Comité de Derechos Humanos 100º período de sesiones

Acta resumida de la 2754ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el lunes 18 de octubre de 2010, a las 15.00 horas

Presidente:Sr. Iwasawa

Sumario

(continuación)

Quinto informe periódico de Hungría

Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas.

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud delartículo 40 del Pacto (continuación) (CCPR/C/HUN/5; CCPR/C/HUN/Q/5/CRP.2; CCPR/C/HUN/Q/5/Add.1)

Quinto informe periódico de Hungría

Por invitación del Presidente, los miembros de la delegación de Hungría toman asiento a la mesa del Comité.

2.El Sr. Székely (Hungría) presenta el quinto informe periódico de su país y dice que el Gobierno está haciendo frente al mayor desastre ecológico de su historia, provocado por el derrame de desechos tóxicos de una cisterna en una fábrica de aluminio.

3.En los ocho años transcurridos desde que Hungría se presentó por última vez ante el Comité, el país ha estado gobernado por una administración socialista. Esto significa que el informe abarca principalmente un período cuyas actividades tuvieron lugar con una administración diferente de la actual. Como consecuencia de las últimas elecciones celebradas en 2010, una nueva coalición política entre dos partidos (FIDESZ y KDNP) obtuvo una mayoría de más de dos tercios en el Parlamento. En virtud de la Constitución húngara, esa mayoría parlamentaria permite modificar cualquier ley o incluso la propia Constitución. Hungría ha iniciado recientemente un proceso de preparación de una nueva constitución con el objetivo de reforzar la protección de los derechos humanos.

4.Entre los esfuerzos recientes del Gobierno para combatir la discriminación y el racismo cabe mencionar la investigación penal sobre una serie de asesinatos de personas de origen romaní en 2008 y 2009, y la disolución permanente de una organización de extrema derecha llamada "Magyar Gárda" ("Guardia Húngara"). El derecho penal prevé que toda persona que participe en la incitación al odio contra un grupo nacional, étnico, racial, religioso o de otro tipo puede ser sancionada con una pena de prisión de un máximo de tres años. El Ministerio de Administración Pública y Justicia está encargado de la formulación de una política para la integración social de los romaníes y para coordinar la ejecución del programa del Gobierno destinado a promover la integración social. A tal fin, se ha creado en el Ministerio una Subsecretaría de Estado para la Integración Social. Además, en agosto de 2010 se estableció un Comité interministerial para la integración social y cuestiones relacionadas con los romaníes, a fin de coordinar y facilitar las actividades de varios ministerios relativas a los asuntos romaníes.

5.Con posterioridad a la presentación del anterior informe, ha tenido lugar el ingreso de Hungría en la Unión Europea (UE), con la consiguiente adopción de un sólido marco de políticas de derechos humanos. En el primer semestre de 2011, Hungría asumirá la presidencia rotatoria del Consejo de la UE. Se espera que la preservación de la diversidad del patrimonio cultural común de Europa y la integración de las comunidades romaníes se encuentren entre las principales prioridades de la nueva presidencia.

6.La igualdad de oportunidades en la educación y la no discriminación son importantes objetivos del nuevo Gobierno. El Gobierno proyecta preparar nuevos programas a fin de mejorar los métodos de enseñanza, aumentar el número de guarderías y facilitar un mayor acceso a una educación de calidad.

7.Desde su elección como miembro del Consejo de Derechos Humanos en 2009, Hungría ha participado activamente en los períodos de sesiones del Consejo, siendo por ejemplo el principal patrocinador de dos importantes resoluciones sobre derechos humanos, relativas a la cooperación con los mecanismos y órganos de las Naciones Unidas y a la independencia de los abogados y jueces.

8.Con miras al próximo EPU de Hungría, que tendrá lugar en mayo de 2011, el Gobierno inició los preparativos del informe nacional del país. Es probable que la migración, los derechos civiles y políticos, y los derechos del niño sean los principales temas de ese examen.

9.En 2008, Hungría organizó una serie de conferencias anuales en el marco del Foro de Derechos Humanos de Budapest, donde expertos de las Naciones Unidas, diplomáticos, activistas de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales (ONG) se reunieron para debatir los temas que se examinan en el contexto del EPU, así como la prevención del genocidio, el acceso al agua y los derechos del niño. A este respecto, el Gobierno del Sr. Székelyha puesto en marcha una iniciativa para establecer un centro de prevención internacional del genocidio y las atrocidades masivas con objeto de contribuir a la promoción internacional de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Después de dos años de trabajos preparatorios, el centro se inaugurará durante el Tercer Foro de Derechos Humanos de Budapest, y evidentemente durante el diálogo actual entre Hungría y el Comité de Derechos Humanos.

10.El Presidente, observando que las respuestas por escrito solo están en inglés, invita a la delegación a que resuma brevemente sus respuestas a las preguntas 1 a 18 de la lista de cuestiones, en beneficio de los miembros del Comité que no trabajan en este idioma. La delegación también debería proporcionar las respuestas a las preguntas a las que el Gobierno aún no ha respondido.

