COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

44º período de sesiones

ACTA RESUMIDA DE LA 1218ª SESIÓN

celebrada en el Palais Wilson, Ginebra,el viernes 26 de enero de 2007, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. DOEK

SUMARIO

Examen de los informes presentados por los Estados partes (continuación)

Tercer informe periódico de Chile sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño

Se declara abierta la sesión a las 10.05 horas .

EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES (tema 4 del programa) (continuación)

TERCER INFORME PERIÓDICO DE CHILE SOBRE LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO (CRC/C/CHL/3; lista de cuestiones que se deben abordar (CRC/C/CHL/Q/3); respuestas presentadas por escrito por el Estado parte a la lista de cuestiones (CRC/C/CHL/Q/3/Add.1))

Por invitación del Presidente, la delegación de Chile toma asiento a la mesa del Comité.

2.La Sra. HARDY(Chile) dice que el acceso de una mujer a la Presidencia es una oportunidad única en un país en el que la tasa de participación femenina en el mercado de trabajo y la vida política es de las más bajas de toda América Latina.

3.Si bien el país ha conseguido reducir la proporción de sus habitantes que viven por debajo del umbral de la pobreza de casi el 40% en 1990 al 18% en 2003, las desigualdades siguen siendo muy acentuadas, sobre todo en cuanto a la distribución de la riqueza, puesto que los ingresos del quintil superior son 14 veces más elevados que los del quintil inferior. Por consiguiente, el reto que tiene el nuevo Gobierno es sentar la base de un sistema de protección social moderno de ahora a 2010, aunque los ingresos por habitante de Chile sólo equivalgan a un tercio o la mitad de los correspondientes a un país europeo.

4.Para conseguirlo, las nuevas autoridades han decidido aplicar y ampliar dos programas descritos con detalle en el informe, el programa «Chile Solidario» (del que actualmente se benefician 250.000 familias, es decir, un millón de personas) y el plan AUGE (que garantiza en la actualidad asistencia para 40 enfermedades, varias de ellas infantiles). Las autoridades han introducido además una ambiciosa iniciativa de protección integral de la primera infancia, «Chile Crece Contigo», que tiene por objeto garantizar la gratuidad de las prestaciones en materia de educación y salud a los niños menores de un año de familias cuyos ingresos están comprendidos en los tres primeros quintiles (es decir, el 60% de la población infantil total), a los hijos de mujeres que trabajan, buscan trabajo o prosiguen sus estudios y a todos los niños vulnerables menores de un año, es decir, a los niños discapacitados o hijos de indígenas o de inmigrantes. A este respecto, Chile ha comenzado a revisar su legislación relativa a la inmigración, obsoleta debido a que se remonta a 1975, porque el flujo migratorio hacia el país ha registrado un fuerte crecimiento desde el año 2000.

5.El Gobierno, realmente paritario, puesto que cuenta con 10 ministras, está firmemente comprometido con los derechos del niño, así como con la promoción de una maternidad y una paternidad responsables. Este impulso se refleja en el presupuesto del Estado para 2007, el primero aprobado por la nueva administración, con un aumento del 8,7% con respecto al de 2006, y en el volumen de los gastos sociales, cuyo crecimiento alcanza la cifra sin precedentes del 12%.

6.El Parlamento ha tenido la oportunidad de examinar dos proyectos de reforma importantes. El primero se refiere al sistema de protección del trabajo y está orientado sobre todo a reglamentar la subcontratación para reducir el empleo precario y mejorar la seguridad en el empleo. El segundo, relacionado con la caja de pensiones, privatizada durante la dictadura, tiene por objeto fortalecer el sistema de distribución, con el deseo de garantizar una pensión básica del 60% a los adultos gracias al principio de solidaridad entre las generaciones, mejorando al mismo tiempo el sistema de capitalización.

