Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
79º período de sesiones
Ginebra, 9 a 27 de febrero de 2026
Examen de los informes: informes presentados por los Estados Partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto
Respuestas de Georgia a la lista de cuestiones relativa a su tercer informe periódico * **
[Fecha de recepción: 26 de noviembre de 2024]
Respuestas a la lista de cuestiones (E/C.12/GEO/Q/3)
Respuesta al párrafo 2
1.El Tribunal Supremo de Georgia, en cuanto que máxima autoridad judicial, aplica con frecuencia las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su práctica judicial.
2.Un análisis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo pone claramente de manifiesto que el Tribunal considera que el Pacto es un “instrumento jurídico de aplicación directa”, lo que garantiza el pleno acceso de las personas a la protección judicial de los derechos consagrados en el Pacto, ya que estos poseen fuerza jurídica propia sin necesidad de una aclaración legislativa adicional y, por ende, facultan directamente a las personas para exigir recursos judiciales. Además, el Tribunal vincula expresamente los derechos enunciados en el Pacto al concepto de Estado social. El Tribunal aplica activamente los derechos consagrados en el Pacto en diversos casos, entre otros contextos en asuntos civiles en materia de derecho laboral, en cuestiones relativas a daños y perjuicios y a prestaciones sociales y en litigios relacionados con bienes inmuebles en el marco de acciones reivindicatorias. Estos derechos se invocan asimismo en procedimientos administrativos, por ejemplo en litigios relacionados con la legislación relativa a la función pública, la provisión de vivienda y la concesión de pensiones.
3.Con el fin de velar por que la Defensoría del Pueblo pueda desempeñar adecuadamente las funciones que tiene encomendadas por ley, se ha ido incrementando de manera gradual la financiación que recibe. En 2014, el presupuesto aprobado para la Defensoría fue de 2,38 millones de laris; en 2015, de 4 millones de laris; en 2016, de 4,5 millones de laris; en 2017, de 4,8 millones de laris; en 2018, de 5,5 millones de laris; en 2019, de 6,4 millones de laris; en 2020, de 7 millones de laris; en 2021, de 8,5 millones de laris; en 2022, de 8,869 millones de laris; en 2023, de 11,775 millones de laris; y en 2024, de 11,5 millones de laris. Además, se está construyendo una nueva sede de la Defensoría.
4.La reforma constitucional, sumada a las sucesivas reformas judiciales llevadas a cabo en la última década, han reforzado aún más la independencia, eficacia, rendición de cuentas y transparencia del poder judicial. A fin de garantizar la independencia institucional del poder judicial, el Consejo Superior de Justicia de Georgia se ha convertido en un órgano políticamente neutral. El Consejo rinde cuentas únicamente ante la Conferencia de Jueces, un órgano de autogobierno integrado por todos los jueces de Georgia.
5.A raíz de la reforma constitucional llevada a cabo entre 2017 y 2018 se establecieron unas garantías sólidas para la independencia individual de los jueces al introducir el sistema de nombramiento vitalicio, fijar salvaguardias para la inamovilidad de los jueces y garantizar su seguridad y protección. Cabe mencionar que, desde el 1 de enero de 2018, un sistema electrónico asigna los casos a los jueces de manera aleatoria.
6.El sistema de nombramiento de los jueces ha sido objeto de una reestructuración completa. Desde 2024, Georgia cuenta con un sistema competitivo, basado en los méritos, objetivo y transparente para la selección y el nombramiento de los jueces de las tres instancias judiciales. La ley prevé ahora unos criterios preestablecidos y detallados para la evaluación de los candidatos a jueces; las decisiones relativas a la selección, el nombramiento y la designación de jueces se adoptan por votación abierta y deben estar fundamentadas por escrito. Las nueva normativa prevé un derecho de recurso efectivo.
7.Las recientes reformas han dado lugar a unas garantías tangibles para la rendición de cuentas de los jueces. Se ha reestructurado por completo el sistema de responsabilidad disciplinaria de los jueces: con el fin de velar por que las presuntas faltas de conducta cometidas por jueces sean examinadas de manera objetiva e imparcial, se ha introducido la figura del “inspector independiente”, se han establecido los motivos concretos que dan lugar a responsabilidad disciplinaria y se ha modificado a conciencia la legislación conexa, asegurando así las debidas garantías procesales.
Respuesta al párrafo 3
8.El 23 de marzo de 2023, el Parlamento de Georgia aprobó la Estrategia Nacional de Protección de los Derechos Humanos (2022-2030), que había sido elaborada por las instituciones estatales pertinentes bajo la coordinación de la Administración del Gobierno de Georgia. Esta nueva estrategia integral abarca todos los derechos humanos y libertades fundamentales y hace especial hincapié en la protección de los derechos de los grupos vulnerables.
9.En la Estrategia Nacional de Protección de los Derechos Humanos (2022-2030) se alude expresamente al fortalecimiento de los derechos humanos en el sector empresarial como un objetivo prioritario independiente. El 28 de diciembre de 2023 se aprobó el Plan de Acción de Derechos Humanos (2024-2026) con el objetivo de lograr las metas y llevar a cabo las tareas previstas en la Estrategia Nacional de Protección de los Derechos Humanos (2022-2030). Al igual que el anterior plan de acción, este nuevo instrumento incluye un capítulo dedicado a las empresas y los derechos humanos.
10.El Plan de Acción de Derechos Humanos (2024-2026) prevé el establecimiento de unas normas marco internacionales en relación con las empresas y los derechos humanos, entre otras formas mediante una armonización de la legislación. Entre otras actividades, prevé asimismo la elaboración y promoción de una guía y un programa de aceleración para pequeñas y medianas empresas sobre el tema de las empresas y los derechos humanos, una labor de sensibilización de las empresas estatales sobre el marco de las empresas y los derechos humanos y la promoción de su aplicación y la organización de eventos con la participación de los ciudadanos y el sector empresarial con el fin de proporcionar información sobre el mecanismo de solución de controversias por vías alternativas (mediación) y promover este servicio.
Respuesta al párrafo 4
11.Para garantizar el cumplimiento de las metas establecidas en la contribución determinada a nivel nacional (CDN) de Georgia en materia de reducción de emisiones, el país ha elaborado la Estrategia Nacional sobre el Cambio Climático para 2030 y los planes de acción conexos para los períodos 2021-2023 y 2024-2025. En esa estrategia se expone la visión de Georgia para alcanzar las metas de su CDN, y los planes de acción incluyen más de 100 medidas concretas destinadas a reducir las emisiones que abarcan siete sectores clave: generación y transmisión de energía, transporte, edificios, industria, agricultura, gestión de residuos y silvicultura.
12.Actualmente, Georgia está elaborando su quinta comunicación nacional en el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en la que se incluirá el inventario nacional de gases de efecto invernadero (GEI). Una vez la haya ultimado, Georgia tiene previsto incorporar los datos de emisiones per cápita.
Respuesta al párrafo 4 a)
13.La evaluación de los efectos que el cambio climático tiene sobre el país se describe en la cuarta comunicación nacional presentada por Georgia en el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En ella se mencionan los efectos del cambio climático sobre las personas y grupos desfavorecidos. Georgia está elaborando su primer informe bienal de transparencia y su quinta comunicación nacional. En esos documentos se hace especial hincapié en los efectos del cambio climático sobre las personas y grupos desfavorecidos. Tanto el informe bienal de transparencia como la quinta comunicación nacional aportan información sobre los problemas que el cambio climático plantea para el sector de la atención de la salud e identifican a los grupos más afectados por estos problemas. También describen la manera en que otros documentos de política sectoriales reconocen a las personas desfavorecidas como grupos vulnerables.
Respuesta al párrafo 4 b)
14.Según unas estimaciones preliminares, gracias a la ejecución de la Estrategia Nacional sobre el Cambio Climático para 2030 y el plan de acción conexo para el período 2021-2023, Georgia logró reducir las emisiones de GEI entre un 5 % y un 6 %.
Respuesta al párrafo 4 c)
15.La política nacional de desarrollo agrícola y rural, recogida en la Estrategia de Agricultura y Desarrollo Rural (2021-2027), se ha aplicado con éxito en los últimos tres años. En el marco del plan de acción conexo para el período 2021-2023, el gasto presupuestario total ascendió a 2.400 millones de laris. En 2023, Georgia aprobó el segundo plan de acción para la ejecución de dicha estrategia, que abarca el período 2024-2027 y comprende 88 actividades encomendadas a cuatro ministerios: el Ministerio de Protección del Medio Ambiente y Agricultura, el Ministerio de Educación, Ciencia y Juventud, el Ministerio de Desarrollo Regional e Infraestructura y el Ministerio de Economía y Desarrollo Sostenible. El presupuesto asignado al plan de acción para el período 2024-2027 asciende a unos 4.300 millones de laris, de los cuales cerca de 4.200 millones proceden del presupuesto estatal.
Respuesta al párrafo 4 d)
16.Georgia, en cuanto que Estado signatario de tres instrumentos emblemáticos a escala mundial —el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030—, aspira a que se lleve a cabo una transición hacia unas sociedades y unas economías resilientes ante el clima y reconoce la importancia de la adaptación al cambio climático conjugada con un desarrollo sostenible y la reducción del riesgo de desastres.
17.Una de las muestras del compromiso del Gobierno de Georgia con los marcos internacionales ha sido la aprobación de la Estrategia Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres y los planes de acción conexos, elaborados con un formato basado en la cooperación interinstitucional y la celebración de consultas con la sociedad civil. En la estrategia se exponen las principales orientaciones de política y actividades encaminadas a reducir los riesgos de desastres tanto antropogénicos como naturales inducidos por el cambio climático y los desafíos identificados en el documento de evaluación del grado de amenaza para el país. Además, dicha estrategia tiene por objeto mejorar la capacidad de preparación y respuesta para casos de desastre a todos los niveles mediante la aplicación de un plan de acción que combina actividades, proyectos y programas y define plazos y fuentes de financiación para cada actividad.
