93er período de sesiones
Ginebra, 22 de junio a 10 de julio de 2026
Tema 4 del programa provisional
Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
Respuestas de Kenya a la lista de cuestiones y preguntas relativa a su noveno informe periódico *
[Fecha de recepción: 8 de agosto de 2025]
* La versión original del presente documento no fue objeto de revisión editorial oficial.
Lista de abreviaciones
AGPOAcceso a oportunidades de contratación pública
CEDAWConvención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
OSCOrganizaciones de la sociedad civil
CTIPSSecretaría de Lucha contra la Trata de Personas
DCIDirección de Investigaciones Criminales
MGFMutilación genital femenina
GBVViolencia de género
HRDDefensores de los derechos humanos
IDLOOrganización Internacional de Derecho para el Desarrollo
KDHSEncuesta Demográfica y de Salud de Kenya
KFCBJunta de Clasificación Cinematográfica de Kenya
KLRCComisión de Reforma Legislativa de Kenya
KNBSOficina Nacional de Estadística de Kenya
KNCHRComisión Nacional de Derechos Humanos de Kenya
MCKConsejo de Medios de Comunicación de Kenya
NGAAFFondo de Acción Afirmativa del Gobierno Nacional
NGECComisión Nacional de Género e Igualdad
NLASServicio Nacional de Asistencia Jurídica
NRMMecanismo Nacional de Derivación
ODPPDirección de la Fiscalía
PWDPersonas con discapacidad
ODSObjetivo de Desarrollo Sostenible
SGBVViolencia sexual y de género
CTIMCiencia, tecnología, ingeniería y matemáticas
TFGBVViolencia de género facilitada por la tecnología
EFTPEnseñanza y formación técnica y profesional
WEFFondo de Mujeres Empresarias
WHRDDefensoras de los derechos humanos
YEDFFondo de Desarrollo de Empresas de Jóvenes
I.Introducción
El Gobierno de Kenya se complace en presentar sus respuestas a la lista de cuestiones relativa a su noveno informe periódico sobre la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Estas respuestas se han elaborado después de llevar a cabo un proceso muy participativo y consultivo que ha implicado a ministerios, organismos y departamentos del Gobierno y a organizaciones de la sociedad civil bajo la dirección del Departamento de Estado para Asuntos de Género y Acción Afirmativa.
II.Respuestas a la lista de cuestiones (CEDAW/C/KEN/Q/9)
A.Marco legislativo y definición de discriminación
Aplicación y evaluación de la legislación y políticas nacionales y de las medidas adoptadas para fortalecer la capacidad del Departamento de Estado para Asuntos de Género y Acción Afirmativa
Kenya ha promulgado una legislación progresista para combatir la discriminación directa e indirecta contra las mujeres, como la Ley del Matrimonio (cap. 150), la Ley del Patrimonio Conyugal (cap. 152), la Ley de Protección contra la Violencia Doméstica (cap. 151) y la Ley de Prohibición de la Mutilación Genital Femenina (cap. 62A).
En un informe publicado conjuntamente en 2024 por la Comisión de Reforma Legislativa de Kenya, ONU-Mujeres y la Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo, se recomendaba derogar nueve leyes y modificar otras 17, y se definían siete esferas temáticas en las que se precisaba introducir nueva legislación, proporcionando una hoja de ruta para llevar a cabo una reforma que se ajustara a la Constitución de Kenya y los compromisos internacionales asumidos por el país.
Entre el ejercicio económico de 2023/2024 y el de 2024/2025, aumentó la asignación presupuestaria para el desarrollo destinada al Departamento de Estado para Asuntos de Género y Acción Afirmativa, pasando de 3.453,83 millones de chelines kenianos (unos 26,7 millones de dólares de los Estados Unidos) a 3.838,70 millones de chelines kenianos (unos 29,7 millones de dólares de los Estados Unidos), lo que representa un incremento estratégico para financiar programas que respondan a las cuestiones de género, la coordinación a nivel de condado, los servicios de asistencia jurídica y el alineamiento con la Visión 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5.
Se han reforzado las estructuras administrativas mediante el nombramiento de una Secretaria del Gabinete y una Secretaria Principal en el Departamento de Estado para Asuntos de Género y Acción Afirmativa, medida que ha ido acompañada de la creación de la Oficina de la Asesora Presidencial sobre los Derechos de la Mujer para facilitar la coordinación y la supervisión de alto nivel.
Se han llevado a cabo programas de igualdad de género y empoderamiento en el marco de una agenda de nueve puntos articulada por el Gobierno, que aborda los siguientes ámbitos: el empoderamiento económico; la inclusión de las mujeres en funciones de liderazgo y toma de decisiones; la prevención de la violencia de género y la mutilación genital femenina, y la respuesta a ambas; el bienestar de las mujeres kenianas en la diáspora; el acceso de las mujeres a la atención a la salud; el suministro de energía limpia y segura a nivel nacional; la distribución gratuita de toallas higiénicas entre las niñas escolarizadas; la protección de los derechos de las mujeres a la tierra y a la propiedad; y el fortalecimiento de las iniciativas de asistencia social y salud de la comunidad dirigidas a las mujeres.
Iniciativas periódicas de creación de capacidad y sensibilización
Gracias al programa bilateral de Kenya y Finlandia para reforzar las medidas de prevención y respuesta ante la violencia de género, que se encuentra actualmente en su etapa final y se espera que concluya a finales de 2025, se ha formado a más de 5.900 garantes de derechos (como agentes de aplicación de la ley, funcionarios judiciales y líderes comunitarios) y ha contado con la participación de más de 10.994 personas en actividades de aprendizaje estructurado. En los condados de Bungoma, Kilifi y Samburu, el programa ha contribuido de manera considerable a la capacidad institucional, la coordinación interinstitucional de los servicios y la elaboración de políticas adaptadas al contexto local. Se ha concedido un breve período de eliminación gradual para facilitar la sostenibilidad e integración de los resultados en los marcos de respuesta a la violencia de género a largo plazo en Kenya.
Número de casos en que se invocaron las disposiciones de la Convención
Los juzgados de familia siguieron aplicando e invocando en 2024 y 2025 la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en las sentencias dictadas en casos relacionados con la igualdad de género y la no discriminación. En el caso re Estate of Chemiron Arap Sigira (Deceased) (2025), el Tribunal Superior tuvo en cuenta la Convención y otros instrumentos internacionales al dictar sentencia en procedimientos relacionados con los derechos de sucesión de las mujeres. Por otra parte, en el caso Patriotic Group of Companies Ltd v Sewe & 15 others (2025), el Tribunal de Empleo y Relaciones Laborales citó la Convención al valorar si se había discriminado a las empleadas en el lugar de trabajo. Estas sentencias se basan en la jurisprudencia anterior, como el caso FIDA-Kenya v Attorney General (2018), y el Tribunal afirmó que la Convención era aplicable en el cambiante panorama jurídico del país.
B.Acceso a la justicia
Medidas adoptadas para aplicar el artículo 48 de la Constitución y la recomendación general núm. 33 (2015) del Comité relativa al acceso de las mujeres a la justicia
Desde 2021, más de 50.000 mujeres y niñas han participado en programas de empoderamiento jurídico coordinados por el Servicio Nacional de Asistencia Jurídica y el Programa de Empoderamiento Jurídico y Prestación de Asistencia Jurídica.
Kenya ha creado 12 tribunales de justicia de género en todo el país (los antiguos tribunales de violencia sexual y de género), que se especializan en juzgar los casos de violencia sexual y de género con procesos acelerados y que tengan en cuenta el trauma.
La asistencia jurídica y las reparaciones para los grupos marginados se financian con arreglo a la Ley de Asistencia Jurídica (cap. 16A), la Ley de Protección de las Víctimas (cap. 79A) y la Ley sobre Refugiados (cap. 173), que garantizan el acceso de mujeres mayores, supervivientes de violencia sexual relacionada con los conflictos, mujeres con discapacidad y mujeres y niñas refugiadas, migrantes y pobres.
Medidas adoptadas para codificar el derecho de familia musulmán de manera compatible con el artículo 27 de la Constitución y los artículos 1, 2 y 16 de la Convención
Kenya reconoce el marco jurídico plural que rige las relaciones familiares y ha tomado medidas para armonizar el derecho de familia musulmán con las garantías de igualdad y no discriminación previstas en el artículo 27 de la Constitución y las obligaciones internacionales con arreglo a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Aunque en su mayor parte el derecho de familia musulmán sigue sin estar codificado, la Ley del Matrimonio (cap. 150) establece un marco jurídico que reconoce los matrimonios islámicos en virtud de la Parte VII, con sujeción a las salvaguardias constitucionales. Las secciones 3 4) y 49 3) de la Ley contemplan la aplicación del derecho islámico, si bien exigen que sea compatible con las disposiciones relativas a la igualdad de la sección 3 2) y el artículo 45 3) de la Constitución.
