Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Séptimo período de sesiones

Acta resumida de la 66ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el martes 17 de abril de 2012 a las 10.00 horas

Presidente:Sr. McCallum

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 35 de la Convención

Informe inicial del Perú

Se declara abierta la sesión a las 10.10 horas.

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 35 de la Convención

Informe inicial del Perú (CRPD/C/PER/1); lista de cuestiones (CRPD/C/PER/Q/1 ); respuestas escritas del Perú a la lista de cuestiones (CRPD/C/PER/Q/1/Add.1); documento básico (HRI/CORE/PER/2010)

1. Por invitación del Presidente, la delegación del Perú toma asiento a la mesa del Comité.

2.El Sr. Rojas Julca (Perú) indica que el Perú, que en 2007 fue el primer país de América Latina en ratificar la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (mediante el Decreto Supremo Nº 073-2007-RE), es un país en desarrollo con una población de cerca de 30 millones de habitantes caracterizado por una gran diversidad cultural, étnica y lingüística. Aunque el Perú tiene grandes riquezas naturales y es heredero de una cultura milenaria, todavía persisten en el país grandes disparidades sociales. Como otros grupos vulnerables, las personas con discapacidad son víctimas de discriminación y exclusión. Ante tal situación, el Gobierno está resuelto a aplicar las disposiciones de la Convención y hacer efectiva la integración social de las personas con discapacidad y al mismo tiempo a trabajar y luchar por consolidar la democracia, el estado de derecho y el desarrollo.

3.Entre otros avances notables, cabe destacar que en 2008 el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) aprobó el Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 2009-2018 y avaló la creación de una comisión multisectorial permanente encargada de su seguimiento. Un proyecto de ley, presentado en marzo de 2011 por la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad del Perú y la asociación "Sociedad y Discapacidad", está siendo examinado en el Congreso Nacional. En el proyecto, se prevé la aprobación de una nueva ley general relativa a las personas con discapacidad basada en los derechos humanos, de conformidad con lo dispuesto en la Convención, y se propone la modificación de ciertos instrumentos legislativos de alcance general, como el Código Civil o la Ley general de salud, a fin de que la cuestión de la discapacidad se tenga sistemáticamente en cuenta en las políticas del Estado.

4.En el marco de la Ley Nº 29812, relativa al presupuesto para el año fiscal 2012, se prevé la asignación de fondos suplementarios al sector público en 2013, especialmente destinados a apoyar la educación inclusiva, la educación especial, la intervención temprana, la salud y la rehabilitación y el acceso al mercado laboral y la accesibilidad para las personas con discapacidad. Toda una serie de entidades, coordinadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, participan en la puesta en marcha de este programa especial. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ha recibido una financiación de cerca de 3 millones de dólares de los Estados Unidos, destinados a la realización de una encuesta nacional especializada sobre la discapacidad. El Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS) estará a cargo de la evaluación de los resultados de la encuesta.

5.El programa piloto "Tumbes accesible", puesto en marcha recientemente en la región de Tumbes, se enmarca en el acuerdo de intercambio de experiencias en materia de discapacidad concertado entre el Perú y el Ecuador. La finalidad del programa es recopilar datos, validar instrumentos y desarrollar metodologías y protocolos relativos a las personas con discapacidad en Tumbes, para reproducirlos gradualmente en todo el país.

6.Tras una primera etapa de coordinación intersectorial e interinstitucional a nivel nacional, regional y municipal, la segunda, que se iniciará en mayo próximo, consistirá en realizar un estudio integral (genético, biomédico y psicosocial) sobre las personas con discapacidad de la región. Con los resultados que se obtengan podrán definirse con mayor precisión las estrategias de intervención y las políticas públicas para atender a esas personas en función de su grado de discapacidad.

7.Los ejemplos anteriores ilustran la voluntad del Gobierno de hacer efectivas las disposiciones de la Convención y demuestran que se da un tratamiento integral y coherente a la problemática de las personas con discapacidad. Sin embargo, queda todavía un largo camino por recorrer, plagado de dificultades, antes de lograr la integración social de las personas con discapacidad.

8.El Sr. Guzmán Jara (Perú) explica que existen tres niveles administrativos en el Perú. El CONADIS está a cargo de la cuestión de la discapacidad a nivel nacional. Además de ello, existen oficinas regionales de atención a las personas con discapacidad y, por último, en virtud del artículo 84 de la Ley orgánica de municipalidades, se han creado, a nivel local, servicios encargados de la protección y la integración de las personas con discapacidad.

