Comité de Derechos Humanos

97º período de sesiones

Acta resumida de la 2663ª sesión

Celebrada en el Palacio de las Naciones, Ginebra, el jueves 15 de octubre de 2009, a las 15.00 horas

Presidente: Sr. Iwasawa

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del Artículo 40 del Pacto ( continuación)

Sexto informe periódico de la Federación de Rusia

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La presente acta podrá ser objeto de correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Deberán presentarse en forma de memorando, incorporarse en un ejemplar del acta y enviarse, dentro del plazo de una semana a partir de la fecha del presente documento , a la Dependencia de Edición, Oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.

Las correcciones que se introduzcan en las actas de las sesiones públicas del Comité se reunirán en un documento único que se publicará poco después del período de sesiones.

Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas

Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del Artículo 40 del Pacto (continuación)

Sexto informe periódico de la Federación de Rusia (CCPR/C/RUS/6; CCPR/C/RUS/Q/6 y Add.1; HRI/CORE/1/Add.52/Rev.1)

1.Por invitación del Presidente, los miembros de la delegación de la Federación de Rusia toman asiento a la Mesa del Comité.

2.El Sr. Matyushkin (Federación de Rusia) señala a la atención los esfuerzos que se están realizando para reforzar el sistema judicial de su país, en particular por lo que hace al fomento de la confianza pública en la justicia y a la ampliación del acceso a la misma, a la mejora de la calidad y eficacia de los procedimientos judiciales y la ejecución de las sentencias y a la garantía de la independencia de los tribunales. Con cargo a su presupuesto, el Estado ha abonado indemnizaciones a más de 100.000 familias que han perdido su hogar en la fase activa de la operación contra el terrorismo en la República de Chechenia. Su Gobierno ha seguido observando una moratoria respecto de la aplicación de la pena de muerte, a pesar de que la opinión pública apoya firmemente su mantenimiento.

3.Con el objetivo de reconocer que los derechos de los niños revisten una importancia fundamental, se ha creado recientemente una institución nacional especializada en esa esfera, con atribuciones para solicitar información y material a las autoridades federales, visitar a los órganos federales a fin de supervisar sus actividades y recomendar medidas con miras a garantizar que no se pongan en peligro los derechos y libertades de los niños.

4.Su Gobierno no ignora el valor de los medios de comunicación y la necesidad de actualizar las disposiciones normativas en ese ámbito con objeto de reflejar el desarrollo tecnológico. Señala a la atención, en especial, el Consejo nacional establecido por el Presidente en abril de 2008, a fin de fomentar las instituciones de la sociedad civil y de derechos humanos. El Consejo ha entablado un diálogo constructivo con las organizaciones de la sociedad civil y con las organizaciones no gubernamentales (ONG), en una serie de sectores relacionados con los derechos. Sobre la base de sus conclusiones se han introducido enmiendas destinadas a flexibilizar la legislación relativa a las ONG. Se han promulgado leyes con miras a garantizar a los partidos políticos la igualdad de acceso a las cadenas de radio y televisión del Estado, así como su cobertura, y de rebajar la edad mínima necesaria para afiliarse a los partidos políticos. El Gobierno lleva a cabo también una política activa de defensa de los derechos y libertades y de las minorías nacionales y étnicas.

5.Las autoridades rusas competentes estudian debidamente y con detenimiento todas las comunicaciones examinadas por el Comité en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto y sus resultados son transmitidos al Comité en el plazo fijado. Las decisiones del Comité se publican periódicamente y se remiten a los jueces del Tribunal Supremo. Se llevan a cabo campañas periódicas para aumentar la sensibilidad de los funcionarios públicos con respecto al Pacto y al Protocolo Facultativo y se publica información trimestral sobre su aplicación.

6.El Sr. Sizov (Federación de Rusia) pasa revista a los cambios más importantes que se han producido en la Fiscalía rusa desde septiembre de 2007, por lo que hace, en especial, a la creación de un nuevo Comité de Investigación. En la respuesta escrita a la cuestión 2 de la lista de cuestiones se describen minuciosamente las funciones encomendadas al nuevo Comité y las que incumben a la Fiscalía General. La finalidad de los cambios reside en asegurar el equilibrio necesario entre un sistema fiscal adecuado y la protección de los derechos humanos. Se está prestando especial atención a la investigación de los delitos cometidos contra las poblaciones locales durante las operaciones antiterroristas. Sólo los tribunales militares han examinado 135 casos de esa índole; 166 miembros del ejército han sido condenados y castigados. Cuando se sospecha que se ha cometido una violación de las normas de procedimiento penal, los órganos encargados de velar por el cumplimiento de la ley abren una investigación penal.

7.A su juicio, no es necesario crear un órgano independiente para investigar las violaciones de los derechos humanos durante la operación antiterrorista en la República de Chechenia, ya que sólo duplicaría la labor de los órganos existentes. La operación se rigió por la Ley federal de 2006 destinada a contrarrestar el terrorismo, que prevé la adopción de ciertas medidas y restricciones temporales para proteger los intereses vitales de las personas, la sociedad y el Estado, de conformidad con el artículo 4 del Pacto. La cooperación con la sociedad civil, las organizaciones internacionales y otros grupos es fundamental para combatir el terrorismo. La legislación rusa prevé medidas de compensación y de rehabilitación para las víctimas de actos de terrorismo y medidas de protección para las víctimas y los testigos.