18.Con el fin de mejorar la preparación ante posibles desastres naturales, Georgia está elaborando un sistema de alerta temprana de peligros múltiples. Con esta iniciativa se pretende mitigar la exposición de las comunidades, los medios de subsistencia y las infraestructuras de Georgia al cambio climático. Asimismo, se ha elaborado una metodología para cartografiar los peligros de inundación. Todos los años se elabora un boletín geológico informativo que incluye datos sobre los peligros geológicos (desprendimientos de tierras, aludes de lodo, avalanchas de rocas, desprendimientos de rocas, etc.) recabados mediante una labor de monitoreo y unos estudios geológicos realizados durante los períodos de máxima actividad de desastres naturales.
Respuesta a los párrafos 5 y 17
19.El Programa de Asistencia Social para Destinatarios Específicos es el programa social más importante de Georgia después del sistema de pensiones de jubilación, y tiene por objeto reducir la pobreza y ayudar a los hogares pobres. Este programa utiliza la comprobación sustitutiva de medios de vida para evaluar el nivel de bienestar del hogar, como la calidad o las condiciones de la vivienda, el número de miembros que componen la familia y su situación laboral, y tiene en cuenta el estado de salud de los miembros del hogar, los bienes inmuebles en propiedad, los gastos en concepto de servicios de utilidad pública, etc. A partir de estos indicadores, un programa informático creado específicamente a tal efecto calcula un índice de bienestar que determina si el hogar puede optar a recibir asistencia en efectivo (entre 30 y 60 laris al mes por persona). En mayo de 2024, 383.049 familias (1.237.467 personas) estaban inscritas en la base de datos de familias socialmente vulnerables, de las cuales 667.528 (el 18 % de la población) recibían prestaciones de subsistencia. Los beneficiarios tienen asimismo acceso a una cobertura sanitaria más amplia que la población general.
20.Los gobiernos locales proporcionan ayuda en efectivo y apoyo directo (por ejemplo, comidas gratuitas, medicamentos específicos, becas de estudios, leña, subvenciones para el pago de facturas de servicios públicos y ayudas al transporte), así como servicios para adultos o niños con discapacidad y actividades extraescolares para niños, entre otros lugares en centros de día. Los subsidios y servicios municipales a los que pueden optar los hogares vienen determinados por el índice de bienestar.
21.En el anexo 1 figuran estadísticas sobre la pobreza y la asistencia social para destinatarios específicos.
22.En 2022 se puso en marcha el programa de empleo público con el objetivo de prestar apoyo a la población en edad de trabajar que recibe asistencia social para destinatarios específicos. Este programa permite al grupo destinatario elegir entre varias opciones como incorporarse al programa de empleo público, integrar el mercado laboral abierto, participar en programas de formación o reciclaje profesional o convertir actividades informales en actividades reguladas. Cuando una familia es incluida en uno de esos programas de asistencia social para destinatarios específicos, permanece en él durante cuatro años, durante los cuales mantiene su índice y su prestación en efectivo. El empleo público puede ser a tiempo completo o parcial y tiene una remuneración máxima de 300 laris al mes.
23.Las orientaciones y programas que habrían estado contemplados en un código social unificado se están elaborando de manera individual.
Respuesta al párrafo 6 a)
24.En 2023, el porcentaje de la población que vivía por debajo del umbral de pobreza definido a nivel nacional se situó en el 11,8 %, esto es, 3,8 puntos porcentuales menos que en 2022. La tasa de pobreza absoluta se redujo a la mitad en un período de diez años. En el anexo 2.1 figura más información a este respecto.
Respuesta al párrafo 6 b)
25.En Georgia, el nivel de desigualdad se mide con coeficientes de Gini. En 2023 se produjo un ligero aumento de algunos de estos coeficientes, pero en los últimos años se ha observado una reducción significativa de la desigualdad. En el anexo 2.2 figura más información a este respecto.
Respuesta al párrafo 6 c)
26.La economía georgiana ha dado muestras de una notable resiliencia, registrando un sólido crecimiento en los años posteriores a la pandemia. En los tres últimos años, la economía georgiana presentó un crecimiento medio del 9,8 %. El producto interno bruto (PIB) per cápita casi se duplicó en un período de diez años, y alcanzó los 8.284 dólares de los Estados Unidos en 2023. La deuda pública ha disminuido drásticamente. En el anexo 2.3 figura más información a este respecto.
Respuesta al párrafo 6 d)
27.En el anexo 2.4 figura información a este respecto.
Respuesta al párrafo 6 e)
28.En el anexo 2.5 figura información a este respecto.
Respuesta al párrafo 6 f)
29.En el anexo 2.6 figura información a este respecto.
Respuesta al párrafo 6 g)
30.Durante un período determinado se permitió a los empleadores, con algunas excepciones, no abonar el impuesto sobre la renta retenido de los salarios de hasta 750 laris pagados a sus empleados, siempre que la remuneración que estos últimos percibieran de sus empleadores en un mismo mes civil no superara los 1.500 laris.
31.El Ministro de Finanzas y el Director del Servicio de Administración Tributaria fueron autorizados a prorrogar hasta el 1 de enero de 2021 el plazo fijado por el Código Tributario de Georgia para el pago del impuesto sobre la renta y/o el impuesto sobre bienes inmuebles pagaderos por los contribuyentes particulares en 2020. En esos casos no se aplicaba al contribuyente el recargo previsto en el Código Tributario.
32.Asimismo, el Ministro de Finanzas y el Director del Servicio de Administración Tributaria fueron autorizados a prorrogar hasta el 1 de julio de 2021 el plazo fijado por el Código Tributario para el pago del impuesto sobre la renta pagadero en noviembre y diciembre de 2020. Se trataba de contribuyentes que desempeñaban su actividad en unos ámbitos concretos del sector turístico, incluidos el alojamiento, la restauración, la organización de viajes, el transporte, los servicios de excursiones y conferencias y el ocio, así como otras personas que ofrecían servicios organizados a los turistas. Los bienes inmuebles utilizados para las actividades arriba mencionadas estaban exentos del pago del impuesto sobre bienes inmuebles que debía declararse en el período especificado con arreglo al Código Tributario.
Respuesta al párrafo 7
33.El Parlamento de Georgia aprobó en 2023 la nueva Ley de Contratación Pública, que entrará en vigor en 2025. La nueva ley garantiza una armonización gradual con la legislación de la Unión Europea (UE) en materia de contratación pública, que proporciona mayor transparencia y garantías de no discriminación e igualdad de trato a todos los proveedores y trata de evitar los conflictos de intereses.
34.El 30 de noviembre de 2022 se creó la Oficina Anticorrupción de Georgia a raíz de las modificaciones introducidas en la Ley de Lucha contra la Corrupción de Georgia. Esta reforma consolidó los mecanismos de prevención de la corrupción bajo una única institución independiente. Mediante la introducción de la independencia presupuestaria, la inmunidad personal del Director de la Oficina y unos procedimientos administrativos especiales se reforzó la capacidad de la Oficina. Un aspecto clave de su labor consiste en fijar políticas anticorrupción en estrecha coordinación con las partes interesadas, incluidos la sociedad civil y el mundo académico, supervisar la aplicación de las políticas y formular las recomendaciones necesarias. La Oficina representa al Estado ante las organizaciones internacionales pertinentes, como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Grupo de Estados contra la Corrupción, y actúa como entidad nacional de coordinación para la aplicación de sus recomendaciones. La Oficina también lleva un seguimiento de las declaraciones que hacen los funcionarios públicos y los partidos políticos. La Oficina es independiente en el desempeño de su actividad y rinde cuentas ante el Parlamento de Georgia. El mandato de la Oficina se ha ampliado para incluir una mayor protección de los denunciantes de irregularidades. La Ley de Lucha contra la Corrupción contiene una sección (el capítulo V1) dedicada específicamente a la protección de los denunciantes de irregularidades. Ahora se garantiza el anonimato de los denunciantes de irregularidades a lo largo de todo el procedimiento, y se les conceden asistencia jurídica y asesoramiento psicológico gratuitos.
35.En el contexto de un proceso penal, los denunciantes de irregularidades participan o pueden participar en calidad de testigos o víctimas. Todos los mecanismos de protección de los participantes en un proceso penal previstos en la legislación les son aplicables respectivamente. Entre ellos figuran la adopción de medidas especiales de protección en virtud del Código de Procedimiento Penal de Georgia e incluso el inicio de una investigación penal y el enjuiciamiento de los responsables de ejercer influencia sobre el testigo o la víctima en aplicación del Código Penal de Georgia.
36.La lucha contra la corrupción es una de las principales prioridades de la estrategia de la Fiscalía de Georgia para el período 2022-2027. Con el fin de luchar eficazmente contra la corrupción, la Fiscalía cuenta con la Unidad de Lucha contra la Corrupción. Todos los investigadores de casos de corrupción y los analistas financieros de la Unidad de Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía tienen acceso a todas las bases de datos electrónicas, incluidos el registro público (que también incluye el catastro), la base de datos de contratación pública y la base de datos tributaria. Según un análisis del riesgo de corrupción, dicho nivel se considera bajo en el caso del registro público y la administración tributaria y por debajo de la media en el sistema de contratación pública. En el anexo 3 figura más información a este respecto.
37.Para luchar contra la colusión en las licitaciones y mitigar los riesgos de corrupción, el Organismo de Contratación Pública de Georgia lleva a cabo una labor de seguimiento y supervisión por conducto de su Departamento de Vigilancia, que ha elaborado unas metodologías específicas de seguimiento, ha identificado los factores de riesgo pertinentes y ha aprobado unos procedimientos adecuados para detectar transacciones sospechosas. Con este enfoque basado en el riesgo se detectan automáticamente las licitaciones que pueden conllevar un riesgo, y se las somete a un seguimiento exhaustivo. El sistema electrónico de contratación pública de Georgia ofrece una transparencia total de todas las transacciones. Todas las partes interesadas pueden acceder en línea a toda la información relacionada con cualquier operación de contratación que figure en el sistema. Además, ese sistema electrónico ofrece la posibilidad de recurrir cualquier decisión de la autoridad en materia de contratación pública por vía electrónica ante el Consejo de Resolución de Controversias, que es un órgano independiente e imparcial.
