Período extraordinario de sesiones
Acta resumida de la 577ª sesión
Celebrada en la Sede, Nueva York, el lunes 12 de agosto de 2002, a las 10.00 horas
President a :Sra. Abaka
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 18 de la Convención (continuación)
Tercer y cuarto informes periódicos combinados y quinto informe periódico de Guatemala
Se declara abierta la sesión a las 10.30 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 18 de la Convención (continuación)
Tercer y cuarto informes periódicos combinados y quinto informe periódico de Guatemala (CEDAW/C/GUA/3 y 4, CEDAW/C/GUA/5, CEDAW/PSWG/2002/E XC/CRP.1/Add. 6 y CEDAW/PSWG/2002/EXC/CRP.2/Add.3)
Por invitación de la Presidenta, el Sr. Julio Molina Avilés, el Sr. Arturo Bayardo Mejía Monzón, la Sra. Taracena Secaira, la Sra. Catalina Soberanis y la Sra. Caravantes Tobías (Guatemala) toman asiento a la Mesa del Comité.
La Sra. Taracena Secaira (Guatemala) presenta a la delegación y anuncia que el examen de los informes de Guatemala por el Comité coincide con el vigésimo aniversario de la ratificación de la Convención por Guatemala.
La Sra. Caravantes Tobías (Guatemala) dice que su Gobierno ratificó la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias y en 1994 el Convenio No. 156 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a los trabajadores con responsabilidades familiares. Entre las medidas especiales temporales dirigidas a lograr la igualdad entre hombres y mujeres figuran la Ley de Dignificación y Promoción de la Mujer y el artículo 47 de la Ley del Fondo de Tierras, que establece un período de 10 años durante el cual, en la concesión de tierras, se dará prioridad a las mujeres solteras que sean cabeza de familia y a las viudas que se hayan visto gravemente afectadas por el conflicto armado.
Gracias a que se reconocen más las barreras a la igualdad de la mujer conforme a la ley, se derogaron los artículos 232 a 235 del Código Penal y hubo varias causas en que la Corte Constitucional falló a favor de demandantes mujeres. Sin embargo, la idea tradicional que se tiene de la mujer, la ignorancia general de la ley, un sistema jurídico débil, una legislación que discrimina contra la mujer y unas leyes básicas para las que no existe mecanismo de ejecución obstaculizan los progresos hacia la igualdad entre los géneros. De adoptarse, varias de las enmiendas propuestas al Código de Trabajo, al Código Civil y al Código Penal beneficiarían a la mujer de las zonas rurales y a las madres que trabajan, se tipificarían los delitos de violencia, acoso sexual y discriminación contra la mujer, así como el incumplimiento de la obligación de pagar alimentos, y se aseguraría la admisibilidad de la prueba del ADN. Hay otro proyecto de ley en virtud del cual se establecerían cupos para la participación de las mujeres en los partidos políticos.
Se han creado oficinas de la mujer a diversos niveles de la Administración, se han incluido las políticas nacionales de promoción de la mujer en los programas nacionales y sectoriales para la paz, el desarrollo y la reducción de la pobreza, y se han concebido mecanismos de supervisión adecuados. Sin embargo, subsisten problemas debido a los limitados recursos técnicos, financieros y humanos, la escasa coordinación entre los mecanismos nacionales, las barreras sociales y la falta de voluntad política en algunos ámbitos.
Se ha establecido una subcomisión de igualdad entre los géneros en la Comisión Consultiva para la Reforma Educativa, entre 1999 y 2000 se asignó financiación adicional para las estudiantes, se ofrecieron becas a niñas y jóvenes, en particular en las regiones rurales, y se procuró eliminar los estereotipos de género en la educación. Sin embargo, hay pocos expertos en cuestiones relativas al género y la educación, los recursos son limitados y escasean los parvularios. En las regiones rurales, el 66% de las niñas abandonan la escuela antes del tercer grado y sólo una de cada ocho niñas de todo el país termina el sexto grado; el 60% de todas las mujeres y el 80% de las mujeres de zonas rurales son analfabetas.
