Comité de Derechos Humanos

99º período de sesiones

Acta resumida de la 2718ª sesión

Celebrada en el Palacio de las Naciones, Ginebra, el miércoles 14 de julio de 2010, a las 10.00 horas

Presidente:Sr. Iwasawa

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 40 del Pacto (continuación)

Tercer informe periódico de Israel (continuación)

Se declara abierta la sesión a las 10.20 horas.

Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidadcon el artículo 40 del Pacto (continuación)

Tercer informe periódico de Israel (continuación) (CCPR/C/ISR/3; CCPR/C/ISR/Q/3 y Add.1)

1. Por invitación del Presidente, los miembros de la delegación de Israel vuelven a tomar asiento a la mesa del Comité.

2.El Presidente invita a la delegación de Israel a responder a las cuestiones planteadas por los miembros del Comité en la sesión precedente.

3.El Sr. Blass (Israel) dice que, aunque no se menciona expresamente en la Ley básica, el principio de igualdad guía a los funcionarios que redactan propuestas legislativas en los ministerios y a los legisladores que preparan proyectos para su examen en el Knesset. Los redactores procuran especialmente asegurarse de que la nueva legislación no será impugnada ante el Tribunal Supremo por violar el principio de la igualdad. Por consiguiente, el principio tiene considerable importancia en el proceso legislativo, aunque no se exprese formalmente en la legislación.

4.Los miembros árabes del Knesset tienen las mismas ventajas que otros miembros del parlamento israelí en lo que respecta a la financiación de las campañas.

5.En cuanto al temor de los residentes de Jerusalén de que puedan perder su derecho de residencia si se mudan fuera del perímetro de la ciudad, la condición de residente se pierde al dejar Israel por un período de más de siete años o al adquirir la ciudadanía o el derecho de residencia en otro país. El procedimiento se aplica a todos los residentes que salen de Israel y no apunta a una población determinada. Desde 2000, no se ha revocado la residencia de los residentes permanentes de los distritos orientales de Jerusalén que viven fuera de Israel si estos han mantenido una afinidad con el país. En ciertas circunstancias, una persona que ha mantenido una afinidad con Israel a pesar de vivir en el extranjero y ha vivido en Israel dos años consecutivos tiene derecho a la residencia.

6.Respondiendo a las preguntas sobre el trámite de las denuncias relativas a la Agencia de Seguridad de Israel (ISA), el orador dice que el Inspector encargado de las denuncias sobre los interrogadores del ISA es miembro de la Agencia. El Inspector actúa con independencia al investigar exhaustivamente las denuncias, sin injerencia de otros integrantes de la ISA. Un escrupuloso procedimiento de nombramiento asegura que no haya conflicto de intereses entre otros cargos que haya ocupado u ocupe el Inspector y sus funciones como tal. En consecuencia, ningún Inspector ha sido anteriormente interrogador. La designación de miembros de la ISA para desempeñar la función de Inspector tiene varias ventajas. La persona está familiarizada con el sistema y con el lenguaje y la cultura de la organización y sabe manejar debidamente el material muy confidencial.

7.El Inspector actúa bajo la estrecha supervisión de un fiscal de alto nivel de la Fiscalía del Estado. Además, tras un detenido examen de las denuncias, sus informes son objeto de un minucioso examen por parte del mencionado fiscal y, cuando las cuestiones son muy delicadas o las circunstancias lo justifican, también por el Fiscal General del estado y el propio Consejero Jurídico de la Nación.

8.La posición de Israel respecto de la relación de la doctrina de la necesidad y la prohibición de la tortura con arreglo al Pacto se ha explicado en su respuesta a la pregunta 14 de la lista de cuestiones. Los interrogadores de la ISA tienen en cuenta la doctrina de la necesidad cuando interrogan a miembros de organizaciones terroristas. Las directrices internas preparadas por la ISA establecen el procedimiento de consulta con los altos funcionarios de la Agencia cuando las circunstancias de un interrogatorio concreto dan lugar a la aplicación de la doctrina de la necesidad.

9.Aunque no se han iniciado investigaciones penales en el caso de algunas denuncias presentadas al Inspector en los últimos años, se han cambiado varios métodos de interrogación como resultado de las investigaciones realizadas y se han tomado medidas disciplinarias contra varios miembros de la ISA. Lo más frecuente es que se impugnen las investigaciones en los casos en que se formulan cargos penales contra el interrogado. En cuanto a la revelación de los métodos de interrogación de la ISA o los nombres de los interrogadores, el orador dice que los métodos de interrogación son un importante instrumento en la lucha contra las organizaciones terroristas y deben ser mantenidos en secreto para asegurar su eficacia. Los nombres de los miembros de la ISA se mantienen en secreto para garantizar su seguridad personal. No se deja constancia de las investigaciones de delitos relacionados con la seguridad porque los investigadores actúan contra organizaciones terroristas bien organizadas y el dar a conocer los expedientes de las investigaciones les permitiría preparar a sus miembros para investigaciones futuras.

10.En cuanto a las preguntas del Comité sobre el idioma árabe, el orador dice que todos los fallos de los tribunales israelíes, incluidos los del Tribunal Supremo, se emiten en hebreo. Los 239 fallos del Tribunal Supremo que se han traducido al inglés en el curso de los años han sido fallos que sentaron precedente y atrajeron la atención internacional. En cuanto a las preguntas sobre la negativa del Ministerio del Interior a aceptar documentos en árabe, se han revisado las directrices pertinentes y en el futuro el Ministerio aceptará documentos en árabe.

11.En cuanto a las cuestiones relativas a los ciudadanos árabes de Israel que viajan al exterior, por ley todo ciudadano israelí que desee viajar a un Estado enemigo como el Líbano, Siria o el Irán debe solicitar un permiso. El Sr. Ala Hlehel pidió viajar al Líbano para recibir un premio por su labor literaria pero se le negó el permiso. Presentó un recurso ante el Tribunal Supremo que ordenó que se le concediera el permiso. Según entiende el orador, posteriormente las autoridades del Líbano denegaron al Sr. Hlehel el permiso de entrada en el país.

12.En cuanto al estado de emergencia, se está examinando la legislación correspondiente. Sin embargo, en razón del considerable volumen que representa, el proceso llevará mucho tiempo y es difícil estimar cuándo finalizará.

13.En cuanto a una pregunta en el sentido de que no se investigó una denuncia de que soldados israelíes no habían respetado un fallo del Tribunal Supremo sobre ejecuciones extrajudiciales, el orador dice que el Abogado General Militar respondió en detalle a la denuncia y explicó por qué era infundada. El Consejero Jurídico de la Nación examinó la respuesta y el análisis de los hechos demostró que los soldados israelíes habían actuado de conformidad con el fallo del Tribunal Supremo sobre homicidios selectivos.

14.La Sra. Rubinstein (Israel) dice que la aplicabilidad del Pacto en la Ribera Occidental y la Franja de Gaza ha sido objeto de considerable debate. En vista del retiro de Israel de Gaza a partir de agosto de 2005 y del surgimiento de un gobierno terrorista encabezado por Hamas y resuelto a emplear la violencia y a destruir el Estado de Israel, el Gobierno de Israel no tiene control efectivo sobre el territorio en el sentido de las normas de La Haya. La autoridad del Gobierno de Israel sobre la Ribera Occidental también es limitada, por lo que no está en condiciones de garantizar el cumplimiento de la mayoría de los derechos consagrados en el Pacto en ninguno de estos territorios. Los israelíes que entran en la Ribera Occidental están sujetos a la legislación militar israelí aplicable en el territorio y a la legislación penal israelí.

