Distr.GENERAL

CCPR/C/AUS/98/44 de agosto de 1999

ESPAÑOLOriginal: INGLÉS

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS

EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTESDE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 40 DEL PACTO

Cuarto informe periódico que los Estados Partes debían presentar en 1996

Adición

Australia

[28 de agosto de 1998]

ÍNDICE

Párrafos Página

INTRODUCCIÓN1-63

Artículo 27-143

Artículo 315-264

Artículo 627-556

Artículo 756-6212

Artículo 963-7513

Artículo 1076-7815

Artículo 1479-9916

Artículo 17100-10120

Artículo 22102-10320

Artículo 23104-10920

Artículo 24110-11422

Artículo 25115-12223

Artículo 26123-13225

Artículo 27133-15026

INTRODUCCIÓN

1.Este es el cuarto informe del Gobierno australiano, presentado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

2.El primer informe de Australia se presentó en 1981 y fue examinado por el Comité de Derechos Humanos en 1982. El segundo informe de Australia se presentó en 1987 y fue examinado por el Comité en 1988.

3.El tercer informe de Australia se presenta junto con el presente informe. El tercer informe abarca el período comprendido entre 1987 y diciembre de 1995. Presenta una amplia reseña del desarrollo de la legislación, de la administración y de la práctica correspondientes a cada artículo del Pacto durante ese tiempo.

4.Australia tiene un sistema constitucional federal en el que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial se comparten o distribuyen entre el Gobierno Federal australiano, seis estados y dos gobiernos territoriales. En las elecciones celebradas en marzo de 1996 el pueblo australiano eligió un nuevo Gobierno Federal. En febrero de 1996, a raíz de una elección parcial, se instauró un nuevo gobierno en Queensland. Hubo elecciones generales en Victoria, Tasmania y Australia occidental, que no produjeron ningún cambio en el gobierno de esos Estados.

5.Habida cuenta de que el tercer informe se terminó como documento completo a comienzos de 1996, el Gobierno australiano aprovecha la ocasión que le ofrece el cuarto informe para presentar las novedades políticas más importantes que se han producido entre el 11 de enero y el 31 de diciembre de 1996. Sólo se presentan las novedades políticas que se refieren a artículos concretos del Pacto. En los casos en que no figure un comentario sobre un artículo particular se remite al Comité al capítulo correspondiente del tercer informe de Australia.

6.Este informe es el resultado de un esfuerzo de cooperación de los gobiernos de Australia.

Artículo 2

Commonwealth-Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades

7.El 4 de diciembre de 1996 el Gobierno australiano presentó en el Parlamento Federal el proyecto de ley de enmienda de la legislación de derechos humanos de 1996.

8.Este proyecto de ley tiene por objeto enmendar la legislación federal contra la discriminación para reformar las funciones y la estructura de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades, que es el órgano al que se dirigen las quejas de discriminación que denuncian un incumplimiento de las leyes federales contra la discriminación.

9.La legislación propuesta es, en parte, una respuesta al fallo del Tribunal Superior de Australia de febrero de 1995, al que se hace referencia en el tercer informe de Australia. El Tribunal Superior estimó que el procedimiento mediante el cual se aplicaban anteriormente las decisiones de la Comisión, registrándolas en el Tribunal Federal de Australia, no era válido desde el punto de vista constitucional ya que la Comisión, como órgano no judicial, no tenía el poder constitucional de resolver finalmente las controversias.

10.Con arreglo a la legislación propuesta, las cuestiones respecto de las cuales no se pueda llegar a una conciliación las tratará el Tribunal Federal y no la Comisión. Los comisionados (excepto el Comisionado Privado) deben tener una función de amicus curiae para exponer ante el Tribunal Federal los imperativos políticos de su legislación (pero después de obtener la venia de ese Tribunal).

11.Para ayudar en la resolución de casos adicionales, el proyecto de ley permite a los jueces del Tribunal Federal de Australia delegar algunas de las funciones, pero no todas, que les competen en esta esfera, en los registradores judiciales. Dispone también que el Tribunal Federal no estará obligado por tecnicismos o formalidades legales a examinar las causas que se le hayan sometido en virtud del proyecto de ley.

12.Además, el proyecto de ley racionaliza las funciones y estructura de la Comisión reformando los procedimientos de tramitación de las denuncias, aclarando la responsabilidad de la gestión, facilitando la adopción puntual de decisiones y, en general, velando por que la Comisión esté mejor administrada. Suprime la función de investigación de las quejas y de conciliación de los distintos comisionados y la centraliza en la oficina del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades. Simplifica también los procedimientos de resolución de las controversias en cuestiones de derechos humanos eliminando la segunda fase de revisión en la Comisión que, como se ha indicado anteriormente, no tenía directamente fuerza legal.

13.El proyecto de ley prevé la posibilidad de solicitar del Fiscal General asistencia letrada. Seguirán aplicándose los principios generales en materia de asistencia de la legislación de derechos humanos existente, es decir, que se concederá asistencia cuando el negarla produjera dificultades, y es razonable hacerlo así en todas las circunstancias.

Tasmania - Legislación contra la discriminación

14.El Gobierno de Tasmania ha decidido promulgar una amplia legislación contra la discriminación poniendo ese Estado de acuerdo con otras jurisdicciones australianas.

Artículo 3

Commonwealth - Relaciones en el lugar de trabajo

15.La Ley de relaciones en el lugar de trabajo de 1996 fue aprobada por el Parlamento Federal en 1996. Sus disposiciones principales entraron en vigor el 31 de diciembre de 1996 y el 11 de enero de 1997. Esta ley promueve una relación más directa y de colaboración entre los empleadores y los empleados, y una mayor flexibilidad en el mercado laboral. La ley otorga la responsabilidad directa en las relaciones laborales y en el establecimiento de acuerdos a los empleadores y empleados en la empresa y en el lugar de trabajo. Su objetivo es proporcionar una opción y una flexibilidad efectivas en la concertación de acuerdos tanto individuales como colectivos. Los posibles arreglos de negociación incluidos en la ley están destinados a crear oportunidades para mejorar los salarios y las condiciones de trabajo, mientras que la serie de requisitos legales tiene por finalidad proteger a los empleados que son vulnerables bajo un marco más descentralizado.

16.El Gobierno cree que la ley beneficiará particularmente a las mujeres, al proporcionar la flexibilidad necesaria para negociar acuerdos que satisfagan sus necesidades, por ejemplo, aplicando medidas para mejorar su capacidad de conciliar su trabajo y sus responsabilidades familiares. También se incluyen en la ley diversas garantías que benefician particularmente a las mujeres. Por ejemplo, la ley garantiza la aplicación de la norma un salario igual por un trabajo igual, sin discriminación basada en el sexo, tanto a las gratificaciones federales como a los acuerdos oficiales federales, proporcionando también un mecanismo para establecer órdenes de remuneración iguales cuando no se disponga de un mecanismo alternativo adecuado.

17.La ley incluye también gran número de disposiciones destinadas a evitar y suprimir la discriminación por distintos motivos, incluido el sexo. Además, una serie de requisitos legales velan por que los empleados que negocien acuerdos estén protegidos.

18.Se ha creado una Oficina del Abogado del Empleo que, entre otras cosas, prestará asistencia a los empleados que están negociando una nueva forma de acuerdo, el Acuerdo Australiano del Lugar de Trabajo. La oficina se encargará particularmente de prestar apoyo a los empleados vulnerables, en particular a las mujeres, los jóvenes y los trabajadores que no provienen de medios donde se habla el idioma inglés. La oficina empezará a funcionar a partir del 12 de marzo de 1997.

19.Más adelante, en la sección consagrada al artículo 22, se dan más detalles sobre esta ley en lo referente a la libertad de asociación.

Commonwealth - Iguales oportunidades en materia de empleo

20.Las Fuerzas de Defensa Australianas han iniciado en todos los niveles y desde el ingreso una amplia formación sobre igualdad de oportunidades en materia de empleo y sobre sensibilización por lo que respecta al género.

Commonwealth - Violencia doméstica

21.Se ha establecido un acuerdo con Nueva Gales del Sur, el Territorio del Norte y Australia del Sur en relación con la notificación de las órdenes de protección contra la violencia doméstica. Esos Estados han acordado que cuando se dicte una orden contra un miembro de las Fuerzas de Defensa Australianas que le prohíba poseer una licencia de armas o un arma, o exija la confiscación y supresión de cualquier arma de fuego durante el tiempo de vigencia de la orden se enviará una copia de la misma al jefe adjunto del personal asesor del correspondiente servicio.

22.El servicio velará por que el acceso a las armas de fuego se limite a lo imprescindible para desempeñar únicamente las funciones de cada día, y el miembro será vigilado estrechamente durante todos los períodos en que se requiera el acceso a las armas de fuego. Cuando exista un fácil acceso al lugar donde se ubica el hogar del miembro, en ningún caso tendrá éste la posibilidad de coger un arma de fuego de la zona militar. En ninguna circunstancia estará ese miembro al cargo de un arsenal.

