Fuente: Centro de Atención de Lapeng.

Trata y explotación de la prostitución

Información de seguimiento sobre los párrafos 24 y 25 de las observaciones finales

Para hacer frente a la cuestión de la trata de mujeres y la explotación sexual, el Gobierno modificó la Constitución en 2011 incorporando el artículo 31A, dedicado a la “protección de las víctimas de delitos”. Según esta modificación, el Estado adoptará políticas dirigidas a prestar servicios de apoyo a las víctimas de delitos, incluidos mecanismos que faciliten indemnización a las víctimas de delitos y presten asistencia a los grupos de víctimas vulnerables. En vista de que las víctimas de delitos y los grupos vulnerables son principalmente mujeres y niñas, este artículo ofrece protección y apoyo adicionales a las mujeres y niñas que son víctimas de trata.

En el artículo 2 de la Ley (Modificación) contra la Trata de Personas de 2021 se establece que la “explotación” consta de explotación de la prostitución u otras formas de explotación sexual, trabajo o servicios forzosos, esclavitud, servidumbre o extracción de órganos. En 2022 el Gobierno enjuició 16 casos de trata, entre ellos seis de trabajo forzoso y 10 de trata sexual. En 2021 hubo 24 víctimas de trata, de las cuales 10 eran víctimas de trata laboral y 14 de trata sexual. Prosiguen las campañas de sensibilización con apoyo de organizaciones internacionales, y el Ministerio del Interior, en colaboración con otros ministerios competentes, sigue celebrando foros sobre la prevención de la delincuencia transfronteriza para sensibilizar a las comunidades fronterizas en torno a la trata de personas, y ha destacado en las fronteras a funcionarios formados para ayudar a detectar víctimas de trata. Se sigue imprimiendo y difundiendo material educativo de información. Siguen emprendiéndose campañas de ámbito nacional, y varias ONG llevan a cabo campañas de sensibilización dirigidas a los basutos en la diáspora. Los Servicios de Policía Montada de Lesotho y el Ministerio de Género, Juventud, Deportes, Arte, Cultura y Desarrollo Social organizan reuniones públicas en comunidades y escuelas y transmiten en los medios de comunicación programas dedicados a la prevención de la trata de personas, y se ha impartido al personal de migración capacitación en detección y remisión de víctimas.

El Gobierno tiene un acuerdo bilateral con Sudáfrica para controlar los movimientos entre los dos países. Se encuentran en fase avanzada medidas como permisos de trabajo a largo plazo que garantizarán la ausencia de trabajadores migratorios ilegales, contratos de empleo firmados que permitirán cruzar las fronteras con tarjetas de identidad y el desarrollo de estrategias comunitarias de cruce con fines de prevención del delito. Beautiful Dreams Society facilita alojamiento a las mujeres víctimas de trata. El refugio ofrece apoyo psicológico y atención que incluye asesoramiento psicológico y jurídico y servicios sanitarios, de derivación de pacientes y de mediación.

Nacionalidad

Información de seguimiento sobre los párrafos 26 y 27 de las observaciones finales

El Ministerio del Interior dispone de un Proyecto de Ley de Inmigración y Ciudadanía de 2019 que permitirá la doble nacionalidad a todos los ciudadanos, con inclusión de mujeres y niños. Se han descentralizado los servicios del Departamento de Identidad Nacional y Registro Civil para facilitar el acceso de las mujeres a tarjetas de identidad nacional y a pasaportes. Ello ha ayudado a las mujeres a acceder con facilidad a servicios que exigen la presentación de documentos de identidad.

Educación

Información de seguimiento sobre los párrafos 28 y 29 de las observaciones finales

El Ministerio de Educación y Capacitación ha elaborado, puesto a prueba e implantado recientemente en escuelas primarias y secundarias la educación práctica para la vida en materia de sexualidad, que es un programa de estudios local basado en la educación sexual integral. Los contenidos de la educación práctica para la vida en materia de sexualidad comprenden, entre otros, temas relativos a la eliminación de los estereotipos tradicionales en materia de sexualidad, masculinidad y femineidad y otros estereotipos. La sensibilización en materia de abuso y acoso sexuales es otro elemento central de este tipo de educación, que se imparte a alumnos de los cursos cuarto a séptimo en las escuelas primarias y de los cursos octavo a décimo en las escuelas secundarias.

Cada año tiene lugar una Feria de Educación Superior en la que se orienta a alumnos de los cursos 11º y 12º de escuelas secundarias en torno a las distintas trayectorias profesionales que tienen a su disposición en función de los atributos de cada uno. En el ámbito de la educación básica, el Ministerio, en colaboración con otros interesados en la educación, celebra cada año una exposición de orientación profesional básica. En las plataformas citadas siempre se recalca la importancia de la educación. En 2022 el Ministerio también puso en marcha la iniciativa Education Plus como uno de los principales sistemas de apoyo a los alumnos pensado para dar cabida igualmente al gobierno y a la comunidad en su conjunto para erradicar la desigualdad de género en la educación y crear un entorno de aprendizaje seguro para los niños, en particular las niñas.

Empleo

Información de seguimiento sobre los párrafos 30 y 31 de las observaciones finales

Las empleadas de los sectores público y privado de Lesotho gozan de licencia de maternidad remunerada obligatoria. La Ordenanza sobre el Código de Trabajo de 1992 prohíbe la discriminación en el lugar de trabajo. El artículo 5, párrafo 3, prevé que hombres y mujeres perciban la misma remuneración por un trabajo de igual valor. El Gobierno ha revisado igualmente la Ordenanza sobre el Código de Trabajo de 1992 para armonizarla con los convenios de la OIT. Todavía no existe un marco regulatorio relativo a las prestaciones de seguridad social de las mujeres que trabajan en la economía informal. Lesotho carece de medidas especiales de carácter temporal para alcanzar la igualdad de oportunidades de facto entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo.

Salud

Información de seguimiento sobre los párrafos 32 y 33 de las observaciones finales

El Ministerio de Género, Juventud, Deportes y Recreación, con asistencia del Fondo de Población de las Naciones Unidas, revitalizó los centros de recursos para jóvenes de 10 distritos contratando a líderes juveniles que educan a los jóvenes en cuanto a los derechos en materia de salud sexual y reproductiva, así como en relación con el VIH/sida. Asimismo, el Ministerio de Salud sigue ofreciendo rincones para adolescentes donde se imparte a los adolescentes de uno y otro sexo educación en materia de salud sexual y reproductiva. Se aprobó la Ley de Protección Radiológica de 2018 para facilitar el acceso a tratamiento contra el cáncer, y el Gobierno estableció un centro de diálisis en el hospital de Motebang en 2017, año en el que también se inauguró en Senkatana una instalación de detección y tratamiento de cáncer.

Desde la inauguración en 2015 del Hospital Reina ‘Mamohato ha mejorado la atención obstétrica, y el cociente de mortalidad materna disminuyó de 679 en 2005 a 544 en 2017 (Banco Mundial, 2021). La tasa de mortalidad de lactantes también ha disminuido:

•En 2020 fue de 57,39 muertes por cada 1000 nacidos vivos, disminución del 3,74 % con respecto a 2019;

•En 2021 fue de 55,183 muertes por cada 1000 nacidos vivos, disminución del 4,09 % con respecto a 2020;

•En 2022 fue de 52,826 muertes por cada 1000 nacidos vivos, disminución con respecto a 2021;

•En 2023 es de 50,470 muertes por cada 1000 nacidos vivos, disminución del 4,46 % con respecto a 2022.

Para garantizar la accesibilidad física de las mujeres empobrecidas y que habitan en zonas rurales a servicios de atención sanitaria, incluidos servicios de salud sexual y reproductiva, el Gobierno ha implantado centros comunitarios en zonas montañosas y lugares de acceso difícil. Esta labor se complementa con la actuación de la Asociación Cristiana de Salud de Lesotho y ONG que también prestan en zonas rurales remotas servicios sanitarios hospitalarios y en clínicas a los que tienen acceso las mujeres. En los lugares que carecen de centros comunitarios el Gobierno ofrece clínicas móviles itinerantes. El Gobierno cuenta también con un programa denominado “médicos al vuelo” que envía médicos a centros comunitarios de las zonas rurales para ofrecer servicios de atención sanitaria. De ese modo los centros comunitarios que carecen de médicos pueden ofrecer servicios.

VIH/sida

Información de seguimiento sobre los párrafos 34 y 35 de las observaciones finales

La estrategia nacional de Lesotho en materia de sida incluye un componente juvenil en su estrategia de cambio de comportamiento. En ese marco se han organizado diversas campañas de sensibilización sobre el VIH dirigidas a jóvenes de 15 a 24 años de todo el país. Por ejemplo, la campaña Kick 4 Life, que utiliza el fútbol para impartir a los jóvenes mensajes sobre la prevención del VIH, ha permitido a más de 100.000 participantes acceder a actividades de educación para la salud y competencias para la vida y ha servido para administrar pruebas del VIH a 25.000 jóvenes. Cabe citar otras iniciativas como:

•El aumento en los últimos años de la cobertura del tratamiento antirretrovírico; en 2016 accedía a tratamiento el 53 % de los adultos. En junio de 2016 Lesotho pasó a ser el primer país africano en aplicar una estrategia de “detección y tratamiento” conforme a la cual se ofrece tratamiento antirretrovírico a toda persona que dé positivo en la prueba del VIH. También ha mejorado la cobertura del tratamiento antirretrovírico, que se sitúa en un 56 %. En 2020 un programa de las Naciones Unidas dirigido a cumplir el objetivo de tratamiento 90-90-90 entre los adultos que vivían con VIH abarcó al 90,1 % de los adultos que tenían conocimiento de su estado serológico: un 91,4 % de mujeres y un 88,1 % de hombres; recibía tratamiento antirretrovírico el 96,9 %: el 97,5 % eran mujeres y el 95,8 % hombres. Se sometía a supresión vírica al 91,5 %: un 92,2 % eran mujeres y un 90,2 % hombres;

•Lesotho ha avanzado enormemente en la lucha contra el VIH/sida; ha cumplido el objetivo 90-90-90 establecido por ONUSIDA y ha superado los objetivos segundo y tercero con una puntuación de 90-97-92. Estos resultados colocan al país en una buena situación para cumplir los objetivos 95-95-95 para 2025.

