Introducción

Considerando las continuas e importantes discriminaciones de las que han sido objeto las mujeres en todo el mundo y a lo largo de la historia, los Estados partes firmantes de la Convención, reconocen la necesidad de erradicar toda práctica discriminatoria contra las personas en base a su sexo. La Convención manifiesta en su Preámbulo que la discriminación contra la mujer viola los principios de igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana. En base a lo anterior la no ratificación de dicha Convención puede llegar a significar una contradicción básica con los principios de igualdad ante la ley emanados de la Constitución de la República de El Salvador.

La Convención es aprobada en El Salvador, por medio del Acuerdo Ejecutivo No. 317 de la Junta Revolucionaria de Gobierno del 4 de Mayo de 1981, y ratificada por medio del Decreto No. 705 de la Junta Revolucionaria de Gobierno del 2 de Junio de 1981. Publicada en el Diario Oficial No. 105, tomo 271, del 9 de Junio de 1981; entrando en vigor el 3 de Septiembre de 1981, de conformidad con el artículo 27 de dicha Convención.

El Salvador reconoce la importancia de las Convenciones y los Tratados Internacionales y se identifican incluso sobre la legislación secundaría del país por medio del Artículo No. 144 de la Constitución de la República donde se dice que: “los Tratados Internacionales celebrados por El Salvador con otros Estados o con Organismos Internacionales constituyen leyes de la República al entrar en vigencia, conforme a las disposiciones del mismo Tratado y de esta Constitución, la ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un Tratado vigente para El Salvador. En caso de conflicto entre el Tratado y la Ley, prevalecerá el Tratado”.

La Convención se conforma sobre el resto de leyes secundarías del país lo que significa que, a nivel de país deben de desarrollarse todos los esfuerzos necesarios para el seguimiento de la misma, reconociendo su importancia incluso dentro de la Constitución de la República.

El presente informe pretende dar cumplimiento al Artículo No. 18 de la Convención, donde se establece que: “Los Estados parte se comprometen a someter al Secretario General de las Naciones Unidas, para que lo examine el Comité (ver Artículo No. 17 de la Convención), un informe sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que hayan adoptado para hacer efectivas las disposiciones de la presente Convención y sobre los progresos realizados en este sentido ...”.

La estructura del presente informe esta dividida en dos partes, la primera donde se presenta un breve resumen del seguimiento a la Convención en sus acciones más importantes a nivel de país (incluyendo las acciones legislativas, jurídicas y desde las ONG’s). La segunda parte se basa en el desarrollo de cada uno de los artículos de la misma, detallando las más recientes y no consideradas en informes anteriores de país las disposiciones legales y legislativas determinadas para el seguimiento a las disposiciones de la Convención, además, se presenta en cada apartado una breve reseña sobre la situación (en base a datos estadísticos) de las mujeres y su relación con las especificaciones de la Convención, presentando finalmente un perfil situacional con relación a la Convención y algunas recomendaciones para el cumplimiento de sus disposiciones.

Resumen avance de acciones históricas en seguimiento de la Convención

Desde el año de 1981 cuando entra en vigor la Convención a nivel de país son muchas las acciones desarrolladas a favor de su seguimiento desde diferentes actores y actrices sociales, y también en base a las acciones desarrolladas desde las organizaciones de mujeres del país.

Al mismo tiempo, el seguimiento a la Convención también ha estado marcada por la intensificación de acciones en determinados periodos, donde el factor clave ha sido la apertura gubernamental.

Durante los años ochenta las acciones fueron mínimas o nulas, tomando en cuenta el conflicto armado la situación era casi comprensible, desde el establecimiento de otras prioridades a nivel político.

Para ese período de los años ochenta se consideraba que en el país no se permitía la discriminación en base al sexo, dado que, todas las leyes consagraban el Principio de Igualdad según lo establecido en la Constitución de la República, considerando que en Artículo 3 de dicha Constitución se establece claramente la igualdad, aunque con la inexistencia de un proceso judicial o administrativo específico para el caso de que una mujer crea que se ha cometido un acto de discriminación en contra de su persona. Para finales de los años ochenta el único avance presentado en materia de legislación fue la equiparación salarial tanto de hombre como de mujeres, dado que estas de encontraban representadas en el marco jurídico del país ganando igual salario que las personas menores de edad y discapacitadas.

Para los inicios de los años noventa se amplia mucho más el horizonte de trabajo hacia la no discriminación de las mujeres sobre todo desde el espacio —administrativo— gubernamental, en base a la presión de los organismos de mujeres nacionales y de organismos internacionales como los pertenecientes al Sistema de las Naciones Unidas y la ratificación de la mayoría de convenciones, tratados y pactos internacionales de apoyo a las mujeres. Los gobiernos a lo largo de la década de los noventa, toman acciones relevantes en favor del mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres, con la potenciación de la Política Nacional de la Mujer —PNM— y la creación del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer —ISDEMU—.

Además en el plano legislativo y jurídico, se crean el Código de Familia, la Ley Procesal de Familia y la Ley contra la Violencia Intrafamiliar. Dicha normativa legal se ha ido detallando en los diferentes informes presentados sobre el seguimiento de la Convención. Además, se desarrollaron importantes reformas en la legislación secundaria en seguimiento a las líneas internacionales de apoyo a las mujeres y eliminación de todo tipo de discriminación contra las mismas.

En resumen, a lo largo de la historia del país encontramos tres actores principales en el accionar a favor de las mujeres: las organizaciones de mujeres salvadoreñas, los organismos internacionales —cooperación internacional— y el Gobierno de la República, quién fue el impulsor de muchas reformas a nivel legislativo y judicial.

Informe por artículos

Es sabido que las políticas públicas son la respuesta de los gobiernos ante las necesidades planteadas por la población. A inicios del año 2001 el país sufrió dos graves terremotos que dejaron al 70% de la infraestructura rural en el suelo, además de amplios daño en la infraestructura hospitalaria y educativa de todo el país. Las políticas sociales del Gobierno de El Salvador debieron enmarcase dentro del proceso de reconstrucción y rehabilitación de la economía y la atención a la población mayormente afectada por los terremotos, donde se encontraron a las mujeres como uno de los principales grupos vulnerables ante la situación de pobreza y desventaja social que ampliaba su vulnerabilidad ante los desastres naturales.

Es importante tomar en cuenta que durante todo un año y aún en la actualidad, el país todavía se encuentra inmerso en un proceso de rehabilitación y algunos municipios aún se encuentran en un proceso de reconstrucción de la infraestructura. Sin embargo, y ha pesar de los obstáculos, el proceso de reconstrucción de las capacidades humanas se ha desacelerado pero no se ha detenido, priorizándose en algunos espacios el apoyo al mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres.

La línea de priorización en apoyo a las mujeres a nivel gubernamental desde el Plan de Gobierno 2000-2004 ha sido la inserción en el espacio productivo hacia el eje de igualdad de oportunidades. En base a ello, se presentan los avances desde las instancias de gobierno en apoyo a las mujeres, tomando en cuenta la reducción del presupuesto (dada la priorización presupuestaría del proceso de reconstrucción).

El Plan de Acción 2000-2004 para la ejecución de la Política Nacional de la Mujer —PNM— fue elaborado anterior a la ocurrencia de los terremotos y el desfase sufrido en su ejecución junto con la intensificación de la vulnerabilidad de las mujeres por los terremotos, ha sido un factor determinante para la desaceleración del desarrollo de las mujeres contemplado en el Plan de Gobierno “La Nueva Alianza”.

Parte I

Artículo No. 2

“Los Estados partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dil a ciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer, se comprometen a ... adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro c a rácter; establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer; abst e nerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer; adoptar todas las medidas adecuadas para derogar o modificar leyes y todas las disposiciones penales que constituyan discrim i nación contra la mujer ...”

En seguimiento al presente artículo se pueden mencionar las siguientes acciones desarrolladas a nivel de país.

La constitución de la Comisión Jurídica, como ente asesor de la Junta Directiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer —ISDEMU— representa el marco que garantiza el accionar jurídico y legislativo a favor de las mujeres, dicha Comisión esta conformada por la Directora Ejecutiva del ISDEMU, la jefa de la unidad jurídica del ISDEMU, Representante de la Secretaría Nacional de la Familia, Representante de Secretaría de Asuntos Jurídicos y Legislativos de la Presidencia, Representante de familia nombrado por la Corte Suprema de Justicia, Representante del Consejo Nacional de la Judicatura, Representante de la Procuraduría General de la República, una persona Especialista en Género, además ha sido ampliada a solicitud de la Junta Directiva del ISDEMU y asisten representantes de los Ministerios de Educación, Agricultura, Ganadería y Pesca, Trabajo y Previsión Social, Salud y de la Fiscalía General de la República.

