Distr.GENERAL

CMW/C/SR.609 de mayo de 2008

ESPAÑOLOriginal: INGLÉS

COMITÉ DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIARES

Séptimo período de sesiones

ACTA RESUMIDA DE LA 60ª SESIÓN

celebrada en el Palais Wilson, Ginebra,el lunes 26 de noviembre de 2007, a las 15.00 horas

Presidente:Sr. KARIYAWASAM

SUMARIO

Examen de los informes presentados por los Estados Partes de conformidad con el artículo 73 de la Convención (continuación)

Informe inicial del Ecuador

_____________________

La presente acta podrá ser objeto de correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Deberán presentarse en forma de memorando, incorporarse en un ejemplar del acta y enviarse, dentro del plazo de una semana a partir de la fecha del presente documento, a la Sección de Edición, oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.

Las correcciones que se introduzcan en las actas de las sesiones del actual período de sesiones del Comitése reunirán en un único documento que se publicará poco después de finalizado el período de sesiones.

GE.07-45572 (S) 020508 090508

Se declara abierta la sesión a las 15.10 horas.

EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 73 DE LA CONVENCIÓN (tema 3 del programa) (continuación)

Informe inicial del Ecuador (CMW/C/ECU/1; CMW/C/ECU/Q/1 y Add.1)

1. Por invitación del Presidente, los integrantes de la delegación del Ecuador toman asiento a la mesa del Comité.

2.El PRESIDENTE dice que la situación especial del Ecuador como país de origen, destino y tránsito de migrantes refleja todos los aspectos del proceso migratorio. Por tanto, el diálogo de la delegación con el Comité supondrá un aprendizaje no sólo para el Ecuador, sino también para el Comité. El Presidente felicita al Estado Parte por la calidad de su informe inicial (CMW/C/ECU/1) y sus respuestas a la lista de cuestiones planteadas por el Comité (CMW/C/ECU/Q/Add.1).

3.El Sr. LÓPEZ (Ecuador), al presentar el informe inicial, dice que la política del Gobierno sobre la protección de los trabajadores migratorios y sus familiares forma parte de la "revolución ciudadana" de éste. De acuerdo con la nueva Constitución que elabora una Asamblea Nacional Constituyente, los extranjeros residentes en el Ecuador gozarán de ciertos derechos de participación política y se establecerá claramente la distinción entre ciudadanía y nacionalidad. El derecho al trabajo no sólo abarcará los derechos sindicales tradicionales, sino que se formulará de modo que prohíba todas las formas de inseguridad en el empleo. Con ese fin, se adoptarán medidas para reestructurar el sistema de agencias de empleo y la externalización de servicios, que han menoscabado los derechos laborales y el control estatal. Los trabajadores gozarán del derecho a la estabilidad del empleo, un salario justo y la igualdad de género.

4.Se reforzará el papel de la Defensoría del Pueblo como garante de los derechos humanos, y las decisiones que adopten los casos de su competencia serán vinculantes.

5.Cabe esperar que la Asamblea Nacional Constituyente enmiende la legislación vigente, como el Código de Trabajo, y apruebe nuevas leyes, en las que la cuestión de la migración se aborde con una perspectiva amplia e integrada de derechos humanos. A nivel institucional, se ha puesto en marcha un proceso orientado a compilar la información que manejan las instituciones que trabajan con los extranjeros.

6.La Subsecretaría de Seguridad Ciudadana coordina los esfuerzos para institucionalizar la protección de todos los ciudadanos frente a la violencia, la actividad delictiva y la delincuencia organizada. El Ministerio de Gobierno ejecuta programas para prestar asistencia a los ciudadanos ecuatorianos y a los extranjeros detenidos sin juicio. Se han hecho progresos evidentes en la modernización del cuerpo de policía.

7.El Presidente Correa denunció ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su sexagésimo segundo período de sesiones la práctica de tildar a un ser humano de "ilegal". Dijo que es una paradoja inmoral que se promueva la libre circulación de mercancías y de capitales buscando la máxima rentabilidad mientras que se penaliza la libre circulación de personas que buscan un trabajo digno. El Ecuador procura vivamente cambiar esas vergonzosas políticas migratorias internacionales, a la vez que construye un país en el que las garantías de una vida digna prevengan la migración forzosa debido a la pobreza y la exclusión social.