Según estimaciones de Spectrum de ONUSIDA, Lesotho ha alcanzado el control epidémico, que es el punto en el que las nuevas infecciones por el VIH quedan por debajo del número de fallecimientos de personas con VIH. Aunque celebramos este logro, reconocemos que la COVID-19 ha tenido los dos últimos años un efecto negativo en la respuesta de Lesotho al VIH.

Mujeres rurales

Información de seguimiento sobre los párrafos 36 y 37 de las observaciones finales

Consúltese la respuesta al párrafo 12. Consúltese asimismo el párrafo 35 en relación con las cuestiones de la salud de las mujeres y las niñas de zonas rurales. Además, el Ministerio de Gobierno Local y Jefaturas Tribales elaboró una política nacional de descentralización por la que se rige la descentralización de los servicios, incluidos los de atención sanitaria, y el acceso a las carreteras para facilitar el transporte. Igualmente, el Gobierno presta servicios de agua potable y saneamiento en zonas rurales mediante el sistema de abastecimiento de agua a las zonas rurales. Cada vez es más normal que las zonas rurales reciban electricidad mediante el proyecto de electrificación rural, que ofrece tarifas muy inferiores en las zonas rurales, gracias a lo cual las mujeres de estas zonas han podido poner en marcha proyectos de generación de ingresos que necesitan electricidad para echar a andar.

Matrimonio y relaciones familiares

Información de seguimiento sobre los párrafos 28 y 39 de las observaciones finales

Consúltese la respuesta al párrafo 12. Además, el Ministerio de Género, Juventud, Deportes, Arte, Cultura y Desarrollo Social ha promulgado legislación que protege los derechos de propiedad de las viudas sujetas al derecho consuetudinario, en el marco de lo cual se ha aprobado la Ley de Equiparación de los Derechos de las Viudas Tradicionales con la Ley sobre la Capacidad Jurídica de las Personas Casadas de 2022. Las disposiciones de esta Ley tipifican como delito el abuso económico y garantizan la eliminación de la vulnerabilidad económica de las mujeres casadas y viudas en entornos domésticos.

Instituciones nacionales de derechos humanos

Información de seguimiento sobre los párrafos 40 y 41 de las observaciones finales

En virtud de la sexta modificación de la Constitución, en 2011 se estableció la Comisión de Derechos Humanos. Su base legislativa, la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, se aprobó en 2016. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil la impugnaron judicialmente por no ajustarse plenamente a los Principios de París. A raíz de ello se llegó a un arreglo extrajudicial a efectos de modificarla. Posteriormente el Gobierno se ha dedicado a procurar que obtenga la categoría A cuando entre en funcionamiento. La 11ª modificación de la Constitución (Proyecto de Ley General) afianza esta institución, y el Gobierno está decidido a establecerla para que sea operativa.

Plataforma de Acción de Beijing

Información de seguimiento sobre el párrafo 42 de las observaciones finales

Lesotho recopiló en 2020 el informe de examen de Beijing+25 e informó de los avances registrados en 12 de sus esferas críticas. El plan se ha incorporado en la legislación interna dando cabida a sus esferas temáticas en la Política de Género y Desarrollo 2018-2030. La política es consonante con instrumentos tanto internacionales como regionales, entre ellos la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los Derechos de la Mujer y la Declaración Solemne de la Unión Africana sobre la Igualdad de Género en África.

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Información de seguimiento sobre el párrafo 43 de las observaciones finales

Lesotho ha dado muestras de su voluntad de cumplir las metas de los ODM y, con el tiempo, los ODS. En 2020 emprendió su tercer ciclo del examen periódico universal (EPU). Durante el examen se presentaron recomendaciones relativas a mejorar el ejercicio de los derechos de las mujeres y se puso de relieve la necesidad de redoblar los esfuerzos por cumplir el ODS 5 (igualdad de género), el ODS 1 (fin de la pobreza), el ODS 3 (buena salud y bienestar), el ODS 4 (educación de calidad) y el ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico). Además, en 2019 y 2022 Lesotho recopiló un informe de examen nacional voluntario del cumplimiento de los ODS y las metas correspondientes.

Información de seguimiento sobre el párrafo 44 de las observaciones finales

Consúltese la respuesta al párrafo 6.

Ratificación de otros tratados

Información de seguimiento sobre el párrafo 45 de las observaciones finales

Lesotho ha ratificado los nueve tratados básicos de derechos humanos y los dos protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño. El 6 de diciembre de 2013 ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas a título de noveno tratado básico de derechos humanos.

Asistencia técnica

Información de seguimiento sobre el párrafo 46 de las observaciones finales

El Gobierno ha recibido asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, así como de otros organismos de las Naciones Unidas como ONU-Mujeres, el UNFPA y el PNUD. A raíz de esta asociación se ha establecido un Mecanismo nacional interministerial de presentación de informes, aplicación y seguimiento que facilitará el cumplimiento de las obligaciones de presentación de informes sobre los tratados. La Secretaría del Commonwealth también ha prestado apoyo técnico, en particular respecto de la presentación de los informes del Estado parte.

Seguimiento de las observaciones finales

Información de seguimiento sobre el párrafo 47 de las observaciones finales

En 2013 Lesotho presentó un informe de seguimiento, así como en 2015. En consecuencia, en el quinto informe del Estado parte se indican los progresos registrados desde 2012 hasta la fecha. Consúltese la respuesta a los párrafos 13 y 39. Además, en septiembre de 2021 se celebró con apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos un taller de interesados sobre el seguimiento del examen periódico universal y de las recomendaciones formuladas por órganos creados en virtud de tratados. Se ha elaborado un plan de acción provisto de metas y calendarios claros para el seguimiento de las recomendaciones, incluso en relación con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

VI.Cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Convención

Parte I

Artículos 1 a 5

Artículos 1 a 3

Definición de discriminación contra las mujeres

La definición de “discriminación” que figura en la Constitución no ha cambiado desde el anterior período sobre el que se informaba.

La definición no incluye la exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad con el hombre, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. No obstante, Lesotho ha adoptado esta definición constitucional para definir la discriminación contra las mujeres.

La justificación de la reserva de Lesotho al artículo 2 de la Convención se basa en el derecho consuetudinario basuto en materia de sucesión al trono y jefatura tribal. Esta disposición no se ha modificado todavía, y se necesitan consultas en las que también participe el público.

Desde el último informe de 2011, la posición de las mujeres ha mejorado progresivamente. El Gobierno ha procurado adaptar su marco de políticas nacional a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, los ODS, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y las recomendaciones aceptadas en el marco del tercer ciclo del EPU. Ha aumentado el número de mujeres que ocupan posiciones decisorias clave a medida que las mujeres aparecen representadas en todos los aspectos de la vida social, política y cultural y se han emancipado gradualmente de la autoridad masculina. Aunque las intervenciones han ayudado a avanzar considerablemente hacia el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, siguen violándose los derechos de las mujeres, a quienes se siguen imponiendo etiquetas de inferioridad y estigmatización cultural.

Marco legislativo

En 2019 Lesotho promulgó la Ley de la Autoridad Nacional de Reformas, por la que se estableció la Autoridad Nacional de Reformas a fin de impulsar reformas constitucionales y legislativas, en particular en relación con leyes que fortalecen la protección de los derechos de las mujeres.

En el capítulo II, artículo 4, de la Constitución de Lesotho se garantizan los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con independencia de su raza, color, sexo, lengua, país o clase social de procedencia, propiedades, nacimiento u otra condición, con inclusión del derecho a no ser objeto de discriminación. En consecuencia, en esta sección también se garantizan los derechos de las mujeres en calidad de derechos humanos.

En el artículo 18, párrafo 2, de la Constitución se establece que “no se someterá a un trato discriminatorio a ninguna persona que actúe sobre la base de una ley escrita cualquiera o en ejercicio de funciones correspondientes a un cargo público o autoridad pública de cualquier tipo”.

En el capítulo III de la Constitución se indican principios de la política estatal que pueden utilizarse para hacer frente a las infracciones indicadas. El artículo 30, párrafo a) i), prevé que, en particular, se garantice a las mujeres “condiciones de trabajo, con inclusión de pensiones o prestaciones de jubilación, no inferiores a las correspondientes a los hombres conforme al principio de igual salario por trabajo igual”. El artículo 30, párrafo e), también ofrece “protección a las mujeres empleadas durante un período razonable antes y después del parto”.

El artículo 18, párrafo 4 a), de la Constitución prohíbe todo tipo de discriminación y trato injusto. Sin embargo, el artículo 18, párrafo 4 c), prevé algunas excepciones al principio de no discriminación en relación con la aplicación del derecho consuetudinario. Este artículo de la Constitución fue impugnado judicialmente en el caso Senate Gabasheane Masupha c. el Magistrado Residente Superior del Tribunal Inferior de Berea y otros, en el marco del cual la apelante impugnó la disposición de la Ley de Jefatura Tribal que impedía a las mujeres descendientes heredar jefaturas tribales, por lo que era anticonstitucional. Aunque la apelación no prosperó, el caso fue prueba de que algunas mujeres basutas son conscientes de los derechos que las asisten en virtud de la Convención, lo cual guarda relación con una preocupación planteada por el Comité en el párrafo 8 de las observaciones finales. La Comisión Africana tiene ante sí el caso, lo cual supone que se ha invocado un protocolo facultativo.

