37° período de sesiones
Acta resumida de la 770ª sesión (Sala B)
Celebrada en la Sede, Nueva York, el jueves 25 de enero de 2007, a las 15.00 horas
President a :Sra. Gaspard
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 18 de la Convención (continu ación)
Informes periódicos quinto y sexto combinados de Colombia (continuación)
En ausencia de la Sra. Šimonović, la Sra. Gaspard, Vicepresidenta, asume la Presidencia.
Se declara abierta la sesión a las 15.00 horas.
Examen de los informes presentados porlos Estados partes de conformidad con elartículo 18 de la Convención (continuación)
Informes periódicos quinto y sexto combinados de Colombia (continuación) (CEDAW/C/COL/5-6; CEDAW/C/COL/Q/6 y Add.1)
Por invitación de la Presidenta, los miembros de la delegación de Colombia toman asiento como participantes en el debate de la Mesa.
Artículos 7 a 9
La Sra. Zou Xiaoqiao solicita más información acerca de la Ley de Cuotas (Ley 581 de 2000), que establece una cuota del 30% para la participación de la mujer en la vida pública. Observa que, con arreglo al informe (CEDAW/C/COL/5-6, págs. 66 a 77), la mayoría de los sectores, aunque no todos, han alcanzado el objetivo establecido. Desea saber si se ha previsto adoptar medidas proactivas para asegurar que todos los sectores alcancen el objetivo y, de ser así, si se ha fijado un marco cronológico al respecto.
Según un gráfico que figura en las respuestas del Estado parte (CEDAW/C/COL/Q/6/Add.1, pág. 57), la proporción de mujeres en el desempeño de cargos públicos a nivel territorial se ha reducido en los últimos años. La oradora tiene interés en saber si se ha realizado alguna investigación para determinar las razones para esa reducción y cuáles medidas se adoptarán para remediar la situación.
En vista de que el número de mujeres senadoras es reducido, le interesa saber si el Gobierno está haciendo algo para alentar a los partidos políticos a que propongan un mayor número de candidatas.
Por último, teniendo en cuenta los graves problemas que encara Colombia a nivel interno, desea tener información acerca del grado de participación de la mujer en actividades relacionadas con la solución de los conflictos y la reconstrucción.
La Presidenta, en su calidad de miembro del Comité, pregunta si la Ley de Cuotas obliga a los partidos políticos a asegurar que el 30% de los candidatos propuestos sean mujeres y si penaliza a los que no lo hacen.
Las mujeres colombianas participan muy activamente en la sociedad civil y en la lucha por la paz. Asume que las mujeres que participan en la política reciban el mismo nivel de protección que las defensoras de los derechos humanos. Los niveles de violencia en el país pueden haber disminuido, pero el número de mujeres que siguen siendo rehenes es muy elevado. Se refiere, en particular, a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, que sigue retenida como rehén después de varios años.
La Sra. Belmihoub-Zerdani dice que, a pesar de los considerables esfuerzos realizados por el Estado parte para garantizar una mayor participación de la mujer en la toma de decisiones, incluidos los adelantos en materia legislativa y jurisprudencial, el número de mujeres en puestos de la administración pública sigue siendo muy reducido. Por ejemplo, en las últimas elecciones, sólo el 15,79% de los cargos de nivel directivo en la rama legislativa correspondió a mujeres (pág. 70 del informe). La oradora desea saber por qué el numero de cargos de la administración pública ocupados por mujeres es tan reducido. A menos que las mujeres colombianas voten por poder, por mediación de sus maridos, desearía tener más información acerca de la ley electoral de Colombia que tal vez guarde alguna relación con este asunto.
El hecho de que exista una proporción más elevada de mujeres en los cargos más altos del sector público —que son nombramientos discrecionales— sugiere que existe un deseo genuino por parte del Gobierno de aplicar la Convención. La manera de aumentar la proporción de mujeres en cargos de menor nivel tal vez sea asegurarse, en primer lugar, de que estén mejor equipadas para presentarse a las elecciones.
La Sra. Šimonović pide que se le aclare cuál es el número de embajadoras: según el informe (pág. 78), hay ocho embajadoras; sin embargo, en su declaración inicial, la jefa de la delegación dio una cifra mucho más elevada.