8.El Plan Nacional de política exterior 2006-2020 (PLANEX) y el capítulo de política exterior del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 fueron producto de consultas amplias con instituciones del sector público, la sociedad civil y la comunidad académica. El Plan Nacional de Desarrollo establece una política integrada en favor de los emigrantes y sus familiares en los países de origen, tránsito y destino, basada en el principio de la libre circulación de las personas. Prevé medidas diplomáticas, administrativas y judiciales para dar efecto a los derechos de los emigrantes en los países de destino; contactos con las organizaciones no gubernamentales (ONG) y la sociedad civil de esos países con el fin de prestar apoyo a los ecuatorianos en el exterior; la actualización de la legislación sobre migración, extranjería y naturalización, y programas para el retorno voluntario de los ecuatorianos del exterior, basados en la integración en la sociedad y el mercado laboral ecuatorianos.

9.La Mesa de Trabajo sobre Migraciones Laborales creada en septiembre de 2005, es importante en la formulación de políticas, adoptó un enfoque basado en los derechos y colaboró con la sociedad civil y las organizaciones internacionales especializadas en las cuestiones de la migración.

10.La migración y el empleo de trabajadores migratorios no son delitos penales en el Ecuador. La Dirección Nacional de Migración, el Ministerio de Trabajo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se dedican a promover el respeto a los derechos de los trabajadores migratorios al empleo y a la seguridad social.

11.El Gobierno ha adoptado medidas para promover los derechos humanos de las personas detenidas en los centros de rehabilitación social. En 2007 se declaró un estado de emergencia en todos los centros de detención del país y se asignó una importante cantidad de recursos a la construcción de nuevos centros, la mejora de las instalaciones existentes y la capacitación del personal y los reclusos. El nuevo Ministerio de Justicia planea adoptar medidas trascendentales para mejorar la eficacia y eficiencia del sistema judicial.

12.La Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI) se estableció a nivel ministerial en marzo de 2007 para formular y aplicar políticas de migración. La Subsecretaría de Relaciones Migratorias y Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores se convirtió en la Subsecretaría de Servicios Consulares. Una innovación importante fue que la responsabilidad de la gestión de los consulados en ciudades con una gran cantidad de emigrantesecuatorianos se transfirió a los propios emigrantes.

13.La Policía Nacional de Migración ha aprovechado las nuevas tecnologías para reducir la duración de los trámites en los aeropuertos internacionales y puestos fronterizos, mejorar la fiabilidad de los documentos y reducir lo más posible el riesgo de corrupción. Hay 33 centros de acogida bien equipados para los migrantes en el país, destinados a prestar un servicio muy eficiente y confiable que respete los derechos tanto de los ecuatorianos como de los extranjeros.

14.Entre 2003 y 2006, más de 3 millones de extranjeros entraron al Ecuador y más de 2,5 millones salieron del país; casi medio millón de extranjeros permanecieron en el país. Asimismo, más de 2,3 millones de ecuatorianos salieron del país y más de 2,2 millones regresaron. Un total de 341.422 nacionales, de los que 146.426 son mujeres, permanecieron en el extranjero.

15.El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) ha creado recientemente tres comités, uno de los cuales se encarga de recopilar datos sobre las características de la migración. Además, se planea establecer una unidad de investigaciones sobre migración con la cooperación de España y la participación de un consorcio interuniversitario.

16.El Gobierno ha hecho esfuerzos considerables para alojar a la gran cantidad de desplazados colombianos que llegan al Ecuador. Se ejecuta un plan para situaciones imprevistas con la asistencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y otros organismos de las Naciones Unidas, y con la participación del Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Gobierno y policía, el Ministerio de Defensa Nacional y la Secretaría Técnica del Plan Ecuador. Desde 2000, un departamento del Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta con un sistema de protección jurídica que ya ha procesado 52.000 solicitudes de la condición de refugiado. También se ejecutan proyectos de integración social en favor de refugiados colombianos, conforme a los principios establecidos en la Declaración y Plan de Acción de México de octubre de 2004.

