Distr.GENERAL

CRC/C/SR.114817 de noviembre de 2008

ESPAÑOLOriginal: INGLÉS

COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

42º período de sesiones

Acta resumida de la 114 8 ª sesión (S ala B)

celebrada en el Palacio de las Naciones, Ginebra,el viernes, 26 de mayo de 2006, a las 15.00 horas

Presidenta: Sr. LIWSKI (Vicepresidente)

SUMARIO

Examen de los informes presentados por los Estados Partes (continuación)

Tercer informe periódico de Colombia(continuación)

Se declara abierta la sesión a las 15.00 horas .

EXAMEN DE LOS INFORMES DE LOS E STADOS P ARTES (tema 4 del programa) (continuación)

T ERCER INFORME PERIÓDICO DE COLOMBIA (continuación) (CRC/C/129/Add. 6, CRC/C/COL/Q/3 y Add. 1)

1. Por invitación del Presidente, el Sr. Concha, la Sra. Díaz , la Sra. Forero Ucros ,

Sra. Londoño Soto, el Sr. Matute, el Sr. Mejía, el Sr. Mesa, la Sra. Peñuela , el Sr. Rueda Prada, la Sra. Vanegas Cubillos y la Sra. Vargas Silva (Colombia) vuelven a tomar asiento como participantes a la mesa del Comité.

2.El Sr. FILALI pregunta qué medidas ha tomado el Gobierno de Colombia para erradicar el trabajo infantil desde que ratificó, en 2005, el Convenio de la OIT sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. Invita a la delegación a formular comentarios sobre las denuncias de uso habitual de la violencia por parte de la policía contra los niños que trabajan en la calle, especialmente los que pertenecen a la minoría afrocolombiana. Quiere saber si se han creado centros de tratamiento especializado para atender a los niños de la calle adictos a las drogas duras y al alcohol y si los niños implicados en el tráfico de substancias adictivas son considerados víctimas o delincuentes.

3.También le agradaría saber si el Estado Parte ha adoptado alguna disposición para luchar contra la venta de niños con fines de adopción, explotación laboral o prostitución. Pregunta así mismo si ha establecido un mecanismo de presentación de quejas para abordar el problema de la explotación sexual y, en caso afirmativo, si se proporciona tratamiento especializado a los niños afectados.

4.Al Comité le interesaría saber si el Estado Parte ha tomado medidas destinadas a proteger a la minoría afrocolombiana y evitar la extinción de las tribus indígenas; agradecería cualquier información sobre los programas previstos para proteger a sus hijos.

5.Al Comité también le gustaría saber si la delegación piensa que las responsabilidades y competencias de los jueces de menores son demasiado amplias. Invita a la delegación a discutir las denuncias de que los menores detenidos reciben un trato diferente en función del grupo étnico o de la banda a la que pertenecen, así como las relativas a su reclusión en cárceles de adultos.

6.El Sr. POLLAR pregunta si es cierto que los grupos rebeldes atraen a los niños a sus filas con la promesa de ofrecerles una educación mejor. Desea saber si se han adoptado disposiciones para proteger a los maestros; si es verdad que se han cancelado los programas de educación sexual; qué medidas se han tomado a fin de evitar los embarazos en las adolescentes y de convencer a las chicas para que no abandonen los estudios; si el Gobierno se ha planteado la posibilidad de ofrecer una enseñanza bilingüe a los niños de las comunidades indígenas; y qué medidas está tomando el Estado Parte para mejorar el nivel de higiene en las escuelas.

7.Según los informes, las fuerzas armadas utilizan a menudo las escuelas con fines militares; en ese sentido, pregunta qué disposiciones ha adoptado el Gobierno para proteger a los alumnos de las milicias, cuántos menores participan en actividades militares y hasta qué punto el conflicto armado ha menoscabado su derecho a la educación.