También tiene interés en saber si la Ley de Cuotas de Colombia se basa en el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y en la recomendación general No. 25. En el párrafo 1 del artículo 4 se señala explícitamente que la adopción por los Estados partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación. Como se señaló en la sesión de la mañana, esas medidas son a veces necesarias para asegurar la igualdad entre los géneros.
La Presidenta, en su calidad de miembro del Comité, señala que, según el informe (pág. 79), ningún colombiano por nacimiento puede ser privado de su nacionalidad y la calidad de nacional colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad. El Comité desea saber si un/una nacional extranjero/a que ha desposado un/una ciudadano/a colombiano/a también puede mantener su nacionalidad y transmitirla a sus hijos.
La Sra. Vásquez Zawadzky (Colombia) dice que la Ley de Cuotas se aplica a los puestos de la administración pública, no a los cargos electivos. En otras palabras, no se aplica a los movimientos y partidos políticos. En consecuencia, seguramente habrá una discrepancia en cuanto al número de mujeres en cada categoría. Según un informe reciente de la Oficina del Procurador General, se ha producido un aumento considerable en el número de mujeres en el gabinete. Durante el primer mandato del Presidente Uribe, cinco de los 13 ministros —incluida, por primera vez, la Ministra de Defensa— eran mujeres. En la actualidad, en su segundo mandato, cuatro de los 13 ministros y dos de los cuatro asesores presidenciales son mujeres.
Hay varias razones que explican la disminución de la proporción de mujeres en cargos gubernamentales a nivel territorial en los últimos años. Hasta época muy reciente, había 72 movimientos y partidos políticos en Colombia, lo que dificultaba la identificación de la población con un partido particular y entorpecía la participación de la mujer. Como resultado de la reforma política de 2006, el número de movimientos y partidos políticos se redujo considerablemente, y se prevé un aumento de la participación de la mujer como resultado de esa situación. También se están reforzando los artículos de asociación de esos partidos políticos —que fueron redactados hace mucho tiempo, por hombres— para permitir que las mujeres ocupen cargos de alto nivel y que su opinión se tenga en cuenta en la elaboración de las listas de candidatos. Además, a la espera de una ley de cuotas efectiva para la legislatura, se ha establecido un sistema de listas abiertas, que deberá facilitar el acceso de la mujer a cargos electivos. Las medidas especiales, pese a su carácter temporal, se aplicarán hasta el momento en que la situación cambie.
En respuesta a la petición de que se presenten cifras actualizadas, dice que en 2005 una tercera parte de los cargos del nivel directivo en entidades del orden territorial eran ocupados por mujeres. En cuanto al número de mujeres que ocupaban cargos electivos, la cifra actual es del 6,25% de las gobernaciones, el 7,6% de las alcaldías, el 13,71% de los concejos municipales y el 15,62% de las asambleas departamentales. El número actual de magistradas de tribunales superiores es del 11% para la Corte Constitucional; el 9,7% para la Corte Suprema de Justicia, el 26% para el Consejo de Estado y el 15,4% para el Consejo Superior de la Judicatura, o el 16%, como promedio. La Ley de Cuotas no se aplica a las cortes de la misma manera que se aplica a los cargos de la administración pública. El requisito que se aplica a las cortes es que las listas de candidatos preseleccionados tienen que incluir por lo menos a una mujer.
En relación con las medidas orientadas a aumentar la participación política de la mujer, la oradora menciona el acuerdo para la inclusión efectiva de mujeres en la política, firmado por representantes de 16 movimientos y partidos políticos en octubre de 2005. En el marco de ese acuerdo, cada movimiento y partido político se comprometió a elaborar un plan de acción orientado a fomentar la concienciación respecto de los procesos políticos, aumentar el número de mujeres en las listas de candidatos e incorporar una perspectiva de género en sus actividades. Se preveía que los efectos de ese acuerdo se verían en las próximas elecciones regionales, programadas para octubre de 2007.
Se han establecido sanciones para penalizar a los funcionarios públicos que no cumplen lo dispuesto en la Ley de Cuotas. Los funcionarios que contravienen la Ley en más de una ocasión pueden ser suspendidos de sus cargos por un período de hasta 30 días; los que siguen incumpliendo la Ley son reemplazados. Para asegurar que los funcionarios conozcan las disposiciones de la Ley y sepan cómo deben aplicarlas, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (CPEM) difunde información acerca de la Ley cada vez que se produce un cambio de gobierno.
