Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

44º período de sesiones

Acta resumida de la tercera sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el martes 4 de mayo de 2010, a las 10.00 horas

Presidente:Sr. Marchán Romero

Sumario

Examen de los informes

a)Informes presentados por los Estados partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto

Quinto informe periódico de Colombia

Se declara abierta la sesión a las 10.05 horas.

Examen de los informes

a) Informes presentados por los Estados partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto

Quinto informe periódico de Colombia (E/C.12/COL/5; E/C.12/COL/Q/5 y Add. 1; HRI/CORE/1/Add.56/Rev.1)

1. Por invitación del Presidente, la delegación de Colombia toma asiento como participante en el debate de la Mesa.

2.El Sr. Ayala Meléndez (Colombia), al presentar el quinto informe periódico de Colombia (E/C.12/COL/5), dice que su Gobierno valora mucho el trabajo del Comité y está comprometido con el cumplimiento de las obligaciones adquiridas con el sistema de las Naciones Unidas. Asimismo, la delegación agradece la participación de los representantes de la sociedad civil en el trabajo del Comité y abordará algunas de las cuestiones planteadas por las organizaciones no gubernamentales (ONG).

3.El Sr. Piedrahíta (Colombia) dice que se están revisando las políticas en diversas esferas como parte de la preparación del nuevo Gobierno, que asumirá sus funciones en agosto de 2010. Desde la aprobación de la Constitución Política de 1991 Colombia ha asumido el compromiso de asegurar la vigencia de los derechos humanos de todos los colombianos y ha establecido un sistema de protección de derechos humanos a través de medios legislativos y de otro tipo.

4.A fin de garantizar el pleno cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, una de las prioridades principales del Gobierno ha sido afianzar la seguridad nacional para velar por que el Estado tenga un control pleno del país. Entre 2002 y 2009 se redujeron los homicidios en más de un 45% y los secuestros en un 92%. Asimismo, desde 2002, los homicidios de grupos de alto riesgo, como los sindicalistas y los activistas, se redujeron en un 85% y los recursos para su protección aumentaron a unos 55 millones de dólares en 2009. La confianza de la población en las autoridades ha aumentado y las economías en los gastos de seguridad han permitido un mayor gasto en el desarrollo social.

5.El Gobierno también ha procurado velar por un crecimiento económico sostenido, elevado y equitativo. El mejoramiento de la situación de la seguridad se ha reflejado en un mejoramiento de la actividad económica, y el Gobierno y el sector privado han recuperado la confianza y han invertido en el país. Debido a que el gasto de los consumidores también ha aumentado, entre 2002 y 2009 hubo un crecimiento medio del 5%. A pesar de la crisis económica internacional y las restricciones de exportación a Venezuela, la economía colombiana creció un 0,4% en 2009.

6.Las medidas para reducir la pobreza y promover la equidad también han tenido éxito. Mientras que el número de familias que vivían en la pobreza aumentó entre 1996 y 2000, la cifra ha ido descendiendo sistemáticamente desde 2002. La pobreza y la extrema pobreza en los países de América Latina aumentaron en 2009, pero en Colombia ambas disminuyeron ligeramente. El gasto social per cápita también ha aumentado, a un nivel que se podría comparar con países de América Latina con ingresos per cápita superiores, como el Brasil y México. El gasto social dirigido a los miembros más pobres de la sociedad redujo la extrema pobreza en un 14,4% en 2008. Incluso durante la crisis económica mundial el Gobierno aumentó las medidas de protección social. Entre 2008 y 2009, 800.000 personas más se beneficiaron del programa Familias en Acción, que proporcionó apoyo monetario condicionado a las familias, y muchas más personas han accedido a los sistemas públicos de salud y de educación. En la última medición del Índice de Oportunidades del Banco Mundial Colombia figura en un lugar elevado, lo que demuestra que el acceso a los servicios es mejor que en muchos países más desarrollados. El Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la actualidad ubica a Colombia en el grupo de países con nivel de desarrollo humano alto, con buenos resultados en esferas como la esperanza de vida y el rendimiento escolar. Se ha avanzado mucho en la lucha contra la pobreza económica, lo que ha aumentado la esperanza de que Colombia pueda lograr el primer Objetivo del Desarrollo del Mileno hacia 2015.

