Artículo 6

El derecho al trabajo

1.Datos generales

54.En todas las Constituciones de la Argelia independiente se ha consagrado el derecho al trabajo. En el artículo 55 de la Ley fundamental de 28 de noviembre de 1996 se dispone en relación con este capítulo que "todos los ciudadanos tienen derecho al trabajo. La ley garantiza el derecho a la protección, la seguridad y la higiene en el trabajo".

55.La ley también garantiza el derecho y la igualdad en materia de acceso al trabajo, salarios y ascensos, como se señalará más adelante con datos estadísticos. Estas medidas se traducen en avances apreciables en diversas esferas de actividad. En la esfera de la función pública, los textos legislativos reglamentarios, por ejemplo el estatuto tipo de la función pública (Decreto Nº 85‑59, 23 de marzo de 1985), no establecen ninguna forma de discriminación.

56.La Ley Nº 90-11 sobre las relaciones de trabajo recuerda los derechos fundamentales de que gozan los trabajadores (ejercicio del derecho de negociación colectiva, seguridad social, jubilación, higiene, seguridad y medicina del trabajo, descanso, derecho a la huelga, etc.). Por otra parte, confirma el derecho a la protección contra toda discriminación en materia de empleo, que no sea la discriminación fundada en las aptitudes y el mérito (art. 6). En el artículo 17 se dispone que: "se considera nula y sin valor toda disposición prevista en virtud de una convención o de un acuerdo colectivo o de un contrato de trabajo que suponga cualquier forma de discriminación en el trabajo, fundada en la edad, el sexo, la situación social o matrimonial, los vínculos familiares, las convenciones políticas, la afiliación o no afiliación a un sindicato". Estas formas de discriminación se sancionan con las penas previstas en los artículos 142 y 143 de la misma ley.

2.Ajuste estructural y empleo

57.Conviene indicar que la política voluntarista de pleno empleo y de inversión iniciada en el decenio de 1970 acusó cierta moderación a principios del decenio de 1980 y una deceleración como consecuencia de la disminución de los ingresos provenientes del petróleo y las dificultades vinculadas con la amortización de la deuda externa.

58.El estancamiento del esfuerzo de inversión condujo inexorablemente a la disminución de la oferta de empleos permanentes en todos los sectores, excepto el agrícola. Al iniciarse el decenio de 1990 las limitaciones macroeconómicas, las exigencias de una reestructuración a fondo del sector económico y mercantil cuyos capitales son controlados por el Estado, la búsqueda de un mayor rendimiento de los medios de producción, y la transición hacia la economía de mercado confirmaron la tendencia a la recesión económica que se refleja en una disminución de la creación de empleos. Incluso los sectores hasta entonces fuentes tradicionales de empleos llegaron a un límite. El trabajo oficioso y el aumento del paro han afectado por primera vez a los titulados universitarios.

59.Durante el presente decenio, a partir de 1994, y sobre todo frente a la agravación de los desequilibrios macroeconómicos y financieros, Argelia recurrió a la reprogramación de su deuda. A este respecto ha organizado un programa de estabilización macroeconómica respaldado por un acuerdo de derecho de giro, y después por un acuerdo de Servicio Ampliado del FMI.

60.Los resultados de estos programas han permitido que el PIB, que en 1993 fue del 1%, y del 2% en 1994, aumentara a una media del 3,4% entre 1994 y 1998. La inflación ha disminuido considerablemente, pasando de una media anual del 29% en 1994 a un 18,7% en 1996 y un 5% en 1998. Por último, se ha recuperado el equilibrio presupuestario ya que el saldo ha pasado de ‑4,4% en 1994 a +2,4% en 1997.

61.Sin embargo, la realización de estos objetivos ha deteriorado el poder adquisitivo de las familias y ha afectado al empleo. La tasa de desempleo se estima en un 29,2% de la población activa, o sea 2,3 millones de personas. Esta agravación es consecuencia de la considerable baja en la creación de empleos, pero también puede atribuirse a la reducción de efectivos inducida por las reformas económicas que han supuesto el licenciamiento de 360.000 personas entre 1994 y 1998, o sea más del 8% de la población ocupada.

Evolución del empleo entre 1993 y 1997(En miles y en porcentaje)

	1994	1997
	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
Población activa	6.814		8.069
Población ocupada	5.154	100	5.710	100
de la cual:
Empleo estructurado	4.325	84,0	4.743	83,1
Agricultura	1.023	19,8	1.200	21,0
Industrias	528	10,3	500	8,8
Industria de la construcción	667	13,0	700	12,3
Servicios y comunicaciones
Administración	1.211	23,5	1.327	23,2
Trabajo a domicilio	829	16,0	967	16,9
Parados	1.660		2.359
Tasa de desempleo		24,4		29,2

3.Medidas concretas de lucha contra el paro

62.Para hacer frente a las dificultades engendradas por el programa de ajuste estructural, el Gobierno ha puesto en práctica una serie de medidas destinadas a atenuar los efectos negativos de estas reformas sobre el empleo. Estas medidas se articulan en especial en torno a la creación de los dispositivos u organismos siguientes.

63.La institución del seguro de desempleo en favor de los asalariados expuestos a perder su empleo involuntariamente y por razones económicas (Ley Nº 98-07, de 2 de agosto de 1998 por la que se modifica y se complementa el Decreto legislativo Nº 94-11, de 26 de mayo de 1994). Este dispositivo, vigente desde 1994 se financia con las cotizaciones del seguro de desempleo aportadas por los trabajadores y los empleadores, respectivamente, a razón del 1,5% y del 2,5% del salario bruto. La empresa deposita en la Caja Nacional del Seguro de Desempleo, en el momento de la reducción de personal, una cuota equivalente al 80% de un año de sueldo por cada trabajador despedido. Los trabajadores "reducidos" sin derecho a una jubilación normal o anticipada gozan de los beneficios de prestaciones temporales con cargo a la Caja Nacional del Seguro de Desempleo en el marco del seguro de desempleo, durante un período de 12 a 36 meses, y perciben una indemnización mensual comprendida entre las tres cuartas partes y el triple del salario mínimo (SMIG). Además, la Caja organiza cursos de orientación profesional para aumentar las posibilidades de empleo y fomentar la creación de microempresas. Se ha adoptado un subsidio de desempleo por mal tiempo para los trabajadores de los sectores de la construcción, las obras públicas e hidráulicas gracias a una enmienda de la Ordenanza Nº 97‑01, de 11 de enero de 1997 (JORANº 03-1997).

64.La adquisición del capital de la empresa disuelta por parte de los trabajadores: esta medida ha sido posible gracias a la enmienda de la Ley de privatización, de agosto de 1995. Sobre la base de un plan de recuperación y de un pliego de condiciones, y al amparo de préstamos bancarios, esta fórmula permitió que a fines de 1998 31.419 trabajadores se hicieran accionistas de sus propias empresas. Más de 1.000 unidades han pasado así a manos de los trabajadores.

65.El programa de empleos asalariados de iniciativa local (ESIL): este dispositivo permite a los jóvenes desempleados adquirir experiencia profesional en el seno de una unidad de producción o de una administración durante un período de 3 a 12 meses. Las subvenciones que se conceden a las colectividades locales se destinan a sufragar los gastos salariales, pero al mismo tiempo están sujetas a la condición de que parte de los jóvenes beneficiarios puedan pasar a ser trabajadores permanentes.

66.El dispositivo de inserción profesional de los jóvenes titulados en el marco de contratos de preempleo (CPE) (circular Nº 008, de 29 junio de 1998). Este dispositivo, vigente desde julio de 1998, está destinado a los jóvenes titulados universitarios o técnicos de categoría superior de 19 a 35 años de edad. Está abierto asimismo a los desempleados que hayan estado ocupados anteriormente en programas de espera como el de empleos asalariados de iniciativa local o las actividades de interés general (AIG). La duración del contrato es de un año, renovable, financiado por el Organismo Argelino de Desarrollo Social (ADS) con cargo a fondos públicos. El beneficiario de un contrato de preempleo recibe un certificado de trabajo que puede aprovechar en caso de contratos ulteriores. La remuneración pertinente es del orden del salario nacional mínimo garantizado (SNMG).

67.La creación de un organismo nacional de apoyo al empleo de los jóvenes en septiembre de 1996, que funciona desde el segundo trimestre de 1997. Se encarga de apoyar y alentar los proyectos de inversión y de creación de microempresas presentados por jóvenes promotores con una aportación personal del 5 al 20% en el marco de la ejecución de sus proyectos de inversión. Está destinado asimismo a los trabajadores afectados por una reducción de personal. El dispositivo está destinado a los jóvenes de menos de 35 años, desempleados, libres de las obligaciones del servicio nacional y poseedores de un capital inicial. Ya funcionan 3.570 microempresas. Hay que señalar que a fines de marzo de 1998 el número de expedientes depositados en el organismo ascendía a 22.700, de los cuales más de 16.000 reunían las condiciones para acogerse a las ventajas otorgadas por el Estado. A la fecha, se han examinado ya 3.160 de esos expedientes para proyectos que gozan de financiación pública y 3.980 para proyectos autofinanciados o de financiación mixta. Además, mediante un Decreto ejecutivo (Nº 98-200 – JORANº 42-1998) de 9 de junio se ha creado un fondo de garantía de fianza mutua en relación con los riesgos/créditos de los jóvenes promotores.