Como resultado de las nuevas medidas de atención de la salud, se ha creado un programa de cuidados en hospitales después del aborto, el sistema de salud mental cubre la violencia en el hogar y se recopilan estadísticas desglosadas por género. Sin embargo, en la recopilación de datos desglosados por género se advierte una tendencia a centrarse en la mujer como madre. Se necesita urgentemente un enfoque amplio con respecto a la salud de la mujer, incluida la violencia contra la mujer, que no se suele reconocer como problema de salud. La situación se ve agravada por la dispersión de la población y por la elevada tasa de natalidad. El Gobierno trata de sensibilizar a la opinión pública acerca de la violencia en el hogar y de luchar contra los estereotipos de género que hacen que se tolere ese tipo de comportamiento. Conforme a las enmiendas propuestas al Código Penal la violencia contra la mujer se tipificaría como delito y aumentarían las penas impuestas por incitación a la prostitución.
Se han realizado importantes progresos en la promoción de la participación de la mujer en la vida política creando organizaciones y redes y estableciendo foros para el diálogo con la sociedad civil. Sin embargo, se advierte una fuerte resistencia a la elección de mujeres para puestos de responsabilidad: las mujeres sólo representan el 10% de los diputados y el 1% de los alcaldes. La enmienda propuesta a la Ley Electoral y de Partidos Políticos establecería cupos para asegurar la elección de mujeres a puestos directivos en los partidos políticos.
La población rural está muy dispersa, la tasa de natalidad es mayor que en las zonas urbanas y la pobreza está muy extendida. Se está haciendo frente a los problemas de la mujer de las zonas rurales concediendo becas a niñas y muchachas, mejorando el acceso al crédito, promoviendo la participación de la mujer en la toma de decisiones y, aumentando los créditos presupuestarios que se asignan a la educación y la seguridad alimentaria. Se están formulando asimismo diversas propuestas para mejorar la educación de la mujer de las zonas rurales y la salud reproductiva.
La Presidenta agradece al Gobierno de Guatemala que haya enviado una delegación de alto nivel para presentar los informes periódicos del país, y celebra que Guatemala haya ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención.
La Sra. González Martínez felicita a Guatemala por la rapidez con que ha respondido a las preguntas formuladas por el grupo de trabajo previo al período de sesiones. Sin embargo, la ha decepcionado que sólo se haya respondido en parte a algunas de las preguntas. Recalca que el proceso de paz del país, que se describe pormenorizadamente en el tercer y cuarto informes periódicos combinados y en el quinto informe periódico (CEDAW/C/GUA/3-4; CEDAW/C/GUA/5) ha puesto fin a 30 años de conflicto, que fue trágico para Guatemala y para toda América Latina. Los acuerdos de paz de diciembre de 1996 no solamente hicieron que las mujeres participaran en el proceso, sino que tuvieron presentes sus necesidades, en especial las de las mujeres rurales y las indígenas. Además, pusieron al Gobierno en la obligación de aplicar la Convención y de difundirla.
Tal como se indica en los informes periódicos, la aplicación de la Convención se sigue viendo entorpecida por los esquemas culturales tradicionales, en particular los estereotipos de género. Si bien existen en toda América Latina, esos esquemas están particularmente enraizados en Guatemala. Por ello, pide que se procure cambiar esas tradiciones.
Reconoce que las medidas legislativas y de programación que se han tomado son positivas, pero considera que se deben redoblar los esfuerzos a fin de hacer una evaluación más amplia de sus resultados, especialmente en lo relativo a la aplicación de los acuerdos de paz. La Constitución ha establecido la igualdad entre hombres y mujeres, evolución particularmente positiva en vista de que la mujer tiene limitado acceso a la atención de salud y a la propiedad de la tierra. Es preciso efectuar una reforma legislativa para asegurar que se cumplan todos los compromisos contraídos en el ámbito de los derechos de la mujer; y que haya recursos a fin de que se puedan reivindicar esos derechos si no se cumplen los compromisos.
