Comité de los Derechos del Niño

58º período de sesiones

Acta resumida de la 1651ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el lunes 26 de septiembre de 2011, a las 15.00 horas

Presidente:Sr. Zermatten

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados partes (continuación)

Informes periódicos tercero y cuarto de Panamá relativos a la aplicación de la  Convención sobre los Derechos del Niño (continuación)

Se declara abierta la sesión a las 15.00 horas.

Examen de los informes presentados por los Estados partes (continuación)

Informes periódicos tercero y cuarto de Panamá relativos a la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC/C/PAN/3-4; CRC/C/PAN/Q/3-4; CRC/C/PAN/Q/3-4/Add.1) (continuación)

1. Por invitación del Presidente, la delegación de Panamá toma de nuevo asiento a la Mesa del Comité.

2.La Sra. Lee pregunta sobre el número de niños de 14 a 18 años que tienen ascendencia africana o indígena, y sobre los motivos por los cuales esos niños se ven más afectados que los demás por la pobreza y tienen un acceso limitado a la educación, particularmente en las zonas remotas.

3.El Comité pregunta qué medidas está adoptando el Estado parte para hacer frente al aumento del número de embarazos precoces, particularmente entre la población indígena. Observando que los niños indígenas que acuden a Costa Rica para la cosecha de temporada del café no tienen acceso a la educación durante dicho período, el Comité desea saber cuáles son las condiciones de vida de esos niños cuando se encuentran allí. Al Comité le sorprende que solo un 85% de los alumnos lleguen al quinto año de enseñanza, cuando normalmente la educación es obligatoria de los 4 a los 15 años, y señala además que la tasa de escolarización de los niños indígenas es más baja que la de los demás niños. Se ruega a la delegación que indique si los niños que han abandonado la escuela tienen acceso a la formación profesional.

4.La Sra. Aidoo pregunta qué medidas tiene previsto adoptar el Estado parte para reforzar el programa nacional de prevención del VIH/SIDA, de escasa eficacia a pesar de la asistencia recibida por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA). Recordando que los niños sin familia que viven con el VIH/SIDA son internados en instituciones, la oradora se pregunta sobre el riesgo de estigmatización. Desea saber, además, cuánto tiempo permanecen esos niños en dichas instituciones, y qué servicios se les ofrecen.

5.¿De qué forma supervisa el Estado la aplicación de su programa de transferencia de efectivo para prevenir los actos de corrupción y velar por que beneficie a los más desfavorecidos? Sería útil saber si Panamá piensa reducir la pobreza infantil mediante un enfoque pluridimensional, que tenga en cuenta no solo la renta familiar, sino también factores culturales, sociales y geográficos pertinentes, así como la igualdad entre los sexos.

6.El Sr. Gastaud pide información más detallada sobre la edad de responsabilidad penal, que se ha reducido a los 12 años.

7.La Sra . Al-Asmar desea conocer los motivos por los cuales algunos padres optan por la enseñanza privada. Asimismo, ruega a la delegación que indique la proporción entre maestros y alumnos y el número de grados por clase. ¿Pueden opinar los alumnos en lo que respecta a la gestión del centro al que asisten y sobre los programas de estudios? Por último, la delegación podría ofrecer detalles acerca de la integración de los niños con discapacidad en la sociedad, y sobre su acceso a actividades culturales y de esparcimiento.

8.El Sr. Gurá ň, observando el elevado número de adopciones internacionales, pregunta sobre las medidas adoptadas por Panamá para favorecer la adopción nacional.

9.La Sra. Al -Shehail expresa su inquietud por el elevado número de niños condenados penalmente, y por la prolongación del período de detención preventiva. Subraya que expertos independientes deberían verificar que los detenidos menores de edad tengan acceso a servicios de salud, incluidos los de salud mental, de los que carece en particular la prisión Basilio Lakas. Asimismo, pide más detalles sobre el ejercicio por los niños menores de edad detenidos del derecho a recibir visitas de sus seres cercanos, así como del derecho a la educación.