7.La protección social es más amplia que la seguridad social tradicional (salud, pensiones, protección del desempleo y riesgos profesionales) para incorporar los aspectos de ciudadanía e inclusión social, con un enfoque integral de gestión social del riesgo. Una de las prioridades principales es velar por que los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad disfruten de una amplia protección social. La Estrategia Juntos es una política innovadora orientada al millón y medio de familias más pobres, cuya finalidad es velar por que éstas disfruten de todos los programas en materia de salud, educación, empleo, finanzas y justicia. Aproximadamente un tercio de esas familias son desplazadas internas. El número de personas con cobertura total ha aumentado de un 60% en 2002 a más del 92% en 2009.

8.La tasa de desempleo de Colombia, tradicionalmente elevada, aumentó en 2009 tras un descenso significativo, pero en 2010 está volviendo a bajar. Se han creado cerca de 2,5 millones de puestos de trabajo, pero la tasa de desempleo sigue siendo alta, ya que el empleo en el sector informal todavía supone un obstáculo importante para reducirla. El desempleo sigue siendo más elevado entre las mujeres que entre los hombres. Uno de los principales retos del nuevo Gobierno será reducir la tasa de desempleo a menos del 10%, pues esa será la única manera de velar por que el sistema de protección social, financiado esencialmente con las contribuciones de los cotizantes, se pueda mantener y desarrollar. A diferencia de lo que ocurre en otras partes del mundo, el número de afiliados a organizaciones sindicales en Colombia sigue aumentando de forma significativa tanto en cuanto al número de nuevos miembros como al de nuevas organizaciones.

9.La cobertura de la educación ha aumentado en todos los niveles, desde la educación primaria hasta la superior. La inversión pública en educación aumentó en un 42% entre 2002 y 2009. Con la introducción de una estrategia gubernamental para eliminar los gastos de matrícula de los niños más pobres, incluidos los estudiantes desplazados internos, actualmente el número de niños beneficiarios de gratuidad asciende a 5,3 millones. Otros pagan diferentes cantidades en función de los ingresos de su familia. El acceso a la educación también ha aumentado en el caso de los niños con discapacidades y los pertenecientes a grupos minoritarios. El programa Familias en Acción ha conseguido animar a muchas familias a que mantengan a sus hijos en las escuelas, y los programas de nutrición escolar también han ayudado a que los niños acudan a clase. En 2009 la tasa de analfabetismo cayó hasta el 6,8% de la población mayor de 15 años. En la actualidad hay más de 1,5 millones de estudiantes en la educación superior, y más de la mitad de ellos son mujeres. Se han creado programas proactivos para fomentar la educación superior entre los grupos más pobres y vulnerables, con créditos y subsidios disponibles para cubrir los costos de alojamiento y otros. Éstos están destinados a desplazados internos, minorías y personas de ascendencia africana.

10.Las tasas de mortalidad infantil y de la niñez son bajas y Colombia va camino de alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio a ese respecto. Colombia cuenta con el tercer programa de transferencias condicionadas de efectivo más amplio del mundo, mediante el cual reciben asistencia más de 10 millones de personas y con beneficios que ascienden a 400 millones de dólares. La suma no es muy alta pero ha sido de gran ayuda: las comunidades a las que ha llegado el programa han ganado en confianza, ya que les ha proporcionado una forma de protección social. El programa también ha ayudado a mitigar el impacto de la crisis económica de 2009. Además, se distribuye de forma adecuada, como muestra el hecho de que el 74% de los fondos disponibles se hayan destinado al 40% más pobre de la población.

11.El Gobierno también centra sus esfuerzos en proporcionar asistencia a la primera infancia: el número de personas que han recibido asistencia para la educación y salud de sus hijos se ha multiplicado por dos y la financiación, obtenida a través de diversos medios, en particular alianzas publicoprivadas, ha aumentado en más del 60%.