68.Según estadísticas recientes, en 1998 se crearon 441.834 empleos (en comparación con 394.274 en 1997). De esta cifra, hay que señalar que 209.518 empleos son permanentes (en comparación con 175.655 en 1997) a los que se suman 232.316 empleos considerados como "equivalentes a empleos permanentes" (en comparación con 218.619 en 1997).

69.En cuanto a los empleos permanentes, predomina el sector privado con 51.604 empleos (en comparación con 57.244 en 1997), seguido de los empleos que dependen, respectivamente, de la administración y los servicios del Estado, con la creación de 40.736 empleos (contra 23.219), de las inversiones por parte de los jóvenes (Organismo Nacional de Apoyo al Empleo de los Jóvenes) (ANSEJ)) con 37.999 empleos, de las entidades económicas públicas con 34.548 empleos (contra 23.219), de la operación de privatización en favor de los trabajadores con 31.419 empleos creados. Además, se han creado 6.972 empleos en el marco de las concesiones agrícolas, 4.898 empleos con arreglo a contratos de preempleo y 1.342 empleos creados gracias a la ejecución de programas financiados con créditos externos.

70.En relación con los empleos considerados como "equivalentes a empleos permanentes", hay que señalar que de los 232.316 empleos creados, 125.715 corresponden a "actividades de interés general" (en comparación con 125.337 en 1997), seguidos de 72.212 empleos creados en el marco de los "empleos asalariados de iniciativa local" (en comparación con 86.157) y 34.389 empleos correspondientes a trabajos de utilidad pública de gran intensidad de mano de obra "Tup Himo" (en comparación con 7.125 en 1997).

71.Los dispositivos desarrollados actualmente están concebidos para amortiguar la presión y los gastos sociales inducidos por el ajuste estructural y controlar los efectos recesionistas en el plano social. Se seguirán fortaleciendo progresivamente con otros mecanismos actualmente en fase de experimentación, como el régimen de concesiones, o en fase de gestación como las obras de gran envergadura y la explotación de tierras agrícolas.

72.Con respecto al trabajo a domicilio, se trata de una actividad generadora de ingresos, no fundada en una relación de trabajo clásica. Aunque no hay estadísticas, se observa un aumento, cada vez mayor, del considerable número de mujeres que trabajan en sus hogares. Existe otra forma de trabajo a domicilio. Reglamentado desde diciembre de 1998, este tipo de empleo ha permitido que muchas mujeres ejerzan una actividad económica y gocen de ingresos y de las ventajas sociales conexas. Con respecto al trabajo a tiempo parcial, éste está reglamentado y es remunerado; ofrece igualmente las mismas ventajas sociales que una actividad a tiempo completo.

73.Por lo que toca a la formación profesional, este sector ha alcanzado un nivel de desarrollo relativamente importante que le permite responder cuantitativamente a las necesidades expresadas y contribuir a la valorización de los recursos humanos. En este sector, en el que hay no menos de 400.000 pasantes, el 50,3% de los jóvenes que frecuentan los establecimientos son mujeres.

74.Por último, el derecho a disponer de una propiedad y trabajar en ella está reconocido en la Ley fundamental, en cuyo artículo 52 se estipula que "se garantiza la propiedad privada". Por otra parte, en el artículo 66 se afirma que "todo ciudadano tiene el deber [...] de respetar la propiedad ajena". Esta disposición se aplica asimismo al extranjero legalmente establecido en Argelia porque en el artículo 67 se estipula que "todo extranjero que se encuentra legalmente en el territorio nacional goza [...] respecto de sus bienes de la protección de la ley".

75.En el artículo 20 de la Constitución se enuncian medidas de salvaguardia de los derechos del ciudadano y del extranjero: "Toda expropiación deberá efectuarse en el marco de la ley y dará lugar a una indemnización previa, justa e igual. La falta de respeto a la propiedad ajena expone al contraventor a las sanciones previstas en el Código Penal, en particular en sus artículos 395, 397, 398, y el párrafo 4 del artículo 450.

Artículo 7

Derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias

76.Como se señala en relación con el artículo 3 sobre la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, este principio es respetado escrupulosamente en las relaciones de trabajo. De hecho, en la legislación argelina aplicable a la materia, a saber, el artículo 25 de la LeyNº 96-06, de 27 de febrero de 1992, relativa a las relaciones individuales de trabajo, se dispone la prohibición de toda limitación de cualesquiera derechos o ventajas fundada en el sexo. Esta disposición se aplica también a la contratación, al salario y demás remuneraciones , y a los ascensos. Además, en el artículo 15 de la misma ley se dispone que "las mujeres gozan de derechos específicos en relación con las condiciones generales de trabajo y la prevención de los riesgos profesionales". En el artículo 16 de la ley se prohíbe el trabajo de las mujeres en tareas peligrosas, insalubres o nocivas.

77.Las medidas específicas de protección de la mujer en relación con la maternidad y su papel en la unidad familiar tienen que ver sobre todo con: la prohibición del trabajo nocturno; la prohibición del empleo los días feriados oficiales; la prohibición del trabajo en actividades peligrosas, insalubres o nocivas para la salud; la suspensión de la relación de trabajo en período de licencia prenatal o posnatal; el derecho a las horas de lactancia (dos horas por día los seis primeros meses y una hora por día los seis meses siguientes); y el derecho al 100% del salario durante la licencia de maternidad. A este respecto, todos los empleadores deben elaborar una convención colectiva y un reglamento interno que se someterán a la Inspección del Trabajo para comprobar si se ajustan a las disposiciones legales pertinentes. La convención colectiva se negociará entre los representantes de los trabajadores y los del organismo empleador.

78.Hasta la fecha las jurisdicciones argelinas no han tenido que tratar contenciosos laborales por incumplimiento de los reglamentos por parte de empleadores públicos o privados, por ejemplo, debido al pago de un salario inferior al salario nacional mínimo garantizado o a una discriminación en materia de remuneración o ventajas obtenidas gracias a relaciones laborales.

79.En cuanto al apoyo a la mujer trabajadora, hay que señalar la multiplicación de las guarderías y de los parvularios y la apertura de este sector a los particulares y a las asociaciones desde 1992. En el mismo sentido, también se ha autorizado y reglamentado el cuidado de los niños en sus domicilios.

Artículo 8

La libertad de asociación y la libertad sindical

80.La libertad de asociación es un tema importante en Argelia. El movimiento asociativo constituye actualmente, después de los partidos políticos, uno de los agentes más dinámicos y fundamentales de la vida social, cultural y científica. La simplificación del procedimiento de autorización instaurado por la LeyNº 90-31, de 4 de diciembre de 1990 ha suscitado un aumento considerable del número de asociaciones. A título comparativo, entre 1976 y 1988, o sea un período de 12 años, sólo se registraron 98 asociaciones nacionales. Entre 1989 y 1996, período de poco más de seis años, se crearon 678 asociaciones nacionales. En el curso de los dos períodos señalados, se ha creado un total de 776 asociaciones nacionales y 45.000 otras de carácter local.

81.Pueden distinguirse asociaciones de diversas categorías:

Profesionales	196
Deportivas	78
Cultura y educación	76
Salud y medicina	62
Ciencia y tecnología	46
Juventud	39
Mutuales	31
Ex alumnos	21
Amistad, intercambios y cooperación	21
Solidaridad, auxilio y beneficencia	16
Discapacitados e inadaptados	15
Mujeres	15
Históricas	14
Turismo y recreación	14
Asociaciones extranjeras	13
Medio ambiente	12
Infancia y adolescencia	10
Jubilados y ancianos	18
Derechos humanos	5

82.La reagrupación de estas asociaciones en grandes familias, según las razones que dieron lugar a su creación, permite destacar las motivaciones siguientes:

i)motivación corporativa - 256 asociaciones,

ii)motivación cultural - 168 asociaciones,

iii)motivación científica - 408 asociaciones,

iv)motivación vinculada con la infancia y la juventud - 46 asociaciones,

v)motivación altruista - 31 asociaciones (solidaridad, socorro, beneficencia, discapacitados e inadaptados)

vi)motivación de amistad, intercambio y cooperación - 21 asociaciones.

Si bien los aspectos cuantitativos informan del carácter y la orientación del movimiento asociativo, también son importantes los aspectos cualitativos, en especial los vinculados con el carácter de los respectivos sectores. Aunque de reducido número, algunas asociaciones tienen cierto peso en la sociedad y ejercen cierta influencia sobre ella, como las asociaciones vinculadas a acontecimientos históricos, el medio ambiente y la defensa de los usuarios, del consumidor, etc.

83.La libertad es un principio reafirmado no sólo en la Constitución sino también organizado en el marco de la Ley Nº 90-14, promulgada el 2 de junio de 1990, enmendada y complementada por la Ley Nº 91-30, de 21 de diciembre de 1991 y la Ordenanza Nº 96-12, de 6 de junio de 1996. En virtud de ésta se concede a los trabajadores asalariados de los sectores privado y público el derecho de constituirse en organizaciones sindicales autónomas y distintas de los partidos políticos.