8.Se ha puesto en marcha un abanico muy amplio de iniciativas a nivel nacional y regional encaminadas a prevenir el terrorismo y el extremismo mediante el fomento de la tolerancia, la lucha contra el racismo y la xenofobia y la promoción de la armonía interétnica e intercultural. La Federación de Rusia ha prohibido las actividades de 9 organizaciones sociales y religiosas y de 18 grupos terroristas y desalienta la participación en las actividades de cualquier grupo extremista, persiguiendo los delitos siempre que sea posible. En la prensa y en el sitio web del Ministerio de Justicia se publica una lista del material que los tribunales consideran extremista. El orador no está en condiciones de facilitar ninguna información sobre la persecución sufrida por las organizaciones sociales y religiosas a causa de sus actividades extremistas.

9.El Sr. Davidov (Federación de Rusia), tras señalar a la atención el hecho de que los instrumentos internacionales ratificados por la Federación de Rusia tienen primacía sobre la legislación nacional en caso de conflicto entre los dos, recuerda que se ha proporcionado información detallada acerca de las comunicaciones de los ciudadanos rusos examinadas por el Comité en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto. Pone de relieve que todas las violaciones identificadas tuvieron lugar entre 1989 y 1999, cuando aún estaba en vigor el Código de Procedimiento Penal de 1960 y guardaban relación con unos procedimientos penales que dejaban mucho que desear. El nuevo Código, aprobado en 2001, ha resuelto plenamente el problema, regulando la situación de los detenidos y garantizando que reciban la protección jurídica necesaria, en relación, entre otras, con las actuaciones de los funcionarios que participan en las investigaciones penales.

10.Las conclusiones del Comité se examinan y difunden ampliamente entre la judicatura. Se han introducido varias medidas destinadas a luchar contra la corrupción y asegurar la independencia de los jueces, que es indispensable para garantizar el derecho a un juicio con las debidas garantías. Entre ellas figura la aprobación de un plan nacional para luchar contra la corrupción, la adopción de una nueva ley federal y la enmienda de otra serie de ellas. En la actualidad se exige a los jueces en activo y a los futuros jueces presentar una declaración anual de sus ingresos, bienes en propiedad y deudas, así como la situación material de sus cónyuges y de los hijos a su cargo, que se pueden publicar en los medios de comunicación, a petición de los interesados. Por iniciativa del Tribunal Supremo, en 2009 se promulgaron dos leyes, una relativa al acceso a la información sobre las actividades de los jueces y los fallos de los tribunales y la otra para restringir la inmunidad de los jueces. De los 31.000 jueces del país, 24.000 son nombrados por el Jefe del Estado, lo que garantiza su independencia, mientras que el resto son designados por el Parlamento o elegidos directamente.

11.Para completar las observaciones del Sr. Matyushkin sobre la pena de muerte, señala que el Presidente y el Parlamento de la Federación de Rusia siguen apoyando su abolición, pero no así la opinión pública. En 1999 se presentó un proyecto de ley destinado abolir la pena de muerte y ratificar el Protocolo Nº 6 al Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales relativo a la abolición de la pena de muerte, que nunca se ha retirado. En enero de 2008, la Duma estatal rechazó un proyecto de ley de uno de sus miembros con miras a anular la actual moratoria. Como representante del pueblo, sin embargo, el Parlamento no puede ignorar la única fuente de su autoridad. La abolición será una cuestión de tiempo.

12.El Sr. Gaidov (Federación de Rusia) esboza las leyes que contienen disposiciones sobre los derechos de los detenidos, desde la inadmisibilidad de la violencia y la tortura ejercidas contra ellos hasta su derecho a ser tratados con dignidad. El mecanismo nacional independiente para impedir las violaciones de los derechos humanos en los lugares de detención tiene la función de garantizar esos derechos, por lo que subraya la eficacia del actual sistema de supervisión continua. Una oficina independiente, dentro del marco de la Fiscalía General, se encarga de las violaciones cometidas por las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la ley y de las que se llevan a cabo en las instalaciones de aislamiento temporal.

13.El Comisionado de Derechos Humanos de la Federación de Rusia y sus diferentes departamentos se encargan de garantizar el respeto de los derechos de los detenidos y están facultados para visitar los lugares de detención sin un permiso especial. En 2008, se promulgó una ley federal con el objetivo de controlar públicamente el respeto de los derechos humanos de los detenidos por parte de comisiones de supervisión autorizadas a visitar los lugares de detención y entrevistarse con los detenidos. Las organizaciones de derechos humanos y otras asociaciones públicas, el Colegio de Abogados y los medios de comunicación desempeñan también un papel importante.

14.La legislación de Rusia prevé el traslado forzoso de los ciudadanos extranjeros y apátridas fuera de la Federación de Rusia mediante su expulsión administrativa o deportación, de conformidad con la ley federal o la extradición con arreglo a la legislación penal y de procedimiento penal. Se garantiza a los que están en espera del traslado una protección jurídica adecuada. Al amparo de los decretos judiciales, en 2007 se expulsó a 27.000 personas y deportó a 45 ciudadanos extranjeros, en 2008 se expulsó a 20.000 y deportó a 71, y en los nueve primeros meses de 2009 se ha expulsado a 22.000 y deportado a 66. Se están adoptando medidas para abordar la grave escasez de centros destinados a albergar a los extranjeros a la espera de expulsión o deportación, lo que tiene un efecto negativo en la imagen del país y redunda en detrimento de la garantía de los derechos humanos de los afectados.

15.Todos los años, la Federación de Rusia recibe unas 4.000 solicitudes de extradición, de las que sólo se concede la cuarta parte. En 2008, se extraditaron alrededor de 1.000 personas. La respuesta de las autoridades a esas solicitudes se basa en las obligaciones asumidas por el país en virtud de los tratados internacionales, incluido el Convenio Europeo de Extradición y sus Protocolos. La Federación de Rusia ratificó el Convenio el 25 de octubre de 1999 y entró en vigor el 9 de marzo de 2000. Al examinar las solicitudes de extradición, la Fiscalía General lleva a cabo una investigación extrajudicial y exige garantías al Estado solicitante de que la persona que va a ser extraditada no será sometida a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Si no se aportan esas garantías, no se procede a la extradición de esa persona. Los extranjeros y los apátridas que esperan la extradición bajo custodia disfrutan de los mismos derechos que los ciudadanos rusos. En particular, sus condiciones de detención deben ser compatibles con el respeto de la dignidad de la persona.

