COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL
68º período de sesiones
ACTA RESUMIDA DE LA 1739ª SESIÓN
celebrada en el Palacio Wilson, Ginebra,
el viernes 24 de febrero de 2006 a las 15.00 horas
Presidente:Sr. de GOUTTES
SUMARIO
EXAMEN DE LOS INFORMES, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 9 DE LA CONVENCIÓN (continuación)
Informes periódicos 8º a 11º de Guatemala
Se declara abierta la sesión a las 15.20 horas.
EXAMEN DE LOS INFORMES, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 9 DE LA CONVENCIÓN (tema 6 del programa) (continuación)
Informes periódicos 8º a 11º de Guatemala (CERD/C/469/Add.1; HRI/CORE/1/Add.47)
Por invitación del Presidente, los miembros de la delegación de Guatemala toman asiento a la mesa del Comité.
El Sr. CAJAS MEJÍA (Guatemala) explica que el informe ha sido elaborado por la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala (CODISRA).La decisión de crear la Comisión surgió de las negociaciones encabezadas por las organizaciones indígenas en el contexto de los acuerdos de paz nacionales, en particular el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.También representó un intento de cumplir los compromisos asumidos por Guatemala en virtud de la Declaración y Programa de Acción de Durban.Ante la necesidad de centrarse en la eliminación de la discriminación racial, su Gobierno invitó a cinco indígenas de reconocido prestigio a que encabezasen el proceso de creación de la Comisión.Estas cinco personas representaban de forma implícita a 36 poblaciones indígenas.
Gracias al trabajo realizado en los tres años siguientes a su creación, la Comisión ha adquirido mucha experiencia recopilando la información y los estudios necesarios para elaborar el presente informe.Al examinar los orígenes estructurales e históricos del fenómeno de la discriminación racial en Guatemala, tuvo muy en cuenta los aspectos de la vida social y política que habían cambiado durante el periodo posterior al conflicto.La existencia misma de la Comisión y el resultado de su trabajo constituyen la culminación de los esfuerzos para dar voz a los pueblos indígenas de Guatemala y, sobre todo, para garantizar su representación a nivel estatal.
Tal y como se indica en el párrafo 15 del informe, la crisis de discriminación de los pueblos indígenas de Guatemala no solo se manifiesta en las violaciones de sus derechos civiles y políticos, sino también en la violación continua de sus derechos sociales, económicos y culturales.Sin embargo, el Gobierno ha redoblado sus esfuerzos para remediar la situación y ha emprendido medidas de acción afirmativa, como la creación de la Comisión Presidencial.Otro hito de la democracia emergente en Guatemala es la creación, con una importante provisión de fondos, de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, que incluye a 22 etnias lingüísticas de todo el país.La ratificación del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes ha llevado a Guatemala a establecer mecanismos para incorporar el sistema de administración de justicia indígena practicada por los pueblos mayas, xinca y garifuna.El orador espera que estas medidas sirvan para compensar su sentimiento de exclusión respecto a la estructura del Estado y el sistema judicial.
Cabe señalar que la Comisión Presidencial ha trabajado duramente para elaborar una política pública contra la discriminación que ha recibido el apoyo de la comunidad internacional, las instituciones académicas y los líderes de las poblaciones indígenas.El orador describe la exhaustiva labor de investigación, colaboración y compromiso que ha supuesto la formulación de la citada política, cuya aplicación tendrá un importante impacto sobre la sociedad guatemalteca en su conjunto.
La delegación de Guatemala ha intentado presentar la situación del país de la forma más realista, honesta y exhaustiva posible. El orador llama la atención sobre la sección III del informe sobre la aplicación de la Convención, donde se describe la legislación básica mínima que ha aprobado el Gobierno y que ofrece nuevas formas de coexistencia con la población indígena, y los foros y proyectos que han organizado las autoridades públicas en el marco de la cooperación para luchar contra la discriminación racial y establecer una sociedad multicultural.El orador menciona otras varias medidas eficaces, como la enmienda o la revocación de leyes discriminatorias, las tareas de la Oficina del Ombudsman para los Pueblos Indígenas en cuanto al registro de violaciones de los derechos humanos, los cambios de política llevados a cabo por la Policía Nacional Civil y la labor de la Secretaría Presidencial para la Mujer.