38.Tras la aprobación del informe de evaluación mutua de 2020 sobre Georgia del Comité de Expertos sobre Evaluación de Medidas contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo (MONEYVAL), Georgia reforzó aún más su marco nacional de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo modificando las leyes pertinentes. Estos progresos han sido reconocidos por el MONEYVAL en sus informes de seguimiento primero y segundo sobre Georgia. A raíz de las modificaciones introducidas en 2022 en la legislación en materia de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, el Servicio de Supervisión Financiera de Georgia ha recibido nuevas competencias (recomendación núm. 29). Las modificaciones introducidas en 2023 armonizaron plenamente la definición de “persona expuesta políticamente” (recomendación núm. 12) con lo recomendado por MONEYVAL y el Grupo de Acción Financiera. El 31 de mayo de 2022 se creó una comisión interinstitucional permanente para gestionar las medidas de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. El 4 de abril de 2023, el Gobierno de Georgia aprobó una estrategia nacional y un plan de acción en la materia para el período 2023-2026. Asimismo, Georgia actualizó el informe nacional de evaluación de los riesgos en 2023.
Respuesta al párrafo 8
39.El Gobierno de Georgia presta particular atención a la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Según lo dispuesto en la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad, los ministerios, los organismos estatales, los gobiernos autónomos locales y los órganos administrativos tienen la obligación de garantizar la elaboración y aprobación de planes de acción anuales sobre los derechos de las personas con discapacidad, y la Administración del Gobierno se encarga de supervisar ese proceso.
40.Con el fin de armonizar la legislación nacional con el Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso a las Obras Publicadas a las Personas Ciegas, con Discapacidad Visual o con Otras Dificultades para Acceder al Texto Impreso (Tratado de Marrakech), el Parlamento de Georgia elaboró un conjunto de proyectos de ley y aprobó las modificaciones pertinentes el 15 de diciembre de 2023. La legislación aprobada regula ciertos usos permitidos de determinadas obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos afines en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos. Se han establecido disposiciones jurídicas especiales para los beneficiarios a fin de que puedan tener fácil acceso a obras en formato accesible. El 17 de septiembre de 2024, Georgia se adhirió al Tratado de Marrakech.
41.El 21 de febrero de 2024, el Parlamento de Georgia aprobó un proyecto de ley por el que se derogaban las disposiciones del Código de Procedimiento Penal y del Código de Procedimiento Civil que limitaban el derecho de determinadas personas con discapacidad a participar en procedimientos administrativos y judiciales en igualdad de condiciones con las demás.
42.La tercera prioridad de la Estrategia Nacional de Protección de los Derechos Humanos (2022-2030) consiste en garantizar la protección de los derechos humanos y las libertades sin discriminación. Eso incluye una labor continua de mejora de la legislación en materia de igualdad y lucha contra la discriminación, protección de los derechos de los grupos vulnerables y mejora de las respuestas centradas en las víctimas en casos de delitos cometidos por motivos de discriminación.
43.El Gobierno de Georgia está llevando a cabo una labor activa de lucha contra la discriminación étnica y religiosa a través de diversas iniciativas. En este sentido, la Estrategia Nacional de Protección de los Derechos Humanos (2022-2030) y el Plan de Acción de Derechos Humanos (2024-2026) hacen especial hincapié en el establecimiento de normas sólidas en materia de libertad religiosa y de creencias, en la garantía de la libertad de funcionamiento de las asociaciones religiosas y en el fortalecimiento de la laicidad en el seno del Estado a través de medidas adecuadas.
44.La Estrategia Nacional de Protección de los Derechos Humanos (2022-2030) tiene por objeto proteger y promover eficazmente los derechos de las personas mayores y prevé que se adopten una serie de medidas en ese sentido, como la creación de un marco jurídico adecuado y la elaboración y aprobación del Plan Nacional de Acción sobre el Envejecimiento (2024-2025).
45.Uno de los mecanismos más importantes es la Estrategia Estatal de Igualdad e Integración Cívicas (2021-2030) y los planes de acción conexos, cuyo objetivo consiste en crear oportunidades para todos los ciudadanos en igualdad de condiciones, independientemente de su origen étnico, para que puedan participar plenamente en todas las esferas de la vida pública y seguir reforzando el diálogo intercultural. Actualmente se está aplicando el plan de acción correspondiente al período 2023-2024 para la ejecución de la estrategia.
46.La Estrategia Estatal de Igualdad e Integración Cívicas establece prioridades para las minorías étnicas mediante la adopción de medidas integrales. Entre ellas figura la mejora del acceso de las minorías étnicas a una educación de calidad, del dominio del idioma oficial y de la participación en los procesos cívicos, políticos, socioeconómicos y culturales. Se han puesto en marcha diversas iniciativas, entre las que cabe destacar los cursos gratuitos de lengua georgiana a través de la Escuela de Administración Pública Zurab Zhvania y sus 12 centros de formación, el acceso a programas especiales de formación profesional y un programa de matriculación simplificada para las minorías étnicas denominado “Programa 1+4” en el nivel de educación superior. Además, se han introducido programas de capacitación profesional en 49 escuelas de las regiones en las que un alto porcentaje de la población pertenece a minorías étnicas, y se imparten clases de idiomas de grupos minoritarios a quienes lo solicitan.
47.La lucha contra la discriminación y los delitos de odio es una de las prioridades de la Fiscalía. A raíz de la adopción de medidas específicas, como la especialización de los fiscales y los investigadores de la Fiscalía, su formación continua y la publicación de unas directrices de la fiscalía, se ha observado una tendencia al alza en los enjuiciamientos por delitos de odio desde 2020.
48.En los tribunales distritales y municipales de Georgia, el número de personas condenadas por delitos cometidos por motivos relacionados con la intolerancia o la discriminación ha ido aumentando cada año. Concretamente, en 2020 se condenó a 98 personas por este tipo de delitos, en 2021 a 321, en 2022 a 585, en 2023 a 756 y en los primeros tres meses de 2024 a 176.
49.En el anexo 4 figuran estadísticas sobre los enjuiciamientos por delitos de odio, las condenas conexas y el número de personas reconocidas como víctimas.
50.Desde 2020, solo los fiscales especializados y los investigadores de la Fiscalía están autorizados a llevar casos de delitos de odio. La Fiscalía hace especial hincapié en el seguimiento de los casos de delitos de odio. El Departamento de Protección de los Derechos Humanos de la Fiscalía General supervisa las causas penales por delitos de odio prestando especial atención a los intereses de las víctimas y a la mejora del acceso a la justicia. El Departamento analiza estos casos y publica informes anuales, también en inglés, en el sitio web de la Fiscalía.
51.Combatir los delitos cometidos contra las personas con discapacidad y garantizar el acceso de estas personas a la justicia sin discriminación son algunas de las prioridades clave de la estrategia de la Fiscalía para el período 2022-2027. Para lograr estos objetivos y defender los principios consagrados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad, la Fiscalía ha venido elaborando planes de acción anuales para la protección de los derechos de las personas con discapacidad desde 2021. Para su elaboración se cuenta con la participación de personas con discapacidad y las organizaciones que les prestan apoyo.
52.El Servicio Especial de Investigación elabora directrices para saber identificar motivos discriminatorios y recabar las pruebas necesarias en casos de delitos de odio, especialmente los que tienen su origen en la intolerancia religiosa o la discriminación. El Ministerio del Interior está impartiendo activamente a su personal formación sobre métodos para llevar a cabo investigaciones eficaces sobre delitos cometidos por motivo de intolerancia nacional o étnica, y está organizando campañas de sensibilización pública.
53.El Servicio de Asistencia Jurídica proporciona asistencia jurídica gratuita a grupos vulnerables, como las mujeres víctimas de violencia, los menores de edad y los solicitantes de asilo. Los beneficiarios tienen acceso a asesoramiento jurídico mediante consultas en persona, por teléfono o en línea, así como a representación ante los tribunales. Tras la ampliación del mandato conexo previsto en la legislación, todos los menores, independientemente de su situación económica, tienen acceso a servicios jurídicos gratuitos. Además, el Servicio de Asistencia Jurídica ofrece asesoramiento jurídico gratuito y representación ante los tribunales a los solicitantes de asilo, incluidos aquellos a los que se les haya denegado la protección internacional, garantizando la protección de sus derechos, independientemente de su situación económica.
Respuesta al párrafo 9
54.El 15 de diciembre de 2022, el Parlamento de Georgia aprobó diversas modificaciones a la Ley de Igualdad de Género en las que se establece que el Estado debe garantizar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres y eliminar la desigualdad existente. Estas modificaciones apoyan la aplicación del artículo 11, párrafo 3, de la Constitución de Georgia, velando por que las políticas estatales no solo defiendan la igualdad de iure entre hombres y mujeres, sino que también eliminen la desigualdad de facto.
55.En noviembre de 2022, con el fin de armonizar la legislación con el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), el Gobierno de Georgia aprobó las normas que regulan las indemnizaciones para las víctimas de violencia contra las mujeres y/o violencia doméstica y las cuantías correspondientes. A raíz de ello, la víctima o persona superviviente de la violencia está autorizada a recibir una indemnización del Estado. La cuantía de la indemnización se determina por decisión judicial. Otro logro importante ha sido la eliminación de la “condición de víctima”. El reconocimiento de la condición de víctima solía ser un requisito previo para poder hacer uso de los servicios estatales, lo que, en muchos casos, suponía una barrera importante para las personas expuestas a la violencia.
56.El 22 de enero de 2024, la Administración del Gobierno de Georgia aprobó unos procedimientos nacionales de derivación y mecanismos nacionales de remisión para la identificación, la protección, el apoyo y la rehabilitación de las víctimas de la violencia contra la mujer o la violencia doméstica, cuyo objetivo principal consistía en establecer un sistema de comunicación coordinado, rápido y eficaz entre los organismos públicos pertinentes.
57.La igualdad de género es un elemento importante de la Estrategia Nacional de Protección de los Derechos Humanos (2022-2030). La igualdad de género y los derechos de la mujer están integrados en todo el documento, así como en el Plan de Acción de Derechos Humanos (2024-2026).