El Tribunal Supremo de Kenya dictó en 2025 una sentencia histórica en el caso Fatuma Athman Abud Faraj v Ruth Faith Mwawasi & Others al afirmar que los hijos nacidos fuera del matrimonio tienen derecho a heredar según el derecho islámico, siempre que se demuestre la paternidad y que el hijo haya sido reconocido en vida del padre. El Tribunal insistió en que cualquier desviación respecto de la igualdad prevista en la Constitución debe ajustarse al umbral “estrictamente necesario” de conformidad con el artículo 24 4).
Medidas adoptadas para abolir la pena de muerte
Kenya ha tomado medidas para abolir la pena de muerte después de votar en 2024 a favor de una moratoria de las Naciones Unidas y de la prolongada moratoria de las ejecuciones impuesta desde 1987. En 2023 se presentó el proyecto de ley del Código Penal (modificación) para sustituir la pena de muerte por la cadena perpetua en el capítulo 63 del Código Penal, proyecto que ha sido aprobado posteriormente por el Comité de Justicia y Asuntos Jurídicos y está pendiente de debatirse en el Parlamento.
C.Las mujeres, la paz y la seguridad
Información sobre la aplicación y evaluación del segundo plan de acción nacional para la promoción de la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad
La participación de las mujeres en la consolidación de la paz aumentó al incluirlas en los comités de paz de los condados, las plataformas de respuesta a los desastres y los foros de creación de capacidad en todos los condados participantes.
La Política de Género de 2017 se formuló en el seno del Ministerio de Defensa y promovió varias reformas institucionales, además de brindar oportunidades a las mujeres para ejercer el liderazgo en el sector de la seguridad.
En el pilar de promoción y participación, Kenya incluyó a un mayor número de mujeres en las plataformas por la paz y los puestos de liderazgo (en particular, la elección de siete gobernadoras en 2022), además de ampliar las iniciativas de mentoría y creación de capacidad para mujeres jóvenes en la gobernanza y el sector de la seguridad.
El pilar de prevención puso en marcha sistemas de alerta temprana sensibles al género en varios condados para abordar las causas fundamentales de los conflictos y la violencia, sistemas en los que las mujeres participan activamente para recopilar datos y coordinar la respuesta a nivel comunitario.
El pilar de protección mejoró los mecanismos centrados en los supervivientes, por ejemplo mediante la creación de oficinas encargadas de las cuestiones de género en las comisarías de policía, teléfonos de asistencia gratuitos para las víctimas de violencia de género y tribunales de justicia de género, al tiempo que se reforzaban las garantías jurídicas para poblaciones vulnerables como mujeres y niñas migrantes, refugiadas o desplazadas internas.
El pilar de socorro y recuperación integró los principios de las mujeres, la paz y la seguridad en los marcos de respuesta a los desastres (como la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (2018) y la Estrategia de Recuperación tras la COVID-19) y apoyó la creación de refugios para víctimas de la violencia de género y el uso de enfoques inclusivos en los programas de desarme, desmovilización y reintegración.
Kenya ha empezado a diseñar el Tercer Plan de Acción Nacional (KNAP III) para 2025-2029 mediante un proceso consultivo en el que participan las partes interesadas a nivel nacional y de condado, la sociedad civil y los líderes tradicionales, y se ha asegurado de alinearlo con la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Constitución de Kenya y los artículos 1, 2 y 16 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
D.Mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer
Información sobre las medidas adoptadas para mejorar la aplicación de la política nacional de género y desarrollo (2019)
Kenya aplicó la política por conducto de un Ministerio de Género dirigido por una Secretaria del Gabinete y guiándose por el Plan Estratégico (2023-2027), que proporciona una hoja de ruta para la programación, la asignación de recursos y la coordinación institucional.
La integración de la perspectiva de género se institucionalizó en ministerios, departamentos y organismos por medio de puntos focales con metas anuales de ejecución, contando para ello con conjuntos de herramientas y directrices para la aplicación tanto a nivel nacional como de condado.
Se impulsaron reformas jurídicas y normativas para ajustar las leyes nacionales a los principios de igualdad de género, lo que supuso, entre otras cosas, modificar la legislación relativa a los delitos sexuales, el matrimonio, el empleo, la mutilación genital femenina y el patrimonio conyugal.
Gracias al Marco de Consulta Intergubernamental mejoró la coordinación entre las autoridades nacionales y de los condados, la supervisión de los programas de género y la movilización de recursos para lograr una mayor repercusión.
Kenya mejoró la integración de los datos de género en las encuestas y los censos nacionales, y también los mecanismos de seguimiento y presentación de informes, en particular mediante los exámenes nacionales voluntarios vinculados al ODS 5 y otras metas mundiales.
Resultados concretos obtenidos gracias a la Estrategia de 2020-2025 para Alcanzar el ODS 5
El índice de paridad de género en la formación técnica y profesional aumentó, pasando de 0,80 a 0,86 en 2022, al tiempo que se aplicaba la Política de Integración de la Perspectiva de Género en la Enseñanza y Formación Técnica y Profesional y se suministraban toallas higiénicas a más de 2,29 millones de niñas durante el ejercicio económico 2023/24.
Se reforzó el empoderamiento económico de las mujeres realizando importantes desembolsos financieros (180 millones de dólares de los Estados Unidos a través del Fondo Empresarial para la Mujer, 49,8 millones a través del Fondo de Uwezo y 109,2 millones aportados por el Fondo de Acción Afirmativa del Gobierno Nacional) para financiar decenas de miles de grupos e iniciativas de base de mujeres.
La contratación pública inclusiva se amplió mediante el Programa de Acceso a Oportunidades de Contratación Pública, gracias al cual se adjudicaron 31.715 licitaciones por valor de 395,1 millones de dólares de los Estados Unidos a mujeres, jóvenes y personas con discapacidad en 2023/24, frente a los 285,5 millones adjudicados en 2020/21.
Las iniciativas de inclusión financiera se ampliaron: el Fondo de Aceleración desembolsó 465,6 millones de dólares de los Estados Unidos, con una tasa de amortización del 79 % y ahorros cifrados en 25,6 millones de dólares de los Estados Unidos, mientras que el Fondo de Desarrollo de Empresas de Jóvenes proporcionó préstamos, subvenciones y capacitación a los agronegocios de jóvenes valorados en más de 1.000 millones de dólares de los Estados Unidos.
Se lograron avances en la prevención de la violencia de género, observándose entre 2014 y 2022 una considerable disminución de los índices de violencia física, violencia sexual y mutilación genital femenina en todo el país.
Los sistemas de respuesta a la violencia de género mejoraron porque aumentó el número de casos resueltos y el uso de los teléfonos de asistencia, y se invalidaron por considerarse inconstitucionales los arreglos extrajudiciales en casos de violencia sexual gracias a la histórica sentencia dictada en 2023 en el caso IW & Another v Omondi & 3 others (Constitutional Petition E416 of 2021) [2023]KEHC 26907 (eKLR) .
Se reforzaron los mecanismos institucionales, por ejemplo poniendo en funcionamiento 12 tribunales especializados en la violencia sexual y de género, actualizando las políticas contra la violencia de género en 13 condados, creando un registro electrónico de delincuentes sexuales e integrando estrategias de género en la judicatura y las universidades.
La representación política de las mujeres aumentó de manera considerable a nivel nacional y en los condados, duplicándose el número de gobernadoras (hasta llegar a seis) y cumpliéndose la regla del máximo de dos tercios de un mismo género en el 92 % de las instituciones públicas durante el ejercicio económico 2024/25.
Medidas adoptadas para reforzar los sistemas de presupuestación y supervisión con perspectiva de género
Se han alineado las circulares presupuestarias, la presupuestación por programas y los planes de desarrollo integrado de los condados para vincular los recursos financieros a los resultados relacionados con el género, empleando para ello indicadores y metas sensibles al género que reflejan los principios recogidos en los artículos 27, 43 y 201 de la Constitución.
El Sistema de Control de la Información sobre la Gestión Presupuestaria ha mejorado la supervisión sensible al género al permitir el seguimiento y la notificación en tiempo real de las asignaciones y los gastos reales, gracias a lo cual han aumentado la transparencia y la rendición de cuentas en una gestión de las finanzas públicas que responde a las cuestiones de género.
Medidas adoptadas para hacer frente a la escasa asignación presupuestaria para programas relacionados con el género
Las herramientas de gestión de las finanzas públicas, los marcos de presupuestación por programas y las directrices operacionales para una presupuestación que responda a las cuestiones de género han permitido institucionalizar la integración de indicadores relacionados con la igualdad de género en todas las fases del ciclo presupuestario.