11.El Sr. Csuhány (Hungría), en respuesta a la pregunta 1 de la lista de cuestiones, dice que la Constitución establece la elección por el Parlamento de comisionados parlamentarios, o defensores del pueblo, que se encargan de la protección de los derechos civiles y de los derechos de las minorías nacionales y étnicas. Se prevé también la elección de comisionados parlamentarios especiales para la protección de datos y los derechos de las generaciones futuras, encargándose estos últimos de las cuestiones de protección del medio ambiente. El grupo de comisionados parlamentarios puede considerarse una institución nacional consolidada de derechos humanos, dado que sus facultades están en consonancia con las prescripciones de los Principios de París. Por ejemplo, el Comisionado Parlamentario para los Derechos Civiles está autorizado a llevar a cabo investigaciones, entrar en los locales de los órganos y autoridades objeto de examen y tener acceso a los documentos en posesión de otros órganos. Si el Comisionado llega a la conclusión de que ha habido una violación de un derecho fundamental, podrá recomendar una solución a la propia autoridad o a la autoridad de supervisión.

12.El Comisionado también tiene derecho a incoar procedimientos ante el Tribunal Constitucional de Hungría. Sobre la base de la iniciativa del Comisionado, el Tribunal tiene competencia para velar por la compatibilidad de la legislación interna con la Constitución y con los tratados internacionales ratificados por Hungría. Cuando se considera que la vulneración de un derecho fundamental se debe a la falta de la legislación pertinente, el Comisionado puede proponer al órgano legislativo competente que amplíe, modifique o revoque la ley, el reglamento o el decreto en cuestión. El Comisionado debe presentar al Parlamento un informe anual sobre sus actividades, incluidos los casos en que los órganos competentes han desestimado sus recomendaciones. Si el Comisionado considera que una violación de los derechos humanos es particularmente grave o afecta a un amplio grupo de personas, podrá someter la cuestión al Parlamento para que la incluya en su orden del día y la examine.

13.El presupuesto de los comisionados del Parlamento se considera un capítulo separado del presupuesto del Estado; en 2010, aquel ascendió a 5.870.000 euros aproximadamente, lo que representa una leve disminución con respecto a 2008, debido a los efectos de la crisis financiera mundial.

14.En respuesta a la pregunta 2 de la lista de cuestiones, el orador dice que Hungría no prevé llevar a cabo una revisión del ámbito de aplicación de la Ley de igualdad de trato, ya que el Gobierno considera que es suficientemente amplio. Además, dicha ley regula los actos y las omisiones de todos los actores públicos pertinentes en el campo de actividad de que se trate, y se aplica también a una serie de actores privados. Entre las personas que tienen la obligación de observar el principio de igualdad de trato cabe mencionar las que ofrecen contratos y las que invitan a licitar; las que prestan servicios o venden mercancías en locales abiertos al público; las personas que trabajan por cuenta propia, las personas jurídicas y las organizaciones que carecen de estatus jurídico y reciben subvenciones del Estado, y los empleadores.

15.El número de casos sometidos al Organismo de Igualdad de Trato ha aumentado constantemente en los últimos años, pasándose de 491 casos en 2005 a más de 1.000 en 2008 y 2009. El número de constataciones de violación de la ley también ha aumentado de forma significativa, de 9 en 2005 a 48 en 2009.

16.La plantilla de personal del Organismo de Igualdad de Trato es inferior a la necesaria para desempeñar adecuadamente las funciones propias de su mandato, habida cuenta de que va en aumento el número de denuncias recibidas. En junio de 2010 el Organismo contaba con 20 funcionarios, de los cuales 9 eran oficiales jurídicos encargados de llevar a cabo las investigaciones. El presupuesto del Organismo en 2010 ascendió aproximadamente a 750.000 euros.

17.La Sra. Elek (Hungría), en respuesta a la pregunta 3, dice que el Código Penal no define específicamente el delito de odio, pero contiene disposiciones relativas a varios delitos relacionados con el delito de odio, en particular el genocidio, la violencia contra miembros de una comunidad y el apartheid. En 2010 el Parlamento aprobó una enmienda al Código Penal que tipificaba como delito la negación pública del holocausto.

18.En 2009, el Tribunal Superior de Apelación de Budapest ordenó la disolución de la organización derechista "Magyar Gárda" ("Guardia Húngara"), que al poco se reestructuró bajo la denominación de "Nueva Guardia Húngara". El Gobierno reaccionó con rapidez y promulgó una nueva legislación que prevé el enjuiciamiento de las personas que participan en actividades de organizaciones civiles prohibidas. Si son declaradas culpables, esas personas podrán ser sancionadas con penas pecuniarias o de prisión. El Parlamento ha previsto penas más severas para el delito de abuso de la libertad de asociación.

19.El Sr. Ligeti (Hungría) añade que la policía y otros organismos de orden público reciben cada año unos 24 informes sobre delitos de odio y otros actos de violencia extremista relacionados con el odio. No obstante, como el Tribunal Constitucional otorga mucha importancia a la libertad de expresión, muy pocas de esas denuncias dan lugar a procesamientos; en los últimos 15 años solamente ha tenido lugar un juicio por incitación al odio. Sin embargo, la policía y otros organismos de orden público combaten vigorosamente los delitos de odio, y la Oficina Nacional de Investigación ha establecido grupos de trabajo especiales para luchar contra el extremismo. Teniendo en cuenta la continua reactivación de la "Magyar Gárda", la policía recibió instrucciones para que diera prioridad a la lucha contra esos grupos.

