29° período de sesiones
Acta resumida de la 614ª sesión
Celebrada en la Sede, Nueva York, el jueves 3 de julio de 2003, a las 10.00 horas
Presidenta:Sra. Açar (Turquía)
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (continuación)
Tercer y cuarto informes periódicos combinados y quinto informe periódico de Francia
Se declara abierta la sesión a las 10.05 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (continuación)
Tercer y cuarto informes periódicos combinados y quinto informe periódico de Francia (CEDAW/C/FRA/3, CEDAW/C/FRA/3-4/Corr.1, CEDAW/C/FRA/5 y CEDAW/PSWG/2003/II/ CRP.2/Add.1)
A invitación de la Presidenta, los miembros de la delegación de Francia se sientan a la mesa del Comité.
La Presidenta dice que la Sra. Gaspard, miembro del Comité que es nacional de Francia, no participará en el examen de los informes, de conformidad con lo dispuesto en la decisión 18/III del Comité cuyas disposiciones impiden la participación de un miembro nacional del Estado que presenta el informe en cualquier aspecto de su examen.
La Sra. Ameline (Francia) dice que su Gobierno atribuye gran importancia a la observancia de la legislación nacional, europea e internacional, como se desprende de las nuevas políticas y medidas que ha adoptado.
La oradora dirige el Ministerio encargado de la paridad y la igualdad en el lugar de trabajo, una División del Ministerio de Asuntos Sociales, Trabajo y Solidaridad. Ese Ministerio incluye un Departamento de igualdad y derechos de la mujer y una Red de delegaciones regionales. La oradora preside personalmente tres órganos de asesoramiento que se ocupan de la igualdad en el lugar de trabajo, de la educación tanto en materia sexual como en relación con la familia y el control de la natalidad, y de la violencia contra la mujer. El Primer Ministro le encomendó asimismo que presidiera la Comisión de supervisión de la paridad de género, creada en 1995 por el Presidente, que presta asesoramiento para alcanzar el objetivo de la paridad en todas las esferas, incluida la política. La oradora también colabora periódicamente con delegaciones que se ocupan de los derechos de las mujeres parlamentarias de la Cámara de Diputados y del Senado.
Francia está determinada a luchar contra todas las formas de discriminación directa e indirecta que afectan a la mujer. La legislación contra la exclusión promulgada por su Gobierno ha introducido cambios sustanciales en el Código de Trabajo, que han potenciado la eficacia de los inspectores de trabajo, las organizaciones sindicales y los grupos de lucha contra la discriminación, y han modificado la imposición de la carga de la prueba de modo que favorezca al empleado o al solicitante, independientemente del motivo de la discriminación. También ha introducido el concepto de discriminación indirecta en el ordenamiento jurídico francés. La incorporación a la Unión Europea ha contribuido sustancialmente a la consolidación de los derechos de la mujer. La cuestión de la discriminación de género se ha tratado en particular en la Directiva 97/80/EC del Consejo de la Unión Europea, de 15 de diciembre de 1997, relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por motivos de sexo. En virtud de las directrices de 23 de septiembre de 2002 el principio de igual trato para hombres y mujeres es aplicable también respecto del acceso al empleo, la formación en el trabajo y las condiciones de trabajo.
Durante los últimos años se ha prestado mucha atención a la paridad en la adopción de decisiones, en particular en la política. La enmienda constitucional aprobada por el Congreso el 28 de junio de 1999 incorporó el principio de igualdad respecto del acceso de hombres y mujeres a cargos electos, y la legislación de aplicación se promulgó el 6 de junio de 2000. En consecuencia, Francia ha pasado a ser el primer país que ha aprobado de forma oficial la paridad en las elecciones, lo que significa que en las listas electorales figuran tantos candidatos hombres como mujeres. El objetivo de la paridad se logró en la práctica en las elecciones municipales de marzo de 2001. En esa ocasión las mujeres representaron el 47,5% de los consejeros locales en las comunas con más de 3.500 habitantes, aunque sólo ocuparon el 6,6% de las alcaldías de esas comunas. En las elecciones parciales al Senado de 2001, aproximadamente el 20% de los candidatos elegidos fueron mujeres, en comparación con el 6% registrado anteriormente. No obstante, en las elecciones legislativas de 2002, sólo resultaron elegidas 71 mujeres, es decir, el 12,3%. Se está llevando a cabo un estudio con el propósito de determinar cómo convencer a los partidos políticos para que adopten medidas positivas con el propósito de resolver esa situación.
La legislación de marzo de 2003 relativa a la elección de consejeros regionales y miembros del Parlamento Europeo, así como a los fondos para las campañas de los partidos políticos, estipula que los candidatos hombres y mujeres deben figurar de forma alterna en las listas para las elecciones europeas y las elecciones regionales cuando esas listas se presentan por departamentos. En las elecciones europeas de 1999, antes de que entrara en vigor la legislación sobre la paridad en las elecciones, el 40,2% de los candidatos que obtuvieron resultados satisfactorios fueron mujeres.
También se ha tratado activamente de alcanzar la paridad de género en todos los ministerios. En el primer informe, presentado en marzo de 2002, de un Comité Directivo encargado de la igualdad respecto del acceso de hombres y mujeres a cargos superiores de la administración pública, se presentaron propuestas para sensibilizar al público acerca de la desigualdad y para reorganizar el horario de trabajo, y medidas para mejorar el equilibrio de género en la contratación y en el desarrollo de la carrera profesional. El actual Gobierno ha nombrado a mujeres para diversos cargos que habitualmente eran asignados a hombres, entre ellos, la presidencia de la Oficina del Transporte Público de París (RATP), la dirección del Organismo de energía y medio ambiente, y la Dirección de Deportes en el Ministerio correspondiente.