La Convención tiene por objeto eliminar la discriminación contra las mujeres y asegurar su igualdad con los hombres. Sin embargo, le preocupa que en los informes periódicos con frecuencia sólo se haga referencia a la equidad, y no a la equidad y la igualdad, ya que no significan lo mismo.
De los informes no se desprende con claridad resulta cómo se coordinan las actividades del gran número de instituciones y organismos que constituyen la maquinaria del Estado para hacer frente a las cuestiones relativas a la mujer.
La trata de mujeres y la prostitución alcanzan niveles alarmantes. En los informes periódicos tercero y cuarto combinados se dice que “La prostitución en Guatemala es un fenómeno sociocultural arraigado en la sociedad por los esquemas patriarcales, que recaen mayormente en la niñez y la adolescencia”, y las cifras proporcionadas confirman que la situación es grave, especialmente cuando intervienen menores. Es fundamental contar con un plan para afrontar el problema, acompañado de un compromiso inequívoco de hacerlo. Invocar una legislación anticuada e ineficaz como obstáculo que impide el cambio, no es una excusa válida.
La Sra. Ferrer Gómez dice que se ha avanzado en lo relativo al establecimiento y fortalecimiento de una jerarquía de organismos nacionales que se ocupan de los derechos de la mujer, pero comparte las inquietudes de otros miembros en cuanto a la proliferación de los organismos de ese tipo y la aparente falta de coordinación entre ellos. Pide que se le confirme que en los principales ministerios ya se han establecido dependencias que se ocupan de las cuestiones relativas a la mujer, tal como se planificó. También desea saber cómo funciona la Junta Consultiva, y quiénes son sus delegados.
De acuerdo con los informes periódicos, la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) está en situación de déficit, y se ha dejado en manos de los ministerios la tarea de obtener fondos para promover las cuestiones relativas a la mujer. Es obvio que, para que la maquinaria nacional para la aplicación de la Convención pueda funcionar, necesita recursos suficientes. Pregunta cuántos ministerios han asignado fondos para aplicar la Política Nacional de Promoción y Desarrollo de la Mujer Guatemalteca.
La delegación guatemalteca ha aludido a problemas legislativos para explicar por qué no se ha logrado cambiar los estereotipos de género. La oradora pregunta si hay algún programa concreto para abordar ese problema y tras referirse a la Ley de Dignificación y Promoción de la Mujer y el Niño, si se ha informado a quienes formulan las políticas y a las mujeres del país acerca de la legislación vigente.
En Guatemala prevalecen altos niveles de pobreza. Según algunas fuentes la pobreza afecta al 56% de la población y la extrema pobreza al 15,7%. Los grupos más afectados por la pobreza son las mujeres que son cabeza de familia en las zonas rurales (72%) y en las regiones con población indígena (71%). La oradora pregunta si las estrategias públicas de reducción de la pobreza incluyen un componente de género y si la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) hace alguna aportación.
Si bien en aproximadamente el 70% de los hogares de las zonas rurales el cabeza de familia es una mujer, sólo en el 10% de los casos se han asignado parcelas a mujeres. La oradora pregunta si la maquinaria nacional de promoción de las cuestiones relativas a la mujer participó en el plan general de desarrollo rural
La Sra. Tavares da Silva señala que, de acuerdo con las respuestas del grupo de trabajo previo al período de sesiones, hubo organizaciones no gubernamentales que contribuyeron a la elaboración de la “Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas, Plan de Equidad de Oportunidades 1997-2001”. En las respuestas también se indicó que no había sido viable y que sólo se había aplicado en parte. Pregunta si se hizo alguna evaluación de las actividades emprendidas y en qué se diferencia el Plan de 1997-2001 de su sucesor, el Plan de Equidad de Oportunidades 2001-2006. También desea saber si a la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) se le han asignado recursos suficientes para aplicar el Plan, y si con el Plan se logrará que se incorpore la perspectiva de género.