En 2018 se creó una conferencia nacional de mujeres a fin de establecer una plataforma de mujeres y llegar a un entendimiento común para hablar de cuestiones políticas, democráticas y de gobernanza fundamentales a escala nacional desde la perspectiva de género en el contexto de las reformas. Durante el diálogo nacional de 2018 se mantuvieron consultas con mujeres de distintos distritos sobre cuestiones en las que las mujeres deseaban tomar parte en el marco del proceso de reforma constitucional.

Lesotho cuenta con varias leyes contra la discriminación de las mujeres, entre ellas las siguientes:

•El artículo 5, párrafo 1, de la Ordenanza sobre el Código de Trabajo de 1992;

•La Ley sobre la Capacidad Jurídica de las Personas Casadas (2006);

•La Ley de Tarjetas de Identidad Nacionales (Modificación) (2011);

•El artículo 6, párrafo 1 b i), de la Ley de Tierras (2010), que reconoce la titularidad de la tierra de toda persona mayor de 18 años, excepto en caso de que esté casada;

•La Ley de Salarios del Código de Trabajo (Modificación) de 2012.

Lesotho codifica actualmente su derecho sucesorio para garantizar la igualdad de aplicación en cuanto a la distribución de los recursos o las propiedades entre los hombres y las mujeres y evitar la discriminación sufrida por las mujeres.

Medidas de políticas

En noviembre de 2020 el Gobierno publicó su Política de Género y Desarrollo 2018-2030 para actualizar y sustituir la Política de Género y Desarrollo de 2003. La política, que va dirigida a eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, contribuirá a la adopción de una definición normalizada de discriminación de las mujeres en el ámbito administrativo. La política ha establecido los derechos constitucionales y jurídicos de las mujeres como esfera prioritaria para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres basutas.

El Ministerio de Género, Juventud, Deportes y Recreación, en colaboración con la sociedad civil, ha simplificado, traducido y difundido la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. El Ministerio también ha llevado a cabo en los distritos campañas de sensibilización sobre la Convención con la celebración de por lo menos tres campañas anuales por distrito a fin de crear conciencia sobre la Convención. Estas actividades de sensibilización se corresponden con el párrafo 9 de las observaciones finales. La sociedad civil creó conciencia sobre las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y pidió que se recabaran opiniones públicas sobre su incorporación en el derecho interno.

Medidas de cumplimiento y vigilancia

Cooperación de la sociedad civil

Varias organizaciones de la sociedad civil de Lesotho se dedican a cumplir el objetivo de igualdad de género, y algunas se centran principalmente en la promoción de los derechos de las mujeres. Cada una de estas organizaciones ejecuta programas a título individual y de forma concertada durante actos destacados como el Día Internacional de la Mujer, el Mes de la Mujer Africana, el Día Internacional del Hombre y los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género. Algunos de sus programas se centran en los derechos de sucesión, la creación de conciencia sobre los derechos de las mujeres, la prestación a las mujeres de servicios de salud específicos, la prevención de la violencia de género, la participación de los hombres, la difusión de información y campañas de sensibilización, así como investigaciones sobre cuestiones pertinentes que afectan a las mujeres y las niñas de Lesotho.

Organizaciones de la sociedad civil como Women and Law in Southern Africa, Hábitat para la Humanidad y la Federación de Abogadas de Lesotho han propugnado el registro de testamentos y ayudado al público a redactarlos. La sociedad civil también ha tomado parte en campañas de presión a favor de modificaciones normativas y legislativas. La Federación Nacional de Organizaciones de Lesotho de Personas con Discapacidad elaboró la política de igualdad de género (2015), que es esencial para eliminar los obstáculos a la igualdad de género dentro de las operaciones de la organización. No obstante, las organizaciones de la sociedad civil carecen de fondos, recursos humanos y capacidades suficientes y de suficiente representación comunitaria.

La Comisión de Derechos Humanos, que todavía no ha entrado en funcionamiento, tiene encomendada la obligación de proteger, prevenir, investigar y emprender acciones judiciales para que se obtengan reparaciones cuando proceda, así como de capacitar y formar al público general. En consecuencia, corresponde a la institución la obligación de velar por que cuando se violen los derechos de las mujeres se aplique la diligencia debida para obtener justicia.

Artículo 4

Medidas especiales de carácter temporal

Cumplimiento legislativo

La Ley de Modificación en materia de Administración Local (2011) prevé la asignación a mujeres de un tercio de los escaños en los consejos municipales, urbanos y comunitarios. La Ley promueve la igualdad de género en la política mediante el aumento de la participación y la representación de mujeres en consejos comunitarios o urbanos.

La Ley Electoral de la Asamblea Nacional (2011) prevé un sistema dirigido a promover a las mujeres en el órgano legislativo. Desde las elecciones generales de 2022 las mujeres constituyen el 27 % de la Asamblea Nacional, leve aumento con respecto al 23 % de las elecciones de 2017. Asimismo, tres mujeres encabezaron partidos políticos que se presentaron a las elecciones de 2022.

Medidas de cumplimiento y vigilancia

La política de género de la Comisión Electoral Independiente de Lesotho prevé que los partidos políticos que tengan mayor representación porcentual de mujeres obtengan más financiación. Se trata de uno de los numerosos intentos de Lesotho de alcanzar una “masa crítica” para impulsar la participación y representación de mujeres.

Sin embargo, el nivel bajo y descendiente de la representación de mujeres en funciones de liderazgo político supone que el número de mujeres que toman parte en diálogos e iniciativas nacionales sobre consolidación de la paz podría ser escaso. El Proyecto de Ley General de 2022, entre otros instrumentos, va dirigido a garantizar la paz y la seguridad durante las elecciones y después de ellas en la medida en que propone una reestructuración del número de escaños parlamentarios elegidos por representación proporcional.

Artículo 5

Estereotipos y prejuicios sobre las funciones características de cada sexo

Marco legislativo

El Gobierno ha aprobado la Ley contra la Violencia Doméstica de 2022, que abarca todo tipo de cuestiones relativas a la violencia doméstica al dar cabida incluso a las relaciones de pareja no matrimoniales.

En ese mismo ámbito existen creencias misóginas que alimentan la violencia contra la mujer. La Ley prevé la protección de los derechos de las víctimas y la prevención de la violencia doméstica y cuestiones conexas. Asimismo, tipifica como delito todas las formas de abuso e impone penas de encarcelamiento o multas.

Igualmente, en la Ley se menciona la violencia de género facilitada por la tecnología en reconocimiento del hecho de que la violencia contra la mujer ha pasado al espacio digital. Se trata de un primer paso en la lucha contra actos como la difusión no consensuada de imágenes íntimas de mujeres en línea, el ciberacoso y el discurso de odio en plataformas de Internet. El Gobierno ha revisado la Política de Género y Desarrollo de 2003 para ajustarla a la situación actual, y en 2015 la Federación Nacional de Organizaciones de Lesotho de Personas con Discapacidad elaboró una política de igualdad de género (2015).

Medidas de cumplimiento y vigilancia

La Ley prevé el recurso a un tribunal de familia para que se ocupe de los casos resultantes de disputas familiares y examine casos de violencia doméstica. También prevé el establecimiento de consejos de justicia restaurativa en los que las actuaciones se verán orientadas por jefes de aldea. Se establecen también centros de acogida de víctimas y centros de rehabilitación para autores de actos de violencia doméstica.

El Gobierno ha organizado talleres de creación de capacidad y cursos dirigidos a agentes de policía, fiscales y oficiales judiciales para sensibilizarlos sobre la ley. También dispone de instrumentos mejorados de recopilación de datos en puntos de servicios esenciales como centros de salud y comisarías de policía para documentar los casos de violencia doméstica.

También existen construcciones sociales y creencias en los roles de género que determinan que la función y la responsabilidad de procrear y criar hijos incumbe a las mujeres, con poco o ningún apoyo de sus parejas masculinas. En el marco del programa de atención prenatal, las clínicas de salud de ámbito comunitario, como las clínicas de filtración y los hospitales de distrito, alientan a los hombres cuya pareja está embarazada a participar en las sesiones de atención prenatal y postnatal. La intención al respecto consiste en dar cabida a los hombres en la crianza y el desarrollo de sus hijos y en crear conciencia en el sentido de que la atención materna es una responsabilidad conjunta y una función social necesaria tanto para hombres como para mujeres.

Además, el Gobierno, por conducto de la Dependencia de Protección de la Infancia y el Género, ha empezado a colaborar con Sudáfrica a través del Departamento sobre Violencia Familiar y Protección de la Infancia. La colaboración tiene por objeto compartir experiencias sobre distintos casos de violencia de género.

Para poner fin a la estigmatización de las víctimas de violencia doméstica y violencia de género, el Ministerio de Género organizó actividades de promoción e implicación comunitaria en torno a la importancia de denunciar los abusos y la violencia en todas sus formas. En colaboración con la Universidad Nacional de Lesotho se han celebrado y popularizado campañas como #Believeher. Se creó un número gratuito para denunciar casos de violencia de género. Se estableció un centro de intercambio de información en el que las víctimas y la población en general pueden acceder a información sobre la violencia de género y otros asuntos en materia de género. Se ha introducido una plataforma digital en forma de aplicación para teléfono inteligente de tarifa cero. En la aplicación Nokaneng puede accederse a información sobre los servicios disponibles y formular preguntas relacionadas con el género. En el caso de los posibles clientes que carecen de teléfono inteligente existe un mecanismo de tarifa cero consistente en una solución basada en mensajes de SMS.