8.Pregunta cómo garantiza el Gobierno la disponibilidad de material escolar para todos los alumnos y si se ha planteado la posibilidad de brindar programas escolares alternativos a los menores que trabajan, por ejemplo, en el servicio doméstico. Sería conveniente saber si las escuelas ofrecen cursos de formación profesional; si se están tomando medidas para proporcionar enseñanza secundaria gratuita a todos los niños colombianos; si el Gobierno hace publicidad de los programas educativos, inclusive mediante folletos de promoción y anuncios televisivos; y si los niños colombianos pueden elegir los centros escolares a los que desean asistir.

9.Pregunta así mismo si Colombia se ha planteado la posibilidad de establecer programas de educación para los niños que se han visto privados del derecho a ésta, incluidos los menores detenidos, las adolescentes embarazadas y los niños infectados por el VIH/SIDA. Pregunta, por último, si la ley colombiana prohíbe los castigos corporales y si existe algún mecanismo para supervisar o interponer quejas sobre la disciplina escolar.

10.La Sra. LONDOÑO SOTO (Colombia) señala que Colombia goza de una fama más que justificada en el ámbito de la adopción y que muchos países de la región siguen el modelo colombiano. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) concede licencias a las agencias de adopción, de las que existen hoy en día ocho en el país. En virtud del proyecto de ley sobre infancia y adolescencia, que se encuentra actualmente en el Congreso, dichas agencias se encargarán de buscar un hogar a los niños que no pueden ser adoptados legalmente, porque carecen del certificado de abandono necesario o no reúnen las condiciones imprescindibles para ser adoptados o resultan difíciles de colocar por padecer alguna discapacidad o ser demasiado mayores. En el 45% de los casos de adopción registrados en Colombia en 2005, en vez de ser enviados al extranjero, los menores fueron adoptados por familias colombianas, en aplicación del principio de que, siempre que fuera posible, los niños deberían permanecer en su comunidad de origen.

11.A fin de prevenir el abandono de los niños pequeños, el proyecto de ley obligará a los médicos y al personal sanitario que se enteren de algún caso de embarazo no deseado, a dirigir a las mujeres hacia centros sanitarios donde recibirán información y asistencia y a poner también dichos casos en conocimiento de las autoridades de adopción. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar considera aceptable la primera parte de la propuesta, pero se opone enérgicamente a la segunda.

12.En virtud de ese proyecto de ley, los jóvenes tendrían también derecho a trabajar, lo que está en clara contradicción con lo dispuesto en la Convención.

13.Lamenta que en Colombia los abusos infantiles no estén contemplados ya como un delito por derecho propio, so pretexto de que quedan englobados en la definición de abusos físicos y violencia en el hogar. Es de esperar que el Congreso se replantee su decisión al respecto, con miras a proteger a los miles de menores colombianos víctimas de la violencia, no sólo de sus padres, sino también de sus tutores, cuidadores, padrastros, abuelos y demás miembros de la familia.

14.Los menores pueden verse privados de libertad a partir de los 12 años, por un período máximo de tres años. Muchas organizaciones no gubernamentales (ONG) e internacionales han puesto de relieve que la pena de privación de libertad debe ser un último recurso y enfocarse hacia la rehabilitación. Ese criterio se ha incorporado al proyecto de ley, que estipula que los menores no podrán ser privados de libertad hasta que no hayan cumplido los 15 años y por un período máximo de cinco años. En Colombia no existen cárceles para menores; las instalaciones destinadas a estos últimos consisten en centros de reeducación dirigidos por ONG que trabajan bajo contrato para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en colaboración con las autoridades locales. En todo el país no hay más que 53 jueces de menores y necesitan especializarse no sólo en cuestiones de derechos humanos, sino en todos los aspectos de la legislación relacionados con los derechos del niño. El castigo corporal está prohibido en la actualidad, prohibición que ha quedado claramente recogida en el proyecto de ley que se halla ante el Congreso. Se han interpuesto varias denuncias por castigos corporales y los autores de esos delitos han sido procesados.