9.En el año en curso, se invertirán cerca de 34 millones de dólares en el ámbito de la salud. Esos fondos servirán para construir un centro de rehabilitación para personas con discapacidad moderno y dotado de alta tecnología. Se destinarán 6 millones de dólares a la rehabilitación física y 13 millones se invertirán en la atención de la salud mental.

10.La encuesta nacional especializada sobre la discapacidad, en la que se consultará a 230 familias permitirá definir las necesidades específicas de las personas con discapacidad. No solo se estudiará la situación de las personas con discapacidad desde el punto de vista médico, biomédico, genético y psicosocial, sino que también se medirá su grado de integración desde el punto de vista de la educación, la salud, el empleo y la accesibilidad. Se realizarán importantes inversiones en los sistemas de educación integrada y especial, en los que están matriculados 50.000 niños y jóvenes peruanos con discapacidad. El objetivo del programa presupuestario especial es utilizar eficazmente los fondos públicos que serán desembolsados en 2013 para obtener resultados tangibles en el ámbito de la discapacidad.

11.El Sr. Ríos Espinosa (Relator para el Perú) felicita al Gobierno peruano por los esfuerzos realizados para aplicar las disposiciones de la Convención. El orador desearía saber cómo se articulan las medidas adoptadas para promover los derechos de las personas con el plan nacional de derechos humanos. Como el marco jurídico de protección de los derechos de las personas con discapacidad en el Perú está en curso de revisión, el orador pregunta qué medidas se van a adoptar para incorporar en esa nueva legislación nacional los ocho principios fundamentales consagrados en la Convención y armonizarla con la terminología de la Convención.

12.Sería útil conocer las estrategias aplicadas para garantizar la participación de las asociaciones y organizaciones de personas con discapacidad en la planificación, el cumplimiento y el seguimiento de la Convención y saber cómo ha previsto el Perú integrar a las personas con discapacidad en el Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 2009-2018. El orador pide a la delegación que indique si está previsto realizar estudios sobre la discriminación hacia las personas con discapacidad en las comunidades indígenas o afrodescendientes, en particular en lo que respecta a las mujeres y los niños que viven en zonas rurales.

13.El Comité desea saber cómo se tienen en cuenta los principios de la Convención en las campañas de sensibilización realizadas por el Gobierno en colaboración con el sector privado, como el Teletón, y cómo ha previsto el Perú alcanzar el objetivo de que el 60% de los edificios públicos sean accesibles a las personas con discapacidad en 2010 y garantizar que los particulares que presten servicios públicos respeten las exigencias de la Convención en materia de accesibilidad.

14.Se ruega a la delegación que indique si está previsto ajustar las disposiciones del Código Civil al artículo 12 de la Convención en el marco de la revisión en curso, a fin de que se reconozca plena capacidad jurídica a las personas con discapacidad, y modificar la Ley Nº 29737 por la que se modifica el artículo 11 de la Ley General de Salud, que menoscaba la libertad personal al permitir que se interne sin su consentimiento a una persona con una discapacidad psicosocial o una adicción a las drogas.

15.Además, es fundamental que el Estado parte intervenga para garantizar la protección de la integridad física de las personas discapacitadas en ciertos establecimientos dirigidos por particulares. En 2011 fallecieron 28 personas con discapacidad en el centro Cristo es Amor. Se agradecería toda información adicional sobre el centro psiquiátrico Larco Herrera, donde al parecer las personas internadas no reciben atención específica con vistas a su rehabilitación y, en general, sobre la administración de psicofármacos como medio de contención química.

16.Sería interesante saber si está previsto suprimir de la Ley de extranjería la exigencia de que las personas con discapacidad presenten un certificado que avale la plena posesión de sus facultades mentales, requisito que vulnera su derecho a obtener la nacionalidad peruana, y si el Estado parte ha considerado la posibilidad de adoptar medidas para evitar que las personas con discapacidad se vean sistemáticamente internadas en instituciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Convención, y modificar la legislación vigente, en particular la Resolución ministerial Nº 536/2005/MINSA de 18 de julio de 2005, por la que se autoriza la esterilización con fines anticonceptivos de las personas con discapacidad.