Su Oficina también está promoviendo el establecimiento de Consejos Comunitarios de Mujeres, orientados a alentar los debates entre las organizaciones de mujeres y el Estado. Esos consejos —que ya suman 323— comprenden a mujeres indígenas, desplazadas, microempresarias, académicas y líderes políticas y sociales. El objetivo es definir un programa común sobre cuestiones relativas a la mujer y establecer una red de mujeres que estén a favor de la participación política y en contra de la violencia.
Por último, la oradora dice que, como resultado de la política de seguridad democrática del Gobierno, la parte del país que antes estaba bajo el control de grupos armados ilegales ha sido recuperada y el número de secuestros, asesinatos y ataques contra la población se ha reducido considerablemente. Con todo, eso no es suficiente. Mientras siga habiendo un colombiano rehén, el Gobierno y sus instituciones seguirán haciendo todo lo posible para lograr su liberación.
La Sra. Nieto Jaramillo (Colombia) dice que los disturbios civiles y la violencia en el país también han contribuido a que la participación de las mujeres en la vida pública en el pasado fuera reducida. Las elecciones programadas para octubre de 2007 serán las primeras en que los participantes no serán acosados por grupos paramilitares o de autodefensa que actúan al margen de la ley. Se prevé que el número de mujeres que se presentarán a las elecciones y resultarán electas será mayor. Cabe señalar que la actual Embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas fue la primera Presidenta del Congreso, y fue sucedida por otra mujer, la actual Presidenta del Congreso. El Gobierno da muestras de su genuino interés en promover la causa de la mujer con hechos, no sólo con palabras.
En relación con la participación política de las indígenas y las afrocolombianas, en 2006 había 1.908 jefes de comunidades indígenas, de los cuales 408 eran mujeres. Esas elecciones se celebran en el interior de las reservaciones de comunidades indígenas, que ejercen la autonomía que les otorga la Constitución y reconocen la participación fundamental de las mujeres en sus prácticas tradicionales.
Los partidos políticos también han comenzado a incluir mujeres en sus listas de candidatos. En Bogotá, el 25% de los consejeros municipales son mujeres. Las tendencias presentes en la capital repercuten en el resto del país, y se prevé que otras ciudades y municipalidades sigan el ejemplo. Por último, como parte de un acuerdo concertado recientemente entre el Gobierno y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se pondrá en marcha una campaña importante para alentar a las mujeres a participar en las elecciones de octubre de 2007.
La Sra. Vargas Silva (Colombia), respondiendo a la pregunta relativa al número de embajadoras, dice que la cifra presentada en la sesión matutina (35) corresponde al número total de mujeres que son jefas de misiones diplomáticas y consulados en el extranjero. Doce de esas mujeres son embajadoras en funciones. Además, en los últimos cinco años una mujer ha estado ejerciendo funciones de Ministra de Relaciones Exteriores. Las mujeres ocupan el 38% de todos los cargos diplomáticos y constituyen el 41,2% de los diplomáticos de carrera.
Por último, un niño nacido de una madre o un padre colombianos puede adquirir la nacionalidad colombiana si nace en el país. Si el niño nace en el extranjero, el nacimiento tiene que registrarse en el consulado colombiano. Aunque uno de los progenitores fuera un nacional extranjero, el niño tiene derecho a la nacionalidad colombiana.
Artículos 10 a 14
La Sra. Zou Xiaoqiao observa que en el informe no se menciona una ley sobre obligatoriedad de la educación y se pregunta si el Gobierno se propone aprobar una ley de ese tipo en el futuro próximo. Expresa su preocupación por la tasa de deserción entre las adolescentes y destaca que las adolescentes deberían poder terminar sus estudios. Le interesaría en particular conocer las tasas de deserción entre las niñas indígenas. Después de la presentación del cuarto informe periódico, el Comité sugirió que el Gobierno colombiano adoptara medidas para mantener a las adolescentes embarazadas en el sistema escolar; sin embargo, en el último informe no se hace mención a esas medidas. Por último, agradecería que se le proporcionara información detallada sobre la aplicación del decreto 2562 (2001) sobre la prestación del servicio público educativo a la población escolar en situación de desplazamiento.