15.En estas circunstancias, el Gobierno de Israel considera que el derecho de los conflictos armados y la normativa de los derechos humanos son distintos y se aplican en distintas circunstancias. Israel nunca formuló una declaración expresa reservándose el derecho de extender la aplicabilidad del Pacto a la Ribera Occidental o Gaza. Al no existir esa declaración, el Pacto, cuyo alcance se limita al territorio del país Parte, no se aplica a áreas externas al territorio nacional israelí.

16.En cuanto a la cuestión de los homicidios selectivos, la oradora dice que Israel comparte la preocupación del Comité por la pérdida de vidas inocentes y se esfuerza al máximo por respetar los principios de necesidad y proporcionalidad en las operaciones militares realizadas en respuesta a amenazas y ataques terroristas. Sin perjuicio de su posición respecto a la no aplicabilidad del Pacto al conflicto armado contra el terrorismo palestino, que se rige por el derecho de los conflictos armados, Israel no se vale de homicidios selectivos como medio de disuasión o castigo. En los raros casos en que el homicidio de terroristas se considera una necesidad militar, las operaciones se examinan con antelación para asegurar el estricto cumplimiento de las normas relativas a los conflictos armados. Estas operaciones se ejecutan solo cuando no hay otro medio viable de capturar al terrorista identificado y se tomaban precauciones para reducir al mínimo los daños incidentales a personas inocentes. En diciembre de 2006, el Tribunal Supremo confirmó la aplicabilidad del derecho del conflicto armado al conflicto entre Israel y los grupos terroristas de Gaza y determinó que, aunque los terroristas no podían considerarse "combatientes" dentro del significado de esas normas, atentar directamente contra su vida cuando estaban dedicados a actividades terroristas era legítimo, teniendo en cuenta una serie de salvaguardias. Las FDI habían revisado sus procedimientos internos para ajustarse a ese fallo.

17.En cuanto a las denuncias de malos tratos de detenidos palestinos en prisiones israelíes, la oradora dice que, el 10 de noviembre de 2009, se designó un grupo de investigación del mando, encabezado por un coronel que no había participado directamente en los incidentes de que se trataba para investigar ciertas denuncias que se hacían en el informe de la Misión de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Conflicto de Gaza. La investigación se centraba en denuncias de que las FDI habían sometido a los detenidos a condiciones crueles, inhumanas y degradantes. Cuando termine la investigación, el jefe del grupo presentará las conclusiones al Abogado General Militar, que determinará si existen sospechas de violación del derecho de los conflictos armados que justifiquen nuevas investigaciones.

18.En cuanto al uso de civiles como escudos humanos, la oradora dice que las reglas de las FDI para entablar combate prohíben estrictamente esa práctica. Además, el Tribunal Supremo de Israel ha determinado que el uso de civiles a cualquier título en operaciones militares es ilegal, incluido el uso de civiles para llamar a terroristas que se ocultan en edificios. Tras el fallo, esta práctica también quedó prohibida en las órdenes de las FDI que están decididas a hacer cumplir la prohibición. Las órdenes de la Operación Plomo Fundido en Gaza indicaban claramente que los civiles no debían ser obligados a participar en acciones que podían ponerlos en peligro ni debían ser utilizados como escudos humanos. Las FDI iniciaron investigaciones criminales sobre siete casos en que presuntamente se habrían utilizado civiles como escudos humanos durante la operación. En marzo de 2010, dos soldados fueron acusados de pedir a un niño palestino de 9 años que abriera bolsas que podrían haber contenido explosivos. En este momento están siendo procesados y se está investigando el resto de los incidentes.

19.Respondiendo a preguntas concretas relativas a la Operación Plomo Fundido, la oradora dice que la investigación por Israel de incidentes ocurridos en el curso de la operación ha revelado que las acusaciones principales se basan en información incompleta y a menudo inexacta y no tienen en cuenta el efecto devastador de los abusos de Hamas en la población de Gaza ni los principios del derecho de los conflictos armados. A pesar de las trágicas bajas civiles que se produjeron en Gaza, los datos analizados hasta el momento demuestran que Israel tomó amplias medidas para cumplir las obligaciones que le impone el derecho internacional y adoptó medidas legales y disciplinarias contra los responsables de violaciones. Tras la operación, Israel ha realizado numerosas investigaciones de denuncias de faltas de conducta y violaciones del derecho de los conflictos armados por las FDI. Se han realizado seis investigaciones especiales del mando y varias otras investigaciones para examinar denuncias relativas a la operación; 46 casos han pasado a ser investigaciones penales que resultaron en la acusación y el juicio de dos soldados de las FDI. La oradora da varios ejemplos de procedimientos disciplinarios o penales instituidos contra oficiales de las FDI por diversos cargos. En otros casos, el Abogado General Militar ha desistido de formular cargos penales tras llegar a la conclusión de que las FDI no habían atacado intencionalmente a civiles y que los daños a bienes civiles estaban justificados por la necesidad militar. Israel ha informado abundantemente sobre sus investigaciones y conclusiones. Como resultado de las investigaciones se han hecho varios cambios en las directrices para las operaciones militares.

20.Las FDI emitieron dos nuevas órdenes destinadas a proteger los civiles y los bienes civiles durante los conflictos armados. La nueva orden relativa a la destrucción de bienes privados con fines militares se refiere a la destrucción de edificios e infraestructura agrícola por razones de necesidad militar y aclara los criterios y las limitaciones legales aplicables y asigna responsabilidades específicas de mando y facultades de toma de decisiones.

21.La nueva doctrina relativa a la guerra urbana hace hincapié en la protección de la población civil como parte integrante de la misión de un comandante. Especifica medios de evitar daños innecesarios a los bienes y la infraestructura civiles y exige incorporar consideraciones civiles en la planificación de las operaciones de combate. La doctrina dispone además que se tengan en cuenta las necesidades humanitarias de los civiles durante las operaciones militares y que se asigne un oficial de asuntos humanitarios a cada unidad de combate.

22.En cuanto a la acción israelí contra la flotilla de Gaza el 31 de mayo de 2010, la oradora dice que Israel se encuentra en una situación de conflicto armado con el régimen de Hamas, que ha atacado reiteradamente objetivos civiles en Israel con armas que entraron de contrabando en Gaza por mar. Explica la justificación legal del bloqueo marítimo impuesto por Israel y su aplicación en el caso de la flotilla, una vez que sus integrantes manifestaron su intención expresa de romperlo. Antes de adoptar medidas para impedirles el paso, Israel advirtió a los capitanes de los barcos de su intención de hacerlo. Sus intentos de asumir pacíficamente el control de los barcos fueron enfrentados con violencia e Israel actuó en legítima defensa. Se han realizado varias investigaciones sobre el incidente y se están reuniendo datos para preparar los informes pertinentes.

23.El 12 de julio de 2010, se transmitió al Jefe de Estado Mayor de las FDI el informe de un grupo de ocho expertos designado para examinar los incidentes del 31 de mayo. El examen arrojó varias conclusiones a nivel sistémico que iban más allá de la operación en cuestión. El grupo llegó a la conclusión de que no se habían aplicado plenamente todos los métodos posibles de obtención de inteligencia y que no había habido suficiente coordinación entre la Inteligencia Naval y la Inteligencia de la Defensa Israelí. El grupo también determinó que, el día del incidente, quienes tomaron la decisión no tenían más opción que abordar la flotilla. Ningún país puede detener un barco en el mar en forma no hostil y las declaraciones en sentido contrario que se hicieron después del incidente son infundadas e irresponsables.