En 2003, el Gobierno presentará al Parlamento un informe sobre las medidas adoptadas para lograr una representación equitativa de ambos sexos en las listas electorales, tomando en consideración el equilibrio de género del propio electorado.
Los estereotipos de género y las imágenes degradantes de la mujer son motivo de constante preocupación. La Oficina de normas del sector de la publicidad, formuló nuevas recomendaciones acerca de la imagen de la persona humana, sobre la base del principio de que en la publicidad deben evitarse las imágenes degradantes y la explotación abusiva de la persona humana y no debe tratarse a las personas, en particular a las mujeres, como productos. Aunque la legislación francesa sanciona la incitación a la discriminación y el odio o la violencia por motivos de origen, grupo étnico, nacionalidad, raza o religión, no existen disposiciones legislativas relativas a la incitación a la discriminación sexista. Por consiguiente, la oradora ha iniciado conversaciones con los ministerios competentes y con los medios de comunicación para estudiar la forma de prevenir la incitación a la discriminación por motivos de género u orientación sexual.
En 2002, Francia ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia transnacional organizada y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. La Ley de Seguridad Interna, promulgada en marzo de 2003, tipifica como nuevo delito el tráfico de personas, sancionable con siete años de prisión y una multa de 150.000 euros. En relación con la explotación sexual, dispone la concesión de permisos de residencia temporales y de permisos de trabajo a los extranjeros que presenten denuncias oficiales o presten testimonio contra los proxenetas que los hayan explotado. Si los proxenetas son condenados, la víctima puede obtener un permiso de residencia definitivo.
La legislación francesa es una de las más severas de Europa en cuanto a la penalización de quienes explotan a las personas que ejercen la prostitución. Las sanciones son particularmente estrictas cuando se trata de un menor, en particular de un menor de 15 años. Tras asumir el cargo que ocupa actualmente, la oradora estableció un programa interministerial para luchar contra la explotación sexual y el tráfico de personas. Ese programa se ocupa de la prevención, la supresión y la reintegración social. En el segundo semestre de 2003, el Ministerio en el que desempeña sus funciones la oradora tiene previsto iniciar una campaña de información y sensibilización sobre la dignidad y la integridad de la persona humana y sobre el respeto a los demás.
El acceso en condiciones de igualdad a la educación y a los títulos profesionales es indispensable para que la mujer pueda participar plenamente en la sociedad. Las actividades del Gobierno en la esfera de la educación se rigen por los principios de la Plataforma de Acción de Beijing. Entre las esferas prioritarias cabe citar la promoción de la sensibilización respecto del género en el sistema educativo; la adopción de medidas para alentar a las niñas a proseguir sus estudios y a seguir cursos de formación que les permitan tener una gama más amplia de opciones en su carrera profesional y la mejora del acceso de las mujeres a ocupaciones profesionales donde no están bien representadas, por ejemplo, en la ciencia y la tecnología. Un acuerdo interministerial aprobado en febrero de 2000 dispone que el Gobierno debe adoptar medidas encaminadas a: mejorar la orientación de los estudios académicos y de la carrera profesional de los jóvenes de ambos sexos, impartir la formación necesaria que les preparare para tener oportunidades de empleo en la práctica, fortalecer los mecanismos existentes para promover la igualdad de género y fomentar la educación basada en el respeto mutuo entre hombres y mujeres. Se están llevando a cabo proyectos experimentales en las regiones académicas de Rouen y Caen para fomentar la diversidad de opciones respecto de las carreras profesionales para mujeres, y en 2003 se firmó un acuerdo marco interinstitucional, que estará vigente durante cinco años, con miras a asegurar el adelanto de la mujer en el ámbito científico.
La desigualdad en el empleo persiste, a pesar de los verdaderos progresos que se han logrado. Las mujeres representan el 45,9% de la fuerza de trabajo en Francia, pero están subrepresentadas en las posiciones de nivel más alto y predominan en los empleos con contratos de duración determinada. El número de mujeres desempleadas es proporcionalmente superior al de los hombres, aunque está aumentando con mayor lentitud porque los hombres resultan considerablemente más afectados por el desempleo a largo plazo. Se han adoptado medidas para mejorar la igualdad en el lugar de trabajo y la participación de las mujeres en la política de empleo. Con arreglo a la ley, la igualdad de género debe tomarse en consideración en las negociaciones anuales sobre salarios y condiciones de trabajo, y se ofrecen incentivos financieros para compensar las iniciativas encaminadas a lograr la igualdad de género en el empleo. La oradora ha adoptado medidas para alentar el diálogo entre empleadores y trabajadores, y ha instado a ambas partes a tomar la iniciativa para alcanzar la igualdad en el lugar de trabajo. Se han determinado tres esferas prioritarias de acción para 2003: supervisión de las negociaciones entre trabajadores y empleadores sobre la igualdad en el lugar de trabajo; diálogo social sobre la reforma del sistema de pensiones y la creación de una autoridad independiente para la lucha contra la discriminación, en particular la discriminación relacionada con el género; y adopción de medidas cualitativas por los empleadores en las empresas que justifiquen la concesión de una “etiqueta de igualdad”.
Entre las medidas positivas de lucha contra el desempleo cabe citar la movilización de funcionarios en todo el país con miras a reducir en un punto porcentual el número de mujeres desempleadas de larga data; suprimir la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres, que pone la legislación francesa de conformidad con la legislación europea e internacional; y mejorar las condiciones de trabajo de los empleados de los turnos de noche, independientemente del género. La legislación francesa reconoce actualmente nuevas formas de violencia en el lugar de trabajo, y una ley promulgada en mayo de 2001 amplió la serie de categorías protegidas por la ley a los solicitantes de empleo, las pasantías y la formación en la empresa. El acoso moral se considera asimismo un delito grave.