10.La Sra. Lozano de Día z (Panamá) dice que está previsto suspender el toque de queda en breve. Cuando se encuentra a niños o adolescentes en la calle durante el toque de queda, la Brigada de Niños trata de localizar a la familia. Si no lo consigue, se hacen cargo de los niños los servicios de la Secretaría Nacional de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, que intenta, a su vez, contactar con la familia. Los niños son entonces acompañados a su domicilio o bien internados provisionalmente en un centro de protección, hasta que se haya encontrado a una persona cercana que pueda ocuparse de ellos.

11.La Sra . Maurá s Pérez (Relatora para Panamá) señala que las explicaciones ofrecidas por el Estado parte no hacen más que agravar la preocupación del Comité por el toque de queda. Este dispositivo, que sigue aplicándose, autoriza a la policía a detener a niños cuya única culpa es hallarse solos en la calle. También la autoriza a mantenerlos en la comisaría hasta la mañana en caso de que no logre localizar de inmediato a la familia, lo que constituye el caso más probable, por la dificultad que ello entraña. No obstante, retener a un niño en una comisaría de policía para protegerlo es absolutamente contrario a la Convención, ya que los niños no pueden ser privados de libertad con fines de protección. Se ruega a la delegación que indique cuándo tiene previsto exactamente Panamá levantar el toque de queda.

12.El Sr. Cardona Llorens pregunta si Panamá es consciente de que presenta a los niños como delincuentes ante la opinión pública. Los panameños tienen la impresión errónea de que ha aumentado la delincuencia juvenil, lo cual atenta también contra los derechos del niño en el Estado parte.

13.La Sra. Palacios(Panamá) indica que Panamá se compromete a suspender el toque de queda.

14.La Sra. de Allen (Panamá) señala que el Ministerio Público ha abierto una investigación encaminada a depurar responsabilidades en los acontecimientos ocurridos en el establecimiento penitenciario para menores de edad de Tocumen. Miembros de la Policía Nacional, funcionarios de prisiones y adolescentes son objeto de un procedimiento penal.

15.El Presidente, felicitándose de que se haya abierto una investigación y de que se esté enjuiciando a los responsables, pregunta qué medidas tiene previsto adoptar el Estado parte para evitar que se reproduzcan tales acontecimientos, particularmente en este establecimiento, que se ha visto afectado por tres incendios en menos de un año.

16.La Sra. Lee desea saber si el Estado parte ha tomado medidas para luchar contra el uso de gases lacrimógenos en los establecimientos penitenciarios para menores de edad.

17.La Sra. Maurás Pérez (Relatora para Panamá), preguntando sobre el número de funcionarios penitenciarios y de adolescentes que están siendo enjuiciados penalmente, desea saber también cómo se asegura el Estado parte de no castigar a las víctimas.

18.El Sr. Kotrane pregunta si es cierto que en virtud de la Ley Nº 74, de 2010, los agentes del orden quedan protegidos del posible cese de su actividad profesional por actos cometidos en el ejercicio de sus funciones, ya que la única medida que se puede adoptar en su contra es el traslado. ¿Pueden ser objeto de sanciones más graves en caso de acontecimientos como los que se produjeron en Tocumen?

19.La Sra. de Allen (Panamá) indica que Panamá ha suspendido la utilización de gases lacrimógenos en los establecimientos penitenciarios para menores de edad. Precisa que nueve policías y dos funcionarios de prisiones están siendo enjuiciados en relación con los acontecimientos de Tocumen. Si se los halla culpables de un delito penal, serán condenados a una pena de prisión. Para mejorar las condiciones de detención de los adolescentes privados de libertad, Panamá está aplicando un plan de revisión completa de la administración penitenciaria, que tiene, entre otros, el objetivo de ofrecer programas de rehabilitación a los menores de edad.

20.El Sr. Cuéllar (Panamá), en relación con los efectos del desarrollo económico en las poblaciones vulnerables, y en particular las poblaciones indígenas, indica que Panamá cuenta con cinco regiones indígenas (comarcas), que son propietarias de sus tierras. Cuando un proyecto de desarrollo hidroeléctrico o bien un proyecto minero, por ejemplo, afecta a esas tierras, la empresa encargada del proyecto debe negociar con las autoridades de la comarca. El Estado verifica que el proyecto respete las normas ambientales, se realizan estudios de impacto y, en caso necesario, se elabora un plan de mitigación de los efectos del proyecto en el medio ambiente.