Nueva Gales del Sur - Violencia contra la mujer

23.En mayo de 1996 el Gobierno de Nueva Gales del Sur facilitó 1,5 millones de dólares para la creación de un Programa de Asistencia Jurídica en Casos de Violencia Doméstica para todo el Estado. La finalidad del programa, que está administrado por la Comisión de Asistencia Letrada de Nueva Gales del Sur, es proporcionar una asistencia y un apoyo jurídicos y sociales integrados a las mujeres que buscan protección en los tribunales locales contra la violencia o el temor a la violencia, y facilitar el acceso a otros servicios de apoyo. Ello se hace a través de una representación jurídica (a cargo de abogados y agentes instructores de la policía) y de un apoyo moral y práctico prestado por personal de apoyo. El programa está dirigido por un coordinador. El modelo describe también brevemente una serie de objetivos y directrices para la prestación de un apoyo jurídico apropiado y eficaz.

24.El 11 de mayo de 1996 empezaron a financiarse 25 organizaciones, que proporcionarán servicios de apoyo jurídico en 37 tribunales en toda Nueva Gales del Sur.

25.El programa incluye la financiación de un "servicio de formación y recursos" que se ubicará en el Servicio de Abogacía para la Violencia Doméstica. El programa emprenderá un examen y evaluación regulares de la eficacia de los programas de asistencia jurídica financiados a través de él.

26.El Gobierno de Nueva Gales del Sur ha proporcionado también toda la financiación para el establecimiento del primer Servicio de Recursos Jurídicos para las Mujeres Aborígenes en Australia. Este servicio proporcionará a las mujeres y niños aborígenes y de las islas del Estrecho de Torres un servicio específico adaptado al sexo y velará por que las víctimas de la violencia tengan acceso a una representación jurídica apropiada y accesible, al asesoramiento jurídico y remisión. Estará dirigido por mujeres aborígenes y de las islas del Estrecho de Torres. Impartirá educación comunitaria y formación y proporcionará recursos a la comunidad. Dispondrá también de un número de teléfono gratuito que permitirá a las mujeres de todo el Estado recibir un consejo inmediato y confidencial.

Artículo 6

Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra

27.Australia ha continuado participando activamente en la creación del Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra.

28.En su quincuagésimo período de sesiones la Asamblea General examinó el informe del Comité Especial que examinó las principales cuestiones sustantivas y administrativas suscitadas por el proyecto de estatuto. Australia fue un participante activo en el Comité Especial. La Asamblea General aprobó una resolución que establecía un Comité Preparatorio abierto a la participación de todos los miembros de las Naciones Unidas con el mandato de seguir examinando las principales cuestiones suscitadas por el proyecto de estatuto de la Comisión de Derecho Internacional y redactar textos con miras a preparar, como próxima etapa, un texto refundido de una convención para el establecimiento de una corte para su examen por una conferencia de plenipotenciarios. El Comité se reunió para celebrar dos períodos de sesiones en 1996 e informó a la Asamblea General en su quincuagésimo primer período de sesiones. Australia fue de nuevo un participante activo en los trabajos del Comité Preparatorio.

29.Australia ha venido cooperando con la Oficina del Fiscal del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en la relación con las investigaciones y procesamientos. La Ley de tribunales internacionales de crímenes de guerra de 1995 permite a Australia asistir a los dos tribunales creados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y dar cumplimiento a sus peticiones.

Commonwealth - Eutanasia

30.Algunos Estados tienen una legislación que permite a las personas negarse a seguir un tratamiento médico y regula la prestación de cuidados paliativos: Ley de tratamientos médicos de 1994, Ley de consentimiento del tratamiento médico y cuidados paliativos de 1995 (Australia del Sur) (véase infra), Ley de tratamientos médicos de 1988 (Victoria). Otros Estados se basan en la common law para regular los cuidados paliativos y el rechazo del tratamiento médico y otras cuestiones en torno a la eutanasia. Sólo el Territorio del Norte ha promulgado leyes para permitir a los médicos ayudar a morir a una persona. La legislación del Territorio del Norte ha provocado un profuso debate en el seno de la comunidad.

31.La Ley de derechos de los enfermos terminales del Territorio del Norte dispone que un enfermo terminal pueda solicitar la asistencia de un médico para poner fin voluntariamente a su vida de una manera humana. La ley establece las garantías y las condiciones según las cuales el médico puede prestar asistencia.

32.La Constitución otorga al Gobierno Federal el poder de invalidar la legislación del Territorio del Norte (y de cualquier otro territorio de Australia). La Cámara de Representantes, mediante un voto de conciencia, ha aprobado un proyecto de ley privado de los miembros -el proyecto de ley de las leyes de la eutanasia, de 1996- cuya finalidad es invalidar la legislación del Territorio del Norte. El proyecto de ley se ha remitido al Comité Jurídico y Constitucional del Senado para que lo examine antes de que sea debatido por el Senado a comienzos de 1997.

Australia del Sur - Cuidados paliativos

33.La Ley de consentimiento del tratamiento médico y cuidados paliativos de 1985 entró en vigor en noviembre de 1995. Además de abarcar la práctica de la medicina en general, la ley establece una disposición especial para la atención a los moribundos. Sin embargo, la ley no sanciona la eutanasia como tal.

34.Hay seis disposiciones nuevas principales, cuatro de las cuales están basadas en el derecho del paciente a la libre determinación. Este derecho se consagra en la common law pero algunas veces no se le ha dado suficiente importancia en la práctica médica y odontológica. La ley pone de relieve la obligación de los médicos y odontólogos de respetar ese derecho.

35.Todas las disposiciones nuevas alientan a los médicos y a las demás personas que desarrollan una actividad en la salud y cuidados afines, a poner de relieve la importancia que tiene mantener relaciones estrechas con los pacientes y contribuir a una práctica mejor de la medicina.

36.Las disposiciones sobre el nombramiento de apoderados y sobre las instrucciones anticipadas permiten a los pacientes manifestar sus deseos. Las conversaciones con los pacientes acerca de las disposiciones existentes para la asistencia a los moribundos brinda a los médicos y otro personal oportunidades para dar seguridades de que el sufrimiento puede ser eliminado y de que las decisiones en relación con el tratamiento serán respetadas. Esas disposiciones están destinadas a respaldar a los médicos y enfermeras en la práctica de los cuidados paliativos y a dar un sentido real a la expresión "morir con dignidad".

37.He aquí los principales aspectos de la legislación:

-Los médicos tienen el deber de explicar la naturaleza, consecuencias y riesgos del tratamiento médico propuesto, las posibles consecuencias de no seguir el tratamiento y cualquier otro tratamiento alternativo que sería razonable considerar en las circunstancias del caso particular;

-Se otorga protección en materia de responsabilidad civil y penal a los médicos y al personal que administra el tratamiento bajo supervisión médica cuando actúen con el consentimiento del paciente y de acuerdo con ciertas condiciones;

-Los pacientes que estén en condiciones de hacerlo podrán nombrar representantes que adopten decisiones sobre el tratamiento en nombre suyo. A esos representantes se los conoce como "apoderados médicos" y son nombrados en virtud de un "poder de representación médica", como establece la ley;

-Los pacientes podrán adoptar decisiones por anticipado acerca de la clase de tratamiento que desean o no desean, para el caso de que no puedan decidir por sí mismos más adelante. Una decisión adoptada de esta forma recibe el nombre de "instrucciones anticipadas". Estas instrucciones pueden utilizarse solas o junto con un poder de representación médica, de forma que el apoderado médico pueda dar su consentimiento al tratamiento o rechazarlo en circunstancias que puedan no haberse previsto;

-Los médicos están respaldados en la práctica de los cuidados paliativos a los pacientes en la etapa terminal de una enfermedad terminal de acuerdo con ciertas condiciones. Los médicos, y las personas que administran el tratamiento bajo vigilancia médica, estarán protegidos de la responsabilidad civil y penal si administran el tratamiento para aliviar el dolor y la angustia, incluso si a causa de un efecto imprevisto del tratamiento se acelera la muerte; y

-Los médicos que atienden a los moribundos no están obligados a utilizar medidas para mantenerlos en vida si no hay posibilidades de recuperación.

38.La ley define las medidas de mantenimiento de la vida como un "tratamiento médico que sustituye o mantiene activas las funciones vitales del cuerpo, que temporal o permanentemente no pueden realizarse de forma independiente, e incluye la respiración asistida, la nutrición e hidratación artificiales y la reanimación cardiopulmonar".

39.En su artículo 6 esta ley garantiza el principio fundamental de que todo ser humano tiene el derecho intrínseco a la vida. Este derecho está protegido por la ley, y la ley define mejor el principio según el cual nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.

40.La Ley del consentimiento del tratamiento médico y de los cuidados paliativos de 1995 sostiene también en su artículo 7 el principio de que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, garantizando la atención adecuada y humana de los moribundos.

Victoria - Disparos mortales

41.La incidencia, relativamente elevada, de casos de disparos mortales hechos por la policía en Victoria suscitó la crítica de las autoridades públicas y dio lugar a cinco estudios independientes acerca de la utilización de armas de fuego por parte de la policía y su entrenamiento en el uso de esas armas, y de las tácticas defensivas en ese Estado. En Victoria cada incidente de disparos con armas de fuego ha sido objeto de una detallada investigación interna de la policía, y el procedimiento normal es que un magistrado público (el Coroner) realice una investigación acerca de todos los disparos de la policía que tengan consecuencias mortales. El Ombudsman Adjunto de Victoria (Quejas contra la Policía) ha realizado también investigaciones cuando se le han presentado quejas. Además, se ha realizado o se está realizando una serie de estudios más amplios sobre la utilización de armas de fuego por parte de la policía y sobre las alternativas a la utilización de armas de fuego. Los cinco estudios independientes se beneficiaron del asesoramiento de la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, la Real Policía Montada del Canadá, el Servicio Australiano de Investigación de la Policía Nacional y el Instituto Australiano de Criminología. Los estudios formularon 219 recomendaciones. En septiembre de 1994 se creó el Proyecto Beacon para coordinar la reacción de la policía de Victoria a esos estudios.