84.Actualmente hay no menos de 58 organizaciones de trabajadores asalariados registradas a nivel nacional y 19 organizaciones de empleadores, de las cuales 2 corresponden al sector público y 17 al sector privado. Sin embargo, hasta ahora predominan los sindicatos del sector público, a saber:

i)salud: nueve sindicatos,

ii)asuntos sociales: nueve sindicatos,

iii)transporte: siete sindicatos,

iv)educación: seis sindicatos,

v)formación: seis sindicatos.

Además, existe una multitud de sindicatos autónomos, aunque sin consistencia nacional.

85.En cuanto al derecho de huelga, éste ha sido elevado a la categoría de disposición constitucional y está codificado por una ley aprobada por la Asamblea. El número de conflictos colectivos, de arbitrajes y de conflictos sociales registrados cada año desde diciembre de 1991 da fe de la calidad de los mecanismos de promoción de los derechos materiales y morales de las diferentes categorías de profesiones o de ciertas categorías de trabajadores. En este marco, si fracasa la negociación colectiva, el recurso a la huelga es un derecho legal que, ejercido en el marco de la ley, goza de protección constitucional. El ejercicio de este derecho es corriente y se aplica en todos los sectores de actividad, incluidas las administraciones y las estructuras del Estado.

86.Desde 1991 el número de movimientos de huelga ha seguido una curva descendente:  2.290 en 1989, 2.023 en 1990, 1.034 en 1991, 493 en 1992, 537 en 1993, 410 en 1994, 432 en 1995, 441 en 1996, 292 en 1997 y 195 en 1998. Esta tendencia ha ido acompañada de una disminución del número de huelguistas (en promedio el 54,78% de los efectivos del sector afectado en 1995), del número de sectores afectados y de las pérdidas inducidas. Además, esta tendencia ha conducido a terrenos de concertación e incluso de decisión entre los diferentes asociados. Los encuentros periódicos de los principales asociados (Gobierno, empresariado y sindicatos) son un ejemplo de la prevalencia de la política de diálogo.

Artículo 9

Derecho a la seguridad social y al seguro social

87.En el sistema de seguridad social vigente se reconoce a cada asalariado el derecho al seguro de enfermedad, a la protección contra los accidentes de trabajo y a la jubilación. El Estado se hace cargo de las personas que no pueden trabajar por razones vinculadas con una discapacidad, en el marco del dispositivo de protección social.

88.Además de estos derechos reconocidos a todo trabajador, la mujer trabajadora goza de una licencia de maternidad de 14 semanas a sueldo completo, por lo que toca a sus prestaciones en metálico. Goza asimismo de prestaciones en especie que consisten en el pago íntegro de los gastos médicos y farmacéuticos y de los gastos de hospitalización vinculados con el parto. Las mujeres no trabajadoras, esposas de asegurados, gozan asimismo de prestaciones en especie con arreglo al seguro de maternidad. Las madres solteras, por su parte, gozan de la protección del Estado y reciben atención gratuita y anónima en los hospitales. Su situación social no puede constituir un impedimento para el trabajo, y se las considera beneficiarias de los subsidios familiares a que tienen derecho todos los trabajadores.

89.Aunque la edad legal de jubilación es de 60 años para los trabajadores, las mujeres pueden jubilarse a partir de los 55 años, con la posibilidad de una reducción de un año por hijo, hasta un límite de tres hijos. La viuda de pensionista goza de una pensión de supérstite independientemente de su edad. La hija de un pensionista fallecido, sin ingresos y soltera, goza de una pensión de supérstite independientemente de su edad. Estas disposiciones tienen en cuenta las características específicas de la sociedad argelina y garantizan un ingreso a la mujer que no ejerce actividad remunerada alguna.

90.Los asalariados reciben prestaciones familiares por sus hijos menores de edad, cuyo monto se revaloriza periódicamente. Se concede asimismo un subsidio específico cuando uno solo de los cónyuges es asalariado.

Artículo 10

Protección de la familia y de la infancia

91.En su artículo 58 la Constitución dispone que "la familia goza de la protección del Estado y de la sociedad". En su artículo 59 la Ley fundamental estipula, por otro lado, en relación con las personas que sufren una minusvalía, que "se garantizan las condiciones de vida de los ciudadanos que aún no pueden, ya no pueden o no podrán trabajar nunca".

92.En relación con los deberes del ciudadano, la Constitución enuncia en el capítulo 5 una serie de disposiciones en relación con la familia y la sociedad. Se mencionarán, principalmente:

a)El artículo 63: "El conjunto de las libertades de toda persona se ejerce en el respeto de los derechos reconocidos a los demás por la Constitución, en particular en el respeto del derecho al honor, a la intimidad y a la protección de la familia, de la juventud y de la infancia";

b)El artículo 65: "La ley sanciona el deber de los padres de educar y proteger a sus hijos, así como el deber de los hijos de ayudar y asistir a sus padres".

93.Por lo que respecta a la protección de la familia, además de la protección social de la que se encarga el Estado en el marco de sus atribuciones habituales, y que se expone al tratar del artículo 11, se mencionarán las medidas adoptadas en el marco de la solidaridad nacional con las familias víctimas del terrorismo.

94.El dispositivo reglamentario por el que se rige la indemnización a las víctimas del terrorismo está formado de diversos textos, entre ellos una disposición de la Ley de finanzas, un decreto ejecutivo y textos de aplicación. Ese dispositivo de solidaridad nacional y de protección de la familia se encarga de la indemnización de los derechohabientes de las víctimas fallecidas, de las víctimas de daños corporales y materiales y de las víctimas de accidentes ocurridos en la lucha contra el terrorismo.

95.Este sistema toma en consideración la situación familiar, social y profesional de las víctimas. La indemnización, mensual o global, se calcula en función de los ingresos mensuales de la víctima y, en caso necesario, sobre la base de parámetros tales como el cálculo de la mensualidad en función de las calificaciones profesionales de la víctima.

96.Tratándose de víctimas de daños corporales, la indemnización está en función de los ingresos de la víctima y del grado de invalidez. Por último, por lo que respecta a los daños materiales, éstos son reembolsados en un 100%. Este dispositivo ha necesitado hasta ahora una garantía del Estado del orden de 5.500 millones de dinares.

97.En cuanto a la responsabilidad de atender a los gastos sanitarios, el Ministerio de Salud y Población ha lanzado un plan de emergencia para la adquisición de medicamentos, bienes fungibles y equipo. La suma asignada en los últimos cuatro años es de 1.002.500.000 dinares, aproximadamente.

98.Conviene mencionar particularmente la divulgación de una orden del Ministerio de Salud y Población que permite practicar el aborto terapéutico a las mujeres que han sido víctimas de violaciones como consecuencia de actos terroristas. Los cuidados dispensados a las víctimas, así como el acompañamiento psicológico son gratuitos; también lo son los productos farmacéuticos.

99.Se han adoptado diversas medidas, en particular a favor de las familias víctimas del terrorismo, consistentes en ayudas financieras otorgadas en todos los casos, en espera de los resultados de los expedientes de indemnización. Por lo que respecta a los fondos, el Estado ha puesto a disposición una suma de cerca de 20.000 millones de céntimos (sic), que ha servido para financiar esas diferentes prestaciones. Conviene indicar, por último, la creación de un Fondo de Indemnización a las víctimas de actos terroristas alimentado hasta con el 20% de los ingresos del Fondo Especial de Solidaridad Nacional (124 millones de dinares en 1996 y 151 millones de dinares en 1997).

100.Se conceden también ayudas financieras a las asociaciones que participan en la asistencia a las familias víctimas del terrorismo. La Asociación Nacional de Víctimas del Terrorismo recibió 10 millones de dinares por el año 1998.

101.El Estado participa también en el esfuerzo de construcción de viviendas y facilita el acceso a las viviendas sociales, en particular las de carácter evolutivo. En 20 wilayate (prefecturas), se han asignado 530 viviendas a las familias víctimas del terrorismo.

102.Por lo que respecta al empleo de los jóvenes provenientes de familias víctimas del terrorismo, se han adoptado medidas de ayuda junto con la Asociación Nacional de Familias Víctimas del Terrorismo para la creación de microempresas.

103.En cuanto a la formación a distancia, se ha firmado un convenio por el que se encarga al Centro Nacional de Enseñanza Profesional a Distancia la formación de 400 víctimas de actos de terrorismo incapacitadas. Para poner en práctica esta medida se ha liberado una suma de 2,8 millones de dinares del Fondo Nacional de Solidaridad.

104.La rehabilitación psicológica de los supervivientes es también un elemento esencial de este dispositivo, en particular por lo que respecta a los niños. El Gobierno ha abierto a estos efectos celdas de escucha en los lugares donde se han producido matanzas de civiles. Por otro lado, ha alentado al movimiento asociativo a que establezca medidas para aproximarse a la infancia y ha facilitado, en ese marco, las fórmulas para la acogida de los niños, de las madres y de las personas sin familia en estructuras apropiadas. Por otro lado, se organizan colonias de vacaciones para los niños víctimas del terrorismo, en colaboración con las asociaciones interesadas.