15.Con arreglo al nuevo proyecto de ley, los adolescentes mayores de 16 años implicados en delitos muy graves, como asesinato con agravantes y secuestro con fines de extorsión o terrorismo, son privados de libertad hasta llegar a la mayoría de edad, cuando quedan en libertad condicional; la violación de esa libertad conlleva la imposición de nuevas penas de privación de libertad por un período máximo de cinco años. Es menester adecuar el procedimiento judicial habitual en esos casos a lo dispuesto en los instrumentos internacionales, a fin de contar con un proceso con las debidas garantías, incluida la posibilidad de interponer un recurso de apelación, y velar por que se aplique la pena de privación de libertad sólo en los casos más extremos, cuando hayan fracasado otras medidas alternativas como apercibimientos, reparación a las víctimas, libertad condicional y servicios comunitarios. Es realmente necesario implantar un sistema de justicia penal de menores especializado, en el que se atiendan las peculiaridades de los niños y se respeten sus derechos.

16.Se han registrado denuncias de violencia contra los menores ingresados en las instituciones, y se han abierto muchas investigaciones disciplinarias. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar u otros órganos afiliados han llevado ante las salas de lo penal a los autores de trece delitos de malos tratos o abusos sexuales, en los que las víctimas eran a veces niños pequeños.

17.El Sr. PARFITT, tras observar que las medidas legislativas propuestas establecen una pena de privación de libertad de cinco años para los adolescentes mayores de 15 años que cometen delitos graves, pregunta si esos menores serán trasladados a cárceles de adultos cuando cumplan los 18 años.

18.La Sra. LONDOÑO SOTO (Colombia) dice que el menor seguiría cumpliendo su condena en el mismo establecimiento, haciendo hincapié en la reeducación.

19.El conflicto militar es causa de graves preocupaciones para todos los colombianos, al igual que el tráfico de drogas y, por desgracia, hay menores implicados en ambos. Algunos de los principales problemas a que se enfrenta el país son consecuencia del desplazamiento forzado de la población, lo que incluye a numerosos niños. Aunque el número de familias desplazadas ha disminuido en los últimos años, todavía queda mucho por hacer a fin de asegurar que todos los niños desplazados dispongan de los servicios adecuados y de garantías de la tutela de sus derechos, ya que el desarraigo de las familias las hace especialmente vulnerables. Según el Sistema Único de Registro de Población Desplazada, los desplazados rondan actualmente la cifra de 1,7 millones, de los cuales, más del 35% son menores de edad. Ese número disminuyó en un 60% en 2002. El registro se actualiza constantemente para mejorar los servicios y el seguimiento ofrecidos a los desplazados.

20.Muchos de los desplazados proceden de familias pobres y la prevalencia de la malnutrición es relativamente alta entre ellos. El Programa Mundial de Alimentos, la Organización Internacional para las Migraciones, las ONG y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar les prestan asistencia durante las fases de emergencia y postemergencia, gracias a equipos móviles y multidisciplinarios que trabajan con las autoridades locales con miras a proporcionarles un apoyo material y colaborar en la reunificación de las familias. Hay varias iniciativas encaminadas a facilitar servicios de salud y educación, promover las actividades generadoras de ingresos y mejorar las condiciones de vida de la población desplazada.

21.La violencia en el hogar es extremadamente frecuente en Colombia y representa un desafío de gran magnitud para los políticos, en especial porque las personas que han sufrido la violencia tienen muchas más probabilidades de convertirse a su vez en agresores en un momento ulterior de su vida