17.El Ecuador sigue ajustando su legislación a las disposiciones de la Convención. En virtud del artículo 148 de la Ley para la promoción de la inversión y la participación ciudadana de agosto de 2000, se suprimió el requisito de que los extranjeros residentes presentaran un certificado para trabajar libremente en los sectores que permite la ley. El artículo 560 del Código de Trabajo, sobre la autorización exigida a los extranjeros para tener un empleo asalariado se aplica únicamente a las personas no residentes. En junio de 2007 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales los artículos 88 y 108 de la Ley de servicio militar obligatorio que impedían a algunas personas ejercer su derecho a salir del Ecuador. El Tribunal Constitucional examina la propuesta del poder ejecutivo de suprimir la norma en virtud de la cual se exige un permiso de migración para salir del país.

18.El "Plan de Retorno" es un proceso de participación voluntaria, concebido para fortalecer los lazos familiares y los vínculos, con la comunidad y el país. El objetivo principal es la reunificación familiar, especialmente en el caso de las personas que no han regularizado su situación en el país de destino, cuyas expectativas no se han colmado o que tienen dificultades para integrarse en la sociedad local. El Plan tiene dos componentes: políticas transversales para los ecuatorianos que deseen regresar, y programas destinados a hacer coincidir la calificación de los migrantes ecuatorianos con las necesidades de desarrollo del país.

19.El Ecuador ha abierto sus puertas de par en par a los inmigrantes del Perú y de Colombia, y no hay absolutamente ningún rastro de xenofobia o racismo en las políticas públicas. Aunque los organismos de control de la inmigración dan prioridad a los derechos humanos, se enfrentan a redes organizadas de trata de seres humanos que se dedican a la falsificación de documentos y al robo de la identidad. Desde los años setenta, se han celebrado varios acuerdos bilaterales de regularización de la situación de los extranjeros con Colombia. También se han firmado acuerdos con Bolivia, Chile y el Perú. El Ecuador ha cumplido las disposiciones de la Convención al respecto, por medio de un programa conjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección Nacional de Migración y el Consejo Consultivo de Política Migratoria.

20.El Ecuador y el Perú firmaron un Acuerdo para regularizar la situación laboral y migratoria de los nacionales del Ecuador y del Perú en la zona de integración fronteriza ampliada en diciembre de 2006. Así se regularizó la regularización de la situación de más de500ciudadanos peruanos; simultáneamente, se recibieron más de 800 solicitudes de asilo de peruanos. Seobtuvieron fondos no reembolsables de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para resolver este problema. Para tratar de superar las restricciones operativas, el Ministerio de Relaciones Exteriores celebró un acuerdo de cooperación interinstitucional con la Dirección General de Extranjería.

21.De la experiencia con el Perú surgirán criterios para regularizar la situación de los colombianos en el Ecuador que, según las estimaciones, serían más de 200.000. El Presidente y los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Gobierno ya han anunciado planes de regularización.

22.Desde 2002 la Unidad Técnica de Selección de Trabajadores Migratorios, en colaboración con el Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo, la OIM y el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, ha preseleccionado a más de 4.000 ciudadanos ecuatorianos para que consigan empleo en España, de acuerdo con el sistema de cupos, con los mismos beneficios laborales y sociales que los trabajadores españoles. El acuerdo ha demostrado ser un medio efectivo de reducir la migración irregular y obviado la necesidad de recurrir a intermediarios.

23.El Decreto ejecutivo Nº 1981 de agosto de 2004 otorgó la prioridad a la lucha contra la trata de personas y dispuso la creación de una comisión interinstitucional para formular una estrategia nacional al respecto. En junio de 2005 se reformó el Código Penal para introducir una definición de trata de personas y delitos conexos, que son sancionables con penas de hasta 35 años de prisión.

24.El Plan Nacional para combatir la trata de personas entró en vigor en octubre de 2006. Se centra en: la prevención por medio de actividades de concienciación de los sectores vulnerables de la población; la investigación, la imposición de sanciones y la protección, mediante la creación de unidades de lucha contra la trata en el cuerpo de policía, la ampliación de la unidad de delitos sexuales y del programa de protección a testigos y víctimas de la Fiscalía General, y la celebración de acuerdos de cooperación en materia de refugios para las víctimas, y la indemnización de las víctimas y la restitución de sus derechos, velando por que los culpables paguen daños y perjuicios y reintegrando a las víctimas al empleo y a la sociedad.