Los puntos focales de cuestiones de género, los funcionarios especializados en la elaboración de presupuestos y los grupos de trabajo multisectoriales en materia de género han mejorado la capacidad técnica, la coordinación de la planificación y la movilización de recursos para avanzar en una presupuestación que responda a las cuestiones de género y destinar asignaciones de mayor cuantía.
Esfuerzos realizados para crear capacidad en todos los departamentos gubernamentales en materia de planificación y presupuestación con perspectiva de género
El Gobierno reforzó la capacidad institucional para elaborar presupuestos que respondan a las cuestiones de género publicando un manual nacional de capacitación en 2024 en colaboración con ONU-Mujeres y las partes interesadas, manual que se complementó con formación periódica para planificadores y funcionarios de finanzas, además de coaching en los departamentos para integrar la perspectiva de género en la formulación del presupuesto y la supervisión del desempeño.
E.Instituciones nacionales de derechos humanos
Información sobre el proceso de selección y nombramiento de los miembros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenya
La selección y el nombramiento de los miembros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenya se rigen por el artículo 59 de la Constitución y la sección11 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenya (cap. 71). Esto implica, entre otras cosas, anunciar el proceso públicamente, realizar una preselección, llevar a cabo entrevistas a cargo de un panel de selección interinstitucional y someter a los candidatos al escrutinio parlamentario antes de que el Presidente proceda a su nombramiento oficial.
En 2021 se nombró a cuatro comisionados siguiendo el proceso establecido. Las personas nombradas deben reunir los requisitos en términos de integridad y cualificación profesional previstos en el capítulo 6 de la Constitución y ejercer un único mandato no renovable de seis años.
La Presidencia está vacante en estos momentos tras el fallecimiento de su anterior titular en enero de 2025. En abril de 2025 se constituyó un panel de selección que ha finalizado el proceso de preselección, y el nombramiento definitivo está pendiente de confirmación por parte del Presidente.
La Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenya otorga a esta el mandato explícito de supervisar y promover el cumplimiento de los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, además de asesorar al Gobierno al respecto. La sección 7 de la Ley establece la obligación de cumplir todos los tratados y convenios ratificados por Kenya.
F.La sociedad civil y las defensoras de los derechos humanos
Información sobre las medidas, incluidas las medidas legislativas, adoptadas para proteger a las defensoras de los derechos humanos, en particular las mujeres indígenas y las activistas del clima
Kenya ha introducido garantías jurídicas y normativas para las defensoras de los derechos humanos (incluidas indígenas y activistas del clima) empleando instrumentos como la Ley de Orden Público, la Ley de Delitos Sexuales, la Ley de Protección de Testigos y el proyecto de política relativo a los defensores de los derechos humanos. Esta política fue elaborada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenya como marco de referencia para guiar el reconocimiento, la protección y la ayuda a los defensores de los derechos humanos.
Kenya adoptó oficialmente en 2023 las Directrices Africanas para la Protección de las Defensoras de los Derechos Humanos, elaboradas en colaboración con Equality Now, ONU-Mujeres y la Unión Africana. Estas directrices promueven una reparación jurídica que responda a las cuestiones de género, el acompañamiento psicosocial y mecanismos de protección de emergencia.
En 2021 se publicó un manual sobre espacios seguros y protectores, elaborado en el marco del Programa Conjunto sobre Violencia de Género que dirige el Departamento de Estado para Asuntos de Género y Acción Afirmativa, y asociados de las Naciones Unidas. En el manual se describen a grandes rasgos varios modelos para refugios, centros de ventanilla única y espacios virtuales seguros adaptados para defensoras de los derechos humanos y supervivientes de la violencia de género.
Kenya ha adoptado un enfoque multisectorial de la prevención y la respuesta en el Marco Nacional de Prevención y Respuesta a la Violencia de Género (2022-2026) y el Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos (2023-2027), gracias a lo cual ha mejorado la coordinación para responder a las represalias, las amenazas, el acoso y la detención arbitraria.
Información sobre la situación del Fondo Fiduciario de Protección de las Víctimas y el proyecto de carta de los derechos de las víctimas
El Fondo Fiduciario de Protección de las Víctimas se creó en virtud de la Ley de Protección de las Víctimas (2014) para ayudar a las víctimas de delitos. Los reglamentos para poner el Fondo en funcionamiento fueron elaborados por un grupo de trabajo interinstitucional dirigido por la Fiscalía y la Tesorería Nacional, y siguen examinándose en estos momentos a la espera de su aprobación formal. También se ha redactado el proyecto de la Carta de los Derechos de las Víctimas, que se encuentra actualmente en fase de validación consultiva antes de su aprobación.
G.Medidas especiales de carácter temporal
Medidas adoptadas para aplicar la norma constitucional de los dos tercios en materia de género, que exige que al menos el 33 % de los puestos en los órganos electivos o por designación estén ocupados por mujeres
El Gobierno aplica el artículo 177 b) de la Constitución mediante la designación de escaños especiales para garantizar el equilibrio de género en las asambleas de los condados. Un grupo de trabajo multisectorial creado en 2023 presentó al Parlamento en 2024 un marco de aplicación de la perspectiva de género con el que se proponían enmiendas constitucionales y legales, incluidas estrategias de inclusión masculina.
La incorporación de la perspectiva de género se promueve mediante la Política de Diversidad de la Función Pública y la inclusión de metas de género en contratos vinculados al desempeño, que prevén la formación de comités de género y la formulación de políticas institucionales de género. El sector privado adoptó en 2022 una política de género y diversidad en los consejos de administración para superar las diferencias salariales entre hombres y mujeres, y promover la inclusión.
El Consejo de Gobernadores puso en marcha en 2024 una estrategia del G7 para aumentar el número de gobernadoras de siete a 16 de cara a 2027. Las comisiones constitucionales sobre la mujer, la paz y la seguridad y la acción climática también contribuyen a una gobernanza inclusiva en cuanto al género.
El Parlamento examina en estos momentos varios proyectos de ley centrados en el género, como el relativo a las elecciones (modificación) o el referido a los partidos políticos (modificación) (núm. 2).
H.Estereotipos y prácticas nocivas
Información sobre las medidas adoptadas para eliminar los estereotipos de género y las prácticas nocivas contra las mujeres y las niñas
El Gobierno ha puesto en marcha varias reformas legales, iniciativas comunitarias para cambiar las normas y programas multisectoriales (como el Plan Nacional de Acción sobre el Matrimonio Infantil adoptado en 2022 y el Programa de Parentalidad Positiva) para combatir el matrimonio infantil persistente y eliminar los estereotipos de género y las prácticas nocivas contra mujeres y niñas, centrándose para ello en la educación, el empoderamiento económico y la participación de líderes tradicionales y religiosos.
Desafíos encontrados en la aplicación de las disposiciones pertinentes de la Ley de la Infancia (2022), la Ley de Prohibición de la Mutilación Genital Femenina (2011) y la Ley del Matrimonio (2014)
Para que se cumplan en su integridad, las disposiciones progresistas de la Ley de la Infancia (como la notificación obligatoria, las dependencias de protección infantil y los mecanismos de remisión) exigen invertir de manera sostenida en la capacitación, las infraestructuras y la implicación comunitaria. Por otra parte, la aplicación de las disposiciones relativas a la edad mínima de la Ley del Matrimonio se ve limitada por las uniones informales y no registradas, mientras que la aplicación de la Ley de Prohibición de la Mutilación Genital Femenina plantea dificultades cuando se trata de detectar y perseguir prácticas clandestinas y casos transfronterizos.
Información sobre la práctica de la violación de niñas (conocida como “beading“), los abortos forzados en condiciones de riesgo y otras prácticas nocivas como el precio de las novias y los ritos de viudedad
Instituciones públicas y organizaciones de base han dirigido campañas de educación pública que cuestionan las prácticas nocivas relacionadas con las viudas y promueven la dignidad y autonomía de estas mujeres. La Comisión Nacional de Género e Igualdad ha llevado a cabo campañas de sensibilización y emitido declaraciones públicas condenando las prácticas culturales retrógradas, mientras que los gobiernos en los condados han introducido políticas de integración de la perspectiva de género y diálogos comunitarios a través de sus departamentos de género.
La Ley de la Infancia de 2022 prohíbe explícitamente la práctica cultural conocida como “beading” por considerarla nociva y protege a las víctimas de malos tratos, abandono y explotación, al tiempo que garantiza el acceso a servicios esenciales como la educación y la atención sanitaria.