42.Se confió al Proyecto Beacon la responsabilidad de aplicar el principio de "la seguridad ante todo", es decir, que "el éxito de una operación se juzgará principalmente por la medida en que se evite o reduzca al mínimo el empleo de la fuerza". Este principio constituye actualmente un elemento clave en todas las operaciones de la policía de Victoria, tanto planificadas como no planificadas.

43.En los dos años transcurridos desde la creación del Proyecto Beacon, la policía de Victoria ha desarrollado y ejecutado un amplio programa de readiestramiento, complementado con un curso de mantenimiento de dos días de duración que debe realizarse cada seis meses. El programa de Seguridad Operacional y Enseñanza de Tácticas de la Policía de Victoria equilibra e integra la solución de los conflictos, la comunicación y las aptitudes de gestión de los incidentes con armas de fuego tradicionales, las armas y la enseñanza de tácticas defensivas. Es uno de los programas más amplios de su género que existen en el mundo, y la policía de Victoria es el primer órgano ejecutorio de Australia y de la región del Pacífico sudoccidental en desarrollar y aplicar un programa de esa naturaleza.

44.La policía de Victoria, a través del Proyecto Beacon, ha examinado también toda la infraestructura de las políticas, procedimientos, requisitos, legislación, equipo y sistemas de información en torno al "empleo de la fuerza" con objeto de lograr que el principio "la seguridad ante todo" sea una realidad.

45.En 1995 hubo tres incidentes de disparos de la policía con resultados de muerte, y en 1996 no hubo ninguno. Igualmente importante es el hecho de que los daños físicos causados a la policía y a los delincuentes (en incidentes fugaces del "empleo de la fuerza") se hayan reducido a la mitad desde la aplicación de la formación en materia de Seguridad Operacional y Enseñanza de Tácticas, y son pocos los incidentes que desembocan ahora en actos de violencia después de la llegada de la policía. Estos hechos demuestran no sólo el éxito del Proyecto Beacon sino también el notable aumento del nivel de seguridad de la comunidad en las operaciones de la policía.

Commonwealth - Salud de los pueblos indígenas

46.La situación sanitaria de los pueblos indígenas de Australia no es satisfactoria y es una esfera en la que debe prestarse una atención prioritaria en el plano nacional. Un compromiso fundamental del Gobierno del Commonwealth es aumentar la prioridad dada a las medidas tendientes a mejorar la salud de los aborígenes y habitantes de las islas del Estrecho de Torres.

47.Si bien la responsabilidad primordial de la prestación de asistencia sanitaria reside en el Estado y los gobiernos de los territorios, el Gobierno del Commonwealth se ha comprometido a crear el marco político y administrativo en el que puedan lograrse mejoras mensurables y sostenibles.

48.El Gobierno del Commonwealth acepta también la responsabilidad de financiar un número cada vez mayor de servicios comunitarios controlados de salud y uso indebido de sustancias para los aborígenes y habitantes de las islas del Estrecho de Torres con objeto de prestar una atención culturalmente apropiada.

49.En 1995 y 1996 los esfuerzos se centraron en:

-Una operación consistente en establecer nuevas bases para que los servicios de salud y uso indebido de sustancias que se prestan a los aborígenes y habitantes de las islas del Estrecho de Torres se financien de forma más coherente y adecuada;

-El establecimiento de contratos de servicios específicos con cada servicio de salud para una financiación a mediano y largo plazo basada en la necesidad evaluada;

-La adopción de iniciativas prioritarias tendentes a mejorar los niveles de disponibilidad y aptitud del personal de salud aborigen y que habitan en el Estrecho de Torres;

-El establecimiento de un mecanismo nacional de asesoramiento, el Consejo de Salud de los Aborígenes y Habitantes del Estrecho de Torres;

-La creación de un plan de emergencia de formación de personal para que los servicios de salud de los aborígenes y habitantes de las islas del Estrecho de Torres puedan emplear personal suplementario mientras el personal permanente asiste a cursos de formación dentro o fuera del lugar de trabajo;

-La ayuda a los servicios de salud de los aborígenes y habitantes de las islas del Estrecho de Torres para desarrollar estrategias innovadoras con objeto de prestar asistencia de salud mental en entornos de atención primaria de salud; y

-El mejoramiento los servicios para sordos destinados principalmente a los niños de hasta 5 años de edad.

50.La financiación se mantuvo en el presupuesto de 1996-1997, y se asignaron 24 millones de dólares australianos para la creación de servicios sanitarios en comunidades donde actualmente no existe ningún servicio.

51.En octubre de 1996 se anunció la creación de la Fundación para la Juventud Indígena y sus Familias. Es ésta una nueva iniciativa conjunta del Commonwealth y el sector privado para promover estilos de vida sanos y la salud mental entre los jóvenes aborígenes y habitantes de las islas del Estrecho de Torres. Promoverá mecanismos de apoyo y creará una autoestima patrocinando encuentros deportivos y acontecimientos de arte y artesanía, danza, teatro y familia.

52.Un hecho importante ocurrido en 1996 ha sido la feliz negociación de acuerdos marco sobre salud de los aborígenes y habitantes de las islas del Estrecho de Torres con los estados y territorios. Esos acuerdos obligan a todos los gobiernos a defender los principios que deben aplicarse en la planificación y prestación de asistencia sanitaria y a mejorar el nivel de los recursos facilitados para la salud de los aborígenes y habitantes de las islas del Estrecho de Torres. Velarán también por que se haga una planificación conjunta y por que se aplique el principio de la vigilancia comunitaria en la planificación y prestación de la asistencia sanitaria.

53.Además de las iniciativas anteriormente expuestas, la Comisión para los Aborígenes y Habitantes de las Islas del Estrecho de Torres desempeña un importante papel en el suministro de una infraestructura relacionada con la salud a las comunidades indígenas. Factores medioambientales como el polvo incontrolado, el escaso abastecimiento de agua y la eliminación de desechos, la insuficiencia de viviendas y el hacinamiento, una falta de energía eléctrica, y los transportes y condiciones de trabajo peligrosos, tienen una gran influencia en la mala salud de los australianos indígenas.

54.En los últimos años la Comisión para los Aborígenes y Habitantes de las Islas del Estrecho de Torres ha llevado a cabo una serie de reformas importantes tendentes a mejorar la determinación del destino y la entrega de sus recursos y los del Commonwealth y gobiernos de los estados y territorios para solucionar los problemas de salud medioambiental. Esas reformas se han centrado en tres actividades importantes:

-Mejorar los resultados en materia de salud medioambiental logrados en el suministro de viviendas e infraestructura, en particular en las zonas apartadas y rurales;

-Reducir la pobreza después de proporcionar alojamiento, el hacinamiento y el número de familias sin hogar;

-Proporcionar soluciones más apropiadas y sostenibles en materia de vivienda e infraestructura, que reflejen las necesidades y capacidades de la comunidad.

55.Una reforma particularmente importante ha sido el establecimiento del plan de Proyectos Prioritarios de Infraestructura Sanitaria de la Comisión para los Aborígenes y Habitantes de las Islas del Estrecho de Torres. Este plan se estableció para mejorar la determinación de los objetivos de la financiación, abordar proyectos de salud medioambiental en gran escala en las comunidades rurales y apartadas y ensayar las mejores opciones prácticas para la gestión y los gastos de los programas. El plan garantiza un enfoque coordinado para hacer frente a las necesidades de vivienda e infraestructura de las comunidades en su totalidad mediante estrategias que:

-Destinen la financiación a comunidades donde la necesidad es mayor;

-Planifiquen grandes proyectos medioambientales indispensables relacionados con la salud , como el agua, alcantarillado, energía eléctrica, viviendas urgentes y carreteras locales;

-Proporcionen una oportunidad para dirigir de forma óptima la planificación y ejecución de proyectos;

-Lleven a cabo evaluaciones sobre las consecuencias para la salud;

-Inciten a un mayor compromiso por parte de los gobiernos locales y de los territorios de los estados en relación con los proyectos de infraestructura;

-Brinden experiencia y asistencia técnicas a las organizaciones comunitarias a fin de proporcionar una vivienda y una infraestructura de calidad; e

-Integren elementos de empleo y formación como parte del desarrollo de los proyectos, para permitir a las comunidades que asuman tareas de gestión y mantenimiento.

Artículo 7

Mutilación genital femenina

56.La legislación que prohíbe la mutilación genital femenina, acordada por el Comité Permanente de Fiscales Generales en 1994, se ha promulgado ahora en Nueva Gales del Sur, Australia del Sur, Tasmania, el Territorio de la Capital Australiana y el Territorio del Norte. La legislación se ha introducido en Victoria y se está estableciendo en Australia occidental; la cuestión está siendo examinada con vivo interés en Queensland.