La Sra. Patten encomia a la delegación por los esfuerzos realizados para promover la igualdad entre los géneros, a pesar de la difícil situación que se encara. En cuanto a la igualdad de la remuneración por un trabajo igual, observa que sigue existiendo una diferencia bastante marcada y se pregunta cuántos casos se han llevado ante los tribunales administrativos o judiciales, de conformidad con el artículo 13 de la Constitución. También desearía saber si el Gobierno se propone incorporar el principio de igualdad de remuneración en su Código Sustantivo del Trabajo.
La oradora encomia al Gobierno por sus programas orientados a apoyar a los grupos vulnerables en general, pero agradecería que se proporcionaran datos sobre grupos concretos, como las mujeres con discapacidad, las mujeres de edad y las desplazadas. También se recibiría con agrado información adicional sobre la situación del elevado número de mujeres que trabajan en las industrias maquiladoras.
Insta al Gobierno a que incluya en su próximo informe oficial datos sobre el número de mujeres en cargos de adopción de decisiones en el sector privado. Los datos proporcionados en las respuestas escritas indican que el 76% aproximadamente de los cargos de dirección están ocupados por hombres, por lo que sugiere que tal vez se desee considerar la posibilidad de aplicar medidas especiales de carácter temporal para acelerar la igualdad de facto. Por último, dice que le gustaría recibir información adicional acerca de las condiciones de trabajo de la mujer en el sector informal.
La Sra. Maiolo observa que el aborto sigue siendo ilegal, pero que, en determinadas circunstancias, los magistrados tienen la posibilidad de reducir o anular el castigo. Se pregunta si existe algún proyecto de legislación para despenalizar el aborto en otras circunstancias y si realmente hay mujeres encarceladas por haberse sometido a un aborto. También desearía saber si el Gobierno ha emprendido una campaña para promover el uso de anticonceptivos entre las mujeres de las zonas rurales.
La Sra. Arocha Domínguez expresa preocupación por el hecho de que, según ciertas estimaciones, hasta un 80% de los niños desplazados no tienen acceso a la educación primaria. Desearía saber cómo se propone el Gobierno encarar esa situación. Tiene particular interés en saber más acerca de la situación de las 70.000 mujeres que actúan voluntariamente como “madres comunitarias”. En vista de que esas mujeres realizan una labor sumamente valiosa, sería interesante saber si el Gobierno se propone reconocer oficialmente sus actividades. Por último, pregunta si se ha consultado a la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (CPEM) para asegurar la protección de los derechos de la mujer en el marco del acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos.
La Sra. Tan pregunta si el Gobierno está tomando alguna medida para reducir la enorme disparidad entre las tasas de mortalidad entre las zonas rurales y las zonas urbanas. Observa que aproximadamente el 78% de los abortos se realizan para poner fin a embarazos no deseados y se pregunta si el Gobierno está adoptando medidas para educar a la mujer en relación con la planificación de la familia. También observa que el Gobierno aprobó una ley orientada a mejorar la calidad de vida de las mujeres de las zonas rurales y las mujeres de bajos ingresos en particular (Ley 771/2002) y desea saber si el Gobierno ha adoptado medidas concretas para mejorar la situación de las mujeres de las zonas rurales desde la aprobación de esa ley.
La Sra. Begum pregunta si los programas de “manejo social del campo” abarcaban a todas las mujeres de las zonas rurales, específicamente las mujeres de diferentes grupos étnicos, grupos minoritarios y las mujeres indígenas, así como las mujeres de origen africano. Observa que aproximadamente el 31% de las mujeres desplazadas viven en la extrema pobreza en zonas rurales y se pregunta si esas mujeres también tienen derecho a solicitar un microcrédito en el marco del programa mencionado. También desearía que se le proporcionara más información sobre los resultados del Programa de apoyo a las mujeres jefas de hogar, de 2003. Por último, desearía tener más información acerca de la participación cada vez mayor de la mujer en el tráfico de drogas.
La Sra. Patten observa que Colombia tiene una serie impresionante de disposiciones jurídicas que benefician a la mujer en esferas tales como la vivienda y la agricultura. Desea saber cuál ministerio tiene a su cargo la aplicación de esas disposiciones y si existe un comité interministerial para evaluar sus efectos. Agradecería también que se le proporcionara información acerca del contenido y los efectos de los programas de salud ocupacional para las personas de las zonas rurales; la participación de las mujeres de las zonas rurales en el desarrollo de proyectos de microfinanciación, y la adquisición de tierras por parte de las mujeres de las zonas rurales.