22.Además de cumplir con las obligaciones contraídas en la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, el Estado Parte necesita colaborar con el UNICEF y las ONG para que la población que vive en las zonas de alto riesgo cobre mayor conciencia de los peligros de las minas terrestres. El Gobierno se está esforzando para identificar los factores que impulsan a los jóvenes a alistarse en la guerrilla y en las fuerzas paramilitares. Hay varias estrategias para impedir el reclutamiento voluntario o forzado de los menores y destaca, entre ellas, el apoyo material prestado a las familias con hijos adolescentes en zonas clasificadas de riesgo, entre otras cosas, abonando subsidios en metálico a través del programa de Familias en Acción. De ese programa se benefician casi medio millón de familias, incluyendo a casi 70.000 familias desplazadas, y contribuye a asegurar una mejora en la nutrición, las tasas de vacunación, la salud y la vivienda en el sector rural. La Red de Seguridad Alimentaria (RESA), órgano fundado conjuntamente por el Gobierno central y los departamentos y municipalidades locales, también colabora en la lucha contra la malnutrición. En el ámbito cultural, un programa denominado Batuta alienta a los jóvenes a realizar actividades artísticas y culturales y fomenta un enfoque sano y responsable de la sexualidad, al tiempo que procura prevenir la adicción a prácticas, comportamientos y drogas peligrosos. El objetivo específico de ciertos programas del Gobierno consiste en poner a los adolescentes en contacto con el mundo del trabajo, con miras a evitar la marginación que podría inducirles al alistamiento forzado. El Gobierno y las ONG han llevado a cabo una campaña en los medios de comunicación para hacer hincapié en que el reclutamiento de menores no es sino una forma de explotación. Utilizando subvenciones y microcréditos, el Gobierno ha respaldado la producción de ciertos cultivos como el café, el cacao y el algodón, a fin de incrementar los ingresos entre los sectores más pobres de la población rural. En las zonas que han sido ocupadas previamente por grupos armados ilegales, hay unas 13 organizaciones gubernamentales trabajando para restablecer la prestación de servicios públicos a la población y, en particular, a los niños.

23.Los delitos sexuales, como los abusos y la explotación, están tipificados en la legislación penal. Sin embargo, el número de procesados es alarmantemente bajo y el sistema entero de investigación, procesamiento y castigo necesita a todas luces ser mucho más eficaz. Se han puesto en marcha campañas de sensibilización y formación destinadas a las autoridades y a las industrias del turismo y el transporte, sobre todo en las zonas del país en las que la explotación sexual se ha convertido en un grave problema para las actividades turísticas.

24.Aunque entre el año 2000 y el 2005, las estadísticas apuntan a un aumento del 19% al 21% del porcentaje de adolescentes que comunicaron haber tenido un embarazo, no está claro si ese incremento es imputable a una recogida más correcta de los datos o a la posibilidad de que los embarazos en las adolescentes estén encontrando mejor acogida entre ciertos sectores de la población. En abril de 2003, el Ministerio de la Protección Social inició un programa de educación sexual y reproductiva. Siguen existiendo aún muchas lagunas en la prestación de servicios de salud reproductiva, principalmente en las zonas rurales, y es preciso redoblar los esfuerzos para garantizar que las adolescentes no tengan más embarazos no deseados. El Ministerio de la Protección Social ha hecho un llamamiento a varias instituciones, a nivel nacional y regional, para que velen por que las adolescentes embarazadas no sean objeto de discriminación en el sistema de enseñanza. La Corte Constitucional ha adoptado una postura muy firme contra la exclusión de la escuela de las alumnas embarazadas. En una serie de casos en que los directores escolares habían incumplido ese fallo, las adolescentes presentaron un recurso de apelación ante la Corte para reclamar la tutela de sus derechos constitucionales, lo que provocó la revocación inmediata de la decisión de los directores.

25.La Sra. SMITHpregunta si se ha incorporado la salud reproductiva al plan de estudios escolares.

26.El Sr. FILALI quiere saber si el Estado Parte ha hecho algo para cambiar la actitud de las personas ante las adolescentes embarazadas.

27.La Sra. LONDOÑO SOTO (Colombia) contesta que la ley contiene una serie de disposiciones para proteger a las adolescentes embarazadas y el Tribunal Constitucional ha adoptado unas directrices inequívocas para tutelar su derecho a solicitar un aborto. Se han impartido cursillos sobre derechos a humanos a profesores, trabajadores sociales y dirigentes comunitarios y vecinales, con objeto de prevenir la discriminación contra las adolescentes embarazadas. Estas reciben, en teoría, asistencia y servicios sociales, pero en la práctica no siempre pueden beneficiarse de la ayuda a la que tienen derecho, por lo que hay que procurar reforzar esos servicios.