El proceso de prevenir y eliminar la discriminación racial es, necesariamente, un proceso gradual.Sin embargo, ya se han realizado avances importantes, tal y como demuestra el reconocimiento por parte del Gobierno de atrocidades pasadas, la admisión de discriminación continua y los esfuerzos para compensar a las víctimas de violaciones importantes.La utilización de un planteamiento a largo plazo constituye la única opción acertada para mejorar las condiciones y acabar con un Estado inherentemente racista.Por primera vez en Guatemala, la política pública se ha formulado de forma colectiva, con la plena participación de la sociedad civil y teniendo debidamente en cuenta la necesidad de establecer lazos entre el organismo ejecutivo y las organizaciones indígenas, tal y como establece la Constitución.
En cierto modo, el informe representa un informe alternativo ya que también se describe en el mismo las deficiencias, los procesos y la participación que forman el contexto social global.El presupuesto de la Comisión Presidencial se ha multiplicado por 10 pero sigue siendo bajo si se tiene en cuenta el alcance de su mandato, consistente en mejorar a todos los niveles los derechos de los pueblos indígenas y, más concretamente, de sus mujeres y jóvenes.El informe está orientado al futuro, pero sus creadores no han podido abstraerse del dolor del pasado.Sufrieron personalmente las penurias y la persecución asociadas al conflicto y la discriminación, por lo que el orador aprovecha la oportunidad para solicitar, en su nombre, al Comité su continuo apoyo en la búsqueda de sus objetivos para la sociedad guatemalteca.Espera que se extraigan lecciones de las observaciones y las recomendaciones que surgirán de los debates e incorporarlas a una estrategia global que permita progresar hacia la eliminación de la discriminación racial en Guatemala.
El Sr. ELLINGTON LAMBE (Guatemala) dice que se han creado varias instituciones en los últimos 10 años para promover y garantizar el disfrute de sus derechos por parte de los pueblos indígenas. Sin embargo, persiste la discriminación estructural y la carencia de recursos pone en peligro el progreso. Los esfuerzos realizados por la Comisión Presidencial (CODISRA) se centran en elaborar una política nacional contra la discriminación y afrontar el problema mediante amplias campañas de concienciación, programas educativos y medidas destinadas a promover el enjuiciamiento de los actos de discriminación.
La prohibición de la discriminación racial está consagrada en la legislación de Guatemala; las acciones actuales se centran en velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones pertinentes.El ministerio público posee competencias para investigar los delitos relacionados con la discriminación o el racismo y ha elaborado un informe sobre casos pertinentes en todo el país.Hasta ahora, se han investigado 75 casos y en 2 de ellos se han dictado sentencias.
Se han proporcionado recursos para descentralizar la CODISRA mediante la creación de cinco oficinas regionales.Un reciente estudio independiente revela que la gran mayoría de los ciudadanos es consciente de la existencia de discriminación racial en Guatemala, lo que confirma el éxito de las anteriores campañas de concienciación pública.El apoyo de las organizaciones internacionales, de las organizaciones de los pueblos indígenas y de otros sectores de la sociedad resulta fundamental.Los continuos esfuerzos de la CODISRA para promover el reconocimiento oficial de la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial han dado lugar a la formulación de un proyecto de ley que actualmente se está debatiendo en el Congreso.
El Sr. RAMIRO MARTÍNEZ (Guatemala) se hace eco de las declaraciones de los oradores anteriores y reitera el inquebrantable compromiso de su Gobierno de mantener un diálogo constructivo y aplicar las recomendaciones del Comité.