16. La Sra. Kurovskaya (Federación de Rusia) indica que su Gobierno ha aprobado una amplia gama de medidas legislativas para impedir la violencia contra la mujer. El artículo 19 de la Constitución garantiza la igualdad de derechos a mujeres y hombres. Se han introducido mecanismos adecuados para evitar la discriminación de género en la legislación laboral y de la familia, en el Código Penal y en otras normas. El Decreto Presidencial que fija los objetivos más importantes de política incluye disposiciones para promover la protección social de la mujer. El Parlamento está estudiando en la actualidad un proyecto de ley con miras a ampliar la licencia de maternidad para las mujeres.

17.Se ha reforzado la legislación relativa a la responsabilidad penal por los actos de violencia contra la mujer, lo que incluye la violación, el asesinato, la tortura, la difamación y la trata de personas. Las denuncias de violencia doméstica contra la mujer interpuestas en 2008 y 2009 representan un porcentaje ínfimo del número total de delitos registrados, debido probablemente a la renuencia de las víctimas a presentar una queja. Por ello, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley han adoptado medidas destinadas a identificar los casos de violencia en el hogar y han detectado hasta la fecha alrededor de 250.000 casos. Algunos delincuentes son sometidos a tratamiento por drogodependencia y alcoholismo. El sistema de rehabilitación social de las víctimas recibe una alta prioridad. Se han establecido líneas telefónicas de asistencia y hay 21 centros de crisis para las mujeres y 23 albergues para las que tienen hijos menores de edad. Brindan asistencia psicológica, legal, médica, pedagógica y social a las mujeres y niñas víctimas de la violencia. Los centros de crisis atienden a unas 50.000 mujeres y niños. Contratan a abogados para ofrecer asistencia letrada y, en caso necesario, representar a las víctimas en los tribunales.

18.Los organismos que velan por el cumplimiento de la ley participan en la redacción de textos legislativos destinados a mejorar la situación de las víctimas, en general, y de las mujeres víctimas de la violencia en el hogar, en particular. El Estado proyecta invertir 1.604 millones de rublos durante los próximos años en esas medidas. Las ONG han prestado asistencia a las autoridades en tareas educativas con miras a crear conciencia del problema de la violencia contra la mujer entre los organismos encargados de velar por el cumplimiento de la ley y el personal de atención de salud y seguridad social. Se han publicado los manuales pertinentes y el Ministerio del Interior está trabajando con las organizaciones de mujeres en torno a las recomendaciones sobre las medidas contra la violencia en el hogar.

19.En cuanto a la alegación de que se ha sometido a una vigilancia indebida a miembros de las minorías nacionales, entre los que figuran personas del Cáucaso, el Asia central y África, asegura al Comité que todas las personas, sean o no ciudadanos, están sometidas a los mismos controles de identidad por parte de los organismos que velan por el cumplimiento de la ley, que están cumpliendo simplemente con su deber de prevenir la delincuencia y garantizar el respeto de las normas en vigor. Cualquiera que considere que esos actos constituyen una violación de sus derechos y libertades puede presentar una denuncia ante los tribunales. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que sean declarados culpables de detención ilegal o de restricciones abusivas del ejercicio de los derechos humanos han de responder penalmente de sus actos. Se ha celebrado recientemente un seminario internacional sobre la cooperación entre la policía y los miembros de las minorías nacionales. El Gobierno de su país ha optado por un enfoque global del problema, implicando a todos los organismos estatales, organizaciones sociales y ONG, teniendo en cuenta las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos y otros órganos internacionales.

20.El Presidente invita a los miembros del Comité a formular comentarios sobre las respuestas del Estado parte a las cuestiones 1ª a 17 de la lista de cuestiones (CCPR/C/RUS/Q/6).

21.La Sra. Keller, en referencia a la 1ª cuestión, observa que el Estado parte no ha informado sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a los dictámenes del Comité en los siguientes casos: Telitsina c. Federación de Rusia; Smirnova c. Federación de Rusia; Dugin c. Federación de Rusia; y Zheikov c. Federación de Rusia. El Comité agradecerá cualquier información que la delegación pueda proporcionar en esos casos, así como una descripción de la manera en que las tres órdenes emitidas por varios ministerios en respuesta al dictamen del caso Lantsova c. Federación de Rusia han mejorado la situación en las cárceles en lo tocante a la asistencia médica, el hacinamiento, la calidad de la alimentación y la capacidad de los presos para presentar quejas y obtener reparación por los delitos cometidos en el sistema penitenciario sin temor a recriminaciones. ¿Cómo se informa a los sospechosos, acusados o condenados por delitos, de su derecho a presentar quejas ante un tribunal por su detención?

22.En cuanto a los dictámenes del Comité en los casos Telitsina c. Federación de Rusia, Smirnoca c. Federación de Rusia, Dugin c. Federación de Rusia, Zheikov c. Federación de Rusia, Platonov c. Federación de Rusia y Babkin c. Federación de Rusia, pregunta qué ha hecho el Estado parte con miras a aplicar los recursos destinados a los autores de las comunicaciones, especialmente en lo referente a la concesión de indemnizaciones por las violaciones de lo dispuesto en el Pacto, a la realización de investigaciones sobre el tratamiento o la muerte de ciertas personas, a la organización de un nuevo juicio para el Sr. Babkin, y a la puesta en libertad del Sr. Dugin.