58.Desde hace más de una década, el Gobierno de Georgia viene aprobando dos planes de acción independientes: el plan de acción nacional para la aplicación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, relativa a las mujeres y la paz y la seguridad, y el plan de acción nacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. El 26 de octubre de 2022 se elaboraron ambos planes de acción para el período 2022-2024 en estrecha colaboración con el sector civil y la Defensoría del Pueblo. Según el informe de 2023 sobre la ejecución de los planes de acción arriba mencionados, los organismos responsables ya han ejecutado en torno al 70 % de todas las actividades.
59.El 22 de diciembre de 2022, el Parlamento de Georgia aprobó el nuevo Marco Estatal de Igualdad de Género. Este documento representa la visión del país para eliminar todas las formas de discriminación de género y garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural, tanto en la esfera pública como en la privada.
60.El 23 de marzo de 2023, el Parlamento de Georgia aprobó el Marco Estatal para el Empoderamiento Económico de la Mujer, que revisa el compromiso positivo del Estado con el empoderamiento económico de la mujer en una perspectiva a largo plazo y las medidas que se deben adoptar en ese sentido. El documento propone siete orientaciones, entre ellas: reconocer, reducir y distribuir el trabajo de cuidados no remunerado; garantizar un acceso equitativo a los recursos económicos; mejorar las prácticas de adquisición y contratación del sector público; mejorar las prácticas de contratación en el sector privado; reducir la economía sumergida y apoyar una transferencia gradual hacia el sector formal; reforzar el marco jurídico con perspectiva de género y combatir las normas sociales contradictorias.
61.El Consejo de Igualdad de Género ha llevado a cabo varias investigaciones temáticas. La investigación sobre la integración de la igualdad de género en la política gubernamental dio lugar a diez recomendaciones dirigidas a los organismos pertinentes, cada una de ellas con plazos concretos. La investigación sobre el acceso de las mujeres y las niñas a recursos financieros dio lugar a 35 recomendaciones, y el estudio sobre el acceso de las mujeres y las niñas a las infraestructuras (carreteras, transporte, Internet y agua) dio lugar a 46 recomendaciones, todas ellas sujetas a plazos.
62.Desde 2017, los municipios comenzaron a preparar el marco institucional pertinente en el ámbito de la igualdad de género y la incorporación de las cuestiones de género, en particular, la implementación de consejos de igualdad de género y la designación de personas responsables de las cuestiones de igualdad de género. Actualmente, los 64 municipios cuentan con consejos municipales de igualdad de género para garantizar la aplicación local de la política nacional de derechos humanos.
63.La elaboración del presupuesto municipal, las prioridades de desarrollo socioeconómico y los programas y planes municipales debería excluir cualquier forma de discriminación. La igualdad de género y la presupuestación con perspectiva de género se integran en el proceso presupuestario municipal para que la igualdad de género se refleje en las políticas, programas y prioridades a nivel municipal.
64.La representación de las mujeres ha mejorado tanto a nivel local como central. En la décima legislatura del Parlamento salieron elegidas 27 mujeres, frente a 9 en la legislatura de 2008-2012. A nivel municipal, la representación de las mujeres pasó del 19,59 % (190 mujeres) al 31,41 % (441 mujeres) tras las elecciones de 2021.
65.En las elecciones parlamentarias georgianas de 2020, 120 diputados fueron elegidos mediante un sistema proporcional (un 75 % de ellos, hombres; y un 25 %, mujeres) y 30 mediante un sistema mayoritario (un 96,67 % de ellos, hombres; y un 3,33%, mujeres). En las elecciones a los consejos municipales (sakrebulo) de 2021, 1.404 concejales fueron elegidos mediante un sistema proporcional (un 68,59 % de ellos, hombres; y un 31,41 %, mujeres) y 664 mediante un sistema mayoritario (un 92,47 % de ellos, hombres; y un 7,53 %, mujeres).
66.Según datos de 2023 de la Oficina Nacional de Estadística de Georgia, la brecha salarial de género ascendía al 22,76 %, un indicador bastante elevado, pero cabe destacar que en los últimos años se ha observado una tendencia positiva en cuanto a la reducción de la brecha salarial de género: 37,50 % en 2018; 34,72 % en 2019; 30,80 % en 2020; 25,91 % en 2021; 25,12 % en 2022; y 22,76 % en 2023.
Respuesta al párrafo 10
67.Con el fin de paliar los daños derivados de la pandemia mundial, el Gobierno de Georgia elaboró un plan anticrisis que se aplicó en dos etapas y proporcionó diversas prestaciones y ayudas específicas a una parte importante de la población. Se proporcionaron ayudas a las familias vulnerables (con un índice de bienestar entre 65.001 y 100.001), a las familias con tres o más hijos de hasta 16 años con un índice igual o menor de 100.001 y a las personas con una discapacidad profunda o niños con discapacidad. Se concedieron prestaciones universales a todos los niños, y los estudiantes socialmente vulnerables matriculados en centros de enseñanza superior con un índice igual o menor de 150.001 recibieron una ayuda para los gastos de matrícula correspondientes a un semestre.
68.En el marco del plan anticrisis se proporcionó ayuda financiera directa a diversos grupos, como trabajadores por cuenta ajena, trabajadores por cuenta propia y poblaciones vulnerables. Los trabajadores por cuenta ajena que habían perdido su empleo o estaban de licencia sin sueldo recibieron 200 laris al mes durante seis meses, y los trabajadores por cuenta propia recibieron un pago único de 300 laris.
69.Fomentar el empleo y las políticas activas del mercado laboral es una prioridad fundamental para el Gobierno de Georgia. Desde 2015, estas políticas han prestado apoyo a los demandantes de empleo ofreciéndoles formación profesional de corta duración, pasantías, orientación profesional y servicios de intermediación, con especial atención a las personas con discapacidad. En marzo de 2022 se introdujo el Programa de Empleo Público para impulsar la inclusión económica de los grupos socialmente vulnerables. Este programa ofrece opciones como empleo público, empleo en el mercado laboral abierto, la conversión de empleos informales al sector formal y formación de corta duración. A finales de 2023, 39.999 demandantes de empleo socialmente vulnerables habían encontrado trabajo.
Respuesta al párrafo 11
70.La Estrategia Nacional de la Política de Trabajo y Empleo (2019-2023) se terminó de ejecutar a finales de 2023. A raíz de la aplicación de medidas estratégicas y programas de empleo entre 2021 y 2023, 32.311 demandantes de empleo se dieron de alta en el sistema de información sobre el mercado laboral (worknet.gov.ge), entre ellos 19.421 mujeres. Se organizaron sesiones individuales con 17.078 demandantes de empleo, entre ellos 11.342 mujeres. Además, en 2021, durante la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID‑19), más de 10.000 personas recibieron asesoramiento por teléfono. En el marco de los programas estatales se contrató a 32.356 demandantes de empleo, incluidas 16.939 mujeres.
Respuesta al párrafo 12
71.Con el fin de hacer frente al fenómeno de la economía sumergida de manera holística y a nivel de todo el Gobierno y abarcando las políticas fiscales, laborales, sociales y financieras, el Gobierno de Georgia se ha comprometido a tomar medidas para preparar un plan de política mediante el establecimiento de un grupo de trabajo interministerial específico y la elaboración de evaluaciones sectoriales y de riesgo.
72.El empleo informal predomina en la agricultura, que principalmente es de subsistencia o semisubsistencia. Aparte de la agricultura, en los demás sectores de la economía, el porcentaje de empleo informal asciende al 27,6 %; en el caso de las mujeres, al 21,7 %; y en el de los hombres, al 32,6 %; en las zonas rurales, al 32,7 %; y en las urbanas, al 25,4 %.
Respuesta al párrafo 13
73.Georgia ha establecido el Servicio de Inspección Laboral, que está plenamente operativo desde el 1 de enero de 2021. Desde su creación, se ha venido consolidando de manera continua la estructura institucional del Servicio, ampliando gradualmente su mandato, abriendo dos oficinas regionales, aumentando su presupuesto y el número de inspectores e impartiendo formación y cursos de reciclaje profesional a los inspectores de trabajo.
74.El Servicio de Inspección Laboral dispone de una línea directa (1575) y una dirección de correo electrónico (infolio@moh.gov.ge) a través de las cuales se pueden recibir y tramitar debidamente quejas y denuncias.
75.Entre 2021 y 2023, el Servicio de Inspección Laboral llevó a cabo más de 11.800 inspecciones iniciales y de seguimiento en más de 6.700 lugares de trabajo. Asimismo, se organizaron más de 200 reuniones informativas para sensibilizar a empleados y empleadores. La línea directa del Servicio (1575) recibió más de 18.000 llamadas y se atendieron más de 1.400 consultas por escrito.
76.El número de instalaciones inspeccionadas aumentó un 23 % con respecto a 2021, lo que permitió que, durante las inspecciones de seguimiento, se pudiera constatar que se habían subsanado totalmente las infracciones detectadas. Concretamente, el número de inspecciones relacionadas con los derechos laborales se quintuplicó y el número de lugares de trabajo inspeccionados se sextuplicó. Además, las solicitudes se triplicaron y las inspecciones no anunciadas realizadas sobre la base de una denuncia se multiplicaron por nueve.
Respuesta al párrafo 14
77.En todo el período sobre el que se informa no se registró ningún caso de discriminación salarial.
78.En el Código del Trabajo, así como en todos los instrumentos legislativos importantes de Georgia, incluida la Ley de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, se prohíben todas las formas de discriminación.
79.Las modificaciones introducidas recientemente en la legislación laboral han mejorado notablemente el marco jurídico de protección de los derechos laborales de los trabajadores georgianos. Estas modificaciones incluyen la adopción del principio de igual salario por trabajo igual, la definición de acoso en el lugar de trabajo (incluido el acoso sexual) como forma de discriminación y la mención específica de la prohibición de la discriminación en el empleo y en las relaciones precontractuales (entre otros contextos a la hora de publicar ofertas de empleo y durante el proceso de selección).
Respuesta al párrafo 15
80.La negociación colectiva está regulada por la legislación laboral georgiana, concretamente por el Código del Trabajo, que reconoce tanto a empleadores como a trabajadores el derecho a recurrir a un mecanismo de mediación en caso de conflicto laboral colectivo facilitado por mediadores laborales independientes, neutrales y cualificados.