12.También ha habido avances significativos en las asistencias para los adultos mayores. Desde 2004 150.000 personas han recibido asistencia monetaria y alimentaria. El Gobierno también espera poder ofrecer acceso al servicio subsidiado de salud a los adultos mayores.

13.Uno de los fenómenos que más afecta al país es el desplazamiento interno forzado. De acuerdo con el registro que funciona desde 1997, hay 3,3 millones de desplazados internos. En 1994 la Corte Constitucional decidió que el desplazamiento forzado era inconstitucional, y ese fallo dio al Gobierno una libertad significativa para formular políticas que abordaran el problema. Las cifras se han reducido con el tiempo y la inversión se ha visto multiplicada por diez: entre 2007 y 2010 el Estado ha invertido 2,5 millones de dólares. Se ha avanzado en velar por que los desplazados tengan un documento de identificación, permitiéndoles de esta manera un mejor acceso a los servicios de salud y de educación. Sin embargo, queda mucho por hacer, como proporcionarles garantías sociales, indemnizar a los desplazados por la pérdida de sus tierras y facilitarles un trabajo. En particular, el Gobierno se centra en la vivienda y en las tierras, aunque la cuestión de la propiedad de la tierra es extremadamente compleja. Se han iniciado actuaciones judiciales, pero la delincuencia organizada controla muchas tierras. El Gobierno presentará el 1º de julio de 2010 un documento de política ante la Corte Constitucional en el que se propondrán los compromisos financieros a fin de rectificar una situación inconstitucional. Tal vez sea necesaria una reforma constitucional.

14.Se han hecho algunos avances en el mejoramiento de la suerte de las comunidades indígenas y los afrocolombianos. Desde la aprobación de la Constitución de 1991 se ha sentado jurisprudencia sobre varias cuestiones relacionadas con las comunidades indígenas y se han transferido tierras. El Gobierno también ha proporcionado financiación a esas comunidades. A pesar de los logros, sigue siendo esencial velar por que los indígenas tengan acceso a los programas estatales y más representación en el Congreso. En Colombia todavía queda mucho por hacer y, para que el país progrese, la seguridad es esencial. Los programas del Gobierno no cubren todas las zonas del país y hay que trabajar para asegurar que las políticas sociales se distribuyan de manera más adecuada. Espera que las contribuciones del Comité ayuden al Gobierno en esa tarea.

15.El Presidente invita al Comité a que haga a la delegación de Colombia preguntas relacionadas con los artículos 1 a 5 del Pacto.

16.El Sr. Atangana señala que, en la pregunta 1 de la lista de cuestiones relativa al quinto informe periódico (E/C.12/COL/Q/5), el Comité pidió al Gobierno que explicara la función del Defensor del Pueblo y de las ONG en la redacción de dicho informe, pero no ha obtenido ninguna respuesta. Asimismo, solicitó ejemplos concretos de las actividades del Defensor del Pueblo. La poca información que se ha aportado es imprecisa.

17.El Sr. Kerdoun (Relator para el país) señala que, de acuerdo con los párrafos 122 a 135 del informe, el Gobierno está intentando canalizar los recursos de la cooperación internacional a través de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. Sin embargo, la información facilitada solo cubre las actividades realizadas hasta fines de 2006. Se pregunta si la cooperación que se inició en 2006 ha surtido efecto, qué progresos se han alcanzado entre ese año y la actualidad y si se han emprendido nuevos proyectos.

18.El problema más importante de todos es la continua propagación de la violencia en Colombia. Según el párrafo 52 y siguientes del informe, los grupos armados no respetan el derecho internacional humanitario, si bien están obligados a hacerlo. Esa violación es particularmente grave en el contexto de la continua racha de bombardeos, asesinatos, secuestros y otros delitos, que afectan gravemente a la población civil. El Programa presidencial de derechos humanos y derecho internacional humanitario había prometido velar por el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y el orador pregunta por qué no se ha hecho efectivo: ¿porque todavía no se ha completado o porque los grupos armados lo han rechazado? Desea saber exactamente cuáles son los obstáculos para la ejecución del programa. La cuestión es muy importante, ya que la ejecución es necesaria para la estabilidad política del país.