20.La Sra. Izsák (Hungría), en respuesta a la pregunta 4, dice que su país tiene una larga tradición de atención a los derechos de los romaníes, y va a la vanguardia en la concepción de estrategias de colaboración con la comunidad romaní en Europa Central y Oriental. Hungría ha desempeñado una función crucial en el Decenio de la Inclusión Romaní y ha promovido la integración de los romaníes durante el período en que presidió el Grupo de Visegrad. En 2011, Hungría incluirá en el orden del día de la UE una estrategia europea de integración de los romaníes. No obstante, su Gobierno es consciente de los problemas que continúa afrontando la comunidad romaní en numerosos ámbitos, en particular la vivienda y la educación, y ha asegurado que se están adoptando medidas para resolverlos en su integridad. El Gobierno es consciente de los problemas planteados por el recuento de la población romaní y la evaluación de los proyectos ejecutados. En el período comprendido entre 1996 y 2006, unos 120.000 millones de forint se han dedicado a la integración de los romaníes.

21.En respuesta a la pregunta 5, la oradora señala que en general su Gobierno prefiere no interferir en los medios de comunicación para respetar su libertad y la libertad de expresión. Sin embargo, en este terreno se han registrado avances, como la prohibición de programas de entrevistas en los que se da una imagen negativa de la minoría romaní. La televisión pública nacional de Hungría ha puesto en marcha un programa de formación de romaníes. Muchos de los graduados de ese programa se han incorporado a equipos de radio y televisión nacionales, y están incluyendo cuestiones relativas a los romaníes en las emisiones de mayor audiencia. Además, en la nueva Junta de la Administración Pública del Consejo de Medios de Comunicación se ha reservado un lugar para un miembro de una minoría nacional, lo que brindaría a los representantes de las minorías la oportunidad de influir en los medios de comunicación.

22.El Sr. Ligeti (Hungría), refiriéndose a la pregunta 6, dice que el Gobierno siempre ha otorgado mucha importancia a los servicios y a los programas de integración de los refugiados y otros beneficiarios de la protección internacional. Las últimas modificaciones legislativas sobre la vigilancia de extranjeros y la migración contienen disposiciones destinadas a mejorar el acceso de los beneficiarios de la protección internacional a recursos jurídicos, en particular mediante el aumento del número de tribunales competentes (de uno a seis) para conocer de los casos relativos a los refugiados y la vigilancia de extranjeros.

23.La Sra. Makár (Hungría) responde a la pregunta 7 y dice que, en 2010, su Gobierno adoptó la Estrategia nacional para la promoción de la igualdad de género, cuyas prioridades a largo plazo se describen brevemente en el párrafo 58 del quinto informe periódico. Desde el fracaso en 2007 de un proyecto de ley destinado a establecer un sistema de cuotas para aumentar el número de mujeres en el Parlamento, el Gobierno ha tomado disposiciones para sensibilizar al público respecto del sistema de cuotas y la necesidad de que haya más mujeres que se dediquen a la política.

24.En cuanto a la pregunta 8, la oradora dice que, si bien la violencia doméstica no está específicamente tipificada como delito, el Código Penal contempla casi 30 delitos que se refieren a esta clase de violencia. Existe una línea telefónica gratuita para todas las mujeres víctimas de violencia, a las que se pone en contacto con una red nacional de gestión de crisis que administra 11 centros de acogida. Las víctimas pueden permanecer 30 días en los centros de acogida, prorrogables hasta 60 días en caso necesario. Durante su estancia en los centros de acogida las mujeres reciben asistencia de diversa índole, y después pueden alojarse en apartamentos durante otros cinco años en el marco del llamado "programa de transición hacia la salida".

25.En respuesta a la pregunta 9, la oradora dice que la Ley de atención de la salud prevé la posibilidad de llevar a cabo esterilizaciones de urgencia con el consentimiento informado de la mujer. Se ha notificado oficialmente un caso de una esterilización de urgencia llevada a cabo sin ese consentimiento. El Gobierno ha asegurado que la víctima recibió una indemnización adecuada y que se tomaron todas las medidas necesarias para prevenir situaciones similares en el futuro.

26.La Sra. Elek (Hungría), en respuesta a la pregunta 10, dice que el Código Penal contiene una definición exhaustiva del delito de terrorismo, que comprende la financiación del terrorismo y los preparativos o la amenaza de actos de terrorismo. Este delito está sancionado con penas de prisión de 10 a 20 años o con cadena perpetua.

27.El Sr. Ligeti (Hungría) dice que, si bien en Hungría nunca se han cometido actos de terrorismo a gran escala, la policía atribuye la máxima prioridad a las actividades de lucha contra el terrorismo. La primera organización terrorista húngara se constituyó el año pasado; se ha decretado la prisión provisional de sus miembros que, en la actualidad, se encuentran a la espera de juicio. El nuevo Gobierno ha establecido una unidad de lucha contra el terrorismo en la policía, que desempeña la actividad policial ordinaria y lleva a cabo también operaciones encubiertas.