21.El Presidente observa con preocupación que las negociaciones se desarrollan directamente entre la empresa y las autoridades del territorio, sin intervención del Estado.

22.La Sra. Nores de García opina que el Estado tiene la obligación de defender los derechos de las comunidades afectadas.

23.La Sra. Maurás Pérez (Relatora para Panamá) considera que el Estado podría evaluar, además del impacto medioambiental de los proyectos, su impacto social.

24.El Sr. Cuéllar(Panamá) responde que el hecho de que las negociaciones se desarrollen directamente entre la empresa y las autoridades tradicionales no impide que el Estado garantice los derechos de la población. Admite que por el momento no se evalúa el impacto social, si bien el estudio sobre el impacto ambiental permite saber si la población deberá ser trasladada; sus efectos son, pues, similares a los de un estudio del impacto social.

25.El Presidente pregunta bajo qué marco normativo tienen lugar las negociaciones, en las que entran en juego los intereses de la comunidad local, del Estado y de la empresa, sabiendo que, en algunos casos, esta última puede ser una empresa estatal o con participación mayoritaria del Estado. Así pues, la relación de fuerzas puede ser desproporcionada.

26.El Sr. Cuéllar (Panamá) explica que la empresa debe respetar todas las leyes del país en materia de comercio e industria, y también sobre medio ambiente. Los proyectos no responden únicamente a intereses privados, sino también a prioridades nacionales, por ejemplo en materia de producción eléctrica. Todas las empresas deben cumplir el procedimiento pertinente para las adquisiciones del sector público y seguir un proceso de licitación para conseguir una licencia de explotación.

27.La Sra. Aidoo pide información detallada sobre la pobreza, las desigualdades y la situación de las poblaciones indígenas. ¿Participan la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales (ONG) en la formulación de políticas, en la adopción de decisiones en materia presupuestaria y la evaluación y supervisión de los proyectos? ¿Colabora el Estado parte con representantes de las comunidades indígenas o de ascendencia africana?

28.La Sra. Lozano de Díaz(Panamá) indica que actualmente se estudia un proyecto de ley sobre la adopción. La futura ley respetará todas las obligaciones recogidas en el Convenio de la Haya en materia de Adopción Internacional, de 1993.

29.El Presidente dice que al Comité le preocupa este anteproyecto de ley.

30.El Sr. Cardona Llorens (Relator para Panamá), que ha leído atentamente el texto del anteproyecto de ley, pide al Estado panameño que se comprometa a revisarlo con la ayuda de expertos en los derechos del niño. A este respecto, pregunta si se ha previsto que el UNICEF y otras instancias, como el Comité de los Derechos del Niño, participen en la reformulación del anteproyecto de ley para tener en cuenta el Convenio de la Haya y las recomendaciones que viene formulando el Comité a este respecto desde hace muchos años.

31.La Sra. de Allen(Panamá) indica que las circunstancias obligaron al Gobierno a actuar con firmeza contra la violencia de las bandas organizadas que emplean a niños para cometer actos graves y a reducir temporalmente a los 12 años la edad de responsabilidad penal. Los niños de 12 a 15 años no son nunca recluidos en lugares de detención, sino que se hace cargo de ellos la Secretaría Nacional de la Niñez, la Adolescencia y la Familia. La duración del proceso, la pena impuesta, los derechos de visita y el reconocimiento médico son objeto de revisión en el marco del nuevo Protocolo de acogida de adolescentes en los centros de privación de libertad.

32.El Presidente señala que la reducción de la edad de responsabilidad penal es una forma de castigo infligido a los niños reclutados por bandas de delincuentes, que son, ante todo, víctimas. Esta medida no se puede justificar en modo alguno por las cifras de delincuencia, que son estables, y no va acompañada de medidas de prevención o de rehabilitación. Para el Comité, la reducción de la edad de responsabilidad penal no es conforme ni al espíritu de la Convención ni a la Observación general Nº 10 del Comité, relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil.

33.La Sra. Palacios(Panamá) indica que el Gobierno hará lo posible por reforzar las estrategias de prevención destinadas a niños y adolescentes.