19.El Sr. Pillay dice que Colombia no parece tener una política efectiva con respecto a los desplazados, a pesar de que el Comité indicó que era una cuestión preocupante en 2001 y también aparece en la pregunta 8 de la lista de cuestiones. El Gobierno dice que se han invertido 2.500 millones de dólares para aliviar los problemas de los desplazados internos, pero las cifras siguen aumentando: según algunos informes, 150.000 personas son desplazadas cada año. En los dos primeros meses de 2010 se han denunciado los asesinatos de 88 desplazados. Pregunta por lo tanto si existen políticas eficaces para evitar el desplazamiento forzado, devolver sus tierras a los desplazados o proporcionarles indemnización o reparación, y para ayudar a los desplazados que viven en la pobreza, sin un alojamiento decente ni servicios de salud o de educación. A pesar del dinero que se ha invertido, en el propio informe del Gobierno al Tribunal Superior de octubre de 2009 se afirmaba que el 92,4% de los desplazados internos vivían por debajo del umbral de la pobreza. Pregunta si, de hecho, los recursos proporcionados han sido utilizados. Parece que no han ayudado a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Además, parece que reina un clima de impunidad para los que cometen delitos contra los desplazados internos. Desea saber por qué solo se enjuician el 20% de esos delitos.

20.El Sr. Riedel dice estar preocupado por el hecho de que la información que figura en los párrafos 52 a 62 se remonte a 2006 y solicita una actualización sobre los progresos hechos desde entonces. En el párrafo 59 se indica que el 55% de los recursos consignados entre 2002 y 2006 se dirigió a la generación de condiciones de paz y desarrollo en zonas deprimidas y a la asistencia para las víctimas de la violencia. Esa cifra no sirve de nada al Comité, que necesita saber exactamente cuánto dinero se ha gastado, cada año, y si se han hecho avances.

21.La cuestión del proceso de justicia de transición interesa mucho al Comité. En la respuesta del Gobierno a la pregunta 5 de la lista de cuestiones se mencionan el programa de restitución de bienes y la política de tierras en el marco del auto Nº 008 de la Corte Constitucional, que él considera un fallo histórico que podría servir como modelo para otros países. Sin embargo, el Comité desea conocer más detalles sobre las modalidades del proceso de justicia de transición.

22.La Sra. Bonoan-Dandan pregunta, en relación con la respuesta del Gobierno a la pregunta 2 de la lista de cuestiones, si la referencia de que el Vicepresidente de la República encabeza el Programa presidencial de derechos humanos y derecho internacional humanitario es correcta puesto que, por lo que tiene entendido, los distintos territorios de Colombia tienen sus propios programas de derechos humanos y derecho internacional humanitario. En cuanto a la afirmación de que el Programa procura la inclusión multisectorial de los derechos económicos, sociales y culturales en los planes de desarrollo territoriales, solicita más información, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de los enfrentamientos en el país tienen lugar en los territorios.

23.Por lo que respecta a la pregunta 3 de la lista de cuestiones, que hace referencia a los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales, en su opinión, el Gobierno no la ha respondido plenamente. Las minorías étnicas pueden participar activamente en las negociaciones, pero el Comité quería saber cómo afectaban los acuerdos alcanzados por Colombia el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, en particular en el caso de las mujeres. Asimismo, se pregunta cómo define exactamente el Gobierno el concepto de "desarrollo sostenible".

24.En cuanto a la pregunta 6 de la lista de cuestiones, la respuesta del Gobierno parece contradecir las informaciones independientes sobre la forma en que los indígenas sufren constantes abusos de su derecho a su propia tierra.

25.La Sra. Bonoan-Dandan dice que la respuesta por escrito del Estado parte a la pregunta 7 de la lista de cuestiones no describe los efectos de la política de biodiversidad vigente en las comunidades rurales. Según la información de que dispone el Comité, los cultivos destinados a la producción de biocombustibles han afectado de forma negativa el sustento de las poblaciones indígenas y otras poblaciones rurales reduciendo el acceso a sus fuentes de subsistencia: solicita a la delegación que comente esta cuestión.