28.En cuanto a la pregunta 11, el orador dice que el Código Penal contempla el delito de malos tratos a las personas por agentes del orden, durante la detención o en otros lugares, y se han dado varios casos de funcionarios juzgados y condenados. La grabación en vídeo de los interrogatorios de sospechosos no es obligatoria. Algunos casos en los que los presuntos autores de los malos tratos eran agentes de policía no fueron investigados por la policía sino por el fiscal.

29.En respuesta a la pregunta 13, el orador dice que, como no existen estadísticas oficiales de la población romaní, es imposible hacer una lista de las medidas adoptadas para reducir los casos de malos tratos a miembros de la minoría romaní por la policía. Sin embargo, se han tomado disposiciones para erradicar los prejuicios contra los romaníes por parte de la policía, de otros agentes del orden y de los funcionarios de prisiones.

30.En referencia a la pregunta 14, el orador observa que la detención de corta duración (hasta un máximo de diez horas) continúa siendo legal. En este período de tiempo se adoptan medidas para determinar si hay que actuar por la vía penal o por la administrativa. Si las personas que han estado detenidas durante el plazo mencionado pasan a disposición judicial el tiempo que hayan estado detenidos se deduce del plazo máximo de 72 horas de la detención penal.

31.En respuesta a la pregunta 15, el orador dice que a las personas detenidas en prisión provisional se les garantiza el ejercicio de todos los derechos previstos en el Código de Procedimiento Penal para los detenidos, como el derecho a ponerse en contacto con un abogado. El encuentro con el abogado se lleva a cabo en un lugar desprovisto de dispositivos de grabación, a menos que existan motivos para pensar que el abogado y el sospechoso planean cometer un delito o evitar que se determine la responsabilidad penal del sospechoso. Los presos tienen derecho a establecer contacto con sus parientes o con otras personas externas al centro penitenciario. Los funcionarios de prisiones tienen la obligación de registrar todos los datos personales de los visitantes del centro penitenciario, para lo cual se requiere el consentimiento por escrito de estos últimos con arreglo a la legislación sobre gestión de datos personales. Existen mecanismos para que los detenidos puedan presentar denuncias por la violación de sus derechos.

32.En respuesta a la pregunta 16, el orador dice que los extranjeros que entran o permanecen ilegalmente en Hungría son detenidos como medida previa a su retorno, devolución o, como último recurso, su expulsión. Esta detención está sujeta a revisión judicial por seis tribunales de todo el país.

33.En respuesta a la pregunta 17, el orador dice que el hacinamiento en los centros de detención se ha reducido de un 140% aproximadamente a menos del 120%, gracias a la apertura de dos nuevos centros. Otros dos centros penitenciarios debían comenzar a funcionar en octubre de 2010.

34.En cuanto a la pregunta 18, el orador dice que los delincuentes que presentan síntomas de perturbación mental permanecen recluidos en instituciones psiquiátricas cerradas, que son centros penitenciarios aunque se les aplica el régimen jurídico de las instituciones de salud.

35.El Sr. O'Flaherty expresa su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Hungría por el reciente desastre del vertido tóxico, que ha tenido importantes repercusiones en los derechos humanos. Es lamentable que el Gobierno de Hungría haya respondido exhaustivamente a unas pocas preguntas del Comité, mientras que otras han recibido respuestas escuetas o no han sido respondidas. La falta de información del Estado parte ha dificultado los preparativos del Comité para entablar el diálogo con la delegación.

36.En cuanto a la pregunta 1 de la lista de cuestiones, el orador dice que el Comité agradecería recibir estadísticas desglosadas de las asignaciones presupuestarias a instituciones nacionales de derechos humanos. En particular, desea saber cuáles son los recursos presupuestarios asignados al Comisionado Parlamentario para los Derechos Civiles y al Comisionado Parlamentario para los Derechos de las Minorías Nacionales y Étnicas. Pregunta cómo se comunican esos comisionados acerca de las cuestiones de fondo. Pregunta si es cierto que el primer Comisionado no trata cuestiones relativas a los romaníes porque esa responsabilidad incumbe al segundo de los comisionados mencionados. La delegación declaró que las instituciones de derechos humanos de Hungría son compatibles con los Principios de París. Por lo tanto, el orador desea saber por qué Hungría no ha solicitado la acreditación de sus instituciones en el marco de las Naciones Unidas. Pregunta en qué sentido estas instituciones pueden considerarse compatibles con los Principios de París si no existe disposición alguna para la supervisión de los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Considera el Estado parte la posibilidad de establecer una única institución nacional consolidada de derechos humanos? El orador acoge con satisfacción la designación del Comisionado de las Generaciones Futuras, que es una iniciativa de largo alcance.

37.El Estado parte no ha proporcionado respuestas escritas a la pregunta 3 a), c) y d) de la lista de cuestiones. El orador desea saber si el Gobierno cumple sus obligaciones en virtud del Pacto y de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, siendo así que el Gobierno considera que el desglose de datos por raza y origen étnico es una violación de la privacidad. El Comité ha recibido información de fuentes no gubernamentales sobre 48 ataques contra miembros de la comunidad romaní en los últimos dos años. Pregunta qué se está haciendo para resolver este problema y dice que es lamentable que el Comité reciba información sobre esos ataques de ONG y no del Estado parte. Este último informó al Comité de que no pudieron acopiarse datos sobre la investigación, el enjuiciamiento y la sanción de los violentos ataques perpetrados contra romaníes, ya que ello hubiera acarreado una carga de trabajo inmanejable para la Fiscalía. Aunque el Comité reconoce la necesidad de dar prioridad a las cuestiones que está examinando la administración, la violencia contra los romaníes es un problema especialmente grave. El orador pide más información sobre la política de integración de los romaníes, que espera permitirá garantizar el respeto de los derechos de los romaníes a tenor del artículo 27 del Pacto. Pregunta en qué medida el Gobierno de Hungría está considerando la posibilidad de seguir el ejemplo reciente de Macedonia, que ha incluido referencias concretas a los derechos de los romaníes en su nueva Constitución.