Sólo el 30% de quienes crean nuevas empresas en Francia son mujeres, y el Gobierno está adoptando medidas intersectoriales para resolver esa situación, entre ellas, la creación de un fondo especial para facilitar a las empresarias el acceso al crédito, y la asociación con el Organismo para la creación de empresas a fin de alentar a las mujeres a iniciar empresas.
Francia condena enérgicamente todas las formas de violencia, en particular las que impiden que las mujeres gocen de sus derechos humanos y libertades fundamentales. El Gobierno está determinado a luchar contra las violaciones de los derechos fundamentales de la mujer, a castigar a los culpables y a prestar asistencia a las víctimas. Una encuesta nacional sobre la violencia contra la mujer realizada en 2000 demostró que esa violencia se produce en todos los estratos sociales y todas las edades, y que casi el 10% de las mujeres habían sido objeto de violencia verbal, psicológica, física o sexual por parte de su cónyuge o ex cónyuge durante los 12 meses precedentes, y que el 0,3% de las mujeres habían sido víctimas de violación o de intento de violación durante el mismo período. Esa encuesta también demostró que el 17% de las mujeres denunciaron acoso moral, el 8,5% violencia verbal, el 2,2% acoso sexual y el 0,6% violencia física, todas esas situaciones en el lugar de trabajo; y que las mujeres fueron las principales víctimas de los insultos sexistas y el acoso sexual en lugares públicos. Se ha elaborado un plan de acción trienal para hacer frente a esas situaciones inaceptables.
Se han introducido enmiendas en la legislación penal para combatir con mayor eficacia la violencia contra la mujer. Desde 1994, la ley reconoce la gravedad de la violencia en la pareja: actualmente los actos de violencia perpetrados por el cónyuge o concubino constituyen un delito grave sancionable con tres años de prisión y una multa de 6.860 euros, incluso cuando los daños sufridos por la víctima no le impiden, acudir al trabajo. El Código Penal define una serie de delitos en que incluyen violencia, y las sanciones son más rigurosas cuando son cometidos por el cónyuge o concubino. A raíz de la enmienda introducida en 1994 al Código Penal, las sanciones en caso de violación han aumentado considerablemente: actualmente se imponen penas de prisión de hasta 15 años, o de 20 años, si hay circunstancias agravantes. Cabe imponer cadena perpetua cuando la violación va acompañada por actos de tortura o brutalidad. Ahora también cabe sancionar la violación entre cónyuges, y se han introducido medidas para asegurar la protección de la víctima respecto del agresor, tanto antes como después de la sentencia.
En un proceso de divorcio, los jueces pueden adoptar medidas provisionales, por ejemplo, autorizar a las partes a que vivan separadas. A petición de una de las partes, el juez puede adoptar medidas urgentes, por ejemplo, conceder al demandante autorización para vivir separado con los niños. Con arreglo al Código Civil los jueces pueden adoptar las medidas urgentes que sean necesarias cuando uno de los cónyuges incurre en negligencia grave de sus deberes y pone en peligro el bienestar de la familia, independientemente del proceso de divorcio. Algunas disposiciones legislativas promulgadas recientemente han reforzado los derechos de la víctima en lo tocante a la información y la asistencia. Un proyecto de ley que se presentará en el próximo futuro al Consejo de Ministros permitirá desalojar a un cónyuge violento del domicilio familiar. La oradora presentó asimismo al Consejo de Ministros una serie de medidas para combatir todas las formas de violencia contra la mujer, en particular en las esferas de la discriminación sexista, la violencia contra las niñas y mujeres inmigrantes, y la violencia en el lugar de trabajo.
La oradora dice que, de conformidad con la Plataforma de Acción de Beijing, la política en materia de salud aplicada por el Gobierno integra una perspectiva de género y subraya el objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres. En la esfera de la salud reproductiva, el Gobierno está trabajando para elaborar una política activa encaminada a prevenir los embarazos no deseados. Actualmente la legislación francesa dispone la difusión de información sobre sexualidad en las escuelas primarias y secundarias, y en todos los establecimientos de enseñanza especial. Pueden recetarse y dispensarse contraceptivos a menores, de ser necesario, sin el consentimiento de sus padres o tutores legales. La ley autoriza asimismo a las farmacias a entregar gratuitamente a los menores fármacos contraceptivos para casos de emergencia. La política vigente atribuye también prioridad a la educación sexual y a la información sobre la contracepción y el aborto de los jóvenes adultos que asisten a la escuela y de las niñas inmigrantes.
La Ley sobre el aborto se ha revisado para ponerla en conformidad con las necesidades reales de las mujeres. Actualmente pueden llevarse a cabo abortos hasta las 12 semanas del embarazo, en comparación con el período máximo anterior de 10 semanas. También se han adoptado medidas para que las mujeres puedan acceder con mayor facilidad a información sobre la reproducción, y ahora se toman en consideración las necesidades específicas de los menores.
El Gobierno está adoptando medidas para eliminar todo tipo de discriminación y asegurar que las mujeres disfruten del derecho a participar en actividades recreativas, en deportes y en todos los aspectos de la vida cultural. En interés de las mujeres rurales, una ley promulgada en 1999 estableció un nuevo régimen jurídico para los cónyuges de los agricultores, en virtud del cual se ampliaron sus derechos de pensión. El Ministerio de Agricultura está elaborando un programa para promover la sensibilización respecto de la igualdad de género en las zonas rurales, en cuyo marco se imparten cursos de formación y se difunde información sobre los derechos de la mujer.