Ante lo señalado, el Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil organizan conjuntamente campañas de prevención de la violencia de género y promoción de los derechos humanos. Estas campañas van dirigidas a las mujeres y los hombres, a las niñas y los niños. Aunque el cambio de actitud avanza con lentitud, ha mejorado la comprensión de la violencia de género y su repercusión. Distintas organizaciones de la sociedad civil llevan a cabo estudios sobre violencia de género en los que se basará el Gobierno para elaborar intervenciones apropiadas de lucha contra la violencia de género en Lesotho.

Artículo 6

Trata de mujeres y explotación de la prostitución

Marco legislativo

Se debe consultar los anteriores párrafos 26 a 28. Asimismo, el Gobierno publicó en el boletín oficial el Reglamento contra la trata de personas de 2015, en el que se indican las responsabilidades de todos los interesados en este ámbito.

El Gobierno ha simplificado, traducido y difundido la Ley contra la Trata de Personas en el marco de campañas de sensibilización sobre la trata de personas. Además, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil ha organizado constantemente campañas sobre trata de personas dirigidas a mujeres y niñas de zonas tanto rurales como urbanas. En reuniones públicas y en actividades de sensibilización de puerta en puerta dirigidas a las comunidades siguen llevándose a cabo campañas transfronterizas, tanto en Lesotho como en la República de Sudáfrica, en torno a la trata de personas y la Ley contra la Trata de Personas.

Medidas de cumplimiento y vigilancia

En 2015 Lesotho y la República de Sudáfrica celebraron en la provincia de Estado Libre un simposio conjunto en materia de explotación laboral y trata de personas en el cual se comprometieron conjuntamente a cooperar en la erradicación de la explotación laboral y la trata de personas mediante campañas conjuntas de sensibilización sobre la trata de personas y el VIH/sida.

Para proteger a las víctimas de trata que sufren explotación sexual, el Gobierno, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, facilitan a los trabajadores sexuales anticonceptivos gratuitos y capacitación en educación sobre salud y derechos reproductivos, VIH/sida y violencia de género. También se aporta a quienes practican el sexo comercialmente pequeñas sumas en concepto de financiación inicial de sus propios negocios para ayudarlos a dejar el trabajo sexual comercial.

El Gobierno estableció el sistema de recopilación de datos sobre la trata de personas, base de datos nacionales relativos a este tipo de casos en Lesotho. El Ministerio del Interior ha establecido un comité multisectorial contra la trata que, entre otras cosas, contribuye a facilitar la regularización de las víctimas de trata por conducto del Departamento de Inmigración.

El Ministerio del Interior impartió sesiones de formación de formadores a profesionales de la justicia penal que eran fiscales y miembros del poder judicial, funcionarios de inmigración, inspectores de trabajo, agentes de policía (Dependencia de Protección de la Infancia y el Género), oficiales jurídicos y la oficina para los refugiados. Sin embargo, se necesitan más centros para víctimas de trata, pues actualmente hay un solo refugio en el distrito de Maseru que presta servicios a todo el país.

El trabajo sexual todavía no se ha legalizado en Lesotho, aunque no existen leyes específicas que lo tipifiquen como delito. Como consecuencia de ello, las mujeres que se dedican a la profesión hacen frente a diversas dificultades en la medida en que la industria no está reglamentada y resulta difícil garantizarles seguridad frente a la violencia en el trabajo. Además, su acceso a servicios de derechos en materia de salud sexual y reproductiva sigue siendo problemático, pues a veces tienen miedo al acoso o hacen frente a una posible estigmatización en algunos establecimientos de salud.

Parte II

Artículo 7

Vida política y pública

Marco legislativo

La Asamblea Nacional consta de 120 escaños. Se elige a sus miembros mediante un sistema de representación proporcional mixta: 80 proceden de circunscripciones uninominales mediante un sistema de mayoría relativa y 40 de una circunscripción nacional mediante representación proporcional a partir de las listas de los partidos. Los escaños correspondientes a la representación proporcional se asignan para compensar a los partidos por la discrepancia entre el porcentaje de los votos obtenidos y el porcentaje de los escaños de las circunscripciones ganados. En el artículo 47 (párrafo 2 b y c)) de la Ley de Modificación de las Elecciones a la Asamblea Nacional de 2011 se introdujo la norma de concurso proporcional, en virtud de la cual un partido político “confeccionará la lista de candidatos por orden de preferencia de arriba abajo de modo que un candidato o candidata vaya seguido o seguida de un candidato del otro sexo y que el número de mujeres sea igual al de hombres”. A raíz de las elecciones de 2017, 28 de los 120 escaños de la Asamblea Nacional (23 %) correspondieron a mujeres.

Conforme a las recientes elecciones generales (2022) a raíz de las cuales se formó el 11º Parlamento, la representación de mujeres es la siguiente: 32 en la Asamblea Nacional (27 %, leve aumento con respecto a las anteriores elecciones de 2017, en las que fue del 23 %). Tres de los 15 miembros del Gabinete son mujeres; por primera vez existe una Vice Primera Ministra (que también fue la primera Presidenta del Tribunal Supremo). Son mujeres la Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, la Presidenta del Senado en su segundo mandato; uno de los tres comisionados de la Comisión Electoral Independiente, siete de los 15 magistrados del Tribunal Supremo y una Defensora del Pueblo. No se dispone de mecanismos para hacer efectiva la participación de las mujeres en la política.

Las mujeres gozan de derecho de voto en condiciones semejantes a las de los hombres de Lesotho. Las mujeres pueden participar libremente en los partidos políticos y presentarse a elecciones. No existen criterios fijos ni obstáculos a la presentación a unas elecciones que tengan por efecto la discriminación de las mujeres. El Gobierno y las organizaciones de educación cívica sensibilizan y capacitan al público, con inclusión de las mujeres en el ámbito comunitario, en relación con el derecho de voto y la importancia de participar en la política y presentarse a elecciones.

Artículo 8

Representación y participación en el plano internacional

No existe un marco jurídico o regulatorio para aplicar y medir la igualdad de participación y la representación de las mujeres a escala internacional. Las mujeres solo constituyen el 20 % de la representación de Lesotho a escala internacional. Lesotho cuenta con 15 misiones diplomáticas y dos consulados. De las 15 misiones, tres están encabezadas por mujeres: las del Japón, Bruselas y Alemania. Se necesitan políticas en materia de representación proporcional de las mujeres en todas las embajadas y misiones

Artículo 9

Nacionalidad

Marco legislativo

En 2018 se modificó la Constitución, cuyo artículo 40 prevé que toda persona que contraiga matrimonio con un ciudadano de Lesotho obtenga la ciudadanía al cabo de cinco años de convivencia en el país previa presentación de una solicitud. El artículo 41 prevé que todo ciudadano de Lesotho pueda tener la ciudadanía de cualquier otro país además de su ciudadanía de Lesotho. Aparte de permitir la doble nacionalidad, esta modificación prevé el restablecimiento de la ciudadanía de Lesotho y levanta las disposiciones discriminatorias que favorecían a las mujeres extranjeras casadas con ciudadanos de Lesotho frente a los hombres extranjeros casados con mujeres basutas estableciendo requisitos semejantes para la adquisición de la ciudadanía de Lesotho.

Conforme a la Ley de Tarjetas de Identidad Nacionales de 2011, las mujeres tienen derecho a solicitar una tarjeta de identidad sin autorización de su esposo. En los artículos 13 y 14 se dispone que todo ciudadano de Lesotho que haya cumplido 16 años reúne los requisitos para obtener una tarjeta de identidad.

Medidas de cumplimiento y vigilancia

Lesotho estableció en 2013 el Departamento de Identidad Nacional y Registro Civil, que se ocupa del registro de nacimientos y muertes y de la expedición de tarjetas de identidad nacionales. La expedición de partidas de nacimiento y de tarjetas de identidad nacionales facilita el acceso a los pasaportes a toda la población, incluidas las mujeres y las niñas de las zonas rurales y apartadas.

El Departamento de Identidad Nacional y Registro Civil amplió sus servicios a los consejos comunitarios en 2015 para que quienes habitaran en comunidades de zonas remotas pudieran obtener con facilidad partidas de nacimiento y tarjetas de identidad nacionales. El Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil también han llevado a cabo actividades de promoción en aras de la igualdad y la justicia en la adquisición de la ciudadanía por conducto de foros como encuentros públicos, reuniones y talleres.

Sin embargo, el registro todavía no ha formulado políticas de reconocimiento de géneros alternativos en los marcadores de género. Como consecuencia de ello, la condición de las mujeres no cis, como las mujeres transgénero, no aparece reflejada en sus documentos de identidad. El género asignado al nacer es el que se reconoce y utiliza en el documento. Ello ha tenido un efecto adverso en las mujeres no cis y las personas intersexuales que se identifican como mujeres.

Parte III

Artículo 10

Educación

Marco jurídico

El artículo 41 a) de la Ley de Educación Básica de 2010, modificada en 2021, prevé que de cada tres miembros de la Comisión del Servicio Docente propuestos y nombrados por el Ministro por lo menos dos sean mujeres. La Ley de Protección y Bienestar Infantiles de 2011 prevé que todo niño tenga derecho a acceder a la educación y que ninguna institución de enseñanza deniegue a ningún niño el derecho a la educación a causa de un embarazo o de rituales culturales. Esta ley tuvo como efecto la ilegalización de la práctica de expulsar a las niñas embarazadas de las escuelas y de denegar el acceso a la educación a los niños de escuelas de iniciación.