28.Como Colombia carece de un fondo nacional dedicado exclusivamente a los niños, resulta difícil determinar con exactitud el nivel de inversión pública o privada dedicado a programas para la infancia. No obstante, con arreglo a las investigaciones realizadas por la Alianza por la Niñez Colombiana, se ha elevado el gasto per cápita en los niños. Casi todas las actividades relacionadas con los derechos del niño están cubiertas por el presupuesto estatal, tanto a nivel local, como a nivel nacional o de los departamentos. Sin embargo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se financia con cargo a un sistema único de imposición sobre la nómina, por el que se destina al Instituto el 3% de la remuneración de los empleados. El sistema reviste tanto ventajas como inconvenientes. Por una parte, durante las épocas de recesión económica, la caída de los ingresos es menos significativa que la disminución de los ingresos fiscales del Estado, pero, por otra, la cantidad percibida, si bien es relativamente estable a lo largo de los años, dista muchísimo de poder satisfacer las necesidades de millones de personas. Un proyecto de ley presentado recientemente potenciará de manera considerable los recursos del Instituto. Con todo, resulta primordial garantizar que los nuevos programas destinados a los niños se sufraguen con cargo a créditos consignados en el presupuesto del Estado. Entre los sectores concretos seleccionados para esos programas, cabe citar la mortalidad maternoinfantil, la nutrición, la inscripción de los nacimientos en el registro civil y la educación, empezando por la de nivel preescolar, y los servicios para los grupos de niños vulnerables. La clara elección de esos sectores ha permitido obtener compromisos de inversión por parte de las autoridades locales, no sólo en los grandes proyectos que requieren un gran aporte de capital, como las telecomunicaciones, sino también en servicios sociales para los niños. En 2005, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dispuso de un presupuesto equivalente a unos 557 millones de dólares de los EE.UU. y, en 2006, el presupuesto ascendió a 692 millones de dólares de los EE.UU. El 8,5% aproximadamente del presupuesto se dedica a gastos administrativos, pero el resto se invierte íntegramente en las actividades del Instituto.

29.Uno de los retos principales que ha de afrontar el Instituto y, es más, todos los servicios públicos en Colombia, reside en la necesidad de establecer un sistema de información coherente, capaz de desglosar los datos de la población por género, grupo étnico, región, situación económica, edad y otros criterios, a fin de abordar las disparidades regionales y las enormes desigualdades que existen en el país. Es fundamental contar con un sistema de esa índole para poder asignar correctamente los recursos presupuestarios. Gracias a la colaboración del UNICEF, del Organismo Alemán de Cooperación Técnica (GTZ) y de varias ONG, el Gobierno está elaborando un sistema de indicadores que controlarán constantemente la situación de los niños y que incorporarán los resultados de los estudios y la investigación pertinentes.

30.El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar proporciona servicios a unos 10 millones de personas; de ellos se beneficia directamente un millón de personas y el resto recibe asistencia a través de ONG que trabajan bajo contrato para el Instituto. Hay miles de ONG que prestan sus servicios en el país en el sector de los derechos del niño. Los organismos internacionales de cooperación suelen centrar sus actividades en ámbitos como el de la reincorporación a la sociedad civil de los combatientes desmovilizados, el desplazamiento de poblaciones y los programas en pro de la paz. El Gobierno trabaja también en estrecha colaboración con las Naciones Unidas y los organismos internacionales. No obstante, hay que intensificar la coordinación entre el Gobierno, las ONG y los organismos internacionales para garantizar la obtención de mejores resultados y evitar la duplicación de los trabajos.

31.El Sr. CONCHA (Colombia) señala que, en el segundo semestre de 2006, se llevará a cabo, en cinco regiones, un proyecto experimental de educación en materia de derechos humanos, que luego se aplicará en 2007 a los demás niveles del sistema de enseñanza en todo el país. El proyecto ha sido preparado por el Ministerio de Educación, junto con la Oficina del Defensor del Pueblo y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Se imparte una formación en materia de derechos humanos a todos los funcionarios públicos y miembros de las fuerzas armadas, haciendo hincapié en el derecho internacional humanitario. También se imparte una formación especial a los oficiales de policía que trabajan con las poblaciones indígenas.