Esta Comisión ha elaborado y revisado varios proyectos de reforma de ley, que son conocidas y aprobadas por la Junta Directa del ISDEMU:

Código Penal, reformas a los Artículos, 46, 61, 201, 206. (Pendiente de revisión y presentación a la Asamblea Legislativa) todas encaminadas a penalizar y/o mejorar la redacción de artículos de esta materia, que establecieran mecanismos de control, penalización de conductas que afectan a la familia. Sobre la paternidad irresponsable, en particular una posible reforma en el incumplimiento de la obligación alimentaría, penas accesorias y la incorporación de una pena adicional, además de la incorporación de la terapia obligatoria para los (as) agresores (as), así como la conceptualización de terapia obligatoria. Al mismo tiempo se pretende una reforma de las excusas absolutorias en el pago de los alimentos.

Código de Familia, referente a la protección de la vivienda familiar, (pendiente de revisión y presentación a la Asamblea Legislativa) Artículo 46 de este cuerpo legal, a razón de establecer mejores mecanismo para la protección y/o constitución de la vivienda Familiar.

Ley del VIH/SIDA, revisión de anteproyecto, a razón consultiva.

Ley de Constitución del Bien de Familia, propuesta de reformas, (pendiente de revisión y presentación a la Asamblea Legislativa), reformas que tienen como fin que ninguno de los padres pueda enajenar la vivienda familiar y que en la escrituración aparezca la madre.

Código Electoral, en elaboración de reformas, para incorporar y/o asegurar la participación de la mujer en los comicios electorales y en la vida política nacional

Anteproyecto de Código de la Niñez y la Adolescencia, la elaboración del anteproyecto fue de construcción colectiva, mediante un proceso en donde participó la Secretaria Nacional de la Familia y Presidenta de la Junta Directiva del ISDEMU, Corte Suprema de Justicia, Asamblea Legislativa, ONGs, Iglesia, niños, niñas y adolescentes. Dicho anteproyecto garantiza la inclusión de la perspectiva de no discriminación en razón del género, incluyendo además la no discriminación en razón de la etnia a la cual se pertenece.

Ley contra la Violencia Intrafamiliar, propuesta de reformas, enviadas y aprobadas por la Asamblea Legislativa.

Las reformas a la Ley contra Violencia Intrafamiliar son las siguientes:

–Propuesta de cambios de tal manera se diera atención y prevención a la violencia intrafamiliar, buscando el establecimiento de una cultura de la no violencia, Artículo 6 literal c.

–Se suprimieron frases que afectaran solo una parte del problema y se trata de que se viera de forma general ejemplo: se aprobó suprimir “abuso sexual incestuoso” para no limitar al literal y se agrega a los adolescente, dejando solo abuso sexual que abarca todas las formas de abuso.

–Se agregó Violencia Patrimonial que es un tipo de violencia no visible pero que afecta la vida familiar, con anterioridad sólo se encontraba: violencia física, violencia sexual y violencia psicológica.

–Al mismo tiempo se establece el ISDEMU, como ente rector, esto significa que será el encargado de velar y buscar mecanismos de ayuda con todos los sectores involucrados hacia la erradicación de la violencia intrafamiliar.

–Se propuso decomisar o quitar las armas que posea el (la) agresor (a) mientras duren las medidas.

–Además de proponerse reformas para asegura la asistencia de las partes a los tribunales con fines que todo se solucione de la mejor forma.

–Se agrega a los maestros y maestras y todas las personas profesionales relacionadas con la salud para que ellos (as) denuncien todos los casos de maltrato.

–También se incorpora el pago a la víctima por todo los daños emergentes ocasionados incluye gastos de salud, y todo gasto derivado de la violencia ejercida.

–Además se considera que los jueces y juezas impongan al agresor o agresora tratamiento psicológico o psiquiátrico, también que al no comparecer a las audiencias los (as) hará incurrir en multas, esto para que se de un respeto al orden judicial.

La Política Nacional de la Mujer que rige al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer —ISDEMU—, consta de 10 áreas específicas, entre las cuales se encuentra el área de violencia, ligada a dicha área esta el Programa de Saneamiento de la Relación Familiar —PSRF— que pretende darle atención a la problemática de la violencia intrafamiliar en el país.

En el informe de labores del año 2001, el ISDEMU, atendió un total de 26,775 casos de violencia intrafamiliar en todo el país, capacitó a 19,512 jóvenes en la temática de violencia intrafamiliar. Se ha dado seguimiento al tema de salud mental y violencia intrafamiliar a más de 9,000 personas.

Al mismo tiempo en lo que va del año 2002 el Programa de Saneamiento de la Relación Familiar —PSRF— ha prestado atención a los siguientes casos de violencia intrafamiliar:

Cuadro 1 Casos de violencia atendidos en el PSRF de Enero a Julio del año 2002

Tipo de caso atendido	Casos de mujeres atendidos	Casos de hombres atendidos	Total
Agresión Sexual	249	39	285
Maltrato al o a la menor	484	444	928
Orientación en contra la violencia	436	1	437
Violencia Intrafamiliar	1 736	190	1 926
Total	2 905	674	3 576

Fuente. Programa de Saneamiento de la Relación Familiar –PSRF- del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer —ISDEMU.

Se considera importante prestar especial atención al alto nivel de violencia que se ejerce sobre las mujeres, además de ser también preocupante el elevado nivel de agresión en contra de los niños y las niñas, considerando que esta es sólo una de las fuentes del país (la más importante) donde se le da tratamiento y seguimiento directo a toda la problemática de la violencia intrafamiliar en contra de las personas y en particular de las mujeres, los niños y las niñas.

Además a pesar del avance en los aspectos legales las mujeres continúan siendo víctimas en proporciones elevadas de violencia sexual.

Según el Artículo 3 de la Ley Contra la Violencia Intrafamiliar: “La violencia sexual son las acciones que obligan a una persona a mantener contactos sexualizados físicos o verbales, o a participar en ellos mediante la fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza u otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Igualmente, se considerará violencia sexual, el hecho de que la persona agresora obligue a la persona agredida a realizar alguno de estos actos con terceras personas.”

Además el Artículo160 del Código Penal de El Salvador, reconoce como Agresión Sexual a todo contacto sexual no consentido. Tal como lo mencionan representantes de la Fiscalía General de la República: “se considera que la violencia s e xual tiene múltiples formas: Acceso u hostigamiento en la calle, en el trabajo, en la casa, en el colegio, en la escuela, en la universidad, etc., violación, explotación s e xual, turismo sexual, trata de personas con fines sexuales, abuso sexual de niños, niñas y / o adolescentes, manipulación, corrupción, prostitución, pornografía, m u til a ción o daño en los genitales”.

Y continúa considerándose a la Violación como el acto por medio del cual una persona mediante la violencia tiene acceso carnal por vía vaginal o anal con otra persona (Artículo 158 del Código Penal de El Salvador). Además, según el artículo 163 del mismo Código, el Estupro es cuando una persona, mediante engaño, tiene acceso carnal por vía vaginal o anal, con persona entre 12 y 18 años de edad.

Con todo lo anterior las cifras de violencia sexual y violaciones en contra de mujeres en nuestro país continúan siendo alarmantes.

Gráfico1 Tasa de denuncias de violencia sexual por 10,000 habitantes. Años 1999 y 2000

5,4 2000 1999 PNC FGR 66 5 4 3 2 1 0 1,0

5,0

1,2

Fuente : Fiscalía General de la República de El Salvador y Policía Nacional Civil.

Como se puede observar el incremento de las denuncias por violencia sexual es notorio en ambas fuentes (Fiscalía General de la República y Policía Nacional Civil) de un año para el otro.

Ante esta situación se ha reconocido la importancia de revisar el Código Penal por aumentar las penas en los casos de violencia y violación sexual, acciones en las cuales se encuentra trabajando actualmente la Comisión Jurídica presidida por la Directora Ejecutiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer —SDEMU—.

Artículo No. 3

“Los Estados partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas políticas, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer ...”

Desde el carácter ejecutivo, se considera que el desafío de las políticas públicas orientadas hacia las mujeres, es evaluado desde el alcance que las políticas tengan para sentar las bases u orientar el camino de las naciones hacia los paradigmas de desarrollo. En ese sentido los países se ven determinados por los ideales de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y las ciudadanas, elevando su participación en la toma de decisiones de forma equitativa. Lo anterior se traduce en la búsqueda de un sistema democrático y equitativo.

En El Salvador se esta ejecutando en la actualidad el Plan de Acción 2000-2004 de la Política Nacional de la Mujer, que contempla una serie de acciones en las diferentes áreas considerando las esferas política, social, económica y cultural.

En su memoria de labores del año 2001, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer —ISDEMU— informo el haber logrado avances en la ejecución de las 10 áreas de la PNM.

En el área de capacitaciones identificó el haber beneficiado a 3,801 mujeres y 2,139 hombres en capacitaciones sobre diferentes temáticas (derechos humanos, liderazgo, violencia intrafamiliar, perspectiva de género, planificación, etc.).