38.En cuanto a la pregunta 4 de la lista de cuestiones, que se refiere también a la situación de los romaníes, el orador dice que las respuestas escritas del Estado parte mencionan únicamente actividades generales para superar la exclusión social en muy pocos sectores: desarrollo urbano, escuelas y deportes y ocio. El Comité desea saber qué medidas se han adoptado en los sectores del empleo, la salud, la asistencia social y la vivienda. El orador señala las conclusiones de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia en materia de empleo, y el informe de la Experta Independiente de las Naciones Unidas sobre cuestiones de las minorías.

39.Con respecto a la pregunta del Comité sobre la lucha contra la imagen negativa de la minoría romaní en los medios de comunicación, es preocupante la declaración de la delegación que afirma que el Estado parte se muestra reacio a imponer restricciones a los medios de comunicación para proteger la libertad de expresión, ya que debe quedar un margen para la protección de las minorías dentro de los límites de la libertad de expresión. El Comité acoge con satisfacción la idea de hablar del empleo de los romaníes en los medios de comunicación.

40.La pregunta 9 sobre las esterilizaciones forzadas no ha recibido una respuesta escrita, pero el Comité observa con agrado que la delegación ha asegurado que la situación se ha rectificado, y que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) está satisfecho por el desenlace de la causa A.W. c. Hungría. En dicha causa, el CEDAW invitó a Hungría a considerar la posibilidad de modificar la disposición de la Ley de salud pública que, en determinadas circunstancias, confiere a un médico el derecho a practicar una esterilización sin atenerse al procedimiento de información generalmente previsto. El orador pregunta si el Estado parte ha respondido a esa invitación. El CEDAW recomendó también al Gobierno que vigilara las clínicas públicas y privadas en las que se practican esterilizaciones para asegurarse de que los pacientes otorgan su consentimiento plenamente informado antes de que se lleve a cabo la esterilización, y que se impusieran sanciones en caso de infracción. Pregunta si se ha puesto en marcha ese sistema de vigilancia y de qué forma se imponen y regulan las eventuales sanciones.

41.En cuanto a la pregunta 13 relativa a la violencia policial contra los romaníes y a las actividades de formación de los agentes del orden en materia de derechos humanos, el orador dice que la respuesta escrita carece de información concreta. Por lo tanto, pide información pormenorizada sobre las actividades de formación de los agentes del orden, especialmente las medidas adoptadas para superar los prejuicios y promover los derechos de las minorías.

42.La Sra. Keller dice que el número de casos planteados al Organismo para la Igualdad de Trato se ha más que duplicado en los últimos años y, por ende, desea saber si la plantilla del Organismo se ha incrementado en consecuencia. La oradora pregunta si el Estado parte tiene la intención de aumentar el presupuesto del Organismo para atender al aumento de trabajo previsto. Se informó al Comité de que el primer Presidente del Organismo fue destituido el 15 de septiembre de 2010, poco después de la formación del nuevo Gobierno y en virtud de las facultades del Primer Ministro para designar o destituir a ese funcionario en todo momento y sin justificación alguna. La oradora pregunta de qué manera el Estado parte revisará la reglamentación jurídica de esas facultades para garantizar la independencia del Organismo.

43.También se informó al Comité de que, a partir de octubre de 2009, el Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo fue investido de la facultad de revocar las decisiones del Organismo para la Igualdad de Trato. La oradora desea saber si el Estado parte tiene el propósito de tomar medidas para que los miembros del poder ejecutivo no estén en condiciones de modificar las decisiones del Organismo. Pregunta si se están tomando medidas para sensibilizar a la población respecto de la Ley de igualdad de trato y las vías existentes para que el público en general y los grupos minoritarios en particular puedan enmendarla.

44.En cuanto a la pregunta 6, la oradora dice que el Estado parte no ha podido proporcionar información sobre una estrategia de integración para los refugiados. Pide detalles sobre la composición y el mandato del órgano establecido por el Ministerio de Justicia y Orden Público para mejorar la integración.

45.Con respecto a la desigualdad de género (pregunta 7), la oradora dice que a este respecto Hungría va a la zaga de otros países como Albania, Bolivia, Brunei Darussalam y Gambia. El Comité agradecería recibir información sobre las medidas adoptadas o previstas para poner fin a las discriminaciones contra la mujer, en particular en la comunidad romaní.