24.El grupo determinó que los preparativos realizados con antelación en lo que respecta a relaciones con los medios habían sido buenos, aunque la publicación de los comunicados de prensa y del material visual se demoró por la necesidad de mantener la fiabilidad, la obligación de notificar a las familias de los soldados que habían sido heridos y el prolongado proceso de autorización a niveles más altos que la Unidad del Portavoz de las FDI.

25.El grupo determinó que la ubicación de los comandantes y la presencia del comandante de la marina israelí en el mar durante la operación habían sido adecuadas. Determinó además que los comandos navales habían operado correcta, profesional y valerosamente, que los comandantes habían tomado las decisiones apropiadas y que se justificaba el uso de munición activa. El jefe del grupo encomió la cooperación y la franqueza de quienes participaron en el examen en todos los niveles. Observó además que había una tendencia a sacar conclusiones generales sobre la base de un solo incidente; el hecho de que las FDI examinaran su propio proceder y el de otros no significaba que solo se diera publicidad a los errores de las FDI.

26.El 14 de junio de 2010, se creó una comisión de expertos independientes para examinar cuestiones relativas al incidente. La comisión estaba encabezada por tres israelíes eminentes; en las audiencias y actuaciones participaron dos observadores internacionales. El mandato de la misión incluía también determinar si el mecanismo de investigación de las denuncias y reclamos relativos a las violaciones del derecho de los conflictos armados, tanto generales como en relación con el incidente de que se trata, se ajustaba a las obligaciones que incumben a Israel con arreglo al derecho internacional. Todos los órganos gubernamentales pondrían la información y documentación necesarias a disposición de la comisión para que pudiera desempeñar sus funciones. La comisión tenía atribuciones para citar testigos y obligarlos a comparecer y a declarar ante el tribunal.

27.El Sr. Leshno Yaar (Israel) dice que, como lo ha manifestado reiteradamente, su Gobierno apoya el derecho palestino a la libre determinación y está comprometido con la idea de un Estado palestino que se ha de constituir junto a Israel, como pide la comunidad internacional. Sin embargo, para lograr ese objetivo, los dirigentes palestinos deben cumplir sus responsabilidades, comenzando con la obligación básica de reconocer a Israel, renunciar al terror y aceptar los acuerdos firmados previamente entre Israel y la Autoridad Palestina. La administración palestina dirigida por Hamas socava los derechos de su propio pueblo al lanzar brutales ataques terroristas contra Israel. El orador señala que, en un momento (1948-1967) en que nadie en Israel podía denegar el derecho de los palestinos a la libre determinación o a establecer su propio Estado, puesto que los territorios estaban bajo ocupación de Egipto y de Jordania, los palestinos no habían hecho ninguna reivindicación en ese sentido.

28.El Primer Ministro israelí declaró recientemente que la paz exigiría que un Estado palestino desmilitarizado reconociera al Estado judío de Israel y que Israel reconociera al Estado palestino como el Estado nación del pueblo palestino. El Comité debía tener en cuenta los retos que enfrentaban su pueblo y su Gobierno, en particular la campaña dirigida por Hamas para deslegitimizar a Israel. En efecto, una minuciosa investigación había revelado que siete de las nueve personas que lamentablemente murieron al ser interceptada la flotilla el 31 de mayo de 2010 habían expresado su deseo de morir a bordo del barco.

29.El Gobierno israelí esperaba que la reanudación del proceso de negociación llevara a conversaciones directas de paz que culminaran en una solución viable y duradera entre Israel y Palestina. Los asentamientos nunca habían sido un obstáculo para la paz; Israel había firmado acuerdos de paz con Egipto y Jordania y la cuestión de los asentamientos no impidió la realización de negociaciones de paz. Sin embargo, a fin de establecer un clima en que pudiera avanzarse hacia la paz, Israel había adoptado un número de importantes iniciativas, entre ellas, una moratoria de diez meses a la construcción de nuevas viviendas en los asentamientos judíos en la Ribera Occidental, aprobada por el Gabinete de Seguridad el 25 de marzo de 2009. Pese a esta medida sin precedentes por parte de Israel, el Primer Ministro señaló que transcurridos siete meses de la moratoria, las autoridades palestinas no habían iniciado las conversaciones y habían declarado que la moratoria debía prolongarse.

30.En vista de que el terrorismo palestino se había cobrado la vida de miles de israelíes, Israel había construido una barrera de seguridad temporaria y no violenta para proteger la vida de los civiles. El muro no se construyó por razones políticas y desde su construcción el número de ataques terroristas había disminuido significativamente, lo que había salvado la vida de muchos israelíes y no israelíes. Esta medida antiterrorista había resultado, pues, sumamente eficaz. Israel sigue buscando el equilibrio necesario entre la protección de la vida de sus ciudadanos y las necesidades humanitarias de la población palestina. La ley israelí dispone que todas las decisiones administrativas del Estado están sujetas a revisión judicial por el Tribunal Supremo, al que puede peticionar cualquier parte afectada, ya se trate israelíes o de palestinos. El Tribunal recibió más de 200 peticiones sobre la cuestión, buena parte de las cuales dio lugar a cambios en la ubicación del muro y en los arreglos humanitarios que conllevaba su construcción.

31.La Sra. Gorni (Israel), completando la información proporcionada en la respuesta a la pregunta 4 de la lista de cuestiones sobre la demolición de estructuras en la Ribera Occidental, dice que el comandante militar simplemente estaba haciendo cumplir las leyes sobre planificación y construcción en vigor en la Ribera Occidental desde antes de 1967. La legislación de la Ribera Occidental dispone que solo pueden concederse permisos de construcción sobre la base de planes aprobados antes de que comience la construcción y estipula medidas administrativas y penales contra la construcción ilegal. Por lo tanto, la demolición de estructuras construidas ilegalmente es legítima y principalmente ha sido obra de la administración civil. Todas las demoliciones se realizan con el debido respeto de las garantías procesales, como el derecho a un juicio imparcial y la oportunidad de presentar una solicitud para legitimar una construcción ilegal.

32.Los dueños de edificios ilegales no tienen derecho a indemnización o restitución, a menos que se pruebe ulteriormente que la estructura demolida no era ilegal. Las solicitudes de indemnización pueden presentarse ante los órganos judiciales competentes de la Ribera Occidental y, de ser necesario, de Israel. Cualquiera, sin distinción por motivos de raza u origen étnico, puede interponer un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo.

33.La administración civil ha hecho planes maestros para la mayoría de las aldeas palestinas del área C lo que permite construir en ellas mientras se solicite el permiso correspondiente. Entre 2003 y 2008, las autoridades competentes y los propietarios de estructuras en asentamientos de la Ribera Occidental han llevado a cabo más de 750 demoliciones. En 2009 se hicieron 196 demoliciones en asentamientos y se destruyeron 76 estructuras palestinas. Desde enero hasta abril de 2010 hubo 67 demoliciones en los asentamientos y 53 demoliciones de estructuras palestinas. Las multas y penas para las construcciones ilegales son uniformes, independientemente de la identidad del constructor.