23.Pasando a la cuestión 4, señala que la respuesta del Estado parte parece indicar que podrían imponerse restricciones temporales a los derechos civiles de los sospechosos de terrorismo y que esas restricciones son compatibles con el artículo 4 del Pacto, porque el Estado parte tiene el derecho legítimo a participar en ciertas actividades antiterroristas. La oradora pregunta qué derechos pueden restringirse y en qué condiciones, y qué clase de actuaciones contra el terrorismo pueden llevarse a cabo de conformidad con la legislación en vigor. Pregunta también qué cambios se han introducido en virtud de la Ley federal “por la que se introducen enmiendas a algunos instrumentos legislativos de la Federación de Rusia en materia de lucha antiterrorista”, adoptada el 30 de diciembre de 2008, a fin de facilitar la labor de los órganos de investigación y qué medidas se han tomado para garantizar la protección de los derechos, recogidos en el Pacto, de los sospechosos de terrorismo. ¿Tiene intención el Estado parte de establecer un mecanismo independiente para examinar la aplicación de las leyes relativas al terrorismo e informar al respecto?

24.Con arreglo a la respuesta a la cuestión 5, las personas que lleven a cabo actividades extremistas incurrirán en responsabilidad penal, civil o administrativa. Se incurre en responsabilidad administrativa por atentar contra la libertad de los medios de comunicación o por elaborar y difundir material extremista. Pregunta si se trata de las únicas actividades extremistas que llevan aparejada una responsabilidad administrativa y si entre las sanciones impuestas podría figurar la pena de cárcel. ¿Se basan las resoluciones relativas a la responsabilidad administrativa por actos extremistas en decisiones de los tribunales y se someten a revisión judicial?

25.En cuanto a la cuestión 6, pregunta si hay que presentar un mínimo de pruebas cuando un fiscal solicita a un tribunal que clasifique a una organización como terrorista o extremista o la disuelva por ese motivo, o si se concede automáticamente la solicitud del fiscal. ¿Podría modificarse la lista de organizaciones e individuos terroristas para incluir a una organización o individuo que el fiscal, los funcionarios de la fiscalía o los investigadores consideren terrorista sin que exista una sentencia judicial? Pregunta, además, por las condiciones en que un investigador puede iniciar actuaciones penales por los cargos de terrorismo. ¿Puede ser privada una organización supuestamente terrorista de sus derechos y prerrogativas durante la fase de investigación antes de que se presenten los cargos?

26.El Comité ha recibido muestras de preocupación por la definición jurídica de literatura y declaraciones extremistas en las leyes del Estado parte. No existe aparentemente ningún requisito que exija demostrar que se ha producido un intento de incitación al terrorismo o que es probable que se registren incidentes violentos, sobre la base de dicha literatura o declaraciones. La oradora aduce que una definición tan amplia puede llevar a la prohibición de una literatura o de declaraciones que no sean, de hecho, extremistas.

27.La delegación alega que no dispone de información sobre las acciones judiciales incoadas contra organizaciones públicas o religiosas acusadas de extremismo como castigo por haber criticado a la Federación de Rusia. Sin embargo, algunas ONG han informado de que las autoridades en el Cáucaso septentrional han fomentado un clima de desconfianza creciente contra los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil, acusándolos reiteradamente de apoyar el extremismo y de trabajar para organismos extranjeros de servicios secretos. Pregunta qué medidas está tomando el Estado parte para garantizar que, por un lado, esas autoridades tengan un comportamiento adecuado con los miembros de la sociedad civil y, por otro, que se registre oficialmente la detención de los presuntos terroristas y se someta a control judicial.

28.Tiene entendido que el Ministerio de Justicia mantiene una lista de material extremista, cuya circulación se ha prohibido. Según Amnistía Internacional, basta una resolución judicial de cualquier tribunal de la Federación de Rusia para que se incluya en la lista un texto o un sitio web y la evaluación del carácter extremista de un texto se basa a menudo en las opiniones de los expertos. El Comité entiende que el Ministerio de Justicia está estableciendo en la actualidad una lista de expertos, en la que figuran forenses y técnicos, que pueden ser convocados por un tribunal para ofrecer una opinión sobre el carácter extremista del material. Agradecería más información al respecto.

29.Pasando a la cuestión 17, observa que en el párrafo 308 de la respuesta del Estado parte se indica que los extranjeros y los apátridas, con algunas excepciones, gozan de los mismos derechos y libertades que los ciudadanos rusos. Al Comité le interesaría oír detalles de las excepciones a la regla que afectan a los derechos de un extranjero o apátrida detenidos.

30.El Estado parte ha aportado estadísticas muy útiles sobre las denuncias presentadas ante los tribunales penales en 2007 y 2008 por personas privadas de libertad y sobre las quejas “dadas por válidas”. Pide a la delegación que aclare el significado de “dadas por válidas”. ¿Han sido condenadas las personas denunciadas y, en caso afirmativo, qué sanciones han impuesto los tribunales a los funcionarios públicos por conductas punibles?

31.El Comité tiene entendido que el Estado parte ha creado recientemente una dependencia especial para garantizar la ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pregunta qué medidas ha tomado dicha dependencia a fin de asegurarse de que se ejerza el control judicial pertinente sobre la detención de personas pendientes de extradición, cuestión que se ha planteado en muchas ocasiones ante el Tribunal Europeo. ¿Qué está haciendo el Estado parte para garantizar que los funcionarios encargados de velar por el cumplimiento de la ley estén informados de los derechos de los solicitantes de asilo y refugiados y para que estos últimos no se vean indebidamente amenazados con la expulsión?