Medidas adoptadas para combatir los estereotipos de género e integrar la igualdad de género en los planes de estudios
Kenya ha introducido una serie de medidas coordinadas para combatir los estereotipos de género y la cosificación de las mujeres en los medios tradicionales y sociales, la publicidad y las plataformas digitales. Gracias a la colaboración estratégica entre el Consejo de Medios de Comunicación de Kenya y la Junta de Clasificación Cinematográfica de Kenya, se ha sensibilizado a los medios de comunicación para que adopten prácticas editoriales sensibles al género. Esto implica, por ejemplo, clasificar las películas que vayan a proyectarse, regular los contenidos de radiodifusión y promover una imagen inclusiva de las mujeres en los diversos canales de los medios de comunicación.
Las organizaciones de la sociedad civil han tenido un papel fundamental, sirviéndose de plataformas digitales para concienciar sobre la violencia de género y la imagen nociva que se difunde de las mujeres. Varias campañas han puesto de relieve la prevalencia del feminicidio y facilitado un diálogo público al respecto, empleando para ello etiquetas como #StopKillingWomen (“Detener la matanza de mujeres”) y #EndFemicideKe (“Poner fin a los feminicidios en Kenya”). Por su parte, la Unstereotype Alliance (Kenya) sigue fomentando una imagen progresista de las mujeres que ocupan puestos directivos o ejercen profesiones técnicas y otros roles no tradicionales.
Estas intervenciones han tenido efectos cuantificables. Los organismos que regulan los medios de comunicación han revisado las directrices editoriales para promover una imagen diversa de las mujeres y han sancionado los contenidos que perpetúan los estereotipos. Periodistas, publicistas, influencers y estudiantes de los medios de comunicación han participado en programas especializados de creación de capacidad para producir reportajes y publicidad éticos y sensibles al género. Además, el Consejo de Medios de Comunicación de Kenya y la Junta de Clasificación Cinematográfica de Kenya han puesto en marcha campañas de alfabetización mediática y derechos digitales que empoderan a mujeres y niñas para que participen de forma crítica en la generación de contenidos y abogan por el uso de estándares inclusivos en los medios de comunicación.
En el sector educativo, Kenya ha incorporado la igualdad de género mediante el plan de estudios basado en competencias (2017), que incorpora temas relacionados con el género y la inclusión en asignaturas como las ciencias sociales, las competencias para la vida o la educación religiosa. Este cambio en el plan de estudios se complementa con la Política de Género para el Sector de la Enseñanza (2025) y el Plan Estratégico Nacional de Educación (2018-2022), que promueven reformas sistémicas destinadas a subsanar las brechas de género, mejorar los entornos de aprendizaje y fortalecer la receptividad a las cuestiones de género en la educación.
Para ayudar a los docentes, el Ministerio de Educación, en colaboración con sus asociados para el desarrollo, ha impartido formación sobre métodos pedagógicos que respondan a las cuestiones de género para dotar al profesorado de las herramientas necesarias para detectar y combatir el sesgo de género en las aulas. Los programas de formación en el empleo refuerzan más si cabe los componentes de derechos humanos e igualdad de género.
El Gobierno también ha tomado medidas estratégicas para garantizar el acceso ininterrumpido de las niñas a la educación, sobre todo entre las poblaciones vulnerables. Cabe mencionar al respecto la implantación de la educación primaria y secundaria diurna gratuita, la distribución de toallas higiénicas para retener a las niñas cuando estén menstruando y el Programa de Becas Elimu, que prioriza a las niñas procedentes de entornos desfavorecidos.
Consciente de los retos a que se enfrentan las madres adolescentes, el Gobierno ha adoptado las directrices para la reincorporación a la escuela (2020), que permiten reanudar sus estudios a las niñas que los abandonen a consecuencia de un embarazo. Además, la Política Nacional de Salud Escolar incorpora una educación para la salud sensible al género a fin de promover el bienestar y la inclusión en los centros de enseñanza.
I.Violencia de género contra las mujeres y las niñas
Feminicidio
Según el World Population Review de 2025, la tasa de feminicidio en 2021 fue de 2,6 por cada 100.000 mujeres. En un informe publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y ONU-Mujeres, los feminicidas suelen ser parejas o exparejas de las víctimas, y representan una media del 55 % de todos los asesinatos relacionados con la pareja y la familia. Según el Africa Data Hub, de los 930 asesinatos de mujeres registrados en Kenya entre enero de 2016 y diciembre de 2024, la mayoría de los autores (77 %) eran parejas y familiares de las víctimas, y el 59 % de las víctimas eran mujeres de entre 18 y 35,2 años. También según esta plataforma, se registraron 127 feminicidios en 2024, mientras que los organismos encargados de hacer cumplir la ley en Kenya documentaron 97 feminicidios entre septiembre y noviembre de 2024. Se creó el Grupo de Trabajo Técnico Presidencial para investigar el creciente número de casos de violencia de género y feminicidio. El grupo trabaja para alinear las iniciativas de lucha contra la violencia de género y el feminicidio a nivel nacional y en los condados.
Proyecto de ley (modificación) sobre el servicio de médicos forenses (2023)
El Gobierno ha tomado medidas concretas para promulgar el proyecto de ley de enmienda del servicio nacional de médicos forenses de 2023, cuyo objetivo es reforzar el marco jurídico para investigar las muertes que deben ser notificadas y mejorar la rendición de cuentas cuando la muerte se produzca en circunstancias sospechosas o violentas. Entre las principales modificaciones figuran la creación del Consejo Nacional de Servicios de Médicos Forenses, la definición de las funciones y el proceso de nombramiento del máximo responsable de estos servicios y la ampliación de las definiciones para incluir los servicios forenses y sus responsabilidades. El proyecto de ley está pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros.
La Ley de Protección contra la Violencia Doméstica, los progresos realizados en la aprobación del proyecto de ley (modificación) sobre los delitos sexuales (2023) e información sobre el acceso a los servicios de apoyo y los recursos presupuestarios asignados a estos servicios
Para reforzar la aplicación de la Ley de Protección contra la Violencia Doméstica de 2015, el Gobierno puso en marcha su correspondiente reglamento en septiembre de 2023. Este reglamento facilita la aplicación de la ley en cuestión al establecer procedimientos claros para obtener órdenes de protección, mejorar el acceso de las supervivientes a los recursos legales y definir las obligaciones de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, como la policía, los funcionarios especializados en asistencia social y los profesionales médicos.
El reglamento hace hincapié en la intervención temprana, la dignidad de las supervivientes y la rendición de cuenta por parte de los autores, e incluye disposiciones relativas a las órdenes provisionales de protección, la indemnización a las víctimas y procedimientos judiciales simplificados. Los supervivientes pueden ahora presentar denuncias por medio de representantes designados, y los tribunales tienen la obligación de tramitar las solicitudes de indemnización en un plazo de seis meses.
El Gobierno se ha comprometido a garantizar la tolerancia cero ante la violencia de género, y la Secretaria del Gabinete para la Igualdad de Género y la Función Pública ha anunciado que se planea crear un Fondo para Supervivientes de la Violencia de Género financiado por asociados de la sociedad civil y del sector privado. Con este fondo se pretende empoderar económicamente a las supervivientes y facilitar el acceso a la justicia.
En cuanto al proyecto de ley (modificación) sobre los delitos sexuales (2023), el texto se presentó en el Parlamento en diciembre de 2023, se sometió a una primera lectura en julio de 2024 y en estos momentos está siendo examinado por el Comité sobre Violencia Sexual y de Género de la Asamblea Nacional.
Medidas adoptadas para hacer frente a las nuevas formas de violencia de género contra las mujeres y las niñas, en particular la violencia facilitada por la tecnología
El Gobierno ha promulgado la Ley de Delitos Informáticos y Cibernéticos (2018), que tipifica como delitos el ciberacoso, la publicación de información falsa y la distribución ilícita de imágenes íntimas. Aunque su aplicación sigue siendo desigual, la Ley proporciona los fundamentos jurídicos para enjuiciar por la vía penal a los autores y reparar a las víctimas de la violencia facilitada por la tecnología, especialmente mujeres y niñas.
La Fiscalía y la Dirección de Investigaciones Criminales han reconocido los actos de violencia sexual y de género como constitutivos de delito y trabajan en estos momentos para mejorar la capacidad de investigación. Se está impartiendo capacitación a los agentes encargados de aplicar la ley para gestionar las pruebas digitales y elaborar informes sensibles a las supervivientes.
La red de acción KICTANet publicó en 2025 un análisis del marco jurídico relativo a la violencia sexual y de género que destacaba las lagunas en la aplicación de la ley, la protección de las supervivientes y la cooperación transfronteriza. En el informe se aboga por reformas que mejoren los protocolos de seguridad digital, las normas de investigación forense y los mecanismos de acompañamiento psicosocial para las víctimas en los espacios en línea.