25.Se ha recibido cooperación internacional para la ejecución del Plan, en forma de fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) también financia un proyecto piloto de asistencia a las víctimas.

26.Se ha reformado el Código Penal para penalizar el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas. Las actividades de la policía y el control de las fronteras se intensificaron en consecuencia, y se ha avanzado mucho en el desmantelamiento de grupos delictivos. La Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral interceptó 11 barcos que transportaban migrantes ilegales en 2002, 19 en 2004, 13 en 2005 y 11 en 2006. En 2004 el ministerio público creó los grupos de turismo, asuntos migratorios y tráfico de personas, para enfrentar el aumento de los índices delictivos en el ámbito de turismo y en el tráfico ilícito de migrantes o "coyoterismo". Los equipos están integrados por unidades especiales de la policía nacional, incluido el departamento especial para niños y jóvenes.

27.Para crear conciencia sobre los derechos de los migrantes, el Ministerio de Relaciones Exteriores patrocinó la publicación de una guía básica para trabajadores extranjeros elaborada por la entidad española Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD) y, en colaboración con una ONG italiana, la Asociación para la Cooperación Internacional y Ayuda Humanitaria (ALISEI), ha distribuido una guía para vivir y trabajar en España e Italia. El Ministerio también ha organizado talleres sobre las disposiciones de la Convención en varias ciudades del Ecuador.

28.Entre las medidas concretas adoptadas para promover los derechos de los migrantes figuran la ejecución de proyectos conjuntos de desarrollo; la regularización de la situación de los migrantes ecuatorianos y peruanos; la contratación y el traslado a España de trabajadores migratorios ecuatorianos, y la coordinación de programas de retorno asistido. Esas actividades se han realizado en colaboración con asociaciones de migrantes, organismos internacionales y funcionarios del gobierno central y de los gobiernos locales, a partir de consultas con los gobiernos provinciales y las misiones diplomáticas en el exterior. Los objetivos, orientaciones estratégicas y cuestiones transversales identificados se reflejarán en el Plan Nacional de política exterior 2006-2020 (PLANEX).

29.La Secretaría Nacional del Migrante coopera con la sociedad civil, las organizaciones sociales y otras partes interesadas que organizan talleres de información sobre los derechos humanos de los migrantes y campañas de concienciación de las desventajas y peligros de la migración irregular. La Comisión interinstitucional de coordinación pública para los derechos humanos coopera estrechamente con organizaciones de la sociedad civil para preparar los informes para los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos. La Comisión también está a cargo de comunicar las recomendaciones de los órganos de los tratados a las instituciones públicas y la sociedad civil. Asimismo, coordina las actividades de seguimiento y dicta cursos de capacitación sobre la aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos.

30.El Plan Nacional de derechos humanos fue aprobado en 1998 por decreto ejecutivo, el artículo 27 del Plan se refiere a los derechos de los extranjeros y los migrantes. Tras un proceso amplio de consulta en el que participaron instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, se adoptó el plan operativo de trabajo y migrantes, extranjeros, refugiados, desplazados y apátridas. Ambos instrumentos establecen las medidas jurídicas, administrativas y económicas necesarias para que se respeten los derechos de esas categorías de personas. La ejecución del Plan Nacional está bajo la supervisión de un comité integrado por funcionarios públicos y representantes de la sociedad civil.

31.Aunque la migración al Ecuador es un fenómeno reciente, el Gobierno se ha esforzado al máximo por garantizar los derechos de los migrantes. Para seguir avanzando, sin embargo, se hace necesaria una mayor cooperación internacional. El Comité debería redoblar los esfuerzos para promover la ratificación de la Convención en los países desarrollados a fin de asegurar su aplicación universal.

32.El PRESIDENTE dice que, si bien el Comité concuerda en que una mayor adhesión a la Convención por parte de los países de destino es fundamental para proteger los derechos de los migrantes en todo el mundo, el hecho lastimoso de que muchos de esos Estados todavía no hayan firmado la Convención no merma las obligaciones del Ecuador en virtud de ella.