En El Salvador el apoyo a las mujeres se percibe desde diferentes aspecto y actores, por ejemplo la Comisión Interamericana de Mujeres —CIM— se encuentra representada por la Secretaria de la Honorable Asamblea Legislativa de El Salvador, Licenciada Carmen Elena Calderón de Escalón, quién cuenta con el apoyo técnico de una mujer experta en legislación y derecho Licenciada Araceli Bayona. Desde la CIM se han desarrollado diferentes acciones hacia la incorporación de las mujeres en el espacio político bajo la identificación de la importancia de potenciar a las mujeres hacia el ejercicio de sus derechos en igualdad de oportunidades con los hombres. Uno de los programas más importantes desarrollados por la CIM en El Salvador ha sido: “Programa Divulgación de los Derechos de la Mujer para un Liderazgo Efectivo”, ejecutado en el marco del convenio UTE-CIM-OEA. Dicho programa tenía como objetivo potenciar la participación de las mujeres en los diferentes aspectos de la vida nacional y principalmente en el espacio político, promoviendo el ejercicio de sus derechos a través del conocimiento de los mismos, la población meta fueron alcaldesas, concejalas y mujeres líderes de todo el país en un total de 564 asistentes, las temáticas desarrolladas fueron las siguientes:

–Violencia de Género, Derechos Humanos y Salud Reproductiva.

–Vocabulario referido a Género.

–La Violencia como expresión de las Relaciones de Poder. Un enfoque desde el Movimiento de Mujeres.

–Los Derechos de las mujeres: de la prohibición a la eliminación de laDiscriminación.

–Tipos de poderes.

–Declaración americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

–Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

–Convenio 111 de la OIT, relativo a la no discriminación con respecto al empleo y la ocupación.

–Convenio 156 de la OIT relativo a los trabajadores con responsabilidad en la familia.

Finalmente, se reconoce que los gobiernos locales (alcaldías) desarrollan importantes esfuerzos a favor de la potenciación de las mujeres, por ejemplo la alcaldía capitalina (San Salvador) cuenta con una “Política Municipal para la Equidad de G é nero”, que tiene como objetivo general: “desarrollar una gestión encaminada a promover la equidad y corresponsabilidad entre los géneros, mediante una interve n ción orientada a mejorar la condición y elevar la posición de las mujeres en el m u nicipio, para que su participación en las diferentes áreas de desarrollo de la mun i cipalidad se den en igualdad de oportunidades y beneficios respecto a los ho m bres”. Dicho objetivo es casi idéntico al objetivo general de la Política Nacional de la Mujer, lo que le brinda una mayor solidez a la articulación de esfuerzos instit u cionales en favor del desarrollo de las mujeres.

Artículo No. 4

“La adopción de los Estados partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer ... incluso las contenidas en la presente Convención, encaminadas a proteger la maternidad, no se considerará discriminatoria.”

Durante el año 2001, luego de la ocurrencia de los dos terremotos en el país (Enero y Febrero del 2001), desde la Asamblea Legislativa se hicieron las gestiones necesarias para la aprobación de un Decreto Transitorio que permitiera a las mujeres víctimas de los terremotos obtener en corresponsabilidad con los hombres viviendas temporales. Al mismo tiempo, se gestionaron los mecanismos que les permitieran a las mujeres como jefas de hogar acceder a otro tipo de beneficios.

Por otro lado, desde la Asociación de Parlamentarias y Exparlamentarias de El Salvador ha promovido dentro de la Asamblea Legislativa de El Salvador la aprobación de un proyecto de reformas al Código Electoral donde se identifique que, los partidos políticos deben adjudicar a mujeres un 40% de las planillas de las candidaturas a los cargos públicos de elección.

En seguimiento a dicha propuesta el ISDEMU dada la reducida participación de las mujeres en los cargos de dirigencia de los partidos políticos (ver gráfico 2), se han desarrollado diversos foros que pretenden buscar el apoyo al interior de la Asamblea Legislativa en base a la sensibilización y la importancia de potenciar a las mujeres desde el espacio mismo de los partidos políticos.

Artículo No. 5

“Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para: a) m o dificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consetudin a rias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos ... b) garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social ...”

Desde el esquema de análisis que identifica la discriminación y la exclusión femenina dentro del ámbito público y el privado, las organizaciones de mujeres han considerado importante comenzar a hablar en términos de las transformaciones hacia una democracia genérica, tomando en cuenta que se deben generar profundos cambios en el análisis del poder, identificándolo no sólo en el ámbito público —esfera política— sino en el privado —esfera doméstica—. Es decir que, se coincide con el planteamiento del gobierno de impulsar la inserción de las mujeres de una forma equitativa en el espacio productivo del país.

Se trata entonces, de identificar un sistema democrático que tome en cuenta dentro de la situación propia de las mujeres, sus características, sus necesidades y el nivel de introspección de la cultura patriarcal. Dicho nivel de introspección de la cultura patriarcal desde las mujeres mismas también ha sido considerado con especial cuidado por el Gobierno de la República de El Salvador, quién a través de la Política Nacional Mujer, pretende tratar el punto de la transformación cultural hacia la equidad entre los géneros considerando las individualidades tanto de hombres como de mujeres, donde es necesario además recordar las condiciones etáreas, étnicas y geográficas.

En base a la discusión sobre la exclusión de las mujeres del ámbito público o su inserción desde una visión que la desvaloriza, el análisis sobre la democracia se amplía y se orienta hacia la determinación que las condiciones para el desarrollo de un sistema democrático no deben de ser vistas exclusivamente desde lo político sino también desde lo social, tal como se considera dentro de la Política Nacional de la Mujer a tener como objetivo general: “Mejorar la condición y elevar la posición de las mujeres salvadoreñas, logrando que su participación en el desarrollo nacional tenga lugar con igualdad de oportunidades respecto de los hombres y promoviendo la corresponsabilidad entre los géneros”.

Desde la Política Nacional de la Mujer se han desarrollado diferentes acciones encaminadas a la eliminación de los patrones socioculturales que se constituyen como unos de los más grandes obstáculos para el adecuado apoyo del desarrollo de las mujeres en las diversas áreas de ejecución de la Política Nacional de la Mujer.

La mayoría de las actividades han sido relacionadas desde el componente de sensibilización y capacitación hacia diversos públicos en diferentes espacios y estructuras institucionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales.

Al mismo tiempo, se desarrollan procesos de formación en temas específicos, que cuentan con la perspectiva de la equidad de género como la línea base para la sensibilización de la población asistente.

Desde el Ministerio Público en el área de Trabajo de la Política Nacional de la Mujer se desarrollan acciones de promoción institucional de la igualdad de oportunidades y de trato para las mujeres en el mundo laboral.

Actualmente la Policía Nacional Civil, cuenta con 1,134 mujeres que ocupan los siguientes cargos: 3 comisionadas, 8 subcomisionadas, 3 inspectoras, 28 subinspectoras, 44 sargentas, 61, 1050 entre cabos y agentes. El ejército nacional cuenta con mujeres militares, a partir del año 2002 ofrece la carrera de militar a las mujeres.

Se han desarrollado jornadas dirigidas a los padres y madres de familia y a sus hijos e hijas en algunas entidades públicas del país, denominadas “Así enseñamos ... Así hacemos”, destinadas a eliminar los estereotipos de género en la formación familiar.

De igual manera, entidades que trabajan más directamente en el espacio local como el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local —FISDL— cuenta con una Política de Equidad de Género, que centra sus esfuerzos en la promoción de la participación en equidad de género en la planificación a nivel local, promoviendo a su vez, el desarrollo familiar en armonía con los planteamientos de la equidad de género y étareos.

Artículo No. 6

“Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y e x plot a ción de la prostitución de la mujer.”

El Código de Familia, con relación a los Derechos Fundamentales de los (as) menores en su Artículo 351, numeral 12 se dice “a ser protegido (a) contra la inc i tación o la coacción para que se dedique a cualquier actividad sexual, la prostit u ción, etc ...”

Además, en el Código Penal en su Artículo 169 Y 170 con relación a la Inducción, Promoción y Favorecimiento de la Prostitución, se determinan penas específicas en contra de la prostitución.

Más recientemente por medio de la Ordenanza Contravencional del Municipio de San Salvador vigente desde el primero de marzo del 2000, Tomo 346 del 28 de Marzo del 2000, en su Capítulo III, habla sobre Contravenciones a la moralidad pública. En su Artículo 36 estipula sanciones contra el comercio de servicios sexuales en la vía pública.

Por otro lado en la ordenanza contravencional del Municipio de Santa Ana en su Capítulo III Contravenciones a la Moralidad Pública y Comercio de Servicios Sexuales, en el Artículo 28 establece multas para personas que en la Vía Pública solicite u ofreciere servicios sexuales.

Por otra parte, se ha iniciado un amplio proceso de asesoramiento y consulta a nivel nacional hacia la elaboración de la Ley contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, lo cual ha ubicado en la mesa de discusión nacional la temática, la cual ha llevado consigo, una serie de acciones y actividades que han permitido desarrollar ejercicios de aclaración y ubicación adecuada con relación a la conceptualización de la temática de la explotación sexual comercial. Dicho Anteproyecto de Ley se encuentra actualmente se encuentra en estudio y análisis en la Asamblea Legislativa.