El Sr. AVTONOMOV, Relator para el país, elogia los esfuerzos del Estado parte para eliminar la discriminación en la legislación.Guatemala ha ratificado la mayoría de los instrumentos internacionales de derechos humanos, incluido el Convenio 169 de la OIT, y su legislación nacional contiene una serie de disposiciones que protegen los derechos de los pueblos indígenas.A este respecto, pregunta si el Gobierno de Guatemala tiene previsto ratificar la enmienda al artículo 8 y realizar una declaración en virtud del artículo 14 de la Convención.
Sin embargo, los progresos realizados en relación con la legislación para combatir la discriminación no se han traducido necesariamente en beneficios para las poblaciones afectadas.La economía guatemalteca es la mayor de América Central, sin embargo la pobreza sigue siendo generalizada y los programas puestos en marcha para abordar este problema no han resultado eficaces hasta el momento.La distribución manifiestamente desigual de la riqueza se ha visto exacerbada por la discriminación estructural.La desigualdad en el acceso a la educación se traduce en tasas de analfabetismo desproporcionadamente elevadas entre los adultos de los pueblos indígenas, y se estima que unos 500.000 niños indígenas no están escolarizados.
La discriminación también dificulta el logro de la igualdad en el acceso a la tierra, y la carencia de recursos impide que las instituciones establecidas resuelvan los conflictos sobre la tierra para cumplir su mandato.Sin embargo, la adopción de una legislación que define el uso y la administración de los recursos naturales en las tierras indígenas constituye un paso positivo.El acceso de los pueblos indígenas a los recursos resulta fundamental para poner fin a la discriminaciónestructural.El reconocimiento oficial de los sistemas de justicia indígenas reviste igual importancia.
El orador encomia al Estado parte sus esfuerzos para difundir la cultura indígena y crear un entorno favorable para el desarrollo de una sociedad multicultural.A este respecto, cabe destacar la adopción de legislación que consagra el derecho a vestirse según la forma tradicional para asistir al colegio, las medidas encaminadas a proteger la educación bilingüe y la formación para los cargos públicos y los representantes de la sociedad civil sobre cuestiones relacionadas con el multiculturalismo.
Por otra parte, el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas no se aplica en la práctica; las formas indígenas de organización social, los sistemas de justicia indígenas, la propiedad comunal de la tierra y la espiritualidad indígena no gozan de un reconocimiento generalizado.La creación de capacidad en las instituciones resulta crucial para superar las barreras lingüísticas que impiden el acceso de los pueblos indígenas a la justicia, a la atención sanitaria y a la educación.
El orador expresa su preocupación en torno al proyecto legislativo sobre consultas públicas, cuyas disposiciones, en caso de adoptarse, infringirán el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, tal y como establecen el Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos internacionales pertinentes.
El Sr. VALENCIA RODRÍGUEZ manifiesta que, si bien se han realizado esfuerzos considerables para reducir las tasas desproporcionadamente de analfabetismo de los pueblos indígenas, especialmente en el caso de las mujeres, se requieren más recursos técnicos, financieros y humanos para afrontar el problema de forma eficaz.Las actitudes racistas y discriminatorias hacen que los pueblos indígenas sean particularmente vulnerables a la exclusión económica, y las medidas adoptadas para luchar contra este problema han tenido un éxito limitado.Es necesario hacer más, y para ello es fundamental el apoyo internacional.
El acceso a los sistemas de justicia indígenas constituye uno de los requisitos clave para que los pueblos indígenas puedan disfrutar de sus derechos.La carencia de jueces e intérpretes competentes ha impedido el progreso a este respecto, por lo que es necesario adoptar urgentemente medidas encaminadas a solventar estas deficiencias.