32.El Sr. Thelin dice que se advierte un malestar general por la situación de los medios de comunicación en la Federación de Rusia en lo que respecta a la libertad de expresión. Se está refiriendo, en especial a los casos de repercusión pública como el de Mikhail Khodorovsky y la periodista Anna Politkovskaya. El Estado parte ostenta la desafortunada distinción de ocupar el noveno puesto en el “índice de impunidad” elaborado por el Comité para la Protección de los Periodistas.

33.En cuanto a la cuestión 2 de la lista de cuestiones, se congratula de la información facilitada por la delegación en relación con las medidas destinadas a reformar el poder judicial. Tras señalar que en la Federación de Rusia hay unos 31.000 jueces, dice que debe ser difícil evitar las diferencias de opinión con una judicatura tan nutrida. Dado que, en muchos países, los jueces suelen oponerse también a las reformas, pregunta qué medidas se han tomado para luchar contra cualquier actitud conservadora, heredada posiblemente del antiguo régimen. Aunque quizá sea demasiado pronto para evaluar el efecto de las disposiciones destinadas a combatir la corrupción, agradecería información detallada sobre los casos en que se hayan aplicado. Le interesaría también tener conocimiento de los casos en que se hayan tomado medidas disciplinarias contra los jueces. No le ha quedado claro sobre quién recae la potestad de imponer medidas disciplinarias y, en ese contexto, subraya la importancia de defender al poder judicial de las injerencias del poder legislativo o ejecutivo

34.Tras poner de relieve la existencia de la Junta Superior de Calificación de Jueces, pregunta quién nombra a sus miembros y cómo se ponen en práctica sus recomendaciones.

35.Le han informado de que, en algunas regiones, los gobernadores locales se habían puesto en contacto con los presidentes de los tribunales para que les explicaran por qué se habían dictado sentencias tan severas o tan poco severas. Si es verdad esa información, representa un comportamiento inaceptable por parte del poder ejecutivo. Ha oído también que el acceso a la financiación pública en las regiones repercute a veces en la independencia del poder judicial, por ejemplo, cuando se necesitan recursos para construir o renovar la sede de un tribunal.

36.En los casos penales, los jueces deben ser siempre independientes de los fiscales. Durante el régimen anterior, los vínculos entre el fiscal y el juez eran al parecer tan estrechos que, en algunos casos, las actuaciones judiciales resultaban prácticamente innecesarias porque siempre se imponía la decisión del fiscal. Pregunta por la tasa de absoluciones en los casos penales, pues es una medida fidedigna de la independencia judicial. Una tasa elevada suele indicar que los jueces son independientes de los fiscales.

37.Ha tomado nota de la creación de un Comité de Investigación, que garantizará que la fiscalía se mantenga al margen del órgano de investigación. Pregunta si los fiscales dependen del Ministerio de Justicia y si la policía debe rendir cuentas ante ese Ministerio o ante el Ministerio del Interior.

38.Después de poner de relieve que el número de condenas por violaciones del artículo 7 del Pacto relativo a la tortura se ha duplicado en los últimos años, pregunta si ese fuerte aumento se debe a una mayor eficiencia por parte de los investigadores y fiscales o si se ha registrado un incremento del número de casos en que los sospechosos y los acusados han sido sometidos a torturas o a otras formas de presión indebida. Pregunta también si las víctimas desempeñan un papel activo en la investigación de las quejas por presión indebida. ¿Existe un mecanismo especial para tramitar esas denuncias?, ya que no sería apropiado que la policía se investigara a sí misma.

39.Pasando a la cuestión 3 de la lista de cuestiones, pregunta por la relación entre el nuevo Consejo de Derechos Humanos y el Comisionado de Derechos Humanos. Tampoco está claro si el Comisionado puede incoar actuaciones judiciales en nombre de los denunciantes. El hecho de que se haya producido un ligero descenso en el número de quejas presentadas puede ser alentador si es señal de que menos personas solicitan una compensación. El Comité agradecería contar con un desglose de las cifras. Por ejemplo, ¿en cuántos casos ha intervenido el Comisionado de Derechos Humanos y hasta qué punto los organismos pertinentes han tenido en cuenta sus recomendaciones? ¿Es cierto que se le ha denegado recientemente al Comisionado de Derechos Humanos el permiso para dirigirse a la Duma del Estado?

40.En cuanto a la cuestión 16, acoge con satisfacción los datos proporcionados sobre el número de casos en que se ha rechazado la extradición, pero pregunta en qué porcentaje de esos casos se ha procedido así por el riesgo de devolución. Es consciente de una serie de casos planteados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los que se había producido la extradición de personas de la Federación de Rusia a Uzbekistán, Tayikistán y Kazakstán a pesar del riesgo de devolución. Pregunta qué medidas está tomando el Estado parte para impedir que se repita esa situación en el futuro.

41.La Sra. Motoc afirma que no cree que, en sus respuestas escritas, el Estado parte haya abordado todos los puntos suscitados en relación con la cuestión 7, como la petición de datos estadísticos sobre el número y la capacidad de los refugios de crisis para las mujeres víctimas de la violencia en el hogar. Tiene entendido, a juzgar por los informes de las ONG, que no existe ningún refugio de esa índole en la actualidad. Se congratula, no obstante, de los esfuerzos del Estado parte para colaborar más estrechamente con las ONG en el tema de la violencia contra la mujer en el hogar y agradece las estadísticas facilitadas sobre esa violencia. Pregunta qué medidas tomará el Estado parte para proporcionar refugios de crisis y otro tipo de apoyos a las mujeres víctimas de violencia en el hogar. La falta de disposiciones relativas a la violencia doméstica contra la mujer en la legislación y la Constitución del Estado parte genera preocupación y agrava el problema de contar con más recursos y medios de reparación para las víctimas. Acoge con satisfacción las campañas del Estado parte a fin de sensibilizar a la opinión pública respecto del problema de la violencia contra la mujer en el hogar y le insta a continuarlas y ampliarlas.