17.El Comité desearía saber lo que el Estado parte tiene intención de hacer para reducir el número de personas con discapacidad que no reciben instrucción de ningún tipo, en particular en las comunidades afrodescendientes, y desarrollar la educación inclusiva.

18.El orador solicita a la delegación que indique qué medidas ha previsto el Gobierno para garantizar el derecho a la salud de las personas con discapacidad y facilitar su acceso a servicios de atención de la salud y a la protección social, así como para mejorar el acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad, que en muchos casos están desempleadas, y garantizarles un nivel de vida digno dándoles la posibilidad de acogerse a un régimen de pensiones no contributivo.

19.El Sr. Ríos Espinosa celebra que el Estado parte decidiera en octubre de 2011 volver a inscribir en el padrón electoral a las personas con discapacidad que no habían podido ejercer su derecho de voto en las elecciones municipales de 2011. No obstante, el Comité expresa su preocupación porque ciertas personas siguen estando excluidas de la vida pública y la participación política, como las que están internadas en centros psiquiátricos. Se ruega a la delegación que exponga su posición al respecto. Por último, el Comité observa con preocupación que no hay ningún órgano oficialmente encargado de controlar el cumplimiento de la Convención, como lo dispone el artículo 33, párrafo 2, de la Convención.

20.El Sr. Tatić pregunta si existen recursos jurídicos a disposición de las personas con discapacidad víctimas de discriminación por motivos relativos a su condición y si está previsto incluir disposiciones en ese sentido en la legislación en curso de elaboración. El orador también desea saber si en la nueva legislación la denegación de ajustes razonables estará explícitamente definida como discriminación en razón de la discapacidad. Por último, el orador solicita información adicional sobre los mecanismos que permiten garantizar la accesibilidad y sobre la forma en que las sanciones se aplican, en la práctica, a particulares o entidades que infringen la legislación en la materia.

21.El Sr. Al-Tarawneh pregunta si se realizó una evaluación de los espacios públicos antes de poner en marcha el proyecto piloto en la región de Tumbes y si se ha adoptado una estrategia nacional en materia de discapacidad para facilitar la aplicación del artículo 9. El orador desea saber si existen leyes o códigos de construcción destinados a garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en qué medida se contempla adoptar criterios de diseño universal. Por último, el orador pregunta qué función cumplen los municipios, que suelen ser responsables de la expedición de licencias de obras, y el sector privado en la promoción de la accesibilidad.

22.El Sr. Gombos pregunta qué medidas piensa adoptar el Estado parte para luchar contra las múltiples formas de discriminación que sufren las personas con discapacidad, ya que la experiencia ha mostrado que solo se obtienen resultados efectivos si se reconoce que la discriminación múltiple constituye una categoría aparte.

23.La Sra. Cisternas Reyes pregunta si el Estado parte, en el que hay más de 40 pueblos indígenas y afrodescendientes, dispone de datos estadísticos sobre la discapacidad, desglosados por grupo de población, sexo y edad. La oradora desearía saber si se tienen plenamente en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad que pertenecen a esos grupos y si los programas de ayuda social de los que son beneficiarias esas personas se evalúan mediante indicadores de resultado.

24.El Sr. Langvad pregunta si existen instrumentos legislativos que prohíban explícitamente la discriminación y garanticen la realización de ajustes razonables para las personas con discapacidad. De ser así, el orador desearía saber si dicha legislación se aplica a todas las personas que padecen una incapacidad temporal de larga duración y si prohíbe la discriminación contra las personas que no entran en el ámbito de aplicación de la legislación del Estado parte que ampara a las personas con discapacidad.

25.El Sr. Ben Lallahom solicita mayor información sobre el papel específico que desempeña la sociedad civil en la lucha contra la discriminación de las personas con discapacidad. También desearía información adicional sobre la mejora de la accesibilidad, no solo física, sino también digital y social, es decir sobre las iniciativas concretas adoptadas para cambiar la percepción que tiene la sociedad peruana de las personas con discapacidad. Por último, el orador pide información más detallada sobre el acceso al voto y el ejercicio de ese derecho.

26.La Sra. Yang Jia celebra que una persona ciega forme parte de la delegación. La oradora pregunta si las personas con discapacidad tienen acceso a los servicios bancarios o si se están adoptando medidas en ese sentido.