Artículo 11

Derecho a la vivienda y a un nivel de vida adecuado

105.La población argelina pasó de 10 millones en el momento de la independencia, en 1962, a 12 millones en 1966, fecha del primer censo general. Entre 1966 y 1987 la población se duplicó, llegando a algo más de 22,8 millones de habitantes. Hoy día ha pasado a 29,3 millones de habitantes.

106.Su tasa de crecimiento demográfico, que era del orden del 3,3% durante el decenio de 1960, se estabilizó primero a un nivel elevado, el 3,1%, antes de descender a partir de la segunda mitad del decenio de 1980, en que se situó en el 2,7%. En 1997 era del orden del 1,7%.

107.Las fuertes tasas de crecimiento de la población registradas durante los tres primeros decenios de independencia determinan una estructura por edades que se caracteriza por una proporción importante de jóvenes de menos de 30 años. Después de seguir un ciclo de formación, esta categoría de población busca actualmente un empleo y una vivienda.

108.La cuestión de la vivienda ha constituido siempre un motivo de preocupación para los poderes públicos. De hecho, la evolución general de las inversiones en este sector ha competido con la evolución demográfica. En efecto, el número de personas por vivienda, que era del orden de 7,5, se calcula actualmente en 7,4 al nivel nacional (7,6 en el medio rural y 7,1 en el medio urbano). Sin embargo, estas cifras, que se han mantenido estables durante un decenio, siguen siendo elevadas. El crecimiento demográfico y el de la producción del sector de la construcción han seguido un ritmo paralelo, pese a los ambiciosos programas públicos y al desarrollo de la promoción inmobiliaria privada, que no han conseguido reducir de forma sustancial el déficit en este sector.

109.Conviene señalar, en cambio, el mejoramiento de las condiciones de confort de las viviendas. Por ejemplo, la conexión a la red:

i)eléctrica, es del 93,4%, frente al 72,7% en 1987,

ii)de agua potable, es del 76,8%, frente al 58% en 1987,

iii)de saneamiento, es del 96,1%, frente al 63% en 1987, y

iv)de distribución de gas natural, es del 54% de los hogares.

110.En 1998 se asignaron 110.000 millones de dinares del presupuesto a la construcción de viviendas. Al final del mes de septiembre de 1998 se habían construido 225.000 viviendas, y otras 393.000 se hallan en vías de construcción. Según los proyectos existentes, hasta el final del año 2000 se entregarán a Argelia más de 750.000 viviendas, a las cuales conviene añadir las viviendas construidas por el sector privado. Este esfuerzo, que se va a mantener, tiene por objeto reabsorber la demanda, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y el entorno en que viven y, finalmente, renovar las viviendas existentes.

111.Respecto del nivel de vida, esta cuestión ya ha sido examinada en relación con el artículo que trata de las prestaciones sociales del Estado.

112.El presupuesto social, que representa como término medio un 22%, aproximadamente, de los gastos del Estado, se compone de:

a)Transferencias en forma monetaria, que son los gastos relacionados con la ayuda a la educación y a la formación (becas, obras universitarias), las medidas de solidaridad y de asistencia destinadas a los sectores sociales desfavorecidos (red social, empleo de jóvenes) y las prestaciones familiares, pensiones y pensiones de jubilación;

b)Transferencias no monetarias, a saber, los gastos de sostenimiento de los precios y las subvenciones a los sectores sanitarios y a los establecimientos de protección social;

c)Transferencias en concepto de prestaciones de la seguridad social, así como de las obras sociales de las empresas y de las colectividades locales.

113.El dispositivo concreto establecido a partir de 1992, en particular a favor de las clases sociales vulnerables, abarca: la red social, la ayuda social, la acogida en establecimientos especializados y el acceso a la atención sanitaria y a los transportes.

1.La red social

114.La red social está constituida por dos gratificaciones asignadas con cargo al presupuesto del Estado y destinadas a mejorar directamente los ingresos de las personas y de las familias sin recursos. Esas gratificaciones son el subsidio global de solidaridad y el subsidio por actividad de interés general.

a)El subsidio global de solidaridad

115.Este subsidio se concede a las personas de edad y a los incapacitados no aptos para el trabajo que son cabezas de familia o viven solos. Las sumas desembolsadas para este subsidio ascendieron en el año 1997 a 4.536 millones de dinares, es decir, 75,6 millones de dólares de los EE.UU. Más de 420.000 personas se beneficiaron en 1998 de esta prestación, 195.734 de las cuales eran mujeres.

b)El subsidio por actividad de interés general

116.Este subsidio se concede a las personas y a los cabezas de familia sin ingresos a cambio de su participación en actividades de utilidad pública organizadas por las comunidades locales a razón de 8 horas al día y de 22 días al mes. Los créditos movilizados para esta actividad ascienden a 12.000 millones de dinares, es decir, 200 millones de dólares de los EE.UU. El 38,8% de los beneficiarios de esta prestación son mujeres. El subsidio por actividad de interés general no sólo constituye una ayuda para mejorar los ingresos de las categorías sociales desfavorecidas sino que contribuye igualmente a mejorar sus condiciones de vida y su entorno, ya que una gran parte de esas personas residen en zonas enclavadas, desfavorecidas y con un hábitat precario.

2.La ayuda social

117.La ayuda social constituye una participación financiera del Estado para tomar a su cargo a las personas desfavorecidas. Aunque es indiscriminada, de ella se benefician sobre todo las mujeres y las niñas. Está destinada a los niños asistidos y a los niños que necesitan ser socorridos, así como a los incapacitados y personas de edad. Los créditos otorgados en 1997 con estos fines ascendieron a 1.734 millones de dinares, es decir, 28,9 millones de dólares.

3.El acceso a la atención sanitaria

118.Del acceso a la atención sanitaria se benefician sobre todo las personas incapacitadas y los beneficiarios de la red social afiliados a la seguridad social. El pago de las cotizaciones corre exclusivamente a cargo del Estado. A este respecto:

a)La Ley Nº 83‑11 relativa a los seguros sociales establece el principio de que toda persona discapacitada que no ejerza ninguna actividad profesional debe beneficiarse de la seguridad social. Así, los discapacitados son asegurados sociales y acceden a las prestaciones en especie. La cotización por cada discapacitado es el 5% del salario mínimo nacional garantizado. Para el ejercicio de 1997 se evaluó en 367,4 millones de dinares, es decir, 6,12 millones de dólares.

b)El Fondo de Desarrollo Social financia la cotización que se paga en concepto de seguridad social por los beneficiarios de la red social a razón del 6% del salario mínimo nacional garantizado, y se eleva a 2.150 millones de dinares, es decir, 35,83 millones de dólares.

c)A los enfermos crónicos faltos de recursos que no tienen seguros sociales se les proporcionan gratuitamente los medicamentos indispensables para su salud. De esta forma, 73 medicamentos para el tratamiento de ocho patologías (cáncer, asma, trastornos mentales, endometriosis, enfermedad del metabolismo, diabetes, etc.) son dispensados gratuitamente. La suma global de esta operación asciende a 417.000 dólares de los EE.UU.

d)En materia de transportes, las personas minusválidas sin ingresos utilizan los transportes ferroviarios y de autobuses urbanos e interurbanos de forma gratuita o con una reducción.

Artículo 12

Derecho a la salud

1.Datos generales

119.El derecho a la protección de la salud es un derecho constitucional (artículo 54 de la Constitución). El acceso a los servicios de salud se garantiza sin discriminación y se estima que beneficia prácticamente al total de la población (el 98%). Ese acceso se ve favorecido por los progresos registrados en materia de cobertura sanitaria, que ilustran las siguientes cifras:

-1 médico por 1.262 habitantes;

-1 unidad de atención primaria de salud por 5.000 habitantes;

-2,03 camas por 1.000 habitantes;

-1,5 camas de maternidad y de ginecología por 1.000 mujeres en edad de procrear.

120.Por otro lado, el Gobierno argelino ha multiplicado las infraestructuras sanitarias básicas y ha promovido la formación médica y paramédica. Actualmente el país dispone de un número apreciable de infraestructuras médicas:

-13 centros hospitalarios universitarios;

-19 establecimientos hospitalarios especializados;

-184 hospitales;

-56 clínicas;

-455 policlínicas (186 de las cuales incluyen camas de maternidad);

-1.123 centros de salud;

-3.876 dispensarios.

121.En cuanto al personal sanitario profesional, había en 1997 en el sector público 10.640 médicos generalistas, de los cuales 5.499 eran mujeres; 3.488 médicos especialistas, de los cuales 1.735 eran mujeres; y 5.467 médicos de hospitales universitarios, de los cuales 2.418 eran mujeres. En el sector privado hay 8.195 médicos, de los cuales 4.100 son mujeres. Así pues, el total de efectivos es de 27.790 médicos, de los cuales 13.752 son mujeres. La cobertura médica de Argelia -1 médico por 1.123 habitantes en 1997- constituye, a juicio de la OMS, una cifra apreciable para un país en desarrollo.

122.El presupuesto que el Estado consagra a la salud, junto con el de la educación, es uno de los más importantes. Por ejemplo, el presupuesto de funcionamiento de la salud es del orden de 660 millones de dólares de los EE.UU., y representa el 7% del presupuesto de funcionamiento del Estado.