34.Anteriormente, una gran proporción de los actos de acusación dictados en la Ribera Occidental se traducía al árabe. Esto cambió como consecuencia de la escasa demanda de las traducciones. Actualmente, las acusaciones solo se traducen cuando lo solicita el acusado o su representante. El sistema de tribunales militares asigna gran importancia a la traducción de sus actuaciones y traduce simultáneamente todos los cargos y las audiencias al árabe. Se hace un esfuerzo especial por garantizar la calidad de las traducciones. No se obliga al acusado a firmar documentos en hebreo como parte del proceso. Existen traducciones al árabe de todos los documentos relativos a los procesos.

35.Las FDI tienen la política de investigar todas las denuncias de violaciones del derecho de los conflictos armados, independientemente de la fuente y de iniciar un proceso cuando hay pruebas convincentes de una violación. Tienen también por norma resolver las denuncias contra su personal en forma justa, imparcial y eficaz. Las investigaciones suelen comenzar cuando el Abogado General Militar recibe denuncias de distintas fuentes y remite estas denuncias para que se proceda a una investigación del mando o, cuando la denuncia así lo justifica, a una investigación penal. El Abogado General Militar examina el expediente y las conclusiones de las investigaciones del mando y otro material disponible para determinar si recomendará un proceso disciplinario y si hay sospechas de un acto criminal. Si las hay, la denuncia pasa a ser objeto de una investigación criminal.

36.Tras una investigación criminal, el Abogado General Militar examina todas las pruebas para determinar si presentará una acusación o recomendará un proceso disciplinario. Cualquiera puede denunciar presuntas faltas de soldados de las FDI a la policía militar en cualquier comisaría. Los residentes de Gaza pueden formular denuncias directamente por escrito (en hebreo, árabe o inglés) a través de una organización no gubernamental (ONG) que los represente o a través de personal de enlace militar que trabaje directamente con la población civil palestina.

37.Además, las FDI identifican independientemente incidentes que justifican una ulterior investigación, entre ellos denuncias de mala conducta formuladas en los medios o procedentes de otras fuentes. El Ministerio de Justicia también vigila esas informaciones y las señala a la atención de los órganos competentes. Independientemente de la fuente, las FDI evalúan todas las denuncias sobre la base de las circunstancias del caso y las pruebas disponibles. La rama investigativa de la policía militar realiza investigaciones de las denuncias contra soldados. Esta unidad, que depende del Jefe de Estado Mayor de las FDI y es independiente de los comandos regionales, está facultada para realizar investigaciones bajo la autoridad de la oficina del Abogado General Militar.

38.En junio de 2008, el Tribunal Supremo confirmó la constitucionalidad de la Ley de detención de combatientes ilegales, rechazando la apelación presentada por dos detenidos. Fue la primera vez que el Tribunal se ocupaba de los aspectos sustantivos de la detención de combatientes ilegales desde que se promulgó la ley. Además de reafirmar la legalidad de las órdenes de detención concretas, el Tribunal Supremo sostuvo que la ley se ajustaba al derecho constitucional israelí y al derecho internacional humanitario. Observó que en su conjunto la ley no infringía desproporcionadamente el derecho a la libertad y que estaba en consonancia con las disposiciones sobre detención administrativa del Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra.

39.Además, el Tribunal Supremo consideró que las principales secciones de la ley procuraban lograr un delicado equilibrio entre las normas de derechos humanos generalmente aceptadas y las legítimas necesidades de seguridad a las que la ley debía atender. Desde la aprobación de la ley, se han detenido unas 49 personas en virtud de ella, 12 en la segunda guerra del Líbano, 30 en la Operación Plomo Fundido y 7 en otras oportunidades. Actualmente hay siete personas detenidas con arreglo a la ley, todas las cuales son hombres de 18 años o más. En estos casos, el encarcelamiento está sujeto a una revisión judicial periódica en un tribunal civil de distrito cada seis meses cuya decisión puede apelarse ante el Tribunal Supremo. En vista de la actual situación de seguridad de Israel, el uso de ese método de detención era obligatorio y esencial para prevenir la actividad terrorista. Los detenidos con arreglo a esta ley tienen los mismos derechos que cualquier otro detenido de presentar quejas o recurrir a los tribunales en lo que respecta a las condiciones de su detención.

40.La facultad de disponer la detención administrativa de un ciudadano israelí recae en el Ministerio de Defensa en virtud de la Ley de facultades extraordinarias (detención) de 1979. La ley faculta al Ministro para dictar una orden de detención por seis meses, que podía prorrogarse. Cuando existen pruebas suficientes y admisibles contra una persona, las autoridades deben someterla a la justicia y no adoptar medidas como la detención administrativa. Esta medida se usa por lo tanto a título excepcional y solo cuando las pruebas son claras, específicas y fidedignas pero, por motivos de confidencialidad y protección de las fuentes, no pueden presentarse en un proceso penal ordinario. En el caso de Noam Federman, el Tribunal Supremo sostuvo que se había aplicado para evitar un acto ilegal y no como castigo por un acto que ya había sido cometido. En vista de que los detenidos y sus abogados tienen poca participación en el proceso, el presidente del tribunal de distrito debe examinar detenidamente el material disponible. Estas órdenes se dictan cuando las evaluaciones indican que es muy probable que los detenidos cometan un acto grave que atente contra el Estado o a la seguridad pública. El tribunal debe también explorar otras medidas menos drásticas aplicando el principio de la proporcionalidad. Actualmente no hay en Israel detenidos administrativos con arreglo a la ley israelí.

41.En vista de la amenaza sin precedentes que enfrenta Israel desde el 2000, las fuerzas de seguridad han buscado nuevas medidas efectivas y legales para contrarrestarla, incluida la detención administrativa en la Ribera Occidental. La detención administrativa puede usarse en la Ribera Occidental bajo las mismas circunstancias excepcionales que en Israel. El dictado de órdenes de detención administrativa contra personas que constituyen un peligro para la seguridad pública en la Ribera Occidental está reconocido por el derecho internacional y en plena conformidad con el artículo 78 del Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra. Además, la legislación pertinente dispone que las órdenes sean aprobadas por un tribunal militar y reconoce el derecho de apelar ante un magistrado del Tribunal de Apelaciones Militar. Los peticionarios pueden estar representados por un abogado de su elección en todas las etapas del proceso y tienen derecho a examinar las pruebas no confidenciales en su contra. Todos tienen derecho a peticionar al Tribunal Supremo israelí para obtener una anulación de la orden. Las órdenes están sujetas a un examen periódico, igual que en Israel. Ha disminuido significativamente el número de órdenes administrativas dictadas: 1.300 en 2009, contra más de 2.200 en 2008 y más de 3.000 en 2007. Actualmente hay 210 personas en detención administrativa, entre ellas 3 mujeres y 1 menor que tiene 16 años.

42.En casos excepcionales, las órdenes militares relativas a delitos contra la seguridad permiten aplazar el contacto con un abogado cuando ello sea necesario para el interrogatorio y la seguridad del área. La decisión de aplicar esa medida se evalúa según las circunstancias particulares de cada caso. Aunque la orden militar permite aplazar el encuentro hasta 90 días, cada aplazamiento suele ser por unos pocos días. Transcurrido el plazo, se reevalúa la necesidad de prolongar el aplazamiento y las órdenes pueden ser impugnadas ante el Tribunal Supremo.