46.El Código Penal húngaro no contiene definiciones específicas de la violencia doméstica o la violación conyugal, lo que dificulta especialmente la recogida de datos sobre casos de violencia doméstica. No obstante, esa información debe proporcionarse al Comité para que pueda efectuar una evaluación justa de la situación en el Estado parte. En consecuencia, la oradora desea saber cuántos de estos casos se han notificado durante el período que abarca el informe, cuántos juicios se han celebrado y cuántas sentencias condenatorias se han dictado. Solicita información sobre la competencia y el mandato de la recientemente establecida unidad de lucha contra el terrorismo, y sobre si esta última coopera con los servicios secretos. Los artículos 16 y 17 del Código Penal definen el delito en grado de tentativa, y sus disposiciones se aplican al terrorismo. Habida cuenta de que las sanciones que puedan imponerse por la comisión de un acto de terrorismo en grado de tentativa son más severas que las que se imponen por preparar ese tipo de actos, la oradora pregunta cuáles son las definiciones jurídicas de los términos "intentar" y "preparar".

47.En lo tocante a la pregunta 18 de la lista de cuestiones, la oradora pide más información sobre el proceso de revisión judicial a disposición de una persona que va a ser sometida a un tratamiento psiquiátrico temporal y obligatorio.

48.El Sr. Salvioli observa que el Estado parte no ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que es sumamente importante. El Comité contra la Tortura ha hecho recomendaciones al Estado parte sobre las medidas que se han de adoptar para prevenir y sancionar la tortura, ya que son pocos los casos de tortura o malos tratos que se han investigado adecuadamente y se han dictado muy pocas sentencias condenatorias. El Estado parte insiste en que se han dictado resoluciones y sentencias y se han celebrado juicios contra los autores de malos tratos y torturas, pero las estadísticas oficiales facilitadas por la Fiscalía muestran un desequilibrio: se tramitó más del 90% de los casos de violencia contra agentes de policía o funcionarios públicos, mientras que es menos probable que se tomen medidas respecto de los informes de malos tratos por agentes de policía o funcionarios públicos. Durante las protestas que tuvieron lugar en Budapest en 2006, de las 200 denuncias presentadas contra la policía, 164 fueron archivadas, 24 se encontraban en espera de tramitación y solo 2 concluyeron con una sentencia condenatoria. El orador pregunta cómo garantiza el Estado parte que sea un médico independiente y no un médico del centro penitenciario el que dé seguimiento a los informes de denuncias de malos tratos en los centros de detención.

49.El Sr. Thelin dice que, en su condición de Estado miembro de la UE, Hungría ha perfeccionado su red de derechos humanos, pese a lo cual el Comité ha sido informado de que se considera a Budapest la capital europea del antisemitismo. La pregunta 14 de la lista de cuestiones no ha tenido respuesta. Tampoco es evidente la base jurídica de la detención de corta duración, y el orador solicita una aclaración al respecto. Desea saber cuándo se procederá a la determinación del fundamento jurídico adecuado de la detención de corta duración. Con respecto a la detención provisional, se ha informado al Comité de que en la actualidad 4.578 personas se encuentran en prisión provisional, y que la cifra va en aumento. Pregunta qué se está haciendo para reducir la duración media de la prisión provisional, que puede prorrogarse hasta un máximo de tres años. Desea saber qué alternativas a la prisión provisional se están utilizando, y si la duración de la prisión provisional se deduce obligatoriamente de la pena de prisión impuesta en la sentencia, o si esa deducción depende de una decisión discrecional del juez. Pregunta si se indemniza a los detenidos cuya prisión provisional ha durado más que la pena impuesta en la sentencia definitiva.

50.En cuanto a la pregunta 15, dice que el Comité ha recibido información de ONG sobre el hecho de que los abogados asignados a sospechosos durante las etapas iniciales de una investigación judicial actúan en connivencia con la policía. Entiende que, en realidad, los abogados son asignados por la policía, tal vez con el apoyo del fiscal, y no por los tribunales. Cuando se revisó el cuarto informe periódico del Estado parte, el Colegio de Abogados de Hungría formuló reservas similares respecto del sistema de abogados de oficio. Al parecer, los mismos abogados son reacios a aceptar tales asignaciones, ya que, en esos casos, se considera que actúan en nombre del Estado. El orador pregunta si ha mejorado la calidad del servicio que prestan los abogados de oficio. En la respuesta escrita a la pregunta 15 se mencionan tanto el representante legal obligatorio como el abogado de oficio previsto por la ley. La distinción entre ambos no está clara.

51.Con respecto a la pregunta 17, el Estado parte afirma que han mejorado en cierta medida las condiciones de detención de los extranjeros arrestados al entrar en el país. El Comité de Helsinki húngaro no está de acuerdo. El orador pide información adicional sobre el derecho de esas personas a un tratamiento médico y a ver satisfechas sus necesidades básicas.

52.El Comité desearía saber cuáles son los planes a largo plazo del Gobierno para resolver el problema del hacinamiento en los centros penitenciarios. A pesar de que el hacinamiento ha disminuido de un 135% a un 120%, esta cifra sigue siendo demasiado elevada. Habría que emprender acciones más vigorosas para ofrecer alternativas al encarcelamiento, como la vigilancia electrónica, y regímenes de libertad condicional más amplios. En este contexto, la pena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y el sistema de condenar a cadena perpetua a quien haya sido condenado previamente por la comisión de tres delitos graves ("three strikes and you're out") son medidas contraproducentes.