7.El Gobierno, preocupado por poner fin a la multiplicación de los comités sectoriales, fuente de problemas de coordinación y duplicación de actividades, tiene como objetivo la creación por vía legislativa de un consejo de ministros para la protección social, dotado de un mandato amplio y acompañado de un consejo consultivo compuesto por representantes de la sociedad civil.

8.Se ha introducido una nueva perspectiva: si bien se considera que los derechos del niño y la promoción de la familia son una responsabilidad inalienable del Estado, el nuevo Gobierno trata de involucrar a la población en la definición de las políticas al respecto. Así es como se han definido las reformas puestas en marcha en 2006 relativas a la calidad de la educación, el régimen de pensiones y la protección de la infancia, teniendo debidamente en cuenta los resultados de tres meses de consultas, que han permitido a miembros de la sociedad civil representativos de distintas partes interesadas y diversas corrientes políticas expresar sus opiniones mediante consejos consultivos encargados de transmitirlas al Gobierno. Se ha de fomentar esta forma de democracia participativa.

9.El Sr. LIWSKI ve en la llegada de una delegación de alto nivel y multisectorial una señal clara del compromiso del Gobierno de Chile con los derechos del niño, pero lamenta que su informe sea difícil de leer y que sus respuestas por escrito se hayan enviado con retraso.

10.Como ha destacado la delegación, Chile es uno de los países con mayores desigualdades. El número de años de estudio en las comunidades indígenas, que representan el 4,4% de la población total, es 2,2 años inferior a la media de las no indígenas, por lo que la reducción de las inversiones en la enseñanza cultural bilingüe es inquietante. No obstante, las cifras relativas a la educación, la salud y la pobreza han mejorado de manera considerable en estos últimos años, aunque todavía viven por debajo del umbral de la pobreza cuatro de cada 10 niños chilenos.

11.Por otra parte, hay que felicitar a Chile por haber ratificado la casi totalidad de los instrumentos relativos a los derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas y del sistema interamericano, pero sería conveniente que suscribiera pronto el Convenio núm. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.

12.Habría que saber cómo se aplican en la práctica y con qué resultados las disposiciones que han entrado en vigor recientemente, como la Ley por la que se crean los tribunales de familia, la Ley núm. 19617relativa a los delitos sexuales y la Ley núm. 19874 que facilita la denuncia en caso de atentados sexuales, la Ley de adopción, la Ley de matrimonio civil y la Ley de responsabilidad penal juvenil. El Comité desearía saber además por qué nunca se llegó a aprobar el proyecto de ley de protección de los derechos del niño y el adolescente después de muchos años de debates parlamentarios.

13.La delegación tal vez podría explicar en qué situación se encuentra el Plan de acción integrado a favor de la infancia y la adolescencia 2001‑2010, si el Consejo de Ministros para la Infancia y la Adolescencia y su Comité Técnico Intersectorial, encargados de coordinar las actividades, han previsto cooperar con la sociedad civil, y si en las revisiones periódicas del plan se han tenido en cuenta las observaciones finales del Comité de 2002, así como las recomendaciones del seminario subregional celebrado en Buenos Aires en 2005.

14.Por otra parte, cabe preguntarse si se respeta el derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación y si tras las numerosas manifestaciones de los alumnos de enseñanza secundaria de 2006 se ha conseguido favorecer el diálogo con los jóvenes sobre las cuestiones que les preocupan, como la política en materia de educación.

15.La delegación podría facilitar también información complementaria sobre el problema de la violencia imputable a los agentes del Estado.

16.El Sr.SIDDIQUI se congratula por el aumento de los gastos en salud y educación, pero observa que no es suficiente para mejorar la situación de los más desfavorecidos, por lo que sería prudente seleccionar mejor a los destinatarios con la ayuda de las organizaciones locales.

17.La recopilación de datos estadísticos ha mejorado de manera notable, pero no permite todavía discernir la situación de los niños más vulnerables, entre ellos los niños de la calle, los que están en conflicto con la ley, los indígenas y los que son víctimas de explotación.