81.Según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Sindicatos de Georgia, el Estado protege los derechos sindicales de conformidad con la legislación nacional, y las violaciones de estos derechos pueden ser impugnadas ante los tribunales.
82.Según la legislación de Georgia, los sindicatos, las federaciones o asociaciones de sindicatos, los comités sindicales y los miembros de sindicatos tienen derecho a exigir responsabilidades a los funcionarios o a presentar una denuncia ante un tribunal contra un funcionario que infrinja la Ley Orgánica de Sindicatos o algún otro instrumento jurídico o normativo relacionado con los sindicatos o que incumpla las obligaciones establecidas en convenios generales, sectoriales (de tarifas) o colectivos.
83.En la respuesta al párrafo 13 figura información sobre las medidas adoptadas para asegurar el funcionamiento del Servicio de Inspección Laboral y sobre el impacto de dichas medidas.
Respuesta al párrafo 16
84.El programa estatal de pensiones es el más importante del país en cuanto a beneficiarios y gastos. La introducción de la indexación de las pensiones públicas es un componente clave de la reforma del sistema de pensiones que garantiza la sostenibilidad fiscal de las personas mayores teniendo en cuenta parámetros económicos. Las cuantías de las pensiones públicas aumentan cada año gracias a la indexación. Actualmente, más de 848.000 personas perciben pensiones públicas, y del presupuesto estatal para 2024 se destinaron 3.900 millones de laris al pago de las pensiones. Cerca del 70 % de los pensionistas son mujeres. Véase el anexo 7.
85.En el sitio web www.ssa.moh.gov.ge se puede consultar información estadística detallada sobre los beneficiarios de pensiones, incluidos su distribución geográfica, edad y sexo.
86.En noviembre de 2024, el régimen de pensiones por capitalización tenía 1.385.877 afiliados (787.909 hombres y 597.968 mujeres).
Respuesta al párrafo 18
87.Georgia está aplicando el Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Trata de Personas (2023-2024), aprobado el 21 de diciembre de 2022 por el Consejo para la Lucha contra la Trata de Personas. Para redactar dicho plan, el Consejo para la Lucha contra la Trata de Personas tuvo en cuenta el informe de ejecución del anterior plan de acción nacional (correspondiente al período 2021-2022) y las recomendaciones del Defensor del Pueblo, las ONG y las organizaciones internacionales pertinentes (el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa, la UE, las Naciones Unidas y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), así como las recomendaciones formuladas a Georgia por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América en el marco de sus informes sobre la trata de personas.
88.Para la realización de las actividades previstas en el plan de acción nacional para el período 2023-2024 se han utilizado tanto recursos administrativos —el presupuesto estatal— como el apoyo aportado por donantes internacionales y ONG. Los planes de acción nacionales de lucha contra la trata de personas se basan en cuatro pilares: prevención, protección, enjuiciamiento y colaboración. La secretaría del Consejo Interinstitucional lleva una labor continua (cada seis meses) de monitoreo de la ejecución de planes de acción nacionales y elabora informes sobre los progresos realizados.
89.En lo que se refiere a los resultados preliminares del plan de acción nacional para el período 2023-2024, la mayoría de las 50 actividades ya se han ejecutado y el resto se está ejecutando o está previsto que se ejecute antes de que termine el año 2024. El informe final, que abarcará los dos años del período de ejecución, se publicará en la web oficial del Ministerio de Justicia de Georgia. El nuevo plan de acción se aprobará a finales de 2024 y abarcará los dos próximos años: 2025 y 2026.
90.Con el fin de proteger a los niños que viven o trabajan en la calle de todo tipo de violencia, incluida la trata de personas, el Consejo para la Lucha contra la Trata de Personas elaboró un proyecto unificado de estrategia estatal para 2025-2030. Esta estrategia se promulgará próximamente.
91.Combatir la violencia de género contra la mujer y la violencia doméstica sigue siendo una de las principales prioridades de la Fiscalía, la cual está consagrada en su estrategia para el período 2022-2027. En consonancia con esa prioridad estratégica, la Fiscalía tiene una estricta política penal en lo que respecta a la violencia de género y la violencia doméstica. Por ejemplo, en esos casos no se puede aplicar el principio de oportunidad ni se puede llegar a un acuerdo de conformidad.
92.Combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica sigue siendo una prioridad para el Ministerio del Interior, que adopta las medidas necesarias para prevenir este tipo de delitos y darles una respuesta eficaz. En mayo de 2023 se actualizaron el sistema de vigilancia electrónica (por brazalete electrónico) y las órdenes de alejamiento dictadas por el Ministerio del Interior. Concretamente, gracias a la actualización de la herramienta de evaluación de los riesgos, se han cambiado los requisitos para la imposición de la vigilancia electrónica, lo que permite que más víctimas tengan acceso a este mecanismo de prevención de la violencia. Tras la introducción del formulario actualizado de la herramienta de evaluación de los riesgos, las estadísticas relativas a la imposición de la vigilancia electrónica prácticamente se cuadruplicaron: entre el 1 de mayo de 2023 y el 2 de octubre de 2024, se tomó la decisión de imponer la vigilancia electrónica al agresor con el consentimiento de la víctima en 170 casos, mientras que entre 2020 y mayo de 2023 se había impuesto en 44 casos.
93.En 2023, el Ministerio del Interior introdujo un nuevo método de producción de datos estadísticos según el cual el Ministerio publica trimestralmente las estadísticas de los delitos registrados, así como datos estadísticos sobre las órdenes de alejamiento dictadas en casos de violencia doméstica y violencia contra las mujeres. Esa información es pública y se puede consultar en https://info.police.ge/page?id=102.
94.En 2022, los enjuiciamientos por casos de discriminación de género, incluidos casos interseccionales, aumentaron un 46 % en comparación con 2021 y un 128,9 % en comparación con el período 2016-2020. En 2023, los esfuerzos de la Fiscalía tuvieron como resultado un aumento de los enjuiciamientos por delitos de intolerancia por motivos de género (un 9,3 % más que el año anterior). En el anexo 4 figuran estadísticas sobre los enjuiciamientos por discriminación de género y las víctimas de dichos delitos.
95.En 2024, la Fiscalía publicó una nueva directriz sobre la eliminación de las deficiencias detectadas en la investigación de casos de feminicidio para los fiscales y los investigadores de la Fiscalía que incluía la terminología que se debía emplear, enfoques con perspectiva de género y mejores prácticas.
96.La sólida política penal de la Fiscalía para combatir los delitos domésticos se ha traducido en un elevado número de enjuiciamientos penales. En el anexo 5 figuran estadísticas a este respecto.
97.En marzo de 2022, gracias a la importante participación de la Fiscalía, abrió sus puertas en Tiflis el Centro de Servicios Psicológicos y Sociales para Niños Víctimas de la Violencia, que depende del Organismo de Atención Estatal y está basado en el modelo barnahus. El objetivo del Centro es evitar la victimización secundaria de los niños víctimas de abusos sexuales durante las investigaciones y, al mismo tiempo, contribuir a su rehabilitación psicológica y social en un entorno favorable a los niños. El Centro, que está diseñado teniendo en cuenta el interés superior del niño, es un proyecto piloto cuyo funcionamiento se basa en el “principio de ventanilla única” (modelo barnahus) y atiende a niños víctimas de violencia sexual. El Centro vela por que todas las actuaciones de instrucción y procesales en las que intervengan niños víctimas se lleven a cabo en un entorno favorable a los niños. Eso incluye que un psicólogo realice una evaluación psicológica inicial para planificar las actuaciones de manera que se dé prioridad al bienestar del niño. Además, se facilita la participación a distancia de los menores en los procedimientos judiciales para reducir el estrés que eso pueda conllevar y contribuir a su rehabilitación psicosocial.
98.La Fiscalía tiene asimismo una estricta política penal en lo que respecta a los matrimonios forzados. Desde octubre de 2020, los fiscales no aplican la remisión como alternativa al enjuiciamiento penal en esos casos. En el anexo 5 figuran estadísticas sobre el enjuiciamiento de casos de matrimonio forzado, rapto de la novia y delitos cometidos en el contexto del matrimonio infantil, así como el número de víctimas de esos delitos.
99.Con el fin de erradicar el fenómeno del matrimonio infantil y sensibilizar a la opinión pública sobre ese delito, el Ministerio del Interior participa anualmente en la campaña informativa “No les priven de la infancia”. El objetivo de esas concentraciones es dar a conocer mejor las consecuencias perjudiciales del matrimonio infantil, la normativa legal vigente y las medidas que adopta el Ministerio del Interior para erradicar el matrimonio infantil. Además, se enviaron más de 4 millones de mensajes de texto a más de 2 millones de usuarios sobre el carácter delictivo del matrimonio infantil y cómo ponerse en contacto con la policía para denunciar ese tipo de casos.
100.Los trabajadores sociales desempeñan un papel crucial en la lucha contra el matrimonio infantil y precoz, un fenómeno que a menudo lleva aparejadas violencia doméstica y violaciones de derechos. En 2024 se aprobó una guía práctica para trabajadores sociales sobre la gestión del matrimonio infantil y precoz que abarca las causas y consecuencias de estos matrimonios, la importancia de la implicación de los trabajadores sociales, las garantías jurídicas, las estrategias de comunicación, la prevención, la evaluación de los riesgos y la implicación de la familia. Ya se ha empezado a formar a profesionales utilizando esa guía.
101.La desinstitucionalización de los niños internados en instituciones infantiles de gran tamaño y el desarrollo de formas alternativas de cuidado han sido una orientación prioritaria del Estado durante años. A finales de 2021 se cerró el orfanato para niños con discapacidad de Kojori, y los menores fueron trasladados a pequeños hogares de acogida de tipo familiar. En 2022 concluyó la desinstitucionalización de todos los niños internados en el orfanato, y se crearon a tal efecto tres pequeños hogares de acogida de tipo familiar para alojar a los menores. En estos momentos, ninguna de las grandes instituciones que dependen del Organismo de Atención Estatal está en funcionamiento.