Información relativa al grupo de trabajo técnico sobre violencia de género y las medidas adoptadas para desarrollar un marco jurídico sobre el feminicidio
El Presidente nombró en enero de 2025 a los 42 integrantes de un grupo de trabajo presidencial sobre la violencia de género, incluido el feminicidio. Se encomendó al grupo de trabajo el mandato de examinar las lagunas en la aplicación de la ley, evaluar los marcos jurídicos y proponer audaces reformas para luchar contra el feminicidio, que se considera una crisis nacional. El grupo de trabajo ha celebrado audiencias públicas, aceptado comunicaciones escritas y colaborado con funcionarios de la administración pública nacional. Sus conclusiones preliminares revelaron que la falta de una definición legal del feminicidio dificulta las investigaciones y el enjuiciamiento penal de estos casos. El grupo de trabajo ha pedido que se lleven a cabo reformas legislativas lo antes posible para clasificar el feminicidio como un tipo diferenciado y agravado de asesinato.
El grupo de trabajo destacó asimismo la carga económica que representa la violencia de género, cifrada en 40.000 millones de chelines kenianos anuales (unos 308 millones de dólares de los Estados Unidos) e insistió en la necesidad de destinar más financiación, administrar una justicia centrada en las supervivientes y reforzar la coordinación entre las autoridades nacionales y de los condados. Se espera que su informe final sirva de base para acometer reformas políticas, jurídicas e institucionales al más alto nivel.
J.Trata y explotación de la prostitución
El Gobierno de Kenya sigue aplicando la Ley contra la Trata de Personas (2010) por medio de la Secretaría de Lucha contra la Trata de Personas, que coordina una respuesta nacional interinstitucional a los delitos de trata que involucren a mujeres y niñas.
En febrero de 2024, Kenya puso en marcha su Plan de Acción Nacional contra la Trata de Personas (2024-2028). El Plan prioriza la protección de las víctimas, el enjuiciamiento penal de los autores, la armonización de datos y las alianzas estratégicas para luchar contra las redes transnacionales de la trata.
Entre 2022 y 2024, las investigaciones selectivas de la Dirección de Investigaciones Criminales, en colaboración con la Dirección de la Fiscalía, permitieron procesar por la vía penal más de 85 casos de trata y dictar sentencia en 34 casos que involucraban a mujeres víctimas de la trata.
Se ha redactado el proyecto relativo al Mecanismo Nacional de Derivación para las víctimas de la trata, que en estos momentos se encuentra en fase de validación por las partes interesadas. Con este mecanismo se busca poner en práctica procedimientos normalizados de identificación, rescate, derivación y rehabilitación de las víctimas.
Kenya ha creado el Fondo Fiduciario Nacional de Asistencia a las Víctimas de la Trata para ayudar a las supervivientes con intervenciones integrales que incluyen el rescate, la detección, la asistencia jurídica, la repatriación, el empoderamiento económico y la reintegración.
Durante el ejercicio económico 2022-2023, la Tesorería Nacional siguió destinando una asignación cifrada en 20 millones de chelines kenianos (unos 162.270 dólares de los Estados Unidos) al Fondo Fiduciario Nacional de Asistencia a las Víctimas de la Trata, tal como hizo en el ejercicio económico anterior. De esta cantidad, el Gobierno desembolsó más de 7,6 millones de chelines kenianos (62.270 dólares de los Estados Unidos) para prestar apoyo directo a las víctimas. Entre los servicios prestados figuraban la asistencia para la repatriación, el acceso a artículos de primera necesidad y el apoyo a la reintegración. El Fondo también prestó apoyo financiero a organizaciones no gubernamentales que ofrecían servicios de protección y rehabilitación para las víctimas.
En 2023, la Secretaría de Lucha contra la Trata de Personas coordinó la capacitación de más de 400 funcionarios de primera línea, proveedores de servicios y representantes de organizaciones de la sociedad civil en puntos fronterizos y condados, haciendo hincapié en los métodos sensibles al género para identificar a las víctimas, una exploración ética y una atención que tenga presente el trauma.
K.Participación en la vida política y pública
Medidas adoptadas para promover el liderazgo de las mujeres y las niñas, proporcionar financiación para las campañas y hacer frente a los obstáculos prácticos y estructurales que dificultan la participación de las mujeres y las niñas en la vida política y pública
Kenya ha adoptado medidas concretas para impulsar el liderazgo de las mujeres en el marco de la Estrategia Nacional para la Participación Política de las Mujeres (2023-2027).
Más de 1.000 candidatas en 47 condados recibieron capacitación y apoyo relacionado con las estrategias de campaña durante las elecciones generales de 2022, prestando especial atención a la juventud y las personas con discapacidad.
El Fondo para los Partidos Políticos destina ahora un 15 % a la creación de capacidad y la participación cívica de las mujeres, un monto que se desembolsa a través de la Oficina de la Secretaría para los Partidos Políticos.
Los obstáculos estructurales y prácticos se están superando mediante litigios constitucionales y exámenes legislativos. La interpretación que sigue haciendo el Tribunal Superior del artículo 81 b), relativo a la paridad de género, ha dado pie a la formulación de propuestas sobre cómo cumplir la regla del máximo de dos tercios de un mismo género.
Las asambleas de los condados y el Parlamento han ampliado el alcance de los programas de mentoría dirigidos a las niñas que cursan la educación secundaria y universitaria, cuya participación aumentó un 38 % entre 2022 y 2024.
Kenya ha dado pasos importantes para promover el liderazgo de las mujeres como componente básico del derecho a la participación en condiciones de igualdad en los asuntos públicos. El poder judicial destaca por haber designado a un número considerable de mujeres para ocupar puestos de toma de decisiones: por primera vez en la historia del país, las mujeres ostentan el cargo de Presidenta del Tribunal Supremo, Vicepresidenta del Tribunal Supremo y Fiscal General, una muestra del compromiso institucional con la igualdad de género. El 44 % de los funcionarios judiciales son mujeres, lo que refleja los avances logrados para eliminar las barreras estructurales para acceder a la justicia y el liderazgo. En el ámbito legislativo, la Asociación de Parlamentarias de Kenya sigue defendiendo los derechos de las mujeres, promoviendo leyes que respondan a las cuestiones de género y mejorando la rendición de cuentas a nivel institucional en lo que respecta al empoderamiento de las mujeres.
L.Nacionalidad
Información sobre la situación de las modificaciones introducidas en el proyecto de ley de refugiados (2019) y en la Ley de Ciudadanía e Inmigración (2012) para mejorar la protección internacional de las mujeres refugiadas, solicitantes de asilo y apátridas
El Gobierno de Kenya está inmerso en varias reformas jurídicas encaminadas a mejorar la protección internacional de las mujeres refugiadas, solicitantes de asilo y apátridas, en consonancia con la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y el marco de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
El proyecto de ley sobre refugiados (2019) se sometió a consultas sustantivas con las partes interesadas, consultas que dirigió el Departamento de Servicios para Refugiados y que culminaron en la Ley de Refugiados de 2021, en virtud de la cual se ampliaron el reconocimiento jurídico y los derechos de las poblaciones de refugiados y solicitantes de asilo, incidiendo de manera especial en la prestación de servicios sensibles al género.
Durante la reunión ministerial intergubernamental sobre la apatridia en África (2024), Kenya reafirmó su compromiso de eliminar la discriminación de género en las leyes relativas a la nacionalidad.
Con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Departamento de Estado de Inmigración y Servicios a la Ciudadanía ha puesto en marcha en julio de 2024 un proyecto piloto en los condados de Garissa y Turkana para facilitar el registro de los nacimientos y la documentación de las familias de refugiados y apátridas.
El Gobierno ha acometido importantes reformas jurídicas y normativas para abordar la cuestión de la apatridia y proteger a los apátridas. El capítulo 3 de la Constitución y la Ley de Ciudadanía e Inmigración de Kenya (cap. 170) proporcionan vías para que los apátridas adquieran la ciudadanía, incorporando al mismo tiempo definiciones legales y requisitos para optar a la naturalización. Con estas medidas se sientan las bases para ampliar el reconocimiento jurídico de las comunidades afectadas.
El Gobierno se ha comprometido públicamente a adherirse antes de 2027 a las convenciones de las Naciones Unidas sobre la apatridia de 1954 y 1961. En el marco de la campaña del ACNUR denominada Yo Pertenezco para poner fin a la apatridia, Kenya se comprometió a adherirse a esas convenciones y, desde entonces, ha realizado varios análisis para identificar a las poblaciones apátridas y fundamentar las próximas iniciativas para registrarlas. Estas medidas revelan la intención del país de alinearse con las normas mundiales y defender los derechos de los apátridas.