42.Agradece la amplia gama de estadísticas que el Estado parte ha aportado en relación con la cuestión 8, pero solicita información específica acerca de la indemnización a las víctimas. Pregunta si los esfuerzos docentes del Estado parte para fomentar una cultura de la tolerancia en los órganos encargados de velar por el cumplimiento de la ley y la sociedad en general han logrado hasta la fecha algún resultado.

43.Opina que las respuestas del Estado parte a los puntos mencionados en la cuestión 9 no disipan enteramente sus preocupaciones. Ha recibido informes de que las minorías en la Federación de Rusia han sido objeto de discriminación y hostigamiento por parte de órganos del Estado y también de la población en general. Aunque acoge con satisfacción los esfuerzos por promover la comprensión de esas cuestiones entre el personal encargado de hacer cumplir la ley, no ha visto ninguna prueba de que el Estado parte esté intentando cambiar las actitudes del público en general.

44.Sir Nigel Rodley dice que no sabe de ningún país en el que la opinión pública haya capitaneado el movimiento para abolir la pena de muerte; subraya, por consiguiente, la importancia del liderazgo político, del tipo del que hizo gala el Estado parte al establecer la presente moratoria sobre la pena de muerte. Pregunta si la ampliación de los juicios con jurado a toda la Federación de Rusia puede afectar a la situación de esa moratoria. Pregunta también cuánto tiempo se calcula que tardarán los esfuerzos en el ámbito de la educación y el liderazgo político en influir en la opinión pública hasta que la abolición de la pena de muerte se convierta en una posibilidad, permitiendo así al Estado parte ratificar el segundo Protocolo Facultativo.

45.En relación con la cuestión 12, pregunta si la definición legal de tortura adoptada por el Estado parte especifica que es un delito cometido por funcionarios públicos, como ocurre en la definición que figura en la legislación internacional de tortura. A nivel internacional, se entiende que la tortura es un delito cometido por las personas que se encargan habitualmente de velar por el cumplimiento de la ley. Para detectar la existencia de un delito, es importante que los países compartan esa definición común.

46.En cuanto a la cuestión 13, se congratula de la notable mejora en el trato dado a los presos, pero indica que el maltrato a los detenidos bajo custodia policial sigue siendo motivo de preocupación. Se congratula de la aprobación de la Ley federal de 2008 sobre la supervisión pública de la observancia de los derechos humanos en los centros de privación de libertad, que, según afirma, constituye una iniciativa nueva que tardará en materializarse. Es consciente de los problemas relacionados con una formación insuficiente y con la escasez de recursos para los instructores. Un objetivo importante estriba en conseguir que los funcionarios de los establecimientos penitenciarios no sepan en qué momento recibirán la visita de inspección. Reconoce que se han realizado otros progresos conexos, como el de garantizar el acceso de los abogados a los detenidos. Sin embargo, le preocupan los informes de que un elevado porcentaje de los malos tratos se produce tras la llegada de la persona a la comisaría de policía, pero antes de de que se presenten oficialmente cargos contra ella.

47.Toma nota de las estadísticas facilitadas en relación con la cuestión 14. Pone de relieve, en especial, que entre 2006 y 2008, se iniciaron pocas acciones penales, por no decir ninguna, al amparo de los artículos del Código Penal relativos a la tortura y a la extracción de confesiones, pero sí se incoaron muchas por concepto de abuso de autoridad, delito de mayor arraigo. En las estadísticas facilitadas en el párrafo 292 de las respuestas escritas, advierte que, de las 4.300 condenas por abuso de autoridad pronunciadas en 2006, 405 recayeron sobre funcionarios de los gobiernos federal o local. Pide aclaraciones sobre la función que desempeñaban los condenados en los otros casos y explicaciones sobre el número de condenas, de conformidad con los artículos pertinentes del Código Penal.

48.Expresa su decepción por el hecho de que, en otras muchas partes del mundo en que han surgido conflictos similares, las operaciones de contrainsurgencia de la Federación de Rusia en el Cáucaso septentrional han dado lugar a cantidades inmensas de casos de desapariciones, asesinatos y torturas, muchos de los cuales se han presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal consideró en un gran porcentaje de los casos que el Estado era responsable o no había llevado a cabo las investigaciones adecuadas. Los informes sobre muchos de esos casos eran escalofriantes y el orador tiene la impresión de que el Estado parte ha aceptado el hecho de que esos incidentes habían sido tan generalizados que el sistema no fue capaz de abordarlos como era debido o ni siquiera lo intentó.

49.En lo tocante a los párrafos 255 y 256 de las respuestas escritas que contienen información sobre el número de casos de secuestro remitidos a los tribunales, pregunta cuántos casos de los que figuran en la lista están relacionados con delitos cometidos por las fuerzas de seguridad y cuántos han dado lugar a condenas. Invita al Estado parte a proporcionar información sobre cualquier nueva condena. Observa también que en el párrafo 258 se mencionan las diferentes condenas a penas de cárcel pronunciadas por tribunales militares contra 49 personas, aunque no da muchos detalles de los delitos que habían cometido.

50.Tiene conocimiento de que en la región del Cáucaso septentrional se han descubierto entre 54 y 60 fosas comunes y pone de manifiesto su grave preocupación por el hecho de que no se han exhumado ni examinado los cuerpos por falta de recursos forenses. Cree que el Estado parte debería otorgar la máxima prioridad a estas investigaciones y le insta a consagrar los recursos necesarios a aclarar qué les ocurrió a los desaparecidos y poner a disposición judicial a los autores de esas muertes.

