Nueva Zelandia, que está elaborando sus respuestas operacionales a los presuntos delitos cometidos por niños y jóvenes, ha fijado recientemente el objetivo de reducir la delincuencia juvenil grave y persistente un 15 % para 2029.

Medidas extrajudiciales

37.Nueva Zelandia está impulsando varias medidas extrajudiciales para responder a la delincuencia infantil y juvenil y prevenirla y para reducir al mínimo el número de jóvenes, incluidos los maoríes, que entran en un proceso judicial. El Ministerio de Justicia, Oranga Tamariki y la Policía colaboran en la revisión de las orientaciones para trabajar con jóvenes que presentan una conducta delictiva.

38.La Policía Especializada en Asuntos Juveniles (grupo de trabajo dedicado a dar respuesta a los delitos cometidos por niños y jóvenes) puede plantearse diversas respuestas antes de que los asuntos se tramiten en tribunales de menores:

Los delitos de menor gravedad pueden abordarse mediante una advertencia o un plan de acción alternativo. Estos planes consisten en un contrato entre la Policía, el niño o joven y su familia. En él se establece una serie de intervenciones a las que debe someterse el niño o el joven con el fin de evitar que siga delinquiendo y de ocuparse de la rendición de cuentas.

Los delitos más graves pueden remitirse a una Reunión del grupo familiar que agrupa a expertos profesionales y en asuntos familiares más amplios y promueve la colaboración en la adopción de decisiones para abordar los delitos y sus causas subyacentes. Actualmente, el Tribunal de Familia está mejorando sus políticas y procedimientos para que estas reuniones puedan celebrarse con mayor rapidez.

39.En el caso de los menores de 14 años, el Tribunal de Familia examina el delito, excepto cuando sea suficientemente grave para que pase a ser competencia del Tribunal de Menores. El Tribunal de Familia se centra en hacer frente al comportamiento y los factores de riesgo ligados al bienestar de las personas. También puede recurrirse al Tribunal de Familia cuando el joven necesite atención o protección.

40.Para los jóvenes de 14 a 17 años, la Policía ha elaborado Te Pae Oranga (antes mencionado), modelo específico para los jóvenes que va dirigido a ponerlos en contacto con servicios de apoyo. Está en funcionamiento en siete localidades y está previsto ampliarlo a otras cinco en 2024. Al igual que los Planes de Acción Alternativa, se utiliza antes de cualquier remisión formal a reuniones del grupo familiar o al Tribunal de Menores.

41.Oranga Tamariki ha elaborado los programas Oranga Rangatahi e Inclusión de los jóvenes para desalentar la delincuencia juvenil y el comportamiento antisocial a través de una labor centrada en la participación en la educación, el apoyo práctico a las familias y un espacio de apoyo a la expresión y el crecimiento. Estas iniciativas, que funcionan en asociación con programas regionales existentes, abarcan ya 15 regiones.

42.El Ministerio de Justicia se dedica a fortalecer las asociaciones con los maoríes y aumentar los servicios de justicia juvenil diseñados y prestados por maoríes que utilizan costumbres y valores tradicionales maoríes y ayudan a los niños y los jóvenes a conectarse con su cultura.

Penas no privativas de libertad

43.Nueva Zelandia cuenta con una serie de penas que pueden cumplirse en la comunidad, como el arresto domiciliario, la supervisión y el trabajo comunitario. Es amplio el uso de estas medidas en combinación con la vigilancia electrónica, lo cual quiere decir que la mayoría de las personas que cumplen penas de prisión en Nueva Zelandia han sido condenadas por delitos sexuales o violentos graves y no por infracciones menores.

44.Las actuaciones penales ante el Tribunal de Menores se emprenden como último recurso. Antes deben explorarse todos los medios alternativos de administración de la justicia de menores. Se interna en residencias seguras de justicia de menores o en centros de prisión preventiva a menos del 10 % de los niños y jóvenes que presuntamente han delinquido.

45.Nueva Zelandia se centra en la reducción del número de delincuentes infantiles y juveniles que han cometido actos graves y persistentes (de unos 1.100 a menos de 900 al año a lo largo de cinco años), entre otras cosas creando una nueva categoría de “delincuente juvenil de gravedad” y diseñando intervenciones dirigidas a reducir al mínimo el riesgo de reincidencia. En fechas posteriores de 2024 Nueva Zelandia pondrá a prueba una academia de estilo militar dirigida por Oranga Tamariki en colaboración con proveedores y otros organismos públicos. Prestará apoyo a los jóvenes proporcionándoles estructura, rendición de cuentas y un enfoque de atención rehabilitadora basada en el trauma para abordar las causas subyacentes de la delincuencia.

46.La Policía y Oranga Tamariki están ejecutando el Programa acelerado, iniciativa de justicia juvenil centrada en la prevención que se creó en 2022 como vía de respuesta para los menores de 10 a 13 años que están implicados en delitos graves o siguen reincidiendo a un ritmo elevado. Presta apoyo localizado a niños, sus familias y comunidades en un plazo de 24 horas desde que se comete el presunto delito. Está en funcionamiento en nueve localidades y se ha ampliado a otras dos en febrero de 2024. En mayo se anunció que se financiaría la ampliación del programa a los jóvenes de 14 a 17 años de cualquier localidad. Desde diciembre de 2022, el 74 % de los niños remitidos al Programa acelerado no ha reincidido.