Recientemente, se han incorporado disposiciones legislativas encaminadas a promover una división más equitativa de las responsabilidades familiares entre hombres y mujeres, mediante el reconocimiento en el Código Civil del concepto de coparentalidad y de la posibilidad de que la custodia y tenencia sea compartida en caso de separación de los padres. Por consiguiente, Francia ha adoptado todas las medidas pertinentes para asegurar que ambos progenitores tengan los mismos derechos y responsabilidades. Así pues, a la oradora le complace anunciar que retirará sus reservas al párrafo b) del artículo 5 y al párrafo 1 d) del artículo 16 de la Convención.
La conciliación de la vida familiar y profesional es el principal elemento de la cuestión de la igualdad. Por tanto, conviene asegurar que la responsabilidad respecto de la atención de los niños menores y las personas de edad se comparta entre el Estado, las comunidades locales, las empresas y la familia; y en el marco de la familia, entre los hombres y las mujeres. La Ley de la financiación de la seguridad social de 2002 prevé 11 días de licencia de paternidad para los funcionarios y los trabajadores independientes tras el nacimiento o la adopción de un hijo. El Ministerio en el que desempeña sus funciones la oradora está estudiando medidas para alentar a las empresas a facilitar a sus trabajadores la conciliación de ambos aspectos de su vida. Francia ha iniciado también un proceso de reorganización de sus servicios sociales.
Para colmar la brecha existente entre la igualdad de hecho y de derecho, el país debe tratar de alcanzar dos importantes objetivos: primero, permitir que las personas que se hallan en circunstancias difíciles puedan disfrutar de las ventajas que ofrece la sociedad civil; en segundo lugar, establecer una democracia moderna donde las mujeres disfruten de absoluta paridad con los hombres. Entre las medidas adoptadas para alcanzar el primer objetivo, el Gobierno está tratando de integrar a las niñas inmigrantes en la sociedad, combatir la violencia contra la mujer, y prevenir el tráfico y la explotación sexual de la mujer. En cuanto al segundo objetivo, la falta de trabajadores calificados, en particular en la esfera de la tecnología debería compensarse con la promoción de la participación de la mujer. No obstante, la participación equitativa en el proceso de adopción de decisiones a todos los niveles sigue siendo el mayor obstáculo en relación con la plena igualdad. Sus iniciativas más recientes al respecto son la Carta Nacional sobre la igualdad, la red PARITÉ y el sitio en Internet. El Ministerio donde desempeña sus funciones, la oradora se esfuerza por mitigar el problema, promoviendo la igualdad entre hombres y mujeres.
La Presidenta acoge con satisfacción los esfuerzos que lleva a cabo el Gobierno francés para sensibilizar al público respecto de la discriminación y para reconocer el concepto de discriminación indirecta. No obstante, quisiera percibir mayor sensibilidad respecto de la realidad de la discriminación en la vida de las mujeres, en particular de las mujeres inmigrantes y las refugiadas, y de las consecuencias de la discriminación múltiple.
Muchos países se han visto alentados por el ejemplo de Francia como estado laico que promueve la igualdad en los planos oficial y jurídico, y por su movimiento feminista que desde hace tiempo marca la pauta en este ámbito. Aunque resulta desalentador que Francia todavía no pueda retirar todas sus reservas a la Convención, cabe felicitar a ese país por su ratificación del Protocolo Facultativo.
Artículos 1 al 6
La Sra. Gabr dice que desearía recibir más información sobre las perspectivas de futuro en relación con el trato especial. También considera que es preciso intensificar el diálogo social sobre determinados temas, por ejemplo, los estereotipos de género negativos, la violencia contra la mujer y la integración de las mujeres inmigrantes y refugiadas en la sociedad, en el marco del respeto de su cultura. Tal vez sería necesario establecer un mecanismo (o institución) nacional unificado.
El Sr. Flinterman desea saber si la Convención es aplicable directamente en la legislación francesa; de ser así, desearía que se facilitaran ejemplos de decisiones judiciales en las que se hubiera aplicado. También desearía saber si los Territorios de Ultramar tienen autonomía legislativa en relación con el ordenamiento civil, qué instrumentos puede utilizar el Gobierno para promover el cumplimiento de la Convención y cómo podrían modificarse las leyes incompatibles en esos Territorios. El orador hace alusión a los informes contradictorios en relación con el Comité Interministerial, y pregunta si todavía se plantean esas contradicciones y, de ser el caso, cuál es su relación con el Consejo Nacional de Igualdad. Por último, desearía recibir más información sobre las recientes enmiendas introducidas en la legislación relativa a la prostitución.
La Sra. Tavares da Silva está de acuerdo en que la conciliación de la vida profesional y familiar es el principal elemento de la cuestión de la igualdad y dice que habría que felicitar al Gobierno francés por considerarlo un elemento prioritario. La oradora desearía saber si hay más novedades acerca de las oficinas para la conciliación de la vida profesional y familiar que el Gobierno prevé establecer.
En cuanto a la imagen de la mujer en los medios de comunicación, la oradora desea saber si el grupo de expertos que se menciona en la página 10 del informe es el grupo de expertos sobre la mujer en los medios de comunicación y la publicidad. También pide que se explique cómo se aplica en Francia el concepto de elaboración de presupuestos con una perspectiva de género.
Las mujeres inmigrantes son particularmente vulnerables a la violencia, y la oradora se pregunta si se han adoptado medidas específicas para su protección.
La Sra. Achmad dice que los mecanismos de promoción de la igualdad descritos son amplios, exhaustivos y específicos, pero quisiera recibir más información sobre la forma en que se supervisan los progresos y sobre el grado de participación de las organizaciones no gubernamentales.
La Sra. González dice que las medidas adoptadas para aumentar las penas aplicables a los clientes de las prostitutas son encomiables, aunque en el informe no se mencionan los resultados de su aplicación. También desearía saber el número aproximado de prostitutas y de menores que son objeto de tráfico y cuántos han sido liberados, y también cuántos extranjeros que se hallan en esa situación han sido autorizados a permanecer en Francia y cuántos han regresado a sus países.