51.Lamenta que sea tan limitada la información recogida en las respuestas escritas sobre las presuntas matanzas ilegales ocurridas durante ciertas operaciones militares. Solicita más detalles acerca de quién emprendió esas investigaciones, si fueron exhaustivas y si el nuevo Comité de Investigación las ha reabierto.

52.En cuanto a la declaración de la Federación de Rusia de que no asumía la responsabilidad de los crímenes cometidos por las fuerzas de Osetia del Sur durante el conflicto de agosto de 2008 con Georgia, ni podía investigarlos, sugiere que el Estado parte reconsidere su postura al respecto. Establece un paralelismo con los sucesos del pasado en el Líbano cuando el Gobierno de ese país perdió el control sobre una parte de su territorio meridional debido a las actividades de un Estado vecino; en ese momento, el Comité no se dirigió al Líbano en busca de reparación, sino al Estado vecino que permitió a terceros en el sur del Líbano cometer sus actos criminales.

53.Invita también al Estado parte a ofrecer información sobre los delitos cometidos por las autoridades y los ciudadanos de Georgia durante el conflicto de agosto de 2008. El Comité podría utilizar la información como referencia cuando Georgia presente su próximo informe.

54.Pregunta qué cuestiones puede volver a investigar, de conformidad con su mandato, el Comité Especial de Investigación mencionado en el párrafo 296 de las respuestas escritas. A la luz de los informes que ha recibido, que sugieren una inhibición de dicho Comité en la tarea de investigar a fondo a sus colegas, solicita información respecto de su independencia de los fiscales ordinarios.

55.El Sr. Lallah acoge con satisfacción el informe del Estado parte y las respuestas escritas a la lista de cuestiones, sobre todo porque brindan una información minuciosa acerca de la situación de los derechos humanos en vez de limitarse a enumerar las leyes nacionales que consagran las disposiciones del Pacto

56.Habida cuenta de que dos de los principales problemas que, al parecer, afronta el Estado parte son el terrorismo y el extremismo, agradecería disponer de más detalles sobre el mecanismo jurídico utilizado para afrontar esas cuestiones. Teniendo presente la aparente contradicción entre lo que se afirma en el párrafo 176 del informe periódico y los párrafos 110 y 124 de las respuestas escritas, solicita aclaraciones sobre si la Ley Federal de lucha contra actividades extremistas abarca también el terrorismo. Convendría saber si esa Ley se aplica tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas.

57.Pregunta qué se entiende por las expresiones “actos de intervención fiscal” y “acciones fiscales y advertencias” en el párrafo 208 de las respuestas escritas. No entiende tampoco cómo compaginar los datos citados en dicho párrafo con las estadísticas recibidas de las ONG, según las cuales, entre septiembre de 2004 y septiembre de 2005 se pronunciaron sólo 30 condenas por delitos violentos motivados por el odio y 25 condenas por discursos basados en el odio.

58.El Comité agradecería contar con más información sobre la aparente ampliación del concepto de actividad extremista para dar cabida como víctimas a los grupos sociales. Los informes indican que, a falta de una definición del término “grupo social”, las interpretaciones liberales de los tribunales han generado algunas condenas desconcertantes. En 2008, un músico recibió supuestamente una condena con suspensión de la pena de un año por haber colgado en Internet un comentario muy crítico para la policía; el tribunal interpretó sus palabras como una incitación al odio contra la policía, a la que consideró un grupo social. En otro caso, se estimó que el Gobierno de Tatarstán era un grupo social. Aunque la explicación puede deberse a un problema de traducción, no logra comprender cómo cabe esperar que los que no son especialistas sepan dónde están los límites de la ley.

59.El Sr. O’Flaherty pregunta si las salvaguardias constitucionales contra la discriminación abarcan también el aspecto de la discriminación sexual. El Comité ha recibido informes de la discriminación generalizada que se practica, de hecho, contra los homosexuales en muchos ámbitos, incluido el laboral. Según los resultados de una encuesta independiente, un 54% de los trabajadores homosexuales no revelan su orientación sexual por temor a represalias o a la manifestación de prejuicios en el entorno de trabajo, y el 90% de los encuestados había sufrido algún tipo de discriminación en el lugar de trabajo durante el período examinado. Los trabajadores de la administración también habían sido víctimas de discriminación tanto durante el proceso de optar a un puesto de trabajo como una vez que lo consiguieron. Sería útil saber si el Gobierno es consciente de esos problemas y prácticas y qué está haciendo para afrontarlos.

60.El Comité ha recibido también información sobre los ataques injustificados de la policía a grupos de homosexuales. En los últimos años, los medios de comunicación se han hecho ampliamente eco de incidentes preocupantes, como el uso aparente de una fuerza excesiva por la policía con motivo de una ceremonia de ofrenda de coronas de flores, celebrada en Moscú, en la que resultaron heridos un parlamentario alemán y un conocido activista homosexual británico. Las redadas de la policía en los lugares de reunión de los homosexuales son también supuestamente moneda corriente. Aunque las redadas forman parte, al parecer, de investigaciones penales legítimas, las personas retenidas temporalmente en esos lugares de reunión han sufrido supuestamente un trato humillante a manos de la policía.

61.El Comité agradecería los comentarios de la delegación sobre los informes de que, a lo largo de tres años, las autoridades rechazaron más de 160 solicitudes para celebrar desfiles del orgullo homosexual y de que, a las organizaciones de lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales les resulta sumamente difícil obtener su inscripción en el registro. Pide también información sobre las supuestas declaraciones de odio a los homosexuales proferidas por funcionarios públicos, como el alcalde de Moscú, el jefe de la policía moscovita y el gobernador de la región de Tambov.