La Sra. Ortíz Karam (Colombia) dice que la Constitución de Colombia y las leyes en materia de educación establecen que se proporcione enseñanza gratuita hasta el noveno grado. Algunos municipios exigen el pago de matrícula porque no pueden permitirse proporcionar la enseñanza gratuita, pero las familias que no pueden realizar ese pago reciben asistencia financiera. Es más frecuente que sean los niños varones quienes abandonen la escuela; en general, las niñas que abandonan la escuela lo hacen por motivo de embarazo. Se proporcionan mecanismos flexibles de apoyo, como programas de tutoría o cursos nocturnos, a las niñas que abandonan la escuela. Como los padres no siempre son conscientes de sus derechos y responsabilidades, el Ministerio de Educación trabaja con las asociaciones de padres y maestros para mantenerlos informados.
El Ministerio también imparte educación sexual, así como educación en materia de derechos humanos, con el fin de cambiar las ideas estereotipadas. También trabaja con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y lleva a cabo actividades de investigación con objeto de incorporar la perspectiva de género en los programas de estudios y transformar los comportamientos en el sistema de educación en su conjunto. La Corte Constitucional ha asignado fondos concretos a la prestación de servicios a los desplazados internos y el Gobierno está trabajando con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en un esfuerzo por proporcionar a los niños desplazados acceso a servicios de educación y social gratuitos.
La Sra. Vásquez Zawadzky (Colombia) dice que la tasa de deserción escolar está reduciéndose y que el programa nacional de educación está promoviendo la incorporación de las cuestiones de género en la actividad general, en particular en lo referente al acceso a la educación y a su alcance. La Corte Constitucional protege los derechos de las niñas embarazadas y vela por que no se vean obligadas a abandonar sus estudios.
La Sra. Borrero (Colombia) dice que el programa gubernamental “Familias en Acción” proporciona cobertura a 600.000 familias, y se ampliará poco a poco hasta abarcar a 1,5 millones de familias, incluidas 300.000 familias desplazadas. El programa presta servicios a madres de niños pequeños, por un período de 10 meses, y el Gobierno se propone desarrollar el programa como base de su labor en la lucha contra la pobreza. También existen programas de música para niños desplazados que incluyen un componente psicológico con el fin de a ayudar a los niños a encarar el trauma de haber presenciado actos de violencia. La OIM también está prestando asistencia a Colombia para capacitar a los maestros en el establecimiento de programas de prevención y protección. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ejecuta varios programas, incluido un programa de capacitación profesional para hombres y mujeres de 18 a 30 años de edad, que centran la atención en actividades de semicalificación. Los desplazados internos reúnen los requisitos para participar en todos los programas del SENA y tienen derecho al acceso gratuito a todos los servicios de salud.
La Sra. Vásquez Zawadzky (Colombia) dice que, aunque la participación de la mujer en el mercado laboral ha crecido en los últimos decenios, la mayoría de las mujeres trabaja en el sector informal. Un elemento fundamental de la política gubernamental consiste en crear puestos de trabajo y mejorar las condiciones de empleo, y las organizaciones de mujeres también participan en esos empeños. El programa gubernamental se propone facilitar el acceso de las mujeres al sector financiero mediante el otorgamiento de créditos a tasas de interés bajas a las mujeres jefas de hogar de las zonas rurales y urbanas más pobres. El programa también proporciona capacitación gratuita orientada a fomentar una cultura empresarial y enseñar a las mujeres la mejor manera de invertir sus recursos, así como a prestar asistencia en materia de comercialización y orientación centrada en cinco sectores: los alimentos, las industrias domésticas, la ropa, el cuero y la artesanía. Como resultado del programa, las propias mujeres están creando nuevos puestos de trabajo y fuentes de ingresos, y saliendo de la pobreza.
No se dispone de datos sobre las diferencias de salarios en el sector público, pero existen mecanismos para presentar denuncias de discriminación, y esos mecanismos se han utilizado. El Plan Estratégico para la Defensa de los Derechos de la Mujer se formuló en el primer semestre de 2006, y el segundo semestre del año se dedicó a las actividades de fomento de la concienciación. El próximo paso consiste en establecer coordinación con los diversos organismos encargados de proporcionar recursos y de ejecutar el Plan.