Lesotho presenta una tasa de alfabetización alta de niñas y mujeres: según estadísticas recientes, el 95 % de las mujeres están alfabetizadas, frente a un 83 % en el caso de los hombres. Desde el último informe del Comité el Gobierno ha aumentado el número de escuelas secundarias cuyas tasas escolares están sujetas a regulación gubernamental, a raíz de lo cual cobran tasas inferiores y, con ello, facilitan el acceso a la educación.

Medidas de cumplimiento y vigilancia

En 2013 el Gobierno, por conducto del Ministerio de Educación y Capacitación, impulsó la entrada en funcionamiento del Consejo de Educación Superior y elaboró la política de este dirigida a mejorar el acceso a la educación superior ampliando el acceso a esta y la consiguiente participación. La política tiene objetivos como el de velar por que, con independencia de sus circunstancias económicas o características de otro tipo, cada basuto goce de igualdad de oportunidades de participación con éxito en la educación superior y el de velar por que los mecanismos por los que el Estado presta asistencia financiera a los alumnos de educación superior sean equitativos y transparentes.

En 2014 el Consejo de Educación Superior organizó una exposición de orientación profesional para los alumnos que terminaban el bachillerato con el propósito de brindarles asesoramiento profesional e información sobre todos los institutos de educación superior registrados. La iniciativa tiene por objeto presentar a los alumnos los programas de las instituciones de enseñanza superior. Sin embargo, una vez consumada la matriculación en instituciones de educación superior resulta preocupante la cuestión del abandono académico. Por lo que se refiere a las alumnas, las cuatro razones principales para abandonar la escuela son la búsqueda de empleo, el embarazo, la falta de fondos y el matrimonio. Actualmente se aplican políticas escolares en caso de embarazo de una alumna. Esas políticas son limitadas, pero se exige a las escuelas que permitan a esas alumnas presentarse a exámenes externos.

En 2018 la Oficina de Estadística de Lesotho publicó el informe estadístico sobre educación de 2016, en el que figuran datos desglosados por sexo, ubicación, edad y tipo de escuela. Sin embargo, en el informe no se señala la matriculación en institutos de enseñanza superior. El informe se centró principalmente en niveles inferiores y puso de relieve las conclusiones correspondientes a instituciones de formación e instrucción profesionales.

Para reducir al mínimo la violencia contra las niñas, con inclusión de la violencia sexual y el matrimonio infantil, en 2015 se establecieron equipos de protección infantil de distrito a fin de sensibilizar a las comunidades sobre los derechos de los niños, entre ellos el derecho a la educación. El Gobierno y organizaciones de la sociedad civil realizan visitas habituales a las escuelas para llevar a cabo evaluaciones.

El Gobierno ofrece planes de becas a los niños vulnerables y huérfanos de las escuelas de secundaria y bachillerato por conducto del Ministerio de Educación y Capacitación y la Secretaría Nacional de Desarrollo de los Recursos Humanos. Estos planes de becas no se rigen por ninguna política de género ni dan preferencia a ningún sexo; todo niño que cumpla los requisitos de solicitud puede optar a una beca.

En el siguiente cuadro figuran las instituciones de enseñanza superior y sus cifras de matriculación en 2019/2020 desglosadas por género. Se observa que las tasas de matriculación de mujeres y niñas en Lesotho son altas.

Institución	Mujeres	Hombres
Centro Nacional de Capacitación Sanitaria (NHTC)	261	124
Universidad Botho	729	692
Facultad de Educación de Lesotho (LCE)	2 030	741
Facultad Adventista de Maluti (MAC)	177	67
Facultad de Enfermería de Paray (PSN)	110	29
Facultad de Enfermería de Roma (RCN)	106	25
Universidad Nacional de Lesotho (NUL)	6 069	3 596
Facultad de Enfermería del Hospital Scott (SHSN)	153	30
Instituto de Gestión del Desarrollo (IDM)	260	99
Universidad Limkokwing de Tecnología Creativa (LUCT)	2 452	1 541
Facultad Agrícola de Lesotho (LAC)	263	286
Centro de Estudios de Contabilidad (CAS)	686	407
Politécnico Lerotholi (LP)	1 285	1 202
Instituto de Administración y Gestión Públicas de Lesotho (LIPAM)	233	82
Alianza de Salud Boston de Lesotho (LeBOHA)	7	7

Matriculación por institución en 2019/20

Curso	Mujeres	Hombres
Curso 1º	25 581	29 748
Curso 2º	22 783	24 459
Curso 3º	22 375	24 782
Curso 4º	22 911	24 863
Curso 5º	23 521	23 979
Curso 6º	22 398	21 530
Curso 7º	21 720	19 125

Matriculación en escuelas primarias registradas, por curso y sexo, 2019

Ciclo	Mujeres	Hombres
Ciclo A	22 984	19 955
Ciclo B	20 382	14 939
Ciclo C	13 470	9 585
Ciclo D	11 480	7 890
Ciclo E	8 345	6 054

Matriculación en escuelas secundarias registradas, por ciclo y sexo, 2019

Artículo 11

Igualdad en los derechos al empleo

Marco legislativo

La Ordenanza sobre el Código de Trabajo de 1992 prohíbe la discriminación en el lugar de trabajo en el sentido de que su artículo 5, párrafo 3, prevé que los hombres y las mujeres perciban la misma remuneración por un trabajo de igual valor. Actualmente el Gobierno de Lesotho, por conducto del Ministerio del Trabajo, ha revisado dicha Ordenanza para que sea compatible con los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La Ley de Salarios del Código de Trabajo (Modificación) de 2014 prevé la licencia de maternidad remunerada de las trabajadoras en los sectores manufactureros del vestido, los textiles y el cuero. Se puede conceder a la nueva madre una hora de lactancia hasta que el lactante cumpla seis meses. Sin embargo, sigue sin haber legislación sobre la licencia de paternidad.

Aunque la Ley de Salarios del Código de Trabajo (Modificación) de 2018 prevé un salario mínimo específico a un nivel idéntico para los trabajadores del sector del vestido y los textiles, esta disposición no se aplica a los sectores informales, como los vendedores callejeros y los niños pastores.

Lesotho carece de políticas específicas que fortalezcan la sensibilidad ante el género de las políticas activas del mercado de trabajo. Sin embargo, el Gobierno, por conducto del Ministerio de Educación y Capacitación, ha introducido programas que atienden la demanda del mercado de trabajo, entre ellos programas de sensibilización y formación dirigidos a empleadores y empleados. El acoso sexual está prohibido con arreglo al artículo 200 de la Ordenanza sobre el Código de Trabajo de 1992, y el país ha ratificado el Convenio núm. 190 de la OIT, que prevé que los Estados Miembros adopten enfoques inclusivos e integrados que tengan en cuenta la perspectiva de género para prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el trabajo y garantizar la igualdad y la no discriminación.

El Gobierno y el sector privado toman parte en la creación de empleo impartiendo formación práctica de carácter empresarial y profesional de la que las mujeres se benefician directamente. El número de mujeres que cuentan con un empleo remunerado al margen del sector agrícola es alto y supera la meta. Aunque, por lo general, las mujeres dominan los empleos remunerados, los puestos directivos están en manos de hombres. Por ejemplo, en la industria textil y del vestido, que es la que más mano de obra emplea, con un 75,6 % de trabajadoras, los puestos directivos están en manos principalmente de hombres empleados, a razón del 52,5 %, a pesar del alto porcentaje general de mujeres.

En 2018 se celebraron dos talleres en los que se capacitó a los inspectores para estudiar la incorporación o integración de una perspectiva de género en su labor. El Ministerio también organiza campañas de sensibilización para educar a los empleados en materia de acoso sexual en el lugar de trabajo. Asimismo, el Ministerio ejecutó un Programa de Trabajo Decente para el País 2012-2017.

Medidas de cumplimiento y vigilancia

En 2018 el Tribunal Supremo tuvo que determinar si la decisión de licenciar del ejército a soldadas embarazadas entraba en las competencias del Comandante a efectos de licenciar a un soldado cuando ello redundara en el interés superior de las Fuerzas de Defensa de Lesotho. El Tribunal dictaminó que el embarazo no era motivo prescrito para licenciar a un soldado, por lo que se ordenó la restitución en su puesto de esas empleadas de las Fuerzas de Defensa sin pérdida de sus prestaciones.

Artículo 12

Atención sanitaria y VIH/sida

Marco legislativo

El artículo 27 de la Constitución prevé que Lesotho adopte políticas dirigidas a garantizar el más alto nivel posible de salud física y mental a sus ciudadanos, incluidas las mujeres. La mayoría de las mujeres basutas sigue dependiendo en gran medida de servicios de salud prestados por el Estado. Así lo demuestra el bajo porcentaje de cobertura mediante planes médicos privados y el número de personas que utilizan establecimientos de salud privados.

No son muy conocidas las disposiciones jurídicas en materia de consentimiento médico libre e informado, a pesar de que se muestran públicamente las políticas hospitalarias en ese sentido. Como consecuencia de ello, las personas consideran que el asesoramiento y las recomendaciones médicos tienen carácter obligatorio, con independencia de si violan sus derechos.

Para seguir atendiendo las necesidades sanitarias de las mujeres y protegiendo su salud y sus derechos sexuales y reproductivos, Lesotho ha elaborado y aplica varias políticas y ha adoptado diversos instrumentos internacionales y regionales dirigidos a mejorar la salud de las mujeres.