Ya se ha avanzado en lo que respecta a la concesión de la ciudadanía keniana a grupos históricamente apátridas, como las comunidades makonde, shona y pemba. Este reconocimiento es una muestra más del compromiso constitucional de Kenya con la igualdad en la protección y revela el impulso existente a favor de unos marcos inclusivos en materia de nacionalidad. Por otra parte, en colaboración con el ACNUR y la sociedad civil, Kenya está diseñando un Plan de Acción Nacional para Erradicar la Apatridia de aquí a 2027.
Legislación complementaria como la Ley de Refugiados núm. 10 de 2021 facilita la concesión de asilo y la protección de grupos vulnerables, como mujeres, niños, personas con discapacidad y menores no acompañados. Estas disposiciones sirven para afianzar los mandatos institucionales y reforzar el compromiso de Kenya con los enfoques basados en los derechos de refugiados y apátridas.
Para mejorar el acceso al registro civil y los documentos de identidad jurídica, especialmente entre las mujeres que viven en zonas rurales y las personas con discapacidad, el Gobierno ha ampliado plataformas en línea como eCitizen, los centros Huduma y la divulgación móvil por conducto del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad y los servicios del registro civil. Se han adaptado los programas de sensibilización para superar las barreras, las ideas erróneas y las lagunas en materia de inclusión, aprovechando los medios de comunicación y recurriendo a los líderes comunitarios para que los sistemas de registro gocen de mayor aceptación e inspiren más confianza.
M.Educación
Medidas adoptadas para asegurar que las mujeres y las niñas tengan un acceso equitativo, inclusivo y asequible a todos los niveles y campos de la educación, en particular para alcanzar la paridad de género en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas; garantizar un entorno educativo seguro y los efectos del programa de comidas escolares y del programa de toallas higiénicas en las tasas de matriculación, asistencia y permanencia en la escuela
Para mejorar el acceso, la asequibilidad y la inclusión, se ha ampliado el sistema de subvenciones por capitación en el marco del Programa de Educación Secundaria Diurna Gratuita, y se han añadido disposiciones referidas a las niñas que pertenecen a comunidades marginadas y de bajos ingresos. Durante el ejercicio económico 2023/24, más de 250.000 niñas recibieron ayuda económica gracias a este programa.
El Programa de Becas Elimu, dirigido a estudiantes prometedores por su rendimiento académico y procedentes de entornos vulnerables, alcanzó prácticamente la paridad de género entre los becarios de la cohorte de 2023, de los cuales un 51 % eran niñas.
Para facilitar la reincorporación de las niñas tras el embarazo, el Ministerio sigue aplicando las directrices para la reincorporación a la escuela (2020). Más de 14.000 niñas se matricularon de nuevo entre 2022 y 2024 gracias a las iniciativas de sensibilización dirigidas a los funcionarios de educación de los condados y la sociedad civil.
El plan de estudios basado en competencias ha integrado las competencias para la vida, la alfabetización digital y métodos pedagógicos que responden a las cuestiones de género para fomentar los entornos de aprendizaje seguros, inclusivos y que empoderen al alumnado.
Una de las iniciativas encaminadas a aumentar la presencia de las niñas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM) es la Iniciativa de Mentorías en CTIM de la Agencia Nacional para la Innovación de Kenya, en la que participaron más de 6.700 alumnas de secundaria de 47 condados en 2023.
El Programa de Comidas Escolares y el Programa de Toallas Higiénicas han tenido un efecto tangible en la asistencia a clase y la retención del alumnado, especialmente en tierras áridas y semiáridas. Según un informe publicado por el Ministerio de Educación en marzo de 2024, la asistencia diaria de las niñas a las escuelas subvencionadas aumentó un 23 %.
Gracias al Programa de Toallas Higiénicas, se distribuyeron más de 45 millones de toallas higiénicas en 2023, alcanzando su cobertura el 70 % entre las alumnas que cumplían los requisitos en escuelas primarias públicas. Esta iniciativa se coordina a través del Departamento de Estado para la Igualdad de Género y las oficinas de educación de los condados.
Para mejorar la seguridad de los niños en los centros educativos, el Gobierno ha introducido las directrices para la protección de la infancia en las escuelas (2021), que exigen crear comités de protección de la infancia y mecanismos para atender quejas en todas las escuelas públicas. Estas estructuras cuentan con el apoyo de iniciativas específicas de creación de capacidad, incluida la formación obligatoria de profesores y funcionarios de educación sobre protocolos de protección de la infancia, procedimientos de denuncia y detección precoz de abusos o abandono.
El Gobierno está aplicando el Plan de Acción Nacional para la Salud de las Adolescentes y el Embarazo en la Adolescencia (2022-2027) en consonancia con los compromisos contraídos en el marco de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. Cabe destacar el programa “Conectar con respeto”, diseñado en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), gracias al cual se ha impartido capacitación a 30 formadores nacionales y sensibilizado a 120 profesores de tres condados sobre la importancia de una educación sexual basada en los derechos y que responda a las cuestiones de género.
Desde 2022, el Grupo de Trabajo Presidencial sobre la Reforma Educativa ha encabezado varias reformas en la educación básica, terciaria y universitaria, y ha priorizado la financiación inclusiva. Gracias a las becas Elimu, más de 53.000 alumnos de hogares vulnerables han recibido ayudas entre los ejercicios económicos 2020/21 y 2024/25.
La acción afirmativa en la educación superior implica, entre otras cosas, reservar el 55% de las becas universitarias para mujeres y niñas, mientras que más de 2.000 estudiantes con discapacidad han accedido a financiación gracias al Programa de Becas Ustawi, lo que ha contribuido a superar las persistentes brechas en términos de equidad.
Los agentes no estatales complementan las iniciativas públicas ofreciendo educación de refuerzo, movilizando a la comunidad y suministrando recursos esenciales para el aprendizaje. Las alianzas formadas en el marco de la Alianza Mundial para la Educación y las partes interesadas del sector privado ayudan a desmantelar las barreras que impiden a las niñas acceder a la educación y forjar un futuro mejor.
Con el modelo de financiación de la educación superior se pretende aumentar el acceso de los estudiantes procedentes de familias de bajos ingresos, especialmente niñas y mujeres. A su éxito contribuyen varias iniciativas conjuntas con donantes internacionales y empresas privadas cuyo objetivo es aumentar el apoyo financiero y fortalecer los marcos institucionales.
N.Empleo
Medidas adoptadas para hacer frente a la discriminación laboral persistente; el acoso sexual en el lugar de trabajo, así como a los sesgos de género que afectan a las prácticas de contratación, los ascensos y la dinámica del lugar de trabajo
El Ministerio de Trabajo y Protección Social puso en marcha un Programa Nacional de Sello de Igualdad de Género en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), gracias al cual los empleadores pueden obtener una certificación voluntaria por adoptar políticas y prácticas de contratación basadas en la equidad de género y la igualdad salarial. En mayo de 2024 ya se habían certificado 65 instituciones del sector público y privado.
Para combatir el acoso sexual en el lugar de trabajo, el Gobierno organizó una campaña nacional de sensibilización en colaboración con la Federación de Empresarios de Kenya y la Organización Central de Sindicatos. Durante la campaña se impartió capacitación a funcionarios e inspectores de recursos humanos y se elaboraron políticas modelo contra el acoso sexual en el lugar de trabajo para los empleadores.
El Departamento de Estado para el Trabajo actualizó en 2023 las Directrices de Seguridad y Salud Ocupacionales a fin de incluir disposiciones sensibles al género que aborden el acoso, la discriminación relacionada con el embarazo y los problemas de salud mental.
Se sigue abordando el sesgo de género en la contratación, los ascensos y el desarrollo profesional mediante la presentación obligatoria de informes sobre la diversidad con arreglo al Reglamento de la Comisión de Administración Pública (2022). Ministerios, departamentos y organismos deben presentar todos los años datos sobre su personal desglosados por sexo, además de un análisis de los ascensos y las categorías salariales.
Naturaleza de género de las industrias extractivas, las medidas específicas adoptadas para asegurar el pleno acceso de las mujeres con discapacidad al mercado laboral formal, la situación de las mujeres y las niñas que trabajan en el sector informal, y cualquier intervención dirigida a alcanzar la paridad de género en los puestos de liderazgo del sector privado
En lo que respecta a la industria extractiva, el Gobierno elaboró directrices que responden a las cuestiones de género en el marco del Reglamento sobre Contenido Nacional (Sector Petrolero) y exigen a las empresas que presenten planes para incluir a las mujeres, en particular las que proceden de comunidades de acogida. Una auditoría realizada en 2023 reveló que, si bien la participación de las mujeres en el empleo formal de la industria extractiva creció un 14 %, los hombres siguen estando sobrerrepresentados en los puestos directivos.
En cuanto al sector informal, en el que trabaja más del 80 % de las mujeres kenianas, el Departamento de Estado para Asuntos de Género y Acción Afirmativa facilitó un mayor acceso a la alfabetización financiera, el registro de la protección social y el apoyo al desarrollo empresarial. El Fondo de Mujeres Empresarias desembolsó 3.400 millones de chelines kenianos en 2023/24 que se destinaron a 120.000 microempresas dirigidas por mujeres.
Se han introducido medidas concretas en el sector privado para que las mujeres ocupen más puestos directivos. La Alianza del Sector Privado de Kenya exige ahora a sus empresas afiliadas que adopten la práctica de presentar informes voluntarios sobre el equilibrio de género en consejos de administración y puestos ejecutivos. En 2024, las mujeres ocupaban el 27 % de los puestos directivos en las empresas que cotizan en bolsa, un 4 % más que en 2022.
O.Salud
El Gobierno de Kenya sigue mejorando el acceso de mujeres y niñas a los servicios de salud sexual y reproductiva mediante la aplicación de la Política Nacional de Salud Reproductiva (2022-2032), que promueve enfoques de la salud basados en los derechos, el acceso universal y la equidad en todos los condados.
En 2023/24, el Ministerio de Salud adoptó el Marco de Inversión en Salud Reproductiva, Materna, Neonatal, Infantil y Adolescente para colmar las lagunas en la prestación de servicios y aumentar la cobertura en las regiones desatendidas. En consonancia con este marco, se destinaron más de 6.000 millones de chelines kenianos a intervenciones que incidían en la integración de la estrategia de salud de la comunidad.
El Gobierno se ha comprometido a destinar más financiación al sector de la salud para cumplir la meta del 12 % prevista en el Plan Estratégico del Sector de la Salud de Kenya (2023-2027) y el objetivo del 15 % de la Declaración de Abuya sobre el VIH/Sida, la Tuberculosis y Otras Enfermedades Infecciosas Conexas.
En junio de 2024, las asignaciones presupuestarias para la salud habían aumentado hasta representar el 9,4 % del gasto público total, y varias iniciativas legislativas en curso buscan delimitar las asignaciones del Marco de Inversión en Salud Reproductiva, Materna, Neonatal, Infantil y Adolescente en los planes de desarrollo integrado de los condados.
El Gobierno ha ampliado la cobertura universal de salud para integrar los servicios de atención materna y neonatal en los sistemas de salud de los condados con miras a reducir las elevadas tasas de mortalidad materna y neonatal, de 375 muertes por cada 100.000 nacidos vivos y unas 6.300 muertes maternas al año según la Encuesta Demográfica y de Salud de Kenya de 2022 y la encuesta económica realizada en 2025 por la Oficina Nacional de Estadística de Kenya.
Gracias a la Estrategia de Atención Primaria de Salud del Gobierno, se ha contratado a más de 100.000 promotores de salud de la comunidad que imparten educación sanitaria a los hogares, detectan los embarazos de alto riesgo y facilitan la remisión oportuna a los especialistas. Las clínicas móviles y las nuevas instalaciones construidas en el marco del Programa de Hospitales de Nivel 3 han permitido prestar más servicios en las zonas marginadas.
Los condados con elevadas tasas de mortalidad materna, como Turkana, Mandera o Wajir, han realizado intervenciones a nivel local, como transferencias en efectivo condicionadas para incentivar los partos en centros sanitarios, sistemas de remisión en ambulancia y alianzas con organizaciones confesionales para prestar atención obstétrica.
Kenya sigue colaborando con los asociados para el desarrollo a fin de reforzar la cadena de suministro de artículos esenciales para la salud materna, mejorar la formación para la atención obstétrica de urgencia e implantar sistemas de vigilancia de la mortalidad materna y la respuesta correspondiente.
El Consejo de Médicos y Dentistas de Kenya adoptó en 2024 una nueva directiva que exige a los centros documentar y verificar los procedimientos de consentimiento informado en todos los casos de esterilización, especialmente cuando las pacientes tengan una discapacidad o se observen vulnerabilidades socioeconómicas.
P.Empoderamiento económico de las mujeres
Medidas adoptadas para promover el empoderamiento económico de las mujeres, en particular en el marco de la Política Nacional de Cuidados y la Política Nacional de Empoderamiento Económico de las Mujeres
El Gobierno de Kenya ha adoptado medidas integrales para promover el empoderamiento económico de las mujeres basándose en la Política Nacional de Empoderamiento Económico de las Mujeres (2022) y la Política Nacional de Cuidados (2023). Estos marcos priorizan la inclusión financiera, la iniciativa empresarial, las infraestructuras para los cuidados y una protección social que responda a las cuestiones de género.
En la Política Nacional de Empoderamiento Económico de las Mujeres se describen a grandes rasgos cinco pilares estratégicos: acceso financiero; educación y competencias; innovación y tecnología; liderazgo y toma de decisiones; y un entorno normativo favorable. Esta política sirve para orientar las intervenciones intersectoriales y las asignaciones presupuestarias a nivel nacional y de condado.
Durante el ejercicio económico 2023/24, el Fondo de Mujeres Empresarias y el Fondo de Uwezo desembolsaron más de 5.600 millones de chelines kenianos destinados a microempresas y pequeñas empresas de mujeres. Gracias a estos fondos, 148.000 mujeres que residían en zonas urbanas, periurbanas y rurales recibieron financiación, siendo la tasa de reembolso del 80 %.
La Política Nacional de Cuidados (2023) reconoce los cuidados y trabajo doméstico no remunerados como contribuciones económicas fundamentales. Para implantarla se han puesto en marcha, entre otros, proyectos piloto en seis condados para establecer servicios de guardería comunitarios, ampliar las guarderías existentes e integrar los datos sobre el uso del tiempo en los procesos de planificación y presupuestación.
Kenya integró los indicadores relativos a la economía del cuidado en su circular presupuestaria de 2024, exigiendo a los ministerios del sector que informaran sobre las metas relacionadas con el cuidado. El Instituto de Investigación y Análisis de Políticas Públicas de Kenya se ocupa de brindar orientación técnica para llevar a cabo este cambio.
Para aumentar la inclusión financiera, el Gobierno diseñó la Hoja de Ruta para la Inclusión Financiera de las Mujeres (2023-2027) en colaboración con el Banco Central de Kenya y la organización Financial Sector Deepening Kenya (FSD Kenya). A mediados de 2024, el 78 % de las mujeres kenianas tenían acceso a servicios financieros formales, lo que supone un incremento del 5 % respecto de 2022.
Gracias al Programa Ajira Digital, más de 60.000 mujeres han recibido desde 2022 capacitación sobre emprendimiento digital y plataformas de trabajo en línea. De este modo se facilita la diversificación de las fuentes de ingresos, especialmente entre las mujeres jóvenes que, pese a tener estudios, están subempleadas.
En el sector agrícola, se facilita el acceso de las mujeres a los bienes productivos mediante la Estrategia de Transformación y Crecimiento del Sector Agrícola, que promueve el registro de las agricultoras, la participación en cooperativas y el acceso a los insumos. El 43 % de los agricultores registrados en plataformas de cupones electrónicos en 2023 eran mujeres.
El Gobierno sigue incorporando una presupuestación que responda a las cuestiones de género en todos los ministerios. La Tesorería Nacional publicó en 2023 directrices que responden a estas cuestiones y exigen el uso de indicadores de género en los marcos de gestión de la inversión pública y los planes de desarrollo integrado de los condados.
En Kisumu, Kakamega y Nyeri se han abierto centros de empoderamiento económico a nivel de condado que ofrecen servicios de creación de empresas, mentorías y alfabetización financiera adaptados a las necesidades de las mujeres, especialmente las que trabajan en el sector informal y las que prestan cuidados.
Q.Mujeres rurales, cambio climático y reducción del riesgo de desastres
El Gobierno sigue priorizando el acceso de las mujeres rurales a servicios esenciales integrando una planificación que responde a las cuestiones de género en los marcos de desarrollo de los condados. Se han realizado inversiones clave en sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento, salud y extensión agrícola en zonas rurales desatendidas.
En 2024, 34 condados habían adoptado planes de acción contra el cambio climático que incorporan la equidad de género en la resiliencia climática y la prestación de servicios. Estos marcos se financian a través del Fondo para el Cambio Climático en virtud de la Ley sobre Cambio Climático (2016).