Las mujeres jefas de hogar, cuyo número está creciendo en Colombia, gozan de una protección especial con arreglo a diversas leyes. Si bien el 80% de los hombres jefes de hogar tienen una pareja, la mayoría de las mujeres jefas de hogar viven solas, y por ende su carga es más pesada, tanto en lo que se refiere a los niveles de ingresos como en lo atinente al cuidado de los niños y las tareas domésticas. En consecuencia, se han introducido medidas de acción afirmativa para proteger a esas mujeres, incluido el acceso al crédito y a los subsidios de vivienda. En el sector privado, el Gobierno promueve la paridad mediante la educación orientada a ayudar a la mujer a ocupar puestos de adopción de decisiones y de dirección. Por ejemplo, el número de mujeres que trabajan en el sector financiero es cada vez mayor. El Gobierno ha estudiado la cuestión relativa a la diferencia de sueldos basada en el género, en cooperación con dirigentes de los sectores empresarial e industrial, que estarán obligados a eliminar ese tipo de discriminación.
La Sra. Gutiérrez Méndez (Colombia) dice que, aunque el uso de anticonceptivos sigue siendo generalmente bajo, se ha producido un aumento en el uso de los métodos anticonceptivos más modernos, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas. En 2003 el Ministerio de Protección Social elaboró una Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva para hacer frente a la cuestión del embarazo entre las adolescentes. Dicha política ha alcanzado resultados importantes, tanto en lo referente al fomento de la toma de conciencia como en lo que atañe a la participación de las autoridades locales en la adopción de decisiones al respecto.
En cuanto a la mortalidad materna, dice que los trabajadores de la salud ponen el acento en la atención prenatal, materna y posnatal, así como en el uso de anticonceptivos. Sin embargo, a menudo el acceso a algunas regiones críticas caracterizadas por la dificultad del terreno o la dispersión de la población se ve obstaculizado. Es importante señalar que los programas nacionales de salud incluyen un componente obligatorio relativo a la calidad de los servicios que incorpora un estudio a fondo de los servicios prestados por los organismos públicos y privados, para todos los tipos de enfermedades y en todo el país. Los servicios de seguridad social mantienen dos sistemas en operaciones: un sistema basado en contribuciones y un sistema subsidiado. El Gobierno ha hecho todo lo posible para aumentar la cobertura en los dos sistemas, incluso mediante campañas de información y protección.
Todos los servicios de salud públicos y privados tienen que proporcionar abortos voluntarios, en las situaciones previstas por la ley, independientemente de la situación financiera o la protección de la seguridad social de la mujer. La ley también establece las normas para la financiación de los servicios de aborto. Si determinado médico se niega a practicar un aborto por razones de objeción de conciencia, la negativa se considera una decisión personal desde el punto de vista jurídico, no institucional, y por consiguiente no interfiere en el acceso a los servicios de aborto. La discriminación contra los proveedores de servicios de salud o contra las mujeres que desean someterse a un aborto está prohibida por la ley.
La Sra. Navarro Ordóñez (Colombia) dice que el programa de “madres comunitarias” de Colombia es administrado y cofinanciado por conducto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Las “madres comunitarias” trabajan en hogares comunitarios, que se han creado para prestar asistencia a las madres trabajadoras, y son la piedra angular de programas orientados a mejorar la situación de los niños. En el programa participan unos 600.000 niños actualmente. Las “madres comunitarias” pueden recibir cuidados de salud mediante el sistema de seguridad social y se las alienta a que terminen la enseñanza primaria. Se han asignado fondos para proporcionarles subsidios de vivienda, el ICBF ha alcanzado acuerdos con el SENA y otras entidades para proporcionarles capacitación, y también existe un plan para otorgar pensiones.
La Sra. Vásquez Zawadzky (Colombia) dice que el acuerdo de libre comercio entre Colombia y los Estados Unidos no contiene disposiciones expresas para proteger los derechos de la mujer, pero el Gobierno y organizaciones de mujeres están procurando que el acuerdo brinde una oportunidad al respecto. Las mujeres de las zonas rurales han recibido el 57% de las líneas de crédito que se otorgan a las mujeres jefas de hogar. El programa de desarrollo agrícola y rural incluye la prestación de atención especial a la mujer, con objeto de fomentar la autoestima de la mujer de las zonas rurales para dirigir y controlar actividades rurales. El programa está orientado a crear puestos de trabajo en comunidades rurales, y el 15% de los participantes son mujeres.