32.En cuanto a la cooperación con las ONG, se garantiza la protección a las organizaciones de la sociedad civil, si se estima que corren peligro, y éstas, por su parte, disfrutan del derecho a ejercer sus actividades en todo el país. El Gobierno está trabajando en la actualidad con miembros de la sociedad civil a fin de aplicar las diferentes recomendaciones formuladas por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

33.En cumplimiento de las obligaciones contraídas por Colombia en virtud de la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, se han destruido arsenales de minas terrestres y se han limpiado 33 campos de minas. Se ha trazado un plan exhaustivo para ayudar a los niños víctimas de las minas terrestres y se ha elaborado un programa educativo, en colaboración con el UNICEF, sobre los riesgos de las minas terrestres.

34.El Sr. FILALI pregunta si las minas antipersonal destruidas pertenecían a las fuerzas armadas colombianas o a los grupos paramilitares.

35.El Sr. ZERMATTEN quiere saber si los campos minados han sido despejados por las fuerzas armadas colombianas o por los grupos paramilitares y solicita información sobre las víctimas de las minas terrestres.

Se suspende la sesión a las 16.40 horas y se reanuda a las 16.50 horas .

36.El Sr. MEJÍA (Colombia) afirma que el Gobierno ha articulado un marco político para el proceso de paz, en el que se ha otorgado la máxima prioridad a la cesación de las hostilidades. Se tardará algún tiempo, sin embargo, antes de dar por concluidos el desarme y la desmovilización. Las Leyes Nº 975 y 782 y el Decreto Regulador Nº 4760 brindan un marcojurídico para el proceso de paz. Desde que, en 2002, se iniciaron las negociaciones, 30.151 personas han sido desmovilizadas, un 7,5% de las cuales son menores. Se han decomisado unas 17.000 armas, 2,75 millones de municiones y 12.577 granadas. Unos 2.180 desmovilizados están implicados hoy en procedimientos judiciales y todos ellos habrán de responder de sus actos. En la actualidad, hay 1.690 personas desmovilizadas privadas de libertad. Todavía faltan por desmovilizar dos grupos armados.

37.Uno de los objetivos fundamentales del proceso de paz estriba en apoyar los derechos de las víctimas y, en especial, su derecho a participar en procedimientos judiciales. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación ha sido creada para salvaguardar esos derechos y garantizar la aplicación de la ley.

38.Las fuerzas armadas tienen prohibido reclutar a menores. Cuando el menor alcanza la mayoría de edad, si está estudiando puede optar entre proseguir sus estudios y aplazar los mismos.

39.El Sr. FILALI desea saber si, a efectos legales, se considera víctimas a los miembros de grupos de guerrilla fallecidos. Se pregunta qué ayuda material se presta a las familias que han perdido su sostén con la desaparición del cabeza de familia.

40.El Sr. MEJÍA (Colombia) dice que la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, con el respaldo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lleva a cabo programas que proporcionan una compensación a las víctimas del conflicto.

41.El PRESIDENTE solicita información sobre el perfil general de las víctimas que se benefician de esos programas.

42.El Sr. CONCHA (Colombia) pone de relieve que, en el marco jurídico general, aplicado en particular a los grupos ilegales de “autodefensas”, se ha introducido el concepto de víctima civil, que es la persona que ha sufrido las consecuencias del conflicto y que tiene, por tanto, derecho a una reparación. Por ejemplo, la ley prevé la restitución de sus propiedades a las comunidades rurales que han perdido su medio de vida debido a los desplazamientos forzados. Hay también otras disposiciones destinadas a evitar la enajenación de las propiedades cuando su propietario ha sido desplazado.

43.El Sr. FILALI pregunta si la viuda de un guerrillero sería considerada una víctima y si percibiría una indemnización en virtud de la ley.

44.El Sr. CONCHA (Colombia) declara que la legislación prevé que el Estado prestará asistencia a los civiles que han padecido pérdidas económicas a consecuencia de la acción de los grupos armados ilegales. Todas las víctimas del conflicto recibirán una reparación, pero no tiene conocimiento de ningún caso relacionado con familiares de los guerrilleros.