102.El acogimiento familiar, en cuanto que forma preferente de cuidado, desempeña un papel crucial para proporcionar a los niños un entorno similar al familiar. Los trabajadores sociales efectúan visitas mensuales a las familias de acogida para evaluar la situación de los niños, incluidos los riesgos de que puedan ser objeto de malos tratos o negligencia en el seno de la familia de acogida.
Respuesta al párrafo 19
103.La Estrategia Nacional de Protección de los Derechos Humanos (2022-2030) es un instrumento que, por su carácter general, no aborda específicamente el grado de satisfacción de la población con la vivienda a nivel operativo. No obstante, el Plan de Acción de Derechos Humanos (2024-2026), que se deriva de esa estrategia y se basa en ella, prevé medidas concretas para mejorar el grado de satisfacción con la vivienda. En él se establecen iniciativas para facilitar una vivienda a familias sin hogar y socialmente vulnerables con tres o más hijos menores de 18 años a cargo. Además, se prevé la adquisición de nuevas propiedades residenciales para reubicar a personas que han migrado por motivos ambientales y familias desplazadas.
104.Georgia se enfrenta a una de las mayores tasas per cápita de desplazados internos del mundo debido a la ocupación ilegal del 20 % de su territorio por la Federación de Rusia. El Gobierno ha puesto en marcha varios programas estatales para hacer frente a los problemas de vivienda de las familias de desplazados internos, como proyectos de construcción a gran escala, la compra de apartamentos en edificios nuevos y a propietarios privados, la construcción de casas en terrenos que son propiedad de los desplazados internos, un programa de alojamiento para desplazados internos veteranos y la privatización de zonas de propiedad estatal habitadas por desplazados internos durante un período prolongado.
105.Las viviendas adquiridas en el marco de estos programas se transfieren a todos los miembros de las familias de desplazados internos en régimen de copropiedad privada. En estos programas también se tienen en cuenta las necesidades de vivienda de las personas con discapacidad. Además de garantizar una solución duradera en materia de vivienda, las familias de desplazados internos reciben una ayuda económica anual para costearse un alojamiento temporal.
106.Además de las medidas encaminadas a facilitar una vivienda a los desplazados internos, el Gobierno ha puesto en marcha un nuevo programa para familias sin hogar con tres o más hijos a cargo. Este programa tiene como objetivo proporcionar una vivienda a unas 1.000 familias entre 2024 y 2025.
107.Con el fin de mejorar la política de vivienda y crear viviendas seguras y asequibles en los municipios, se han empezado a aplicar varios programas y subprogramas sociales. Estos programas ayudan a personas sin hogar, familias numerosas, familias que se han quedado sin hogar a causa de desastres naturales, víctimas de la violencia y personas afectadas por incendios, terremotos y otras situaciones de emergencia. Ofrecen alojamiento temporal y/o ayudas para el alquiler a las familias afectadas por accidentes, a los propietarios de viviendas de emergencia y a aquellas personas cuya vida corre peligro por las precarias condiciones en las que viven.
108.Los municipios, en función de su capacidad y sus necesidades, ofrecen viviendas sociales y/o viviendas de propiedad municipal a las personas que cumplan los criterios establecidos. Con el fin de reducir el número de ciudadanos sin hogar, algunos municipios han introducido programas de construcción y/o compra de viviendas individuales para familias socialmente vulnerables y sin hogar que viven en su territorio.
109.Para hacer efectivo el derecho a una vivienda adecuada, el Ayuntamiento de Tiflis gestiona un proyecto que inscribe a las personas y familias sin hogar en un registro y les proporciona alojamiento. Guiado por la resolución N25-28 del Consejo Municipal de Tiflis, de 19 de mayo de 2023, el Ayuntamiento establece unos criterios y unos procedimientos para la inscripción en el registro y la asignación de viviendas. También existen otras iniciativas como un subprograma para quienes necesitan cuidados paliativos o tienen problemas de alcoholismo. Se conceden ayudas para el alquiler a los residentes de viviendas destruidas o inhabitables y a los ciudadanos que se han quedado sin hogar debido a las condiciones socioeconómicas. Asimismo, se renuevan los edificios inseguros y se regularizan apartamentos para ocupantes de larga duración indocumentados. Con el fin de mejorar el acceso de los grupos vulnerables a la vivienda, el Ayuntamiento de Tiflis construyó viviendas sociales en Varketili (53 apartamentos), Didi Digomi (24) y Orjevi (75). En el distrito de Lilo, un refugio con capacidad para 240 personas proporciona a los residentes comidas, atención médica y artículos de primera necesidad. Desde 2022 se han comprado 117 apartamentos más para familias sin hogar consideradas vulnerables.
Respuesta al párrafo 20
110.Las familias tienen acceso a programas de apoyo, como guarderías y servicios del subprograma para casos de emergencia dirigidos a familias en crisis, que las derivan a los servicios municipales pertinentes en función de sus necesidades.
111.Los servicios de subprograma para casos de emergencia dirigidos a familias en crisis tienen como objetivo ayudar a las familias empobrecidas con hijos a satisfacer sus necesidades básicas entregándoles cupones para alimentos, entre los que se incluyen alimentos para personas con fenilcetonuria o celiaquía. En 2022, 6.382 familias se beneficiaron de algún servicio en el marco de este programa, cifra que disminuyó a 4.182 familias beneficiarias en 2023.
112.Además, Georgia gestiona 24 centros de acogida para madres y sus hijos en los que se les proporcionan un entorno seguro y educación profesional e informal, acceso a servicios sanitarios y apoyo psicológico y se atienden sus necesidades básicas.
113.Los niños menores de 16 años procedentes de hogares socialmente vulnerables con un índice de bienestar inferior a 120.001 tienen derecho a la prestación por hijo a cargo, que actualmente asciende a 200 laris y va aumentando gradualmente. Véase el anexo 8.
Respuesta al párrafo 21
114.Con el fin de lograr la cobertura universal de los servicios médicos, se ha ido incrementando gradualmente el gasto público destinado a sanidad, el cual se ha quintuplicado desde 2012. Gracias a ello, el programa de asistencia sanitaria universal cubre ahora al 95 % de la población. Desde su creación, el programa ha financiado más de 11 millones de intervenciones médicas para 3 millones de ciudadanos, por un total que supera los 7.000 millones de laris. Solo en 2023 se financiaron diversos servicios médicos para un total de 1.158.000 personas, por un valor de 1.000 millones de laris.
115.El aumento de la financiación pública y la planificación eficaz de los servicios han reducido considerablemente los obstáculos financieros al acceso a la asistencia sanitaria. Los pagos directos de la población disminuyeron del 73,4 % en 2012 al 41 % en 2022. El presupuesto de 2024 para sanidad se ha establecido en 1.607.335.000 laris, lo que mejora aún más la financiación de las necesidades médicas.
116.La introducción de la metodología de grupos relacionados por el diagnóstico para el reembolso de los servicios médicos ha constituido una reforma clave que optimiza la asignación presupuestaria del programa, garantiza la protección financiera de los pacientes y aumenta la transparencia del sistema. Así lo confirma el hecho de que, tras la implantación de dicho modelo, los copagos de los pacientes por servicios médicos disminuyeron de media del 27 % al 10 %.
117.Para aliviar la carga financiera que suponen los copagos para la población, en abril de 2023 el programa de asistencia sanitaria universal estableció unos límites máximos de copago de los servicios de hospital. Por ejemplo, para los jubilados el copago máximo asciende a 500 laris; y para los niños de 0 a 5 años, los niños con discapacidad, las personas con discapacidad grave y los estudiantes, a 1.000 laris. Para los demás usuarios, el máximo está fijado en 1.500 laris. Por lo tanto, las clínicas ya no pueden cobrar cargos adicionales.
118.Garantizar el acceso universal a los servicios médicos para pacientes con cáncer es una prioridad para Georgia. Para ello, se ha aumentado de 12.000 a 25.000 laris el límite fijado para las terapias contra el cáncer y se ha eliminado el copago en esos casos. Además, servicios como la quimioterapia, la hormonoterapia, la radioterapia y la cirugía oncológica están subvencionados íntegramente para todos los ciudadanos.
119.Cabe hacer mención especial de un programa en curso que hace posible que algunos niños diagnosticados con cáncer reciban tratamiento en el extranjero, programa que financia unos servicios de alta calidad y alta tecnología para niños en centros médicos asociados de España, Israel y Türkiye. Desde que se puso en marcha el programa, el 1 de agosto de 2024, se han financiado servicios por valor de más de 778.000 laris para 20 pacientes.
120.El programa de ayuda a la derivación también ha desempeñado un papel crucial, ya que ha financiado 28.000 casos desde el 1 de enero de 2023, con más de 58 millones de laris asignados, incluidas ayudas a pacientes que residen en los territorios ocupados por la Federación de Rusia por un valor de más de 3 millones de laris.
121.Georgia está ejecutando 23 programas estatales para destinatarios específicos cuyo presupuesto combinado asciende a 592 millones de laris y con los que se financian tratamientos esenciales para la población como los de la diabetes, la tuberculosis y la hepatitis C, entre otros.
122.En el marco del programa estatal para la gestión de los casos de diabetes, ya están disponibles los últimos sistemas de monitorización continua de glucosa para pacientes menores de 18 años. Además, el programa financia los teléfonos inteligentes necesarios para utilizar todas las funciones de dichos sistemas de monitorización, y se han destinado más de 4 millones de laris en compras de equipos que se proporcionan gratuitamente a los niños con diabetes.
123.El programa estatal de trasplante de órganos, que abarca los trasplantes de hígado y médula ósea —tanto en el país como en el extranjero—, se puso en marcha en 2022 y sigue funcionando a pleno rendimiento. En 2023, el programa financió 34 operaciones de trasplante de médula ósea y 2 de hígado.
124.Reconociendo que los costos de los medicamentos constituyen una parte considerable de los gastos en sanidad, Georgia puso en marcha una iniciativa histórica de regulación de los precios de los medicamentos en 2023. La fijación de precios de referencia para más de 3.200 medicamentos para enfermedades crónicas y oncológicas tuvo un impacto indudablemente positivo, ya que permitió reducir los costos para la población y fomentar la competencia en el sector farmacéutico. Gracias a eso se pudieron adquirir medicamentos a precios equivalentes al 45 % del precio anterior. Según la Oficina Nacional de Estadística, en 2024 los costos de la sanidad disminuirán un 7,3 % respecto a 2023, incluidos los de los productos y dispositivos médicos.