26.El Sr. Kedzia señala que en 2006 se creó una comisión para preparar un plan de acción sobre los derechos humanos en Colombia. Pregunta cuál es el estado actual del plan y cómo aborda los derechos económicos, sociales y culturales. Atendidas las informaciones sobre tensiones y enfrentamientos públicos entre el poder ejecutivo y el judicial, le preocupa que esas tensiones puedan haber debilitado la independencia de la judicatura; pide a la delegación que comente esa información y las medidas tomadas para resolver la situación. También solicita a la delegación que comente los progresos conseguidos en las esferas del acceso a la tierra, el acceso a la vivienda y la generación de ingresos de los desplazados internos. Si bien agradece los datos estadísticos aportados sobre el país en su conjunto, acogería con agrado datos más concretos sobre la situación de los grupos especialmente vulnerables.

27.El Sr. Sadi solicita información sobre el estado del Pacto en el ordenamiento jurídico nacional y expresa su esperanza de que Colombia ratifique pronto el Protocolo Facultativo del Pacto. Se pregunta qué está alimentando el conflicto interno actual y por qué afecta a algunos grupos vulnerables más que al resto de la población, y pregunta qué medidas está tomando el Gobierno para terminar con este conflicto. Asimismo, se pregunta cuáles son las consecuencias de que el catolicismo sea la religión oficial y qué impacto tiene eso en otras religiones.

28.El orador pide a la delegación que responda a las acusaciones de que la política fiscal del Gobierno beneficia a los ricos más que a los pobres. También pregunta por qué la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer utiliza la palabra "equidad" en su nombre en lugar de "igualdad". En la Ley de cuotas solo se dispone que las mujeres ocupen el 30% de los escaños del Parlamento, no el 50%, lo que implica que el Estado parte no se está esforzando por alcanzar una igualdad real entre hombres y mujeres.

29.El Sr. Zhan Daode felicita al Estado parte por mantener el crecimiento económico en 2009 a pesar de la crisis económica mundial. Como Colombia se ha comprometido a reducir a la mitad el porcentaje de la población que vive en la pobreza y en la extrema pobreza antes de 2015, pregunta qué avances se han hecho para conseguir ese objetivo y cuántas personas viven en la pobreza y en la extrema pobreza en la actualidad en Colombia. Hay que hacer todo lo necesario para reducir la pobreza y el desempleo y para aumentar la estabilidad social.

30.La Sra. Barahona Riera dice que le gustaría saber cuál es el impacto que se espera de los cambios del régimen fiscal en la pobreza y cuál será la redistribución de la riqueza dentro del marco del nuevo régimen. Solicita que se aclare si la reforma del programa Familias en Acción entraña recortes en el gasto social.

31.De acuerdo con la información de que dispone el Comité, el sistema de salud prácticamente se ha privatizado y no garantiza el acceso a la atención médica básica a toda la población. Agradecería una explicación al respecto.

32.Señalando que la Corte Constitucional, en un intento por proteger los derechos económicos, sociales y culturales de la población, ha dictado varios fallos para modificar artículos del acuerdo de libre comercio entre Colombia y los Estados Unidos de América, pregunta cuál es la opinión de la delegación sobre esos fallos.

33.Finalmente, solicita a la delegación que responda a la anterior recomendación del Comité de que el Gobierno adopte las medidas legislativas y económicas necesarias a fin de que la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer pueda abordar los graves problemas de género del país en forma efectiva.

Se suspende la sesión a las 11.50 horas y se reanuda a las 12.10 horas.

34.El Sr. Piedrahíta (Colombia) dice que las ONG no participaron directamente en la redacción del informe del Estado parte pero que tanto el Despacho del Defensor del Pueblo como la Procuraduría General se encontraban entre las instituciones estatales que participaron. Gracias a esas instituciones, las preguntas y las críticas de las ONG se incorporaron al informe.