18.La Sra.VUCKOVIC-SAHOVIC pone de relieve la ausencia de instituciones independientes, como una comisión de derechos humanos o un ombudsman. La participación de los niños parece ser el principio menos aplicado de la Convención; en particular, los tribunales no tienen la obligación de solicitar la opinión de un menor, algo que se explica sin duda por razones culturales, pero se debería actuar con la mentalidad de que las medidas políticas o legislativas se imponen también para cambiar las cosas.

19.La delegación podría facilitar detalles sobre el Comité Consultivo de la Sociedad Civil encargado de vigilar la aplicación de la política nacional en favor de la infancia, del que no se sabe si se trata de un organismo gubernamental, e indicar si las ONG reciben ayuda del Estado para llevar a cabo sus programas en favor de la infancia.

20.La Sra.ALUOCH pregunta si la Convención es directamente aplicable o se debe incorporar a la legislación nacional y si los tribunales se basan en sus disposiciones. Muestra su sorpresa por la lentitud de las reformas legislativas.

21.La Sra.ORTIZ observa que no hay ningún organismo encargado de supervisar la aplicación de la Convención, cuando dicho organismo es fundamental. El Comité ya había recomendado al Estado parte que favoreciera más la coordinación y la cooperación entre las diferentes instituciones que se ocupan de la infancia en todos los niveles de la administración y entre estas instituciones y la sociedad civil. El enfoque transversal del Gobierno es positivo, pero tendría que haber un mecanismo para coordinar las iniciativas, que son muy numerosas, pero aisladas.

22.Sería interesante saber cómo tiene previsto trabajar el Gobierno con la sociedad civil en la perspectiva del proyecto de ley, que entre otras cosas prevé una distribución de la responsabilidad de la protección de la infancia entre la comunidad y el Estado.

23.La Sra.OUEDRAOGO se felicita por el establecimiento del procedimiento de inscripción personalizado de los nacimientos en los centros de maternidad, así como del servicio de ayuda a la investigación de la paternidad de los niños nacidos fuera del matrimonio, pero se pregunta si estas medidas se aplican realmente, sobre todo en las regiones aisladas, y si hay algún mecanismo para registrar a las personas que no fueron inscritas al nacer. La delegación podría señalar igualmente si los niños de los que sólo la madre es chilena y los niños nacidos en Chile de padres migrantes pueden obtener la nacionalidad chilena.

24.El Estado parte no ha indicado si se anima a los medios de comunicación a difundir información útil para los niños, en particular sobre sus derechos, a tener en cuenta las necesidades lingüísticas de los niños indígenas y a proteger a los niños frente a la información perjudicial (en particular violencia y pornografía). También se agradecería recibir detalles sobre la difusión de libros para niños en las regiones remotas.

25.En virtud del artículo 234 del Código Civil, se ha revocado la facultad que tenían los padres de castigar a sus hijos, pero de manera muy relativa. Habría que abolir explícitamente los castigos corporales, como ya ha recomendado el Comité, y sensibilizar a los padres sobre otras formas de disciplina.

26.Parece ser que en los centros de detención se tortura a los menores, y al parecer este tipo de trato está tolerado en el artículo 84 de la Ley núm. 737 y el artículo 44 de la Ley núm. 553. Convendría que se dieran explicaciones sobre este punto. Se han señalado igualmente casos de niños indígenas torturados por la policía, especialmente en litigios sobre la tierra que afectan a la comunidad mapuche. Por último, algunas personas que fueron víctimas de tortura cuando eran menores no siempre habrían recibido la indemnización que se les había concedido.

27.El Sr. POLLAR muestra su satisfacción por la Ley de matrimonio civil de 2004, que fija la edad núbil en 16 años tanto para los muchachos como para las muchachas, pero se pregunta si no es incompatible con la escolarización obligatoria durante 12 años y si no habría que armonizarla igualmente con la edad de consentimiento para las relaciones sexuales, que ha pasado de 12 a 14 años. No se ha especificado cuál es la edad mínima para trabajar y para acceder a un tratamiento médico.