Es más probable que las madres adolescentes presenten desenlaces del embarazo adversos, y su capacidad de aprovechar oportunidades educativas es más limitada que la de las jóvenes que retrasan la procreación. Lesotho ha fortalecido los programas de salud del adolescente dirigidos a educar a las jóvenes y los jóvenes en materia de salud reproductiva y de integración de la educación sexual integral en el programa de estudios escolar.

Medidas de cumplimiento y vigilancia

El Ministerio de Salud y las organizaciones de la sociedad civil organizan actividades de divulgación comunitaria mediante agentes de salud comunitarios para abordar cuestiones de salud de ámbito comunitario logrando que las mujeres y las niñas accedan con facilidad a los servicios sanitarios. Además, imparten capacitación intensiva a agentes de salud comunitarios para capacitarlos en la prestación competente de servicios básicos de atención sanitaria.

Por conducto del sector de la educación, el Gobierno imparte educación sobre sexualidad adecuada a la edad y pertinente desde una óptica cultural. El programa de estudios de las escuelas secundarias se funda en documentos estratégicos y de políticas como el Plan para el sector de la educación 2016-2026, la política de Lesotho sobre el VIH y el sida en el sector de la educación de 2012, la política sobre salud y nutrición escolares de 2018 y la política de planes de estudio y evaluación de 2009.

El Gobierno y la sociedad civil promueven la participación de los hombres en la atención prenatal y la prevención de la transmisión maternoinfantil a fin de elevar su presencia en el ámbito de la salud reproductiva. De ese modo el hombre entra en la ecuación como asociado, en virtud de lo cual presta apoyo activo a su esposa en la atención prenatal y posnatal. La carga del VIH entre las embarazadas de Lesotho se encuentra entre las más altas a escala mundial: la tasa de prevalencia del VIH entre las mujeres que asisten a clínicas prenatales es del 27 %.

La estrategia de prevención de la transmisión maternoinfantil consiste en eliminar las nuevas infecciones por el VIH en la esfera pediátrica y mejorar la salud y la supervivencia de la madre, el recién nacido y el niño en el contexto del VIH. En 2016 se adoptó como tratamiento de referencia el seguimiento habitual de la carga viral de todas las embarazadas, las madres lactantes y los niños. La calidad de la prestación de servicios de prevención de la transmisión maternoinfantil ha permitido mantener un alto grado de utilización de servicios en los establecimientos de salud, donde más del 95 % de las embarazadas conocen su estado serológico en su primera visita de atención prenatal y el 93 % de las embarazadas a las que se ha detectado la condición de VIH-positivo reciben medicamentos antirretrovíricos para impedir la transmisión maternofilial (directrices en materia de prevención de la transmisión maternoinfantil de 2016).

Según la encuesta demográfica y de salud de Lesotho de 2014, el 73 % de las mujeres no casadas sexualmente activas utiliza actualmente un método anticonceptivo; el 72 % utiliza un método moderno. A diferencia de las mujeres casadas, el método preferido por las mujeres no casadas sexualmente activas es el preservativo masculino (45 %). Al comparar los resultados de las encuestas demográficas y de salud de Lesotho de 2004, 2009 y 2014 se observa que la tasa de uso de anticonceptivos entre las mujeres casadas de Lesotho ha aumentado constantemente, pasando del 37 % en 2004 al 47 % en 2009 y el 60 % en 2014. Asimismo, la tasa de uso de anticonceptivos entre mujeres no casadas sexualmente activas ha aumentado constantemente, pasando del 48 % en 2004 al 58 % en 2009 y el 73 % en 2014.

Sin embargo, no se ha legalizado el aborto en Lesotho. El aborto solo está permitido durante el primer trimestre de embarazo en circunstancias especiales, como una violación o cuando el embarazo pone en peligro la vida de la madre. Esta interrupción solo puede determinarse por asesoramiento médico u orden judicial. Ello resulta problemático para el derecho de las mujeres a elegir y planificar su familia y su futuro.

Para conseguir que las mujeres de las zonas rurales y remotas no encuentren obstáculos en el acceso a información y servicios sobre planificación familiar, el Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil garantizan la disponibilidad de anticonceptivos confiando a los trabajadores sanitarios de aldea la responsabilidad de distribuir algunos anticonceptivos en las aldeas y ofrecer otros en lugares públicos.

Además, el Gobierno elaboró con apoyo de las Naciones Unidas la hoja de ruta para acelerar la reducción de la morbilidad y la mortalidad maternales y neonatales en Lesotho. El marco se concibió para abordar las dificultades determinadas en cuanto a la promoción de la salud materna acelerando la entrada en funcionamiento de distintas iniciativas. En las fábricas se dispone de clínicas móviles para facilitar el acceso de las trabajadoras, que constituyen la mayoría de la mano de obra, a servicios sanitarios.

El Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil han sumado esfuerzos en campañas de sensibilización sobre el VIH/sida. Por ejemplo, en todos los actos se insta a una organización a que hable sobre cuestiones relativas al VIH/sida, además de ofrecer la posibilidad de realizarse pruebas.

En 2012 el Gobierno puso en marcha el programa de circuncisión médica masculina voluntaria, que tiene por objeto ampliar rápidamente esta práctica para alcanzar una cobertura del 80 % para 2017. El programa va dirigido a reducir la propagación del VIH/sida entre los hombres a la vez que se reducen el cáncer de cuello uterino y las infecciones por el VIH entre las mujeres.

Mediante la asistencia de asociados para el desarrollo Lesotho ha adoptado el instrumento de evaluación de género de la respuesta nacional ante el VIH y la tuberculosis, a raíz de lo cual tuvo lugar un ejercicio piloto de febrero a abril de 2015. La evaluación tenía por objeto aportar a los planificadores y encargados de adoptar decisiones en el ámbito sanitario reflexiones sobre la medida en que las respuestas ante el VIH y la tuberculosis responden a las cuestiones de género y son transformadoras, así como recomendar intervenciones dirigidas a su fortalecimiento.

En 2015 el Gobierno de Lesotho revitalizó la labor de la Comisión Nacional del Sida, y en 2016 puso en marcha el proyecto de encuesta de evaluación de los efectos del VIH en la población de Lesotho (LePHIA), cuyo objetivo consistía en examinar la distribución del VIH (prevalencia, incidencias y supresión vírica), determinar la cobertura y la repercusión de la prevención, la atención y el tratamiento en materia de VIH a nivel de la población y medir los comportamientos de riesgo relacionados con el VIH.

En 2018, como medida pensada para combatir la alta prevalencia del VIH/sida, se introdujo el uso de la profilaxis preexposición por parte de quienes corrían un alto riesgo de contraer el VIH. En vista de que la profilaxis preexposición es una intervención de ámbito comunitario, es útil para superar muchos obstáculos que suelen encontrar las adolescentes y las mujeres jóvenes en cuanto al acceso a servicios de VIH, salud y derechos sexuales y reproductivos y violencia de género en los establecimientos de salud. Además, el programa de profilaxis preexposición colabora con otras organizaciones que ofrecen servicios de planificación familiar y anticoncepción para agilizar la derivación de pacientes cuando es necesario.

El cáncer es otro problema de salud que incide en los derechos a la salud de las mujeres basutas. En julio de 2018 se celebró en Lesotho la 12ª Conferencia y Exposición Africana para Poner Fin a los Cánceres de Cuello Uterino, Mama y Próstata; en conmemoración de acto tan importante se puso en marcha el primer centro de Lesotho de detección y prevención del cáncer de cuello uterino. El centro ofrece servicios ginecológicos completos, por ejemplo de detección del cáncer de cuello uterino, diagnósticos, servicios de tratamiento previo al cáncer y derivaciones a centros donde se trata el cáncer. El país colabora con otros países que ya han realizado avances impresionantes en este ámbito, como la India, para dispensar tratamiento a basutos enfermos de cáncer en el Hospital Apollo de la India.

La inmunización de las niñas contra el papilomavirus humano se considera el método más eficaz en función de los costos para gestionar los casos de cáncer de cuello uterino, y Lesotho ha emprendido los últimos años varias campañas de vacunación.

Artículo 13

Vida económica y social: igualdad de derechos a las prestaciones familiares, el crédito financiero y la participación en actividades recreativas

Marco legislativo

El artículo 34 de la Constitución de Lesotho prevé el goce de los derechos económicos y sociales y exige a Lesotho la adopción de políticas que alienten a sus ciudadanos a que adquieran propiedades, en particular tierras, vivienda, instrumentos y equipo, y la adopción de otras medidas económicas que considere asequibles. El artículo 35, párrafo 1, prevé que Lesotho procure velar por que todos los ciudadanos tengan oportunidad de participar libremente en la vida cultural de la comunidad y de participar en los beneficios de los avances científicos y su aplicación. Sin embargo, la mayoría de las mujeres carecen de oportunidades de tomar parte en actividades económicas y sociales como consecuencia de obstáculos estructurales.

La Ley de Modificación sobre Sociedades (2011) derogó la Ley de Sociedades para que las mujeres pudieran ser directoras de sociedades y establecer sociedades propias. Asimismo, brinda a las mujeres oportunidades de conseguir garantías para obtener préstamos o crédito de instituciones comerciales y de empoderarse para poseer y gestionar sociedades o empresas propias. Sin embargo, en la mayoría de los casos las mujeres carecen en la práctica de capital o solvencia para poner en marcha su propio negocio. Aunque la Ley sobre la Capacidad Jurídica de las Personas Casadas ha abolido la condición de minoría de las mujeres casadas, estas siguen haciendo frente a prejuicios en cuanto al acceso a recursos y crédito.