35.En respuesta a la pregunta sobre la ayuda internacional, dice que su delegación facilitará al Comité información por escrito acerca de cómo ha evolucionado la asistencia oficial para el desarrollo prestada a Colombia desde 2006. Como Colombia es ahora un país de ingreso medio baja, el Gobierno prevé poca necesidad de asistencia oficial para el desarrollo en el futuro. Está formulando una estrategia para atraer inversiones privadas y, de hecho, ha comenzado sus propias actividades de donante.

36.Por lo que respecta a la ejecución del Programa presidencial de derechos humanos y derecho internacional humanitario, dice que la Constitución dispone que las fuerzas armadas y los agentes de policía de Colombia deben aplicar las normas internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. La delegación aportará más información por escrito sobre la ejecución del Programa. En cuanto a los grupos armados ilegales, hace un llamamiento a la comunidad internacional para que ayude al Gobierno a presionar a esos grupos para que cumplan las normas internacionales.

37.En respuesta a la observación de que las políticas para los desplazados internos han sido inefectivas, dice que las políticas han sido insuficientes más que inefectivas. Se necesitan más financiación y una coordinación más efectiva entre los gobiernos federal, locales y estatales para solucionar el problema. El 1º de julio de 2010 el Gobierno presentará un plan a la Corte Constitucional para abordar las necesidades de los desplazados internos. Las cuestiones más importantes a este respecto son la vivienda y la tierra. Se han confiscado cerca de 2 millones de hectáreas a los grupos criminales, lo que supone una gran oportunidad para redistribuir las tierras entre los pobres y los desplazados. Sin embargo, el proceso jurídico tardará entre seis y siete años. La delegación podría aportar información por escrito sobre las nuevas políticas del Gobierno en materia de tierras, que se basan en la reparación, la generación de ingresos y la vivienda.

38.La Sra. Gaitán García (Colombia) dice que en la política de Colombia en materia de desplazados internos se ha prestado especial atención a la protección de las personas en riesgo de desplazamiento y a la reparación e indemnización para los que han sido desplazados. Se está intentando mejorar los canales de información que permiten evitar el desplazamiento mediante la acción coordinada del Defensor del Pueblo y el sistema de alerta temprana del Ministerio del Interior y de Justicia. Se están tomando medidas para devolver las tierras a los desplazados. Asimismo, se les proporciona asistencia para la rehabilitación, apoyo psicosocial y alojamiento. Se ha establecido una dependencia en la Fiscalía General para investigar las situaciones de desplazamiento y los delitos originales que las causaron. El establecimiento de la dependencia es especialmente significativo porque esos delitos nunca antes se habían investigado. Se están haciendo esfuerzos específicos para descubrir las causas del desplazamiento y para formular una política amplia en materia de indemnización.

39.El Sr. Piedrahíta (Colombia) dice que el 55% del presupuesto del Gobierno se destina a la ayuda contra la pobreza. Los planes del Gobierno abarcan un período de cuatro años. La Constitución dispone que el gasto social en términos reales no puede disminuir de un año a otro.

40.La Sra. Gaitán García (Colombia), en referencia a la cuestión de la justicia de transición, dice que se está tratando de ofrecer recursos administrativos para los casos de violaciones de los derechos humanos por parte de grupos ilegales, así como indemnización y reparación por conducto del ordenamiento jurídico.

41.El Sr. Piedrahíta (Colombia) dice que el proceso de preparación del Plan Nacional de Acción en derechos humanos y derecho internacional humanitario todavía no ha concluido, porque ha habido algunas dificultades para ponerse de acuerdo en la redacción. Sin embargo, el Gobierno mantiene su compromiso de preparar el Plan, y espera que esté listo en un futuro próximo.

42.La Sra. Bonoan-Dandan pregunta cómo se incorporan los derechos económicos, sociales y culturales en los planes nacionales de desarrollo. También solicita más información sobre cómo participan los indígenas en las negociaciones de los acuerdos comerciales.

43.El Sr. Herrera (Colombia) dice que, a pesar de que Colombia cuenta con un plan nacional de desarrollo, también dispone de planes de desarrollo en todos los niveles de administración local. Se están haciendo esfuerzos para velar por que los derechos humanos sean un elemento central de todos los planes de desarrollo.