28.La Ley núm. 2306 autoriza el alistamiento voluntario en el ejército a partir de 16 años en circunstancias «excepcionales», por lo que sería de agradecer que se proporcionasen pormenores sobre la participación directa de estos voluntarios en hostilidades.

29.El Sr. ZERMATTEN pregunta qué se hace para promover la Convención, punto sobre el que el Comité había ya insistido durante el examen del segundo informe periódico. La difusión de carteles y calendarios en lenguas indígenas fue una iniciativa positiva, pero insuficiente, y se remonta al año 2000. Una promoción eficaz se ha de basar en los programas escolares, en particular en la enseñanza primaria, así como en los medios de comunicación. Es igualmente muy importante la sensibilización del público general para conseguir cambiar la mentalidad. La Convención también se debe integrar en la formación de todos los profesionales que trabajan con niños, en particular los maestros y el personal judicial.

30.El castigo de las relaciones sexuales consentidas entre jóvenes del mismo sexo es una medida discriminatoria, que no tiene en cuenta el hecho de que los adolescentes buscan su identidad sexual.

31.Se invita a la delegación a explicar en qué casos puede juzgar la justicia militar a menores de 18 años y qué directrices se dan a la policía para evitar intervenciones represivas como las que se produjeron en las manifestaciones de estudiantes de mayo de 2006.

32.El PRESIDENTE pregunta por qué la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que realizó investigaciones entre noviembre de 2003 y mayo de 2004, se negó a oír a personas que eran menores bajo el régimen de Pinochet. También desearía saber si, además de desempeñar su función de vigilancia, las oficinas de protección de los derechos de la infancia pueden recibir denuncias, y en caso afirmativo cuántas han recibido hasta el momento y qué seguimiento se les ha dado.

Se suspende la sesión a las 11.25 horas y se reanuda a las 11.45 horas.

33.La Sra. HARDY (Chile) dice que el porcentaje de niños que viven por debajo del umbral de la pobreza se redujo en la práctica del 50% al 27% entre 1990 y 2003 y que se han aumentado las partidas dedicadas a la educación intercultural, sobre todo en favor de los grupos vulnerables. El Congreso debería aprobar en 2007 un proyecto de ley con objeto de modificar las condiciones de asignación de las ayudas financieras a la educación de los niños vulnerables (desfavorecidos en el plano socioeconómico, discapacitados o indígenas) y a duplicar la cuantía de las subvenciones aprobadas por alumno para los institutos especializados de enseñanza preescolar y primaria.

34.En 1992 se fundó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena en virtud de la Ley indígena, y en 2006, durante las consultas con los representantes de todos los grupos indígenas del país, se alentó a estos últimos a ejercer presión social y política para inducir al Parlamento a aprobar el proyecto de ratificación del Convenio No 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, presentado al Congreso nueve años antes. El Gobierno tiene previsto difundir su texto en cuatro lenguas vernáculas en 2007, en colaboración con la OIT, e incorporar los derechos de los pueblos indígenas a la Constitución. Además, ha entablado debates importantes para elaborar una política orientada a reducir entre ahora y 2010 la discriminación contra los grupos indígenas en zonas urbanas en materia de acceso a la educación y el empleo. Estos grupos representan el 70% de la población indígena global, que a su vez constituye el 5% de la población nacional.

35.A pesar de la integración social cada vez mayor de los grupos indígenas y de la disminución de la tasa de pobreza en esos grupos, sigue habiendo disparidades entre ellos y el resto de la población. Se trata de un fenómeno nuevo, semejante al que se registró en Europa con la integración de los extranjeros de segunda generación, por lo que Chile debe elaborar una nueva política en la materia basándose en las experiencias en curso en el viejo continente.