La Sra. Nieto Jaramillo (Colombia) dice que lamentablemente la mayoría de las personas que ingieren drogas ilícitas para sacarlas del país (las denominadas “mulas”) son mujeres. El Gobierno está encarando el problema desde diferentes ángulos: lleva a cabo campañas continuas y masivas para disuadir a las mujeres, y también a los niños y los hombres, de que sirvan de mulas, así como actividades en los aeropuertos, puertos y otros puntos de tránsito, con objeto de concienciar a la población respecto de las consecuencias. Todos los servicios estatales de inteligencia y seguridad están trabajando para atacar el problema de la droga a partir de la etapa de producción y también para persuadir a los Estados consumidores para que asuman un determinado grado de responsabilidad.
El Gobierno tiene programas y planes en que intervienen muchos campos y que están específicamente dirigidos a las mujeres indígenas y afrocolombianas. Una mujer indígena dirige un programa en el Ministerio de Justicia dirigido a las comunidades indígenas, por ejemplo, y una comisión de 27 miembros, que incluye a 9 mujeres procedentes de todas las partes del país, coordina con el Gobierno los programas que se proponen para las afrocolombianas. Las comunidades afrocolombianas también tienen sus propios consejos consultivos de alto nivel, muchos de cuyos miembros son mujeres, que establecen coordinación a escala departamental y nacional con el Gobierno en esferas que van desde la planificación, la agricultura y la cría de ganado, las cuestiones relativas a los jóvenes, la paz, el medio ambiente y los negocios hasta la cultura, para dar a conocer sus necesidades y ayudar al Gobierno a perfeccionar sus programas.
Artículos 15 y 16
La Sra. Tan pregunta si el Gobierno proporciona asistencia letrada de manera gratuita a las mujeres con problemas matrimoniales y, de ser así, hasta cuál nivel de ingresos. También desearía que se le aclarara qué otras medidas orientadas a la protección de la vida y la integridad física se han incorporado en la Ley 575 de 2000 por la que se modifica la Ley 294 de 1996 sobre la violencia intrafamiliar (página 146 del informe). Desea saber si la disminución de la violencia intrafamiliar que se registró en 2002 se ha mantenido en los años subsiguientes; qué autoridad emite órdenes de protección y cuántas se han emitido en los últimos años; de cuántas causas de violencia intrafamiliar conocen los jueces de familia anualmente tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales; cuántas comisarías de familia municipales hay en el país (página 148 del informe), y si pueden emitir órdenes extrajudiciales exequibles e imponer castigos por motivo de incumplimiento; si las víctimas de transgresores recurrentes tienen protecciones concretas, exequibles a su disposición y si se ofrece algún tipo de asesoramiento a los transgresores violentos; cuántos refugios hay para las mujeres maltratadas en las zonas urbanas y en las zonas rurales; y cuántas muertes se producen anualmente como resultado de la violencia intrafamiliar. Sería interesante saber si la capacitación proporcionada a los oficiales de policía, los jueces, fiscales y otros funcionarios que se ocupan de la violencia intrafamiliar se corresponde con los cuatro componentes de la Política Nacional de Construcción de Paz y Convivencia Familiar (Haz Paz) (página 10 del informe).
La Sra. Belmihoub-Zerdani, refiriéndose a los matrimonios religiosos autorizados de conformidad con la Ley 25 de 1992 (página 144 del informe), pregunta si alguna de las diversas creencias religiosas permite los matrimonios consuetudinarios, y qué sucede en el caso de los matrimonios mixtos.