2.La política demográfica

123.La situación demográfica experimentó una rápida evolución durante los dos primeros decenios que siguieron a la independencia. En efecto, la tasa de crecimiento demográfico se mantuvo por encima del 3% anual en los años sesenta y setenta y hasta 1985. El mantenimiento de una tasa elevada de crecimiento demográfico durante este período hizo que la población se doblara en 22 años, entre 1962 y 1985, alcanzando la cifra de 10 millones de habitantes. Debido a las presiones que lleva consigo el crecimiento demográfico, se adoptó y puso en práctica a partir de 1983 una política voluntarista en materia de población.

124.La desaceleración del crecimiento demográfico ha sido claramente perceptible desde el final de los años ochenta. La tasa de crecimiento demográfico, estimada en un 2,7% en 1987 descendió al 2,4% en 1990 y se situó en un 1,7% en 1997. A ese nivel el tiempo que se necesita para que se doble la población son unos 42 años, es decir, dos veces el tiempo que se invirtió en los años sesenta y setenta. La desviación de la curva demográfica se debe esencialmente al descenso de la natalidad, cuya tasa ha pasado del 50‰ en 1970 al 39‰ en 1985, para situarse en el 30‰ en 1990 y en el 22,9‰ en 1996. Esa disminución del crecimiento demográfico tiene su explicación en el retroceso de la edad en que se contrae matrimonio y en el incremento del uso de anticonceptivos.

125.El retroceso de la edad del matrimonio, que afecta tanto al medio urbano como al medio rural, es también un nuevo indicador del desarrollo social. Así, la edad media del matrimonio en el mundo rural pasó de 19,8 años a 24,6 entre 1977 y 1992. Ese retroceso ha traído consigo la disminución de los embarazos precoces, ya que en 1996 sólo 19 mujeres de cada 1.000 tuvieron un hijo antes de los 20 años, frente a 60 mujeres de cada 1.000 en 1980. El descenso de la natalidad tiene como corolario la reducción de la fecundidad. El índice de fecundidad pasó de 7 hijos por mujer en 1990 a 3,68 en 1994, hasta situarse en 3,14 hijos por mujer en 1997. El nivel necesario para asegurar la renovación de las generaciones es del orden de 2,1 hijos por mujer. Argelia alcanzaría ese nivel alrededor del año 2010.

126.Los programas emprendidos en materia de población tienen por objeto mejorar la accesibilidad a las prestaciones de salud reproductiva haciendo particular hincapié en las zonas desfavorecidas, desarrollar actividades de información, de educación y de comunicación para diferentes categorías de población (jóvenes, hombres, poblaciones rurales, etc.), articular la política demográfica con las demás políticas sociales (ordenación del territorio, medio ambiente, promoción de la mujer, etc.) y desarrollar la investigación en diferentes esferas relacionadas con la población.

127.La política sanitaria, que es la punta de la lanza de la política demográfica, se elabora junto con otros ministerios, y la intersectorialidad constituye uno de los principios que rigen la política nacional en materia de salud y población. Ese principio se enuncia principalmente en la Carta aprobada durante las reuniones nacionales de la salud celebradas en 1998, que fija los objetivos, principios y estrategias en materia de salud para el año 2005. Para materializar esta iniciativa se crean espacios de concertación a los niveles nacional y local.

128.A modo de ejemplo puede citarse en el ámbito de la población la creación en 1996 del Comité Nacional de Población. Ese Comité agrupa a los representantes de 30 departamentos ministeriales, instituciones nacionales y asociaciones, y contribuye a la definición, coordinación, animación, seguimiento y evaluación de la política demográfica nacional, incluyendo en su esfera la salud reproductiva y la planificación familiar.

129.La implicación de las asociaciones al nivel de estos órganos constituye una baza importante. De esta forma las necesidades expresadas por la sociedad civil se toman mejor en consideración en la elaboración y aplicación de las políticas en materia de salud y de población. Por otro lado la integración desde 1998 del movimiento asociativo en los consejos de administración de los establecimientos hospitalarios (asociaciones de usuarios, de enfermos, etc.) es una realidad viva.

130.El carácter intersectorial es también efectivo al nivel regional. El decenio de 1990 se ha caracterizado por la descentralización de los programas de salud. En ese marco se han creado progresivamente cinco regiones sanitarias. El objetivo que persigue la regionalización es la adaptación de los programas de salud a las características locales. Para garantizar la coordinación de los programas de salud ejecutados al nivel regional, se han creado consejos regionales de salud. Esos consejos agrupan a los representantes de diferentes sectores (educación, medio ambiente, solidaridad, trabajo y asuntos sociales) y son concebidos como espacios de mediación y de arbitraje en la elaboración y ejecución de los programas de salud.

3.Acceso a la atención sanitaria

131.Según la encuesta sobre los niveles de vida realizada por la Oficina Nacional de Estadística a finales de 1995, en su capítulo "Acceso a la atención sanitaria", se demostró que el recurso a la consulta para las personas enfermas era favorable a las mujeres, tanto en el medio urbano como rural, como muestra el cuadro siguiente. Hay que señalar, sin embargo, ligeras desigualdades entre niveles de residencia.

Parte de la población declarada enferma que recurre a la consulta(En porcentaje)

	Hombres	Mujeres	Total
Urbana	81,1	85,7	83,1
Rural	72,4	73,5	72,9
Total	76,4	79,1	77,9

a)Planificación de la familia y anticoncepción

132.La planificación de la familia, elemento fundamental de los programas de población, forma parte del marco global de atención de la salud reproductiva, que incluye la maternidad sin riesgo, la prevención de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) y el tratamiento de la infecundidad y del cáncer genital. La planificación de la familia se funda asimismo en los principios básicos de adhesión voluntaria y el libre albedrío. La coacción en la decisión de procrear está totalmente excluida del programa nacional, ya que no se trata de imponer una norma familiar sino de informar y sensibilizar a las parejas para que sean progenitores responsables, a fin de mejorar las condiciones sanitarias y el desarrollo armonioso de la familia. La adhesión voluntaria de las parejas es una de las condiciones necesarias para la durabilidad de los distintos comportamientos en materia de planificación de la familia. Cabe recordar que el libre albedrío en la esfera de la planificación de la familia constituye un principio intangible de los planes de acción aprobados en El Cairo y Beijing.

133.El índice de anticoncepción aumentó del 35,5% a mediados del decenio de 1980 al 56,9% en 1995. Ese aumento se produjo especialmente en la utilización de los métodos anticonceptivos modernos. En efecto, el índice de prevalencia de esos métodos aumentó del 1,5% en 1970 al 31% en 1986, para alcanzar el 49% en 1995, mientras que el índice de prevalencia de los métodos naturales o tradicionales no cambió mucho (6,5, 4,5 y 7,5% en el mismo período).

134.El método anticonceptivo más utilizado en Argelia es la píldora, cuyo índice de prevalencia se estimaba en 1995 en un 43,4% (el índice total de anticoncepción de ese año era del 56,9%), por lo que la utilizaban tres de cada cuatro de las mujeres que recurrían a métodos anticonceptivos. El segundo método es el dispositivo intrauterino, cuyo índice es del 4,1%. El índice de utilización de los demás métodos modernos (preservativos e inyectables) es menor (un 1,5%). Entre los métodos naturales el amamantamiento prolongado sigue siendo el más utilizado. Cabe señalar que en 1997 se amplió la gama de productos anticonceptivos autorizados aprovechando la revisión de la nomenclatura nacional de medicamentos y productos farmacéuticos. Se incorporaron, por ejemplo, los anticonceptivos inyectables y las implantaciones hormonales. En total hay 29 productos anticonceptivos repertoriados y autorizados en la nomenclatura nacional.

135.En cuanto a la continuidad de la anticoncepción, la duración media de utilización de los métodos anticonceptivos ha experimentado un aumento apreciable en el último decenio (de 25,2 meses en 1995 a 31,5 meses en 1996). La duración media de utilización es de 31,5 meses en el caso de la píldora y de 37,3 meses en el del dispositivo intrauterino. Los programas en marcha favorecen la utilización de los métodos de larga duración, y en particular el dispositivo intrauterino. La promoción de ese dispositivo se basa en la capacitación del personal (médicos y parteras), la realización de campañas de información y concienciación y la participación de los médicos privados, especialmente los ginecólogos, en un proyecto común del Ministerio de Salud, el Ministerio de Solidaridad Nacional y Familia y la Caja Nacional de Seguros Sociales.

136.La participación de los hombres se alienta enfáticamente en dos niveles. La anticoncepción masculina mediante el preservativo está aumentando, especialmente en el marco de la lucha contra las ETS y el SIDA. Las campañas de información, educación y concienciación se destinan asimismo de manera específica a los hombres, especialmente en el lugar de trabajo. Además se está ejecutando un proyecto para sensibilizar más a los hombres de las zonas rurales por intermedio de agentes de extensión agrícola que reciben apoyo del FNUAP.

137.El seguimiento del embarazo y especialmente el posnatal forma parte de la atención primaria de la salud de la madre y el niño. La atención posnatal incluye tanto los exámenes clínicos y ginecológicos como la educación sanitaria y la prescripción de métodos anticonceptivos. Esos servicios se prestan en las maternidades y los demás establecimientos de atención primaria de la salud (policlínicos y centros de salud) y son totalmente gratuitos. Sin embargo, en la práctica la consulta posnatal suscita menos interés entre las mujeres que la prenatal, tanto en las zonas urbanas como en las rurales.

138.En lo que respecta al acceso a la planificación de la familia, desde que a fines del decenio de 1960 se incorporó esa actividad en la esfera de la atención primaria de la salud, se han hecho evidentes progresos, que se intensificaron en el decenio de 1990 gracias a la aplicación de la política nacional de población. Así, el conocimiento de los métodos anticonceptivos es casi general (en 1995 el 99% de las mujeres conocían al menos un método anticonceptivo moderno). La utilización de métodos anticonceptivos aumenta constantemente, como se indica en el cuadro infra.

Índice de utilización de los métodos anticonceptivos(Porcentaje de las mujeres casadas en edad de procrear)

	1970	1984	1986	1990	1992	1995
Índice de prevalencia de los métodos anticonceptivos	8	25	35,5	40,6	50,6	56,9

La utilización de los métodos anticonceptivos modernos también es mayor y el índice correspondiente aumentó del 43% en 1992 al 49% en 1995.

139.Por último, los métodos anticonceptivos se divulgan tanto en las zonas urbanas como en las rurales y las desigualdades entre ambas tienden a desaparecer, como se indica en el cuadro infra.

Evolución del índice de utilización de los métodos anticonceptivos

en las zonas urbanas y rurales(Porcentaje de las mujeres casadas en edad de procrear)

	1970	1986	1992	1995
Zonas urbanas	17,5	38,6	57,5	57,2
Zonas rurales	4,0	29,6	44,1	56,6

140.La base jurídica de la planificación de la familia es la Ley Nº 85-05, de 16 de febrero de 1989, relativa a la protección y promoción de la salud, en su versión enmendada y completada. Ese texto establece, entre otras cosas, el marco de la protección maternoinfantil, que consiste en el conjunto de medidas médicas, sociales y administrativas que tienen por objetivos, entre otros, proteger la salud de la madre garantizándole las mejores condiciones médicas y sociales antes, en el transcurso y después del embarazo, y tratar de lograr las mejores condiciones de salud y desarrollo psicomotor del niño. Se consagra el espaciamiento de los nacimientos, para garantizar un equilibrio armonioso y preservar la vida y la salud de la madre y del niño, y se establecen las condiciones del aborto terapéutico como medida indispensable para salvar la vida de la madre en peligro o preservar su equilibrio psicológico. Mediante las enmiendas introducidas en 1990 se legalizó, entre otras cosas, la prescripción de los métodos de planificación de la familia por las parteras. Éstas representan actualmente casi las tres cuartas partes de las personas que prestan servicios de planificación de la familia.

141.La ampliación del acceso a los servicios de salud reproductiva y planificación de la familia constituye un eje de acción neurálgico de las políticas nacionales de salud y población. El programa aprobado por el Gabinete en marzo de 1997 establece, entre otros objetivos, el de alcanzar antes del final del decenio un índice de utilización de los métodos anticonceptivos modernos del 60%. Para facilitar el acceso a la planificación de la familia, en los establecimientos sanitarios públicos se garantiza la gratuidad de la atención y de los productos anticonceptivos. Cuando se suministran en el sector privado, la seguridad social reembolsa en un 100% la atención y los productos en la esfera de la planificación de la familia.

142.El programa de acción aprobado gira en torno a los tres ejes siguientes:

a)La ampliación de la red de infraestructuras sanitarias que ofrecen las prestaciones de planificación de la familia y el mejoramiento de la calidad de esas prestaciones. Actualmente hay 1.960 unidades distribuidas en todo el país (departamentos y sectores sanitarios) que han incorporado la planificación de la familia en la atención primaria de la salud de la madre y el niño. A partir de 1995 se han creado centros de remisión en 360 maternidades de todos los departamentos para reforzar la vinculación entre la maternidad y la anticoncepción, especialmente sistematizando la planificación de la familia después del parto.

b)El mejoramiento de la calidad de las prestaciones mediante la capacitación continua de las personas (médicos y parteras) que prestan servicios de salud reproductiva y planificación de la familia, la mejora del equipamiento de las unidades, la diversificación de los métodos anticonceptivos mediante, entre otras cosas, la introducción de los anticonceptivos inyectables en 1997 y la actualización de los protocolos de intervención para promover el dispositivo intrauterino, fomentar el uso de los métodos anticonceptivos después del parto, introducir los inyectables y el mejorar el sistema de información y evaluación.

c)El desarrollo de las actividades de información, educación y comunicación. Para aumentar la adhesión a la planificación de la familia, en 1996 y 1997 se reforzaron las actividades de información, educación y comunicación en torno a las cuestiones de población en general y de planificación de la familia en particular. Se ha puesto en práctica un programa que vincula distintos sectores (comunicación, educación nacional, asuntos religiosos, juventud, etc.), así como las asociaciones que se ocupan de la cuestión.

Las medidas aplicadas tienen que ver tanto con la divulgación de información por conducto de los medios de difusión como la comunicación interpersonal por diversos canales, como las escuelas, las mezquitas, las unidades sanitarias o los centros juveniles.

143.La creación y puesta en funcionamiento del Comité Nacional de Salud Reproductiva y Planificación de la Familia, que agrupa a médicos y profesionales paramédicos, así como a representantes de la sociedad civil, ha permitido instaurar un espacio de concertación que puede contribuir a orientar las estrategias y medidas destinadas a mejorar la atención de la salud reproductiva y reforzar la adhesión a la planificación de la familia. El Comité ha contribuido, entre otras cosas, a unificar los protocolos de intervención en materia de anticoncepción.

144.La elaboración, el seguimiento y la evaluación de esos programas se garantizan en el marco de la labor del Comité Nacional de Población, organismo multisectorial creado en 1996 en el Ministerio de Salud y Población que se encarga de coordinar y promover las actividades en materia de población, y especialmente el seguimiento de las recomendaciones de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo.

145.El tratamiento de las embarazadas y el mejoramiento de las condiciones del parto forman parte de los programas de atención primaria de la salud. La ampliación de los servicios de obstetricia ha permitido extender el control prenatal y aumentar el número de partos en establecimientos. Así, el control prenatal, que a comienzos del decenio de 1980 se aplicaba al 30% de las embarazadas, alcanzó el 57,3% en 1992. Un estudio de casos realizado en 1997 en tres zonas (urbana, semiurbana y rural) demostró que los embarazos no son objeto de ningún control únicamente en el 11% de los casos, pero que el control sigue siendo insuficiente en un 34% de los casos (una a tres consultas).

146.En cuanto a los progresos realizados, también se observan disparidades entre las zonas urbanas y las rurales. En las grandes ciudades el 96% de las embarazadas son objeto de control prenatal, frente al 75% en las zonas semiurbanas y al 46% en las zonas rurales. Asimismo, en 1992, en el campo uno de cada tres partos seguía produciéndose en el hogar.

147.La mortalidad materna sigue siendo motivo de preocupación en la esfera de la salud pública. Según las estadísticas hospitalarias de 1996, la tasa de mortalidad materna de ese año se estimaba en un 67%. La lucha contra la morbilidad y la mortalidad maternas y perinatales se intensificó a partir de 1994 mediante una programa nacional destinado, entre otras cosas, a:

a)Desarrollar la vigilancia prenatal y la vacunación antitetánica de la embarazada. Cabe señalar que el porcentaje de las embarazadas vacunadas contra el tétanos, que en 1992 se estimaba en un 21%, superó el 50% en 1996;

b)Garantizar el control prenatal, que implica también la lucha contra la anemia carencial mediante el suministro de un complemento de hierro. Cabe señalar que en 1980 la incidencia de la anemia era del 40% entre las embarazadas y que ese porcentaje se redujo al 17% en 1996;

c)El aumento del número de partos en establecimientos;

d)La atención sistemática del recién nacido y la reanimación neonatal; y

e)El control posnatal y la planificación de la familia.

El programa se basa, entre otras cosas, en el desarrollo de la comunicación por conducto de los grandes medios de información, la formación continua del personal y el aumento de la eficacia de las estructuras sanitarias.

148.La regionalización de los programas de atención primaria de la salud tiene por finalidad concentrar la acción en las zonas más desfavorecidas. El establecimiento, en 1995, de regiones sanitarias dotadas de órganos regionales de vigilancia de la salud que han incorporado el elemento de la salud reproductiva y la planificación de la familia ha contribuido a la ejecución de programas de acción adaptados a las realidades locales. Cabe señalar asimismo que las prestaciones relacionadas con la vigilancia del embarazo son gratuitas. En el momento del parto se solicita una módica contribución para solventar los gastos de hospitalización.

149.En cuanto al aborto, la ley sólo autoriza el aborto terapéutico, prescrito y realizado en un establecimiento médico para preservar la salud de la madre. Según el artículo 72 de la Ley Nº 85‑05, relativa a la protección y promoción de la salud, se considera que el aborto con fines terapéuticos es una medida indispensable para salvar la vida de la madre en peligro o preservar su equilibrio fisiológico y mental gravemente amenazado, y el aborto será efectuado por un médico en un establecimiento especializado, después de un examen médico realizado en conjunto con un médico especialista.