36.Las decisiones relativas a los gastos sociales, que van aumentando y han permitido reducir las diferencias de ingresos, se toman basándose en las encuestas de caracterización socioeconómica (CASEN) que se realizan cada tres años para determinar el nivel de pobreza, la distribución de los ingresos y la asignación de los gastos sociales y para evaluar los resultados de estos gastos por sectores. Es de esperar que los resultados de la última encuesta, realizada al final de 2006, reflejen una nueva progresión. Estos resultados deberían estar disponibles en junio de 2007 y se comunicarán al Comité. El Gobierno desea mejorar la gestión de estos gastos descentralizando la administración y ya está llevando a cabo una transferencia de competencias y recursos con miras a la ejecución local de los programas. También tiene intención de institucionalizar los mecanismos de coordinación, que en la actualidad dependen del poder discrecional de las autoridades políticas.

37.Se otorgará al Consejo de Ministros para la Protección Social un mandato de coordinación y colaborará con el Ministerio de Finanzas, que decide las políticas económicas. Se encargará de formular, poner a punto, vigilar y evaluar los programas. También se contemplará en la ley el Consejo de la Sociedad Civil y se verán fortalecidas sus competencias. En la actualidad son las ONG las que llevan a cabo una gran parte de las actuaciones en favor de la infancia, gracias a las importantes ayudas financieras que reciben. Sin embargo, la sociedad civil, que reúne a representantes de universidades, instituciones académicas y asociaciones profesionales, representa un ámbito más rico y diversificado que el mundo de las ONG nacionales. La aplicación de las reformas constitucionales requiere tiempo, porque hay que ir en contra de la cultura institucional. La elaboración de las iniciativas está a cargo de grupos de trabajo formados por representantes de pequeñas y grandes empresas y de ONG, que después las transmiten al Parlamento como propuestas de ley.

38.En el primer semestre de 2007 se creará por decreto presidencial el primer observatorio de los derechos del niño, organismo gubernamental autónomo encargado de garantizar un seguimiento anual de la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y de presentar cada año un informe al Congreso y al poder ejecutivo.

39.Se están examinando en el Parlamento dos proyectos de ley contra la discriminación: un proyecto de ley marco general sobre la no discriminación, que prohíbe los actos de discriminación de todo tipo, y un proyecto de ley sobre la igualdad de oportunidades y la integración social de las personas discapacitadas, que prohíbe los actos de discriminación contra ellas y establece obligaciones para su integración en el sistema escolar y el mundo laboral, como la asignación de cupos en la función pública y la introducción del lenguaje de signos en el sistema escolar. Se ha abierto una línea presupuestaria para financiar los instrumentos y el equipo de los niños pequeños discapacitados (prótesis, sillas de ruedas, etc.) y la instalación en los establecimientos escolares y las habitaciones de dispositivos para facilitar el acceso a los discapacitados.

40.El Comité ha recibido informaciones inexactas acerca de las decisiones adoptadas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

41.La Sra.FARÍAS (Chile) puntualiza que el informe de esta Comisión se refiere a 1.240 niños menores de 18 años, 176 de ellos menores de 13 años, que testimoniaron ante esa instancia y recibieron indemnizaciones vitalicias en forma de pensiones mensuales, derechos de acceso gratuito a los servicios de salud, asignaciones de alojamiento y posibilidad de reanudar los estudios en los niveles de enseñanza primaria, secundaria o superior. Además, se exime del servicio militar a los hijos de las víctimas. Parece que el Comité solamente recibió información de los casos de víctimas infantiles que no habían presentado su testimonio en el plazo establecido. Se ha solicitado a la Comisión un plazo suplementario y el Gobierno ha pedido al Congreso que estudie la posibilidad de renovar el mandato de la Comisión, disuelta tras la presentación de su informe.

42.El Sr. TAGLE (Chile) destaca que el Gobierno no ha renunciado a llevar a buen término el proyecto de creación del cargo de ombudsman, pero que mientras tanto hay mecanismos de defensa de los derechos de los ciudadanos en el seno de distintas instituciones públicas, entre ellos un servicio de ayuda telefónica y diversas estructuras en el Ministerio de Educación. El Ministerio del Interior aplica un programa específico relativo a los derechos humanos, en virtud del cual garantiza el seguimiento de los asuntos judiciales correspondientes y facilita la cooperación con los países interesados.