Al mismo tiempo, se pretende contar con el Código de la Niñez y la Adolescencia (anteproyecto en proceso de revisión y aprobación en la Asamblea Legislativa) donde la explotación sexual comercial se considera dentro de los Regímenes Especiales que ameritan una protección particular y explícita de parte del marco legal a nivel nacional.

Parte II

Artículo No. 7

“Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para elim i nar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país ... en particular: derecho al voto, participación en la formulación de las políticas gubernamentales, ocupar cargos públicos, participación en organizaciones y asociaciones no gubernament a les ...”.

Según el Informe Mundial de Desarrollo Humano 2002, El Salvador dentro del Índice de Potenciación de Género se encuentra en la posición 52, en base a la clasificación mundial de 66 países. Lo que significa que notoriamente en el país no se ha logrado romper con los esquemas y la estructura que impiden la incorporación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y la ocupación de cargos públicos de poder.

En la actualidad, el gobierno de la República de El Salvador esta ejecutando el Plan de Acción 2000-2004 de la Política Nacional de la Mujer —PNM—, el cual continua conteniendo acciones en 10 áreas de apoyo al desarrollo de las mujeres, y que pretende principalmente (en base al Plan de Gobierno “La Nueva Alianza”) incorporar a las mujeres en el eje de igualdad de oportunidades y en goce pleno de sus derechos.

Las organizaciones de mujeres en el país continúan considerando que uno de los principales avances en términos de la participación equitativa en la formulación de políticas gubernamentales, continúan centrado en la conformación de la Junta Directiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer —ISDEMU—, donde se cuenta con dos representantes de dichos organismos u organizaciones de mujeres, además de encontrarse representadas las principales entidades gubernamentales que pueden y deben impulsar acciones a favor del desarrollo de las mujeres salvadoreñas, como lo son prácticamente todos los ministerios públicos con su máxima representación a los que compete la ejecución de un área en particular de la Política Nacional de la Mujer —PNM—.

Sin embargo también se reconoce que, mientras se habla de una elevada irrupción de las mujeres en la vida pública, se hace necesario identificar las características de esta irrupción. Literalmente se trata de una “histórica irrupción” la que las mujeres han desarrollado para ser tomadas en cuenta en cargos públicos y en la planificación gubernamental.

Ante dicha situación el Gobierno de la República de El Salvador ha pretendido dejar sentadas bases sólidas que garanticen la sostenibilidad de la planificación gubernamental a favor del desarrollo de las mujeres en equidad. Con ello, ha impulsado todo un proceso de institucionalización de la perspectiva de la equidad de género en todas las entidades públicas.

Las mujeres dentro de los escaños parlamentarios únicamente representan el 9,5% del total (año 2000), además las mujeres legisladoras, oficiales superiores y gerentes solo representan el 33% del total y las mujeres profesionales y trabajadoras técnicas representan el 47% del total de empleados (as). Sin embargo desde la Política Nacional de la Mujer se siguen desarrollando importantes esfuerzos con relación a la potenciación de las mujeres, por medio de procesos de sensibilización y capacitación.

Cuadro 2 Porcentaje de mujeres en el Gabinete de Gobierno. Períodos 1994-1999 y 1999-2004

Cargos	1994-1999	1999-2004
Ministerios	11	23
Viceministerios	11	12
Promedio	11	18,5

Fuente: Iniciativa Centroamericana de seguimiento a Beijing (cap. El Salvador, pág. 88).

A pesar que se denota un incremento de la participación femenina en el gabinete de gobierno de un período presidencial al siguiente (ver cuadro 2), las mujeres continúan estando presentes en porcentajes muy reducidos dentro de las representaciones de mayor poder de los Gabinetes de Gobierno, además las representaciones femeninas continúan siendo en los mismos espacios como educación; sin embargo, se cuenta con nuevas importantes oportunidades que se han abierto desde el Gobierno de la República para mujeres, por ejemplo en el presente año por primera vez en la historia del país se cuenta con una mujer como Presidenta del Banco Central de Reserva, espacios que han sido tradicionalmente ocupados sólo por hombres.

Por otro lado, dado que la participación de las mujeres es bastante reducida en los cargos de dirección de todos los partidos políticos del país (ver gráfico 2), se hace necesario trabajar desde los diferentes aspectos de la vida nacional para que las mujeres sean incorporadas de manera adecuada en los procesos de elección popular y en los procesos de participación ciudadana y de toma de decisiones a todos los niveles de la vida nacional.

Gráfico 2 Porcentaje de mujeres y de hombres que ocupan cargos de dirección en los pa r tidos políticos legalmente inscritos, El Salvador, 1999

Fuente: Tomado de “Informe alternativo sobre el cumplimiento de la Plataforma de Acción Mundial de la Cuarta Conferencia de la Mujer por parte del Gobierno de El Salvador”. Iniciativa Centroamericana de Seguimiento a Beijing (capítulo El Salvador) página 84.

En base a la importancia de la potenciación de las mujeres el ISDEMU desde la Política Nacional de la Mujer en el área de Participación Ciudadana y Política, ha ejecutado un programa dirigido a la “Formación Pluralista de Líderezas Políticas, en la cual se benefició a 45 mujeres líderezas de los diferentes partidos políticos del país, en el marco del proyecto de la Asociación de Ex Parlamentarias —ASPARLEXAL— / ISDEMU.

Por su parte, las organizaciones de mujeres en el país realizan esfuerzos importantes en coordinación con las agencias internacionales de cooperación hacia el impulso de la participación ciudadana y política de las mujeres, las acciones más importantes giran en torno a:

–Formación y capacitación a liderezas políticas.

–Participación ciudadana en equidad de género.

–Formación para la planificación de políticas participativas a nivel local, entre otros.

Artículo No. 8

“Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para garant i zar a la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna, la oportunidad de representar a su gobierno en el plano internaci o nal y de pa r ticipar en la labor de las organizaciones internacionales”

Desde la representación oficial como país, bajo la identificación de las Embajadas y los Consulados del Gobierno de la República de El Salvador, las mujeres se encuentran ocupando cargos de importancia. En la actualidad se cuenta con 12 mujeres en representaciones consulares en todo el mundo, 2 mujeres en los vice-consulados, 12 mujeres como ministras consejeras y una mujer embajadora. Hay que tomar en cuenta que el Gobierno de El Salvador sólo tiene representación diplomática en 27 países o regiones.

Con la creación del ISDEMU se ha potenciado la participación de las mujeres en los eventos nacionales e internacionales, mostrando una posición mucho más técnica y equitativa en todos los temas relacionados con el desarrollo integral de las mujeres.

La Licenciada Lourdes Rodríguez de Flores, en su calidad de Primera Dama de la República y de Presidenta del ISDEMU, asiste a diversos eventos de apoyo para el desarrollo de las mujeres salvadoreñas desde una representación de técnica y política del país.

Por otro lado, muchas comisiones que van al exterior del país consideradas como representaciones de alto nivel gubernamental constan de la presencia de mujeres en cargos públicos de importancia como la Señora Canciller de la República la Licda. María Eugenia Brizuela de Avila.

Por su parte, las funcionarias del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer —ISDEMU— han representado a la institución y al país durante el año 2001 en los siguientes eventos de relevancia para el apoyo a las acciones a favor de las mujeres: Seminario “Institucionalización del Enfoque de Género en la CEPAL y Ministerios Sectoriales” (Santiago de Chile), “Participación de la Mujer Rural” (Santo Domingo, República Dominicana), Foro “Políticas Públicas con Perspectiva de Género en el Sureste de México” (Oaxaca, México), entre otros.

Para el año 2002 la Directora Ejecutiva del ISDEMU Licda. Zoila González de Innocenti, en calidad de representación oficial del Gobierno de El Salvador, ha participado en el Seminario “Paternidad Responsable (San José, Costa Rica), en el Foro de “Intercambio de Experiencias sobre la Institucionalidad” (Guatemala); la “Reunión de mecanismos de la mujer de la región centroamericana” (Managua, Nicaragua), el Seminario internacional sobre “Gobernabilidad Democrática y Equidad de Género” (CEPAL, Santiago de Chile); eventos que según funcionarias del ISDEMU sirven de base para el apoyo regional (entre los países del área centroamericana) hacia la potenciación de la institucionalidad de la Perspectiva de la Equidad de Género, asegurando una sostenibilidad a nivel gubernamental del trabajo por el desarrollo de las mujeres, independientemente de los cambios políticos o de gobierno.

Al mismo tiempo, el gobierno esta participando en temas relacionados con las condiciones de vida de las mujeres en los que tradicionalmente no había participado, como el de paternidad y maternidad responsables, proyectando dicho tema como de importancia a nivel nacional en base a las líneas de apoyo recibidas por la representación del país en eventos internacionales.

Artículo No. 9

“Los Estados partes otorgarán a las mujeres iguales derechos que los hombres para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad ... y con re s pecto a la nacionalidad de sus hijos e hijas”.