34.La Sra. Maurás Pérez (Relatora para Panamá) dice que, antes de recurrir a medidas esencialmente represivas, el Gobierno tal vez podría organizar un verdadero diálogo público con padres e hijos para explicarles sus derechos y definir una política global y una estrategia de asistencia, protección y prevención.

35.La Sra. Palacios (Panamá) declara que los resultados del censo permitirán conocer con exactitud el número de personas con discapacidad en Panamá. La Secretaría Nacional de Discapacidad aplica políticas y estrategias para la integración social de los niños con discapacidad.

36.El Presidente pregunta de qué forma se organiza concretamente la integración de los niños con discapacidad en el sistema escolar y en la sociedad.

37.La Sra. Palacios (Panamá) responde que se han adoptado normas sobre el acceso de las personas con discapacidad a los lugares públicos.

Se suspende la sesión a las 16.15 horas y se reanuda a las 16.30 horas.

38.El Sr. Gantes Castillo (Panamá) indica que Panamá ratificó en 2000 el Convenio Nº 132 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la edad mínima de admisión al empleo, y el Convenio Nº 182, sobre las peores formas de trabajo infantil. En Panamá, la edad mínima de admisión al empleo está establecida en los 14 años para la mayoría de los sectores. Las empresas que acogen a menores de edad son objeto de inspecciones laborales.

39.La Fundación del Trabajo, creada en 1992, está integrada por representantes de los trabajadores y de los empleadores. Se ha previsto reestructurarla y convertirla en una institución tripartita, que incluya también a representantes del Gobierno. En el futuro se ocupará de armonizar la edad mínima de empleo para los niños.

40.Habida cuenta del alarmante número de niños que trabajan, particularmente en el sector de la agricultura, el Ministerio de Trabajo ha adoptado medidas para erradicar este fenómeno, también en las comarcas, donde la tasa de empleo de niños es particularmente elevada.

41.El proyecto puesto en marcha en febrero de 2010 en colaboración con la OIT —por conducto del órgano ejecutivo del Programa internacional para la abolición del trabajo infantil en los países de América Central, la República Dominicana y Panamá— ya ha dado resultados, puesto que en marzo de 2011 ya se habían reducido las tasas correspondientes. Cabe esperar que esta tendencia continúe y dé lugar a la eliminación de las peores formas de trabajo infantil para 2013 o 2014.

42.La Sra. Herzog pregunta qué medidas concretas tiene previsto adoptar el Gobierno de Panamá para alcanzar este objetivo.

43.El Sr. Kotrane considera que el objetivo es ambicioso, incluso difícil de alcanzar, y pregunta qué tiene previsto hacer el Estado parte para poner fin al empleo de niñas en el servicio doméstico.

44.El Sr. Cardona Llorens (Relator para Panamá) pregunta si el Estado parte podría plantearse la posibilidad de elevar a los 15 años la edad legal de admisión al empleo, de modo que coincidiera con el fin de la escolaridad obligatoria.

45.El Sr. Gantes Castillo (Panamá) dice que, en el marco de la reforma de la legislación laboral, el Gobierno de Panamá trata de ajustarse a la normativa internacional pertinente, que le impone erradicar las peores formas de trabajo infantil para 2015 y el trabajo infantil para 2020. En las comarcas, donde la tradición dicta que los niños trabajen, eso supondrá para el Gobierno de Panamá un esfuerzo considerable a fin de introducir cambios en el comportamiento y la forma de vida de las poblaciones indígenas.

46.Panamá recibe de España una ayuda financiera que cubre los gastos de desplazamiento a las regiones indígenas, adonde acuden equipos encargados de sensibilizar a los niños, los padres y los jefes tradicionales.

47.Para luchar contra el trabajo infantil en la agricultura se han organizado numerosas reuniones con los productores de café, aceite o azúcar.

48.El Sr. Koompraphant pregunta en qué medida puede el Estado parte controlar las condiciones de trabajo de los niños, que, en general, no están declarados.