Se suspende la sesión a las 11.05 horas y se reanuda a las 11.20 hora s.

27.El Sr. Rojas Julca (Perú) recuerda que el Perú está firmemente comprometido a cumplir lo dispuesto en la Convención y que los obstáculos que persisten se irán superando progresivamente. En particular, está previsto que las autoridades hagan una evaluación más precisa de la situación de las personas con discapacidad, para determinar cuántas son y qué tipología y características tienen las formas de discapacidad que sufren. Al mismo tiempo, las autoridades procuran mejorar la atención a las personas con discapacidad, fomentando su integración social y su participación en la vida pública. Naturalmente, la sociedad civil en su conjunto participa en este proyecto, pues, sin ella, sería imposible obtener resultados satisfactorios y duraderos y reforzar el tejido social del país. Para ello, el Gobierno se apoya en las autoridades locales, que son las más cercanas a la población y sus problemas. El Perú cuenta con estructuras de nivel nacional, regional y local a las que hay que infundir un nuevo dinamismo. Las autoridades centrales se han comprometido a obrar en pro del desarrollo del país y de los estratos más vulnerables de la sociedad.

28.El Sr. Guzmán (Perú) dice que el Perú es un Estado democrático que procura reforzar el estado de derecho. Así pues, ha ratificado la Convención y el Protocolo facultativo, así como el Convenio Nº 159 de la OIT sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas, y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

29.El Plan nacional de derechos humanos que acaba de finalizar comprendía medidas concretas en favor de las personas con discapacidad en 19 ámbitos de actuación (educación, salud, rehabilitación, empleo, desarrollo de las asociaciones, etc.). Además, el CONADIS participa en el Consejo Nacional de Derechos Humanos, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para que conozca, de manera precisa la efectividad de los derechos de las personas con discapacidad, con vistas al Examen Periódico Universal. Cabe subrayar que la sociedad civil participa activamente en todas las actividades realizadas por los poderes públicos a nivel nacional, regional y local.

30.La Ley Nº 28867, por la que se modifica el artículo 323 del Código Penal, tipifica la discriminación contra las personas con discapacidad como delito penado con dos a tres años de privación de libertad y hasta cuatro años si el infractor es funcionario público. La sociedad civil puede asimismo ampararse en las garantías constitucionales, por ejemplo mediante una acción de cumplimiento en caso de que un funcionario público o una institución pública o privada vulneren los derechos de una persona con discapacidad.

31.La Sra. Caballero de Clulow (Perú) añade que la Ley Nº 28867 castiga severamente la discriminación, en particular la discriminación contra las personas con discapacidad, y establece que se perseguirá a todo aquel que, por sí o mediante terceros, discrimine a una persona con discapacidad con el objeto de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos. En el artículo 200 de la Constitución del Perú se enuncian las garantías constitucionales siguientes: la acción de h a beas corpus, la acción de amparo, la acción de h a beas data, la acción de inconstitucionalidad, la acción popular y la acción de cumplimiento. La persona con discapacidad puede asimismo acudir a la Defensoría del Pueblo, cuyas funciones consisten en controlar que la administración pública cumpla sus obligaciones, defender los derechos fundamentales de las personas, actuar como mediador entre la administración y los administrados y formular recomendaciones.

32.En lo que se refiere a los ajustes razonables, se han aprobado varios instrumentos: el Decreto Supremo Nº 013-2009-MIMDES, de 11 de diciembre de 2009, por el que aprueba el reglamento de la Ley de promoción de acceso a Internet para las personas con discapacidad y adecuación del espacio físico en cabinas públicas de Internet; la Ley Nº 29478, de 18 de diciembre de 2009, que establece facilidades para la emisión del voto de las personas con discapacidad. La Ley Nº 29487, de 23 de abril de 2009, otorga prestaciones de salud gratuitas al personal con discapacidad de las fuerzas armadas y a sus familiares directos. La Ley Nº 29535, de 20 de mayo de 2010, otorga reconocimiento oficial a la lengua de señas peruana. La Ley Nº 28683 modifica la Ley Nº 27408, que establece la atención preferente a las mujeres embarazadas, los niños y los ancianos en lugares de atención al público, extendiéndola a las personas con discapacidad; la Ley establece además que todos los servicios o establecimientos abiertos al público tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para facilitar su uso o acceso, so pena de multa.