Commonwealth - El castigo de los niños

57.En agosto de 1996 el Comité de Administradores del Código Penal Deontológico publicó un documento de trabajo sobre el castigo legal aplicado a los niños. El documento propone que las medidas correctivas de los padres sean legales cuando estén "justificadas", y establece que la conducta del niño puede merecer una medida correctiva justificada sólo cuando es necesaria para mantener la disciplina y manejar o controlar al niño. Causar o amenazar con causar un grave daño a un niño no constituye una medida de corrección justificada del niño.

58.El documento propone también que esos mismos principios se apliquen en el caso de las personas que tienen el cuidado de un niño (por ejemplo, los maestros de escuela), siempre que el padre del niño esté de acuerdo en que esas personas lo corrijan, o las personas tengan motivos fundados para creer que el padre del niño da su consentimiento.

59.Las recomendaciones que figuran en el documento se refieren únicamente a la responsabilidad penal -si debe considerarse un delito utilizar moderadamente la fuerza para corregir a los niños. No impiden en modo alguno que las escuelas o las guarderías infantiles establezcan políticas en el sentido de prohibir la utilización de cualquier tipo de fuerza para corregir a los niños. Los remedios civiles, como son las soluciones existentes en el derecho de responsabilidad civil, no se ven afectados por las recomendaciones.

60.Este aspecto del documento de trabajo ha despertado un gran interés entre el público. Se espera que el Comité de Administradores del Código Penal Deontológico publique en 1997 su informe final sobre esas propuestas, después de que se celebren amplias consultas de alcance nacional.

Commonwealth - Detención arbitraria

61.A través del Comité de Administradores del Código Penal Deontológico, los fiscales generales de la Federación, de los Estados y de los territorios elaboraron conjuntamente un proyecto de ley deontológico sobre los casos de discapacidad y retraso mental que deben juzgarse (procedimiento penal). Los fiscales generales han aprobado el proyecto de ley deontológico tras una amplia consulta de alcance nacional sobre un proyecto anterior, celebrada en 1994-1995.

62.El proyecto de ley deontológico prevé un procedimiento mediante el cual los tribunales limitarán los períodos de detención de los discapacitados y deficientes mentales que han de ser juzgados en lugar de ser indefinidos y depender de medidas administrativas. El proyecto de ley deontológico se ha aplicado en gran medida en Australia del Sur, pero no es probable que se aplique en otras jurisdicciones hasta que los ministros de salud lleguen a un acuerdo al respecto. Los fiscales generales están pidiendo a los ministros de salud que reconsideren algunas de sus objeciones a un sistema basado en los tribunales de justicia (los ministros de salud prefieren utilizar tribunales de salud).

Artículo 9

Commonwealth - Acceso al asesoramiento jurídico

63.El artículo 256 de la Ley de migración de 1958 prevé el acceso al asesoramiento jurídico de las personas detenidas por haber inmigrado sólo cuando esas personas lo soliciten. Esta disposición tiene por objeto facilitar la tramitación rápida de las reclamaciones hechas por las personas que llegan en pequeñas embarcaciones y evitar una situación, que ya se ha producido, en que los abogados alientan a esas personas, sin tener en cuenta la naturaleza de sus reclamaciones, a iniciar unos procedimientos injustificados, lentos y costosos.

64.En junio de 1996 el Tribunal Federal resolvió en Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades y Anor c. Secretario del Departamento de Inmigración y Asuntos Multiculturales que, pese al artículo 256 de la Ley de migración, la Ley de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades de 1986 exigía que el Departamento entregara una carta confidencial de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades a un detenido ofreciéndole asesoramiento jurídico. El detenido no había solicitado ese asesoramiento ni el acceso a un abogado.

65.En respuesta a esta decisión, en junio de 1996 se presentó al Parlamento el proyecto de ley de enmienda de la legislación sobre migración (N12) de 1996. Esta ley todavía no se ha promulgado. El proyecto de ley trata de velar por que la intención del artículo 256 de la Ley de migración no se pueda eludir mediante la utilización de la Ley de derechos humanos e igualdad de oportunidades u otros mecanismos similares. La finalidad de la legislación no es reducir el derecho de los detenidos a solicitar asesoramiento jurídico ni las obligaciones del Departamento de facilitar acceso al asesoramiento jurídico cuando se solicita.

Nueva Gales del Sur - Delincuentes juveniles

66.En los párrafos 1423 a 1426 del primer informe de Australia en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño se describe la Ley de la Infancia (patria potestad) de 1994. En agosto de 1996 consultores independientes realizaron una evaluación de la aplicación de la Ley y determinaron si ésta cumple sus objetivos. Un comité de evaluación examinará las conclusiones de los consultores y formulará recomendaciones sobre el futuro de la legislación.

Commonwealth - Muertes de aborígenes en prisión

67.El 25 de noviembre de 1996 la Comisión para los Aborígenes y Habitantes de las Islas del Estrecho de Torres y la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades publicaron el informe titulado Muertes de Indígenas en Prisión 1989-1996. En él se examinan las muertes de indígenas en prisión desde la creación en 1987 de la Comisión Real sobre las Muertes de Aborígenes en Prisión.

68.En el informe se sugiere la necesidad de adoptar un nuevo enfoque para la aplicación de las recomendaciones de la Comisión Real por parte del Gobierno Federal y de los gobiernos de los estados y de los territorios, y se destaca la importancia de las medidas jurídicas y de otra naturaleza para los particulares.

Características actuales de las muertes de indígenas en prisión

69.En 1995 murieron 22 aborígenes detenidos en las dependencias policiales o en prisiones; desde 1987 no se había registrado un número de muertes tan alto. En 1996 han muerto por lo menos 17 personas. Los indígenas tienen 16,5 veces más probabilidades de morir en prisión que los no indígenas. La mayoría de las muertes se deben a suicidios por ahorcamiento o a causas naturales.

70.Con arreglo a la nueva definición introducida en 1989 de la expresión "una muerte en detención", sólo se consideran las muertes en locales institucionales, y no las que se producen durante una persecución policial, al comparar el período en que funcionaba la Comisión Real y el período posterior. El promedio de muertes en locales institucionales durante el período de la Comisión Real fue de 10,4, y en el período posterior fue de 11,4.

71.Se ha producido una sensible disminución en la proporción de muertes que se producen en detención policial y un aumento de las muertes que se producen en prisión. Se ha observado que actualmente los aborígenes detenidos son trasladados más rápidamente de celdas de la policía a centros de preventivos, con lo que se resta responsabilidad a la policía, transfiriéndola al sistema de prisiones.

Detenciones y encarcelamiento

72.En Australia el encarcelamiento de indígenas aumentó en un 61% entre 1988 y 1995. El encarcelamiento de personas no indígenas ha aumentado en un 38%. Los indígenas tienen 17,3 veces más posibilidades de ser detenidos y 14,7 veces más posibilidades de ser encarcelados que las personas no indígenas.

73.Los indígenas tienen más posibilidades que los no indígenas de ser encarcelados por agresión, allanamiento, delitos de tráfico, delitos contra la propiedad y quebrantamientos procesales, y tienen también más posibilidades de ser detenidos por delitos de orden.

74.Los indígenas tienen el doble de posibilidades que los no indígenas de ser detenidos en ocasiones en que el delito más grave cometido es una agresión que no produce ningún daño, y tienen tres veces más posibilidades de ser encarcelados por un delito de esa naturaleza. Ello significa que la policía sigue actuando contra provocaciones tales como emplear un lenguaje ofensivo, resistirse a ser detenido y cometer agresiones que no ocasionan ningún daño.

75.El Gobierno Federal propone que se celebren en 1997 dos conferencias sobre la Comisión Real. La primera será una conferencia de representantes indígenas, a la que seguirá una reunión de los ministros responsables de la ley y la justicia.

Artículo 10

Victoria - Condiciones de detención

76.Desde el último informe en Victoria continúan introduciéndose mejoras en la separación de los presos condenados de los no condenados.

77.Actualmente se continúa alojando a la mayoría de los presos preventivos varones en el Centro de Preventivos de Melbourne (que tiene una capacidad para 240 presos), y la Prisión Metropolitana de Admisión se utiliza como punto de entrada y evaluación para el sistema de presos varones. Pero a finales de 1997 habrá finalizado la construcción de una prisión para hombres de 600 camas en Laverton, 15 kilómetros al oeste de Melbourne, que en parte sustituirá a las anticuadas instalaciones del Complejo Carcelario de Coburg, que actualmente incluye la Prisión Metropolitana de Admisión. La Prisión de Laverton alojará a la mayoría de los presos preventivos de sexo masculino y permitirá realizar más mejoras en la separación de los presos condenados y no condenados varones.

78.En agosto de 1996 se abrió el Centro Correccional Metropolitano de Mujeres, el primero de las tres prisiones que funcionan privadamente. Este establecimiento aloja a todas las presas preventivas y a la mayoría de las presas condenadas. Habida cuenta del reducido número de presas que existe en el Estado, es imposible mantener separadas a las presas condenadas de las no condenadas. Sin embargo, se reconoce la condición "especial" de las presas no condenadas mediante la concesión de privilegios complementarios, como la ampliación de las visitas de contacto.

Artículo 14

Commonwealth - Financiación de la asistencia letrada

79.El 26 de junio de 1996 el Fiscal General del Commonwealth escribió a los fiscales generales de los Estados y territorios para comunicarles que los acuerdos sobre financiación de la asistencia letrada de los Estados del Commonwealth expirarían el 30 de junio de 1997. El Commonwealth negociará nuevos acuerdos de asistencia letrada con los Estados y territorios según los cuales desde el 11 de julio de 1997 el Commonwealth será responsable de la financiación de las cuestiones que se planteen en virtud de la legislación del Commonwealth, y los Estados serán responsables de las cuestiones que se planteen en virtud de su legislación.