43.El PRESIDENTE pide detalles sobre las oficinas locales de protección de los derechos de la infancia y su función en la identificación de las violaciones de los derechos del niño.

44.La Sra.FERNANDEZ (Chile) dice que las 105 oficinas ya en funcionamiento, que cubren 170 de las 346 comunas, promueven y protegen los derechos del niño a nivel local y disponen de equipos formados por abogados, psicólogos, educadores o asistentes sociales que reciben las denuncias de los niños o de sus representantes en caso de violación de sus derechos. Cuando se trata de la protección de los niños vulnerables, intervienen de manera directa o los orientan hacia programas especializados, como la asistencia jurídica.

45.Los datos recopilados en 2006 en el marco de una encuesta realizada con casi 50.000 niños de nueve a 14 años para conocer sus opiniones sobre cuáles de sus derechos eran los más y los menos respetados sirven como orientación para las actuaciones del Servicio Nacional de Menores.

46.La Sra. HARDY(Chile) dice que recientemente se ha publicado una guía sobre los derechos sociales, a fin de informar a la población acerca de las prestaciones sociales a las que tiene derecho y la manera de acceder a ellas. Esta guía está estructurada por temas y por categorías de beneficiarios (niños, indígenas, mujeres, discapacitados, etc.), para que los usuarios puedan efectuar búsquedas personalizadas.

47.En 2007 se puso en marcha el programa nacional de protección integral de la primera infancia «Chile Crece Contigo», que goza de una gran cobertura mediática nacional y local. El Gobierno de Jóvenes, formado en el marco de una experiencia piloto, que se ha previsto ampliar a todo el país de ahora a 2010, se encarga, entre otros asuntos, de participar en la elaboración de las políticas locales.

48.El Sr. LIWSKI pregunta si es posible completar la lista de las 40 enfermedades que se abordan en el marco del sistema de atención sanitaria AUGE y si se realizan esfuerzos para velar por que estos servicios se dispensen también en el medio rural teniendo en cuenta la cultura indígena, en particular mediante la combinación de los tratamientos modernos con las medicinas tradicionales.

49.La delegación tal vez pueda presentar una estimación del número de migrantes latinoamericanos que viven en Chile e indicar qué medidas administrativas y jurídicas hay previstas para garantizar la protección integral de sus niños, en particular el acceso a la atención sanitaria de los hijos de los trabajadores migrantes llegados al país en una fecha reciente.

50.La delegación podría indicar también cómo pretende reducir el Gobierno la diferencia persistente entre regiones y comunas en cuanto a la tasa de mortalidad infantil.

51.Teniendo en cuenta el aumento del número de embarazos precoces, sería útil saber qué eficacia tienen los programas de salud sexual y reproductiva para adolescentes, qué obstáculos impiden la aplicación del programa «Hacia una Sexualidad Responsable» en todo el país y si se prevén nuevas iniciativas en esta esfera.

52.El Comité desea saber además hasta qué punto la disminución de la epidemia de VIH/SIDA observada en los jóvenes de 15 a 24 años se debe a las campañas de prevención realizadas y si el Estado parte tiene previsto intensificarlas.

53.El Sr. SIDDIQUI pregunta si Chile tiene previsto combatir la pobreza por medio de mecanismos distintos del Estado asistencial, en particular el aumento de los impuestos sobre las grandes fortunas y los ingresos de las multinacionales, la adopción de reformas financieras y la vinculación de los grupos desfavorecidos a la toma de decisiones relativas a las cuestiones que les conciernen. Además, convendría tener información más amplia sobre el índice de las condiciones de vida y desarrollo de los niños elaborado por el Ministerio de Planificación en colaboración con el UNICEF.