44.La Sra. Gaitán García (Colombia) dice que todos los planes de desarrollo deben incluir el componente de derechos económicos, sociales y culturales, de manera que los representantes locales pueden intervenir en los programas de educación, salud, vivienda y generación de ingresos.

45.El Sr. Piedrahíta (Colombia) dice que velará por que se remita al Comité una definición formal por escrito del concepto "desarrollo sostenible" utilizado por el Gobierno colombiano. El Comité ha señalado correctamente que existe un conflicto relativo a los derechos sobre la tierra. Aunque en la Constitución se dispone que las tierras indígenas, que suponen el 30% del territorio de Colombia, no se pueden expropiar, también se dispone que lo que está debajo de la tierra es propiedad del Estado. Por lo tanto hay un conflicto de intereses entre la comunidad indígena y las operaciones mineras. El Ministerio del Interior y de Justicia está trabajando para solucionar ese problema.

46.El Sr. Herrera (Colombia) dice que Colombia está intentando aprobar medidas para velar por que las comunidades indígenas puedan disfrutar de sus derechos. La Corte Constitucional ha determinado que la consulta previa es un derecho de la comunidad indígena y se debe hacer antes de iniciar cualquier proyecto de desarrollo económico en territorio indígena. Por consiguiente, todos los proyectos previstos dependen de la consulta a las comunidades indígenas y afrocolombianas.

47.El Sr. Piedrahíta (Colombia), en respuesta a las preguntas planteadas sobre conservación y biocombustibles, dice que el 11% del territorio de Colombia está protegido por reservas nacionales, y más del 50% del país está cubierto por bosques. Se está trabajando para ofrecer puestos de trabajo alternativos como guardas forestales a quienes se han dedicado a talar los bosques con el fin de utilizar la tierra para la producción ilícita de drogas. El impacto ambiental de la producción de biocombustibles en la selva tropical ha sido mínimo, ya que la mayor parte de esa producción ha tenido lugar en tierras que antes habían sido utilizadas para la ganadería. A pesar de que ha habido algunos casos en los que las tierras de las comunidades indígenas desplazadas se han empleado para el cultivo de biocombustibles, el desplazamiento no se puede atribuir directamente a su producción. Colombia es el segundo mayor productor de etanol y el mayor productor de biodiesel de América Latina.

48.Por lo que respecta a la pregunta sobre las tensiones entre el ejecutivo y la judicatura, dice que, si bien ha habido acusaciones y recriminaciones en el pasado, Colombia cuenta con una judicatura altamente independiente y un Estado que respeta las decisiones judiciales. La Corte Constitucional dicta las sentencias más importantes y el Gobierno se encarga de su cumplimiento. Existe un plan de protección de los miembros de la judicatura que participan en casos relacionados con los derechos humanos. El Estado seguirá invirtiendo en su protección mientras sigan en situación de riesgo. Aunque algunas tensiones son inevitables, la independencia de la judicatura de Colombia sigue siendo elevada y el presupuesto que se le asigna ha aumentado en forma significativa con el actual Gobierno.

49.Se presentará información por escrito acerca de los problemas y los retos relacionados con los desplazados internos, en particular en las esferas de la vivienda, la atención médica y la generación de ingreso. Se están haciendo ajustes en las políticas sobre esas cuestiones, pero todavía quedan algunos retos. La generación de ingreso es una cuestión compleja, pero se considera el aspecto crucial del desarrollo; se necesitan más inversiones a ese respecto. Se aportará información por escrito sobre los indicadores del desarrollo de algunos grupos, como los pueblos indígenas y los afrocolombianos.

50.En cuanto a las causas por las que la mayoría de víctimas de la violencia son afrocolombianos e indígenas, explica que, mientras más del 70% de los colombianos viven en las ciudades, muchos afrocolombianos e indígenas se concentran en zonas que han sido tradicionalmente desatendidas. Debido a la escasa presencia del Estado y la insuficiente capacidad para intervenir en esas zonas, los grupos ilegales han encontrado allí un refugio seguro para desarrollar sus actividades. Por eso el Gobierno ha adoptado medidas para restablecer la seguridad y la soberanía en esas zonas y para velar por la accesibilidad de las personas a los servicios sociales. Si bien la capacidad del sector privado para trabajar en esas zonas está mejorando, todavía hay que progresar mucho y la deuda histórica con el pueblo indígena se debe saldar.