80.El Commonwealth desea asegurarse de que en el futuro los fondos facilitados a las comisiones de asistencia jurídica por el Commonwealth se utilizan en la forma que mejor sirve al Commonwealth y a aquellos que esperan que el Commonwealth les preste asistencia jurídica. El Commonwealth cree que los gobiernos de los Estados y territorios tienen la responsabilidad de facilitar una financiación suficiente para la prestación de asistencia jurídica con arreglo a las leyes que promulgan.

81.Cuando se plantea una cuestión penal con arreglo a las leyes del Estado o territorio, la decisión del Commonwealth significará que son esos gobiernos los que deben considerar los requisitos previstos en el inciso d) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto cuando faciliten fondos para asistencia letrada en cuestiones de derecho penal. El Gobierno del Commonwealth cumplirá sus obligaciones en relación con las cuestiones penales que se planteen con arreglo a la legislación del Commonwealth.

Nueva Gales del Sur - Los menores en el sistema de justicia

82.El Gobierno de Nueva Gales del Sur se ha comprometido a introducir en su Estado un sistema de castigo para los delincuentes juveniles basado en el modelo neozelandés de teleconferencias de grupos de familias.

83.En el sistema neozelandés la responsabilidad primordial de la adopción de decisiones sobre lo que debe hacerse con los niños y jóvenes que supuestamente han delinquido recae en las familias ampliadas. Lo esencial para la adopción de decisiones por parte de las familias es un proceso llamado conferencias de grupos de familias. Las conferencias de grupos de familias se basan en una teoría de justicia regeneradora. La idea es que, al implicar a las familias y a las víctimas, las conferencias de grupos de familias permiten que se corrija el daño hecho a la víctima y se restablezca la armonía social. El objetivo es tratar el comportamiento delictivo de los jóvenes y alejarlos del peligro de cometer delitos más graves tratando de utilizar los recursos de la familia y de otras personas muy allegadas.

84.Se ha constituido un grupo de trabajo interdepartamental presidido por el Departamento del Fiscal General para examinar la propuesta del Gobierno y ver los medios de mejorar el actual sistema que emplea la policía para amonestar al detenido. El grupo de trabajo ha preparado un documento de trabajo que se publicará para que pueda consultarlo el público al final de 1996. Uno de los objetivos del grupo de trabajo es elaborar propuestas que ofrezcan enfoques culturalmente apropiados y viables para abordar el problema del alto nivel de representación de los jóvenes aborígenes dentro del sistema de justicia de menores. La propuesta del Gobierno está siendo examinada también en el contexto de la evaluación del sistema de teleconferencias comunitarias para los jóvenes, que se experimentó por primera vez en 1995 en Wagga, Moree, Bourke, Marrickville, Campbelltown y Castle Hill y que estaba basado aproximadamente en el sistema de Nueva Zelandia. En la evaluación se observó que si bien el sistema tenía una capacidad potencial, adolecía de una serie de problemas estructurales y sistemáticos.

Victoria - Los menores en el sistema de justicia

85.El Gobierno de Victoria ha introducido las teleconferencias de grupos de familias para los delincuentes que tienen un historial delictivo que justificaría que se dictará una orden de acogimiento bajo la tutela de una autoridad o institución. Cuando el delincuente ha sido hallado culpable de un delito, el magistrado puede ordenar la celebración de una conferencia de grupos de familias. Los principales criterios para la remisión son:

-Que el menor haya sido declarado culpable anteriormente de un delito que haya dado lugar a una orden de no acogimiento;

-Que el menor se haya declarado culpable de un segundo delito o de un delito posterior y, a juicio del magistrado, tendría que ser objeto por otra parte de una orden de acogimiento;

-Que el menor consienta en la remisión a través de un representante legal; y

-Que la familia y otras personas muy allegadas estén dispuestas a prestar asistencia.

86.Se excluyen del sistema los delitos graves de violencia.

87.La conferencia la convoca un representante del Departamento de los Servicios Humanos y a ella asisten el delincuente y su familia, el representante legal del delincuente, la víctima y la policía.

88.Al finalizar la conferencia las partes regresan al tribunal y el magistrado formaliza las condiciones a las que el delincuente ha dado su conformidad en la conferencia. Las condiciones se convierten en condiciones de un compromiso de buena conducta.

89.Las teleconferencias de los grupos de familias se iniciaron en abril de 1995. Se tiene la intención de que el plan piloto continúe durante 18 meses y esté seguido de una fase de evaluación de 12 meses.

Queensland - Los menores en el sistema de justicia

90.El proyecto de ley de enmienda de la legislación de la justicia de menores de 1996 cumple un compromiso electoral del gobierno de coalición de abordar el problema comunitario de la delincuencia juvenil que cada vez es más grave. La legislación cumple el compromiso del Gobierno de adoptar una actitud más dura en relación con la delincuencia juvenil mientras vela por que la legislación contenga suficientes salvaguardias para proteger los derechos y libertades individuales.

91.La política reflejada en la legislación sigue en gran parte las recomendaciones del juez McGuire, Presidente del Tribunal de Menores. Básicamente, la legislación introduce cinco iniciativas importantes de política.

92.En primer lugar, se introducen cambios importantes en los poderes ejecutorios para lograr que los tribunales y la policía tengan suficientes poderes para hacer cumplir la ley al mismo tiempo que se alienta a la policía a que utilice medidas alternativas a la detención. En segundo lugar, se enmiendan los principios de la justicia de menores para incluir una referencia a otras personas distintas del niño. Se reconoce expresamente a la comunidad, a la víctima y a la familia. En tercer lugar, la legislación vela por que se disponga de procedimientos para apartar al menor delincuente del sistema de justicia penal. En cuarto lugar, la ley contiene disposiciones que ponen de relieve el papel de los padres. Por último, la responsabilidad de los centros de detención de menores se transfiere desde el punto de vista administrativo a la Comisión de Servicios Correctivos de Queensland.

93.Los poderes ampliados para la aplicación de la ley son:

-El poder de los agentes de la policía que investigan ciertos delitos de solicitar de un magistrado del Tribunal de Menores que tome una huella dactilar o una huella de la palma del menor. Cuando se toman las huellas debe estar presente uno de los progenitores, el abogado del menor, un juez de paz independiente o un adulto propuesto por el menor. Las huellas se destruirán si no se llega a una condena por el delito. En esas disposiciones figuran expresamente diversas garantías:

-El menor debe haber sido acusado (pero no arrestado) por el delito;

-Se debe avisar al menor, a uno de sus progenitores, al jefe ejecutivo y a la Comisión (si el menor es un detenido) de la solicitud hecha al magistrado; y:

-La policía debe convencer al tribunal acerca de las probabilidades que existen de tener sospechas fundadas de que el menor es el autor del delito, y la orden es necesaria para que se investigue adecuadamente el delito.

-Cuando un menor ha sido declarado culpable de un delito el agente de policía o el tribunal pueden remitir la cuestión a una conferencia comunitaria como una forma oficiosa de tratar con el delincuente. En una conferencia comunitaria participa el menor y otras personas interesadas. Lo que en ella se pretende es beneficiar al menor, a la víctima y a la comunidad. El objetivo de una conferencia comunitaria es llegar a un acuerdo. El acuerdo debe contener una cláusula en el sentido de que el menor admite el delito, y reflejar el objetivo principal de que el menor acepte la responsabilidad del delito. El acuerdo puede contemplar también la restitución o indemnización a la víctima y el que el menor presente una disculpa, puede determinar la conducta futura del menor o establecer un programa similar a una orden de servicio a la comunidad o la libertad condicional.

-Un agente de policía puede, si el menor reconoce haber cometido un delito, remitir la cuestión a una teleconferencia comunitaria antes de que comience el proceso oficial. Según los factores que intervengan a continuación, el agente de policía puede elegir entre no adoptar ninguna medida o amonestar formalmente al menor. En la ley se preserva expresamente el carácter confidencial de la identidad del menor que ha sido objeto de una amonestación o de una sesión de una teleconferencia: si un agente de policía incumple el deber de mantener el secreto que le impone la ley comete un delito.

-La regla que prohíbe la autoincriminación está preservada por las disposiciones que excluyen el empleo de cualquier información revelada en una conferencia comunitaria en autos procesales posteriores contra el menor. Pero si el menor vuelve a delinquir antes de que transcurran siete años después de haberse aprovechado del diversivo sistema de las teleconferencias comunitarias, el hecho de haberse celebrado un programa anterior de teleconferencia podrá sacarse a colación ante el tribunal para dictar una sentencia sobre el último delito.

-El tribunal está facultado para considerar legales los actos de un agente de policía que detiene a un menor al que el agente considera, por razones fundadas, que es un adulto.

94.Los poderes adicionales por lo que respecta a la amonestación que se hace al menor y a su remisión a una teleconferencia comunitaria tienen por objeto alentar la utilización de vías que se aparten del procedimiento penal tratándose de delincuentes menores. Ello promueve también una mayor participación y reconocimiento de las víctimas y, en general, de la comunidad.