33.El Sr. ALBA (Relator para el país) dice que el propósito principal del Comité es fomentar compromisos constructivos con los Estados Partes. La aplicación de la Convención es un proceso gradual y las recomendaciones del Comité son una guía en ese sentido. Además, pueden ayudar al Estado Parte a obtener una mayor cooperación internacional.

34.El Comité celebra los esfuerzos del Estado Parte para abordar las cuestiones vinculadas con la migración. Esos esfuerzos -como los de muchos Estados de origen de los migrantes- bien podrían estar motivados por el deseo de proteger a los ecuatorianos que se encuentran en el exterior. Más allá de esa inquietud legítima, es igualmente importante garantizar los derechos de los migrantes extranjeros en el Ecuador. Al respecto, el Relator para el país encomia la adopción del Plan Nacional para combatir el secuestro de personas, el tráfico ilícito de migrantes, la explotación sexual y otras formas de explotación, la creación de la Mesa de Trabajo sobre Migraciones Laborales, el establecimiento del Consejo Consultivo de Política Migratoria y el acuerdo entre el Ecuador y España relativo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios. Dado que muchos ecuatorianos se beneficiaron de la campaña de regularización de España, el Relator alienta al Estado Parte a procurar concertar acuerdos similares con otros países.

35.Entre los indicadores útiles para evaluar los progresos en la aplicación de la Convención se cuentan la evolución institucional y normativa, la adopción de planes y programas pertinentes y los resultados logrados. El informe del Estado Parte, sus respuestas por escrito y la exposición verbal, aunque son muy completas, no contienen información específica sobre la aprobación y aplicación de proyectos de ley en la materia. También sería útil recibir datos estadísticos que muestren la eficacia de las medidas descritas, así como información detallada sobre las políticas y programas ejecutados a nivel provincial y local.

36.Las medidas adoptadas por el poder ejecutivo para velar por el cumplimiento de la Convención son importantes, pero no se debe subestimar el papel de los poderes legislativo y judicial en la aplicación de los instrumentos internacionales. La incorporación sistemática de las disposiciones de los tratados internacionales en la legislación nacional, por ejemplo, es crucial para la exigibilidad de los derechos y la reparación efectiva de las violaciones. La falta de denuncias de violaciones podría indicar que los mecanismos correctivos vigentes son inadecuados. Por tanto, el orador agradecería que se presente más información sobre la manera en la que los derechos enunciados en la Convención se reflejan en la legislación interna y se les da efecto.

37.El orador pone en duda la conveniencia de incluir en las respuestas por escrito (CMW/C/ECU/Q/1/Add.1) a la lista de cuestiones del Comité el nombre de los funcionarios públicos que aportaron la información utilizada. En el futuro, sería preferible referirse a la institución en general para evitar dar la impresión de que la información fue proporcionada por una sola persona.

38.Las respuestas por escrito pusieron en duda repetidamente la información contenida en el informe paralelo. Al respecto, el orador recuerda al Estado Parte que el Comité se basó en información de varias fuentes para conocer la situación sobre el terreno, y que ejerció su propio criterio para evaluar la fiabilidad de esa información.

39.El orador alienta al Estado a aprovechar la oportunidad que brinda la existencia de la Asamblea Constituyente para debatir las cuestiones relativas a la migración; las recomendaciones del Comité podrían ser un aporte valioso para el debate.

40.Dado que las estadísticas que el Estado Parte ha presentado son bastante vagas, el Comité recibirá con satisfacción más detalles sobre el número de ciudadanos ecuatorianos que entran y salen del país, las diferentes categorías de visados que se emiten y si se toman en cuenta las categorías de trabajadores e inversionistas transfronterizos. La referencia cruzada de las estadísticas pertinentes con los países de destino de los migrantes ecuatorianos también sería útil.