En los informes periódicos y en las respuestas a las preguntas del grupo de trabajo previo al período de sesiones se indica que puede existir confusión en torno a la definición de las medidas especiales temporales a que se refiere la Convención. El Gobierno explicó que se ha centrado en las medidas de carácter permanente, como las relativas a la educación o las destinadas a proteger la maternidad, debido a la resistencia de la sociedad a las medidas de carácter provisional, que o bien pasan a ser permanentes o bien se descartan. No obstante, la razón de ser de las medidas provisionales es promover la igualdad y se abolirán una vez alcanzada ésta.
En vista del gran número de menores que son objeto de explotación sexual, los resultados del programa aplicado han sido decepcionantes. Tal como se explicó en las respuestas de Guatemala a las preguntas del grupo de trabajo previo al período de sesiones, en todas las redadas llevadas a cabo en locales donde había menores, los infractores sólo han sido multados y luego puestos en libertad. La oradora pregunta si esa práctica no contradice las disposiciones del artículo 189 del Código Penal relativas a la corrupción agravada.
La oradora se hace eco de preguntas anteriores acerca de la confusión entre “equidad” e “igualdad” y duda de que se trate de un problema de traducción, ya que las dos palabras no significan lo mismo. Rara vez se encuentra la palabra “igualdad” en los informes.
La Sra. Achmad repite las preguntas de la Sra. Tavares da Silva respecto del empleo de las palabras “equidad” e “igualdad”. En cuanto a la situación de la maquinaria nacional para aplicar la Convención, hay muchos comités y comisiones, pero no hay ningún mecanismo de coordinación general, ni tampoco una clara división de responsabilidades o atribuciones. En esas circunstancias, resulta difícil saber cómo se podría emprender una acción eficaz, en particular para luchar contra la pobreza y la violencia contra la mujer. Pregunta si hay entidades encargadas de luchar contra los estereotipos de género, de supervisar las medidas adoptadas para lograr la reforma legislativa, asignar recursos financieros y humanos y vigilar la aplicación de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la Convención sobre los Derechos del Niño, y de la propia Convención sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer. La oradora pregunta si se han tomado medidas para recopilar y analizar cifras desglosadas por género.
La Sra. Saiga dice que a ella también le preocupa el número de entidades que se ocupan de las cuestiones relativas a la mujer y la aparente falta de coordinación entre ellas. Al presentar verbalmente el informe, la delegación ha aludido a la ignorancia general de la ley como uno de los obstáculos que impiden lograr los objetivos deseados. La población, y en especial las mujeres, no conoce sus derechos, los procedimientos para hacerlos valer y protegerlos, y las fuentes de asistencia jurídica. La oradora espera que Guatemala haga un esfuerzo especial por mejorar la situación.
La Sra. Caravantes Tobías (Guatemala), en respuesta a las observaciones relativas a la aparente falta de coordinación entre los diversos organismos que se ocupan de las cuestiones relativas a la mujer, recalca que está en marcha una amplia reorganización. La Oficina Nacional de la Mujer (ONAM), adscrita al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, lleva 20 años en funcionamiento. Colaboró con el movimiento de las mujeres durante diez años de negociaciones para establecer el Instituto Nacional de la Mujer. Sin embargo, el ex presidente de Guatemala formuló una contrapropuesta: que se estableciera la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM). Como resultado, el movimiento de las mujeres ha vuelto a entablar conversaciones para determinar la forma del acuerdo por el que se creará la Secretaría Presidencial y para seleccionar a los 10 candidatos cuyo nombre se propondría para dirigirla. No se sabe con certeza cuál será la suerte de la Oficina Nacional de la Mujer. Lo fundamental es determinar cómo lograr que haya una relación entre la Oficina para los Derechos Humanos de la Mujer, la Oficina para la Defensa de los Derechos Humanos de los Indígenas y el Foro Nacional de la Mujer (establecido por la maquinaria del acuerdo de paz, que se prevé deje de funcionar en 2004).