43.Como se indica en la respuesta escrita a la pregunta 17 de la lista de cuestiones, Israel reconoció la importancia de mantener las visitas familiares a los detenidos y ha procurado superar muchas dificultades administrativas y de seguridad para permitir que las visitas continuaran. Sin embargo, el 19 de septiembre de 2007, el Gobierno resolvió limitar la entrada y salida de personas de Gaza, con sujeción a un examen que tiene en cuenta la situación humanitaria. La decisión se fundó en la grave situación de seguridad en Israel y en Gaza y en la necesidad de cerciorarse de que quienes entraran desde Gaza no pusieran en peligro la seguridad pública. Ello incluía a los familiares que visitaban a detenidos en cárceles de Israel. El Tribunal Supremo ha determinado que, al 4 de junio de 2007, tras la toma violenta de Gaza por Hamas, el área se convirtió en "zona hostil" similar a un Estado enemigo en guerra contra Israel y sus ciudadanos.

44.Las autoridades israelíes comenzaron entonces a aplicar una nueva política, según la cual los residentes y visitantes de Gaza no pueden entrar en Israel. El Tribunal no encontró motivos para intervenir en las decisiones de las autoridades competentes, que formularon una política general para impedir la entrada de residentes de Gaza en Israel, incluso para visitas familiares. Según el Tribunal, permitir la entrada de los residentes de Gaza en Israel no responde a una necesidad humanitaria básica. El Tribunal rechazó el argumento de que la negativa de permitir visitas familiares era una infracción del derecho internacional y sostuvo que el derecho internacional no puede denegar a un Estado soberano el derecho a impedir la entrada a residentes extranjeros, en particular de una entidad hostil. Sin embargo, las autoridades competentes permiten a los residentes de Gaza entrar en Israel en casos excepcionales, como para recibir tratamiento médico urgente o en otras circunstancias humanitarias. Los detenidos pueden mantener contacto con sus familias a través de la correspondencia y todos los presos, incluidos los de Gaza pueden recibir visitas de familiares de la Ribera Occidental y de Israel.

45.La Sra. Tene-Gilad (Israel), respondiendo a la pregunta sobre las actividades culturales en Jerusalén Oriental, dice que no hay restricciones arbitrarias de esas actividades. Sin embargo, cuando la Autoridad Palestina planifica un evento en Jerusalén Oriental, el Ministro de Seguridad Pública puede prohibirlas sobre la base de la Ley de 1994 relativa a la aplicación del Acuerdo Provisional sobre la Franja de Gaza y Jericó. Si Hamas u otra organización terrorista planifica un evento en Jerusalén Oriental, el Comisionado de Policía puede dictar una orden de prohibición con arreglo a la ordenanza de prevención del terrorismo.

46.En cuanto al plan urbanístico Jerusalén 2000, muchas entidades públicas han podido presentar su opinión, incluidas las que requerían que se atendieran las necesidades especiales de los residentes de Jerusalén Oriental. El plan tiene en cuenta la considerable demanda de vivienda en Jerusalén y el hecho de que los barrios orientales contienen grandes áreas que no se usan adecuadamente y no ofrecen una solución de alta calidad para las necesidades de la población árabe. El plan dispone la creación de un departamento municipal de planificación y desarrollo de esos vecindarios con miras a proporcionar mejores servicios a los residentes árabes, incluidos servicios en árabe. También dispone medidas especiales para resolver el problema de los edificios construidos ilegalmente y determinar si son adecuados a la luz de la política de zonificación; rehabilitar los campamentos de refugiados de Shuafat y Kalandia utilizando fondos nacionales o internacionales; y rehabilitar y crear infraestructura en los barrios orientales. Hay unas 38.000 unidades de vivienda para la población árabe de Jerusalén pero más de 15.000 de ellas han sido construidas ilegalmente. El plan prevé la construcción de otras 29.000 unidades para 2020.

47.En cuanto a la cuestión del agua y el saneamiento en la Franja de Gaza y en la Ribera Occidental, en la Declaración de Principios sobre las disposiciones relacionadas con un Gobierno Autónomo Provisional de 1993, se estableció un sistema de cooperación para el suministro de agua. El acuerdo provisional israelopalestino sobre la Ribera Occidental y la Franja de Gaza firmado en Washington en septiembre de 1995 disponía que Israel reconocería los derechos palestinos al agua en la Ribera Occidental. Concretamente, disponía un aumento del suministro de agua en el período en que se aplicara el Acuerdo de 28,6 millones de metros cúbicos por año. Israel ha cumplido, incluso con creces, todas las obligaciones contraídas en materia de agua en ese Acuerdo y ha aumentado el suministro de agua a los palestinos en alrededor de un 50%. También suministra gran cantidad de agua a los palestinos de la Ribera Occidental de fuentes de su propio territorio situadas detrás de la Línea Verde. En ningún caso Israel ha transferido agua desde la Ribera Occidental a áreas situadas detrás de la "Línea Verde". También ha ofrecido a los palestinos la posibilidad de establecer una planta de desalinización de agua de mar en la zona de Hadera, que sería construida y manejada por los países donantes, pero los palestinos no se han apresurado a aceptar la oferta.

48.Según el Acuerdo provisional, los palestinos son responsables del tratamiento de sus aguas residuales, pero no se ha avanzado mucho con respecto a los planes palestinos de tratamiento y de reutilización adecuada de los efluentes para la agricultura. Aparentemente, los palestinos prefieren que sus aguas residuales vayan a dar a territorio israelí, contaminando el medio ambiente y el acuífero común, con el resultado de que Israel se ve obligado a tratarlas, al igual que el 70% de las aguas residuales de las comunidades israelíes de la Ribera Occidental.

49.En cuanto a las acusaciones de uso ilegal de la fuerza por oficiales de policía, la oradora explica que fueron investigadas por el Departamento de Investigación de Oficiales de Policía, un órgano independiente dentro del Ministerio de Justicia, que cuenta actualmente con 19 investigadores civiles y 25 investigadores de policía. Siempre es difícil determinar si la fuerza empleada por oficiales autorizados en ciertas situaciones es excesiva y pueden hacerse denuncias falsas como medio de evitar un proceso cuando alguien es arrestado.

50.En cuanto a los idiomas utilizados en los documentos oficiales, tras una demanda contra el Instituto Nacional de Seguros presentada por Defence for Children International, el Instituto confirmó que, en cumplimiento de una orden del Tribunal Supremo, aceptará formularios presentados en árabe. El Tribunal rechazó una solicitud de que las cartas y notificaciones se enviaran en árabe porque el Instituto tiene traductores disponibles en sus oficinas.

51.En cuanto a la cuestión de la población beduina, Israel hace todo lo posible para atender a sus necesidades. Representantes de todos los pueblos beduinos participan en los comités de planificación locales y de distrito.

52.En cuanto al papel de los médicos en el Servicio de Prisiones israelí, cabe señalar que están sujetos a las normas de ética médica y no aprueban ni participan en el interrogatorio o el castigo de los presos. Los procedimientos internos del Servicio de Prisiones garantizan la plena observancia de esos principios.