41.Parte de la información que presentó el Estado Parte parece conceptualmente sesgada y contradictoria. El Gobierno del Ecuador ha señalado en sus respuestas por escrito que no discrimina a los migrantes que tienen enfermedades graves, crónicas o contagiosas, y ha explicado que en primer lugar no dispone de un sistema para verificar el estado de salud de los ciudadanos que entran al Ecuador. Aunque los gobiernos tienen la prerrogativa legítima de decidir quién puede entrar al país, se deben garantizar los derechos humanos fundamentales de las personas que solicitan el ingreso y, por ello, el orador se pregunta si el Estado Parte piensa aplicar un sistema de salud para los migrantes. En la respuesta a la cuestión 5 de la lista de cuestiones (CMW/C/ECU/Q/1) no queda claro si la entrada indocumentada o irregular constituye un delito administrativo o penal. Someter a los migrantes a un tratamiento distinto, adecuado a su condición, es otra cuestión de importancia crucial en virtud de la Convención.

42.El PRESIDENTE dice que se debe prestar más atención a la situación de las trabajadoras migratorias y de los niños. Desea saber si existe algún mecanismo de protección consular o de otro tipo para garantizar la seguridad y el bienestar de las migrantes ecuatorianas que realizan trabajos manuales en los países de destino, como las trabajadoras domésticas, y, en su caso, si se podrían proporcionar estadísticas sobre los países en cuestión. También se pregunta si el Estado Parte planea adoptar medidas para ayudar a las trabajadoras migratorios que regresan al Ecuador, dado el vacío social que crea su ausencia de la unidad familiar.

43.El Presidente acogerá con satisfacción información sobre las medidas que el Gobierno del Ecuador adopte para que las remesas de los trabajadores migratorias se empleen de manera productiva en beneficio de quienes las han generado, así como sobre las actividades que realiza para contrarrestar la opinión generalizada, a la que se hace referencia en el párrafo 101 de las respuestas por escrito (CMW/C/ECU/Q/1/Add.1), de que la prostitución infantil es normal.

44.El rendimiento económico del Ecuador lo convierte en un destino atractivo; al respecto, el Presidente pregunta si el Estado Parte tiene un sistema para distinguir a los trabajadores migratorios de los solicitantes de asilo y los inmigrantes ilegales, y si trata a estas tres categorías de personas de conformidad con las obligaciones que ha contraído en virtud de los tratados internacionales.

45.El Presidente desea saber más acerca de la aplicación del acuerdo firmado en diciembre de 2006 entre el Estado Parte y el Gobierno del Perú para regularizar la situación de sus nacionales que trabajan en la zona fronteriza entre ambos países, ya que podría servir de ejemplo a otros Estados.

46.La Sra. DIEGUEZ ARÉVALO destaca la importancia de la cooperación interinstitucional para abordar la cuestión de los trabajadores migratorios y, al respecto, expresa su inquietud por el hecho de que, de acuerdo con las respuestas por escrito, no se ha tomado medida alguna para concretar la creación del Consejo Nacional de Migraciones Laborales. Resulta fundamental que exista un órgano que coordine las numerosas iniciativas interinstitucionales que ya se llevan a cabo, sobre todo en lo referente a los esfuerzos para que la policía y las fuerzas de seguridad puedan resolver problemas como los que plantean las bandas de traficantes.

47.Las estadísticas sobre el número de ciudadanos ecuatorianos en el exterior que el Estado Parte proporcionó parecen bastante bajas, y la oradora señala que hacer un seguimiento de las remesas, en especial con la cooperación de los países pertinentes, y emitir documentos de identidad en los consulados son dos maneras adecuadas para facilitar la identificación de los trabajadores migratorios y la reunión de estadísticas al respecto.

48.La oradora acogerá con satisfacción más información sobre el sistema de apoyo a los migrantes y sobre las razones por las cuales tan pocas personas parecen recibir ese apoyo.

49.Se pregunta qué ha impedido que la Coalición Interinstitucional para la Migración y el Refugio presente al Gobierno sus observaciones sobre el informe inicial, dado que es importante que los gobiernos consulten a las ONG.

50.La Sra. CUBIAS MEDINA dice que el Gobierno del Ecuador debería esforzarse por lograr una mayor coherencia entre los aspectos internos y externos de su política migratoria. El trato que se da a los migrantes extranjeros que entran al Ecuador debería ser idéntico al que se espera para los migrantes ecuatorianos en los países de destino. Con tal fin, la legislación nacional del Ecuador debería concordar plenamente con las disposiciones de la Convención.