125.Los salarios del personal sanitario no han dejado de aumentar desde 2023. La financiación adicional con cargo al presupuesto ascendió a 3.424.800 laris, lo que permitió que los médicos rurales ganaran un salario mensual de 1.162 laris al mes y el personal de enfermería, un salario mensual de 918 laris. También se aprobaron complementos salariales mensuales para 1.037 médicos y enfermeros de regiones montañosas.
Respuesta al párrafo 22
126.Georgia promueve activamente que se apliquen debidamente los tratados internacionales destinados a eliminar el consumo y el tráfico de drogas ilícitas. La política nacional a este respecto se centra en la persona y tiene base empírica (el Observatorio Nacional de las Drogas sigue constituyendo la principal garantía institucional de la política en materia de drogas con base empírica en el país). El órgano central en este ámbito es el Consejo Interinstitucional de Coordinación de la Lucha contra el Uso Indebido de Drogas, que está presidido por el Ministro de Justicia de Georgia y tiene el mandato de elaborar enfoques y documentos estratégicos y normativos.
127.El último documento estratégico que ha elaborado y aprobado el Consejo es la segunda Estrategia Nacional sobre las Drogas (2023-2030) y su plan de acción conexo para el período 2023-2024. Estos documentos están en consonancia con las dimensiones estratégicas de la UE y responden a las prioridades de las obligaciones internacionales. Además, se ha empezado a ejecutar la Estrategia de Lucha contra el Uso Indebido de Drogas (2021-2026), y se está elaborando el plan de acción conexo para el período 2025-2026.
128.Asimismo, desde 2022, el Consejo y el Observatorio Nacional de las Drogas han estado trabajando activamente en la implementación de un sistema nacional de alerta temprana sobre nuevas sustancias psicoactivas. El objetivo del sistema es facilitar a tiempo información precisa y detallada sobre nuevas sustancias psicoactivas a las autoridades competentes para minimizar las amenazas derivadas del consumo de drogas y luchar contra las nuevas sustancias psicoactivas.
129.El programa estatal para el tratamiento de las drogodependencias prevé: 1) la desintoxicación en régimen de hospitalización y la rehabilitación primaria de los trastornos mentales y del comportamiento aparejados a los opiáceos, estimulantes y otras sustancias psicoactivas; 2) una terapia de sustitución, incluida rehabilitación psicosocial; y 3) servicios en régimen de hospitalización para trastornos mentales y del comportamiento relacionados con el alcohol. En el marco del programa de asistencia sanitaria universal del país, que cubre al 95 % de la población, las personas drogodependientes tienen pleno acceso a servicios sanitarios de urgencia.
130.La Estrategia de Salud Mental (2022-2030) de Georgia, aprobada en 2022, tiene por objeto reducir la carga de la enfermedad y la discapacidad para las personas con problemas de salud mental. En ella se establecen siete prioridades: 1) contribuir a mejorar la salud mental de los niños, los adolescentes y sus familias; 2) proteger los derechos de las personas con problemas de salud mental y reducir la estigmatización; 3) prestar servicios de salud mental de proximidad y de calidad; 4) integrar el tratamiento de las drogodependencias en el sistema de salud mental; 5) desarrollar recursos humanos en el sistema de salud mental; 6) regular y gestionar el sistema de salud mental; y 7) proporcionar recursos financieros.
131.Hasta la fecha se ha ejecutado la mitad de las actividades previstas en el plan de acción correspondiente al período 2022-2024 para la ejecución de la Estrategia de Salud Mental.
Respuesta al párrafo 23
132.En el marco del programa estatal de salud maternoinfantil, desde 2017 se ofrece el tratamiento de la sífilis congénita. En noviembre de 2021 se aprobó el plan de acción para mejorar la salud de las madres y los recién nacidos para 2021-2023. Como parte del programa estatal de prevención de la infección por el VIH, en 2003 se comenzó a ofrecer tratamiento contra la infección congénita por el VIH. Se ha elaborado un proyecto de estrategia para prevenir la transmisión congénita de enfermedades de transmisión sexual. Además, el Estado garantiza la prevención de 13 enfermedades en conformidad con el calendario nacional de vacunación.
133.En el plan nacional de estudios de Georgia se incluyen cuestiones relacionadas con la igualdad de género y la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Los contenidos de las asignaturas La Sociedad y Yo, Biología y Educación Cívica se revisaron con arreglo a las directrices técnicas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Por lo tanto, la enseñanza del espacio personal y de cuestiones relacionadas con la seguridad personal, el acoso y el ciberacoso comienza ya en el tercer grado con la asignatura La Sociedad y Yo. El tema del matrimonio precoz e infantil y los riesgos conexos y los retos relacionados con la edad de transición se enseñan a los alumnos de los grados octavo y noveno en la asignatura de Biología. Además, en esos mismos grados, en la asignatura de Educación Cívica se enseña que el matrimonio precoz o infantil constituye la base y el motivo de una posible violación de los derechos humanos que limita la educación, el empleo y, por ende, la independencia personal y económica.
134.Además de las asignaturas obligatorias, en el curso 2021/22, el Ministerio puso en marcha un proyecto piloto titulado “La hora del médico” en todos los grados de la educación primaria. “La hora del médico” aborda los siguientes temas con los alumnos de los grados primero a sexto: igualdad de género, estereotipos de género, solución de conflictos, sentimientos y emociones, estilo de vida saludable, nutrición sana, higiene, elementos de salud reproductiva, ciberacoso, violencia, violencia sexual (cómo identificarla), espacio personal e información personal.
135.En la Orden del Ministro de Desplazados Internos de los Territorios Ocupados, Salud, Trabajo y Asuntos Sociales, de 7 de octubre de 2014, por la que se aprueban los Procedimientos para la Interrupción Voluntaria del Embarazo, se define el procedimiento de consulta y entrevista previa al aborto, que sirve para informar plenamente a las pacientes sobre las posibles complicaciones derivadas del aborto. En esa misma orden se prohíbe el aborto selectivo en función del sexo: “Queda prohibida la interrupción voluntaria del embarazo con fines de selección del sexo, salvo en los casos en que sea necesaria para evitar una enfermedad hereditaria ligada al sexo”.
136.En las regiones georgianas de Abjasia y Tsjinvali se están cometiendo graves violaciones de los derechos humanos debido a la ocupación ilegal por parte de la Federación de Rusia, como han confirmado en sus decisiones numerosos tribunales internacionales (el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional). Las personas que viven en las regiones ocupadas se ven privadas de derechos y libertades fundamentales como el derecho a la vida, la libertad de circulación, el derecho a la propiedad y el derecho a la educación en la lengua materna, entre otros. La Federación de Rusia y sus regímenes de ocupación están creando barreras físicas mediante la erección de alambradas de espino y barreras artificiales a lo largo de la línea de ocupación, así como mediante el cierre prolongado y arbitrario de la línea de ocupación y otros impedimentos que restringen el acceso de las personas a los servicios sanitarios y de emergencia, entre otros. Decenas de personas han muerto porque no se les permitió someterse a tratamientos de urgencia en el territorio controlado por el Gobierno de Georgia o se les impusieron demoras para recibir dichos tratamientos.
137.Georgia defiende una política integral de solución pacífica de conflictos basada en dos pilares principales: la desocupación de los territorios georgianos y la reconciliación y el diálogo entre las sociedades divididas por la línea de ocupación.
138.En el marco de la política de reconciliación y diálogo, Georgia facilita el fomento de la confianza y los contactos interpersonales, y aplica programas destinados a mejorar las condiciones humanitarias y socioeconómicas de la población de los territorios ocupados.
139.En ese sentido, en 2023 el Gobierno de Georgia, en el marco del Programa Estatal de Remisión Médica, ofreció servicios médicos gratuitos de calidad a los residentes de las regiones ocupadas en instituciones médicas ubicadas en el territorio controlado por el Gobierno de Georgia a un total de 1.453 pacientes (1.160 de la región de Abjasia y 293 de la región de Tsjinvali). En el primer trimestre de 2024, otros 399 pacientes recibieron tratamiento (318 de la región de Abjasia y 81 de la región de Tsjinvali).
140.En 2023 se introdujeron diversas modificaciones normativas que permitieron a los residentes de las regiones ocupadas beneficiarse de tratamientos gratuitos en el marco no solo del Programa Estatal de Remisión Médica, sino de todos los programas de asistencia sanitaria estatales, simplemente mediante un registro simplificado en línea y la recepción de un número personal neutral respecto al estatuto introducido en 2019 en el contexto de la iniciativa de paz “Un paso hacia un futuro mejor”.
141.Además, en 2023, el Gobierno de Georgia siguió proporcionando a la región de Abjasia equipos médicos esenciales, diversos productos de inmunización y vacunas contra la gripe y productos farmacéuticos para el tratamiento de la diabetes, la tuberculosis y el VIH/sida por un valor aproximado de 1,5 millones de laris a través del Mecanismo de Enlace Neutral respecto al Estatuto, que desempeña su actividad en el marco del Plan de Acción para el Diálogo aprobado por el Gobierno de Georgia.
142.En 2023, el gasto total en sanidad del Gobierno de Georgia en relación con las regiones ocupadas superó los 7 millones de laris.
Respuesta al párrafo 24
143.En 2020 se introdujeron modificaciones en la Ley de Educación General en las que se reconocía la educación a distancia como una forma de enseñanza.
144.En 2020, el Ministerio de Educación y Ciencia pasó inmediatamente a la modalidad de enseñanza a distancia, ofreciendo a los centros escolares diversas plataformas de enseñanza a distancia, como Microsoft Teams y Feedc Edu, y aulas virtuales para todos los grados y asignaturas de los centros públicos. Se crearon más de 580.000 perfiles de usuario de Microsoft Office 365 para profesores y alumnos, se creó un complejo banco de tareas digital que se publicó en el portal el.ge y se organizaron seminarios web para profesores, un equipo multidisciplinario, psicólogos y una escuela especial. Los profesores ofrecieron servicios de orientación a los padres.