53.Por lo que se refiere a la infiltración ilegal en la Ribera Occidental, parece haber cierta confusión sobre la situación legal. No han cambiado ni la política ni la práctica de Israel al respecto. Sin embargo, el Tribunal Supremo introdujo nuevas salvaguardias, plenamente conformes a los tratados internacionales, para evitar la entrada y la residencia ilegales. Los casos de las personas detenidas en espera de ser repatriadas por residir ilegalmente en la Ribera Occidental deben presentarse ahora a un comité de supervisión en el término de ocho días, de conformidad con las órdenes Nos. 1649 y 1650 dictadas el 13 de octubre de 2009. El fenómeno de infiltración ilegal es en realidad muy limitado porque desde 2008 se han incluido en el registro de población 32.000 palestinos y extranjeros que residían ilegalmente en la Ribera Occidental. Los casos de ocho personas sospechosas de estar involucradas en actividades terroristas se han presentado al nuevo comité de supervisión, que los está examinando.

54.El Sr. Caspi (Israel) responde a la pregunta sobre los ataques de las FDI a los servicios médicos y las ambulancias durante la Operación Plomo Fundido. Durante esa operación, Hamas utilizó sistemáticamente instalaciones y vehículos médicos, incluidas ambulancias de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, para transportar hombres y armas y evacuar terroristas del campo de batalla, infringiendo el derecho de los conflictos armados. Se utilizaron hospitales como cuarteles generales y centros de mando. Ismail Haniyeh, el jefe de Hamas en Gaza, estableció su centro de mando en el hospital de Shifa. Un pabellón entero del hospital se aisló para uso exclusivo de Hamas y se cerró la entrada a los civiles. Hamas asumió también el control de la clínica de la Media Luna Roja en Khan Younis y la convirtió en centro de detención. Hombres armados palestinos admitieron haber utilizado el hospital de Al-Quds de Gaza para disparar contra civiles israelíes. Unos 500 pacientes debieron ser evacuados de ese hospital cuando fue impactado por un proyectil. Según declaró un testigo al periódico Corriere della Sera, miembros de Hamas se habían refugiado en el edificio y se apoderaron de las ambulancias obligando a los conductores y las enfermeras a quitarse los uniformes. La misma noticia decía que Hamas había ocupado Shifah, el hospital más grande de la ciudad y utilizaba el sótano para interrogar a prisioneros de Fatah. Los combatientes de Hamas utilizaron frecuentemente las ambulancias para escapar de las FDI.

55.El Sydney Morning Herald publicó en enero de 2009 una entrevista con Muhammand Shriteh, un conductor de ambulancia que había evacuado a palestinos heridos de las zonas de batalla. Según él, durante la operación se había comunicado con los israelíes antes de recoger a los heridos para evitar que le dispararan. Sin embargo, la amenaza más inmediata procedía de Hamas que hacía ir a las ambulancias al lugar donde se libraban los combates para poder transportar a sus hombres a un lugar seguro. La gente de Hamas había hecho varios intentos de apoderarse de la flotilla de ambulancias del hospital de Al-Quds.

56.El uso ilegal de las instalaciones y vehículos médicos por Hamas puso en peligro al personal médico y a los enfermos y heridos, además de atentar gravemente contra las protecciones especiales que el derecho internacional consuetudinario ofrece a estas personas en tiempo de conflicto armado. El artículo 23 f) del Reglamento de 1907 anexo a la Cuarta Convención de La Haya y el artículo 44 del Primer Convenio de Ginebra prohíben expresamente utilizar en forma engañosa las banderas de tregua, los distintivos del Convenio de Ginebra y el emblema de la Cruz Roja.

57.En cuanto a los servicios médicos que ofreció Israel durante la operación, las FDI establecieron una sala de situación en Gaza para coordinar la evacuación de los heridos y los civiles atrapados en la zona de combate y respondieron a 150 pedidos de ayuda. Las FDI están entrenadas para actuar con prudencia de manera de no causar daños al personal y las instalaciones médicas. En muchas oportunidades durante la operación, las FDI suspendieron sus operaciones contra objetivos militares legítimos cuando había vehículos o personal médico en la vecindad y a veces se abstuvieron de atacar vehículos médicos aunque sabían que se estaban utilizando para fines militares. Las FDI investigaron diez acusaciones, que resultaron infundadas, de daños causados por sus miembros a instalaciones, vehículos y personal médico. Otras acusaciones mencionadas por ONG todavía se están investigando. Entre ellas está un incidente ocurrido el 10 de enero de 2009 en que sufrió daños un edificio que albergaba una clínica de atención maternoinfantil. Las FDI desconocían la presencia de la clínica en el primer piso, pese a que, para no causar daños a civiles, habían planificado cuidadosamente su operación, encaminada a destruir un depósito de armas de Hamas ubicado en el mismo edificio. Las FDI advirtieron de antemano a los residentes y utilizaron municiones de precisión, con objeto de reducir al mínimo los daños colaterales. Se están investigando otros incidentes como el ataque de las FDI al hospital europeo de Khan Younis el 8 de enero de 2009 y los daños a la infraestructura del hospital Al-Quds. En otros casos, las FDI habían hecho disparos de advertencia, como disponen los procedimientos aceptados por el derecho de los conflictos armados, a vehículos conducidos en forma sospechosa que podrían haber sido utilizados para fines militares. El criterio para juzgar estos actos debe ser si la decisión tomada por el oficial de mando fue razonable.

58.Tras la toma violenta de Gaza por Hamas, el área se convirtió en "territorio hostil" equivalente a un Estado enemigo en guerra contra Israel y sus ciudadanos. Se dispararon miles de proyectiles contra ciudades israelíes y casi diariamente se producían ataques terroristas que se originaban en Gaza. Por lo tanto, el 19 de septiembre de 2007, el Gobierno de Israel decidió restringir el pasaje de mercancías y el suministro de combustible y electricidad a Gaza y limitar el movimiento de personas que entraban y salían del área. Sin embargo, de conformidad con el artículo 23 del Cuarto Convenio de Ginebra, se decidió permitir la entrada de artículos médicos y otros artículos humanitarios, siempre que no fuera desviados de su destino original. El Tribunal Supremo ha confirmado la compatibilidad de la política de Israel con el derecho internacional en varios casos, incluido el de Al Bassiouni y otros c. el Primer Ministro (9134/07). Israel ha liberalizado recientemente el sistema de entrada de artículos civiles para que la población civil pueda desarrollar sus actividades de rutina, impidiendo al mismo tiempo la entrada de armas y material que podrían ser utilizados por Hamas. Actualmente se permiten todas las mercancías excepto unas pocas que se consideran peligrosas. El volumen de mercancías que ingresa en Gaza aumentará también como resultado de una intensificación de la actividad en los cruces, como Kerem Shalom, a través del cual entran ahora 150 camiones diarios. También entrarán más materiales de construcción, siempre que se usen para proyectos aprobados por la Autoridad Palestina y ejecutados y supervisados por la comunidad internacional. En los próximos meses se iniciarán 45 proyectos de ese tipo para infraestructura de educación, salud, agua y saneamiento y posteriormente para vivienda. La supervisión de la entrada de mercancías es necesaria porque Hamas es una organización terrorista dedicada a la destrucción de Israel, reconocida como tal por Australia, el Canadá, la Unión Europea, el Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos. La nueva lista de artículos controlados incluye armas, municiones y equipo para misiles y materiales de doble uso, como productos químicos y fertilizantes que podrían emplearse para fabricar explosivos.