95.La ley enmienda la definición de progenitor en diversos casos para incluir a cualquier persona que parezca ser un progenitor del niño. Ello da a la policía una mayor libertad de acción en el cumplimiento de ciertas funciones reglamentarias, por ejemplo, la obligación de adoptar medidas adecuadas para informar a los padres. También se puede ordenar al progenitor que asista a los trámites que se realizan para que el niño comparezca ante los tribunales.

96.Un cambio importante introducido en la legislación es el que se refiere a los delitos graves. Un delito grave, tal como se define en la legislación, es un delito que puede castigarse con más de 14 años de prisión. Si un delito es de carácter tan grave que, de haber sido cometido por un adulto el caso se trataría en el Tribunal Supremo, el caso también habrá de tratarse en el Tribunal Supremo cuando el delincuente sea un menor. En este caso el menor ya no puede elegir que su causa sea tratada por un juez de un tribunal de menores. Además, si un adulto es acusado de ciertos tipos de delitos cometidos cuando era técnicamente un menor, la ley dispone que a los efectos de la condena, el delincuente debe ser tratado como un adulto.

97.La ley otorga al tribunal la facultad de imponer al delincuente una pena propia de un adulto por otros tipos de delitos que fueron cometidos cuando el delincuente era técnicamente un menor. Esos casos se plantean cuando la persona ha sido procesada o condenada como adulto por otros delitos pero hay pendientes delitos cometidos cuando era un menor respecto de los cuales todavía no han concluido las actuaciones judiciales. Las nuevas disposiciones brindan al tribunal que dicta la sentencia la oportunidad de condenar, de forma realista, a un delincuente que ya ha pasado a ser un delincuente adulto pero tiene pendiente un asunto sin resolver propio de un menor. De igual forma, se da al tribunal la facultad de convertir una pena propia de un menor en una pena de adulto cuando la persona objeto de la resolución es ya un adulto.

98.La ley enmienda los poderes en materia de imposición de penas. En particular, se amplían las horas de servicios a la comunidad y se aumentan las órdenes de detención, por ejemplo, cuando se trata de crímenes particularmente atroces. Se podrá dictar sentencia de cadena perpetua por delitos tales como el homicidio. Anteriormente la pena máxima era de 14 años. Además, se permitirán otras combinaciones de fallos judiciales, por ejemplo, la detención y la libertad condicional pueden combinarse para un solo delito, como también la libertad condicional y el servicio a la comunidad. También hay la posibilidad de convertir una multa en una orden de prestación social a la comunidad.

99.Por último, la ley aclara los poderes en relación con los visitantes a los centros de detención. Los visitantes pueden ser sometidos a un cacheo y se les puede ordenar que se marchen cuando no quieran dejarse registrar o no cumplan las instrucciones dadas por motivos de seguridad.

Artículo 17

Commonwealth - Régimen en materia de intimidad

100.El Gobierno ha anunciado que, en consulta con los Estados, aplicará en Australia un régimen en materia de intimidad comparable a la mejor práctica internacional.

Victoria - Régimen en materia de intimidad

101.El Ministro de Medios Múltiples de Victoria ha nombrado un Consejo Asesor para la Protección de los Datos con objeto de considerar el modelo de intimidad más apropiado para el sector público victoriano. El Consejo deberá presentar un informe en diciembre de 1996.

Artículo 22

Commonwealth - Relaciones en el lugar de trabajo

102.Entre los principios fundamentales en los que se basa la Ley de relaciones en el lugar de trabajo de 1996 están los principios de libertad de elección, libertad de asociación e igualdad ante la ley. Para poner en práctica esos principios la Ley declara ilegales la discriminación en el empleo y la adopción de represalias por razones de afiliación o no afiliación de la persona a una organización, como un sindicato, que está registrada en virtud de la ley o que trata de ser registrada. Se protegerá a las personas contra la coacción (tanto directa como indirecta) para lograr que se afilien o no se afilien a una organización, o para que dejen de ser miembros de una organización.

103.Al tratar del artículo 3 se han descrito otras reformas introducidas por el Gobierno Federal en la Ley de relaciones en el lugar de trabajo de 1996.

Artículo 23

Commonwealth - Iniciativa del subsidio familiar

104.La principal iniciativa de la política familiar del Gobierno es la iniciativa del pago de un subsidio a las familias que tienen ingresos bajos y medios. Esta iniciativa se considera como una medida adicional para proporcionar niveles de ingresos suficientes a las familias con hijos y reconocer la función de las principales personas que tienen niños a su cargo. Reconoce también los gastos que implica criar niños y los bajos ingresos previstos por las familias que sólo tienen un progenitor con un trabajo remunerado.

105.La iniciativa del subsidio familiar presta asistencia a las familias a través de dos medidas independientes, el pago de un subsidio a la familia y la asistencia a la familia en materia de impuestos. El pago de un subsidio a la familia será un pago quincenal al contado a las familias con ingresos bajos que reúnan las condiciones exigidas, a través del Departamento de Seguridad Social. Con ello se logrará que las familias que no tengan una responsabilidad fiscal suficiente para beneficiarse de los cambios introducidos en el régimen fiscal reciban una ayuda directa para mejorar sus ingresos. La asistencia a la familia en materia de tributación está administrada a través del régimen fiscal por la Oficina Fiscal Australiana e implicará la reducción de la obligación de los padres de pagar impuestos mediante la elevación de los umbrales por debajo de los cuales no se pagan impuestos para las familias con niños que reúnan las condiciones exigidas.

Commonwealth - Migración familiar

106.Si bien el Gobierno continúa reconociendo la migración familiar como parte integrante del programa de migración, se ha producido cierto cambio de actitud en favor de la migración calificada, habida cuenta de la contribución al desarrollo económico de Australia que ésta aporta y dados los altos y sostenidos niveles de desempleo que existen en la categoría de Familia Preferente.

107.Los criterios de elegibilidad para la concesión de visados en la categoría de Familia Preferente se han corregido para reflejar este cambio de actitud. En particular, la protección que se concede a los miembros de la familia ‑cónyuges, prometidos, hijos y padres- se ha limitado a los ciudadanos australianos. La protección es un privilegio que sólo debe concederse a los que han asumido un compromiso público con Australia convirtiéndose en ciudadanos australianos. Al mismo tiempo, se han incluido en el Reglamento de Migración medidas apropiadas para ajustarse a las obligaciones de Australia en virtud del Pacto. Por ejemplo, la condición de poseer la nacionalidad no se aplicará a las personas que tienen visados de refugiados o humanitarios, y se han creado exenciones que permiten a los residentes permanentes patrocinar a un niño cuando:

-El niño nació fuera de Australia y el patrocinador era un residente permanente en aquel momento;

-El niño fue incluido en la solicitud de visado del progenitor pero no viajó a Australia con sus padres; y

-El otro progenitor del niño (en el extranjero) ha muerto o es incapaz de ocuparse del niño.

108.También se han establecido ciertas exenciones en relación con la adopción de niños y parientes huérfanos.

109.Como consecuencia de la preocupación que han despertado los incidentes de abuso de las disposiciones relativas a los cónyuges o prometidos, se introducirán también enmiendas en las que se exija un período de cohabitación de dos años para establecer una relación de facto.

Artículo 24

Código Penal Deontológico - Edad núbil

110.En noviembre de 1996 se publicó el documento de trabajo del Código Penal Deontológico titulado "Delitos sexuales contra la persona". El documento recomienda que la edad núbil tipo sean los 16 años y que ello se aplique igualmente a las relaciones homosexuales y heterosexuales. Se espera que el Comité de Responsables del Código Penal Deontológico publique en 1997 un informe final al respecto y otras propuestas, después de celebrar una amplia consulta. Las propuestas del Comité están siendo desarrolladas conjuntamente por el Gobierno Federal, y los gobiernos de los Estados y de los territorios.

Nueva Gales del Sur - Protección a la infancia

111.El Departamento de Servicios Comunitarios ha introducido diversos cambios prácticos y de procedimiento en la prestación de protección a la infancia. Entre ellos figuran:

-El establecimiento de un marco para la asistencia social individualizada que hace hincapié en la evaluación, adopción de decisiones y planificación en cada fase;

-La evaluación de cuestiones de seguridad, riesgo y bienestar en relación con los niños y los jóvenes;

-La introducción de procedimientos de información mejores;

-La adopción de vías flexibles para proporcionar una respuesta y servicios apropiados en casos individuales; y

-Un reconocimiento claro de la necesidad de una respuesta conjunta interorganismos para proporcionar la serie de servicios que necesitan los niños y las familias.

Queensland - Legislación sobre la infancia

112.El Gobierno ha presentado un proyecto de ley para crear la Oficina del Comisionado de la Infancia cuyas funciones serán:

-Vigilar y estudiar la prestación de servicios destinados a la infancia;

-Promover prácticas y procedimientos que apoyen el principio de que los padres o los representantes legales de los niños tienen la principal responsabilidad de la crianza y educación de sus hijos;

-Asesorar al Ministro acerca de la elaboración y examen de normas relativas a la asistencia al niño y a los hogares de adopción;

-Recibir, evaluar e investigar las quejas acerca de la prestación de servicios a la infancia;

-Vigilar los procedimientos establecidos y aplicados para resolver las quejas acerca de la prestación de servicios a la infancia y supuestos delitos que afecten a los niños;

-Cooperar con el Servicio de Policía de Queensland y la Oficina Australiana de Información Criminal en la investigación de quejas acerca de delitos que afecten a los niños, inclusive, por ejemplo, el abuso sexual, la utilización de los niños en la pornografía y el turismo sexual con niños, y cooperar con esos organismos en sus esfuerzos por erradicar esas actividades;

-Aplicar y mantener un programa de visitas oficiales a las residencias;

-Establecer relaciones y cooperar con otros organismos, como el ombudsman;

-Crear tribunales que resuelvan apelaciones sobre decisiones susceptibles de ser revisables; y

-Realizar investigaciones y obtener información sobre cualquier cuestión relacionada con las funciones del Comisionado.