La principal función de coordinación corresponde a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), que cuenta con una Junta Consultiva para cuestiones relativas a la mujer, integrada por directores de programas.
Entre los principios de la estrategia de reducción de la pobreza está el de garantizar la equidad entre los géneros. Este principio abarca los cuatro objetivos principales de la política sobre cuestiones relativas a la mujer: en primer lugar, lograr que el Gobierno dé prioridad a las actividades de promoción de la mujer; segundo, atender a las necesidades específicas de la mujer (en especial las cuestiones relativas a la salud sexual y reproductiva, y a la violencia); tercero, asegurarse de que las mujeres participan en la toma de decisiones en todos los debates a nivel local y en los foros de planificación; y cuarto, lograr que la normativa de las cuestiones relativas a la mujer se institucionalice en todas las esferas públicas, en términos de recursos humanos y financieros. La Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) es un órgano consultivo, pero intenta movilizar recursos para su utilización en cooperación con toda entidad que ejerza facultades ejecutivas. Ha unido sus fuerzas con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y con el Instituto Nacional de Estadística (INE) para asegurarse de que cuatro ministerios prioritarios (Salud, Educación, Trabajo y Agricultura) cooperan en la elaboración de indicadores para evaluar los progresos de la mujer guatemalteca.
Con respecto a las diferencias entre el Plan de Equidad de Oportunidades 1997-2001 y el Plan de Equidad de Oportunidades 2001-2006, la oradora dice que en cierta medida el movimiento de las mujeres se apartó del proceso de planificación: aunque no se tomaron en cuenta alrededor del 50% de los deseos del Foro Nacional de la Mujer, la política por la que se optó se anunció y se puso en práctica como política oficial. La Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) se estableció con objeto de llegar a un consenso normativo, proceso en el que la evaluación de la práctica anterior era muy importante. Aún no se ha establecido un mecanismo de supervisión de políticas, ya que aún no se han seleccionado los indicadores adecuados, hay poca información desglosada por género, y resulta difícil determinar con precisión la población a que están destinadas determinadas partidas del presupuesto nacional. La Secretaría Presidencial hace todo lo posible por conseguir que todos los ministerios comprendan que la promoción de los intereses de la mujer es responsabilidad de cada uno de ellos, por lo que deben asignar a esa tarea recursos apropiados.
El Sr. Mejía Monzón (Guatemala) dice que no cabe duda de que la educación puede cambiar actitudes muy arraigadas; por lo tanto, se están realizando esfuerzos concertados para que en los libros de texto no haya estereotipos de género. En la actualidad, todos las instituciones de enseñanza técnica de Guatemala aceptan a mujeres, pero la matrícula de las adolescentes sigue siendo baja. Dado que el 90% de las maestras de escuela primaria y de parvulario no tienen calificaciones profesionales, el conjunto de medidas de reforma de la educación del Gobierno se centra en la capacitación y en la igualdad de oportunidades. Una de las medidas para asegurar que aumente el número de niñas que terminan la enseñanza primaria fue un programa de becas para niñas que se ofreció a 75.000 familias de bajos ingresos en 2002. Ese mismo año se ofrecieron unas 72.000 becas de la paz a niños y niñas que eran huérfanos de guerra. El Ministerio de Educación espera que se dé la aprobación para establecer un consejo de mujeres que se ocupará de que se trate equitativamente a todos en el sistema educativo.
El Sr. Soberanis (Guatemala) dice que la Ley de Dignificación y Promoción de la Mujer sólo es un ejemplo de discriminación positiva provisional para facilitar la plena participación de la mujer en la vida política. La Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural asegura la participación permanente de las organizaciones de mujeres en la toma de decisiones a nivel local, con un período de gracia especial para las organizaciones no inscritas. Al asignar tierras a los desplazados, durante un período de 10 años se dará prioridad a las madres solteras y a las viudas.