La Sra. Morvai dice que las medidas positivas, mencionadas en el informe, que se han adoptado para prestar asistencia a las mujeres inmigrantes —a fin de que puedan separarse de las relaciones polígamas— entrañan una gran responsabilidad para las mujeres y los niños afectados, y se pregunta si se ha elaborado una estrategia completa para hacer frente a las consecuencias jurídicas y al posible riesgo de violencia contra esas mujeres.
En cuanto a la prostitución, la oradora acoge favorablemente el reconocimiento de la estrecha relación que guarda con el tráfico, así como del carácter sexista, opresivo y violento de esa actividad. Se pregunta si la penalización de los clientes de las prostitutas menores es un primer paso del Gobierno con miras a penalizar a todos los clientes.
La Sra. Kapalata desea saber si en el ordenamiento jurídico francés los tratados internacionales tienen precedencia respecto de la legislación nacional, o si su aplicabilidad se decide en los tribunales.
La Sra. Ameline (Francia) dice que el método para combatir la discriminación contra la mujer que sigue Francia es la igualdad, un denominador común de toda la sociedad: en la vida económica, social, intelectual, cultural y política. Existe un marco legislativo para luchar contra la discriminación, aunque todos los sectores de la sociedad deberían participar en su aplicación. En 2003 está previsto celebrar una conferencia de empleadores y empleados sobre esta cuestión, y se espera lograr progresos sustanciales. Además, tras el establecimiento de un Consejo Nacional para la Igualdad, el debate sobre esa cuestión rebasará el ámbito del Gobierno y se hará extensivo a la propia sociedad. El Consejo, como foro para los principales promotores de la vida social, es el mejor medio para crear una cultura de igualdad y sensibilizar al público al respecto.
En cuanto al estatuto jurídico de la Convención, cabe señalar que la Constitución francesa otorga a todos los tratados internacionales primacía respecto de la legislación nacional. No obstante, la capacidad de invocar directamente ante un tribunal un tratado ratificado es objeto de debate: en algunos casos se ha recurrido al dictamen del Consejo de Estado. Cabe considerar que un tratado internacional rige únicamente las relaciones entre Estados o bien que es aplicable a particulares.
En cuanto a la prostitución, no se establece distinción alguna entre la solicitación activa o pasiva. La reciente Ley de Seguridad Interna se ha centrado en las víctimas del tráfico internacional. Resulta difícil evaluar sus resultados pues sólo lleva tres meses en vigor, aunque al parecer el tráfico ha disminuido. Las redes de prostitución atentan contra la dignidad humana; por ello, se están concediendo permisos de residencia a quienes deseen abandonarlas y testificar en contra de los responsables. La concesión de permisos de residencia va acompañada de medidas de asistencia social.
La igualdad en la vida cotidiana es particularmente importante: la igualdad de oportunidades para las mujeres significa poco cuando éstas deben hacer frente a la incompatibilidad de las exigencias del horario laboral y de la atención de la familia. Se han introducido bonificaciones fiscales para alentar a las empresas a ofrecer servicios de guarderías. Las empresas están ofreciendo cada vez más éstos y otros servicios a fin de que sus empleados puedan conciliar su vida familiar y profesional en interés de una mayor productividad.
Se ha encomendado a un grupo de expertos que establezcan una plataforma de acción para ocuparse de los estereotipos en materia de género en los medios de comunicación, aunque se reconoce que una plataforma de esa índole tal vez no tenga un carácter suficientemente vinculante. Habría que elaborar un código de ética profesional.
Si el Estado ha de dar ejemplo respecto de la igualdad es indispensable que elabore un presupuesto adecuado con una perspectiva de género. La oradora escribió a todos los ministerios para reiterar que la política en materia de igualdad debería ponerse en práctica en el ámbito central y local, y que todos los ministerios competentes deberían recibir recursos adecuados para su aplicación.
En el marco de la política del Gobierno para ayudar a las mujeres inmigrantes se promueve la creación de centros de acogida para mujeres desamparadas y la participación en actividades de organizaciones no gubernamentales. Con fondos del Gobierno se ha publicado una guía sobre el respeto de la dignidad de las personas y se ha creado una universidad para las mujeres de los barrios donde hay una considerable población de inmigrantes. Esas cuestiones se plantean en el contexto del debate más amplio de la sociedad francesa sobre el laicismo y la ciudadanía. El problema fundamental es asegurar que las mujeres sean tratadas como ciudadanos de pleno derecho. La poligamia es una de las cuestiones tratadas y ello indica que en la búsqueda de la igualdad no hay que pasar por alto ningún aspecto de la vida de la mujer. Las personas a las que se conceden permisos de residencia a largo plazo pueden firmar un acuerdo, el contrat d’accueil et d’intégration, en el que se establecen sus derechos y obligaciones. En ese documento se hace referencia a la igualdad de género, la responsabilidad conjunta de los progenitores, y la igualdad de acceso a la enseñanza, y se subraya que el matrimonio forzoso y la poligamia son ilegales en Francia. A los inmigrantes no sólo se les imparte enseñanza sobre el idioma sino también formación sobre cuestiones cívicas.
Una de las principales armas de la batalla contra la prostitución es la educación, en particular porque algunas de las víctimas son sumamente jóvenes. En el futuro, podrá llevarse a los clientes ante los tribunales por explotar no sólo a menores sino también a cualquier persona vulnerable.