49.El Sr. Gantes Castillo (Panamá) dice que los inspectores del trabajo y los miembros de ONG y de otras organizaciones de la sociedad civil realizan sobre el terreno actividades de sensibilización de los dirigentes de empresas. El Ministerio de Trabajo ha sustituido además la antigua oficina encargada de la erradicación del trabajo infantil por una dirección nacional, lo cual da fe de la importancia que otorga a esta cuestión. Entre las medidas adoptadas para que los niños puedan disfrutar de su derecho a la educación y a la salud, el pago de prestaciones sociales a los padres con derecho a ellas está sujeto a la condición expresa de que los hijos estén escolarizados y vacunados. Este sistema es particularmente importante en las regiones indígenas, donde a menudo se tienta a los niños a cruzar la frontera para ir a trabajar a los países vecinos.

50.La Sra. Lozano de Díaz (Panamá) dice que la Procuraduría General de la Nación se ha dotado de una secretaría técnica encargada de ejecutar, con la asistencia técnica del UNICEF, el Plan nacional de prevención y eliminación de la explotación sexual y comercial de niños y adolescentes. Además, la concertación de un acuerdo con la Asociación de Hoteles y Juegos de Azar de Panamá ha dado lugar, tras dos años de reticencias, a la elaboración de un código de conducta que han suscrito 86 establecimientos hoteleros. Además, se ha decidido recabar una tasa de un dólar de todos los billetes de avión de los vuelos que transiten por Panamá, recaudación que se abonará a un fondo en favor de las víctimas de la explotación sexual y comercial.

51.Con el apoyo del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT y de la Red Nacional de ayuda a niños y adolescentes, que agrupa a más de 50 ONG, Panamá ha podido crear un centro de acogida de las víctimas de explotación sexual. Además, se ha encargado a dos fiscales que instruyan casos relativos a la explotación sexual y la trata de personas, y cabe esperar que esos procesos den lugar al desmantelamiento de redes criminales. Desde junio de 2010 esos fiscales han recibido 57 denuncias relacionadas con delitos de este tipo, y se han pronunciado dos condenas. Actualmente, la Asamblea Legislativa examina en primera lectura un proyecto de ley marco sobre la lucha contra la trata de personas y actividades conexas, que prevé la integración del Protocolo de Palermo en el ordenamiento interno.

52.La Sra. Lee pregunta si la tasa sobre los billetes de avión ya ha entrado en vigor y, de ser así, a qué medidas concretas se han asignado los ingresos que ha generado, y cuáles han sido los resultados.

53.El Presidente deduce del impresionante dispositivo establecido para combatir la explotación sexual y comercial de niños que esos delitos deben ser moneda corriente, y no comprende, por lo tanto, que sea tan escaso el número de condenas por este motivo.

54.La Sra. Palacios (Panamá) dice que ya se recauda la tasa sobre los billetes de avión, y que los fondos se dedican a campañas de sensibilización. No está en condiciones de explicar los motivos del escaso número de condenas pronunciadas en los casos de trata y de explotación sexual o comercial, e indica que el Ministerio Público está en mejor disposición de hacerlo.

55.Para luchar contra la pobreza, la Red de Oportunidades ha elaborado programas en favor de las familias, que consisten principalmente en el pago de prestaciones sociales y la distribución de bonos de alimentos a las familias con hijos escolarizados y vacunados, y que benefician sobre todo a los indígenas y a las personas de ascendencia africana. Las familias reciben también ayudas para la creación de huertos y de microempresas artesanales.

56.El Gobierno ha establecido un programa de alimentación complementaria que prevé la distribución cotidiana a los alumnos de primaria de un desayuno y una merienda, teniendo en cuenta el modo de alimentación tradicional de la región de que se trata. Los padres reciben bonos al principio del año escolar para comprar zapatos, carteras y material escolar. Los escolares reciben además un suplemento de vitamina A y de hierro. Por su parte, el programa "Ángel Guardián", recientemente puesto en marcha por el Gobierno, prevé una ayuda financiera a los padres de niños con discapacidad grave.

57.El Gobierno de Panamá ha llevado a cabo dos grandes tandas de regularización de solicitantes de asilo; en 2010 recibieron un permiso de residencia y de trabajo 20.000 personas.

58.Las campañas de alfabetización realizadas en el último decenio han sido eficaces y se ha observado un retroceso de la tasa de analfabetismo entre los indígenas, que ha pasado del 37,5% en 2000 al 27% actual. Las autoridades competentes reflexionan actualmente sobre posibles formas de reducir la disparidad existente entre las escuelas públicas y privadas por cuanto se refiere al nivel de enseñanza ofrecido.