Los conflictos sobre la tierra y la carencia de tierras ha llevado a miles de trabajadores a salir de sus comunidades en busca de oportunidades económicas en el extranjero.Además, el conflicto provocado por los esfuerzos del Gobierno para reducir el número de minifundios y las grandes plantaciones agrícolas (latifundios) ha causado inestabilidad socioeconómica, violencia y pobreza.Por consiguiente, la labor de la oficina designada por el organismo ejecutivo para la resolución de conflictos sobre la tierra (CONTIERRA) y del Fondo Nacional de la Tierra (FONTIERRA) resultan fundamentales, y el orador solicita más información sobre las medidas adoptadas al respecto.Es absolutamente necesario que se consulte a las poblaciones indígenas o que se les informe debidamente sobre las licencias mineras que afecten a su territorio.
Según la información disponible, los partidos políticos no han sido capaces de incluir a líderes indígenas entre sus filas y la representación proporcional de los pueblos indígenas constituye un objetivo lejano, por lo que son necesarios más esfuerzos en este sentido.El orador solicita información detallada sobre las enmiendas a la legislación relativa a las elecciones y los partidos políticos que se cita en el párrafo 92 del informe.
Se han adoptado diversas medidas legislativas y administrativas para garantizar el cumplimiento del artículo 4 de la Convención.En su próximo informe, el Estado parte debería proporcionar información adicional sobre la eficacia de dichas medidas.
El orador solicita más información sobre la situación, las funciones y los logros de la Oficina para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Indígenas y la CODISRA.La delegación debería describir las acciones emprendidas en respuesta a las 28 denuncias citadas en el párrafo 80 del informe, la conclusión del caso relativo a la Sra. Rigoberta Menchú, y las acciones emprendidas por la Fiscalía Especial para investigar los asuntos relativos a grupos ilegales y a fuerzas de seguridad clandestinas que se citan en el párrafo 91.Por otra parte, pregunta sobre los resultados logrados por las medidas jurídicas y administrativas para garantizar el cumplimiento de los artículos 1 a 3 de la Convención y solicita información específica sobre las medidas emprendidas para aplicar las disposiciones del artículo 5.En lo que respecta al artículo 6, el orador pide a la delegación que explique los procedimientos para obtener reparación por vía judicial y ofrezca información detallada sobre los casos llevados ante los tribunales.En relación con el artículo 7, son necesarios mayores esfuerzos para garantizar una educación realmente bilingüe y multicultural.
El Sr. PILLAI dice que las limitaciones más importantes con respecto a la aplicación de la Convención en Guatemala son las actitudes de la sociedad, la resistencia planteada por los grupos más poderosos y la escasez de recursos.Para mitigar el problema de la discriminación en Guatemala es necesario que se produzcan importantes cambios de actitud en las personas y cambios estructurales en la gobernanza.Solicita información sobre el tamaño de la población indígena, el alcance de la exclusión de los pueblos indígenas y una descripción clara de la estructura estatal y del sistema de justicia.
De acuerdo con el informe del Relator Especial sobre las formas contemporáneas del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y formas conexas de intolerancia en su misión a Guatemala (E/CN.4/2005/18/Add.2), no existe ninguna estrategia intelectual ni ética para luchar contra el racismo y la discriminación, y tampoco se tratan de analizar los orígenes ni las expresiones de racismo en el país.El sistema de valores dominantes de la sociedad guatemalteca tiende a marginar los valores tradicionales, culturales y espirituales de los pueblos indígenas y de las personas de ascendencia africana.En un informe de su misión a Guatemala (E/CN.4/2003/90/Add.2), el relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas destaca que, pese a que la inversión pública en educación ha aumentado desde la firma de los Acuerdos de Paz, las cifras de escolarización en zonas indígenas predominantemente rurales se sitúan claramente por debajo de las de las regiones con poblaciones no indígenas.El orador pregunta si en el programa de estudios de las escuelas de las regiones no indígenas se incluye formación sobre la tolerancia y la armonía racial.