51.El Comité está profundamente preocupado por la cuestión de la detención de los migrantes, dado que el informe no deja claro si se priva de libertad o se multa a aquellos que entran al Ecuador. Según las respuestas por escrito del Estado Parte, el hecho de entrar al Ecuador sin pasar por los controles migratorios no se considera un delito grave, pero los apátridas o las personas sin documentos de identidad que entran comparecen ante una corte penal. Tal afirmación no permite que el Comité sepa si se detienen a esas personas o no. La oradora desea recibir más información sobre las soluciones del Estado Parte alternativas a la detención, en particular en el caso de los migrantes chinos en el Ecuador, un grupo especialmente vulnerable. También desea saber si los centros de detención provisional en Quito, Manabí y Guayas se emplean exclusivamente para los migrantes o para todas las categorías de detenidos, y si el Gobierno del Ecuador planea crear otras instalaciones en las que los migrantes estarán separados de los criminales condenados.

52.La oradora pregunta si el requisito para los ciudadanos ecuatorianos de obtener un permiso para salir del país efectivamente se aplica; si es el caso, la medida puede ser inconstitucional, ya que es contraria a la libertad de circulación.

53.Celebra las medidas adoptadas para enfrentar el tráfico de migrantes, pero sugiere que se creen refugios específicamente para las víctimas. Señala que las campañas de concienciación del tráfico no deben abordar únicamente los aspectos del problema relacionados con la oferta, sino también la demanda.

54.La oradora solicita más información sobre los mecanismos que ha establecido el Gobierno del Ecuador para la repatriación de los migrantes ecuatorianos, y sobre cómo se financia esa repatriación, incluida la del cadáver de los trabajadores migratorios fallecidos.

55.Pide que se indique si los derechos de los migrantes se han incluido en los programas de estudios de los derechos humanos en las escuelas. Señala que la agenda del Gobierno debe incluir claramente el vínculo entre las mujeres y la migración, y la migración y la salud. Es de lamentar, por ejemplo, que en el informe no se hayan facilitado datos desglosados sobre la cantidad de migrantes que se han beneficiado de los servicios sanitarios en el Ecuador. Aunque la presentación de esos datos supone un esfuerzo adicional para los ministerios correspondientes, la disponibilidad de esta información podría contribuir a la prevención de ciertas enfermedades como el VIH/SIDA, la diabetes o las enfermedades de las vías respiratorias.

56.El Sr. EL JAMRI encomia el hecho de que el Gobierno ha enfocado su política de migración sobre la base de los derechos y que la aplica en un contexto regional.

57.Se pregunta si se hizo una evaluación de los efectos para determinar si los resultados de la política migratoria del Gobierno están a la altura de los esfuerzos realizados, a nivel institucional y operativo, y qué medidas se contemplan para corregir las deficiencias que se hayan detectado.

58.Le interesaría saber cómo se abordó el proceso de integración de los servicios de migración en el Ecuador y cómo concibe el Gobierno la evolución futura de la política migratoria del país. Al respecto, el orador observa que algunos Estados han sustituido la política de integrar los servicios de migración por la descentralización, sumamente coordinada, de esos servicios. Como nota que en el Ecuador se han creado varias instituciones encargadas de las cuestiones migratorias, pregunta si no existe algún riesgo de que se dupliquen los esfuerzos y se superpongan las funciones.

59.En lo que respecta al "Plan de Retorno", pregunta si los regresos siempre son voluntarios, y si se dispone de estadísticas sobre los resultados obtenidos y las razones mencionadas por los emigrantes ecuatorianos para volver a su país de origen. Dado que a su regreso los migrantes deben reintegrarse, ya sea encontrando empleo o estableciendo su propio negocio, el orador subraya la importancia de establecer el vínculo con la política de empleo. Le interesaría saber si existe una política específica para ayudar a los emigrantes que regresan a buscar empleo, y pone de relieve el peligro de que se creen tensiones si se hace más por estas personas que por las que nunca han salido del país.