45.Las minas terrestres que han sido destruidas pertenecían a las fuerzas armadas y los campos minados han sido limpiados bajo la supervisión de los militares. Desgraciadamente, las minas terrestres de las guerrillas no han sido aún destruidas..

46.Por lo que hace a la lucha contra la impunidad, se ha creado un comité especial para acelerar la tramitación de los casos de violaciones graves de los derechos humanos. La primera tarea del Comité ha consistido en cerciorarse de que los autores de matanzas o ejecuciones extrajudiciales sean condenados y recluidos en prisión. Su segunda tarea ha estribado en articular una política para combatir la impunidad, a la que dio cima en noviembre de 2005. En marzo de 2006, se habilitaron los recursos necesarios para aplicar esa política.

47.El Sr. PARFITT pregunta qué países surten a los grupos armados ilegales de minas terrestres y si el Gobierno ha tomado alguna medida unilateral o extrajudicial contra esos países.

48.El PRESIDENTE quiere saber cuántos menores han sido desmovilizados o está previsto desmovilizar y qué disposiciones se han adoptado para impedir que los militares utilicen las escuelas como centros de operaciones.

49.El Sr. CONCHA (Colombia) afirma que las minas terrestres empleadas por los grupos guerrilleros son caseras y, por tanto, más peligrosas que las fabricadas por la industria, ya que no cumplen la normativa internacional. El uso de las escuelas para fines militares no es un problema generalizado, pero cuando esos casos salen a la luz, se toman las medidas oportunas.

50.El Sr. POLLAR pregunta si todos los alumnos siguen recibiendo instrucción militar y visitando las bases militares.

51.El Sr. CONCHA (Colombia) comunica que ya no existe el programa de “Soldados por un día”, que establecía un vínculo entre los militares y la sociedad civil.

52.El Sr. ZERMATTEN desea saber si, en las academias militares, los menores tienen consideración de militares o de civiles.

53.La Sra. SMITH solicita más información sobre la utilización de las escuelas por parte de los militares.

54.El Sr. CONCHA (Colombia) declara que facilitará por escrito al Comité datos concretos sobre el número y la ubicación de las escuelas usadas por los militares. Esos casos son raros y sólo se dan en zonas remotas del país.

55.El PRESIDENTE pregunta si está explícitamente prohibida la utilización de las escuelas públicas con fines militares.

56.El Sr. CONCHA (Colombia) señala que, como los instrumentos internacionales regulan la prohibición del uso de las escuelas con fines militares, cualquier queja o denuncia en ese sentido es investigada de inmediato.

57.La Sra. DÍAZ (Colombia) dice que las academias militares están obligadas a acatar las normas establecidas en la legislación, que son de aplicación a todos los centros docentes. Los cadetes de esas academias tienen la consideración de civiles

58.La Sra. LONDOÑO SOTO (Colombia) indica que, entre 2003 y 2006, 178 niños han sido heridos y 42 muertos por minas terrestres. El proceso de desminado es especialmente difícil, ya que la mayoría de los grupos armados no conserva ningún registro de donde ha emplazado las minas. Algunos grupos emplean incluso a menores para colocar las minas, lo que constituye una violación flagrante de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Se están haciendo grandes esfuerzos para desmovilizar a los menores empleados por los grupos armados, y se ha creado un sistema de acogida, del que se benefician actualmente más de 2.800 jóvenes, con objeto de alejarlos de ese ambiente.

59Las ONG y la Unión Europea están brindando su apoyo a un proyecto destinado a ofrecer un albergue a los niños de la calle y prestar asistencia a sus familias. Hay 53 centros para niños de la calle, que cuentan con un respaldo técnico coordinado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Las investigaciones han demostrado que más del 10% de los niños de Colombia desempeñan algún tipo de trabajo. Se han adoptado iniciativas a nivel nacional a fin de combatir la explotación y las peores formas de trabajo infantil y, sobre todo, de garantizar que las chicas empleadas en el servicio doméstico asistan también a la escuela. No se ha denunciado ningún incidente de utilización de la violencia por parte de las fuerzas del orden contra los niños de la calle. Todos los menores que habían tenido algo que ver con los grupos armados han sido acogidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar e internados en albergues. Fueron sometidos a un reconocimiento médico y se abrió un expediente en el que constan los datos sobre su origen y su situación familiar. Se les ofrece una educación y una formación profesional para ayudarles a reincorporarse a la sociedad.