Una de las consecuencias más nocivas de la conquista de Guatemala es que la mayoría de los indígenas fueron despojados de sus tierras.En un informe de su misión a Guatemala (E/CN.4/2006/44/Add.1), el relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación destaca que Guatemala es uno de los países con una mayor desigualdad en la distribución de los recursos.Su larga historia de desarrollo excluyente ha dejado a los indígenas sin tierras ni derecho a trabajar y sujetos a una discriminación racial dominante.De acuerdo con la información recibida por el Comité, menos del 3% de las mayores explotaciones del país acaparan aproximadamente dos tercios de la tierra cultivable del país, mientras que el 54% de las explotaciones cuentan con tan solo el 4% de la tierra cultivable total.Como consecuencia de esta situación, los conflictos sobre la propiedad de la tierra han sido un elemento común de la historia de Guatemala.El orador manifiesta su preocupación por el hecho de que, pese a los intentos para poner fin a tales conflictos, la situación se haya deteriorado y que dichos intentos hayan dado lugar a frecuentes despojos que han dejado sin nada a los agricultores, especialmente a los indígenas.
Existe un vínculo entre la tierra y los derechos culturales de los pueblos indígenas.El informe anteriormente citado (E/CN.4/2003/90/Add.2) hace referencia a la disolución de una comisión creada para debatir la reforma propuesta del artículo 66 de la Constitución y las normativas para la protección de centros ceremoniales en yacimientos arqueológicos.Aunque se han hecho algunos progresos en relación con la tolerancia de los rituales indígenas, siguen existiendo obstáculos y amenazas.Algunos miembros de la cúpula eclesiástica han impedido que se utilicen centros ceremoniales tradicionales en las proximidades de iglesias católicas y protestantes, mientras que algunos propietarios privados de tierra cultivable han impedido el acceso a los lugares sagrados situados dentro de sus propiedades.El orador expresa su inquietud por el hecho de que los conflictos surgidos de estos conflictos sean tratados por los representantes judiciales como cuestiones penales, lo que frecuentemente ocasiona estallidos de violencia,por lo que pide a la delegación que exponga sus comentarios al respecto.
La Sra. DAH acoge con beneplácito la franqueza mostrada en el 11º informe periódico en relación con las distintas medidas que se han tomado desde la guerra civil y que han causado la demora de 9 años en la presentación del informe.Pregunta qué grupos han participado en la redacción del informe.Pregunta también si el censo de 2002 se basó en la identificación automática y solicita las estadísticas oficiales sobre la composición étnica de la población.
Pide que se aclare si se ha incluido una definición de discriminación racial en el Código Penal.En caso contrario, tal definición debería figurar en el próximo informe periódico de Guatemala.Acoge con beneplácito los progresos realizados para proporcionar una reparación por vía judicial en los casos de presuntas violaciones del derecho de las personas a la igualdad y a no ser discriminadas.En su próximo informe, la delegación debería incluir información sobre los resultados de estos casos, incluidas las compensaciones concedidas a las víctimas.
Solicita información sobre una ley promulgada en 2005 en relación con el registro y la gestión de la tierra.Pregunta si se ha consultado a los indígenas durante la redacción del proyecto de ley, qué organismos son responsables del registro de la tierra y hasta qué punto los indígenas participan activamente en la gestión de dicho registro.Expresa su preocupación por el hecho de que las tasas de escolarización sean más bajas entre los pueblos indígenas y por que las mujeres indígenassufran una doble discriminación en los ámbitos de la educación, el empleo y la atención sanitaria.
La oradora pregunta si se ha formulado alguna ley o normativa para garantizar el acceso a los centros ceremoniales por parte de los guías espirituales mayas.Pregunta también qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno para corregir la ausencia de representación de la mujer y la representación flagrantemente insuficiente de los pueblos indígenas en el Congreso.Los pueblos indígenas también están escasamente representados en el gobierno local, donde, lógicamente, deberían tener una mayor representación, dado que forman una parte importante de la población.La participación de los pueblos indígenas en los organismos encargados de la toma de decisionesque afectan a sus intereses debería formar parte de las políticas sectoriales desarrolladas por el Gobierno.