53.El Sr. Bouzid comenta la respuesta del Estado parte a la pregunta 16, y califica de positivas las medidas adoptadas para mejorar la protección de los solicitantes de asilo, los apátridas y los refugiados. Por ejemplo, en 1961 Hungría se adhirió a la Convención para reducir los casos de apatridia, y proporciona alojamientos especiales a los niños y a los solicitantes de asilo.

54.No obstante, el Comité de Helsinki húngaro y otras ONG han hecho hincapié en la necesidad de adoptar medidas más eficaces. El régimen de detención para los solicitantes de asilo es la regla general y no la excepción, y las condiciones de detención son muy duras. Nueve de los centros penitenciarios que cerraron en 2004 y 2005 a causa de su mal estado han vuelto a abrir sus puertas en junio de 2010 sin haber sido reformados ni renovados. Las condiciones de higiene en algunos centros penitenciarios son muy deficientes. Los detenidos permanecen encerrados en sus celdas todo el día y solo se les permite salir para ducharse. No se presta asistencia psicológica. Los guardias de los centros penitenciarios y los agentes de policía que se ocupan de los extranjeros detenidos han recibido poca o ninguna formación especializada. Como consecuencia de ello, en los centros penitenciarios con mayor densidad de internos se multiplican los incidentes, como los incendios intencionados y la violencia física.

55.La Oficina de Inmigración y Nacionalidad continúa manteniendo detenidos a solicitantes de asilo más allá del plazo máximo de examen preliminar de 15 días. El Fiscal General ha pedido el cese de estas prácticas, pero al parecer la Oficina ha ignorado su petición.

56.Los extranjeros detenidos por la policía por haber entrado ilegalmente en el país quedan privados inmediatamente de libertad, aunque hayan solicitado asilo. Se admiten excepciones con las familias que tienen hijos menores o con los menores no acompañados, pero se detiene a las mujeres embarazadas y a las parejas casadas. Tampoco existe una verdadera protección frente a la devolución, especialmente en la frontera entre Hungría y Ucrania, en la que los solicitantes de asilo, en particular los procedentes de Somalia y Afganistán, son rechazados sistemáticamente.

57.Si bien existe la posibilidad teórica de revisar judicialmente la detención de los solicitantes de asilo, al parecer se trata solo de un procedimiento formal. La justificación de las decisiones adoptadas es lacónica, y los hechos y sus correspondientes riesgos no se evalúan adecuadamente.

58.El orador pregunta qué medidas se propone adoptar el Gobierno para resolver estos problemas.

59.El Sr. Rivas Posada señala que el Estado parte ha hecho referencia a una disposición de su Código Penal sobre la negación del Holocausto en sus respuestas a la pregunta 3, relativa a la violencia racial, y a la pregunta 20, relativa a la incitación al odio racial. Aunque la negación de hechos históricos podría estar motivada sin duda por un odio racial, no cabe suponer que implique una incitación o entrañe violencia racial. Varios Estados partes han comenzado a introducir conceptos como el de la conducta presuntamente delictiva, aunque esta se inserte a menudo en el marco de la libertad de expresión. El orador pregunta cuál es la definición exacta del delito, y si los casos de negación del holocausto han dado lugar a actuaciones judiciales.

60.Sir Nigel Rodley señala que, según la respuesta del Estado parte a la pregunta 3, hay que modificar el artículo 269/C del Código Penal relativo a la negación pública del holocausto para incluir la negación de los genocidios cometidos por el régimen comunista. El orador pregunta a qué genocidios se referiría esta enmienda.

61.El Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa ha publicado recientemente un informe sobre una visita realizada a Hungría en 2009. Según este informe, la policía puede mantener detenidos a los sospechosos de conductas delictivas hasta un máximo de 72 horas. ¿Ha considerado el Estado parte la posibilidad de revisar los plazos aplicables a la detención policial?

62.El Comité se muestra sorprendido al constatar que algunos detenidos permanecen en prisión provisional en los locales de la policía aun después de comparecer ante el juez. En este mismo contexto, el Comité se felicita de que los jueces hayan dejado recientemente de autorizar la detención de presos en régimen de prisión provisional en el centro de detención policial de Miskolc. Según el Comité, la policía puede detener a personas que hayan cometido faltas durante un máximo de diez días. ¿Existen planes para poner fin a estas prácticas?

63.En la actualidad, el Estado parte permite la grabación en vídeo de los interrogatorios de los sospechosos, siempre que estos últimos estén dispuestos a costear los gastos de la grabación. No obstante, es probable que los sospechosos que se encuentran en los niveles más bajos de la escala socioeconómica y son los más expuestos a sufrir abusos no puedan asumir esos gastos. El orador señala que si el Estado asume toda la responsabilidad de la grabación en vídeo, los interrogadores también se beneficiarían, ya que no podrían ser acusados injustamente de utilizar métodos abusivos.

64.La Sra. Chanet está de acuerdo con el Sr. O'Flaherty en que las respuestas por escrito son inadecuadas y el Comisionado Parlamentario no puede satisfacer el requisito de independencia establecido en los Principios de París.

65.La oradora pregunta si las personas que se encuentran en régimen de detención policial son informadas de su derecho a guardar silencio en el momento del arresto. Desea saber también si la duración de la detención policial varía en función del delito presuntamente cometido, y si los sospechosos tienen acceso a un abogado con anterioridad a su comparecencia ante el juez.