60.En lo relativo a la situación social, el orador observa que la desintegración de las familias a causa de la emigración de los hombres, que ha sido agravada por la emigración de las mujeres, tiene consecuencias directas en los niños que se vuelven cada vez más vulnerables. Desea saber la escala del fenómeno y lo que se está haciendo para poner remedio a la situación. Se pregunta si la vuelta de los emigrantes ecuatorianos se considera una posible solución al problema.

61.Se debe proporcionar información sobre la situación de las remesas, a la luz de los problemas que se han dado en otros países, entre otros el hecho de que las remesas no siempre contribuyen al desarrollo del país, por diversas razones, y de que existen diferencias regionales, de modo que las regiones que envían la mayor cantidad de emigrantes no son las que más se benefician de las remesas. Por último, el orador pide a la delegación que formule observaciones sobre el futuro de la migración en el Ecuador.

62.El Sr. EL - BORAI encomia la calidad del informe, sobre todo de las estadísticas. En virtud de que, de acuerdo con las respuestas por escrito, la Convención prevalece sobre la legislación nacional, pero está supeditada a la Constitución, pone de relieve algunas partes de esas respuestas que parecen contradecir las disposiciones de la Convención. Por ejemplo, aparentemente las contravenciones a las normas migratorias son juzgadas por los Intendentes Generales de Policía, pero no queda claro si el inmigrante tiene acceso a un juez en esos casos. Si no fuera así, se contradiría la Convención. Dado que las personas en cuyo caso no se puede cumplir las órdenes de deportación por ser apátridas o no tener documentos de identidad comparecen ante la corte penal pertinente para reemplazar la detención preventiva con una medida alternativa, el orador pregunta cuáles son estas medidas. También observa que el requisito de presentar un certificado de buena conducta, impuesto por un acuerdo bilateral entre el Ecuador y Colombia, es contrario a las disposiciones de la Convención. Señala que toda decisión de dictar una orden de expulsión o deportación debe ser sometida a un juez para que la examine.

63.El Sr. SEVIM solicita información adicional sobre la reunificación familiar, sobre todo en los casos en los que hay algún prerrequisito relativo a la lengua, los ingresos o límites de edad. Desea saber si los permisos de residencia y de trabajo se emiten inmediatamente después de la reunificación o si hay un período de espera. También pregunta si los recién llegados al Ecuador pueden crear su propia empresa.

64.Solicita que se aclare la respuesta a la cuestión 25 de la lista de cuestiones relativa al derecho de los migrantes a formar asociaciones e integrar sus órganos ejecutivos. La respuesta dada es confusa puesto que, según el Ministerio de Trabajo, los extranjeros tienen los mismos derechos que los ecuatorianos en lo que respecta a la participación en los órganos ejecutivos de los sindicatos, pero el Presidente de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL) señaló que los directivos deben ser ecuatorianos de nacimiento.

65.El orador pide información acerca de si el régimen de seguridad social para los migrantes cubre la exportación de los beneficios de la seguridad social si regresan a su país de origen y si, del mismo modo, los migrantes ecuatorianos que regresan pueden recibir los beneficios de la seguridad social del país en el que trabajaban.

66.El Sr. BRILLANTES encomia la calidad del informe, sobre todo la franqueza con la que fue preparado. Observa que en el informe se admite que el derecho interno del Ecuador aún no se ha ajustado plenamente a la Convención, lo que explica por qué las disposiciones en vigor parecen obsoletas, y pregunta si el Gobierno ha fijado un plazo para hacerlo. El Comité estaría preparado a prestar asistencia con ese fin.

67.El Sr. ALBA señala que las respuestas a una serie de cuestiones de la lista, en particular a las cuestiones 4, 24 y 26, se centran en las medidas adoptadas con respecto a los emigrantes ecuatorianos y pasan por alto la situación de los migrantes en el Ecuador. Por tanto, pide más información para corregir esa omisión. Otro aspecto que debe aclararse es si el permiso de residencia debe obtenerse antes de poder recibir un permiso de trabajo.

68.El PRESIDENTE dice que el Comité quedó impresionado por la calidad del informe. Se invitará a la delegación a responder a las preguntas del Comité el día siguiente.

Se levanta la sesión a las 1 7 . 5 0 horas .

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