No se cuenta con cambios representativos con relación a la conservación de la nacionalidad. La Constitución de la República en su Artículo 90 reconoce que: “son salvadoreños por nacimiento: 1° los nacidos en el territorio de El Salvador; 2° los hijos de padre o madre salvadoreños, nacidos en el extranjero; 3° los originarios de los demás Estados que constituyeron la República Federal de Centro América, que teniendo domicilio en El Salvador, manifiesten ante las autoridades competentes su voluntad de ser salvadoreños, sin que se requiera la renuncia a su nacionalidad de origen”.

Al mismo tiempo, El Salvador reconoce a sus ciudadanos (as) que puedan gozar de una doble nacionalidad, es su Artículo 91 la Constitución de la República establece que “los salvadoreños por nacimiento tienen derecho a gozar de la doble o múltiple nacionalidad”.

Cabe señalar que bajo este punto de la nacionalidad de los y las ciudadanas salvadoreños, a nivel legislativo se ha reconocido que el sexismo en el lenguaje bajo el cual ha sido elaborada buena parte de la legislación nacional (incluyendo a la Constitución de la República) puede llegar a significar la marginación o invisibilidad de las mujeres dentro de la protección que esta pueda representar.

Con relación a la protección de las personas menores de edad además de la Constitución de la República se cuenta con el Código de Familia, que contempla en su Artículo 351, “3° todo menor tiene derecho a preservar desde su nacimiento y en todo momento su nombre, su nacionalidad, representación legal y relaciones familiares y a gozar de un sistema de identificación que asegure su verdadera filiación materna y paterna”, y la Ley del Nombre de la Persona Natural aprobada mediante decreto No. 450 en el año de 1990.

Además El Salvador ratifica en el año de 1990 la Convención de los Derechos del Niño, donde en su Artículo 7 dice que “El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos”.

Dicho derecho a la nacionalidad de las personas menores de edad es retomado en el Anteproyecto del Código de la Niñez y de la Adolescencia que se encuentra en su periodo de revisión y su aprobación en la Asamblea Legislativa.

Parte III

Artículo No. 10

“Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para elim i nar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de der e chos con el hombre en la esfera de la educación ...”

En el Informe de Desarrollo Humano Mundial del año 2002 se presenta que la discriminación de las mujeres en el espacio de la educación formal en el país todavía se encuentra en un nivel evidente.

Dentro del Índice de Desarrollo Relativo al Género —IDG— en el mencionado informe El Salvador se ubica en la clasificación 87 de un total de 146 países a nivel mundial. En el mismo IDG, El Salvador presenta una tasa de alfabetización de mujeres adultas equivalente a 76,1 en comparación con 81,6 tasa equivalente a la población masculina (porcentaje de 15 años y mayores). Al mismo tiempo, en la tasa bruta combinada de matriculación primaria, secundaria y terciaria a nivel de país para el año de 1999, el porcentaje equivalente a las mujeres es de 64% y de los hombres es de un 63%.

A pesar que se reconocen avances en el apoyo desde las políticas sociales a la inserción de las niñas y mujeres a la educación formal del país, todavía se siguen manteniendo brechas de género en la tasa de alfabetización de adultos (as), lo que lleva a analizar detenidamente el problema de la deserción escolar (ver gráfico 3), que desde la condición de género de las niñas y mujeres se ven acompañadas de muchas dificultades y obstáculos para continuar dentro del sistema de educación formal.

Gráfico 3 Tasa promedio de asistencia escolar por área geográfica y sexo, El Salv a dor 1999

\s Fuente: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 1999. DIGESTYC; Ministerio de Economía.

Desde la Política Nacional de la Mujer —PNM— se reconoce que, además del resto de vulnerabilidades a las que las mujeres están expuestas y que se reflejan en indicadores como la tasa de asistencia escolar, vulnerabilidades como la ubicación geográfica representan claramente las brechas existentes a nivel de país no sólo de género sino urbano-rural (ver gráfico 3).

Se visualiza que las mujeres rurales mayores de los 13 años edad presentan una tasa menor de asistencia a la educación formal, vulnerabilidad relacionada con variables tales como sobrecarga de actividades reproductivas y productivas, embarazo en adolescentes, paternidad irresponsable, entre otras; que en definitiva redundan en el tema de la deserción escolar y la posterior discriminación de las mujeres en su inserción en los espacios productivos (ver gráfico 4).

Las cifras más recientes identificadas por el Ministerio de Educación reflejan a nivel nacional en Parvularia la cobertura del Ministerio es de un 40% teniendo un porcentaje de deserción escolar total equivalente al 7%, dentro del cual los niveles más elevados son presentados por los niños; en el nivel de Básica la cobertura nacional del Ministerio de Educación es equivalente al 86%, contando con una deserción escolar total del 6%, siendo también más elevada en niños; pero en el nivel de Educación Media la cobertura a nacional es del 36% y la deserción escolar total es del 10% siendo además de ser el porcentaje total más elevado de todos los niveles de educación y dentro este el más elevado porcentaje también es presentado por las niñas.

En base a dicho análisis se ha iniciado todo un esfuerzo desde la ejecución de la Política Nacional de la Mujer que consta de diferentes acciones específicas realizadas por las diferentes instancias nacionales relacionadas con el tema de educación, principalmente por el Ministerio de Educación:

•El impulso de Estrategias de Atención y Prevención del Embarazo Adolescente, para el Desarrollo Educativo Integral de la Niña.

•Formulación de estudios con indicadores de género que sirvan de referencia y fundamento para la ejecución de acciones tendientes a lograr la igualdad de oportunidades entre niños, niñas, mujeres y hombres en los diferentes niveles educativos.

•Se ha elaborado los instrumentos para recolectar información sobre las causas de la deserción escolar en el nivel medio.

•Se ha realizado promoción de las instituciones de Educación Superior, asimismo, se ha motivado a estas instituciones para que publiquen los resultados de los trabajos e investigaciones realizadas sobre temas referidos al género.

•Ejecución de círculos de alfabetización para mujeres que son víctimas de otro tipo de vulnerabilidades tales como discapacidades físicas (mujeres sordas) dirigido a diversificar las modalidades de atención educativa. Además se ha considerado las vulnerabilidades geográficas realizando entonces reuniones dirigidas a la

•Promoción de la Educación a distancia, priorizando a las mujeres del área rural y suburbana.

•Se ha promocionado a 5000 grupos organizados sobre grupos educativos de alfabetización en base a demanda y oferta, priorizando la integración de la mujer a los grupos educativos.

•Desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, para ello se ha promovido con 100,000 personas alfabetizadas, actividades que orienten a la equidad de género.

•Se elaboraron criterios de equidad de género para la selección y asignación de becas, realizándose un proceso de otorgamiento de Becas (56) Presidente de la República y Dr. José Antonio Rodríguez Porth en coordinación con Educación Superior.

•Se editaron, revisaron, reprodujeron y distribuyeron 1000 juegos educativos impresos de orientación vocacional y estereotipos de género para jóvenes de noveno grado de Centros Educativos pilotos.

•Se formuló, gestionó, validó, diseñó y se reprodujo 1000 ejemplares del paquete metodológico relativo a la equidad de género para formadores de formadores en áreas técnicas del bachillerato. Sobre este paquete se capacitaron a 100 formadores y formadoras, manteniendo criterio de selección para la participación, desde un enfoque de género.

•Se realizó un proceso de verificación para que las instituciones de Educación Superior estén cumplimiento con lo normado en la Ley Contra la Violencia Intra-familiar, en el sentido de tener incorporado en las carreras del área de Salud, Ciencias de la Educación, Profesorados, Ciencias Jurídicas y Estudios Sociales, contenidos sobre salud sexual y reproductiva y la Ley contra la Violencia Intra-familiar, para que las carreras sean aprobadas.

•Se formuló, incluyó y revisó un documento dirigido a incorporar el enfoque de género en objetivos, categorías y criterio de evaluación, para un abordaje con equidad e igualdad.

Desde las estrategias desarrolladas a nivel del Ministerio de Educación se ha llegado a detectar que una de las causas de la deserción escolar de las niñas y adolescentes es el embarazo, los datos más recientes indican que el interior de los centros escolares públicos (de un total de 166 centros escolares a nivel nacional) se detectaron 190 niñas y adolescentes embarazadas y ya fuera de los centros escolares se detectaron 252 niñas y adolescentes embarazadas, generando un total de 442 niñas y adolescentes embarazadas detectadas por el Ministerio de Educación en lo que va del año 2002. Si la cifra anterior la comparamos con una cifra aproximada de 33,000 niñas y adolescentes embarazadas detectadas por el Ministerio de Educación durante el año de 2001, la ampliamente notable reducción es una muestra de la efectividad de los programas ejecutados por el Ministerio de Educación a favor de la formación y educación de las niñas y adolescentes para evitar el embarazo a temprana edad y proyectarse un notable reducción en la deserción escolar de las niñas en los niveles de educación media.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Educación cuenta con una oficina especializada de atención al público que esta a la disposición de recibir toda denuncia sobre el maltrato o la discriminación de las niñas y adolescentes embarazadas al interior de los Centros Escolares; y ante tales situaciones el Ministerio envía notas al Centro Escolar y le da seguimiento individual a cada uno de los casos que se presentan. En esta misma oficina también se le da seguimiento a algunos casos de acoso sexual que sufren las niñas y adolescentes en los Centros Escolares a nivel nacional.