150.Así pues, la disposición de la ley es amplia, ya que se considera a la salud tanto desde el punto de vista fisiológico como psíquico. La ley deja en manos de los médicos la adopción de la decisión relativa al aborto, naturalmente con el consentimiento de la interesada, que es un requisito previo, como ocurre con todo acto médico practicado de conformidad con el Código de Deontología. Sin embargo, el dictamen del médico generalista debe ser confirmado por el de un especialista. En 1990 el 8,6% de los embarazos concluyeron con un aborto y en 1995 el 6,1%. Esa reducción podría deberse a un mejor control de la maternidad.

b)Mortalidad infantil

151.Por consiguiente, una de las prioridades del programa nacional de lucha contra la mortalidad materna y perinatal es el desarrollo del control posnatal. Por conducto de los medios de comunicación y en los establecimientos sanitarios se realizan campañas de concienciación de las mujeres. También se ha reactivado el sistema de convocación de las mujeres para celebrar la consulta posnatal, que también incluye, en ciertos casos, la realización de visitas a domicilio. En el ámbito de la planificación de la familia la anticoncepción ha sido objeto de programas de formación continua destinados a los médicos y las parteras con una gran difusión de los protocolos de intervención en la materia.

152.Las causas más frecuentes de mortalidad materna son las hemorragias, las infecciones puerperales, el síndrome renal y las dificultades del parto, según indican encuestas específicas realizadas en los hospitales universitarios. La reducción del número de muertes por hemorragia, que representan aproximadamente la cuarta parte de la mortalidad materna, se considera una prioridad para el final del decenio. Se llevan a cabo actividades en materia de formación del personal, disponibilidad de medicamentos básicos y sistematización del grupo sanguíneo de las embarazadas.

153.En cuanto a las causas de mortalidad, cabe recordar ante todo que la mortalidad infantil ha experimentado una importante disminución desde la independencia y que la tasa disminuyó de casi el 200‰ en 1980 al 85‰ en 1992, para ubicarse en el 54,5‰ en 1996. La tasa de mortalidad de las pequeñas era superior a la de los pequeños hasta comienzos del decenio de 1980, pero la tendencia se invirtió, ya que la tasa de mortalidad infantil fue del 53‰ en 1996 en el caso de las niñas y del 56‰ en el de los niños.

154.En una primera etapa ese programa tenía por objetivo especial el desarrollo de la vacunación. Así, las enfermedades controlables por la vacunación, que hasta comienzos del decenio de 1980 constituían las principales causas de mortalidad infantil, han disminuido considerablemente. En 1995 se había vacunado al 93% de los niños, sin discriminación de sexo. La proporción de niñas vacunadas con la BCG es del 99%, igual a la de los varones. En el caso de la DTC/polio es del 94,7% en el caso de las niñas y del 94% en el de los niños, y el 75% de las niñas están vacunadas contra el sarampión, frente al 75,5% de los niños.

155.Actualmente las causas más frecuentes de morbilidad y mortalidad infantiles son las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas neonatales (niños menores de 1 mes), que representan la mitad de las causas de muerte de niños menores de 1 año. Esa evolución de las causas de mortalidad infantil ha provocado un reajuste del programa nacional.

156.La lucha contra las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas, así como contra la mortalidad perinatal, constituyen una prioridad. El número de muertes provocadas por la diarrea disminuyó de 1.500 en 1995 a 650 en 1998 y el de las causadas por infecciones respiratorias agudas se redujo de 1.283 en 1995 a 650 en 1998. En cuanto al sarampión, se han realizado campañas de vacunación a intervalos regulares desde 1995.

Año	Tasa de mortalidad infantil (porcentaje)
Niños	Niñas	Media
1990	60,00	55,5	57,80
1991	59,40	54,20	56,90
1992	57,70	53,00	55,40
1993	57,61	53,29	55,49
1994	56,80	51,51	54,21
1995	57,94	51,68	54,87
1996	56,88	52,21	54,59
1997	59,50	53,66	56,64

157.Las mujeres de edad también reciben atención sanitaria. Cabe señalar al respecto la evolución demográfica, que permite vislumbrar un envejecimiento progresivo, aunque ineluctable, de la población. Esa preocupación se ha incorporado a la política nacional de salud. La atención de la salud de la mujer en la menopausia forma parte de la atención de la salud reproductiva (tratamiento de la osteoporosis, del cáncer genital, etc.). El año 1999, proclamado Año Internacional de las Personas de Edad, constituyó además una oportunidad para reforzar el tratamiento de la cuestión del envejecimiento en sus múltiples aspectos (social, sanitario, etc.). En ese marco se ha elaborado un plan nacional intersectorial.

c)Estudios sobre la salud

158.En otro plano, el de los estudios de la salud femenina, ésta constituye un tema de investigación de primer orden desde el decenio de 1990. A título de ejemplo mencionemos las siguientes encuestas:

a)La encuesta argelina sobre la salud de la madre y el niño en el marco del proyecto Papchild, financiado, entre otras entidades, por la Liga Árabe, el UNICEF y el FNUAP, en 1992;

b)La encuesta sobre los objetivos de mitad del decenio en materia de salud maternoinfantil, que recibió el apoyo del UNICEF y del FNUAP (1995);

c)La encuesta sobre el nivel de vida (1995), en la que se incorporó un módulo sobre el acceso de la mujer a los servicios de salud;

d)La encuesta sobre la mortalidad materna, iniciada en enero de 1999. Esta encuesta está basada en el establecimiento de un sistema de investigación del número de muertes maternas (del 2 de enero al 31 de diciembre de 1999), con la colaboración estrecha entre los servicios del Registro Civil y los establecimientos sanitarios, y, además, de ser necesaria, una encuesta entre las familias. Esta encuesta se realiza en todos los municipios del país; y

e)A fines del año en curso esta última encuesta nos permitirá disponer de un cuadro de situación exhaustivo de la mortalidad materna, que servirá para elaborar un plan de acción adaptado a las necesidades de cada región.

Por último, cabe señalar cierto número de encuestas y estudios operativos en materia de salud reproductiva realizados en el marco de los hospitales universitarios, entre ellos un estudio de la aceptabilidad de los inyectables y otro de las causas de la resistencia al dispositivo intrauterino.

159.En lo que respecta a la gravitación de la toxicomanía entre la población femenina, el fenómeno, especialmente entre las jóvenes, se evaluó mediante dos encuestas realizadas en 1990 y 1997. Las conclusiones de ambas coinciden en que el consumo de drogas sigue siendo un fenómeno marginal entre las jóvenes. En cualquier caso, la lucha contra la toxicomanía forma parte de la política nacional de salud. Está en marcha un programa multisectorial centrado en la prevención, el tratamiento médico, psicológico y social de los toxicómanos y la capacitación de personal.

160.Las nociones de ética y deontología en la capacitación del personal sanitario están efectivamente incorporadas en los programas de capacitación básica de los médicos y parteras. También lo están en los programas de formación continua en salud reproductiva. Esos aspectos constituyen un elemento importante de la política nacional de salud. Cabe mencionar la creación del Consejo Nacional de Ética de las Ciencias de la Salud en 1990, y el establecimiento del Consejo de Deontología en 1998.

Artículo 13

Derecho a la educación

1.Información general

161.El acceso a la educación es un derecho consagrado en el artículo 53 de la Constitución y en la Ordenanza Nº 76‑35, de 16 de abril, relativa a la organización de la educación y la formación, en cuyos artículos 4 a 7 se mencionan el acceso igual a la educación y la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza. Una de las principales preocupaciones de las autoridades es impartir a los jóvenes argelinos, tanto varones como mujeres, enseñanza básica obligatoria durante nueve años. Esa enseñanza se rige por la Ordenanza de 16 de abril de 1976, se imparte en la escuela fundamental y desde el comienzo ofrece las mismas oportunidades a todos los niños y niñas de 6 años. En Argelia la enseñanza siempre ha sido obligatoria.

2.Mapa escolar

162.Actualmente asisten a las escuelas argelinas 7.435.858 alumnos, de los que 3.521.237 son niñas, según el siguiente detalle:

a)En la enseñanza fundamental el total de alumnos es de 6.556.768, de los que 3.048.935 son niñas;

b)En la enseñanza secundaria el total de alumnos es de 879.090, de los que 472.302 son niñas.

163.En cuanto al personal docente de todos los ciclos, cabe señalar que el total es de 323.710, de los que 148.404 son mujeres. Hay 1.998 inspectores, de los que 88 son mujeres. El total de funcionarios administrativos es de 46.112, de los que 12.888 son mujeres.

164.El número de mujeres que componen el cuerpo docente ha experimentado un evidente aumento, ya que en el año escolar 1997/1998 había en la enseñanza primaria 170.460 docentes, de los que 77.756 eran mujeres, mientras que en 1962/1963 había 19.908 docentes, de los que 2.996 eran mujeres.

165.En 1997/1998 el número de docentes de la enseñanza media aumentó a 99.907, de los que 48.347 eran mujeres, mientras que en 1962/1963 había 2.488 docentes, de los que 1.836 eran mujeres. En 1997/1998 había en la enseñanza secundaria 53.543 docentes, de los que 22.301 eran mujeres; en 1962/1963 había 1.216 docentes, de los que 684 eran mujeres.