Maltrato histórico bajo la tutela del Estado

47.El Comité recomendó a Nueva Zelandia que aplicara con urgencia sus decisiones adoptadas en virtud del artículo 22 de la Convención en relación con los casos Zentveld v. New Zealand y Richards v. New Zealand (párr. 48 b)).

48.En 2018 se creó la Comisión Real de Investigación sobre el Maltrato Histórico en la Atención en Instituciones Estatales y Confesionales en respuesta a las denuncias presentadas tiempo atrás por supervivientes y sus defensores.

49.Su informe final debía haberse presentado el 28 de marzo de 2024, pero en fechas anteriores del año en curso el plazo se prorrogó hasta el 26 de junio. El informe final, “Whanaketia - Through pain and trauma, from darkness to light”, se presentó al Parlamento el 24 de julio. En él se formulan 138 recomendaciones y se reafirman 95 recomendaciones del informe provisional sobre reparaciones.

50.Una organización gubernamental especializada, la Unidad de Respuesta de la Corona, coordina el examen interinstitucional del informe y asesora a los ministros sobre las conclusiones. El Gobierno se propone responder a las recomendaciones lo antes posible para fomentar los procesos de sanación de los supervivientes. Sin embargo, en vista del gran número y la complejidad de las recomendaciones, ello llevará algún tiempo. El Gobierno dará prioridad a la respuesta a las recomendaciones relativas a la formulación de una disculpa pública por el maltrato perpetrado en situaciones de tutela y las decisiones sobre reparaciones.

51.La Unidad de Respuesta de la Corona sigue avanzando en la respuesta a un estudio de caso de 2022 de la Comisión Real sobre la Unidad de Niños y Adolescentes de Lake Alice. En el informe se examinan los malos tratos, daños, traumas y desatenciones sufridos por niños y jóvenes ingresados en la Unidad de Lake Alice entre 1972 y 1980 y se tienen en cuenta las conclusiones del Comité relativas al Sr. Zentveld y el Sr. Richards.

52.El Gobierno acepta formalmente la existencia de pruebas indiscutibles de que, sobre la base de los criterios establecidos en la Convención, se sometió a tortura a algunos niños y jóvenes en la Unidad de Lake Alice. Se informó a los supervivientes del reconocimiento por parte de la Corona, tras lo cual se emitió una declaración pública cuando el informe final de la Comisión Real se presentó al Parlamento. Se adjunta el texto íntegro del discurso pronunciado por el Primer Ministro ante el Parlamento.

53.El Gobierno está estudiando con carácter prioritario la concesión de nuevas medidas de reparación al Sr. Zentveld, el Sr. Richards y otros supervivientes de Lake Alice, y se espera que se hayan adoptado decisiones antes de que finalice el año. Toda nueva reparación por tortura sería independiente de los pagos de reclamaciones existentes administrados por el Ministerio de Salud, que sigue abierto a nuevas reclamaciones. Nueva Zelandia reconoce que se ha retrasado el proceso de examen de las reparaciones correspondientes a los supervivientes de la Unidad de Lake Alice y entiende la frustración de estos al respecto.

54.La Corona se propone presentar en fechas posteriores del año en curso una disculpa pública a nivel nacional por el maltrato perpetrado en situaciones de tutela a fin de reflejar en todo su alcance las conclusiones de la Comisión. Está previsto que en la disculpa se haga debidamente referencia a Lake Alice.

55.En cuanto a la respuesta de la Policía de Nueva Zelandia, en febrero de 2020 inició una nueva investigación sobre las denuncias del maltrato sufrido por niños en la Unidad de Lake Alice que finalizó en diciembre de 2021. Se presentaron cargos contra una antigua enfermera, pero las actuaciones penales se detuvieron en junio de 2023 porque el Tribunal Superior no estaba convencido de que las deficiencias físicas y mentales de la acusada permitieran celebrar un juicio imparcial (en parte debido a que la persona padecía un cáncer avanzado en fase terminal). No pudo entrevistarse al principal sospechoso en la investigación, el Dr. Selwyn Leeks, por su estado de incapacidad mental y su posterior fallecimiento en enero de 2022. La investigación determinó que la totalidad del antiguo personal de categoría superior de la Unidad de Lake Alice y la mayoría del resto del personal habían fallecido. Por lo tanto, Nueva Zelandia considera que se han agotado todas las opciones de investigación.

56.La Unidad de Respuesta de la Corona y la Policía han publicado los informes de la Comisión en sus sitios web para contribuir a difundir las decisiones.

Plan de aplicación del conjunto completo de recomendaciones

57.En fechas posteriores del año en curso el Gobierno estudiará su respuesta al conjunto completo de recomendaciones y los correspondientes planes de aplicación.

58.Nueva Zelandia está preparando una herramienta de seguimiento en línea que registrará públicamente las recomendaciones de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos de su incumbencia y cualquier medida que adopte el Gobierno al respecto con el objeto de ofrecer transparencia y rendición de cuentas en relación con los avances del país. Su puesta en marcha está programada para el segundo semestre del año, y las respuestas a las recomendaciones de este Comité se añadirán a medida que se adopten decisiones.