La evaluación de las medidas encaminadas a promover la igualdad es indispensable. Ya se dispone de los instrumentos necesarios, y los mecanismos pertinentes suelen estar incorporados en la legislación en cuyo marco se establecen los programas. El Gobierno, por su parte, ha creado un centro de supervisión de la paridad entre hombres y mujeres, y los organismos profesionales también desempeñan una función en la evaluación del éxito de las medidas de promoción de la igualdad. En este proceso se cuenta con una amplia participación de las organizaciones no gubernamentales, en especial a través de la red basada en Internet que vincula a organizaciones no gubernamentales, empleadores, empleados y asociados que colaboran en el plano económico. No obstante, es preciso mejorar las estadísticas para que la evaluación tenga un fundamento sólido.
El Comité interministerial sobre la igualdad de los derechos de la mujer todavía existe, aunque se han reducido sus funciones. Actualmente se tiende a utilizar medios de consulta más flexibles, por ejemplo, relaciones bilaterales entre ministerios, empleadores y empleados.
La Sra. Gresy (Francia) dice que, a pesar de la amplia serie de disposiciones legislativas que promueven la igualdad entre hombres y mujeres, el 80% de las labores domésticas todavía la realizan las mujeres. En la última conferencia sobre la familia, celebrada en abril de 2003, se presentaron propuestas para abordar la desigual división de las labores domésticas. El Gobierno está desempeñando la función que le corresponde al simplificar la estructura de las asignaciones familiares para la enseñanza y el cuidado de los hijos, y ampliar la capacidad de los servicios de guardería, que actualmente es demasiado reducida para satisfacer la demanda. Se conceden bonificaciones fiscales a las empresas, aplicables a una parte de sus gastos en concepto de servicios de guardería y concesión de licencias de paternidad a los empleados.
En Francia, la cuestión de la imagen estereotipada de la mujer en los medios de comunicación se sitúa entre dos principios constitucionales: el de la libertad de creación y el del respeto de la dignidad humana. En el caso de la publicidad, el Gobierno está intentando lograr un equilibrio entre la autodisciplina y la legislación. Por ejemplo, la industria publicitaria está desplegando esfuerzos para erradicar las imágenes de violencia contra la mujer. No obstante, gran parte de la actividad en Internet no está reglamentada y habría que ocuparse de esa cuestión.
En cuanto a la elaboración de presupuestos con una perspectiva de género, ha continuado la práctica de elaborar el documento denominado “anexo amarillo”, donde figuran los recursos asignados para promover la igualdad y los derechos de la mujer. Se ha pedido a los ministerios que faciliten pormenores no sólo sobre el coste de las medidas destinadas específicamente a las mujeres sino también de las medidas que las afectan indirectamente ya que antes facilitaban simplemente estadísticas pues no estaban en condiciones de elaborar las estimaciones de los costos. Otro problema relacionado con los recursos es que los gastos de promoción de la igualdad y los derechos de la mujer deben evaluarse en todo el país e incluir los efectuados tanto en el ámbito local como en el central. Se ha estipulado que los ministerios modifiquen su presentación de los presupuestos a fin de que no los dividan en capítulos y partidas presupuestarios sino en función de los objetivos, con el propósito de que resulten más claros para el público en general.
El Gobierno está intentando integrar la igualdad de género y se ha fijado los siguientes objetivos: ubicar a mujeres en cargos de responsabilidad, asegurar la igualdad en el ámbito profesional, garantizar el respeto de la dignidad de la mujer y conciliar la vida profesional y la familiar. También tiene el propósito de fijar objetivos para cada esfera de actividad y seleccionar un número limitado de indicadores que permitan determinar los resultados satisfactorios obtenidos.
El Sr. Guardiola (Francia), para aclarar la situación jurídica de la Convención en los Departamentos y Territorios de Ultramar de Francia, que dio lugar a las reservas interpuestas a la Convención, dice que la legislación francesa especifica que los tratados y convenciones internacionales son aplicables en los Departamentos y Territorios de Ultramar a menos que en esos instrumentos se especifique otra cosa. No obstante, los Territorios de Ultramar (en particular la Polinesia Francesa, Nueva Caledonia y las Islas Wallis y Fortuna) tienen autonomía legislativa (el principio de sp é cialité législative), lo que significa que pueden promulgar leyes locales (lois du pays). En la práctica, eso significa que en materia de legislación civil y social difieren algunas veces del territorio metropolitano de Francia. El Gobierno ha examinado la legislación de los Territorios de Ultramar para determinar si hay algún elemento incompatible con la Convención y no ha encontrado ninguno. Por ese motivo, ha aprobado la retirada de las reservas interpuestas.
No hay precedentes de que un particular pueda acogerse directamente a las disposiciones de la Convención ante un tribunal en los Departamentos y Territorios de Ultramar, ya que ese caso no se ha planteado. De darse esa circunstancia, el juez tendría que dictaminar primero respecto de su admisibilidad. Hay dos soluciones posibles: podría considerarse que la Convención sólo es aplicable a las relaciones entre Estados; o podría considerarse que los particulares pueden acogerse directamente a la Convención (como sucedió en casos anteriores relativos a la Convención sobre los Derechos del Niño). No cabe duda de que la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención por Francia inclinará la balanza hacia la segunda opción.
La Sra. Shin pide que se aclare la situación de las reservas formuladas por Francia a la Convención. La oradora tiene entendido que ese país está considerando la posibilidad de retirar las reservas al párrafo b) del artículo 5, y al párrafo 1 d) del artículo 6, pero desea saber cuáles son sus intenciones respecto de la reserva al párrafo 1 g) del artículo 16.
La oradora desea saber también qué medidas ha adoptado el Gobierno para difundir al público la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención y qué vías tienen actualmente a su disposición, en particular las minorías, para invocar el Protocolo Facultativo.