60.Está aumentando entre los niños el consumo de substancias psicotrópicas, drogas intravenosas y alcohol. El uso de drogas intravenosas tiene unas consecuencias especialmente graves para la transmisión del VIH/SIDA. En Colombia hay actualmente entre 4.000 y 8.000 niños VIH positivos y esa cifra se duplicará en los próximos cinco años, si se mantiene la actual tendencia. Se están tomando medidas específicas para prevenir el contagio materno-infantil.

61.La Sra. FORERO UCROS (Colombia) explica que su país procura en todo momento respetar lo dispuesto en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos y acepta plenamente la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Gobierno apoya la labor de la oficina regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y es partidario de la renovación de su mandato.

62.El Sr. RUEDA PRADA señala que, a pesar de haberse privatizado el servicio de salud, se ha establecido un sistema de financiación por el que se descuenta a todos los empleados en su nómina un 1% de la remuneración percibida, que se invierte en sufragar los servicios de salud para los pobres. Son 18 millones las personas que se benefician de ese sistema. La prestación de ciertos tipos de atención sanitaria, como la hospitalización, ha disminuido a consecuencia de un cambio en el enfoque, que ahora da mayor prioridad a la prevención que a la cura, lo que ha repercutido en una reducción de la morbilidad. Cada tres años se analiza la calidad de los servicios de salud y se ha demostrado que las personas cubiertas por el seguro de enfermedad disfrutan de un acceso sin restricciones a la asistencia sanitaria. En la actualidad se asigna un 9,8% del producto interno bruto a la financiación del servicio de salud.

63.Aunque las personas con discapacidades físicas reciben una amplia gama de servicios, es menester tomar medidas suplementarias para prestar una atención más completa a las personas con discapacidades psíquicas. Más del 6,5% de la población padece algún tipo de discapacidad, que está cubierto, en un 80% de los casos, por la seguridad social. Un Fondo especial del Estado cubre los gastos sanitarios y de rehabilitación de las víctimas de de los atentados terroristas.

64.Según un estudio reciente, el 52% de los embarazos de las adolescentes está planificado, el 22% no lo está y en el 26% restante se trata de embarazos no deseados. La estrategia del Ministerio de Salud en materia de embarazos de adolescentes se basa en el supuesto de que la mayoría de los casos son accidentales; es preciso, por tanto, revisar esos planteamientos para centrarse más en dar a conocer a los jóvenes los distintos aspectos de la planificación de la familia y en alentarles a finalizar sus estudios antes de crear una familia. Colombia ha adoptado directrices específicas para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del VIH/SIDA entre los adolescentes.

65.La alta tasa de suicidios entre los niños y adolescentes es un motivo de preocupación. Los traumas y la depresión entre los jóvenes son consecuencia, a menudo, de su desplazamiento forzado a las ciudades, y no se escatiman esfuerzos para buscar el modo de reintegrarlos a sus comunidades de origen en las zonas rurales.

66.La Sra. DÍAZ (Colombia) afirma que 38 escuelas se han visto afectadas por la actividad militar. A pesar de haberse registrado entre 2001 y 2005 una clara reducción del número de maestros asesinados, se necesitan nuevos esfuerzos para acabar con el problema de raíz. El Ministerio de Educación, junto con otros departamentos gubernamentales pertinentes ha adoptado disposiciones para incrementar la seguridad de los profesores. Los maestros cuya seguridad está en peligro han sido ubicados en nuevos puestos.

67.La Sra. LONDOÑO SOTO(Colombia) declara que su Gobierno espera con gran interés recibir las observaciones finales del Comité y no cejará en sus esfuerzos por seguir adaptando su legislación y sus políticas en aras de una mejor promoción y protección de los derechos del niño.

Se levanta la sesión a las 18.05 horas .

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