33.En lo que respecta al artículo 9 de la Convención, en 2006 se publicó la norma A.120, titulada "Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas mayores", que está sujeta a constante revisión y actualización. El Perú ha logrado avances considerables en el campo normativo a pesar de ciertas deficiencias en la aplicación de la legislación pertinente, deficiencias que procurará subsanar con el plan nacional de accesibilidad que está en curso de elaboración.

34.Para que las ciudades estén mejor adaptadas a las personas con discapacidad, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) ha adoptado la norma técnica peruana NTP 940.001 (Accesibilidad al medio físico. Rampas fijas en el medio urbano), publicada en el Boletín Oficial el 9 de octubre de 2011. En 2010 se creó el Comité Técnico de Normalización de Accesibilidad al Medio Físico, que se encarga de elaborar normas técnicas de construcción y equipamiento, por ejemplo en lo que respecta a las vías de tránsito, los pasos peatonales y la señalización, destinadas a atender las necesidades especiales de las personas con discapacidad en el medio urbano.

35.Por el momento el Perú no dispone de información sobre la aplicación de las medidas destinadas a alcanzar una accesibilidad del 60% en 2010, objetivo fijado por el Decreto Supremo Nº 027-2007. Sin embargo, cabe mencionar a ese respecto el programa piloto "Tumbes accesible", en el que se prevé que el Estado y las autoridades locales de la región de Tumbes den alta prioridad a los gastos en accesibilidad y realicen las obras necesarias para que el medio urbano sea accesible a las personas con discapacidad.

36.A la fecha el Estado no ha recibido denuncias de incumplimiento del principio de accesibilidad. A ese respecto, cabe mencionar el proyecto de nueva ley general relativa a las personas con discapacidad, en la que podría incluirse un capítulo especial sobre las infracciones de las normas relativas a la accesibilidad y las sanciones aplicables.

37.El Sr. Gombos desearía conocer el número de personas con discapacidad que, en el Estado parte, no gozan de capacidad jurídica en pie de igualdad con los demás y qué servicios de apoyo se han previsto para que las personas con una discapacidad psicosocial puedan gozar de esa capacidad jurídica. El orador pregunta asimismo qué modificaciones de la legislación nacional están previstas para que todas las personas con discapacidad gocen del mismo derecho a la libertad que los demás y qué medidas se van a adoptar para garantizar a los detenidos con discapacidad ajustes razonables en los centros penitenciarios, de conformidad con el artículo 14 de la Convención.

38.La Sra. Peláez Narváez solicita mayor información sobre el tráfico de órganos del que supuestamente son víctimas algunos niños con discapacidad. La oradora desea además saber qué medidas ha adoptado el Estado parte ante el número considerable de defunciones atribuibles a abortos ilegales practicados tras una violación, habida cuenta de que las mujeres y las jóvenes con discapacidad están particularmente expuestas a esta forma de violencia.

39.La Sra. Cisterna s Reyes, dado que el Estado parte es propenso a la actividad sísmica, pregunta cómo se ha tenido en cuenta la cuestión de la discapacidad en los protocolos aplicables a las situaciones de emergencia y cómo se incluye a las personas con discapacidad en los simulacros de catástrofe natural. En relación con el artículo 13 de la Convención, la delegación podría explicar al Comité qué ajustes se realizan en función de la edad para garantizar la participación efectiva de las personas con discapacidad en los procedimientos judiciales y dar más detalles sobre la formación que reciben los jueces, los agentes de policía y los funcionarios de prisiones.

40.La Sra. Degener pregunta qué medidas específicas están previstas en el Programa contra la Violencia Familiar y Sexual para las mujeres y los niños con discapacidad, que están más expuestos a la violencia, tanto en el entorno institucional como en el hogar. La oradora desearía también saber qué tipo de ayuda reciben las mujeres con discapacidad en los centros de atención de emergencia para las mujeres.

41.El Sr. Langvad pregunta qué medidas específicas ha adoptado el Estado parte para garantizar que las personas con discapacidad tengan una vida autónoma y se integren en la sociedad; y en particular para lograr que tengan acceso a la educación y a los medios de transporte.