113.El proyecto de ley reúne también en uno solo a los órganos de los tribunales de apelación sobre adopción y asistencia al niño, el cual recibirá el nombre de Tribunal de Apelaciones de los Servicios a la Infancia.

Australia occidental - Registrador de los Servicios de Protección a la Infancia

114.El Departamento de los Servicios de la Familia y la Infancia ha establecido un Registrador de los Servicios de Protección a la Infancia que registra los nombres de los niños que han sido maltratados y/o agredidos y los servicios que se les han prestado. También se anotan los nombres de las personas a las que un tribunal ha declarado culpables de agresión o malos tratos.

Artículo 25

Sufragio universal e igual

115.En Australia occidental se producen variaciones en el valor de las votaciones a causa de la existencia de un sistema de establecimiento de zonas que distingue entre zonas metropolitanas y no metropolitanas. El Tribunal Superior de Australia en McGinty c. Australia occidental (1996) 70 ALRJ 200 confirmó que el principio de la democracia representativa implícito en la Constitución de Australia occidental lleva consigo el derecho de cada elector particular a participar en igualdad de condiciones en el proceso electoral. Pero el Tribunal Superior determinó que un gobierno representativo no debe caracterizarse necesariamente por tener electorados del mismo tamaño numérico y que el voto de cada elector particular no debe tener el mismo valor. Por consiguiente, el arreglo de Australia occidental para la representación es válido.

Commonwealth - Participación en los asuntos públicos

116.La preocupación general que se ha sentido durante varios años en la comunidad australiana acerca de la importancia cada vez mayor que otorga al derecho internacional y a la acción de los tratados el Poder Ejecutivo del Gobierno del Commonwealth sin un escrutinio parlamentario y sin la participación de la comunidad culminó en 1995 con una importante investigación del Senado acerca del procedimiento australiano de concertación de tratados.

117.En mayo de 1996 el Ministro de Relaciones Exteriores y el Fiscal General respondieron a las recomendaciones contenidas en la investigación del Senado anunciando reformas en el procedimiento de concertación de tratados. Los objetivos básicos de las reformas son: introducir una medida de transparencia en el procedimiento; proporcionar más oportunidades para la participación de los Estados y territorios, el Parlamento, la industria, las organizaciones no gubernamentales y el público en general; y hacer que el Poder Ejecutivo sea más responsable ante el Parlamento en su ejercicio del poder de concertación de tratados.

118.Los nuevos procedimientos son:

-El sometimiento de los tratados a la aprobación del Parlamento por lo menos 15 días de sesiones antes de que se adopte una medida vinculante;

-La preparación de amplios análisis de los intereses nacionales, que acompañarán a los tratados sometidos a aprobación;

-El establecimiento de un Comité Mixto Permanente de Tratados del Parlamento del Commonwealth para llevar a cabo un escrutinio regular de los tratados sometidos a aprobación, e investigaciones detalladas sobre los más importantes de ellos;

-El establecimiento de un Consejo de Tratados del Estado del Commonwealth integrado por el Primer Ministro del Gobierno y los primeros ministros de los Estados y los territorios, para examinar los tratados y otros instrumentos internacionales de interés e importancia para los Estados y territorios; y

-La preparación de una base de datos completa de los tratados australianos en la Internet.

119.Con arreglo a los nuevos procedimientos, en octubre de 1996, se sometió a aprobación en cuatro ocasiones un total de 30 acciones relacionadas con tratados, los cuales iban acompañados de análisis de los intereses nacionales. El Comité Parlamentario de Tratados había examinado todos los tratados en cuestión, celebrado audiencias públicas sobre nueve de ellos y sometido dos informes a la aprobación del Parlamento, y estaba realizando investigaciones públicas completas sobre dos tratados.

120.El Consejo de Tratados tenía que reunirse por primera vez el 15 de noviembre de 1996 y en su programa figuraban cuatro tratados (dos convenciones sobre el medio ambiente y dos acuerdos sobre comercio) y el Proyecto de declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas.

121.En la Biblioteca de Tratados, ubicada en el sitio de la Internet del Instituto Australasiano de Información Jurídica se puede disponer de forma gratuita y pública por medios electrónicos de la mayoría de las Series de Tratados australianos.

122.En las consultas celebradas en todo el país por la Secretaría de los Tratados del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio se ha observado un alto grado de aprobación por parte de todos los sectores afectados del procedimiento reformado. El Gobierno ha prometido una revisión después de dos años.

Artículo 26

Commonwealth - Discriminación por discapacidad

123.El artículo 53 de la Ley de discriminación por discapacidad de 1992 establece que no es ilegal que una persona haga una discriminación por motivos de discapacidad en relación con el empleo en las Fuerzas de Defensa, entre otras cosas, en puestos que impliquen la realización de funciones de combate, funciones relacionadas con el combate y servicios de mantenimiento de la paz. El párrafo 3 del artículo 53 de la ley establece que las funciones de combate, las funciones relacionadas con el combate y los servicios de mantenimiento de la paz son funciones declaradas por el reglamento.

124.El nuevo reglamento redefine las "funciones de combate" y las "funciones relacionadas con el combate" a los efectos de la ley. Ese reglamento se publicó en el Boletín oficial el 5 de febrero de 1996.

125.La regla 3 define ahora las "funciones de combate" como aquellas "funciones que exigen o pueden exigir a una persona que cometa o participe directamente en la comisión de un acto de violencia en caso de conflicto armado".

126.La regla 4 define ahora las "funciones relacionadas con el combate" como "funciones que exigen o pueden exigir a una persona que realice un entrenamiento o preparación para, o en conexión con, funciones de combate o funciones que exigen o pueden exigir a una persona trabajar ayudando a una persona que desempeña funciones de combate".

Commonwealth - Estrategia del empleo de los indígenas

127.Las Fuerzas de Defensa australianas han desarrollado iniciativas concretas para promover una mayor representación de las personas que no tienen una formación en el idioma inglés y de los pueblos aborígenes y de las islas del Estrecho de Torres.

128.Entre el Departamento de Defensa y el Departamento de Empleo, Educación, Formación y Asuntos de la Juventud se ha establecido, como una iniciativa conjunta, una Estrategia de Contratación y de Promoción de las Perspectivas de Carrera de los Aborígenes y Habitantes de las Islas del Estrecho de Torres. La estrategia está destinada a mejorar la igualdad en el empleo y las oportunidades del personal aborigen y de las islas del Estrecho de Torres dentro de las Fuerzas de Defensa australianas. Un objetivo de la estrategia es lograr que en el año 2005 haya un 2% de representación aborigen y de los habitantes de las islas del Estrecho de Torres en las Fuerzas de Defensa australianas. Los aborígenes y los habitantes de las islas del Estrecho de Torres constituyen alrededor del 2% de la población australiana.

129.La Estrategia de Contratación y de Promoción de las Perspectivas de Carrera de los Aborígenes y Habitantes de las Islas del Estrecho de Torres tiene también por objeto promover una mayor participación de los pueblos indígenas en la categoría de cadetes.

Nueva Gales del Sur - Antidiscriminación

130.En junio de 1996 el Parlamento de Nueva Gales del Sur aprobó la Ley de enmienda (leyes de antidiscriminación y otras leyes) de la transexualidad de 1996, que entró en vigor el 11 de octubre de 1996. La ley prevé una nueva razón para la discriminación basada en la condición de transexual y prohíbe esa discriminación en diversas esferas de la vida pública.

131.La Ley de relaciones laborales de 1996 (Nueva Gales del Sur) sustituye a la Ley de relaciones laborales de 1991 (Nueva Gales del Sur) y contiene disposiciones que están destinadas a velar por que no exista discriminación en los acuerdos laborales (incluidos los laudos y los acuerdos de empresas). El Presidente de la Junta de Antidiscriminación tiene amplios poderes para intervenir en cuestiones laborales cuando se plantean cuestiones de discriminación ilegal.

Territorio de la Capital Australiana - Sucesión intestada

132.Como resultado de una enmienda legislativa que entró en vigor el 11 de mayo de 1996, ahora es posible que una persona herede, además del cónyuge legal del intestado. El derecho a heredar se extiende a las personas descritas en la legislación como "asociado elegible". Un asociado elegible es una persona distinta del cónyuge legítimo del intestado que, sea o no del mismo sexo que el intestado, vivía con el intestado inmediatamente antes de la muerte del intestado como miembro de una pareja a título auténticamente doméstico. Para clasificarse como "asociado elegible" una persona debe haber vivido ininterrumpidamente con el intestado por lo menos durante dos años, o ser el progenitor de un hijo del intestado que sea menor de 18 años en la fecha del fallecimiento del intestado.