Tras la enmienda del Código Penal de Guatemala, la producción y venta de publicaciones obscenas en las que aparezcan menores se castiga con una pena de prisión de tres a nueve años y multa. Se incorporarán también disposiciones complementarias relativas a la prostitución infantil. Por otra parte, se han propuesto nuevas enmiendas para aumentar las penas por trata de mujeres, espectáculos obscenos y explotación con fines pornográficos.
La Sra. Caravantes Tobías (Guatemala) dice que Guatemala participó en un estudio regional en el que se recalcó la importancia de fortalecer los marcos jurídicos y medidas conjuntas para luchar contra la prostitución. Se llegó a un acuerdo con el movimiento de mujeres de México para establecer un grupo binacional dedicado a luchar contra la trata transfronteriza de mujeres.
Se han preparado versiones populares de la Ley de Dignificación y Promoción de la Mujer y de otros recursos legales en las lenguas vernáculas, y se procura difundir el contenido de la Convención.
El Sr. Molina Avilés (Guatemala) dice que se ha creado un consejo consultivo sobre todos los aspectos de la salud de la mujer, como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y con apoyo de la comunidad internacional y de donantes bilaterales. Como las niñas y las mujeres en edad de procrear representan una gran proporción de la población de Guatemala, en la Ley de Desarrollo Social también se ha dado prioridad a la salud reproductiva. La mortalidad materna va disminuyendo y en la actualidad se estima que la tasa es de 180 muertes por 100.000.
La Sra. Caravantes Tobías (Guatemala) dice que la rapidez con que se creó una maquinaria subsidiaria para ejecutar el Programa Nacional de Salud Reproductiva fue resultado de la voluntad política de los diversos ministerios interesados. Si bien en los dos últimos años se han creado una serie de mecanismos, necesitan urgentemente recursos adicionales. Además, es demasiado pronto para determinar su eficacia.
En el contexto de las actividades tendientes a erradicar la pobreza rural, se están movilizando recursos para un proyecto experimental en Huehuetenango que se centra en las mujeres indígenas, la inmensa mayoría de las cuales son cabeza de familia. Aunque los fondos destinados a la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) se han multiplicado por diez gracias a la asistencia prestada por el sistema de las Naciones Unidas y otros donantes, en el presupuesto del Estado no se le ha dado gran prioridad.
La Sra. Barrera (Guatemala) dice que la Fiscalía se ocupa de la cuestión de la prostitución infantil desde 1999. Las organizaciones no gubernamentales cooperaron en la elaboración de un plan nacional de acción en el que se tuvo en cuenta la situación en diversas partes del país. Se está examinando una propuesta de reforma del Código Penal y además se ha establecido un mecanismo de vigilancia.
La Presidenta invita a los expertos a formular más preguntas a la delegación.
La Sra. Shin, volviendo a la cuestión de la violencia contra la mujer, dice que confía en que en su próximo informe el Estado Parte pueda señalar que se han promulgado las enmiendas al Código Penal propuestas. Además, debería abolirse la disposición legislativa que impide que se entre en las casas de 6 de la tarde a 6 de la mañana, ya que al parecer sólo sirve para entorpecer la labor de la policía en la lucha contra la violencia en el hogar. La delegación debería proporcionar más información detallada sobre la duración de las penas aplicadas a los autores de actos de violencia contra la mujer y el número de causas en que se ha condenado a los autores. También debería aclarar si en la policía se ha establecido alguna dependencia especializada en la lucha contra la violencia. Se agradecería asimismo que se dieran datos desglosados por género sobre la asistencia prestada a las víctimas, tanto de la violencia en el hogar como del conflicto armado.
La Sra. Gaspard dice que comparte las inquietudes de otros expertos acerca de la aparente falta de coordinación entre los mecanismos gubernamentales que se ocupan de las cuestiones relativas a la mujer, así como sobre la aparente falta de recursos para financiarlos. La delegación debería aclarar por qué no se ha aprobado aún el proyecto de ley que propone una representación femenina del 30% en las listas electorales, y debería asegurar al Comité que eso no servirá para limitar la participación de la mujer. El próximo informe debería incluir una evaluación más detallada de las repercusiones de las políticas pertinentes, con datos adicionales desglosados por género.