Se sabe que los esfuerzos por realizar son todavía grandes, en especial en lo que concierne a tomar en cuenta otras vulnerabilidades de la que sufren las mujeres tales como: la ubicación geográfica no sólo habitar en el área rural sino también los accesos a las escuelas, acceso a las nuevas tecnologías, y principalmente que aún no se ha logrado romper con el esquema patriarcal que continua asignando roles y actividades en base al género, que obliga a las niñas y a las mujeres de todas las edades a realizar la doble y triple jornada.

Artículo No. 11

“1. Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar ... a) el derecho al trabajo ..., b) el derecho a las mismas oportun i dades de empleo ..., c) el derecho a elegir libremente la profesión y empleo ..., d) el derecho a igual remuneración ..., e) el derecho a la seguridad social ..., f) el derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condici o nes de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de r e producción ...

2.A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad ... a) prohibir el despido por motivos de embarazo o licencia de maternidad y discriminación sobre la base del estado civil, b) i m plantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o equivalentes ..., c) alentar el subministro de servicios sociales para el aliento de la combinación de responsabilidades entre los padres ..., d) prestar protección especial a la mujer durante el embarazo ...”

La inserción de las mujeres en los espacios productivos continúa siendo uno de los mayores obstáculos para su desarrollo. El sector informal sigue conformándose como el principal sector de la economía donde la mujer encuentra un espacio para recibir alguna remuneración, y es este sector que es también el mayormente desprotegido por la estructura de seguridad social a nivel país, inclusive, por la legislación laboral además de ser complicado el seguimiento y monitoreo del adecuado ejercicio de dicha legislación.

La relación del ingreso promedio de las mujeres en comparación con los hombres a nivel país para el año 2000 era de un 0,35, es decir que, la mujer percibe un 35% menos del salario percibido por los hombres en trabajos o labores equivalentes. Al mismo tiempo la estimación del ingreso por trabajo remunerado en El Salvador para las mujeres es de 2.347 y para los hombres es equivalente a 6.727 —Paridad del Poder Adquisitivo PPA en Dólares—, la desproporción en el poder adquisitivo es notablemente inequitativo entre hombres y mujeres (ver gráfico 4).

Se considera que el marco jurídico de protección laboral es adecuado para el apoyo de las mujeres en una inserción laboral equitativa, se identifica entonces que, el problema radica primordialmente en la discriminación sociocultural que continua marginando y menospreciando el trabajo femenino y las actividades realizadas por las mujeres, además de no permitirle formarse adecuadamente hacia la realización de labores mejor remuneradas.

La Legislación Laboral no ha sufrido ningún cambio significativo –en términos de protección laboral de las mujeres- desde el envío del Quinto Informe Periódico de los Estados partes por El Salvador, donde se retoman todos los artículos del Código de Trabajo que brindan protección a la mujer embarazada y donde se establece que las mujeres tienen derecho a una remuneración justa y equitativa .

Gráfico 4 Salario mensual promedio por categoría ocupacional, para hombres y mujeres

Fuente : PNUD, In f orme sobre Desarrollo Humano, El Salvador 2001.

Al mismo tiempo, se reconoce el mal ejercicio del marco jurídico de protección laboral para la mujer. En base a ello, desde el área de Trabajo de la Política Nacional de la Mujer, se desarrollaron las siguientes líneas de acción:

•Fortalecimiento de programas para la inserción Productiva y el Desarrollo de la Mujer.

•Promoción del Conocimiento y Aplicación de los derechos laborales de las mujeres y de las medidas de higiene y seguridad ocupacional.

•Promoción de la igualdad de oportunidades y de trato para las mujeres en el mundo laboral.

La mayoría de dichas líneas estratégicas son desarrolladas con relación a los planes de trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social dependencia del Gobierno de la República de El Salvador, de las cuales se desprendieron las siguientes acciones:

–Aprobación de 64 reglamentos internos de trabajo, que fueron presentados por diversos Centros laborales, para los cuales se verifico que su formulación no tuviera contenidos discriminatorios hacia la mujer.

–Elaboración de instructivo desde la perspectiva de género, para el desarrollo del reglamento interno de trabajo, que sirva como guía para los diferentes centros laborales, en la formulación de su propio reglamento o en su defecto a las personas que realizan los estudios a los reglamentos presentados, para su aprobación.

–Realización de inspecciones en Centros de Trabajo industrial, nocturnos y agropecuarios, donde el mayor recurso que labora en ellos son mujeres, por medio de las cuales se verifico el cumplimiento de las prestaciones legales que tiene la mujer trabajadora, dando prioridad a las relacionadas con la salud.

–Se realizaron 3.840 inspecciones y reinspecciones especiales y programadas en los centros de trabajo, para prevenir riesgos profesionales de mujeres y hombres, en los sectores de la industria, servicio, comercio y agropecuario.

–Mediante acciones de coordinación interinstitucionales realizadas con el ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, se realizaron 20 inspecciones y reinspecciones especiales, dirigidas a verificar que las condiciones de trabajo en que laboran las mujeres, no afecten la salud reproductiva de las mismas.

–Para la conformación de comités de seguridad e higiene ocupacional en los centros de trabajo, se levantaron 40 actas de compromiso de formación de comités en forma voluntaria, para prevenir riesgos profesionales.

–Se diseñó e implementó un programa de 5 jornadas de sensibilización para la mujer con los componentes: Derechos y Deberes laborales, Género y Desarrollo, las consecuencias de la violencia Intra-Familiar en el Centro de Trabajo, Diálogo Social y Salud Ocupacional.

–Actualización validación de un convenio entre el Ministerio de Trabajo y la Procuraduría General de la República, dirigido a la implementación de un mecanismo permanente de coordinación interinstitucional, que posibilite el acceso a puesto de trabajo de la mujer jefa de hogar.

–Se realizaron 100 visitas de promoción a las Empresas, con el objetivo de incrementar la colocación de las mujeres jefas de hogar en puestos de trabajo.

–Ejecución de cursos básicos de cooperativismo, para el fomento de la participación de las mujeres en las asociaciones cooperativas como alternativa de empleo no marginal, y como una forma de insertar a la mujer en el mercado de trabajo.

–Implementación de un sistema de seguimiento de los casos de adolescentes autorizados para incorporase al mercado laboral.

Además el ISDEMU, esta impulsando la creación de Centros de Formación Profesional para las mujeres, que les permitan insertarse de una forma más adecuada en los espacios productivos, sobre todos en aquellos donde encuentran mayores obstáculos, es decir, en campos que tienen que ver ya con la economía primaria y secundaria (a la agricultura / industria y el comercio).

Artículo No.12

“Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para el i minar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar ...el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia ...se garantizarán a la mujer los serv i cios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos ...”

Se ha reconocido por medio de la demostración de diferentes estudios internacionales y a nivel de país que en la medida que la población obtiene mejores condiciones de salud, así va mejorando su aporte al desarrollo del país.

En El Salvador todavía se detecta una tasa de mortalidad materna relativamente alta: por cada 100,000 nacidos (as) vivas (as) mueren 120 mujeres entre los 15 y los 40 años de edad. Al mismo tiempo, se sabe que sólo la mitad de los partos del país (51%) son atendidos por personal médico especializado, situación que claramente es más intensa en las zonas rurales.

La tasa global de fecundidad en El Salvador continua siendo bastante elevada, a pesar que en general, se han experimentando importantes reducciones sus valores su valores siguen siendo altos, especialmente entre las mujeres del área rural donde entre 1993 y 1998 se detecto una tasa de fecundidad equivalente a 4,56 en comparación con el área urbana que presento un tasa equivalente a 2.79.

Al mismo tiempo, se reconoce una interrelación de las diferentes variables en la mejora de las condiciones de vida de las mujeres, por ejemplo, se detecta que las mujeres que cuentan con menores niveles educativos también presentan las tasas más elevadas de fecundidad (ver Gráfico 5).

Gráfico 5 Tasa global de fecundidad, según nivel educativo, El Salvador 1988-1998

\s

Fuente : Encuesta Nacional de Salud Familiar / FESAL 98, El Salvador 2000.

En base a lo anterior, desde la ejecución de la Política Nacional de la Mujer en su Plan Operativo 1997-2000 se ha pretendido institucionalizar la perspectiva de la equidad de género en todas las instancias públicas del área de salud, las acciones en ese ámbito desde el ISDEMU y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se han desarrollado las siguientes acciones:

•Capacitaciones en Salud Integral del adolescente y género dirigidas a médicos (as), enfermeras y educadores (as) para la Salud.

•Promoción de acciones para la reducción de cáncer cérvico uterino.

•Jornada: El genero, en los programas de salud integral de la mujer, dirigido a personas a nivel técnico del Ministerio de Salud e Instituto Salvadoreño para el Seguro Social (ISSS).

•Capacitación al personal de salud pública en la humanización de la atención y toma de citología.

•Jornada de sensibilización a miembros propietarios y suplentes de comité interinstitucional de prevención de cáncer de cerviz.