145.En marzo de 2020 se puso en marcha un importante proyecto conjunto entre la radiotelevisión pública y el Ministerio de Educación y Ciencia titulado “Teleskola” (Escuela a distancia). En el marco de ese proyecto, unos docentes con amplia experiencia grabaron clases en todas las asignaturas previstas por el plan nacional de estudios para luego emitirlas por televisión.
146.Además, se creó un conjunto separado de lecciones para el alumnado de minorías étnicas (armenia y azerí), y todas las lecciones para el alumnado con problemas de audición se adaptaron en lengua de señas.
147.Los exámenes nacionales unificados de 2020 se organizaron sin incidentes en coordinación con otros organismos, protegiendo plenamente la salud y la seguridad de cada participante.
148.Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, las instituciones de educación superior empezaron a organizar el proceso de educación a distancia, salvo en el caso de los componentes prácticos, clínicos o de laboratorio de los programas educativos de medicina.
149.El Ministerio de Educación y Ciencia facilitó a las universidades diversas aplicaciones de educación a distancia y plataformas en línea. Los planes de estudios y el sistema de evaluación se modificaron para adaptarlos al formato de aprendizaje electrónico.
150.Se aconsejó a las universidades que aplicaran una política de exención del pago de los derechos de matrícula, se aplazó su pago o se ofrecieron plazos flexibles adaptados a cada caso particular.
Respuesta al párrafo 25
151.Debido a la ocupación ilegal y presencia militar continuas de la Federación de Rusia en las regiones georgianas de Abjasia y Tsjinvali y a los efectos destructivos de sus actividades cotidianas, los jóvenes afectados por el conflicto no tienen acceso a medios para satisfacer sus necesidades más básicas, como la educación en su lengua materna. La lengua georgiana ha sido completamente erradicada como lengua de enseñanza en ambas regiones ocupadas, lo que restringe cada año el acceso de más de 4.000 alumnos escolares y 600 niños de guardería a la educación en su lengua materna en ambas regiones ocupadas. Se prohíbe terminantemente a los alumnos escolares utilizar libros y cuadernos que contengan una bandera de Georgia. Los niños de esos establecimientos son víctimas de la propaganda rusa y sus regímenes de ocupación. Se los expone a relatos históricos falsos y se los obliga a participar en actos y celebraciones con fines puramente propagandísticos y, si se niegan, se enfrentan a castigos. Debido al cierre prolongado y artificial de la línea de ocupación, los jóvenes georgianos que viven en la región ocupada no pueden estudiar en el territorio controlado por el Gobierno de Georgia.
152.A pesar de las actividades destructivas y de las diversas barreras artificiales creadas por la Federación de Rusia y sus regímenes de ocupación, el Gobierno de Georgia está haciendo todo lo posible para ofrecer a los jóvenes que viven en las regiones ocupadas de Georgia diversas oportunidades educativas y servicios privilegiados en el marco de la política de reconciliación y diálogo del Gobierno de Georgia, entre otros medios a través de la iniciativa de paz “Un paso hacia un futuro mejor: mejorar las oportunidades educativas para los residentes de Abjasia y la región de Tsjinvali/Osetia del Sur”.
153.En 2023, 235 estudiantes de las regiones ocupadas fueron admitidos en instituciones de educación superior georgianas sin necesidad de someterse a un examen. Asimismo, cuatro estudiantes de la región de Tsjinvali se matricularon a través del “Programa 1+4”, que permite un acceso simplificado mediante un examen (en lugar de cuatro) en su lengua materna (abjasio/osetio); otros seis estudiantes optaron por matricularse a través de los exámenes nacionales unificados (245 estudiantes en total).
154.Además, el Programa de Preparación para la Educación Postsecundaria, que se puso en marcha en 2019 como proyecto piloto en el marco de la iniciativa de paz y luego se suspendió temporalmente debido a la pandemia de COVID-19, pasó a estar plenamente operativo para el curso 2024/25, ofreciendo oportunidades adicionales de formación basadas en las necesidades durante ese curso en diversas asignaturas a jóvenes de las regiones ocupadas, así como becas y alojamiento. Ese programa tiene como objetivo compensar la baja calidad de la educación que reciben los jóvenes en estas regiones y facilitar que continúen sus estudios en centros de enseñanza superior y profesional en otras partes del país.
Respuesta al párrafo 26
155.Con el fin de ejecutar la Estrategia de Cultura (2025), el Ministerio de Cultura de Georgia aprobó un plan de acción conexo para el período 2017-2018. Desde 2018, debido a los diversos cambios que se han producido en la situación del Ministerio y el organigrama gubernamental, las actividades de la Estrategia de Cultura (2025) pasaron a quedar integradas en otros instrumentos estratégicos estatales como la Estrategia Estatal de Igualdad e Integración Cívicas, el plan de acción conexo y la Visión 2030 del Gobierno. Estos cambios no han obstaculizado el desarrollo de actividades destinadas a mejorar el acceso a la cultura de distintos miembros de la sociedad y grupos vulnerables como las minorías, las mujeres, los desplazados internos, los niños o las personas con discapacidad.
156.Para fomentar la diversidad cultural y la expresión personal, el Ministerio de Cultura y Deporte de Georgia financia más de 80 entidades culturales (teatros, museos, escuelas de arte y universidades), entre ellas 3 teatros y 3 museos que son propiedad de representantes de minorías étnicas. La asignación de fondos para todas estas entidades jurídicas de derecho público se garantiza automáticamente cada año. En el anexo 6 figura información sobre la financiación de organizaciones que representan a las minorías entre 2017 y 2022.
157.De conformidad con el artículo 16 g) y m) de la Ley de Radiodifusión de Georgia, el Organismo de Radiodifusión Pública debe reflejar la diversidad cultural —incluida la lingüística— de la sociedad en sus programas y emitir un porcentaje determinado de programas en los idiomas de las minorías, sobre grupos minoritarios y elaborados por las propias minorías.
158.En 2019, el Ministerio introdujo un nuevo modelo de financiación en el ámbito cultural, en el que se promueven diversas actividades culturales y creativas en diferentes esferas temáticas y sectoriales a través de concursos. A la hora de evaluar a los candidatos que se presentan a los concursos, el Ministerio da prioridad a los proyectos que tienen en cuenta las necesidades de los grupos sociales vulnerables.
159.Entre 2019 y 2022, la financiación del subprograma denominado “Acceso a la cultura y diversidad cultural” fue la siguiente:
|
Subprograma |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Acceso a la cultura y diversidad cultural |
1 047 363 laris |
765 753 laris |
1 060 000 laris |
1 027 552 laris |
160.El Gobierno de Georgia sigue ejecutando diversas actividades previstas en el plan de ejecución de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la Banda Ancha (2020-2025). Estas actividades están diseñadas para hacer frente a la desigualdad digital y fomentar la economía digital en Georgia.
161.Con el fin de ejecutar la Estrategia Nacional de Desarrollo de la Banda Ancha, el Gobierno de Georgia puso en marcha un proyecto titulado “Log-in Georgia”, que tiene tres componentes: 1) mejorar el acceso a Internet de banda ancha asequible; 2) fomentar el uso de servicios digitales de banda ancha; y 3) apoyar la ejecución del proyecto.
162.En el marco del proyecto “Log-in Georgia”, que apoya la instalación y activación de redes de fibra óptica, ya se han construido hasta 1.050 km de la red de milla intermedia. El volumen de proyectos construidos y en curso asciende a un total de 2.400 km.
163.El programa estatal facilitará el aumento de la cobertura de los servicios de Internet de banda ancha de alta velocidad en los núcleos rurales de Georgia denominados “zonas blancas”, en los que la población es igual o superior a 200 habitantes y las operadoras no tienen previsto construir infraestructuras de banda ancha en los próximos 3 años.
164.El 14 de junio de 2023, el Parlamento de Georgia aprobó la Ley de Protección de Datos Personales. En ella se establecen normas de protección de datos personales que gozan de reconocimiento internacional, lo que supone un paso importante hacia la armonización con la legislación europea. Asimismo, se define la independencia institucional del Servicio de Protección de Datos Personales de Georgia en cuanto que autoridad estatal y se introducen varias instituciones nuevas, así como innovaciones legislativas.
165.Para gestionar eficazmente la aplicación de la nueva ley, el Servicio de Protección de Datos Personales ha elaborado una estrategia y un plan de acción destinados a facilitar el cumplimiento de la nueva ley por parte de los responsables de los datos y de los encargados de su tratamiento. El 1 de marzo de 2024, el Servicio promulgó diversas normativas sobre violaciones de datos, exenciones a la designación de un responsable de protección de datos, evaluaciones del impacto de la protección de datos y el registro de representantes especiales.
166.El proyecto titulado “Fortalecimiento de la libertad de los medios de comunicación, la gobernanza de Internet y la protección de datos personales” ha permitido lograr varios hitos. Las modificaciones introducidas en 2022 a la Ley de Radiodifusión, que se volvió a revisar en 2023, adaptaron la legislación georgiana a las normas del Consejo de Europa y a la Directiva de servicios de comunicación audiovisual de la UE. La nueva Ley de Protección de Datos Personales, de 2023, supuso un avance significativo. En 2020, la Comisión de Comunicaciones aprobó una normativa sobre los contenidos en línea perjudiciales para los niños que obliga a marcar los contenidos en función de la edad mínima para su consumo. Asimismo, implementó una metodología para hacer un seguimiento de los medios de comunicación durante las elecciones parlamentarias de 2020 y municipales de 2021. También se preparó el estudio del Consejo de Europa en el que se revisaba el marco de Georgia sobre la protección de los periodistas. En 2023, la Carta Georgiana de Deontología Periodística, un órgano de autorregulación, puso en marcha una estrategia institucional de reforma por un período de dos años para mejorar la rendición de cuentas de los medios de comunicación. El Consejo de Europa prestó apoyo al Foro para la Gobernanza de Internet de Georgia, que reúne a las partes interesadas para debatir sobre la infraestructura y la seguridad de Internet, la alfabetización mediática y los derechos de los usuarios.