En cuanto a la violencia contra la mujer, la oradora encomia al Gobierno por la encuesta nacional que realizó en 2000, con una amplia muestra de 7.000 mujeres. No obstante, se pregunta si fue acertado que en el grupo destinatario figuraran únicamente mujeres. Habría que incluir asimismo a hombres, porque el objetivo es modificar las actitudes de los hombres. Aunque las sanciones previstas en casos de violencia contra la mujer son rigurosas, no siempre obtienen buenos resultados. Es preciso adoptar otras medidas para modificar las actitudes, los valores, las convicciones, y las costumbres de los hombres y los niños. La oradora también pregunta si la encuesta nacional incluyó mujeres inmigrantes, y si el Gobierno ha considerado la posibilidad de llevar a cabo ese tipo de encuestas periódicamente, por ejemplo cada cinco años.
La oradora desea saber si el Gobierno ha examinado el grave problema con que tropiezan las mujeres inmigrantes que solicitan permisos de residencia. El período de espera de un año reduce considerablemente la posibilidad de que puedan denunciar actos de violencia perpetrados por sus maridos, por temor a que se les deniegue el permiso.
La Sra. Popescu Sandru pregunta si el Gobierno prevé llevar a cabo un estudio sobre la forma en que los medios de difusión, en particular la televisión, perpetúan imágenes estereotipadas de mujeres y si prevé adoptar medidas para reglamentar la Internet. No queda claro si se ha llevado a práctica el programa para la eliminación del sexismo de los libros de texto y del material docente. Las niñas suelen ser objeto de discriminación, tanto directa como indirecta, en las escuelas. La oradora desea saber si se imparten cursos para promover el respeto de la dignidad humana. Aunque acoge favorablemente la retirada de algunas de las reservas formuladas por Francia a la Convención en la esfera de la legislación relativa a la familia, la oradora expresa su sorpresa por el hecho de que se hayan mantenido durante tanto tiempo. Por último, expresa su preocupación porque no existe una prohibición legal concreta de la discriminación basada en el género.
El Sr. Melander dice que le complace que los miembros de la delegación consideren que las disposiciones de la Convención son aplicables directamente al derecho interno —pues incluso en Europa occidental, no siempre es así— y confía en que los jueces franceses tengan también esa opinión. No obstante, puesto que hay que agotar las soluciones locales antes de acogerse al Protocolo Facultativo, las víctimas deben conocer sus derechos en el marco de la Convención para poder hacerlos valer ante los tribunales nacionales. El orador desea saber qué medidas está adoptando el Gobierno para educar a los jueces y al público en general a este respecto.
Las mujeres objeto de tráfico que testifican contra los responsables de su situación pueden obtener un permiso de residencia si el acusado resulta culpable. No obstante, el orador teme que si la víctima no está dispuesta a testificar, o si el traficante tiene un buen abogado y el de la víctima no es competente, la parte culpable pueda resultar absuelta y la víctima expulsada de Francia. Resultaría útil saber cual es el plazo para deportar a esas mujeres y si existen medidas para asegurar que no sean objeto de tráfico hacia otro país.
La Sra. Belmihoub-Zerdani dice que la nueva Ley de Seguridad Interna sanciona a las prostitutas que, de hecho, son las víctimas, en lugar de sancionar a sus proxenetas. En particular, la disposición que prevé que las mujeres extranjeras objeto de tráfico con destino a la prostitución sólo gocen de protección si hacen la denuncia oficial y testifican en contra de los traficantes, equivale a una extorsión. La oradora teme que muchas prostitutas de su propio país, Argelia, sean doblemente víctimas al imponerles la expulsión si se niegan a testificar. La ley, que se adoptó en un plazo demasiado breve, es incompatible con el Código Penal francés y con la Convención. Debería hacerse caso omiso de ese instrumento o, preferiblemente, debería derogarse. La oradora desea saber si se han llevado ante los tribunales casos referentes a los artículos 18 y 29 de la Ley, y, de ser así, desea conocer los resultados.
La Sra. Šimonović señala que, con arreglo a la Ley No. 99-585, de 12 de julio de 1999, se han creado delegaciones parlamentarias sobre los derechos de la mujer y la igualdad entre hombres y mujeres. Por consiguiente, pregunta si el Parlamento ha examinado y aprobado el quinto informe. También desea saber quién se encargará del seguimiento de las observaciones finales del Comité, si a la delegación le satisfacen los mecanismos de presentación de informes nacionales y sobre qué base ha dado las garantías de que el próximo informe se presentará en el plazo previsto. La oradora acoge favorablemente el compromiso del Gobierno de lograr la paridad de género en los cargos electos. Resultaría útil saber si las medidas aplicadas para lograr ese objetivo se consideran temporales (aunque se apliquen a largo plazo), o permanentes. Desea saber asimismo si todavía se utilizan los contratos para el carácter mixto de los empleos que se mencionan en el tercer y cuarto informes combinados, y qué resultados han producido.
La Sra. Saiga dice que, puesto que la Comisión de supervisión de la paridad de género se financia con cargo al presupuesto del Ministerio de Asuntos Sociales, desea saber si el Ministerio de Estado para los derechos de la mujer y la formación profesional es una entidad separada o una División del Ministerio de Asuntos Sociales, y qué organismo se encarga de la coordinación de las políticas del Gobierno que afectan a las cuestiones relacionadas con la mujer. Además, en el quinto informe se afirma que el informe del grupo de trabajo establecido en marzo de 2001 contiene recomendaciones para modificar la legislación y la práctica en vigor que permite comercializar imágenes ofensivas de la mujer en la publicidad. La oradora desea saber qué medidas se han adoptado en relación con esas recomendaciones y si el Gobierno prevé ampliar su alcance para incluir las imágenes ofensivas de la mujer que se proyectan en televisión.