Medidas de cumplimiento y vigilancia

Las mujeres ahora pueden ser titulares de tierras; de no estar casadas, pueden hacerlo por cuenta propia sin ayuda de ningún pariente masculino, como era el caso antes de 2006, y de estar casadas está firmemente arraigado su derecho a poseer tierra con arreglo a un título de propiedad conjunta conforme al artículo 10 de la Ley de Tierras de 2010. Sin embargo, en la práctica, en las instituciones financieras, como en los bancos, el crédito se concede en algunos casos si lo firman ambos cónyuges, incluso cuando el patrimonio común no está sujeto a garantía.

El Ministerio de Desarrollo de las Pequeñas Empresas, las Cooperativas y la Comercialización preparó una política para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (2016) por la que se rige el acceso al crédito por parte de los propietarios de pequeñas y medianas empresas, que en su mayor parte son mujeres. La iniciativa va dirigida a crear un entorno económicamente favorable a las mujeres en las pequeñas y medianas empresas.

Asimismo, el Gobierno ha establecido programas económicos y de género dirigidos, entre otros destinatarios, a bancos comerciales e instituciones financieras mediante cursos y diálogos de sensibilización y toma de conciencia en relación con los derechos de las mujeres casadas conforme a lo dispuesto en la Ley sobre la Capacidad Jurídica de las Personas Casadas de 2006 y la Ley de Tierras de 2010 para que las mujeres puedan acceder al crédito y hacer uso de la tierra como garantía conforme a estas leyes cuando sea necesario.

Artículo 14

Mujeres rurales: condiciones de vida adecuadas, participación en la planificación del desarrollo, acceso a la atención sanitaria y educación

Marco legislativo

No existen en la Constitución disposiciones específicas sobre la protección de los derechos de las mujeres rurales. Sin embargo, estos derechos están previstos conforme al capítulo III de la Constitución en calidad de principios de las políticas estatales, por lo que no son justiciables. Además, las mujeres rurales se ven muy afectadas por lo dispuesto en el artículo 18, párrafo 4 c), que permite la discriminación en la medida en que es de aplicación el derecho consuetudinario, pues la mayoría de ellas están sujetas a principios del derecho consuetudinario, especialmente en materia de herencia.

Medidas de cumplimiento y vigilancia

El Departamento de Gobierno Local y Jefaturas Tribales celebra en los consejos comunitarios un Día de Servicios conforme al cual todos los proveedores de servicios del distrito se reúnen en un consejo comunitario y prestan servicios. Sin embargo, el Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil toman parte en programas que fomentan la participación de mujeres de las zonas rurales en proyectos comunitarios mediante cursos sobre aptitudes empresariales y la inscripción de sus sociedades para que puedan solicitar crédito a instituciones financieras.

Para mejorar el acceso a la atención sanitaria, las Fuerzas de Defensa de Lesotho cuentan con una campaña de prestación de servicios integrales de atención sanitaria en las zonas rurales y remotas de la que la mayoría de los beneficiarios son mujeres y niñas, y la campaña rota entre los diez distritos de Lesotho. Además, el Gobierno sigue ofreciendo infraestructuras mejoradas en los centros de atención sanitaria de las zonas rurales y remotas con ayuda de asociados para el desarrollo.

El Gobierno toma parte en la electrificación de las zonas rurales en el marco del desarrollo de infraestructura para facilitar la vida en las comunidades rurales, especialmente la de las mujeres y las niñas. La electrificación tiene lugar en paralelo a la prestación de servicios de abastecimiento de agua y saneamiento. Además, el Gobierno construye carreteras en las zonas rurales y remotas. También es necesario llevar a cabo campañas de educación de las mujeres rurales sobre los beneficios de la electricidad.

El Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil ofrecen a las mujeres de las zonas rurales capacitación en desarrollo de las competencias empresariales y profesionales para potenciar su participación económica. Además, el Gobierno y estas organizaciones ofrecen a algunas comunidades rurales invernaderos y aperos agrícolas para facilitar el establecimiento de proyectos generadores de ingresos. El Departamento de Desarrollo Social y las organizaciones de la sociedad civil imparten capacitación en asuntos relativos a las personas de edad, que son principalmente mujeres, en las zonas rurales, a la vez que forman clubes sociales y les prestan apoyo a escala comunitaria.

Las organizaciones de la sociedad civil y el Gobierno colaboraron en el proyecto de asistencia a las comunidades rurales alentándolas a redactar testamentos y registrar escrituras de otro tipo ante las instituciones competentes (como el Jefe del Tribunal Superior o la Autoridad de Administración Territorial). Con ello se pretende ayudar a las mujeres y niñas de las zonas rurales a ejercer su derecho a la propiedad. Las organizaciones de la sociedad civil también organizan en determinadas comunidades rurales parlamentos comunitarios en los que los miembros de la comunidad expresan sus necesidades, expectativas y agravios con ánimo de promover la gobernanza participativa.

La indemnización por tierras y el reasentamiento a raíz de proyectos de extracción a gran escala constituyen uno de los problemas que afectan a las mujeres de las zonas rurales. La indemnización concedida no aporta plenamente seguridad social a quienes han visto expropiadas sus tierras ni a sus beneficiarios. La indemnización no está al mismo nivel que los beneficios que habrían obtenido las familias reasentadas y las generaciones herederas.

Parte IV

Artículo 15

Igualdad ante la ley: derecho a concertar contratos, a la propiedad y a elegir un lugar de residencia

Marco jurídico

La Constitución de Lesotho garantiza la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. El artículo 19 de la Constitución prevé la igualdad ante la ley y a la igualdad en la protección de la ley. Sin embargo, el derecho a la igualdad se ve limitado por el artículo 18, párrafo 4 c), que permite la discriminación cuando es de aplicación el derecho consuetudinario.

Además, la Ley sobre la Capacidad Jurídica de las Personas Casadas elimina la condición jurídica de minoría de las mujeres casadas sujetas tanto al derecho consuetudinario como al derecho civil, pero persisten las actitudes antiguas y, en ese sentido, la mayoría de las mujeres siguen encontrando dificultades al tratar de obtener crédito de bancos u otras instituciones financieras, según proceda. El artículo 10 de la Ley de Tierras de 2010 concede a las mujeres casadas en régimen de sociedad conyugal el derecho a gozar de títulos de propiedad conjuntos con su marido.

Medidas de cumplimiento y vigilancia

Las organizaciones de la sociedad civil han ayudado al Gobierno a establecer centros de excelencia en los consejos comunitarios y han elaborado planes de acción para la incorporación de la perspectiva de género. Mantienen registros basados en datos desglosados por sexo en materia de asignación de tierras. El Gobierno y la sociedad civil también han traducido y simplificado leyes y políticas, así como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y las han difundido para mejorar los programas nacionales de promoción de los derechos humanos y la igualdad de género.

Artículo 16

Matrimonio y familia: igualdad de derechos en las cuestiones relacionadas con el matrimonio y las relaciones familiares

Marco jurídico

El artículo 4, párrafo 1 g), y el artículo 11 de la Constitución prevén el derecho al respeto de la vida privada y familiar. El artículo 19 de la Constitución pone de relieve el principio de igualdad ante la ley de hombres y mujeres en todas las esferas de la vida, incluido el matrimonio. Los derechos humanos y libertades fundamentales son aplicables a todos y no discriminan por estado civil. El artículo 40 prevé que toda mujer que esté casada o haya estado casada con un ciudadano de Lesotho pueda pasar a ser ciudadana de Lesotho solo tras solicitar la ciudadanía.

El artículo 7 de la Ordenanza sobre Ciudadanía de Lesotho de 1971 prescribe que toda mujer no basuta casada con un ciudadano de Lesotho solicite la ciudadanía y que, una vez preste juramento de fidelidad, se le conceda la ciudadanía del país.

Los matrimonios civiles se rigen por la Ley de Matrimonio de 1974 y por las Leyes de Lerotholi. Se necesita una ley que armonice la Ley de Matrimonio con las disposiciones de la Ley de Protección y Bienestar Infantiles de 2011, conforme a la cual se considera niño a todo menor de 18 años. El artículo 3 de la Ley de Matrimonio de 1974 prevé que no se obligue a nadie a concertar un contrato matrimonial con otra persona ni a casarse contra su voluntad. El derecho consuetudinario no establece una edad mínima para contraer matrimonio.

La edad mínima legal para contraer matrimonio es de 21 años; sin embargo, los niños de menos de 18 años y las niñas de menos de 16 años pueden contraer matrimonio con el consentimiento escrito del Ministro competente si este considera que el matrimonio en cuestión sería deseable o redundaría en el interés de las partes involucradas. Para ello se necesita también el consentimiento de las dos parejas de progenitores de los menores. No obstante, la Ley de Protección y Bienestar Infantiles de 2011 ha elevado a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio, con lo que anula todas las circunstancias excepcionales aplicables a las niñas menores de 18 años.

El artículo 25 dispone asimismo que ningún funcionario facultado para celebrar matrimonios oficie un matrimonio en el que una de las partes o las dos sean menores, a no ser que los progenitores o las partes hayan formulado el consentimiento exigido por ley con fines de formalización del matrimonio y que el consentimiento se le haya facilitado por escrito. Todo matrimonio civil puede contraerse en régimen de sociedad conyugal o en un régimen de otro tipo.

El matrimonio no sujeto a sociedad conyugal puede contraerse cuando ambas partes conciertan un acuerdo prenupcial al comienzo del matrimonio. Ello permite a la esposa poseer bienes privativos y gestionarlos y administrarlos por cuenta propia. Sigue incumbiendo a los cónyuges la obligación recíproca de prestarse apoyo y sostenimiento mutuos.