62.En resumen, pregunta si la legislación actual y, en especial, la relativa a la lucha contra la discriminación, ofrece una protección adecuada a las personas con una orientación sexual diferente. Desea saber también hasta qué punto se exigen cuentas por las violaciones que han sufrido las personas debido a su orientación sexual. Formula esa pregunta en referencia a la responsabilidad penal por las agresiones físicas y, como mínimo, la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos que utilizan un discurso de odio. Convendría saber qué esfuerzos está realizando el Estado parte y qué medidas proyecta tomar en el futuro para combatir los prejuicios que reinan en la sociedad, en general, y entre los funcionarios públicos, en particular.

63.La Sra. Wedgwood dice que resulta sorprendente que hayan sido asesinadas tantas personas por hacer valer los derechos humanos, y en particular periodistas y defensores de los derechos humanos, entre los que cabe citar a Anastasia Baburova, Natalya Estemirova, Paul Klebnikov, Stanislav Markelov y Anna Politkovskaya. El Gobierno debe estar capacitado para proteger a las mismas personas que le facilitan información sobre los derechos humanos en su propia sociedad. Reitera las preocupaciones manifestadas por otros miembros del Comité sobre la independencia del poder judicial y la eficacia de las investigaciones penales.

64.Pasando al conflicto de Osetia del Sur, se pregunta por la declaración que figura en el párrafo 266 de las respuestas escritas en el sentido de que el Estado parte no es responsable de los delitos que pudieran haber cometido miembros de agrupaciones armadas de Osetia del Sur, ni puede investigarlos, tarea que deja en manos de las autoridades locales. Sin entrar en la cuestión de la independencia de Osetia del Sur, la oradora afirma que, cuando las milicias van siguiendo la estela de unas fuerzas armadas organizadas, los militares que las han acogido alguna responsabilidad tendrán, a buen seguro, en las acciones cometidas por esas milicias. Como mínimo, el Estado parte debe tener conocimiento de ese hecho, para impedir que se repitan otros similares en el futuro. Pregunta qué protección se le está brindando a los georgianos que retornan a sus hogares y si tienen derecho a conservar su ciudadanía georgiana a su regreso. Aunque Osetia del Sur ha proclamado su independencia desde que ocurrieron esos hechos, muchos de sus ciudadanos estaban en posesión de un pasaporte ruso en el momento del conflicto.

65.Solicita información adicional acerca de cualquier investigación que se haya llevado a cabo sobre la muerte a tiros de Paul Joyal en marzo de 2007.

66.El Sr. Salvioli pide más datos sobre la situación de las personas con discapacidad mental, que no gozan aparentemente de régimen jurídico. Pregunta si la carencia absoluta de regulación jurídica de las personas con discapacidad mental no resulta excesiva, en la medida en que les priva del derecho a tomar decisiones sobre aspectos importantes de su vida. En el caso Shtukaturov c. la Federación de Rusia en marzo de 2008, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estimó que el sistema que rige la discapacidad mental en el Estado parte supone una injerencia desproporcionada en el derecho a la intimidad de los afectados y puede dar lugar a una privación arbitraria de su libertad y a otros problemas. Pregunta si el Estado parte ha examinado su legislación sobre discapacidad mental a la luz de las disposiciones del Pacto. Desea saber también si el ordenamiento jurídico en vigor otorga a las personas incapacitadas legalmente el derecho a un recurso efectivo cuando sus derechos son violados por el tutor o por terceras personas.

67.El Sr. Pérez Sánchez-Cerro insta al Estado parte a aplicar las recomendaciones que el Comité formuló en sus observaciones finales sobre el quinto informe periódico. Además de la información proporcionada en la respuesta escrita a la cuestión 11 de la lista de cuestiones, solicita información sobre el personal del Ministerio del Interior u otras personas que hayan efectuado detenciones arbitrarias o sean responsables de las fosas comunes. Es poco probable que los únicos autores de esos actos hayan sido grupos criminales, ya que ha salido a la luz información fidedigna en casi 200 casos sobre las fechas y los momentos de las detenciones, poniéndola en relación con matrículas de vehículos militares y nombres de miembros del personal militar.

68.La designación de jueces por el Presidente no garantiza en modo alguno la independencia del poder judicial; los jueces deben ser nombrados por un órgano autónomo. Pregunta por qué algunos jueces, cuyo nombramiento es supuestamente vitalicio, han sido apartados de sus puestos. Convendría saber si el Estado parte proyecta reformar el sistema judicial para ajustarlo a lo dispuesto en el artículo 14 del pacto.

69.La Sra. Keller solicita más detalles sobre los casos ocurridos en noviembre de 2008 cuando se descubrieron los cuerpos de ocho mujeres en diferentes partes de la República de Chechenia, con disparos a quemarropa en la cabeza y el pecho. El Defensor de los Derechos Humanos ha dicho que no podía excluir la posibilidad de que las mujeres hubieran sido asesinadas por sus parientes, en castigo por su conducta inmoral. Según los informes de los medios de comunicación, el Presidente de Chechenia declaró que las mujeres habían sido asesinadas con razón por sus parientes masculinos por su conducta “licenciosa”. Los fiscales federales llegaron a la conclusión de que los parientes de las difuntas no eran sospechosos de los asesinatos. Pregunta cuál fue el resultado de las investigaciones y si se había practicado alguna detención.

70.Para terminar, pone de relieve que, según los datos de las ONG, hasta la fecha en 2009 muchas personas del Asia Central y el Cáucaso se han visto desproporcionadamente afectadas por matanzas provocadas por el odio y ataques violentos contra miembros de minorías étnicas. Pregunta a la delegación cómo explica esos hechos.

Se levanta la sesión a las 17.50 horas.