59.La Sra. Nores de García tiene entendido que unas 70.000 familias (y no el conjunto de la población) se benefician de los programas de ayuda de la Red de Oportunidades, y desea saber cuáles son los criterios para la obtención de esa ayuda y su duración.

60.La Sra. Palacio s(Panamá) dice que los programas de ayuda tienen repercusiones duraderas, en el sentido de que permiten a los miembros de familias afectadas por la pobreza desde hace generaciones tomar conciencia de las ventajas de la escolarización como medio para luchar contra la pobreza. Las familias que, tras un examen de su situación al término de un período de cuatro años, no parezcan seguir necesitando el apoyo que ofrece la Red de Oportunidades, serán excluidas de los programas de ayuda y podrán integrarse en la vida económica del país. Sin embargo, no todas las familias que necesitan las ayudas que propone la Red las reciben; se trata de una laguna que hay que colmar.

61.El Gobierno de Panamá ha creado una Secretaría de la Etnia Negra encargada de formular la estrategia de inclusión de los niños y adolescentes negros.

62.Frente al elevado número de embarazos precoces, el Gobierno ha solicitado que se elabore un programa de educación sexual que se impartirá en los centros de enseñanza primaria y secundaria y en los centros de salud.

63.El Presidente pregunta si, para reducir la tasa de embarazos precoces, el Gobierno de Panamá podría plantearse elevar la edad legal de matrimonio de las niñas, establecida en los 16 años, para ajustarla a la de los niños (18 años).

64.La Sra. Palacios (Panamá) responde que se ha entablado un debate a este respecto con la sociedad civil, las autoridades religiosas y las instancias gubernamentales. La reforma constitucional que se estudia actualmente podría ser la ocasión de plantearse seriamente la posibilidad de elevar la edad de matrimonio de las niñas.

65.La Sra. Maurás Pérez (Relatora para Panamá) pregunta si los niños refugiados o solicitantes de asilo pueden ser escolarizados de oficio, y si pueden seguir una formación y obtener un diploma al igual que los jóvenes panameños.

66.La Sra. Palacios (Panamá) responde que para matricularse en la escuela no se exige ningún documento que refleje la anterior trayectoria escolar, pero que para obtener un diploma sí hay que presentar documentos en los que haya constancia de los estudios seguidos o los diplomas obtenidos en el país de origen.

67.La Sra. Lozano de Díaz (Panamá) dice que el seguimiento de las recomendaciones del Comité se hará en el marco de consultas entre todas las entidades gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil y las instancias internacionales que han participado en la elaboración de los informes objeto de examen, a fin de elaborar una estrategia global con vistas a alcanzar los objetivos fijados.

68.El Presidente pregunta qué medidas se han adoptado para prohibir explícitamente los castigos corporales.

69.La Sra. Palacios (Panamá) responde que ninguna disposición legislativa autoriza los castigos corporales. Además, existe un número de urgencia, el 147, a disposición de los niños o de toda otra persona para denunciar los casos de maltrato.

70.El Sr. Cardona Llorens (Relator para Panamá) señala que el artículo 319 del Código de la Familia y el artículo 188 del Código Civil autorizan todavía a los padres a infligir castigos físicos moderados a los hijos. Recuerda que el Comité ya pidió al Estado parte que prohibiera expresamente por ley toda forma de castigo corporal, y que ello, manifiestamente, no se ha hecho.

71.La Sra. Maurás Pérez (Relatora para Panamá), señalando que la Ley Nº 38 sobre la violencia doméstica contempla también la posibilidad de que los padres castiguen a sus hijos mientras ello no entrañe una lesión física, subraya que dicha ley también debería modificarse.

72.La Sra. Lozano de Díaz (Panamá) reconoce que estas disposiciones son motivo de preocupación. Panamá se compromete a realizar los cambios legislativos necesarios en tiempo oportuno, pero antes es necesario realizar campañas de fondo para hacer evolucionar las mentalidades.

73.La Sra. Lee subraya que sería útil, a fin de reforzar el impacto de las campañas en favor de los derechos del niño, hacer también hincapié en una forma de educación basada en la disciplina positiva.