Lesotho estableció la Autoridad de Administración Territorial con fines de administración, inscripción, cartografía y registro catastral eficientes de las tierras y de operaciones conexas como la expedición de contratos de arrendamiento (en el caso de las parejas casadas en régimen de sociedad conyugal, ambos nombres deben aparecer en el contrato de arrendamiento). La Autoridad de Administración Territorial también ha ayudado a aplicar efectivamente las disposiciones de la Ley sobre la Capacidad Jurídica de las Personas Casadas y de la Ley de Tierras de 2010, que conceden a las mujeres el derecho a ser titulares de tierras sin que tengan que haberlas heredado.

Medidas de cumplimiento y vigilancia

Expedición de contratos de arrendamiento por sexo

Año	Mujeres	Hombres	Conjuntos	Total
2012	1 010	629	1 929	3 568
2013	14 419	5 813	21 415	41 647
2014	3 207	1 485	5 278	9 970
2015	1 050	658	1 897	3 605
2016	979	615	1 567	3 161

Fuente: Autoridad de Administración Territorial 2012.

Cabe atribuir el alto número de mujeres que inscriben tierras al proyecto de reforma de la administración territorial, del cual surgió un proyecto de regularización sistemática de las tierras ejecutado con carácter experimental en 2011 y 2012. Cabe atribuirlo asimismo a la intensificación de campañas de promoción y sensibilización que han popularizado disposiciones de la Ley sobre la Capacidad Jurídica de las Personas Casadas de 2006 y de la Ley de Tierras de 2010 y han sido llevadas a cabo por el Ministerio de Género, Juventud, Deportes, Arte, Cultura y Desarrollo Social junto con organizaciones de la sociedad civil.

Cabe señalar que un gran número de los títulos de tierras de mujeres corresponde a mujeres solteras, divorciadas o viudas que viven en zonas urbanas. El motivo es que el proceso de arrendamiento todavía no se ha ampliado a las comunidades rurales, por lo que subsiste la antigua práctica de mantener la mayoría de los títulos de propiedad de la tierra a nombre del hombre.

El artículo 73 de la Ley de Tierras de 2010 dispone que los tribunales de tierras examinen y resuelvan las disputas, acciones y actuaciones en materia de tierras. Con ello se pretende acelerar el acceso a la justicia y promover la protección de los derechos económicos.

Sin embargo, el desafío estriba en que, a diferencia de los matrimonios civiles, los matrimonios consuetudinarios no se documentan legalmente, a raíz de lo cual las mujeres que contraen matrimonio conforme al derecho consuetudinario encuentran dificultades cuando tratan de registrarse para obtener documentos para sí mismas o para sus hijos en los casos en que el matrimonio se disuelve o las relaciones con su esposo o con los familiares de este se vuelven hostiles, al no poder demostrar la legitimidad de su identidad, que a menudo no coincide con su nombre de soltera.

El Ministerio de Género, Juventud, Deportes y Recreación organizó campañas móviles, encuentros, reuniones públicas y consultas en los diez distritos de Lesotho con el objeto de recabar la opinión del público y su percepción en relación con la desigualdad entre mujeres y hombres en cuanto a los derechos de sucesión. Además, la herencia se eligió como tema del Mes de la Mujer Africana para el año 2014-2019.

La Oficina del Jefe del Tribunal Superior organiza campañas sobre redacción de testamentos con el objeto de alentar a las familias a que leguen su patrimonio a sus hijos de forma equitativa y en función de sus deseos. Entre las actividades de sensibilización cabe señalar reuniones consultivas de ámbito comunitario, diálogos públicos, foros y la distribución de material de información, educación y comunicaciones a miembros del público. La Oficina del Jefe del Tribunal Superior ayuda a miembros del público en relación con el proceso de redacción de testamentos.

El Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil ayudan a las mujeres de las zonas rurales y urbanas a tomar parte activa en actividades generadoras de ingresos que mejoren su condición socioeconómica impartiéndoles capacitación en competencias empresariales y profesionales. El Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil emprenden campañas de sensibilización en materia de violencia de género y sus efectos en la justicia económica para las mujeres. Sin embargo, el país todavía no ha preparado una base de datos nacionales sobre la violencia de género para determinar el grado en que esta impide el acceso de las mujeres a la justicia económica.

Matrimonios consuetudinarios basutos

El matrimonio consuetudinario se rige por el artículo 34 de las Leyes de Lerotholi, en cuya parte II se reconoce todo matrimonio consuetudinario basuto que cumpla determinados requisitos, entre ellos el acuerdo entre las partes en el matrimonio y el acuerdo entre los progenitores o sus representantes. Las Leyes de Lerotholi permiten que un hombre contraiga matrimonio con más de una esposa.

Poligamia

Para proteger los derechos de las mujeres, en particular los derechos de propiedad, el Gobierno, por conducto del Ministerio de Género, Juventud, Deportes, Arte, Cultura y Desarrollo Social y en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, organiza campañas de sensibilización pública frente al matrimonio infantil y educa al público sobre los procedimientos que debe seguir al contraer matrimonio conforme al derecho civil o consuetudinario. Aunque en las Leyes de Lerotholi se establece que, cuando un hombre contraiga matrimonio con más de una mujer, cada esposa debe tener su propio hogar, en la práctica no sucede así, lo cual predispone a las mujeres a los acosos y la violencia tras el fallecimiento de su esposo.

Igualdad entre mujeres y hombres en el matrimonio y las relaciones familiares

A pesar de cierta evolución positiva, persiste el trato discriminatorio que reciben las mujeres casadas en comparación con los hombres casados. El tribunal ordinario ha tenido que juzgar un caso en el que la demandante reclamaba su derecho a mantener su hogar de soltera, heredado de su hermano mayor. El tribunal determinó que la práctica de “ho ngala” (que, traducido literalmente, quiere decir “volver y vivir en el hogar natal”) no le confería un derecho jurídico en la medida en que seguía casada y solo tenía problemas conyugales, por lo que debía volver con su marido. El tribunal de apelación sostuvo que no tenía derecho a vivir en los bienes inmuebles de sus progenitores. Este caso es indicio de discriminación contra las mujeres casadas en comparación con los hombres casados, que sí pueden volver a alojarse en su hogar natal.

Violencia de género

Ante los casos en ascenso de violencia de género, el Gobierno, en colaboración con la sociedad civil, organiza campañas constantes contra el fenómeno. Se ha aprobado y traducido la Ley contra la Violencia Doméstica de 2022 para hacer frente a los casos de violencia de género.

Para hacer frente a la violencia de género, el Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil capacitan a las supervivientes de este tipo de violencia en competencias empresariales y profesionales con ánimo de fomentar la confianza de estas a fin de participar en proyectos económicos dirigidos a reducir su dependencia económica de los hombres. Las organizaciones de la sociedad civil y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) realizaron estudios sobre indicadores de la violencia de género y una evaluación de la situación en ese ámbito en Lesotho, respectivamente, a raíz de los cuales se recomendaron intervenciones programáticas e institucionales dirigidas a librar a las mujeres de la dependencia económica.

Instituciones nacionales de derechos humanos

Se aceptó la recomendación relativa al establecimiento en Lesotho de la Comisión de Derechos Humanos. Lesotho se esfuerza incansablemente por que entre en funcionamiento y por que respete las normas internacionales de derechos humanos y cumpla los Principios de París. La Comisión quedó establecida en virtud de la sexta modificación de la Constitución de 2011. En 2016 se aprobó la base legislativa, pero organizaciones de la sociedad civil presentaron una demanda alegando que la Ley no cumplía los Principios de París. Se llegó a un arreglo extrajudicial y el Gobierno empezó a ocuparse de la modificación de la Constitución y de la base legislativa. Actualmente, la modificación constitucional relativa a la Comisión forma parte del Proyecto de Ley General de 2022, de manera que, una vez aprobado este, también quedará aprobada la modificación de la base legislativa. En colaboración con organizaciones de la sociedad civil y asociados para el desarrollo ya se han puesto en marcha campañas de sensibilización en virtud de las cuales se da a conocer al público la labor prevista de la Comisión.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

En Lesotho, el 16,4 % de las mujeres de 20 a 24 años habían contraído matrimonio o empezado a mantener una unión antes de los 18 años. En 2018, el 82,8 % de las mujeres en edad reproductiva (entre 15 y 49 años) tenían cubiertas sus necesidades de planificación familiar con métodos modernos. La tasa de natalidad en adolescentes a 2017 era de 90,8 por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años, descenso con respecto a 91 por cada 1.000 mujeres en 2016. A febrero de 2021 solo el 23,3 % de los escaños del parlamento estaba ocupado por mujeres. En 2018 el 16,5 % de las mujeres de entre 15 y 49 años afirmaba que había sufrido actos de violencia física o sexual por parte de su pareja actual o su expareja en los últimos 12 meses. Asimismo, las mujeres y niñas de 15 años o más dedican el 15,6 % de su tiempo a cuidados y trabajo doméstico no remunerados, frente al 6,2 % en el caso de los hombres.

A diciembre de 2020, solo se disponía del 33,6 % de los indicadores necesarios para el seguimiento del cumplimiento de los ODS desde una perspectiva de género, y existían lagunas en esferas esenciales, en particular en relación con indicadores fundamentales del mercado de trabajo como la tasa de desempleo y las brechas salariales de género. Además, muchas esferas, como el género y la pobreza, el acoso físico y sexual, el acceso de las mujeres a los bienes (por ejemplo, la tierra) y el género y el medio ambiente, carecen de metodologías comparables con fines de seguimiento regular. Es esencial cerrar estas lagunas en los datos sobre el género para cumplir en Lesotho los compromisos de los ODS relacionados con el género.