La Sra. Kapalata sugiere que en su próximo informe Guatemala detalle las actividades concretas de cada dependencia nacional encargada de la incorporación de la perspectiva de género y de las políticas de igualdad de la mujer y que explique por qué son necesarias tantas dependencias. Insiste también en la necesidad de que haya una buena comunicación entre las diversas estructuras nacionales a fin de alcanzar los objetivos deseados.
La Sra. Corti celebra las importantes mejoras introducidas en la maquinaria nacional para la igualdad entre géneros desde que se presentaron los dos primeros informes. Gracias a la cooperación internacional, la consecución del proceso de paz y la voluntad política del Gobierno se ha logrado la internalización institucional del enfoque de género en los programas. Sin embargo, la oradora se pregunta si se dispone de suficientes recursos financieros para mantener toda la maquinaria nacional y sugiere que la racionalización de los programas podría ser beneficiosa.
Recalca que el principal problema de Guatemala es la pobreza, y si bien el Gobierno está firmemente decidido a mejorar la situación, debido al estancamiento de la economía no se han podido realizar grandes mejoras en los últimos años.
En vista de lo extendida que está la prostitución, recuerda que no está tipificada como delito y que se ha convertido en un fenómeno cultural que fomenta a la esclavización y la explotación de las mujeres. El Estado informante debería indicar si se han realizado progresos en la promoción del concepto de la mujer como igual y a ese respecto, la colaboración con las organizaciones no gubernamentales podría ser de utilidad.
Por último, exhorta al Estado informante a que no confunda “equidad” e “igualdad”, ya que la insistencia en el concepto de equidad podría comprometer el de la igualdad.
La Sra. Regazzoli dice que se debe tener presente que Guatemala ha padecido 40 años de guerra civil y que es muy difícil dedicar la suficiente atención a la igualdad de género y al mismo tiempo tratar de construir una paz duradera. La plétora de mecanismos nacionales para garantizar los derechos de la mujer es consecuencia directa de la guerra: debido a la gran cantidad de hombres que perdieron la vida, la población de Guatemala es excepcionalmente joven y hay muchas mujeres que son cabeza de familia y cuyas necesidades se deben abordar.
Le preocupa la disponibilidad de recursos humanos y presupuestarios: no está claro si bastarán para que los diversos organismos nacionales puedan proseguir su labor después de 2006.
Hay organismos de otros Estados que prestan asistencia a Guatemala en el proceso de reconstrucción posterior a la guerra. Sin embargo, en el pasado los países europeos tendieron a idealizar la guerra civil y, en algunos casos, contribuyeron a financiarla. Resulta irónico que ahora esos países sean los principales donantes de Guatemala, y no queda claro cómo podrá Guatemala financiar el proceso de democratización cuando esos países dejen de prestar su asistencia.
Además, cuesta entender por qué, a pesar de todos los esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales por aumentar el nivel de participación de la mujer en la vida política, el Gobierno aún no ha aprobado el proyecto de Ley Electoral y de Partidos Políticos. Es importante llenar el cupo del 30% no sólo en las listas electorales, sino también en el propio Congreso. Para lograr la verdadera igualdad en el ámbito de la política, es preciso que haya muchas más mujeres a nivel municipal, sobre todo en las zonas más desfavorecidas, por lo que se necesita más información sobre los métodos actuales y futuros de alentar a las mujeres a votar y a presentarse como candidatas en las elecciones.