74.El Presidente pregunta si existe una instancia independiente encargada de recibir y tramitar las denuncias provenientes de niños, y desea saber a qué entidad se dirigen las llamadas recibidas a través del número 147 y qué seguimiento se les da.

75.La Sra. Lozano de Día z (Panamá) responde que las denuncias son recibidas por la Secretaría Nacional de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, que envía al lugar a las autoridades competentes encargadas de evaluar la situación. Si la denuncia está justificada, interviene la División Nacional de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público, que abre una investigación más a fondo encaminada a determinar la naturaleza de los hechos y la responsabilidad de los imputados.

76.La Sra. Lee pregunta cuántas denuncias se tramitaron en 2010, y si dieron lugar a enjuiciamientos o condenas. Según algunas fuentes, hubo casos de violaciones de niñas de las zonas fronterizas por parte de la policía. ¿Pudieron denunciar las muchachas estos hechos?

77.La Sra. Palacios (Panamá) responde que en 2009 hubo 518 condenas por violencia sexual contra niños, y se reconoció a 1.772 niños como víctimas de maltrato físico o psicológico, a 57 como víctimas de abandono y a 781 como víctimas de negligencia familiar. En total, casi 4.900 casos fueron llevados ante la justicia. Esta cifra representa un claro aumento con respecto a 2008, en que se registraron únicamente 1.236 asuntos de esta índole.

78.El Presidente pregunta por qué el Estado parte todavía no ha presentado los informes solicitados en virtud de los dos Protocolos facultativos de la Convención.

79.La Sra. Lozano de Día z (Panamá) dice que el Gobierno está tratando de recopilar la información necesaria para elaborar dichos informes.

80.El Sr. Polar pregunta si el Estado parte ha fijado una edad mínima para el ingreso voluntario en la policía o las fuerzas armadas.

81.La Sra. Palacios (Panamá) responde que los jóvenes pueden alistarse voluntariamente en la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras y las Fuerzas Aéreas desde los 18 años.

82.El Presidente pregunta si los periodistas gozan de plena libertad de expresión y no son sometidos a ninguna presión o injerencia por parte del Estado.

83.La Sra. Palacios (Panamá) responde que en Panamá se respeta la libertad de expresión. Los medios de comunicación, como los miembros de la sociedad civil o el Gobierno, tienen derecho a expresar su opinión sin restricción alguna.

84.La Sra. Maurás Pérez (Relatora para Panamá) dice que el debate ha sido muy enriquecedor y ha permitido al Comité hacerse una mejor idea de la situación de los derechos del niño en el Estado parte. Lamenta que no haya sido posible profundizar en ciertas cuestiones, principalmente el problema del reclutamiento de niños colombianos en las zonas fronterizas, la cuestión de los empleados del servicio doméstico, la educación o bien el proyecto de ley sobre la higiene sexual y la procreación. No tiene ninguna duda de que el Estado parte presentará sin tardanza los dos informes iniciales en virtud de los dos Protocolos facultativos.

85.El Sr. Cardona Llorens (Relator para Panamá) se felicita por la sinceridad de que ha dado fe la delegación, y estima que el balance de Panamá en materia de derechos humanos es globalmente alentador, como lo demuestran los progresos realizados, si bien subsisten lagunas, como la ausencia de una ley sobre la protección integral de niños y adolescentes.

86.La Sra. Palacios (Panamá) dice que el debate ha resultado muy esclarecedor, y asegura a los miembros del Comité que tendrá en cuenta sus recomendaciones. Panamá está resuelto a reforzar su marco jurídico adoptando los instrumentos internacionales en los que todavía no es Parte y a avanzar privilegiando estrategias basadas en resultados con el fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El Estado hará todo lo posible por hacer frente a las disparidades sociales entre los distintos sectores de la población, y por reforzar la cooperación entre las instituciones y la participación de la sociedad civil. Mediante la concertación de acuerdos de cooperación con el UNICEF y la OIT, Panamá también tiene previsto luchar eficazmente contra el trabajo infantil y lograr romper el círculo vicioso de la pobreza. Se compromete a evaluar regularmente la situación de los derechos del niño, de modo que los poderes públicos puedan adoptar decisiones informadas con el fin de promover esos derechos como lo ha recomendado el Comité.

Se levanta la sesión a las 18.00 horas.