42.El Sr. Gombos pregunta qué medidas ha adoptado el Estado parte para poner fin a los castigos corporales infligidos a los niños con discapacidad en entornos institucionales o de otra índole y qué tiene previsto para garantizar que todos los servicios prestados a las personas con discapacidad sean evaluados, desde el punto de vista del respeto de los derechos humanos, por autoridades independientes. El orador pide asimismo a la delegación que indique las medidas previstas a fin de prestar la asistencia debida a las personas con discapacidad que no estén en condiciones de dar su consentimiento a un tratamiento para adoptar una decisión informada de rechazo o aceptación.

43.El Sr. Chowdhury pregunta qué medidas están previstas en el Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 2009-2018 para facilitar el acceso de los niños y jóvenes con discapacidad a la enseñanza primaria, secundaria y superior, tanto en los establecimientos especializados como en los establecimientos ordinarios.

44.La Sra. Degener desearía saber qué entiende el Estado parte por educación inclusiva, así como la naturaleza de los ajustes razonables realizados en favor de los niños con discapacidad en los establecimientos escolares no especializados. La oradora desearía asimismo saber si el Estado parte tiene previsto revisar el Código Electoral de modo que ya no sea posible privar a una persona de su derecho al voto en razón de su discapacidad.

45.El Sr. Gombos pregunta qué medidas ha adoptado el Estado parte para que haya cada vez más personas con discapacidad, en particular personas con una discapacidad intelectual, que puedan formar organizaciones que las representen y recibir cursos de capacitación que les permitan gestionar eficazmente dichas organizaciones.

46.El Sr. Langvad desea saber si, en el Estado parte, hay niños con discapacidad que no tienen acceso a la enseñanza. El orador pregunta además si la legislación peruana contempla la posibilidad de esterilizar a personas con discapacidad sin su consentimiento.

47.La Sra. Cisternas Reyes desea saber, con respecto al derecho a la salud, en qué medida se ha previsto mejorar los servicios de atención de la salud en las zonas rurales, con las asignaciones presupuestarias anunciadas, de modo que la población autóctona y multicultural pueda también acceder a dichos servicios. La oradora desearía saber asimismo si las personas con discapacidad mental también se beneficiarán de esos fondos adicionales, habida cuenta de la insuficiencia de las prestaciones que se ofrecen en ese ámbito; en particular, pregunta si esas personas tienen acceso a medicamentos gratuitos o a precios asequibles y si se aplican regímenes diferentes a los medicamentos clásicos y los genéricos. La oradora pregunta sobre las previsiones del Estado parte en materia de salud sexual y reproductiva para las personas con discapacidad, en particular entre las poblaciones indígenas, y especialmente las mujeres y las niñas que pertenecen a grupos multiculturales.

48.Refiriéndose a la cuestión de las prestaciones sociales, la Sra. Cisternas Reyes pregunta si las personas con discapacidad, en particular las más necesitadas, podrán acogerse al régimen de pensiones no contributivo y, de ser así, a partir de cuándo estará vigente esta medida. La oradora desearía también saber si se han adoptado medidas para que las personas beneficiarias de una prestación de asistencia social puedan también celebrar un contrato de trabajo. Por último, la oradora pregunta si se han elaborado indicadores que permitan medir la calidad de la enseñanza impartida a los alumnos con discapacidad, tanto en los establecimientos de educación inclusiva como en los de educación especial.

49.La Sra. Peláez Narváez desearía saber en qué fecha tiene previsto el Estado parte modificar el artículo 43 del Código Civil, en el que se prohíbe que las personas con cierto tipo de discapacidad contraigan matrimonio.

50.El Sr. Ben Lallahom desearía conocer el porcentaje de programas televisivos que se emiten con subtítulos o con interpretación en lenguaje de señas, así como las medidas previstas o las técnicas aplicadas para que los ciegos puedan acceder a Internet, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28530. El orador pregunta también cómo siguen las clases los niños sordos en los establecimientos de enseñanza ordinaria y qué medidas se han adoptado en favor de los niños sordos en edad preescolar. A ese respecto, sería útil saber si existe un programa de prevención y detección precoz de la sordera, basado en la técnica de las otoemisiones acústicas, dado que el diagnóstico de las deficiencias auditivas antes de los 2 años de edad permite la utilización de aparatos adecuados que posibilitan el aprendizaje del habla.

La sesión se suspende a las 12.20 horas y se re anuda a las 12.40 horas.