66.El Sr. Bhagwati pregunta cuáles son las disposiciones legislativas que protegen la independencia del poder judicial. ¿Cómo se asegura la estabilidad en el cargo de los jueces y cuál es el procedimiento para su destitución?

67.El orador pregunta cuánto tiempo transcurre entre el momento del arresto de una persona y la celebración del juicio. ¿Existen disposiciones legales o ejecutivas relativas al acceso a la asistencia letrada o al asesoramiento jurídico durante el juicio?

68.El Sr. Székely (Hungría) dice que las críticas del Comité a las respuestas escritas, que fueron redactadas por el anterior Gobierno, están justificadas. Espera que el nuevo Gobierno haga todo lo posible por proporcionar la información que falta.

69.La Sra. Izsák (Hungría) dice que Hungría no está tratando de asimilar a los romaníes, sino de integrarlos. Existen algunos sectores, como la política cultural y la lucha contra la discriminación, en los que es importante determinar las personas que pertenecen a la comunidad romaní. Cuando se concibe un programa para beneficiar a los romaníes, hacen falta obviamente datos étnicos. El nuevo Gobierno ya ha comenzado a examinar este tema con los defensores del pueblo que se encargan de la recogida de datos y las cuestiones relativas a las minorías. Los estudiantes que desean beneficiarse del programa de becas para los romaníes también deben identificarse como tales.

70.La Fundación Pública para los Gitanos de Hungría administra el Fondo Cultural Romaní, y se organizan cursos de formación de maestros en el idioma romaní. Los romaníes no son el objetivo de estos programas por su origen étnico, sino por sus características socioeconómicas. Se están poniendo en marcha numerosos proyectos en apoyo de las comunidades romaníes desfavorecidas, como el de atribución de viviendas no segregadas. Casi 400 familias se han trasladado a un entorno integrado. Asimismo, se han proporcionado fondos a pequeñas y medianas empresas gestionadas por romaníes, y los programas públicos de colocación ofrecen asistencia a los solicitantes de empleo. No obstante, si se fijan objetivos demasiado amplios para los programas de financiación de grupos desfavorecidos, existe el riesgo de que los fondos acaben en poder de grupos con relaciones poderosas, en vez de la comunidad romaní. Es necesario pues que la vigilancia y la evaluación sean más precisas.

71.El Sr. Székely (Hungría) dice que el artículo publicado en Der Spiegel, que mencionó la Sra. Thelin, es muy parcial. Está motivado por la frustración política de algunos partidarios intelectuales del anterior Gobierno socialista, temerosos de que el nuevo Gobierno, con su mayoría parlamentaria de dos tercios, socave las normas democráticas. La persona entrevistada por esa revista no aporta pruebas, y es poco profesional sacar conclusiones de las opiniones de un solo comentarista sin haber investigado previamente los hechos.

72.El Sr. Ligeti (Hungría) dice que la Ley de policía sienta las bases jurídicas para los arrestos de corta duración, pero no es tan rigurosa como la base para la detención penal. Los arrestos de corta duración son necesarios a veces para determinar la identidad del sospechoso, que inicialmente puede permanecer detenido cuatro horas, prorrogables por otros dos períodos de cuatro horas, en caso necesario.

73.El número total de sospechosos en prisión provisional ha aumentado, pero en este momento el orador no puede proporcionar estadísticas. Este aumento hace difícil cumplir el requisito de un juicio con las debidas garantías procesales, en un plazo razonable.

74.La duración de la prisión provisional se deduce siempre de la duración de la pena impuesta. El orador no tiene conocimiento de ningún caso en que se haya superado la duración de la pena, pero confía en que, de ser así, se indemnizaría de alguna forma al afectado.

75.La asignación de un abogado de oficio es una cuestión difícil en todo ordenamiento jurídico. En este contexto, los términos "obligatorio" y "legal" son sinónimos. El orador asegura al Comité que no existen pruebas materiales ni legales que abonen la acusación de que los abogados defensores son parciales, aunque hayan sido elegidos por la policía o por el fiscal. Toda queja relativa a la calidad de los servicios prestados por los representantes legales obligatorios será objeto de examen en el Colegio de Abogados.

76.Existe hacinamiento en los centros penitenciarios de las grandes ciudades, pero no así en otras partes del país. Además, en los centros penitenciarios de las ciudades hay presos condenados y presos en régimen de prisión provisional, máxime teniendo en cuenta que estos últimos deben permanecer en un centro cercano a las autoridades que dirigen las actuaciones judiciales.

77.La pena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y el sistema de las tres condenas ("three strikes and you're out") no tienen repercusiones en la población carcelaria. Solo 15 prisioneros cumplen condenas de cadena perpetua. El sistema de las tres condenas se adoptó recientemente y solo afectará a un reducido porcentaje de delincuentes.

78.Con respecto a las penas no privativas de libertad, el orador señala que cada año son condenadas entre 120.000 y 130.000 personas por la comisión de delitos, pero a penas de prisión solo son condenadas de 10.000 a 12.000 personas. Por consiguiente, menos del 10% de las penas son privativas de libertad.

Se levanta la sesión a las 18.00 horas.