51.En cuanto a la posibilidad de invocar el Pacto ante los tribunales, dice que en virtud de la Constitución de Colombia solo se pueden invocar los derechos fundamentales. Puesto que los derechos económicos, sociales y culturales se consideran derechos progresivos, solo se pueden invocar si tienen un impacto directo en el ejercicio de los derechos civiles y políticos fundamentales.

52.La Sra. Gaviria (Colombia) dice que en la Constitución se incluyen mecanismos para el disfrute y la protección inmediatos de los derechos sociales. En caso de que una persona sienta que sus derechos sociales, como el derecho a la salud, se ven amenazados, puede utilizar esos mecanismos para exigir la garantía del derecho en cuestión.

53.El S r. Piedrahíta (Colombia) explica que la violencia no es un fenómeno nuevo en Colombia. La violencia ha estado presente durante 60 años, y proviene de la representación limitada de determinados grupos políticos que se han convertido en movimientos de guerrilla debido a la exclusión política. La pobreza, la desigualdad y las condiciones sociales también han contribuido al descontento que ha tenido como consecuencia la violencia. En el decenio de 1990 la violencia aumentó considerablemente debido al desarrollo del comercio ilícito de drogas en Colombia, que se convirtió en una de las principales fuentes de financiación de esos grupos ilegales. El Gobierno está tratando de actuar sobre todas las causas de violencia. A pesar de que se ha progresado en la reducción de la violencia, y Colombia ya no se considera la capital del secuestro de América Latina, hacen falta más esfuerzos para velar por que el progreso alcanzado se mantenga. El aumento de las medidas de seguridad ha sido efectivo y se ha aumentado la inversión en programas sociales. El Gobierno reconoce que para terminar con la violencia se necesita no solo el mejoramiento de la seguridad, sino también más oportunidades de empleo, la reducción de la pobreza y el acceso a los servicios sociales y la atención médica, y que la inmensa mayoría de desigualdades entre los diferentes sectores de la sociedad, que tienen un impacto significativo en la población indígena, se deben eliminar.

54.Por lo que respecta a la libertad de religión, dice que no hay una religión del Estado y, a pesar de que el 90% de la población es cristiana, también hay minorías judías y musulmanas que viven en Colombia. La libertad de religión está consagrada en la Constitución.

55.En respuesta a las preguntas sobre fiscalidad, dice que durante los últimos 20 años los ingresos fiscales del Estado provenientes de los impuestos se han duplicado, del 7% del producto interno bruto en 1990 al 15% en 2009. Sin embargo, los ingresos fiscales procedentes de los impuestos deben crecer más a fin de garantizar la prestación de los servicios sociales. En cuanto a la equidad del sistema fiscal, hay dos fuentes principales de ingresos, el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y el impuesto sobre la renta. Actualmente el IVA asciende a un 16% y es un impuesto regresivo que pagan todos los consumidores independientemente de sus ingresos, aunque el IVA no se aplica a los productos básicos, como los alimentos y los medicamentos. El impuesto sobre la renta, por su parte, es altamente progresivo y puede ir desde el 5% para los ingresos más bajos hasta el 20% para los más elevados. Sin embargo, muchos ricos no forman parte del sector formal de la economía y por consiguiente no pagan el impuesto sobre la renta. Se está tratando de solucionar este problema. La cantidad que pagan con sus impuestos los sectores más pobres de la sociedad es inferior a las prestaciones sociales que reciben, por lo que la intervención del Estado reduce la desigualdad.

56.La Sra. Gaitán García (Colombia) dice que la cuota del 30% para la representación política de las mujeres es un nivel mínimo que el Gobierno desea superar. De hecho, en 2009, el 40% de los responsables de tomar decisiones han sido mujeres.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.