59.En cuanto a la asistencia humanitaria, en 2009 entraron en Gaza 738.576 toneladas de artículos humanitarios, así como 4.883 toneladas de equipo médico y medicamentos. En el mismo año, salieron de Gaza 22.849 palestinos, incluidos 10.544 pacientes que iban a recibir tratamiento médico en Israel y sus acompañantes. Ha habido reuniones entre funcionarios de salud israelíes y palestinos para realizar preparativos en caso de una epidemia de gripe A (H1N1) en Gaza; 3 pacientes se trasladaron a hospitales israelíes para recibir tratamiento y la OMS envió a Gaza 44.500 dosis de vacuna. Se transportaron a Gaza dos ascensores para hospitales y se tomaron disposiciones para llevar equipo para mamografías y un escáner de tomografía computerizada. También entraron en Gaza 21.200 trabajadores y otro personal de asistencia internacional.

60.Israel ha tratado de mantener las cuestiones relacionadas con la infraestructura humanitaria aparte del conflicto. Ha seguido trabajando con la Dirección de Aguas Palestina, compartiendo conocimientos y experiencia y coordinando la transferencia de equipo para los sistemas de agua y saneamiento de Gaza. En 2009 ha seguido suministrando electricidad a Gaza desde su planta de Ashkelon y ha enviado 41 camiones de equipo para el mantenimiento de la red de energía eléctrica. En abril y octubre de 2009 Siemens realizó tareas de mantenimiento en la planta eléctrica de Gaza a la que se entregaron más de 100 millones de litros de diésel. En 2009 se despacharon 45 camiones de equipo para sistemas de comunicación en respuesta a solicitudes de la Autoridad Palestina.

61.En 2009 se enviaron 95 camiones de equipo para los sistemas de agua y saneamiento y 3.720 toneladas de cloro para purificación de agua. A principios de 2009 se lograron avances significativos en el proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales del norte de Gaza, como la entrega de 48 camiones de equipo y otros artículos. Los progresos logrados tuvieron un efecto significativo en el nivel de aguas residuales de la laguna de Beit Lahiya. En diciembre de 2009, Israel, en cooperación con el UNICEF y la Dirección de Aguas Palestina, transportó a Gaza 6 unidades de desalinización que permiten abastecer de agua a 40.000 personas.

62.Israel también presta apoyo a actividades del sector privado y al sistema bancario de Gaza. Así, los viajes del 77% de los camiones que entraron en Gaza en 2009 fueron coordinados por el sector privado y 257 empresarios palestinos salieron de Gaza a Israel, la Ribera Occidental y lugares de destino en el exterior. En 2009, se transfirieron a Gaza más de 1.100 millones de nuevos shekels israelíes para financiar sueldos y las actividades de organizaciones internacionales.

63.El 13 de mayo de 2010, Israel permitió ingresar unas 39 toneladas de materiales de construcción en Gaza para la reconstrucción del hospital Al-Quds. También se aseguró de que hubiera salvaguardias suficientes y recibió seguridades de los responsables franceses de que el material no se desviaría para construir búnkeres o instalaciones similares. Según las Naciones Unidas, 120 megavatios del suministro de electricidad de Gaza proceden de la red israelí, en comparación con sólo 17 megavatios de Egipto y 30 megavatios de la planta de electricidad de la ciudad de Gaza. Desde enero de 2010 se ha reducido el suministro de electricidad a Gaza porque el régimen de Hamas no está dispuesto a comprar el combustible necesario para hacer funcionar esa planta.

64.En cuanto a la calidad de vida en Gaza, la esperanza de vida en 2010 es de 73,68 años, superior por ejemplo a la de Estonia, Turquía, Malasia, Jamaica y Bulgaria. La tasa de mortalidad infantil es de 17,71 por mil nacidos vivos, inferior a la de China, Jordania, el Líbano y Tailandia. Un 20% de la población de Gaza tiene computadoras personales y acceso a Internet, que es más que en Portugal, Brasil, Arabia Saudita y la Federación de Rusia. Alrededor del 70% de los residentes de Gaza tienen radio, televisión y acceso al satélite y el 81% de los hogares tiene acceso a un teléfono celular.

65.El Coordinador Especial de las Naciones Unidas para el proceso de paz en el Oriente Medio comentó recientemente los intentos de Hamas de asumir la responsabilidad de la asistencia humanitaria en Gaza y calificó los ataques de que habían sido objeto ONG, incluidas organizaciones asociadas con las Naciones Unidas, de violación de las normas aceptadas de una sociedad libre. Como esos actos afectaban al pueblo palestino, el Coordinador instó a las autoridades de facto a que dejaran de aplicar medidas represivas y permitieran que las instituciones de la sociedad civil reabrieran sin demora.

66.Aunque Israel está tomando medidas muy significativas para asistir a la población civil en Gaza, Hamas sigue teniendo ilegalmente prisionero tras su secuestro al soldado israelí Gilad Shalit. La comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos por obtener su liberación inmediata.

67.El Sr. Thelin dice que aunque le complacen las largas respuestas de la delegación a las preguntas del Comité, lo decepciona que no haya respondido a su pregunta sobre la justificación legal de Israel para negarse a reconocer la Opinión Consultiva de 2004 de la Corte Internacional de Justicia. El viejo argumento relativo a la distinción entre las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario no es convincente. Según la delegación, el Tribunal Supremo israelí es la máxima autoridad interna en lo que respecta a definir el derecho internacional. Podría suponerse, sin embargo, que la opinión sobre el régimen legal en el territorio palestino ocupado expresada por el más alto tribunal reconocido por la comunidad internacional merecería aún mayor respeto. Por lo tanto, reitera su pregunta: ¿por qué Israel no está dispuesto a respetar el fallo unánime de la Corte Internacional de Justicia expresado en su Opinión Consultiva?

68.El orador agradece la completa respuesta a su pregunta sobre las investigaciones que se están llevando a cabo en relación con la Operación Plomo Fundido. Sin embargo, el Comité habría agradecido recibir la información por adelantado. El orador tiene el máximo respeto por el poder judicial israelí y sus esfuerzos por poner freno al estamento militar. En algunos aspectos, el Tribunal Supremo podría presentarse como modelo de interacción entre la autoridad judicial civil y las fuerzas militares en la aplicación del derecho internacional humanitario. La delegación recordó al Comité con justa razón los legítimos intereses de seguridad de Israel. Uno de los inconvenientes de ser una democracia que respeta el estado de derecho es que Israel debe luchar con una mano atada. Estas restricciones claramente no se aplican a una organización terrorista como Hamas.

69.En cuanto a la flotilla, la delegación adujo que siete de las nueve personas que resultaron muertas en la operación llevaban el "disfraz" de activistas pacíficos. Pocos tienen la ingenuidad de creer que todo activista o toda organización es lo que pretende ser. Sin duda existen fuerzas oscuras que usan armas y se disfrazan de activistas pacíficos. Por otra parte, el orador deplora la posición del Gobierno israelí sobre la comisión de investigación porque, si está convencido de la legitimidad de sus argumentos, la composición de la comisión debería ampliarse para que fuera genuinamente independiente e internacional y sus conclusiones fueran convincentes.

70.La Sra. Chanet entiende que el principio de igualdad se reconoce en general en el derecho israelí pero su interpretación queda a discreción del Tribunal Supremo. La delegación dio a entender que las autoridades administrativas temen al Tribunal Supremo. Sin embargo, la oradora se pregunta si tienen algún motivo para temer puesto que, según las respuestas escritas, no es fácil acceder al Tribunal Supremo. Incluso cuando se obtiene un fallo, resulta sumamente difícil hacer que se aplique. Por ejemplo, la decisión de 2006 en la causa Alto comité de seguimiento de los ciudadanos árabes de Israel y otros c. el Primer Ministro de Israel, una importante decisión encaminada a remediar la discriminación, aún no ha sido aplicada. El Tribunal aceptó recientemente aplazar su aplicación hasta el año académico de 2012. Estos aplazamientos podrían ser un importante elemento disuasorio para quienes desearan presentar un recurso.