•Capacitaciones a personal multidisciplinario con expertos de salud sexual y reproductiva.

Al mismo tiempo, a nivel de ministerios públicos, se han desarrollado diversas acciones específicas en el área de salud bajo una perspectiva de mejorar la salud de las mujeres como un apoyo a su desarrollo integral. Por ejemplo una de las líneas estrategias va encaminada a la reducción de la morbilidad y mortalidad de las mujeres por el cáncer cérvico uterino.

Las acciones pueden resumirse en las siguientes:

–Promoción en los medios de comunicación masiva de la importancia del auto cuidado de la salud de las mujeres.

–Diseño y validación de las normas nacionales de prevención del cáncer cérvico uterino.

–Desarrollo de proyectos para fortalecer la toma de citologías en áreas de mayor riesgo.

–Conformación de un Comité Nacional de Vigilancia de la Mortalidad Materna Perinatal y uno de salud reproductiva.

–Proporción de equipamiento básico a las 28 maternidades del país.

–Implementación de vigilancia epidemiológica de la mortalidad materna en las 28 centros de atención materna en el país.

–Elaboración de normas y guías de apoyo a la atención de la mujer.

–Aplicación de modelos de mejoramiento de la calidad en áreas prioritarias (Sonsonate y Ciudad Barrios).

–Fortalecimientos de las competencias técnicas del personal de enfermeras en la atención obstetricia y perinatal.

–Desarrollo de un programa que pretendía en las empresas lograr la detección precoz del cáncer cérvico uterino, con el cual se beneficiaron a 164,330 mujeres. También se nombró un médico Colposcopista, con lo cual aproximadamente se beneficiaron 9000 mujeres con PAP anormal, lo cual permitió un tratamiento oportuno de lesiones.

–Formación de 357 adolescentes mujeres y 293 adolescentes hombres facilitadores (as) en salud sexual y reproductiva, en los departamentos de San Salvador, La Libertad y Chalatenango.

–Desarrollo de talleres comunitarios en los mismos departamentos, beneficiando a 1,375 adolescentes mujeres y 1,125 adolescentes masculinos.

Por su parte de manera puntual el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social desde la Gerencia de Atención Integral en Salud a la Mujer, ha desarrollado las siguientes acciones con relación a los compromisos adquiridos en las Conferencias de Esposas de Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas:

Área de Atención Materna:

√Oficialización del comité Nacional de vigilancia de la Mortalidad materna.

√Lanzamiento y divulgación de Manual de Vigilancia de la Mortalidad Materna.

√Distribución de manual técnico de Salud Reproductiva a los establecimientos del nivel nacional.

√Elaboración, lanzamiento y utilización de manual de educación continua a parteras.

√Implementación de los modelos de calidad en la atención en Sonsonete y Ciudad Barrios.

√Vigilancia de la mortalidad materna en las 28 maternidades del país.

√Lanzamiento y divulgación de la Directiva Técnica para la atención de la mujer durante el embarazo, parto, post-parto y recién nacido.

√Evaluación de las condiciones de eficiencia de las 28 maternidades del país.

√Dotación de equipo básico para la atención en las 28 maternidades del país.

√Distribución de Kits de S.R. a 45 unidades de salud y 11 hospitales del país post-terremoto.

√Asignación de 4 Unidades móviles debidamente equipadas para albergar y comunidades rurales afectadas por los terremotos.

√Implementación del Sistema Informático Perinatal en 10 maternidades del país.

√Capacitación de personal de enfermería en Competencias Obstétricas. Auditorías del 87 % de muertes maternas.

Área de Provisión de Servicios de Planificación familiar:

√Capacitación de los equipos técnicos de SIBASI y de zona en el manejo del programa computarizado de Logística de Anticonceptivos.

√Actualización del Manual de procedimientos del sistema Logístico de anticonceptivos.

√Desarrollo de talleres de seguimiento de aplicación de Normas de Planificación Familiar.

√Implementación de la estrategia de distribución comunitaria de anticonceptivos a nivel nacional

√Implementación de estrategia de Aseguramiento de la disponibilidad de anticonceptivos.

√Jornadas de capacitación para divulgación del manual para la atención del parto, post-parto y post-aborto.

Área de Prevención y control del cáncer cervicouterino:

√Conformación y funcionamiento del comité Nacional de Prevención del Cáncer cervicouterino.

√Equipamiento de clínicas de colposcopía en Hospital de Sonsonate y Usulután.

√Dotación de equipo e insumos médicos y de laboratorio de citología y Unidades de Patología cervical en Nueva Concepción, Chalatenango, San Vicente, Usulután y Laboratorio Central.

√Gestión para la incorporación de laboratorios de citología del MSPAS a la RED-PAC.

√Elaboración y validación de programa y normas de prevención y control del cáncer cervicouterino.

Área de Violencia Intrafamiliar:

√Revisión y validación de normas de Violencia intrafamiliar.

√Reuniones de seguimiento con la red de acción contra la violencia de género.

√Funcionamiento del programa de VIF en los Sistemas Básicos de Salud Integral —Sibasis—.

Artículo No. 13

“Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en otras esferas de la vida económica y social ... en particular: a) derecho a prestaciones familiares, b) derecho a obtener préstamos bancarios , c) derecho a participar en actividades de esparcimiento ...”

A nivel de país, se han desarrollado diferentes esfuerzos tanto desde el gobierno y sus diferentes dependencias como desde los Organismos Internacionales y las Organizaciones de Mujeres hacia la deconstrucción de las relaciones inequitativas entre hombres y mujeres. Sin embargo la estructura androcéntrica-patriarcal continua siendo el marco generalizado de socialización y cotidianización de la vida de la población salvadoreña. Lo cual inevitablemente se ha traducido a las diferentes esferas del desarrollo, desde el espacio más reducido (el hogar) hasta las esferas públicas como en la política y en la propiedad privada.

Así también se siguen manteniendo esquemas tradicionales que no permiten a las mujeres ser sujetas “confiables” para el manejo de cuestiones económicas o financieras que se reflejan desde que nunca ha existido una mujer dirigiendo el Ministerio de Economía o de Hacienda, hasta la poca accesibilidad que tienen las mujeres al sistema crediticio.

Dicha accesibilidad a los créditos también tiene una relación inevitable con su desventajosa condición femenina en aspectos relacionados con la pobreza y las pocas garantías mercantiles con las que puede contar. En base a ello desde el Gobierno de la República a través del ISDEMU se han impulsado diferentes acciones tales como:

•Se facilitó el acceso al crédito agrícola productivo mediante el otorgamiento de 85 créditos para actividades productivas de índole agrícola, pecuario, artesanal y microempresarial. El principal impacto de este proceso se visualizo en la participación de un 30% de mujeres en la Asambleas de las Intermediarias Financieras y de que éstas contaron con capital de trabajo al igual que los hombres.

•Se realizó un proceso de validación de un módulo de créditos con contenidos desde la perspectiva de la equidad de género, para ser utilizado por el personal operativo de instancias crediticias, creando condiciones que faciliten un mejor acceso al crédito por parte de las mujeres rurales.

•Realización de capacitaciones sobre la temática de género y acceso al crédito, de las cuales se beneficiaron 416 mujeres del sector reformado y 2332 del sector no reformado. También se capacito a 100 mujeres cooperativistas en el uso de instrumentos legales.

•Desarrollo de cursos de cooperativismo, dirigidos a potenciar el liderazgo de las mujeres para acceder al crédito y al cooperativismo.

Al mismo tiempo, el nivel de acompañamiento a las mujeres desde el la estructura gubernamental es compleja, dada la sobrecarga laboral de las mujeres y dada la cultura que las discrimina como seres humanas ante el derecho al esparcimiento y al ocio.

Sin embargo desde el espacio gubernamental se ha trabajado bajo la óptica de la sensibilización sobre el tema de la equidad de género a nivel familiar, identificando el derecho al esparcimiento como un derecho familiar donde en definitiva deben de estar incluidas las mujeres, para permitirles a ellas mismas reconocerse dicho derecho.

Bajo la misma temática se continua capacitado a funcionarios (as) del Estado con miras a la institucionalización de la perspectiva de la equidad de género y el trabajo por el cumplimiento de los derechos de las mujeres.

•Desde diversas instancias del gobierno se desarrollaron jornadas educativas denominadas “Conozcamos la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y su Protocolo Facultativo” dirigido a Procuradores y Procuradoras Auxiliares de la Procuraduría General de la República a nivel nacional.

•Capacitación en Autoestima, Violencia Intra-Familiar, Salud Mental y Talleres Ocupacionales a 12,000 adolescentes y jóvenes escolares, en el marco del programa de País Joven. Tu Futuro es Hoy.

•Sensibilizaron sobre Salud Mental y Violencia a 22.000 personas de organismos gubernamentales, no gubernamentales, Empresa Privada, Fuerza Armada y de Centros Penales.

•Formación de 537 facilitadoras y facilitadores en el tema de Salud Mental y Violencia Intra-Familiar.