El Sr. THORNBERRY elogia el tono autocrítico del 11º informe periódico de Guatemala e indica que constituye un primer paso hacia la resolución de los problemas planteados.Tras la larga guerra civil, es importante que Guatemala acometa un proceso de reconciliación que incluya el castigo a los autores de crímenes graves y la rehabilitación de las víctimas.Esos esfuerzos contribuirán a la construcción de un entorno nuevo y más saludable para Guatemala.
Pregunta cómo se aborda la historia reciente de Guatemala en los planes de estudios escolares y si esos planes de estudio toman en consideración los puntos de vista de los diversos segmentos de la sociedad, incluidas las poblaciones indígenas.Pregunta quién es el responsable de elaborar el programa de historia y en qué medida se ha ofrecido la oportunidad a los diversos sectores de la población de contribuir a su contenido.
Solicita información sobre los efectos que ha tenido en Guatemala la ratificación del Convenio 169 de la OIT y sobre las dificultades que se han experimentado a la hora de aplicarlo.La recomendación general XXIII del Comité sobre pueblos indígenas contiene orientaciones útiles y el Gobierno debería tenerla en cuenta junto con el Convenio 169 de la OIT.
Pregunta si existe un registro público que identifique las tierras comunales de los indígenas.Le gustaría saber en qué medida se reconoce el derecho consuetudinario indígena en el sistema judicial y en el sistema de propiedad de la tierra.Destaca que los párrafos 5, 16, 30 y 36 de la recomendación general XXXI del Comité sobre la prevención de la discriminación racial en la administración y en el funcionamiento del sistema de justicia penal resultan especialmente pertinentes para la situación de Guatemala.Solicita más información sobre el pueblo garifuna de Guatemala y pregunta si su historia y cultura aparecen recogidas en el plan de estudios escolar.
La delegación debe aclarar la información ofrecida en el párrafo 82 del 11º informe periódico, que parece errónea.El orador indica que se han producido muchos avances en Guatemala en términos de legislación, proyectos y programas nuevos, pero señala que la clave para un verdadero progreso en la lucha contra la discriminación racial es la aplicación eficaz de esos instrumentos y de la Convención.
El Sr. AMIR afirma que resulta difícil entender cómo se ha instaurado en Guatemala una pobreza tan generalizada entre sus habitantes y, especialmente, entre la población indígena y las personas de ascendencia africana, que todavía viven en condiciones de cuasiesclavitud y son víctimas de racismo.La expropiación de tierras de pequeños propietarios, la mayoría indígenas, se puede interpretar en última instancia como el resultado de la ausencia de reconocimiento de estos pueblos.Para evitar una revolución social y la guerra, el diálogo y la negociación resultan fundamentales para superar estas injusticias.En lugar de debatir sobre aspectos concretos en los que Guatemala no ha logrado aplicar la Convención, prefiere recordar la extrema importancia del artículo 1 de la Convención.
El Sr. KJAERUM pregunta en qué medida ha participado el Gobierno en la elaboración del informe.Sería interesante saber si el enfoque autocrítico que en él se refleja lo comparten también las instituciones estatales o si indica más bien la actitud predominante en la CODISRA.Puesto que los ministerios y las instituciones gubernamentales serán los responsables de la aplicación de las recomendaciones del Comité, la delegación debe indicar qué procedimientos se van a utilizar para comunicar las observaciones finales del Comité a esos organismos y para garantizar que las pongan en práctica.
Pregunta si el Estado parte ha adoptado medidas para aplicar las sugerencias realizadas en el Programa de Acción de Durban en relación con el aumento de la concienciación pública sobre la discriminación y el cambio a una cultura de no discriminación y mayor respeto de la igualdad.En caso contrario, ¿se han puesto en marcha otras estrategias con similares objetivos?