71.En cuanto a la revocación de los derechos de residencia, la oradora entiende como funciona el sistema, pero el Comité necesita datos cuantitativos para evaluar la situación. Si la delegación no puede proporcionarlos inmediatamente, debería presentar más adelante un desglose por escrito de las cifras de los últimos cinco años.

72.La oradora no termina de entender cómo se aplica la Orden militar Nº 1649 de 29 de mayo de 2009 relativa a las disposiciones de seguridad. Aunque fue aprobada por el Tribunal Supremo, el Comité necesita saber si sus disposiciones se ajustan al Pacto. Agradecería que la delegación presentara el texto de la orden militar e indicara las condiciones que rigen su aplicación, puesto que al parecer amplía el ámbito de aplicación de las disposiciones sobre expulsión, que anteriormente sólo se aplicaban a los enemigos del Estado. La oradora entiende que se ha presentado una apelación y pregunta si tendrá el efecto de suspender la aplicación de la orden.

73.En cuanto al uso del árabe en los procesos penales, especialmente ante tribunales militares, se ha informado al Comité de una diferencia de procedimiento entre la notificación del cargo y la notificación del fallo. De conformidad con el artículo 14 3) a) del Pacto, el acusado tiene derecho a ser informado sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada de la naturaleza y la causa de los cargos.

74.La delegación presentó una vez más la posición de Israel sobre la aplicación del Pacto en Gaza y la Ribera Occidental. La posición del Comité sobre la cuestión es bien conocida y se ha ignorado la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia. La delegación hizo una distinción entre Gaza y la Ribera Occidental. Dice que no se puede hacer absolutamente nada en Gaza y que se puede hacer poco en la Ribera Occidental. Esta posición contraviene el artículo 2 del Pacto por el que los Estados se comprometen a respetar y a garantizar los derechos reconocidos en él a todos los individuos que se encuentren en su territorio y bajo su jurisdicción. Además, la delegación se refirió una vez más al hecho de que Israel nunca formuló una declaración en que se reservara el derecho de extender la aplicabilidad del Pacto a la Ribera Occidental y Gaza. No hay nada en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados que permita tal interpretación de un tratado de derechos humanos.

75.Aunque la delegación manifiesta que Israel reconoce el derecho de los palestinos a la libre determinación, garantizado por el artículo 1 del Pacto, la Corte Internacional de Justicia ha señalado distintos obstáculos que impiden el disfrute de ese derecho, como la construcción del muro, el desplazamiento de la población palestina y los asentamientos. Algunos de estos obstáculos han sido denunciados por ONG israelíes.

76.La oradora tiene la impresión de que cada vez que el Comité o la Corte Internacional de Justicia presentan un argumento jurídico, Israel se refugia invariablemente en la interpretación que hace su Tribunal Supremo del derecho internacional. Cuando se critica su conducta, organiza una investigación exclusivamente interna que la comunidad internacional no puede considerar independiente. Esto también lo han señalado ONG israelíes. En tales circunstancias resulta difícil al Comité entablar un auténtico diálogo.

77.El Sr. Fathalla dice que la delegación ha contestado muchas pero no todas sus preguntas. Por ejemplo, preguntó por qué no se permitía construir en cerca del 70% de la Ribera Occidental y si las normas de la OMS para el suministro de agua se respetaban en el caso de los palestinos.

78.En cuanto a la flotilla, la delegación se refirió a las normas del derecho internacional aplicables a los bloqueos que Israel respeta en todos los casos. Sin embargo, el Manual de San Remo sobre el Derecho Internacional aplicable a los Conflictos Armados en el Mar, aprobado en junio de 1994 estipula en el párrafo 103 que: "Si la población civil del territorio poblado está insuficientemente abastecida de alimentos y otros bienes esenciales para su supervivencia, la parte bloqueadora debe permitir el libre paso de víveres y otros suministros esenciales". El orador invita a la delegación a formular sus comentarios sobre ese principio.

79.La Sra. Keller agradece a la delegación las respuestas detalladas que dio a las preguntas del Comité. Sin embargo, el Comité pidió datos desglosados sobre todas las cuestiones relativas a la discriminación. Sin ellos no podría decir si existe discriminación, por ejemplo, entre los niños israelíes y palestinos.

80.En respuesta a una pregunta relativa a la tortura, la delegación se refirió a las directrices y reglamentos que pueden consultarse para determinar si el criterio de la necesidad se aplica a las circunstancias de un interrogatorio determinado. ¿Ha entendido bien que esas directrices y reglamentos todavía no están a disposición del público?

81.El Sr. Salvioli dice que no ha recibido respuestas a algunas preguntas. Por ejemplo preguntó si la definición de tortura utilizada en Israel se ajustaba a las normas internacionales, especialmente las de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas.

82.Según la delegación la revocación del permiso de residencia dependía exclusivamente de la ubicación del domicilio permanente de la persona. Sin embargo, le han dicho que Israel recientemente revocó los permisos de residencia en Jerusalén de cuatro miembros del Consejo Legislativo Palestino exclusivamente por su pertenencia al Consejo, circunstancia que, según Israel, constituía un quebrantamiento de su obligación de lealtad al Estado de Israel. ¿Es correcta esa información?

83.El Sr. O'Flaherty dice que las respuestas detalladas de la delegación han disipado su preocupación respecto de varias cuestiones. Sin embargo, con respecto al idioma árabe su pregunta sobre la designación de los lugares en hebreo y su transliteración en árabe no fue contestada. ¿Existe alguna posibilidad de ajustar la política en ese sentido en las áreas con una población predominantemente palestina?

84.En cuanto a las preguntas sobre los beduinos, agradecería una respuesta más amplia a las inquietudes planteadas por fuentes de la sociedad civil, por ejemplo respecto de la urbanización de lo que era históricamente una comunidad agrícola. Desea saber también si Israel procura respetar las prácticas nómadas tradicionales.

85.El Sr. Amor dice que la cuestión de la aplicabilidad del Pacto era un problema jurídico muy importante que se examinó detenidamente en 2003. Aunque la posición de Israel es bien conocida, personalmente ha observado un pequeño cambio de enfoque, a saber, que la situación de facto constituye un impedimento absoluto para la aplicación del Pacto en Gaza y un impedimento parcial para su aplicación en la Ribera Occidental. ¿Significa esto que Israel reconoce el principio de aplicabilidad del Pacto en Gaza y la Ribera Occidental? Es esencial que se dé una respuesta clara sobre esta cuestión jurídica fundamental.

86.La delegación ofreció alguna información sobre la doctrina de la necesidad, mencionando directivas que podrían invocarse para justificar su aplicación. El orador desea saber si hay ciertos límites que no pueden trasgredirse. ¿Podría invocarse la doctrina, por ejemplo, para conculcar principios fundamentales como la prohibición de la tortura? Cuando ve colonos israelíes que atacan hogares palestinos mientras el ejército permanece impasible se pregunta si podría invocarse la necesidad o algún otro pretexto jurídico. El Comité agradecerá enormemente cualquier aclaración que le proporcione la delegación.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.