•Se ha sensibilizado y capacitado a 14.000 personas del nivel comunitario: niños y niñas, adolescentes, jóvenes, padres y madres de familia y lideres comunales sobre prevención de la VIF, Salud Mental.

•Formación de 345 facilitadores y facilitadoras lideres de comunidades en prevención de violencia y salud mental.

•Campaña a nivel nacional “No al Silencio” en coordinación ISDEMU, Secretaría Nacional de la Familia con apoyo de OPS.

Las acciones dirigidas hacia la promoción del desarrollo de la mujer se realizan por parte de todas las instancias del gobierno para dar a conocer los derechos de las mujeres, el aporte de las mismas al progreso de la nación y las virtudes que para población tiene el desarrollo en equidad de género.

Artículo No. 14

“Los Estados partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia ec o nómica de su familia ... se asegurara el derechos de las mujeres a: a) Participación en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a todos los niveles; b) T e ner acceso a servicios adecuados de atención médica; c) Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social; d) Obtener todos los tipos de educación y de formación ...; e) Organizar grupos de autoayuda y cooperativas ...; f) Participar en todas las actividades comunitarias; g) Obtener acceso a créditos y préstamos agr í colas ...; y h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esf e ras de vivienda y servicios básicos ...”.

Se sabe que las mujeres son especialmente vulnerables ante la pobreza y que deben de enfrentar mayores obstáculos para insertarse adecuadamente en los procesos de desarrollo.

Al analizar los componentes del Indice de Desarrollo de Género según área rural y urbana del país el cruce de ambas categorías (ruralidad-urbanidad y género) muestra que las mujeres residentes en áreas rurales sufren una doble desventaja de cara a sus posibilidades de desarrollo humano: la discriminación y las limitaciones asociadas a su condición femenina, falta de oportunidades que, en promedio, enfrentan los (as) residentes rurales con relación a la población urbana, son una de las características más importantes de la especial vulnerabilidad de las mujeres que habitan en el área rural del país.

Los indicadores sobre las condiciones de vida diferenciadas de las mujeres en el área urbana y rural se han ido presentando a lo largo de todo el informe, por ejemplo para el área de educación ver gráfico 5.

De manera particular, se han desarrollado acciones desde el Ministerio de Educación relacionadas con promoción de la Educación a distancia, priorizando a las mujeres del área rural y suburbana.

Para el área de salud de manera específica, se sabe que se cuenta con diferentes variables que se entrecruzan con los indicadores de condiciones de pobreza, uno de ellos es el acceso a los servicios básicos y desde la condición de género de las mujeres el acceso al agua es un factor importante para la potenciación de su desarrollo. Aunque la presencia nacional de la Administración de Alcantarillados —ANDA— es amplia (70% de los municipios), su cobertura está concentrada en las principales zonas urbanas, con ello las mujeres que viven en las zonas rurales cuentan con menores posibilidades de suplir sus necesidades estratégicas (como su incorporación en procesos de formación laboral) dado que invierten una buena cantidad de su tiempo en el desarrollo de las tareas reproductivas, que incluye la complicación de “ir a buscar el agua”.

Desde tal situación el Gobierno de la República de El Salvador ha realizado importantes obras para acercar el agua potable en las poblaciones rurales de todo el país. Desde el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local, durante el año 2001 se han realizado más de 200 obras de infraestructura y acercamiento de agua potable en las comunidades rurales por medio de vías de acceso en diferentes lugares del país.

Al mismo tiempo, se han realizado otro tipo de acciones desde el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tales como:

•La producción, reproducción y promoción de guía técnica informativa sobre Uso Adecuado del Agua con enfoque de género.

•Capacitación a líderes y liderezas comunitarios (as) a través de seminarios educativos de salud preventiva con enfoque de genero, a fin de que estos sean agentes multiplicadores dentro de la comunidad a través de campañas educativas, asignación de un día de limpieza, creación de un club juvenil de conservación del medio ambiente encargado de divulgar y promover diferentes acciones referentes a: contaminación de mantos acuíferos; contaminación del agua, del aire y del suelo.

La anterior es sólo una de las variables que debe considerar la importancia de diferenciación de las necesidades y el impacto de la pobreza en cuanto a los géneros y a las zonas geográficas.

Otras variables interesantes son las relacionadas con el Índice de Potenciación de Género —IPG—, donde se demuestra que en el país ningún departamento con excepción de San Salvador alcanza un porcentaje de representación femenina en Concejos Municipales superior al 25%.

Desde el área de participación ciudadana y política de la Política Nacional de la Mujer, en coordinación con diferentes instancias que trabajan con los gobiernos municipales se ejecutaron las siguientes acciones:

•Se desarrolló un programa de sensibilización y capacitación sobre el enfoque de género dirigido a Representantes de Concejos Municipales, líderes, Liderezas comunales y Asesores (as) Municipales, con el fin de que este sea eje transversal de los planes, programas y proyectos de reconstrucción municipal.

•Se desarrolló un programa de capacitación de “Formación de Facilitadoras (es) municipales para la incorporación del enfoque de género en proyectos para la Reconstrucción de Municipios afectados por los terremotos”, fomentándose la participación de la mujer en igualdad de oportunidades en la gestión local.

•Se realizaron diversos diagnósticos rurales participativos a nivel de la comunidad. En estas actividades se beneficio a 61.747 mujeres y a 41.507 hombres.

•Se realizaron 166 visitas a usuarias y 759 a usuarios, en apoyo al programa de crédito, asistencia técnica y capacitación a fin de mejorar la capacidad productiva de la mujer rural.

Desde los aspectos de violencia intrafamiliar a nivel de gobierno se reconoce la importancia de erradicar dicha problemática, y para ello además del proceso de sensibilización y capacitación sobre los derechos de las mujeres a todos los niveles y zonas del país, el ISDEMU con el apoyo de diferentes instancias del gobierno como la Policía Nacional Civil —PNC— y la Procuraduría General de República tiene presencia en áreas rurales importantes, pretendiendo extenderse el presente año a todo el país, teniendo como prioridad la atención a víctimas de violencia intrafamiliar en las áreas rurales.

En resumen, las mujeres rurales continúan representando el grupo vulnerable más amplio en todos los departamentos del país, y dadas sus condiciones de vida se dificulta proyectar que sus necesidades pueden verse solventadas en base al seguimiento de una sola variable del desarrollo o de un solo componente, hay que considerar además que, las mujeres son especialmente vulnerables a los desequilibrios del desarrollo (por ejemplo urbano-rural y etáreos) y su situación de marginación les reduce las posibilidades de hacer visibles sus necesidades y requerimientos para elevar sus niveles de vida y todos (as) sus dependientes.

Parte IV

Artículo No. 15

“Los Estados partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley ... una capacidad jurídica idéntica a la del hombre ... reconocerán iguales derechos a circular libremente y a la libertad para elegir su residencia y domic i lio.”

La legislación salvadoreña tiene como fundamento legal los derechos humanos en todos sus aspectos y condiciones, incluyendo los de libertad de elección de residencia.

El Código de Familia regula potencia las libertades de elección de residencia en base a los fundamentos de la estabilidad familiar. En el articulado sobre Relaci o nes Personales y Patrimoniales entre los cónyuges en su inciso primero, el Artículo 36 del Código de Familia se establece: “Los cónyuges tienen iguales derechos y d e beres; por la comunidad de vida entre ellos se establece, deben vivir juntos, gua r darse fidelidad, asistirse en toda circunstancia y consideración”; además en el A r tículo 37 se establece: “Los cónyuges fijarán conjuntamente el lugar de residencia y regularán de común acuerdo todos los asuntos domést i cos”.

Con relación al derecho de circular libremente, las mujeres están dotadas de las mismas potencialidades jurídicas para movilizarse libremente en cualquier espacio público y bajo el reconocimiento equitativo de respeto a la propiedad privada.

Artículo No. 16

“Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para elim i nar la discriminación contra la mujer en todos los aspectos relacionados con el matrim o nio y las relaciones familiares ... .”

Dentro de la legislación salvadoreña desde la promulgación del Código de Familia en la década de los años noventa se identifica que “el fundamento legal de la familia es el matrimonio y descansa en la igualdad jurídica de los cónyuges ... el Estado fomentará el matrimonio pero la falta de éste no afectará el goce de los d e rechos que se establezcan a favor de la familia” (Artículo 32 del Código de Familia). Al mismo tiempo, dicho Código de Familia contempla en su Artículo 36 que “Los cónyuges tienen iguales derechos y deberes; y por la comunidad de vida que entre ellos se establece, deben vivir juntos, guardarse fidelidad, asistirse en toda circun s tancia y consideración”.

Desde el quinto informe de país de la Convención se han ya contemplado los diferentes avances que la legislación nacional contempla con relación a la protección en equidad de los géneros dentro de la constitución del matrimonio.

Parte V

Protocolo Facultativo

La firma del Protocolo Facultativo de la Convención se suscribió en el mes de Septiembre del 2001, la ratificación del mismo se encuentra en estudio y análisis de la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños (as) en el Exterior de la Asamblea Legislativa de El Salvador de conformidad al expediente No. 10726-2001.