La Sra. Ferrer Gómez destaca la función que desempeña la educación en la lucha contra la discriminación y los estereotipos, así como la necesidad de impedir que los medios de comunicación y la industria de la publicidad difundan la imagen de la mujer como ser dependiente o como objeto sexual. La oradora desea saber qué se ha hecho para aplicar las recomendaciones que figuran en el informe de la Oficina de normas del sector de la publicidad titulado “La imagen del ser humano” y si el informe ha permitido promover la sensibilización respecto del problema de los estereotipos negativos de la mujer y, de no ser así, qué otras medidas cabría adoptar en esta esfera. También desea saber si se han impuesto sanciones por delitos contra la dignidad humana y si se han iniciado campañas de sensibilización dirigidas a periodistas, en particular periodistas mujeres.
La oradora solicita que se facilite información complementaria sobre las actividades realizadas por el Gobierno para combatir la tolerancia social de la violencia contra la mujer, incluso mediante la participación de hombres. No queda claro quién llevará a cabo la campaña de sensibilización e información sobre la dignidad humana que ha de iniciarse en el segundo semestre de 2003 o qué actividades abarcará. La oradora espera que se traten los problemas de las mujeres inmigrantes que son víctimas de discriminación, y que se prevean medidas para la preservación de sus tradiciones, lenguas y cultura. La delegación debería facilitar todas las estadísticas disponibles sobre los delitos por motivos raciales cometidos contra mujeres.
La Sra. Achmad dice que la delegación todavía no ha respondido a sus anteriores preguntas sobre las organizaciones no gubernamentales. Es indispensable que el Gobierno mantenga un diálogo con esas organizaciones y asegure su participación sistemática, ya que trabajan directamente con las mujeres.
La Sra. Gnacadja dice que le preocupa la declaración de la delegación en el sentido de que las mujeres de los Departamentos y Territorios de Ultramar son objeto de discriminación por motivo de género exclusivamente en el marco de la familia. Esa discriminación plantea un grave problema, ya que representa una violación de la integridad física y moral de la mujer. La oradora ha recibido información de casos en que se acepta la poligamia. Las mujeres se casan a los 15 años y el hombre puede repudiar a su esposa en determinadas condiciones. La oradora pide a la delegación que formule observaciones sobre esa información.
La Ley No. 200-493 relativa al igual acceso de hombres y mujeres a los mandatos electorales y a los cargos electivos, ha resultado ser ineficaz y ha sido deliberadamente objeto de una interpretación errónea. La oradora desea saber qué puede hacerse para fortalecer su aplicación. Tal vez el Gobierno debería negarse a registrar a los candidatos de partidos políticos en cuyas listas no se respete la paridad de género. Por último, en las escuelas son frecuentes los ataques a niñas, en particular en las comunidades de inmigrantes, que suelen estar motivados por convicciones religiosas. La policía, que no ha recibido formación suficiente y que tiene una carga de trabajo excesiva, ofrece escasa protección. La oradora desea saber qué medidas se están adoptando para hacer frente a ese problema.
La Sra. Ameline (Francia) dice que, aunque su país tiene el propósito de retirar su reserva al párrafo 1 g) del artículo 16 de la Convención, la Ley No. 2002-304 relativa a la elección del apellido, sólo será aplicable a los niños nacidos a partir del 1° de enero de 2005. La Convención no está suficientemente difundida en Francia. Se ha celebrado una conferencia sobre el Protocolo Facultativo de la Convención, pero es preciso llevar a cabo más actividades de sensibilización y esa será una de las responsabilidades de la red encargada de la cuestión de la paridad que se prevé crear en el ministerio donde ejerce sus funciones.
La violencia doméstica entraña graves sanciones; no obstante, también se han adoptado medidas para abordar sus causas. Es indispensable que las escuelas promuevan la erradicación de ese tipo de violencia, y que la coeducación no sólo signifique coexistencia sino también respeto mutuo e igualdad. También es preciso llevar a cabo programas de sensibilización en el marco de la comunidad y de la familia. Las mujeres inmigrantes, que son especialmente vulnerables, se han incluido en la encuesta nacional sobre la violencia contra la mujer, que se repetirá en 2005 y abarcará tanto a hombres como a mujeres.
En recientes programas y documentales de televisión, se han representado personajes femeninos que ocupan puestos importantes en el sistema judicial en lugar de servir meramente de “compañeras” del héroe masculino. Dado que en Francia los niños son adeptos al uso de las computadoras, el Gobierno está adoptando medidas para que todas las mujeres tengan acceso a Internet y para formarlas en su utilización a fin de que no queden excluidas de su función de educadoras en el marco de la familia.
Se están desplegando esfuerzos para cambiar la imagen que se proyecta de la mujer en los libros de historia y en los programas escolares, así como para alentar a las niñas a incorporarse a esferas de estudio distintas de las habituales. Se llevan a cabo programas especiales para que las niñas inmigrantes permanezcan en las escuelas y para ayudarlas a encontrar empleo.
La posición del Gobierno es que las jóvenes prostitutas merecen una segunda oportunidad. El propósito de la Ley de Seguridad Interna es poner término a su condición de víctimas y llevar ante la justicia a los miembros de las redes de delincuentes. Al parecer esa Ley ha obtenido resultados sumamente satisfactorios, aunque todavía es pronto para determinarlo con seguridad. El Gobierno ha iniciado una campaña de información para impedir que las jóvenes caigan en manos de quienes podrían explotarlas. La Ley de Seguridad Interna brinda a las prostitutas que desean colaborar en el enjuiciamiento de sus traficantes una oportunidad para su rehabilitación, y asigna fondos para ese fin.
No se ha consultado al Parlamento durante la preparación del informe; no obstante, las delegaciones parlamentarias encargadas de los derechos de la mujer y de la igualdad entre el hombre y la mujer están sumamente interesadas en ese proceso. En la preparación del próximo informe periódico de Francia se evaluará la repercusión de la legislación y de la política nacionales en vigor en los asuntos que afectan a la mujer.