54.La Sra.LEE pregunta qué medidas concretas se han adoptado para aplicar la política nacional y el Plan de acción integrado a favor de la infancia y la adolescencia 2001‑2010. Habría que saber qué medidas tiene intención de adoptar el Estado parte para facilitar el acceso a la educación de los más de 25.000 niños discapacitados que no asisten a la escuela.

55.Según ciertas informaciones, Chile sería un destino preferente de turismo sexual y se prostituirían niños de siete a 13 años. Sería útil conocer las causas de este fenómeno y las medidas adoptadas para detenerlo.

56.Se agradecería que se dieran detalles sobre la situación actual de los niños refugiados y apátridas en cuanto al acceso a la asistencia sanitaria y la educación y sobre las posibles disposiciones legislativas pertinentes a este respecto.

57.El Sr. KRAPPMANN solicita información complementaria sobre el sistema de enseñanza preescolar, así como sobre los métodos de enseñanza aplicados para ayudar a los niños pertenecientes a grupos marginados, en particular los indígenas, a mantener el nivel y reducir la elevada tasa de abandono escolar de estos niños. En concreto, sería interesante saber si se ha mejorado la formación de los maestros con objeto de darles medios que les permitan adaptar su método de enseñanza cuando un alumno tiene dificultades de aprendizaje. Convendría que se suministrara información más amplia sobre la formación profesional impartida en los centros de enseñanza y en otros lugares.

58.La delegación tal vez podría indicar además si se ha encontrado una solución satisfactoria a los problemas derivados de la discriminación debida a la política de selección de los mejores alumnos y a la cuestión del acceso a la educación de las adolescentes embarazadas.

59.El Sr. FILALI pregunta si ha entrado en vigor la Ley de justicia de menores de 2005 y si contiene disposiciones que protejan la vida privada del niño, especialmente la prohibición de hacer pública la identidad de un menor en los medios de comunicación. La delegación podría indicar asimismo si en la formación de los magistrados se incluye también enseñanza sobre la Convención, cuál es el tiempo máximo de detención de un menor, si la comparición de un menor ante un tribunal se puede sustituir por una medida no judicial, si el juez es el único que puede determinar si un menor tiene capacidad de discernimiento y si la labor del juez de garantía consiste en vigilar la aplicación de las penas. Sería útil recibir información detallada sobre los centros de tránsito y de orientación, en particular sobre la formación del personal de estos establecimientos, los recursos financieros y humanos disponibles y los posibles problemas.

60.Convendría saber si, en el marco de las estrategias de carácter ambulatorio orientadas a prevenir los malos tratos, se ha previsto que un mediador facilite la comunicación entre la víctima y el autor y si se aplica un mecanismo de seguimiento de este tipo de estrategia.

61.La Sra.OUEDRAOGO pregunta qué eficacia han tenido los diversos programas de lucha contra la explotación sexual infantil llevados a cabo entre 2001 y 2004 y si se aplican estrategias de readaptación y reinserción de las víctimas. Se ruega a la delegación que comente la información según la cual la policía ficha y detiene a los menores que se prostituyen y que indique si se han adoptado medidas para impedir estas prácticas represivas.

62.La Sra.ORTIZ pregunta si se han evaluado las actividades de las oficinas locales de protección de los derechos de la infancia, y en caso afirmativo cuáles han sido las conclusiones. Serían útiles las observaciones de la delegación sobre las alegaciones según las cuales no siempre se remunera a los abogados que actúan como mediadores. La delegación también podría explicar por qué el número de niños acogidos en instituciones sigue siendo elevado, a pesar de los esfuerzos realizados para mantener al niño en su familia siempre que es posible.

63.El Comité desea saber si la Ley de adopción prevé una edad a partir de la cual se debe tener en cuenta la opinión del niño, si se puede impedir a un niño, en nombre del principio de la confidencialidad relativa, buscar a sus padres biológicos y si las parejas no casadas y los célibes tienen derecho a adoptar un niño.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

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