Artículo 27

Título de propiedad de los nativos

133.En 1996 el Gobierno presentó enmiendas parlamentarias a la Ley de títulos de propiedad de los nativos de 1993. Las enmiendas aclaran las circunstancias en las que pueden realizarse acciones que afecten a los derechos de propiedad de los nativos, facilitan los acuerdos entre el Gobierno y los nativos poseedores de títulos de propiedad acerca de esas acciones, simplifican los procedimientos para la resolución de cuestiones relacionadas con los títulos de propiedad de los nativos, proporcionan un procedimiento de registro efectivo de las reclamaciones y velan por que las resoluciones sobre títulos de propiedad de los nativos y compensaciones en virtud de la Ley de títulos de propiedad de los nativos de 1993 tengan fuerza legal.

134.El Gobierno anunció posteriormente una serie de nuevas enmiendas relacionadas con el registro de reclamaciones, las funciones legales de los órganos representativos de los aborígenes y habitantes de las islas del Estrecho de Torres y el derecho a negociar los procedimientos y establecer un registro de los acuerdos sobre utilización de las tierras indígenas. Las enmiendas todavía no han sido examinadas por el Parlamento.

135.El 23 de diciembre de 1996 el Tribunal Superior dictó su decisión en el caso Los Pueblos de Wik c. Queensland (1996) 141 ALR 129. Este fallo se refiere al efecto que tienen los arriendos pastoriles otorgados en virtud de cierta legislación de Queensland en los títulos de propiedad de los nativos con arreglo al common law. El Tribunal Superior decidió por mayoría (4 contra 3) que el otorgamiento de arriendos pastoriles no confiere a los arrendatarios un derecho de posesión exclusiva y, por consiguiente, el otorgamiento de arriendos pastoriles no extingue necesariamente el título de propiedad de los nativos. Con todo, cuando los derechos de los arrendatarios pastoriles son incompatibles con el título de propiedad de los nativos, prevalecen los derechos de los arrendatarios. El Gobierno está examinando actualmente las implicaciones de esta decisión, en particular en relación con la aplicación de la Ley de títulos de propiedad de los nativos de 1993.

Fondo y Corporación de las tierras indígenas

136.Como se ha señalado en el tercer informe, la segunda parte de la respuesta del Gobierno a la decisión del Tribunal Superior en Mabo c. Queensland (Nº 2) (1992) 175 CLR 1 fue el establecimiento de un Fondo de las Tierras Indígenas, que es un fondo permanente de financiación propia que da a las comunidades indígenas desposeídas los medios para adquirir tierras. La Ley del fondo de las tierras y de la corporación de las tierras indígenas (enmienda de la Comisión para los Aborígenes y Habitantes de las Islas del Estrecho de Torres) de 1995, estableció el Fondo y la Corporación de las Tierras Indígenas. En 1994-1995 se asignaron al Fondo 200 millones de dólares australianos, y 121 millones (actualizados) en 1995-1996 y posteriormente para cada ejercicio financiero hasta junio del año 2004.

137.Durante 1996 la Corporación de las Tierras Indígenas desarrolló su Estrategia Nacional para las Tierras Indígenas, 1996-2001. Este documento explica las bases de la estrategia de la Corporación para la adquisición de tierras indígenas y la ordenación del territorio, proyectada para los próximos cinco años. La Corporación considera que su papel y función primordiales son atender a las necesidades de tierra de los pueblos indígenas que han sido desposeídos. Está adoptando un enfoque nacional y estratégico y celebrando amplias consultas a nivel regional. También se están preparando siete estrategias regionales para las tierras indígenas.

138.El Gobierno ha presentado recientemente enmiendas a la Ley del fondo de las tierras y de la corporación de las tierras indígenas (enmienda de la Comisión para los Aborígenes y Habitantes de las Islas del Estrecho de Torres) de 1995 para cumplir los compromisos contraídos en las elecciones acerca del Fondo de las Tierras. Las enmiendas propuestas:

-Introducirán una cláusula según la cual la Corporación de las Tierras Indígenas dará prioridad a los que se hallan desfavorecidos en el acceso a la tierra;

-Ampliarán las categorías de los concesionarios potenciales de la Corporación de las Tierras Indígenas desde las corporaciones indígenas a los consorcios, sociedades y particulares indígenas;

-Ampliarán la Junta de la Comisión de las Tierras Indígenas otorgando al Ministro el poder de realizar nombramientos adicionales de vez en cuando según lo considere apropiado;

-Permitirán a la Corporación de las Tierras Indígenas realizar concesiones de tierras y de dinero y garantizar préstamos a los particulares, consorcios y sociedades, así como a las corporaciones;

-Mejorarán las disposiciones relativas al "secreto" en relación con las reuniones del Foro Consultivo del Fondo de las Tierras; y

-Subsanarán los errores técnicos existentes desde la redacción de la ley inicial.

Informe sobre Justicia Social en relación con el título de propiedad de los nativos

139.En marzo de 1995 la Comisión para los Aborígenes y Habitantes de las Islas del Estrecho de Torres presentó al antiguo Gobierno un importante informe sobre las nuevas medidas de justicia social que el Gobierno debía examinar en respuesta al reconocimiento del título de propiedad de los nativos. El informe se centra en el cambio institucional y estructural y las recomendaciones abarcan un amplio espectro de cuestiones. Muchas de esas recomendaciones exigirán un desarrollo detallado y una negociación antes de que puedan aplicarse. Para el desarrollo del informe era esencial un proceso de consulta y la posibilidad de una amplia participación de la comunidad aborigen y de los habitantes de las islas del Estrecho de Torres.

140.El gobierno anterior no respondió oficialmente al informe de la Comisión antes de la elección del gobierno de coalición. El gobierno actual ha puesto de relieve que la justicia social no puede aplicarse al pueblo indígena hasta que no se corrijan sus desventajas en materia de salud, vivienda, educación y empleo.

141.El Ministro de Asuntos de los Aborígenes y Habitantes de las Islas del Estrecho de Torres ha indicado que el Gobierno no pretende dar respuestas concretas al Informe sobre Justicia Social y que la Comisión y el Consejo para la Reconciliación de los Aborígenes debería buscar una aplicación como parte de sus actividades normales.

Victoria - Patrimonio cultural indígena

142.En Victoria el patrimonio cultural indígena está protegido en virtud de la Ley de preservación de restos arqueológicos y aborígenes de 1972 (Vic) y de la Ley de protección del patrimonio de los aborígenes y habitantes de las islas del Estrecho de Torres de 1984 del Commonwealth. Este régimen legislativo protege los lugares y sitios arqueológicos aborígenes de importancia. Prohíbe también la venta de objetos aborígenes en Victoria, a menos que se conceda un permiso. En 1996 los Gobiernos de Victoria y del Commonwealth cooperaron para adquirir objetos provenientes de Victoria cuando se ofrecían a la venta al público. Algunos de esos objetos se han devuelto a las correspondientes comunidades aborígenes.

143.El museo de Victoria tiene la política de devolver los objetos hechos por los seres humanos a las comunidades aborígenes respectivas.

144.La Honorable Elizabeth Evatt, AC. ha concluido recientemente un examen de la Ley de protección del patrimonio de los aborígenes y habitantes de las islas del Estrecho de Torres del 1984 del Commonwealth. Como una de las cuestiones consideradas en este examen era la interacción de la legislación del Commonwealth y la de la protección del patrimonio del Estado, el Gobierno de Victoria examinará su propia legislación en el contexto del correspondiente informe de la Sra. Evatt.

Victoria - diversidad cultural

145.En 1996 el Gobierno de Victoria asumió una serie de obligaciones contenidas en el Compromiso del Gobierno de Victoria con el Pueblo de Victoria, que incluía los siguientes principios:

-El Gobierno de Victoria considera la diversidad cultural de nuestra comunidad como una de las riquezas más importantes del Estado;

-El Gobierno de Victoria alienta a todas las personas a que preserven, amplíen y compartan su patrimonio cultural dentro del marco jurídico e institucional de nuestra sociedad y la responsabilidad recíproca de todos de aceptar el derecho de los demás a hacerlo;

-El Gobierno de Victoria promoverá políticas, programas y estrategias tendientes a prestar servicios culturalmente apropiados a todos los victorianos.

146.El Compromiso se ha publicado en 21 idiomas de la comunidad para ser distribuido a las organizaciones gubernamentales y comunitarias.

147.El Gobierno de Victoria a anunciado que creará un nuevo museo de la Inmigración para reconocer y documentar la experiencia de las diversas comunidades migrantes de Victoria.

Australia occidental - política multicultural

148.La política multicultural del Gobierno de Australia occidental, que se introdujo oficialmente en 1996, tiene por finalidad administrar la diversidad cultural de forma que se potencien las ventajas culturales, económicas y sociales de la diversidad y se mantenga una cohesión en la comunidad y una armonía social.

149.Esta política contiene cuatro principios importantes:

-La igualdad de todos los pueblos y nuestro derecho humano fundamental a que no haya discriminaciones ilegales;

-La libertad de todos para preservar, ampliar y compartir su propio patrimonio cultural;

-La necesidad de mantener, desarrollar y utilizar las aptitudes y talentos de todas las personas para potenciar las ventajas sociales y económicas de la diversidad cultural; y

-Un compromiso de mantener relaciones comunitarias positivas, armoniosas y justas.

150. La Oficina de Intereses Multiculturales del Gobierno de Australia occidental está elaborando un conjunto de directrices para los departamentos gubernamentales y una estrategia integrada de relaciones comunitarias para el Estado.

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