166.Además hay 29 establecimientos de formación de instructores.

167.A título indicativo, la tasa de escolarización de las niñas de 6 años aumentó del 36,6% en 1967/1968, cinco años después de nuestra independencia, al 90,36% en 1997/1998. En la enseñanza fundamental (primaria y media) la tasa aumentó del 36,58% en 1967/1968 al 46,5% en 1997/1998 y en la secundaria del 25,65% en 1967/1968 al 53,73% en 1997/1998.

3.Medidas destinadas a promover el derecho a la educación

168.Para fomentar aún más esa tendencia el Gobierno preparó un proyecto de ley de orientación en materia de educación que será sometido a la actual legislatura para su aprobación. En su artículo 7 el proyecto prevé sanciones para todo progenitor o tutor que impida el acceso a la escolarización de los niños de 6 a 16 años. De hecho, esa medida concierne mucho más a las niñas que a los niños.

169.Las medidas adoptadas para garantizar la aplicación de las disposiciones mencionadas y la reducción de la tasa de deserción escolar tienen que ver con la distribución escolar, los comedores escolares, los internados, la solidaridad escolar y el transporte escolar.

170.En materia de distribución escolar se ha hecho un esfuerzo considerable en la esfera de la construcción de infraestructuras escolares, especialmente en las zonas rurales, para acercar al máximo la escuela a las familias. A título indicativo, en el año escolar 1997/1998 había 15.507 escuelas primarias, de las que 6.518 estaban en zonas urbanas, 2.557 en zonas semirrurales y 6.432 en zonas rurales. A título comparativo, a comienzos del decenio de 1960 había 4.900 escuelas primarias. En el nivel medio y el primer ciclo (colegio) del nivel secundario hay 3.224 establecimientos, de los que 1.889 se encuentran en zonas urbanas, 658 en zonas semirrurales y 667 en zonas rurales. En 1960 había 380 establecimientos de enseñanza media o del primer ciclo de la enseñanza secundaria. Por último, hay 1.183 liceos (establecimientos secundarios de segundo ciclo), de los que 898 se encuentran en zonas urbanas, 198 en zonas semirrurales y 87 en zonas rurales. En 1960 había sólo 39 liceos.

171.Cabe señalar que en 1997/1998 había 4.142 comedores escolares para 561.311 beneficiarios. La construcción de establecimientos en las zonas muy lejanas ha permitido acercar la escuela a la población.

172.Hay 27 internados primarios que acogen a 3.000 niños y niñas de 6 a 12 años, y en la enseñanza media hay 23.350 alumnos que se benefician del sistema de internado. En el secundario hay 53.048 alumnos. Esos internados se crean para los menores de las zonas más remotas y especialmente los hijos de los nómadas de las regiones saharianas. Los internados también están abiertos a los huérfanos que no han podido ser colocados en hogares de guarda y están enteramente a cargo del Estado.

173.Además, hace dos años se constató un fenómeno de desescolarización, sobre todo entre las niñas, a raíz del aumento del costo del internado. Inmediatamente el Estado reaccionó haciéndose cargo de esos gastos para evitar que el fenómeno se convirtiera en causa de deserción escolar.

174.En cuanto a la cuarta medida, relacionada con la solidaridad escolar, cabe señalar que para el año 1997/1998 se afectaron 507.384.637 dinares para beneficiar a 1.545.589 alumnos. La operación consistió en suministrar a esos alumnos desfavorecidos útiles y manuales escolares, carteras, delantales y prendas de vestir. La operación benefició a casi 1.548.000 alumnos provenientes de 16 departamentos de las regiones del sur y de las zonas montañosas.

175.Además, el transporte escolar benefició a un número apreciable de localidades, sobre todo las aisladas. Esa acción, iniciada por las autoridades, prevé la adquisición de 700 autobuses para el transporte escolar y su generalización a todos los departamentos.

4.Enseñanza superior

176.La red de enseñanza superior se extiende a 30 ciudades universitarias y comprende 13 universidades, 10 centros universitarios, 4 institutos de ciencias médicas, 9 escuelas superiores y numerosos institutos dependientes de ministerios técnicos.

177.El número de estudiantes aumentó:

a)Antes de la graduación, de 241.600 en 1994 a 286.000 en 1996, y de 339.500 en 1997 a casi 400.000 al comienzo del año académico 1998/1999; y

b)En los cursos de posgrado, de 14.500 en 1994 a 16.900 en 1996 y de 18.100 en 1997 a casi 20.000 al comienzo del año académico 1998/1999.

178.Para ilustrar la presencia femenina en las distintas disciplinas cabe señalar que:

a)En ciencias exactas había 21.889 inscritos, de los que 12.843 eran mujeres (58,67%);

b)En tecnología había 99.581 inscritos, de los que 30.618 eran mujeres (30,75%);

c)En ciencias veterinarias había 4.531 inscritos, de los que 1.830 eran mujeres (30,75%); y

d)En ciencias naturales y de la tierra había 28.702 inscritos, de los que 17.260 eran mujeres (60,14%).

179.En 1986/1987 había 15.801 docentes, de los que 3.624 eran mujeres, lo que significa que la proporción de mujeres en el cuerpo docente se duplicó en diez años.

Artículo 15

Derecho a participar en la vida cultural, a gozar de los beneficios del progreso científico y a la protección de los derechos de autor

180.La prensa, monopolio del Estado desde la independencia, ha logrado cierta libertad gracias a la apertura democrática consagrada en la Constitución de 23 de febrero de 1989. Fundamento de la libertad de opinión y de expresión, la libertad de prensa ha permitido celebrar debates y favorecido la formación de una opinión pública con la que hoy hay que contar. Ese desarrollo espectacular de la prensa le ha permitido colocarse a la vanguardia del combate por las libertades y de las conquistas democráticas.

181.Así, el número de periódicos aumentó de 49 (todos estatales) en 1988 a 79, de los que el 72% son privados. Actualmente la prensa privada predomina, tanto por lo que se refiere al número de periódicos como al número de ejemplares vendidos. El 87% pertenecen al sector privado.

182.Por categoría de publicación la prensa privada controla el 66% de los diarios y el 87% de su público, el 84% de los semanarios y el 83% de su público, y el 86% de los periódicos y el 52% de su público.

183.Además, cabe señalar la existencia de un canal de televisión que transmite las 24 horas en todo el territorio nacional, un canal satelital destinado a la comunidad argelina que vive en el extranjero, 3 radios nacionales, 1 radio internacional, 16 radios locales y 3 radios especializadas (temáticas).

184.La publicación de diarios y periódicos es libre y sólo está sometida a una declaración previa, que debe hacerse 30 días antes de la publicación del primer número y que sirve para inscribir la publicación y efectuar un control de veracidad. Las publicaciones no deben contener ninguna declaración, ni siquiera publicitaria, que pueda favorecer la violencia o el odio, y, llegado el caso, se reconoce el derecho de las instituciones, los organismos o las asociaciones autorizadas que se ocupan de los derechos humanos y la protección de la infancia a constituirse en parte civil (art. 27).

185.Los artículos 35 y 40 de la Ley Nº 90‑07, de 3 de abril de 1990, por la que se aprueba el Código de la Información, reconocen a los periodistas, respectivamente, el derecho a acceder a las fuentes de información y el derecho a rechazar toda directiva de la redacción que provenga de una fuente distinta de los responsables de la redacción, pero los obligan a velar por el estricto respeto de la ética y la deontología de su oficio, especialmente preocupándose por dar una información completa y objetiva, rectificar toda información que demuestre ser inexacta y no permitirse hacer la apología del racismo, la intolerancia o la violencia.

186.Desde que se implantó el estado de emergencia las relaciones entre los órganos de prensa y las autoridades del Estado y las asociaciones autorizadas han tenido altibajos. Las medidas adoptadas por las autoridades para proteger a los periodistas, blancos favoritos de los grupos terroristas, se consideran insuficientes o excesivas. Cabe señalar que desde 1992 los grupos terroristas han asesinado a más de 60 periodistas y profesionales de la información y en octubre de 1993 un dirigente del disuelto FIS, exiliado en el extranjero, definió a esos asesinatos como "ejecuciones de sentencias".

187.Además, la falta de experiencia y la competencia entre diarios hacen que muchos de ellos cometan las faltas que reprime el artículo 40 del Código de la Información. Con el pretexto de la libertad de expresión, varias publicaciones permiten que se publiquen en sus columnas declaraciones o tomas de posición consideradas difamatorias o insultantes respecto de personas, cuerpos constituidos o símbolos de la nación.

188.El derecho a la información se ejerce con total libertad, incluso en lo que respecta a la legislación relativa al estado de emergencia, que ha limitado temporalmente su ejercicio por lo que se refiere a las cuestiones relacionadas con la información en materia de seguridad. En efecto, un instrumento reglamentario de 7 de marzo de 1994 instituyó una "célula de comunicación" encargada de las relaciones con los medios de comunicación en materia de información y de elaboración y difusión de los comunicados relativos a la situación de seguridad y estableció la prohibición de difundir toda información no inscrita en el marco de un comunicado oficial. La aplicación de esa reglamentación, que era puramente formal, se ha dejado sin efecto.

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