La Sra. Caravantes Tobías (Guatemala), refiriéndose a la multiplicidad de mecanismos nacionales para asegurar los derechos de la mujer, dice que un solo departamento no podría ocuparse adecuadamente de todos los aspectos de la igualdad entre los géneros en todas las esferas. Con respecto a la organización de la maquinaria nacional, la oradora señala que la Secretaría de la Mujer recibe financiación del presupuesto nacional para asegurar su estabilidad estructural. En la actualidad, tres directorios de la Secretaría se ocupan de cambiar la idea que de las mujeres tiene la sociedad, impulsar las políticas y prácticas de igualdad entre los géneros en la Administración, y promover el diálogo y la colaboración con organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil. Lamentablemente, las organizaciones de mujeres guatemaltecas se oponen al actual Gobierno, por lo que resulta particularmente problemático que se entable un diálogo entre ellos. Los diversos organismos nacionales están redactando un plan estratégico para evaluar las medidas adoptadas a fin de promover la igualdad de género, y la Oficina Nacional de la Mujer tiene previsto examinar su futuro papel.
Guatemala va a la zaga en cuanto a las actitudes con respecto a la igualdad de géneros, ya que muchas mujeres se contentan con aceptar que no gozan de los mismos derechos en la creencia de que sus problemas se deben a que son pobres o indígenas, y no a que son mujeres. Como la igualdad de géneros no se considera una prioridad, es doblemente difícil aprobar el proyecto de Ley Electoral y de Partidos Políticos. Las autoridades guatemaltecas están considerando la acción afirmativa, cuyo éxito se ha visto obstaculizado por la interpretación de la palabra “igualdad”: se entendió que significaba proporcionar las mismas oportunidades a las mujeres que a los hombres, en vez de prestar particular atención a las mujeres. Se consideraría que es el principal mecanismo para clasificar a las mujeres como un grupo desfavorecido.
Se reconoce que la falta de datos desglosados por sexo es un grave problema para el Gobierno, y aunque por ley es obligatorio proporcionar esos datos, el país no cuenta con los sistemas necesarios y apropiados.
La oradora dice que la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) ha elaborado un programa para abordar la cuestión de la violencia en el hogar. En la legislación guatemalteca se antepone la preservación de la unidad familiar al problema de la violencia contra la mujer, y no hay centros estatales de acogida para las víctimas. La falta de centros de acogida guarda relación con la alta tasa de natalidad de Guatemala, ya que al dar refugio a una mujer también hay que acoger a todos sus hijos.
La Sra. Soberanis (Guatemala), respondiendo a una pregunta relativa al artículo 23 de la Constitución guatemalteca, dice que el principio de la inviolabilidad del domicilio es una de las garantías fundamentales que contempla la Constitución. Sin embargo, la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar estipula que la policía debe prestar ayuda a las víctimas de la violencia en el hogar aun cuando ello suponga entrar al hogar, y el Código Penal dispone que el artículo 23 de la Constitución no se aplica en casos de que se haya cometido un delito grave. Sin embargo, la policía guatemalteca aún se muestra reacia a intervenir en casos de violencia en el hogar por temor a sufrir represalias en virtud del artículo 23. La Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Contra la Mujer (CONAPREVI) se ocupa de los programas de fomento de la capacidad para la policía, a fin de alentarla a obtener pruebas por escrito de presuntos delitos y a entrar en el domicilio de las víctimas cuando haya pruebas claras de violencia.
El Sr. Molina Avilés (Guatemala), hablando de los efectos de la guerra civil sobre la población guatemalteca, dice que en varias regiones del país la gente padece problemas de salud mental. El Ministerio de Salud Pública ha establecido dos programas para abordar esa cuestión y con la ayuda de la comunidad internacional, en concreto por intermedio del UNICEF, proporciona apoyo financiero a las regiones afectadas.
Desea recalcar que hay una aparente contradicción en la idea que de Guatemala se tiene en otros países: por un lado, se la considera un país con una tasa de pobreza de alrededor del 50%; pero, se trata de un país que goza de estabilidad macroeconómica. Esto provoca importantes problemas, porque una pequeña proporción de personas de ingresos muy altos ha hecho que aumente hasta tal punto el ingreso medio per cápita que dentro de poco Guatemala ya no tendrá derecho a la ayuda “gratuita” y tendrá que recurrir a préstamos. En todo caso, el Gobierno continuará financiando sus diversos programas.