La Sra. Vásquez Zawadzky (Colombia) dice que en la reunión anterior se destacó que la mujer de su país ha dado grandes pasos de avance en cuanto a lograr la capacidad jurídica en pie de igualdad con el hombre y en muchos otros frentes. Pero eso no significa que algunas mujeres no sigan teniendo dificultades para lograr el acceso a la justicia, tanto de jure como de facto. La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (CPEM), tras realizar un análisis a fondo, aprobó un plan estratégico en que se establece una serie de pasos y recomendaciones para garantizar que las mujeres que son partes en controversias de orden jurídico, especialmente las mujeres pobres, puedan obtener reparación por vía jurídica. Existe un mecanismo particular que funciona muy bien en Colombia, mediante el cual las mujeres pobres que no pueden pagarse un abogado pueden consultar gratuitamente los centros de asistencia jurídica establecidos en todas las universidades que tienen facultades de derecho. Ese sistema tiene sus limitaciones, pues en realidad no puede iniciar una acción judicial en nombre de sus clientes, pero cumple una función extremadamente valiosa. Existe también el mecanismo de interponer un recurso de amparo de los tribunales, pero las solicitantes necesitan primeramente un abogado que las represente en los tribunales.
51.Estadísticas recientes sobre la violencia intrafamiliar muestran que en 2004 se presentaron cerca de 3.500 denuncias, en 2005 unas 2.500, y en los primeros nueve meses de 2006 casi 1.000. No se dispone de datos sobre el número de casos que se han resuelto.
52.La Sra. Navarro Ordóñez (Colombia) dice que existen jueces de familia en los 32 departamentos del país, y que más de 200 dependencias regionales funcionan a nivel municipal. En el nuevo Código de Infancia y Adolescencia de 2006 se dispone el establecimiento de una comisaría de familia en todos los municipios del país para que se ocupe de los casos de violencia intrafamiliar y abuso sexual, y de equipos de defensores de familia integrados por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y, en ocasiones, médicos, que recibirán capacitación para abordar de una manera amplia las cuestiones relacionadas con el maltrato de mujeres y niños, y darles respuesta.
53.La Sra. Vásquez Zawadzky (Colombia), refiriéndose a la petición que se acaba de hacer para que se proporcionen estadísticas más detalladas en relación sobre la violencia intrafamiliar, señala que el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo para mejorar la reunión de datos y el sistema de gestión de los datos y es consciente de que es necesario complementar los trabajos estadísticos realizados por el Instituto de Medicina Legal (páginas 118 y 119 del informe). Las mujeres miembros del Congreso han presentado un proyecto de ley que fortalecerá la capacidad del Observatorio de Asuntos de Género para proceder a una mejor gestión de la información detallada.
54.La Sra. Navarro Ordóñez (Colombia) dice que también existen unidades móviles rurales y urbanas que procuran reunir las denuncias de maltrato intrafamiliar y presentarlas, así como un sistema de visitadores sociales que trabajan en estrecha colaboración con las familias para orientarlas en relación con el mejoramiento de las relaciones familiares. La ley no exige que las víctimas de la violencia intrafamiliar se reconcilien con sus cónyuges, si no lo desean. En el curso de un juicio, un magistrado puede aconsejar de manera oficiosa a cada una de las partes a ese respecto hasta que dicte la sentencia final. Cabe señalar que la pena aumenta en los casos en que el agresor es un miembro de la familia.
55.La Sra. Nieto Jaramillo (Colombia) dice que como parte de la libertad de cultos en Colombia, las personas pueden contraer matrimonios religiosos que cumplan las condiciones establecidas en la Ley 25. Se aplican las normas establecidas por las instituciones religiosas, pero el Estado exige el libre consentimiento de ambas partes para contraer un matrimonio religioso. En el caso de matrimonios mixtos, los contrayentes tienen la libertad de convertirse o no, con arreglo a sus convicciones.
56.La Presidenta agradece a la numerosa delegación de Colombia sus respuestas muy exhaustivas y francas, que permitieron entablar un diálogo provechoso. El Comité redactará sus observaciones finales y pedirá al Gobierno que las difunda ampliamente entre todas sus ramas y entre las organizaciones no gubernamentales.
57.La Sra. Vásquez Zawadzky (Colombia) asegura al Comité que su Presidente tiene la determinación de fomentar el adelanto de la mujer en todas las esferas de la vida. La reunión con el Comité ha brindado la oportunidad de examinar los muchos logros alcanzados por Colombia en un corto período de tiempo y también de tomar conocimiento de las muchas dificultades que encaran las mujeres, que necesitan una atención especial del Gobierno. La igualdad entre los géneros es una cuestión que va más allá de la labor gubernamental y atañe a todos los sectores de la sociedad, que tiene que elaborar sus propios programas y compromisos. La oradora da las gracias al Comité por facilitar el establecimiento de un diálogo constructivo.