El Estado informante debe consultar la recomendación general XXV del Comité sobre los aspectos de la discriminación racial relacionados con el género e indicar si se ha elaborado una estrategia a largo plazo para abordar la doble discriminación que sufren las mujeres indígenas.
No está claro el significado del término “medidas alternativas” en el párrafo 85 del informe.
El Sr. TANG Chengyuan pregunta si la legislación existente, que penaliza la discriminación racial en los medios de comunicación, es suficiente y si esa legislación se aplica de forma eficaz.Solicita más información sobre cómo han gestionado las autoridades competentes las 28 denuncias de discriminación racial que se les han remitido para su enjuiciamiento penal.
El Sr. SHAHI pregunta en qué medida el Estado parte ha cumplido con la disposición de la Convención sobre la difusión de su contenido, puesto que el conocimiento que tiene el público de este instrumento parece ser mínimo.
No se entiende por qué las autoridades desprecian supuestamente el sistema del pueblo maya para la resolución de conflictos, especialmente cuando no existe ninguna política destinada a facilitar a los indígenas el acceso a la justicia.A este respecto, el poder judicial debe tomar medidas para capacitar a intérpretes en las zonas en las que resida un gran número de indígenas.
Se dice que el Estado parte ha infringido el Convenio 169 de la OIT, especialmente al denegar la validez del referéndum realizado en el municipio de Sipacapa, el cual ha expresado su oposición a las actividades mineras de la empresa Montana Exploradora.Sería útil saber qué medidas prevé adoptar el Gobierno a este respecto.
El Estado parte debe tomar medidas para fortalecer el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, especialmente de las mujeres.Concretamente, el Gobierno debe garantizar su derecho a la vida, a la alimentación y al trabajo.También se deben mantener los derechos de los pueblos indígenas a discrepar, a organizarse y a manifestarse; el Estado informante debe mostrarse precavido a la hora de criminalizar las luchas sociales.Se debe crear un órgano autónomo con competencia para adoptar una estrategia de actuación con respecto a los problemas prioritarios a los que se enfrentan los pueblos indígenas.
Se deben revisar las asignaciones presupuestarias a los organismos que luchan contra el racismo y elaborar una política que permita que todos los órganos relevantes adopten una estrategia coherente y coordinada.El Estado parte también debe promover acciones afirmativas en espacios públicos y privados para garantizar que la lucha contra el racismo y la discriminación cale en todos los sectores de la sociedad.Hay que volver a introducir la educación intercultural bilingüe para que la educación de los niños indígenas no se vea interrumpida en el cuarto curso.
El Sr. YUTZIS pregunta por qué el resultado del referéndum de 1999 sobre el paquete de 50 enmiendas constitucionales fue negativo.No comprende por qué la actual legislación no se ha ampliado para abarcar la discriminación racial y étnica, especialmente contra los indígenas.Sería útil conocer de forma detallada cuáles son los obstáculos que impiden una reforma legislativa en este sentido.
Pregunta qué porcentaje del producto interno bruto se ha asignado a la lucha contra la pobreza entre los sectores más vulnerables de la sociedad.
El Sr. LINDGREN ALVES elogia a la delegación por el informe y por su voluntad de reconocer los problemas de discriminación racial a los que en la actualidad se enfrentan muchas personas en Guatemala.Sin embargo, resulta difícil encontrar una solución a los problemas que afrontan muchas comunidades de los países en desarrollo sin abordar el actual sistema capitalista que se ha impuesto prácticamente en todo el mundo.
El Sr. CAJAS MEJÍA (Guatemala) manifiesta que el informe se ha elaborado en colaboración con el Gobierno y que se ha difundido ampliamente en su país.Aunque la CODISRA es un órgano permanente, el mandato de sus miembros es de cuatro años.
Se levanta la sesión a las 18.00 horas.
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