Gracias a las alianzas formadas con ONU-Mujeres y organizaciones no gubernamentales de ámbito local, más de 18.000 mujeres rurales han recibido capacitación sobre técnicas agrícolas sostenibles, alfabetización financiera y prácticas de adaptación al clima en el marco de la Iniciativa para el Empoderamiento de las Mujeres y la Resiliencia Climática.
Kenya está aplicando activamente la Estrategia de Agricultura Climáticamente Inteligente (2017-2026) para mejorar la resiliencia agrícola entre las mujeres. La Estrategia incluye disposiciones para impartir capacitación inclusiva a los agricultores y facilitar el acceso a semillas resilientes al clima, plataformas de extensión electrónicas adaptadas a las agricultoras en zonas alejadas y mecanismos de financiación y seguros climáticos sensibles al género.
En junio de 2024, más de 600.000 mujeres se habían inscrito en programas climáticamente inteligentes en el marco de la Estrategia de Transformación y Crecimiento del Sector Agrícola y habían podido acceder a insumos resistentes a la sequía y recursos para la conservación del agua.
Se revisó el Reglamento de Tierras Comunitarias (modificación) de 2023 para superar las barreras a las que se enfrentan históricamente las mujeres indígenas y aquellas que viven en zonas rurales, especialmente en relación con la documentación y los derechos sobre la tierra. El reglamento revisado obliga a crear comités comunitarios de tierras que sean inclusivos y desglosar los datos relativos a la propiedad de la tierra por sexos.
En colaboración con organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Nacional de Tierras ha llevado a cabo actividades de sensibilización en 22 condados para que las mujeres (incluidos grupos de pastoras e indígenas) conozcan sus derechos de conformidad con el reglamento revisado.
La Estrategia Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres de Kenya (2023-2027) incluye varios componentes dedicados a los sistemas de alerta temprana y marcos de recuperación después de los desastres que responden a las cuestiones de género. Se incide de manera especial en proteger los medios de subsistencia y la salud de las mujeres rurales, sobre todo en regiones propensas a las inundaciones y la sequía.
La Autoridad Administrativa Nacional para la Sequía utiliza ahora indicadores de género en sus evaluaciones de la resiliencia y el socorro. Entre 2022 y 2024, desplegó a 150 funcionarios especializados en cuestiones de género en los condados áridos y semiáridos a fin de mejorar la planificación inclusiva para casos de desastre.
R.Mujeres y niñas que sufren formas interseccionales de discriminación
Medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento del requisito mínimo obligatorio del 5 % de empleo de personas con discapacidad y las sanciones impuestas en caso de incumplimiento
El Gobierno de Kenya ha seguido adoptando medidas para combatir la discriminación interseccional de mujeres y niñas, incluidas las que tienen una discapacidad, son indígenas, ostentan la condición de refugiadas o viven en regiones marginadas.
Las mujeres y las niñas con discapacidad siguen enfrentándose a barreras agravadas en materia de salud, educación e inclusión económica. Una muestra del compromiso de Kenya con el desarrollo inclusivo es que se está priorizando el cumplimiento de la cuota mínima de empleo del 5 % para personas con discapacidad en la contratación del sector público, tal como prevé la Ley de Personas con Discapacidad (2025). Se exige a las instituciones del sector sanitario en particular que cumplan esa cuota, además de obligarlas a presentar informes anuales al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. El objetivo de este marco es aumentar las opciones de las mujeres con discapacidad para ejercer el liderazgo y prestarles servicios que respondan a sus necesidades.
También se ha reforzado la programación intersectorial en las intervenciones de salud materna mediante la contratación de promotores de salud de la comunidad que han recibido capacitación para brindar una atención que tenga en cuenta la discapacidad. Las auditorías de las instalaciones y la prestación de servicios móviles ayudan a garantizar la accesibilidad para las mujeres con discapacidad en asentamientos rurales e informales, donde la exclusión por razón de género y capacidad son más graves.
El 52 % de los organismos públicos nacionales y el 36 % de los gobiernos en los condados habían presentado en 2024 informes actualizados sobre el cumplimiento de las metas de empleo para las personas con discapacidad. El incumplimiento se castiga con advertencias públicas, sanciones presupuestarias y remisión a la Comisión de Ética y Lucha contra la Corrupción.
Kenya ha invertido en una inscripción electoral inclusiva, programas de alfabetización digital y tecnologías de apoyo para que más mujeres con discapacidad participen en los espacios cívicos y económicos. Los organismos electorales han introducido la interpretación en lengua de señas y papeletas en braille en determinados centros de votación.
En colaboración con el ACNUR y organizaciones que representan a las personas con discapacidad, se han abierto con carácter experimental en Kakuma y Dadaab centros inclusivos de respuesta a la violencia de género concebidos para prestar servicios que tengan en cuenta el trauma y la accesibilidad.
S.Matrimonio y relaciones familiares
Información sobre los avances en materia de igualdad de género y eliminación de la discriminación en relación con el matrimonio y las relaciones familiares
Kenya sigue progresando en lo que respecta a la igualdad de género en el matrimonio y las relaciones familiares mediante la aplicación de la Ley del Matrimonio (2014), la Ley de la Infancia (2022) y las disposiciones pertinentes de la Constitución.
Con la Ley de la Infancia (2022) se refuerza la igualdad en lo que respecta a las responsabilidades parentales y se prohíbe explícitamente el matrimonio infantil. Las disposiciones obligan a registrar todos los nacimientos y definen los deberes que comparten madres y padres con independencia de su estado civil.
El poder judicial ha ampliado el acceso a los juzgados de familia y ha digitalizado los sistemas que se utilizan para solicitar la pensión alimenticia, la custodia y la separación. A mediados de 2024, 24 condados contaban con juzgados de familia operativos con jueces formados para dictar sentencias sensibles al género.
Las oficinas del registro civil en todo el país han adoptado sistemas digitales para registrar nacimientos y matrimonios, lo que facilita el acceso oportuno a la documentación y mejora las salvaguardias para las mujeres en uniones civiles.
La Comisión Nacional de Género e Igualdad ha organizado campañas de educación pública sobre los derechos conyugales, obligaciones domésticas y la propiedad en el matrimonio. Estas campañas van dirigidas tanto a comunidades urbanas como rurales y recurren a líderes religiosos, clínicas de asistencia jurídica y medios de comunicación comunitarios.
Para garantizar un reparto equitativo y claridad jurídica en los procedimientos de divorcio y sucesiones, en estos momentos se estudian varias propuestas legislativas para armonizar las leyes relativas a la sucesión y la propiedad, incluidas enmiendas a la Ley del Patrimonio Conyugal (2013).
T.Recopilación y análisis de datos
Medidas concretas adoptadas para subsanar la falta de datos exhaustivos y actualizados desglosados por sexo, edad y condición de discapacidad en todos los sectores
El Gobierno de Kenya ha adoptado medidas concretas para subsanar las deficiencias persistentes en la disponibilidad de datos completos y desglosados por sexo, edad, discapacidad y otros factores interrelacionados. Estos esfuerzos se centran ante todo en el trabajo de cuidados no remunerado, la violencia de género y el feminicidio, sectores donde la escasez de datos ha limitado históricamente la capacidad de respuesta de las políticas.
Por conducto de la Oficina Nacional de Estadística de Kenya, el Gobierno:
a)Ha incorporado el desglose por discapacidad y edad en las encuestas de hogares y los conjuntos de datos administrativos;
b)Ha empezado a realizar una encuesta sobre el uso del tiempo para cuantificar el trabajo de cuidados no remunerado con el apoyo técnico de ONU-Mujeres en el marco del programa Las Mujeres Cuentan;
c)Ha consolidado el sistema de vigilancia de la mortalidad materna y la respuesta correspondiente para tener presentes la discapacidad y la edad en las auditorías sobre mortalidad;
d)Ha diseñado hojas de metadatos para 34 indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con el género, mejorando de ese modo la armonización entre los ministerios.
Kenya ha institucionalizado marcos de datos generados por la ciudadanía para complementar las estadísticas oficiales, en particular los informes sobre la violencia de género. Presidido por la Oficina Nacional de Estadística de Kenya y agentes de la sociedad civil, un Comité Técnico de Trabajo sobre Datos Generados por la Ciudadanía se ocupa de validar los conjuntos de datos que presentan las organizaciones ciudadanas.
Para financiar de manera sostenible la recopilación de datos sobre el género, el Gobierno, a través de la Tesorería Nacional, ha actualizado el plan de cuentas de referencia, gracias a lo cual se pueden documentar las asignaciones públicas que se destinan a la igualdad de género.
El Gobierno también ha trabajado con organismos de desarrollo para financiar hojas de datos sobre el género a nivel de condado y tableros digitales como GROOTSmart, que permiten hacer el seguimiento de los avances respecto de los indicadores de género en todos los sectores.