51.La Sra. Caballero de Clulow (Perú), refiriéndose al tema de la capacidad jurídica, dice que el Perú tiene la intención de acometer la difícil tarea de realizar un censo de las personas con discapacidad que están bajo tutela. En lo que se refiere a los criterios jurídicos aplicados para poner a una persona bajo tutela y al procedimiento que se ha de seguir para ello o para recurrir una decisión en ese sentido, la oradora indica que al respecto se han adoptado disposiciones relativas a las personas privadas de discernimiento, los sordomudos, los ciegosordos y los ciegomudos que no pueden expresar su voluntad de manera indubitable, así como a las personas que presentan una discapacidad física o mental que les impide atender sus propios intereses o las que constituyen una amenaza para la seguridad ajena. Los tutores son nombrados previo dictamen de una comisión médica que acredita la discapacidad de la persona de que se trate en función de los criterios jurídicos establecidos a ese fin. Los tutores deben tener en cuenta la voluntad de las personas bajo su tutela.

52.El Sr. Guzmán (Perú) observa que si bien existen todavía lagunas en la legislación peruana, el Perú no cejará en sus esfuerzos para aplicar las disposiciones de la Convención; así pues, se reconoce la condición de personas con discapacidad a los sordos, los mudos o las personas que presentan una discapacidad que afecta su capacidad de comunicación. El orador añade que, a iniciativa del CONADIS y de la sociedad civil, se prevé modificar la legislación para que las personas con discapacidad gocen de capacidad jurídica plena y, en particular, para que en caso de discapacidad grave, se les preste la debida asistencia para la adopción de decisiones. Deseoso de dar un buen ejemplo, el CONADIS tiene previsto contratar a una persona sordomuda, con la intención de demostrar que esas personas tienen la misma capacidad que cualquier otra persona. En el mismo espíritu, el CONADIS organiza también actividades en colaboración con personas con alguna discapacidad psicosocial o deficiencias auditivas.

53.La Sra. Caballero de Clulow (Perú), respondiendo a las solicitudes de información sobre la educación de los niños con discapacidad, precisa que en ese plano, el Perú da prioridad a la inclusión, como lo acredita el artículo 8 de la Ley general de educación, en el que se definen los principios en que se sustenta la educación en el Perú, en particular la integración de todos, incluidas las personas con discapacidad, y el artículo 39, en el que se prevé la atención de las personas con necesidades especiales en materia de educación, de modo que puedan participar en la vida de la sociedad.

54.La Sra. Caballero de Clulow pasa a presentar datos estadísticos desglosados por nivel de instrucción, edad, sexo y discapacidad, que demuestran los avances considerables logrados en el Perú de 1993 a 2006 en lo que respecta a la escolarización de los jóvenes con discapacidad.

55.El Sr. Guzmán (Perú) dice que los censos y los estudios realizados por el Estado peruano desde 1940 sobre la cuestión de la discapacidad han permitido ir perfeccionando las estadísticas con el tiempo. Según los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2012, unos 3,2 millones de peruanos, es decir el 10,9% de la población nacional, tienen alguna discapacidad. Sería, pues, útil realizar una encuesta nacional específica sobre la discapacidad; y el estudio que se realizará en la región de Tumbes debería permitir recopilar datos reales y confiables.

56.En lo que se refiere a la escolarización de los niños de los pueblos indígenas, el 50% de los niños con discapacidad mayores de 12 años se autodefinen como mestizos, el 27,4% como hablantes de quechua, el 3,1% como miembros de la etnia aymara y el 4,9% como personas de raza blanca. La recopilación de datos estadísticos relativos a la integración en los sistemas de educación integrada o especial sigue siendo un proceso lento. Las cifras comunicadas por la Sra. Caballero de Clulow se refieren al conjunto de la población y no a las personas de los establecimientos especializados.

57.Según las cifras del Ministerio de Educación, existen en el Perú 406 centros de educación especial y 59 instituciones que cuentan con los programas de intervención temprana (PRITE) para niños con discapacidad de 0 a 7 años de edad. Unos 30.000 estudiantes con discapacidad están matriculados en establecimientos de educación inclusiva, 18.000 en centros de educación especial y 2.000 en programas de intervención temprana. Recientemente, el Gobierno del Perú inició un programa social de intervención temprana de gran alcance para niños con discapacidad. El CONADIS y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables han solicitado al Estado peruano que se incluya en el programa a los niños con discapacidad de 0 a 3 años de edad.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas .