* La versión original del presente documento no fue objeto de revisión editorial oficial.

** Este documento se presentó de conformidad con el procedimiento simplificado de presentación de informes. Contiene las respuestas del Estado parte a la lista de cuestiones previa a la presentación del informe preparada por el Comité ( CEDAW/C/ROU/QPR/9 ).

*** Los anexos del presente documento pueden consultarse en la página web del Comité.

Noveno informe periódico que Rumanía debía presentar en 2024 en virtud del artículo 18 de la Convención * , * * , ***

[Fecha de recepción: 6 de noviembre de 2024]

Aspectos generales

Respuesta al párrafo 1 de la lista de cuestiones (CEDAW/C/ROU/QPR/9)

Agencia Nacional para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres – ANES

La promoción de la igualdad de género y de la integración de la perspectiva de género en todos los ámbitos constituye una preocupación constante del Gobierno rumano que se refleja como principio transversal, tanto en la Constitución como en las medidas efectivas transpuestas en la materia desde 2002, tanto a nivel legislativo como de políticas públicas. En los últimos años, Rumanía ha logrado avances significativos en el ámbito legislativo en cuanto a la regulación de medidas destinadas a continuar promoviendo la igualdad de género y a prevenir y combatir la violencia doméstica. Estas acciones se fundamentan principalmente en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Convenio de Estambul, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas como marco para la elaboración de políticas. El Gobierno rumano expresa su compromiso en firme con la creación de un sistema integrado de intervención con acciones muy bien coordinadas para combatir la violencia contra las mujeres y que, al mismo tiempo, implique activamente a todos los factores responsables. Las autoridades competentes en la materia se muestran diligentes en la continuidad de los esfuerzos destinados a mejorar la posición de Rumanía en el Índice de Igualdad de Género. En este contexto, en los últimos años se ha modificado la Ley 202/2002 de Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Mujeres y Hombres, del modo siguiente:

•Decisión del Gobierno núm. 262/2019;

•Ley núm. 167/2020.

Asimismo, en 2022, en conformidad con lo establecido en la Directiva 2019/1158/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida laboral y personal, la Ley núm. 202/2002 fue modificada en consecuencia por la ANES. Además de las disposiciones legislativas, la ANES elaboró la Decisión del Gobierno núm. 1547/2022, referente a la Estrategia Nacional de Promoción de la Igualdad de Género y de Prevención y Lucha contra la Violencia Doméstica para el período 2022-2027. Este documento de política pública garantiza el cumplimiento de la condición favorable en materia de igualdad de género para acceder a los fondos europeos correspondientes al período 2021-2027, preservando una visión integrada al abordar la cuestión desde dos pilares fundamentales dentro de la competencia de la ANES. El primero, dedicado a la prevención y lucha contra la violencia doméstica, establece orientaciones esenciales para mejorar la situación de las víctimas. El segundo, orientado a la igualdad de género, define directrices estratégicas para promover mejoras significativas en la situación de las mujeres en todos los ámbitos. Al mismo tiempo, con el propósito de garantizar la igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, la ANES elaboró la Decisión del Gobierno núm. 970/2023, que aprueba la metodología para la prevención y lucha contra el acoso por razón de sexo, así como el acoso moral en el trabajo. A partir de 2022, el marco institucional en materia de igualdad de género se fortaleció con la creación del Ministerio de Familia, Juventud e Igualdad de Oportunidades (MFTES), que respalda todas las políticas, medidas y proyectos desarrollados en este ámbito a través de la ANES, la estructura especializada que se encuentra bajo su autoridad. Además, en términos de fortalecimiento institucional, cabe destacar que en 2023, a través de un proyecto europeo, se creó el Mecanismo de Triálogo. Con ello, se busca iniciar y agilizar la comunicación y colaboración entre los tres importantes mecanismos interinstitucionales con competencias en materia de igualdad de género: el Comité Interministerial para la Prevención y la Lucha contra la Violencia Doméstica, la Comisión Nacional y las Comisiones de Condado en materia de igualdad de género. El principal objetivo es fortalecer la rendición de cuentas de las autoridades en el proceso de aplicación de las decisiones y recomendaciones del país en cuanto a igualdad de género y empoderamiento de la mujer.

Consejo Nacional de Lucha contra la Discriminación (CNCD)

La Ordenanza Gubernamental núm. 137/2000 sobre la prevención y sanción de todas las formas de discriminación representa la ley marco contra la discriminación en Rumanía. La Ordenanza transpone las disposiciones de la Directiva 2000/43/EC del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, serie L, núm. 180, de 19 de julio de 2000, y de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, que establece un marco general para la igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que respecta al empleo y la ocupación, publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, serie L, núm. 303, de 2 de diciembre de 2000. Los motivos de discriminación prohibidos por la legislación antidiscriminación se detallan en el anexo del informe, dentro de la contribución del Consejo Nacional de Lucha contra la Discriminación. En los informes de actividad se pueden encontrar más estadísticas, así como información sobre las actividades de prevención.

Departamento de Desarrollo Sostenible – DDD

Rumanía, como Estado Miembro de las Naciones Unidas y de la UE, ha manifestado su adhesión a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Para aplicar las disposiciones europeas y las de los documentos de las Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible, se adoptó la Estrategia Nacional para el Desarrollo Sostenible de Rumanía 2030 (SNDDR 2030) mediante la Decisión del Gobierno núm. 877/2018. A través de esta Estrategia, Rumanía establece su marco nacional para apoyar la Agenda 2030 y aplicar el conjunto de los 17 ODS, incluida la igualdad de género (ODS 5). El Plan de Acción Nacional para la ejecución de la SNDDR 2030, aprobado mediante la Decisión del Gobierno núm. 754/2022, representa el documento clave que orienta la aplicación de la SNDDR 2030 en todas las políticas sectoriales para el desarrollo sostenible a nivel nacional durante el período 2022-2030. La SNDDR 2030, a través del ODS 5, garantiza la participación equilibrada y efectiva de las mujeres, y promueve la igualdad de oportunidades para las mujeres en puestos de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. En 2023, Rumanía, a través de la Dirección de Desarrollo Sostenible, presentó en Nueva York, en el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, su segundo informe voluntario nacional, en el que se exponen los importantes avances que Rumanía ha logrado en la ejecución de la Agenda 2030. El anexo estadístico del mencionado informe de 2023 incluye datos y avances sobre los indicadores del desarrollo sostenible. En 2022, se firmó una asociación entre la SGG, el INS y el Lobby de Mujeres Rumanas (RoWL) para la recopilación periódica de datos y metadatos sobre el conjunto de indicadores del INDD 2030, como parte del mecanismo de seguimiento de la SNDDR 2030. Se desarrolló e introdujo en el sistema estadístico nacional un nuevo indicador, ZBO0514 - Horizonte 1 - Social: La proporción de escaños ocupados por mujeres y hombres en los parlamentos nacionales. Este indicador supervisa los avances hacia la consecución del ODS 5 y se integra en las prioridades de la Comisión Europea “Una economía justa para los ciudadanos” y “Un nuevo impulso para la democracia europea”. El indicador puede considerarse similar al indicador global 5.5.1, que mide la proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales y las administraciones locales. Más allá de lo anterior, y en el contexto de la alineación con las estrategias europeas y nacionales, así como con las directivas y reglamentos adoptados a estos niveles, el DDD, en colaboración con las direcciones especializadas/responsables, ha elaborado el primer Plan de Igualdad de Género a nivel de la SGG. Con la elaboración de dicho Plan, la SGG reafirma su apoyo y promueve la igualdad de género en todos los niveles jerárquicos, reforzando la reputación de la institución como una entidad moderna y un actor decisivo en la aplicación de la SNDDR 2030.

Ministerio del Interior – MAI

Los estatutos profesionales garantizan el acceso incondicional a la selección y al ejercicio de las profesiones dentro del MAI, así como la formación, el perfeccionamiento, el desarrollo profesional y la promoción a los puestos vacantes en todos los niveles jerárquicos. También incluyen retribuciones no discriminatorias, de conformidad con lo dispuesto en la Ley núm. 153/2017, relativa a las retribuciones del personal remunerado con cargo a fondos públicos. En el seno del MAI, no se aplican criterios diferenciados por sexo para la cobertura de puestos vacantes en grados decisorios o ejecutivos. El origen del personal del MAI está regulado por estatutos profesionales: para los agentes de policía, conforme al artículo 9 de la Ley núm. 360/2002, y para el personal militar, según los artículos 36-40 de la Ley núm. 80/1995. El procedimiento de contratación y selección se detalla en los Anexos 2 y 3 de las Órdenes del MAI núm. 140/2016 y núm. 177/2016, en los que se estipulan expresamente las condiciones legales y los criterios específicos de contratación aplicables a todos los candidatos, sin distinción de sexo/género. Para la admisión en las instituciones de formación inicial del MAI y la cobertura de puestos vacantes mediante colocación directa, la selección se lleva a cabo mediante un proceso de oposición. Las convocatorias publicadas detallan las condiciones legales y los criterios de ocupación establecidos por el marco jurídico y las descripciones de los puestos de trabajo, asegurando así un acceso abierto a todas las fases del proceso de examen sin distinción, exclusión, restricción ni preferencia por razón de sexo. El Tribunal Constitucional, en su Sentencia núm. 789/2021, subraya que “bajo los auspicios de la expresión 'Estado de Derecho', establecida en el artículo 1, párrafo (3) de la Constitución, se encuentra la capacidad del Estado para ofrecer a los ciudadanos servicios públicos de calidad y generar condiciones para aumentar su confianza en las instituciones y autoridades públicas. El Estado está obligado a crear todos los requisitos previos, entre los que se incluye el marco legislativo, para el desempeño de sus funciones por personas que cumplan con determinados criterios profesionales y de integridad moral”.

Organismo Nacional para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad (ANPDPD)

El ANPDPD coordina a nivel central las actividades de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad y garantiza el seguimiento de la aplicación de la normativa en su ámbito, incluidas las obligaciones establecidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Estrategia Nacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad “Una Rumanía Justa” 2022-2027 (D.G. núm. 490/2022), condición de habilitación horizontal para el periodo de programación 2021-2027, continúa y desarrolla el enfoque de aplicación de la Convención y tiene como objetivo garantizar el marco para el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad. La igualdad de oportunidades es uno de los principios fundamentales de la Estrategia Nacional, que implica el reconocimiento de las personas con discapacidad como participantes con los mismos derechos dentro de la sociedad. Esto conlleva la adopción de medidas para prevenir, detectar y sancionar cualquier forma de discriminación, incluida la discriminación múltiple. El principio lleva a la necesidad de adoptar medidas específicas que sean necesarias para acelerar u obtener la igualdad de facto de las personas con discapacidad. La necesidad de un enfoque diferente se fundamenta en la existencia de necesidades individuales específicas, la capacidad de autodeterminación, el grado de dependencia y el riesgo de discriminación múltiple, factores que influyen en la adopción de medidas concretas. Esta medida tiene como objetivo igualar las oportunidades de inclusión social y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. En este sentido, invocamos lo dispuesto en el artículo 5, punto 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas supuso el pleno reconocimiento de las disposiciones del artículo 6 sobre mujeres con discapacidad. Mencionamos que, a nivel de la institución, los datos estadísticos comunicados por la DGASPC del condado, así como los de los sectores del municipio de Bucarest (son datos centralizados que se pueden consultar en el último boletín estadístico, publicado el 31 de diciembre de 2023, disponible en https://anpd.gov.ro/web/transparenta/statistici/ al 31 de diciembre de 2023), el número total de personas con discapacidad reportadas era de 923.578. De ellas, el 98,28 % (907.715 personas) están al cuidado de sus familias o viven de forma independiente (no institucionalizados), mientras que el 1,72 % (15.863 personas) residen en instituciones residenciales públicas de asistencia social para adultos con discapacidad (institucionalizados), coordinadas por el MMSS a través del ANPDPD. Las mujeres representan el 53,52 % del total de personas con discapacidad. La Ley núm. 448/2006 de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, reeditada, con sus posteriores modificaciones y adiciones, regula los derechos de las personas con discapacidad.

Derechos de la mujer e igualdad de género en relación con la pandemia y las medidas de recuperación

Respuesta al párrafo 2 de la lista de cuestiones

ANES

Desde la perspectiva de las consecuencias de la crisis de la COVID-19 sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género, el Gobierno de Rumanía adoptó una serie de medidas para todas las categorías vulnerables de ciudadanos, recogidas en la Ley núm. 19/2020 y la Ley núm. 45/2020. Al mismo tiempo, desde el inicio de la crisis del COVID-19, la ANES ha desarrollado y puesto en marcha dos planes de medidas para los dos ámbitos de su competencia. Los dos planes incluyen medidas complejas que abarcan, entre otras, la ejecución de campañas permanentes de información para las mujeres, la prestación de apoyo a través de los servicios sociales, medidas innovadoras adaptadas a la pandemia de COVID-19 (como la aplicación Bright Sky lanzada en colaboración con la Fundación Vodafone) o campañas de visibilidad y apoyo a las mujeres profesionales en primera línea, así como recomendaciones e instrucciones para las autoridades públicas locales, como la DGASPC. Asimismo, se han aplicado medidas para ampliar y diversificar la información proporcionada a través de la línea telefónica nacional gratuita 0800.500.333, destinada a las víctimas de violencia doméstica, discriminación por razón de sexo y trata de personas, gestionada por la ANES. En cuanto a los efectos sobre las mujeres en términos de empleo y pérdida de trabajo, a través de los proyectos de la ANES se han brindado servicios gratuitos de asesoramiento y formación profesional a mujeres víctimas de violencia doméstica, con el fin de ayudarles a superar situaciones de crisis. La ANES ha tomado medidas para garantizar la amplia difusión de todos los servicios disponibles para las víctimas de violencia doméstica y las medidas de las que pueden beneficiarse. Durante 2021, la ANES puso en marcha, en colaboración con la organización no gubernamental FILIA, el proyecto “Mujeres durante y después del coronavirus: información, investigación y promoción de la igualdad de género”. El proyecto investigó las experiencias de las mujeres y los obstáculos que encontraron durante la crisis de COVID-19. La Red Nacional de Recuperación y Resiliencia de Rumanía (PNRR) fue concebida para asegurar el desarrollo del país mediante el fortalecimiento de la capacidad de adaptación ante situaciones de crisis, en el contexto de la recuperación post-COVID-19, y el aprovechamiento del potencial de desarrollo económico mediante reformas significativas e inversiones clave. La perspectiva de género se integró en el PNRR y en el programa Horizonte Europa. La perspectiva de la igualdad de oportunidades está integrada, especialmente, en el Pilar 2 (Retos mundiales y competitividad industrial europea) y en el Pilar 3 (Innovación), y se refleja en la manera en que se establecen las prioridades de financiación y los criterios de selección de los proyectos. Dentro del Pilar 3, dedicado a la innovación, se promueven acciones de apoyo a la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades en el ámbito de la investigación y la innovación. Esto puede incluir, por ejemplo, la promoción de un acceso equitativo a la financiación y los recursos para los investigadores y la creación de hasta 100.000 puestos de trabajo, así como el desarrollo y la aplicación de políticas y prácticas que faciliten la participación equitativa de todas las categorías de personas en las actividades de investigación e innovación. Dentro del PNRR, en el Pilar V (Salud y resiliencia institucional), se equipan o rehabilitan 119 clínicas de planificación familiar, dotándolas de puntos de diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual, aparatos de ultrasonido con sondas ginecológicas ultraportátiles, microscopios y equipos informáticos. La inversión también incluye los costos de formación para el personal médico que trabaja en las oficinas de planificación familiar (2022-2024). El valor total de la inversión es de 49.342.000,2 de lei sin IVA, lo que equivale a 10.000.000 de euros sin IVA. Al mismo tiempo, a través de la convocatoria de proyectos del Componente 13 - Reformas Sociales (PNRR), se establecerá una red de 150 centros de día para niños en riesgo de ser separados de sus familias, que beneficiará al menos a 1.920 niños. El valor máximo subvencionable de un proyecto es de 330.000 euros sin IVA.

Instituto Rumano de Derechos Humanos – RIHR

Desde 2017, el RIHR ha creado un Grupo de Trabajo dedicado a la promoción de los derechos de la mujer y la lucha contra la violencia, compuesto por miembros de ONG e instituciones nacionales. Al actuar como intermediario entre la sociedad civil y las instancias normativas, el RIHR sintetiza y comunica soluciones a los retos identificados. Las principales constataciones y recomendaciones están publicadas en “Los derechos de la mujer. Una vida sin violencia es el derecho de toda mujer” (2019, actualizado en 2023). De 2020 a 2023, el RIHR observó avances legislativos, pero destacó la necesidad de resolver las deficiencias en la respuesta de la justicia penal frente a la violencia sexual, alineándose con la recomendación del GREVIO de redefinir la violencia sexual en función del consentimiento libremente otorgado.

ANPDPD

Las medidas adoptadas en el contexto de la pandemia fueron las siguientes:

a)Tomar acciones, en el marco de la campaña de vacunación, para garantizar la accesibilidad de la plataforma vaccinare-covid.gov.ro para las personas con discapacidad y gestionar su inclusión en la lista de categorías autorizadas para vacunarse en la segunda fase.

b)Ampliar la validez de los certificados de clasificación de la discapacidad en el mencionado contexto epidemiológico. De este modo, según lo establecido en el artículo 4, párrafo 5 de la Ley núm. 55/2020, la validez de los documentos emitidos por instituciones y autoridades públicas, así como por entidades privadas autorizadas de acuerdo con la ley, se mantuvo durante todo el período del estado de alerta, así como durante un período adicional de 90 días a partir de la finalización o expiración de dicho estado.

c)Elaborare disposiciones metodológicas y circulares enviadas a todas las DGASPC, que contienen recomendaciones sobre la gestión de la situación generada por la epidemia de COVID-19.

Una medida pospandémica fue la inclusión, en la Orden núm. 762/1992/2007, para la aprobación de los criterios médico-psicosociales de calificación de la discapacidad, con sus posteriores modificaciones y adiciones, en el capítulo de enfermedades respiratorias, de las complicaciones causadas por la infección por el virus COVID-19, específicamente para las personas dependientes de oxigenoterapia a raíz de esta enfermedad.

Las mujeres y la paz y la seguridad

Respuesta al párrafo 3 de la lista de cuestiones

Ministerio de Defensa Nacional – MAPN

En 2018, el Ministerio de Defensa Nacional (MAPN) asumió el liderazgo en la promoción y aplicación de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad a nivel nacional mediante la creación de una estructura dedicada a este ámbito: la Oficina de Gestión de Género (GMO). El director de la GMO ha sido nombrado punto focal nacional para la relación con todas las organizaciones nacionales e internacionales en relación con la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. A nivel nacional, Rumanía ha adoptado la Estrategia Nacional y el Plan de Acción Nacional relativos a la aplicación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las mujeres, la paz y la seguridad, aprobados por la Decisión del Gobierno. Este instrumento está dedicado a la elaboración de políticas y directrices comunes para la aplicación de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad por las instituciones de seguridad nacional de Rumanía, así como por otras instituciones de la administración central con responsabilidades en este ámbito. Los objetivos de este plan son los siguientes:

•integración de la perspectiva de género en las políticas de defensa y seguridad:

•aumento de la participación de las mujeres en la negociación de la paz, el proceso de paz, la mediación para la paz y en las misiones de mantenimiento de la paz;

•prevención de todas las formas de discriminación por razón de sexo, acoso y violencia sexual, y lucha contra ellas;

•colaboración con la sociedad civil en el proceso de aplicación.

A nivel de defensa, se aprobó la orden ministerial núm. 203/2020 relativa a la aplicación de la Estrategia Nacional y el Plan de Acción Nacional para la aplicación de la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las mujeres, la paz y la seguridad. Cuando comenzó la guerra en Ucrania, Rumanía tuvo en cuenta el cuarto pilar de la resolución, que se refiere a la asistencia y la recuperación. El punto focal nacional mantuvo contacto constante con representantes del MAI, la institución rumana encargada de gestionar la crisis ucraniana, y se consideraron todas las necesidades especiales de las mujeres y las niñas al diseñar y construir los campamentos de refugiados. Asimismo, se adoptaron todas las medidas necesarias para proteger y prevenir a las mujeres y niñas de la violencia sexual y de género. La GMO elaboró un cuestionario específico para determinar las vulnerabilidades relacionadas con la logística, los recursos humanos, la formación en cuestiones de género y la protección psicosocial en los campamentos de refugiados. En cuanto a los recursos humanos, aunque la mayor parte del personal del MAI involucrado en la misión está compuesto por hombres, la presencia de personal femenino podría asegurar el cumplimiento efectivo de la tarea. Además, el número de intérpretes voluntarios y de equipos médicos estaba equilibrado en términos de género, con una representación tanto de hombres como de mujeres. Respecto a los aspectos logísticos, se han tenido en cuenta todas las medidas especiales basadas en criterios de género, edad, situación familiar, madres solas, niños no acompañados y otros grupos vulnerables. Se garantizaron alimentos adecuados para distintos tipos de alergias, así como material médico y cosmético específico para mujeres y niños. En lo que respecta a la protección física, se cumplieron todas las medidas esenciales, tales como accesos, vallas, iluminación, sistemas de seguridad y puestos de control mixtos. En el anexo se detalla más información - MAPN.

Visibilidad de la Convención, del Protocolo Facultativo y de las recomendaciones generales del Comité

Respuesta al párrafo 4 de la lista de cuestiones

Consejo Superior de la Magistratura – CSM

En el marco del proyecto “Transparencia, accesibilidad y educación jurídica mediante la mejora de la comunicación pública en el sistema judicial”, centrado en aumentar la transparencia y la accesibilidad de los servicios prestados por el poder judicial, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

•creación de material audiovisual sobre instituciones jurídicas de interés, incluida la orden de protección, que se publicó en el sitio web y se utilizó en la campaña de información;

•elaboración y distribución, tanto en formato físico como en línea, de un paquete informativo sobre los derechos de los grupos vulnerables, con secciones dedicadas a la asistencia jurídica gratuita, la discriminación, la discapacidad y la violencia doméstica;

•Integración de recursos informativos sobre el poder judicial en el sitio web https://justitiepentruoameni.ro/, que se utilizó como parte de la campaña durante 2022-2023.

En relación con el proyecto predefinido “Formación profesional y desarrollo de capacidades en el sistema judicial”, el CSM llevó a cabo actividades para mejorar el acceso a la justicia, especialmente de los grupos vulnerables. En este contexto, entre 2022 y 2024, se organizaron nueve talleres y dos conferencias sobre el acceso a la justicia para la población romaní y los grupos vulnerables, con la participación de profesionales de la judicatura, expertos romaníes locales y profesionales que interactúan con los grupos destinatarios. Estas sesiones facilitaron la difusión de información sobre los mecanismos de asistencia jurídica, tanto a nivel europeo como nacional, y trataron los desafíos a los que se enfrentan las poblaciones vulnerables. Entre los principales temas debatidos figuran los siguientes:

•acceso a la justicia;

•principio de no discriminación;

•protección de las personas con discapacidad;

•protección contra la violencia doméstica.

Instituto Nacional de la Magistratura – NIM

A través de sus programas de formación profesional, tanto inicial como continua, el NIM siempre ha priorizado la capacitación de jueces y fiscales en temas clave, con el objetivo de sensibilizar sobre todas las formas de discriminación, especialmente aquellas dirigidas contra mujeres y niños, así como sobre fenómenos sociales recurrentes en la sociedad rumana, como la violencia doméstica. Este planteamiento tiene como fin facilitar la detección de las intervenciones más efectivas por parte de los órganos judiciales, promover la cooperación entre ellos, gestionar los casos de violencia doméstica desde una perspectiva centrada en la víctima y resolver las variaciones en la manera en que los tribunales y fiscales abordan estos casos, con el propósito de lograr una práctica judicial uniforme. En este contexto, el NIM organizó entre 2017 y 2023 diversos cursos de capacitación profesional continua para jueces y fiscales en los que se trataron las cuestiones planteadas por el Ministerio de Justicia en su carta, a saber:

•violencia de género contra la mujer, cuestión 10 e);

•trata y explotación de mujeres mediante la prostitución - cuestiones 11 d) y f), y cuestión 12 c).

En lo que respecta a la inclusión de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y su Protocolo Facultativo, así como de las recomendaciones generales del Comité en los programas de formación de jueces y fiscales, cabe señalar que la promoción de los principios contenidos en estos documentos se garantiza mediante su incorporación como referencias normativas europeas e internacionales en las actividades de capacitación profesional continua que se organizan en las esferas de interés que se mencionan a continuación.

Acceso a la justicia

Respuesta al párrafo 5 a) de la lista de cuestiones

Ministerio del Interior – MAI

La Agencia Nacional contra la Trata de Personas (ANITP), en colaboración con otras entidades públicas clave en la lucha contra la trata, como la Inspección General de la Policía Rumana (IGPR), la Dirección de Investigación de la Delincuencia Organizada y el Terrorismo (DIICOT), la Inspección General de la Policía de Fronteras (IGPF), la Inspección General para Situaciones de Emergencia (IGJR) y la Inspección General de Inmigración (IGI), ha puesto en marcha un programa de coordinación para apoyar a las víctimas en las actuaciones penales. Este programa ofrece un marco integral para brindar apoyo e información a las víctimas sobre sus derechos y obligaciones a lo largo de los procedimientos penales.

Ministerio Público

En el sitio web oficial del Ministerio Público, en la sección “Derechos de las víctimas de delitos¨, se ofrece información sobre legislación nacional e internacional relacionada con la violencia sexual y doméstica, datos estadísticos sobre las víctimas de violencia doméstica, un paquete informativo sobre los derechos de los grupos vulnerables, orientación teórica y práctica sobre el delito de violación con un enfoque centrado en las víctimas menores de edad, e información detallada sobre los derechos de las víctimas.

RIHR

El RIHR promueve la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y su Protocolo Facultativo a través de sus actividades, que abarcan la investigación, la defensa y la sensibilización. Como asociado del proyecto “Rule of Law for Lawyers (ROLL)”, el RIHR colabora con la CIJ-EI para fortalecer la independencia judicial y apoyar los derechos fundamentales, a través de la formación de abogados y organizaciones de la sociedad civil (OSC) en litigios estratégicos en ocho países europeos. Esta iniciativa fomenta las mejores prácticas en materia de derechos humanos y estado de derecho. El RIHR también recibe y gestiona solicitudes de ciudadanos, especialmente de representantes de grupos vulnerables (niños, mujeres, personas detenidas, personas con discapacidad, migrantes), que buscan soluciones a través de las autoridades públicas en ámbitos como el acceso a la atención sanitaria, la dignidad, la educación y la protección contra la violencia. En línea con los ODS 2030, el RIHR inició en 2022 la clasificación de las solicitudes por temas relacionados con los ODS, con el objetivo de supervisar el avance a nivel nacional y destacar los desafíos que dificultan la consecución de la agenda. Las áreas clave abarcan la reducción de la pobreza, la salud, la igualdad de género, el acceso al agua limpia, el trabajo digno, la reducción de las desigualdades y la acción climática. Además, el RIHR imparte educación en derechos humanos. En colaboración con la Casa Didáctica “Grigore Tăbăcaru”, el RIHR organizó un curso sobre los derechos de los menores en el proceso judicial, al que asistieron 815 estudiantes y 57 profesores, que contribuyó al fortalecimiento de los conocimientos de los jóvenes sobre justicia y derechos humanos.

Respuesta al párrafo 5 b) de la lista de cuestiones

Ministerio del Interior - MAI

En lo que respecta a la participación de las víctimas en las actuaciones penales, se les puede escuchar en salas separadas, por medio de videoconferencia o utilizando grabaciones de vídeo realizadas durante la fase de investigación penal. Las mujeres víctimas de la trata de personas, así como las que corren un alto riesgo de serlo, reciben protección y asistencia social específicas.

Respuesta al párrafo 5 c) de la lista de cuestiones

Ministerio del Interior - MAI

Se ofrece asistencia jurídica gratuita a las víctimas de trata de personas conforme a la Ley núm. 211/2004, que establece medidas específicas para la protección de las víctimas de delitos. Además, la asistencia letrada obligatoria para las víctimas de trata de personas está contemplada en los artículos 43 y 44 de la Ley núm. 678/2001, que establece disposiciones sobre la prevención y lucha contra la trata de personas.

Ministerio Público

Dentro del proyecto “Protección de las víctimas de delitos”, el objetivo específico era reforzar la protección de las víctimas, con un enfoque particular en los niños, las víctimas de delitos de odio y la población romaní. Uno de los resultados esperados del proyecto era mejorar la respuesta frente a los delitos motivados por el odio, así como los mecanismos de protección y asistencia para las víctimas de dichos delitos. Para alcanzar este resultado, se crearon diversos productos dentro del proyecto, entre ellos una guía sobre la identificación, investigación y persecución de los delitos motivados por el odio. Esta herramienta ofrece un enfoque estructurado y estandarizado para mejorar la persecución de los delitos de odio, facilitando la identificación de las condiciones necesarias para su investigación y asegurando, al mismo tiempo, el apoyo y la protección adecuados a las víctimas de dichos delitos. Con el fin de alcanzar el mismo resultado, el proyecto también llevó a cabo una serie de actividades formativas centradas en la lucha contra los delitos motivados por el odio. De este modo, se elaboraron el concepto y el plan de estudios para la formación de formadores, logrando los siguientes resultados: 15 nuevos formadores capacitados en la temática de delitos motivados por el odio; 107 fiscales, policías y suboficiales, ONG y otros profesionales formados en delitos motivados por el odio. Se trataron temas como las normativas aplicables, las necesidades particulares de las víctimas de delitos motivados por el odio, incluidas las de la comunidad romaní, la mejora de las capacidades investigativas, el fortalecimiento de la comunicación con las víctimas y la optimización de la cooperación interinstitucional.

ANPDPD

Uno de los objetivos específicos de la Estrategia Nacional es mejorar la capacidad de las personas con discapacidad para tomar decisiones. Cualquier forma de privar a una persona con discapacidad de su capacidad jurídica mediante la instauración de una tutela constituye una violación de sus derechos fundamentales. Las estimaciones, basadas en la información proporcionada por los Servicios de la Autoridad Tutelar, indican un incremento en el número de personas sujetas a esta restricción; en 2019, eran 4.000. Las mujeres constituyen un poco más de la mitad, mientras que las personas de 65 años o más representan el 46 %, con una presencia significativa también en los grupos de edad de 18 a 34 años y de 35 a 49 años. El 95 % de las personas sometidas a esta privación tienen alguna discapacidad reconocida. La gran mayoría tiene un certificado de discapacidad grave (84 %), mientras que también se incluyen personas con un grado acentuado (14 %) y, en menor medida, con grados medio y leve. En cuanto al tipo de discapacidad de las personas clasificadas como personas con discapacidad, la mayoría presenta discapacidad psíquica (44 %) y mental (37 %). También se incluyen personas con discapacidad física, somática, visual o sordoceguera (http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/11 /Diagnosis-of-the-situation-of-people-with-disabilities-in-Romania.pdf).

Respuesta al párrafo 5 d) de la lista de cuestiones

MAI

La formación de los agentes de las fuerzas del orden en métodos de investigación sensibles se lleva a cabo en dos etapas: una inicial y otra continua. El proceso se centra en aspectos como ofrecer apoyo emocional durante los procedimientos de audiencia específicos, adaptar las intervenciones y los procedimientos a las características particulares de las víctimas y mantener una comunicación constante tanto con las víctimas como con las autoridades competentes responsables. Si el especialista de la ANITP observa cambios de comportamiento en la víctima, puede proponer interrumpir o reprogramar la sesión de audiencia.

Ministerio Público

En 2021, en el marco del análisis de los documentos estratégicos nacionales (estrategias nacionales) y de los informes de las instituciones de la UE y las estructuras del Consejo de Europa sobre el respeto a los derechos de las víctimas de delitos, especialmente aquellas víctimas de violencia doméstica y abusos sexuales, se recomendó a las fiscalías subordinadas y a la IGPR que los fiscales prestaran mayor atención al cumplimiento de la obligación de información establecida en el artículo 4 de la Ley núm. 211/2004, que regula diversas medidas para garantizar la información, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, en su versión modificada. A este respecto, se destacaron ante las fiscalías varias deficiencias en la labor de los órganos encargados del enjuiciamiento, especialmente a nivel de los cuerpos policiales, en lo que respecta a la información proporcionada a las víctimas de delitos sobre sus derechos. Esto fue particularmente relevante en el caso de las víctimas de violencia doméstica y violencia sexual. Al supervisar el desarrollo de los procedimientos penales, los fiscales deben verificar que las autoridades encargadas de la investigación penal cumplan adecuadamente con su obligación de informar a las víctimas sobre sus derechos (incluido el derecho a solicitar una indemnización por daños físicos y psicológicos) y las medidas de apoyo y protección disponibles. Esto es fundamental para evitar que el cumplimiento sea meramente formal y garantizar que el derecho de la víctima a recibir esta información no se convierta en algo ilusorio o teórico. Por lo tanto, se ha subrayado la necesidad de mejorar la respuesta institucional y asegurar una aplicación efectiva de la legislación en relación con las medidas integradas para la protección de estos grupos vulnerables. En otro orden de cosas, con el fin de erradicar el sesgo de género en la policía y la judicatura, así como para garantizar la integración de una perspectiva de género en la investigación y el enjuiciamiento de los casos de violencia contra las mujeres, en 2022 se elaboró y distribuyó entre las fiscalías una guía teórica y práctica sobre el delito de violación, que se ha convertido en una referencia clave para el enjuiciamiento de los delitos sexuales. Este material ha sido desarrollado con el objetivo de hacer más eficaces las investigaciones penales en casos de delitos sexuales, mejorar la calidad de los procedimientos y cumplir con los requisitos del TEDH, entre otros fines. Además, busca eliminar el sesgo de género en la policía y la judicatura y garantizar que la investigación y el enjuiciamiento de los casos de violencia contra las mujeres se realicen desde una perspectiva que sea sensible al género.

Mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer

Respuesta al párrafo 6 a) de la lista de cuestiones

La ANES depende del MFTES. La capacidad institucional de la ANES se fortaleció en 2022 con la asignación de 5 puestos adicionales y la inclusión del Comité Interministerial para la Prevención y la Lucha contra la Violencia Doméstica en el organigrama de la institución. La Comisión Nacional para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (CONES), así como las Comisiones Comarcales para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (COJES), aumentaron su actividad en los últimos años. Participaron en una serie de sesiones de formación e información organizadas por la ANES y llevaron a cabo acciones de difusión de información en el territorio. La CONES se creó de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley núm. 202/2002. El Secretario de Estado de la ANES, quien es el presidente de la CONES, garantiza la coordinación de la Comisión. La CONES está compuesta por representantes de los ministerios y otros organismos especializados de la Administración pública central dependientes del Gobierno o de las autoridades administrativas autónomas, así como de organizaciones sindicales y asociaciones empresariales representativas a nivel nacional. También incluye a representantes de organizaciones no gubernamentales de reconocida actividad en la materia, quienes son designados de manera consensuada por dichas entidades. El Comité Interministerial para la Prevención y la Lucha contra la Violencia Doméstica (CIPCVD) desempeña un papel consultivo en el ámbito de la prevención y la lucha contra la violencia doméstica, con el objetivo de asegurar la cohesión esencial entre todos los actores responsables y velar por la ejecución y aplicación de las complejas medidas derivadas de sus disposiciones. Además, promueve la cooperación entre las instituciones y organizaciones para hacer realidad la política pública nacional y el Plan de Gobierno en relación con la prevención y la lucha contra la violencia doméstica. Asimismo, supervisa la correcta aplicación de la legislación nacional, comunitaria e internacional en la materia. En lo que respecta a los expertos en igualdad de oportunidades, cabe destacar que, en 2023, se centralizó un total de 620 expertos y personas designadas con atribuciones en esta área, provenientes de la administración pública local y central. Con la aprobación de la Decisión núm. 627/2023 de la Autoridad Nacional de Cualificaciones, se estableció la norma ocupacional para el experto en igualdad de oportunidades. En los últimos años, la relación de Rumanía con las ONG y otros actores de la sociedad civil ha mejorado significativamente. Cabe destacar el papel fundamental que han desempeñado en la elaboración de la legislación y las estrategias al actuar como actores clave en la transmisión de opiniones sobre el terreno. Al mismo tiempo, dentro de los proyectos que la ANES ha desarrollado en el ámbito de la violencia doméstica y de género, se ha incluido a las ONG como socios en su ejecución. En el anexo del informe se detalla más información sobre los proyectos ejecutados por la ANES junto con las ONG. Además, las ONG de mujeres participaron en el diseño de los proyectos “Apoyo a la aplicación del Convenio de Estambul en Rumanía” y el proyecto VENUS, destinados a combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. La ANES ha firmado protocolos de colaboración con diversas ONG activas en el ámbito de la violencia contra las mujeres y la igualdad de género. También participan en mecanismos institucionales nacionales de cooperación, como el CIPCVD y la CONES. Además, en la actualidad, la ANES ejecuta una serie de proyectos en colaboración con ONG pertinentes en el ámbito:

•el proyecto -VERA Cambio positivo a través de la acción integrada en tiempos difíciles;

•VioGen RoJust.

Entre 2023 y 2024, se llevaron a cabo varios talleres con representantes de ONG para identificar y priorizar los principales problemas en el terreno y desarrollar conjuntamente soluciones adecuadas. La Ley de Asistencia Social núm. 292/2011 se modificó en 2024 y estipula la financiación de los servicios sociales como una medida de asistencia social, otorgada por los proveedores públicos y privados de servicios sociales, de acuerdo con la ley.

Respuesta al párrafo 6 b) de la lista de cuestiones

ANES

En Rumanía, la ley marco en materia de igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres es la Ley núm. 202/2002. Establece medidas para promover y aplicar el principio de igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres, así como para erradicar toda forma de discriminación por motivos de género, en todos los ámbitos de la vida social, tanto en el ámbito público como privado. Asimismo, dispone de mecanismos para sancionar el incumplimiento de sus disposiciones, lo que conlleva responsabilidad disciplinaria, material, civil, contravencional o penal, según corresponda, para los responsables. En lo que respecta a la sanción de actos de discriminación por razón de sexo, cabe destacar que la ley marco en esta materia, la Ley núm. 202/2002, regula la detección y sanción de contravenciones en caso de infracción de las normas establecidas por la legislación. Estas infracciones se supervisan y sancionan por la Inspección de Trabajo, a través de los inspectores de trabajo de las inspecciones territoriales, en el ámbito laboral, y por el CNCD en otros ámbitos.

Respuesta al párrafo 6 c) de la lista de cuestiones

ANES

Rumanía ha logrado importantes avances, aunque también ha conservado algunas vulnerabilidades señaladas en las conclusiones y recomendaciones finales emitidas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. En este contexto, el compromiso gubernamental de cumplir con las disposiciones de la Convención se reafirmó a través de la visión del Programa de Gobernanza 2020-2024. Las recomendaciones emitidas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer se integraron en las medidas y acciones contempladas en la actual estrategia nacional sobre el tema para el período 2022-2027, aprobada por la Decisión del Gobierno núm. 1547/2022. La fase de aplicación de la Estrategia se evalúa anualmente mediante informes de seguimiento elaborados por la ANES, en los que se incorporan los informes proporcionados por todas las instituciones responsables en la materia, así como por los demás actores implicados (interlocutores sociales, ONG). Todas las actividades y medidas relevantes previstas en la estrategia, como el refuerzo del marco legislativo, la ampliación de la red de servicios sociales para las víctimas de la violencia doméstica, la ejecución de proyectos con financiación no reembolsable, las campañas de información y sensibilización y la firma de acuerdos de colaboración, así como los análisis y los informes, se encuentran detalladas en el Informe de seguimiento de la fase de ejecución de la Estrategia Nacional sobre la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, así como de prevención y lucha contra la violencia doméstica, para el periodo 2018-2021.

Respuesta al párrafo 6 d) de la lista de cuestiones

ANES

En lo que respecta al principio de transversalidad, según el cual las políticas públicas y los programas que promueven y garantizan la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres se implementan mediante la colaboración de las instituciones y autoridades competentes en todos los niveles de la vida pública, es importante destacar que a nivel nacional se fortalecieron las relaciones interinstitucionales y la cooperación con los interlocutores sociales, las ONG y la sociedad civil. La ANES asegura la cohesión de todas las instituciones con competencias en la prevención y lucha contra la violencia doméstica a través de la coordinación del CIPCVD, un mecanismo interinstitucional establecido en 2016 por iniciativa de la ANES, mediante un Memorando Gubernativo. Desde la perspectiva de la ratificación del Convenio de Estambul, esta medida buscaba establecer una plataforma de diálogo interinstitucional participativa y abierta, que facilitara la comunicación y mejorara la colaboración entre todos los actores responsables para determinar las soluciones más efectivas sobre el terreno. El comité, presidido por el Secretario de Estado de la ANES, está compuesto por representantes del Ministerio de Trabajo y Servicios Sociales (MMSS), el Ministerio del Interior (MAI), el Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE), el Ministerio de Educación (ME), el Ministerio de Salud (MH), el Ministerio de Fomento, Obras Públicas y Administración, el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público. Además, en términos de fortalecimiento institucional, cabe destacar que en 2023, a través de un proyecto europeo, se creó el Mecanismo de Triálogo. Con ello, se busca iniciar y agilizar la comunicación y colaboración entre los tres importantes mecanismos interinstitucionales con competencias en materia de igualdad de género: el CIPCVD, la CONES y las COJES) con el objetivo principal de fortalecer la rendición de cuentas de las autoridades en el proceso de aplicación de las decisiones y recomendaciones del país en cuanto a igualdad de género y empoderamiento de la mujer. El CIPCVD se introdujo en el organigrama de la ANES. En los últimos años, la CONES y las COJES han intensificado su actividad; han participado en una serie de sesiones de formación e información organizadas por la ANES y han llevado a cabo acciones de difusión de información en el territorio.

Institución nacional de derechos humanos

Respuesta al párrafo 7 de la lista de cuestiones

El RIHR es una de las cuatro instituciones de derechos humanos de Rumanía. El Instituto es miembro asociado de la Red Europea de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, la Asociación de Comisiones Francófonas de Derechos Humanos, el Instituto Europeo de Derecho con sede en Bruselas y el Instituto Internacional de Derecho de Expresión e Inspiración Francesa. La Comisión Europea, en su Informe 2022 sobre el Estado de Derecho, instó a Rumanía a continuar sus esfuerzos en la creación de una Institución Nacional de Derechos Humanos que esté en total conformidad con los Principios de París de las Naciones Unidas. Respecto al marco legislativo y la situación del Instituto Rumano de Derechos Humanos, en 2022 no se dio continuidad, lamentablemente, a las recomendaciones emitidas por esta Comisión por parte de las autoridades estatales rumanas. No se registraron cambios ni avances respecto a la institución que garanticen la alineación del marco institucional con los Principios de París de las Naciones Unidas. El RIHR cuenta con un sólido mandato de promoción y ha abordado una amplia variedad de derechos humanos en Rumanía. El RIHR es miembro asociado no acreditado de la ENNHRI. En 2024, el RIHR y la Defensoría del Pueblo de Rumanía presentaron sus solicitudes de acreditación, tras haber firmado un memorando de cooperación. Según el artículo 6.3 del Reglamento Interno del Subcomité de Acreditación, cuando más de una institución presenta una solicitud de acreditación, se requiere cumplir con los siguientes requisitos: a) contar con el consentimiento por escrito del Gobierno, y b) haber formalizado un memorando de acuerdo entre las instituciones solicitantes. Es importante destacar que en el Sexto Informe Periódico presentado al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Gobierno de Rumanía indicó que las instituciones encargadas de los derechos humanos en el país tienen “diferentes competencias” que, aunque a primera vista podrían parecer superponerse, en realidad “se complementan”. El RIHR ha informado al Subcomité de Acreditación de Alianza Global de Instituciones de Derechos Humanos (GANHRI) sobre su mandato y la postura favorable del Gobierno tras la firma del acuerdo de colaboración con el Defensor del Pueblo. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha recibido información sobre la decisión del Subcomité durante su última sesión celebrada a principios de mayo de 2024. El Instituto llevó a cabo sus actividades siguiendo los requisitos establecidos por el Consejo de Europa mediante las Recomendaciones R (79) 16 y (97) 14, así como la Resolución (97) 11 del Comité de Ministros del Consejo de Europa. Al centrarse en las realidades concretas de cada época y etapa de la historia reciente de Rumanía, el Instituto ha mantenido siempre como objetivo la organización de un marco adecuado y la creación de mecanismos para la aplicación efectiva y la observancia de los derechos humanos, promoviendo su mejor conocimiento y la sensibilización al respecto. El RIHR ha desarrollado múltiples actividades y programas centrados en la investigación, la formación de formadores, la divulgación de información y documentación, y la publicación de estudios y trabajos científicos en el ámbito de los derechos humanos. Estas actividades, junto con las de sensibilización, pretenden profundizar y difundir el conocimiento de los derechos humanos de acuerdo con las normas y estándares internacionales en la materia; promover las normativas y mecanismos internacionales, regionales y nacionales existentes en materia de derechos humanos, así como la armonización de la legislación nacional con las normas internacionales y de la UE; desarrollar estrategias y acciones educativas en el ámbito de los derechos humanos mediante el establecimiento de asociaciones con instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales; y promover formas de abordar las cuestiones de derechos humanos en conexión directa con las diferentes situaciones reales y retos de índole social, económica, cultural y política. Actualmente, el Instituto enfrenta una considerable escasez de personal especializado, por lo que su gama de actividades de investigación se ha limitado considerablemente. Por ello, las respuestas que se presentan a continuación se limitan, en su mayoría, a las actividades de la institución. En el anexo del informe se ofrece más información sobre el papel del RIHR.

Estereotipos de género

Respuesta al párrafo 8 a) de la lista de cuestiones

ANES

En el capítulo dedicado a la educación de la Estrategia Nacional para la Promoción de la Igualdad de Género y de Trato entre Mujeres y Hombres, y para la Prevención y Lucha contra la Violencia Doméstica para el periodo 2022-2027, se delinean medidas dirigidas principalmente a prevenir y erradicar los estereotipos y sesgos de género en el sistema educativo. Las medidas se detallan en el anexo.

Instituto Rumano de Derechos Humanos

Entre 2018 y 2021, el RIHR informó al Comité de Derechos Sociales de la Unión Europea sobre los desafíos enfrentados en el ámbito educativo durante la pandemia de COVID-19, destacando que el acceso limitado a Internet y a dispositivos tecnológicos representó un obstáculo significativo para garantizar la continuidad educativa. Para abordar la exclusión en la educación, Rumanía aprobó nuevas políticas, como la Ley 198/2023, que estableció la Agencia Rumana para la Garantía de la Calidad y la Inspección en la Educación Preuniversitaria (ARACIP). Además, a partir de 2025, un Centro Nacional de Educación Inclusiva (NCIE) respaldará las iniciativas de educación inclusiva. En 2024, el Ministerio de Educación presentó un Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Escolar, destinado a promover entornos de aprendizaje seguros. La educación en derechos humanos se ha integrado en los planes de estudios preuniversitarios de Rumanía, con propuestas para su ampliación en el área de las ciencias sociales. El RIHR también colaboró en el proyecto “Unidos en la diversidad. NO a la discriminación”, mediante el desarrollo formación para docentes sobre igualdad y diversidad y la creación de una guía sobre los derechos de las minorías para promover la inclusión y combatir la xenofobia. A pesar de la Orden núm. 6134/2016 que prohíbe la segregación, el abandono escolar y la segregación siguen siendo retos para los estudiantes romaníes. Los esfuerzos nacionales para contrarrestar estos problemas incluyen la Estrategia del Gobierno 2022 y la Ley 2/2021 contra el antigitanismo. El Punto Nacional de Contacto para los Romaníes (PNCR) supervisa la aplicación de la estrategia y los informes de progreso.

Respuesta al párrafo 8 b) de la lista de cuestiones

ANES

Desde la perspectiva de las políticas públicas, la ANES ha desarrollado y puesto en práctica una serie de estrategias nacionales para fortalecer los esfuerzos legislativos conjuntos realizados en los últimos 20 años. La Estrategia Nacional de Promoción de la Igualdad de Género y de Prevención y Lucha contra la Violencia Doméstica 2018-2021 incluía medidas para eliminar los estereotipos discriminatorios relacionados con las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y la sociedad, así como para promover la igualdad de género. Estas medidas pueden consultarse en [https://anes.gov.ro/egalitatea-de-sanse-intre-femei-si-barbati/](https://anes.gov.ro/egalitatea-de-sanse-intre-femei-si-barbati/). Actualmente, está en vigor la Estrategia Nacional para el período 2022-2027, aprobada por la Decisión del Gobierno núm. 1547/2022. La estrategia asegura el cumplimiento de condiciones favorables en materia de igualdad de género desde la perspectiva de la programación de los fondos europeos para el periodo 2022-2027. Las medidas propuestas en la nueva estrategia nacional, que respetan el principio de transversalidad, figuran en el plan operativo. De acuerdo con los principales pilares de la nueva Estrategia Nacional, los objetivos estratégicos propuestos para el Plan Nacional de Empoderamiento Económico y Político de la Mujer en Rumanía son los siguientes:

•introducir la perspectiva de género en las políticas del mercado laboral, incluidas aquellas financiadas por los Fondos Estructurales de la UE;

•mejorar el equilibrio entre la vida profesional y personal, e identificar y reforzar los componentes de la economía del cuidado en Rumanía;

•aumentar la participación de las mujeres en la toma de decisiones en las esferas económica y política, con el objetivo de alcanzar la paridad;

•reducir la violencia de género en el mundo laboral.

Asimismo, Rumanía se encuentra en proceso de armonizar su legislación nacional con las disposiciones de la Directiva (UE) 2022/2381 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de noviembre de 2022, relativa a la consolidación del equilibrio de género entre los administradores de sociedades cotizadas y medidas conexas.

MAI

A nivel del MAI, se han desarrollado numerosas campañas de información para prevenir la discriminación, como el proyecto “¡No a la discriminación!”. El objetivo de este proyecto es concienciar tanto a los agentes de policía como a otras categorías sociales sobre la prevención de la discriminación y los delitos motivados por el odio, así como fomentar comportamientos no discriminatorios. En el marco del proyecto se han llevado a cabo varias actividades, como talleres informativos organizados en colaboración con la Asociación E-Romnja. Estos talleres se centraron en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y niñas romaníes, la prevención de la discriminación y la promoción de la igualdad de género. Entre los participantes se encontraban agentes de policía de diversas estructuras, como las de prevención, orden público y seguridad escolar. También se organizaron sesiones informativas con alumnos de la Escuela de Agentes de Policía “Vasile Lascăr de Câmpina, en colaboración con el Consejo Nacional de Lucha contra la Discriminación y el Centro Nacional de Cultura Romaní Kher. Se abordaron temas como los estereotipos, los prejuicios, la discriminación y los delitos motivados por el odio. El 10 de enero de 2024, la IGJR elaboró una guía sobre prevención y lucha contra el acoso sexual y el acoso moral en el lugar de trabajo. Esta guía constituye una herramienta clave para promover un entorno de trabajo seguro y libre de discriminación para todos los empleados de la Inspección General de Gendarmería. Con estas iniciativas se busca fomentar una cultura de igualdad, prevenir la discriminación y la violencia doméstica, y sensibilizar tanto a la comunidad como a los especialistas involucrados sobre estas cuestiones.

Respuesta al párrafo 8 c) de la lista de cuestiones

Consejo Nacional de Medios Audiovisuales – NAC

Según los principios reguladores de la Ley Audiovisual núm. 504/2002, con sus posteriores enmiendas y modificaciones, establecidos en el artículo 40, “se prohíbe la emisión de programas que contengan cualquier forma de incitación al odio por motivos de raza, religión, nacionalidad, sexo u orientación sexual”. De conformidad con el artículo 10, párrafo 4, de la citada Ley, el Consejo ejerce su derecho a controlar el contenido de los programas ofrecidos por los prestadores de servicios de comunicación audiovisual únicamente después de la transmisión pública de dichos programas. El Parlamento rumano modificó la Ley Audiovisual núm. 504/2002 mediante la Ley núm. 52/2019, introduciendo el capítulo III5, que aborda la protección de las víctimas de la violencia doméstica. Las medidas legislativas adoptadas por el NAC, basadas en la Ley Audiovisual y a través de la legislación secundaria (la Decisión del NAC núm. 220/2011 relativa al Código de Regulación del Contenido Audiovisual), tienen como objetivo reforzar la protección de la dignidad humana y de los menores frente a contenidos audiovisuales que puedan tener un efecto potencialmente perjudicial para su desarrollo físico, mental o moral. A tal efecto, se mencionan en el anexo las modificaciones introducidas en el Código Audiovisual por la Decisión núm. 63/2017 del NAC. También cabe señalar que, en relación con los contenidos en línea, en 2022 se incorporaron en la Ley Audiovisual una serie de disposiciones aplicables a los servicios de plataformas de intercambio de vídeos, de las cuales las relacionadas con los temas de violencia son especialmente relevantes para este informe. En el anexo se ofrece más información.

Prácticas nocivas

Respuesta al párrafo 9 de la lista de cuestiones

Ministerio Público

Este delito no está tipificado actualmente en la legislación penal nacional. Por lo tanto, dado que se trata de un ámbito de las relaciones sociales que no está protegido de manera explícita por las disposiciones sustantivas del derecho penal, el Ministerio Público no tiene competencia para elaborar dicho estudio, conforme a las disposiciones de la Ley núm. 304/2004 sobre la organización del poder judicial, que regula las competencias de esta autoridad. A este respecto, cabe señalar que el 7 de mayo de 2024 se adoptó la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la violencia doméstica, que obliga a todos los Estados miembros de la UE a tipificar como delito la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados. En este contexto normativo, serán necesarias medidas legislativas a nivel nacional para transponer las disposiciones establecidas por la directiva adoptada, es decir, para tipificar como delito los matrimonios forzados y los matrimonios infantiles. A la espera de la adopción de dichas normas de tipificación, se pueden utilizar a nivel nacional los mecanismos jurídicos establecidos en el Código Civil y en la Ley núm. 272/2004 sobre la protección de los derechos del niño en relación con las situaciones mencionadas. Como se desprende de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 272 del Código Civil, un menor que haya cumplido 16 años solo puede contraer matrimonio si cuenta con un certificado médico y el consentimiento del tutor legal. Se trata de una excepción a la norma establecida en el apartado 1 del artículo 272 del Código Civil, según la cual el matrimonio solo se puede celebrar si los futuros cónyuges han alcanzado los 18 años. La Ley núm. 272/2004 sobre la protección y promoción de los derechos del niño también contiene disposiciones pertinentes sobre la protección de los niños sometidos a prácticas nocivas. Según el artículo 1, apartado 2, de la Ley núm. 272/2004, “las autoridades públicas, los proveedores privados acreditados, así como las personas físicas y jurídicas responsables de la protección del niño, están obligados a respetar, promover y garantizar los derechos del niño establecidos por la Constitución y la ley, de conformidad con las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (...) y otros instrumentos internacionales pertinentes de los que Rumanía sea parte”. En relación con la situación de los niños que sufren maltrato familiar, incluidos aquellas víctimas de violencia doméstica asociada al matrimonio forzado, las disposiciones del artículo 41 de la Ley núm. 272/2004 se especifican en el anexo del informe, dentro de la contribución del Ministerio Público.

ANPDCA

La ANPDCA recopila anualmente información sobre niñas embarazadas y madres menores de edad en los informes anuales de los Equipos Intersectoriales Comarcales para prevenir y combatir la violencia contra la infancia. La información está disponible para el año 2022; para el año 2023, los informes se están centralizando. La ANPDCA comenzó a centralizar de manera sistemática la información sobre niñas embarazadas y madres menores de edad a partir de 2020, con el objetivo de obtener una visión general de los servicios que la DGASPC y los SPAS brindan a estas niñas, detectar prácticas en la materia y, en su caso, aprobar procedimientos para la colaboración entre los SPAS y la DGASPC, así como con otras instituciones relevantes para apoyar a estas niñas, incluso en el ámbito de la intervención en casos de delitos sexuales.

Los datos estadísticos se presentan en el anexo.

Los servicios prestados por los SPAS a las jóvenes embarazadas y a las madres menores de edad fueron los siguientes:

•información y asesoramiento sobre sus derechos y responsabilidades como futuros padres, apoyo en la presentación de documentos para la expedición del certificado de nacimiento, asistencia en la tramitación de solicitudes para el subsidio o prestaciones estatales para la crianza de los hijos, así como orientación sobre otras ayudas sociales disponibles;

•elaboración del plan de servicios;

•asesoramiento sobre medidas para prevenir la separación del niño de la familia; asistencia psicológica, jurídica y parental;

•acceso a servicios médicos especializados (seguimiento del embarazo, evaluaciones médicas periódicas);

•apoyo en la gestión de los trámites ante los tribunales para obtener la dispensa de edad y poder celebrar el matrimonio;

•educación sanitaria, por ejemplo: plan nacional de vacunación; identificación de las niñas embarazadas no inscritas en la consulta del médico de familia; información a las jóvenes embarazadas sobre las consecuencias de la exposición a diferentes factores de riesgo;

•seguimiento de los casos durante un periodo mínimo de 6 meses.

Violencia de género contra la mujer

Ministerio Público

La base jurídica para la recopilación y centralización de datos estadísticos a nivel del MP es la Decisión del Pleno del CSM núm. 69/2014, que aprueba los formularios estadísticos, las directrices para su cumplimentación y la nomenclatura archivística de las causas penales en las fiscalías. En cuanto a los datos estadísticos sobre delitos de odio y discriminación, la Orden del Fiscal General del Ministerio Público adscrita al Tribunal Superior de Casación y Justicia núm. 298/2017 modificó la Orden núm. 213/2014, que regula la organización y funcionamiento del sistema de información del Ministerio Público, e introdujo dos nuevos formularios estadísticos (Anexos 19 y 20). Estos formularios, en vigor desde 2018, recogen datos adicionales relacionados con los delitos de odio. Encontrará más detalles en el anexo del informe. Asimismo, el Ministerio Público utiliza formularios estadísticos para recopilar y centralizar datos sobre el delito de incitación al odio, la violencia y la discriminación, previsto en el artículo 369 del Código Penal. Sin embargo, los datos recopilados no están desglosados por criterios de discriminación. Se incluirán indicadores estadísticos detallados sobre delitos de odio y discriminación en los nuevos informes estadísticos que se generarán a partir de ECRIS V, a través de un proyecto gestionado por el Ministerio de Justicia titulado “Desarrollo y aplicación de un sistema integrado de gestión estratégica para el poder judicial SIMS-SIPOCA 55”, del cual es beneficiario el Ministerio Público, concretamente la Fiscalía adscrita al Tribunal Superior de Casación y Justicia. Los datos estadísticos sobre las víctimas de la violencia doméstica están disponibles en el sitio web del Ministerio Público. En relación con los datos estadísticos sobre órdenes de protección y órdenes provisionales de protección, la Orden núm. 20, de 29 de enero de 2020, del Fiscal General del Ministerio Fiscal adscrito al Tribunal Superior de Casación y Justicia, que modifica y complementa la Orden núm. 213/2014, de 15 de julio de 2014, sobre la organización y funcionamiento del sistema de información del Ministerio Fiscal, introdujo el Anexo núm. 21, titulado “Situación estadística de las órdenes provisionales de protección remitidas por los órganos policiales para su confirmación en aplicación del artículo 227(1) de la Ley núm. 217/2003, de prevención y lucha contra la violencia doméstica” (actual artículo 34(1) tras su renumeración).

Respuesta al párrafo 10 a) de la lista de cuestiones

ANES

En los últimos años, Rumanía se ha embarcado en una ambiciosa y exhaustiva reforma de la legislación sobre violencia doméstica y ha tomado medidas constantes para garantizar la aplicación de las disposiciones del Convenio de Estambul, lo que se ha consolidado como una de las principales prioridades del Gobierno rumano. Desde la perspectiva de la normativa establecida en la Ley núm. 217/2003 sobre prevención y lucha contra la violencia doméstica, el Informe GREVIO sobre la aplicación del Convenio de Estambul en Rumanía destaca un avance significativo. En este sentido, en 2023, por iniciativa de la ANES, se constituyó el Grupo de Trabajo para la consolidación del marco jurídico en la materia, integrado por todos los ministerios e instituciones centrales y de la administración pública local pertinentes, así como por representantes de organizaciones no gubernamentales activas en el ámbito, miembros del mundo académico y reputados especialistas jurídicos. Según la Decisión núm. 69/2022, en 2023 se aprobaron kits de supervisión de infraestructuras de hardware y software que son operativos en el municipio de Bucarest y en tres condados (Iași, Mureș y Vrancea), y se aplicaron 468 dispositivos de supervisión como parte del proyecto piloto. Otros documentos jurídicos pertinentes: Decisión del Gobierno núm. 426/2020, Decisión núm. 1253/2022; Orden núm. 20840/2022, gestión de casos para el agresor (Orden núm. 20841/2022), procedimiento unitario de recogida de datos, metodología de intervención para los Centros de Intervención en situaciones de violencia sexual, medidas de prevención de la violencia doméstica (Orden núm. 20266/2023). Mediante la Ley núm. 253/2022, que modifica y complementa la Ley de Vivienda núm. 114/1996, se estableció la prioridad para las víctimas de violencia doméstica en el acceso a la vivienda social. Rumanía está en proceso de armonización de su legislación interna con las disposiciones de la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y que sustituye la Decisión Marco 2001/220/JAI del Consejo, en lo que respecta a la necesidad de prestar servicios especializados a las víctimas de violencia de género, incluidas las víctimas de violencia sexual, y crea el marco adecuado para su aplicación. Un paso importante del Gobierno rumano fue la puesta en marcha del proyecto “VENUS - ¡Juntos por una vida segura y de calidad!” , a través del cual 4021 personas recibieron servicios integrados con el fin de garantizar la transición a una vida independiente y la reintegración socioprofesional. Se creó y desarrolló una red nacional innovadora e integrada de 42 refugios protegidos para víctimas de violencia doméstica (uno en cada condado), junto con 84 servicios complementarios: 42 grupos de apoyo que proporcionan asistencia psicológica específica y programas de desarrollo personal, y 42 oficinas de orientación profesional que brindan servicios de orientación y apoyo para buscar un nuevo empleo, con el objetivo de superar situaciones de crisis y lograr la reintegración profesional. En el marco del proyecto “Apoyo a la aplicación del Convenio de Estambul en Rumanía”, se crearon, equiparon y pusieron en funcionamiento 10 centros regionales de intervención para víctimas de violencia sexual, a través de los cuales se brindan servicios especializados de atención y asesoramiento a las víctimas, como el suministro de kits de toma de muestras biológicas y 8 centros de asistencia al agresor. El centro de intervención para víctimas de violencia sexual está destinado a todas las víctimas, sin discriminación, y los servicios ofrecidos son gratuitos. En el marco del proyecto VioGen, la ANES ha organizado sesiones de formación específicas sobre la integración de la perspectiva de género en la investigación y el enjuiciamiento de los casos de violencia contra las mujeres, y ha desarrollado y puesto a prueba 2 mecanismos: 1. una red de auxiliares de apoyo a las víctimas de violencia doméstica, violencia sexual y violencia contra las mujeres; y 2. una red de expertos que pueda facilitar a los tribunales la formulación de puntos de vista en materia de no discriminación de la mujer y evitar su victimización/revictimización. Estos mecanismos son una novedad en nuestro país y buscan proporcionar conocimientos especializados en el ámbito de la no discriminación de la mujer y la prevención de su victimización/revictimización, para así contribuir al empoderamiento de las mujeres en situaciones de crisis. El proyecto VERA - Cambio positivo a través de la acción integrada en tiempos difíciles, lo ejecuta la ANES como promotor, en asociación con un consorcio de ONG que participan en su ejecución. El objetivo general del proyecto es mejorar y adaptar la capacidad de respuesta de las autoridades públicas centrales y locales para prestar un apoyo más adecuado y efectivo a las víctimas de la violencia doméstica y de género. Asimismo, en el marco del Pilar II (Violencia doméstica y contra las mujeres) de la Estrategia Nacional en materia de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres y de prevención y lucha contra la violencia doméstica para el periodo 2022-2027, se incluyen acciones y medidas en esferas prioritarias, tal como se detalla en el anexo del informe dentro de la contribución de la ANES. La estrategia nacional de prevención y lucha contra la violencia sexual “SYNERGY” 2021-2030 aprobada por Decisión del Gobierno núm. 592/2021, desarrollada y supervisada a nivel del MFTES a través de la ANES, incluye medidas dirigidas a reducir los casos de violencia sexual y prevenir la reincidencia, en general, a través de acciones de asesoramiento a niños, niñas y mujeres, así como a través de otras medidas de apoyo y mejora de la intervención de los profesionales. En Rumanía, la violencia sexual contra las mujeres, incluidos los casos en los que esta forma de violencia ocurre en el ámbito familiar, está regulada y reconocida legalmente como una forma de violencia de género y discriminación contra las mujeres, así como un delito en el Código Penal. Además de las disposiciones legales vigentes en el ámbito penal, la aprobación de la estrategia “SYNERGY” 2021-2030 ha establecido medidas de prevención y protección, así como la creación de servicios especializados para las víctimas de violencia sexual. Estas acciones se centran en áreas estratégicas detalladas en el anexo del informe.

Respuesta al párrafo 10 b) de la lista de cuestiones

ANES

Desde que Rumanía ratificó el Convenio de Estambul a través de la Ley núm. 30/2016, la ANES ha adoptado medidas y emprendido acciones para garantizar la mejor protección posible a las víctimas de violencia doméstica, mediante la creación y puesta en funcionamiento de mecanismos interinstitucionales y el desarrollo de un paquete legislativo integral. Entre las normativas y medidas especialmente importantes para las víctimas de la violencia doméstica, a las que la ANES ha contribuido en los últimos años, destacamos las siguientes:

•Regulación de la orden provisional de protección (válida durante 5 días) de conformidad con el artículo 52 del Convenio de Estambul, como una forma específica de protección de las víctimas en situaciones de peligro inminente.

Ampliación de la categoría de personas consideradas miembros de la familia, más allá de los límites del matrimonio o la residencia común. Regulación y ampliación del alcance de los servicios sociales para las víctimas de violencia doméstica, incluyendo: la línea telefónica nacional de emergencia para víctimas de violencia doméstica (0800 500 333, artículo 24 del Convenio), la creación y desarrollo de una red nacional de 42 centros de acogida protegidos y 84 servicios complementarios, la creación de 10 centros de intervención en violencia sexual (artículo 25) y la creación de 10 centros de asistencia para agresores. Formación de equipos móviles a nivel local para intervenciones de emergencia y derivación a los servicios sociales adecuados. Regulación de los sistemas de vigilancia electrónica tanto para la orden provisional de protección como para la orden de protección. Formación continua para todas las categorías de profesionales (policías, trabajadores sociales, jueces y fiscales). Realización de campañas continuas para informar y sensibilizar a la opinión pública sobre la violencia doméstica y la violencia contra las mujeres, incluidas las mujeres romaníes. Desarrollo y aplicación de políticas públicas adecuadas. Regulación del sistema de vigilancia electrónica que permite verificar el cumplimiento de las obligaciones del agresor en virtud de la orden provisional de protección y de la orden de protección. En el Código Penal rumano, el delito de violación está regulado en el artículo 218. Las penas por violación varían en función de la gravedad del acto y sus consecuencias para la víctima, y oscilan generalmente entre 3 y 10 años de prisión. La pena puede aumentar si concurren ciertos agravantes, como la violación cometida contra un menor o una persona incapaz de defenderse o en circunstancias especialmente crueles. El artículo 199 del Código Penal establece una circunstancia agravante en los casos de violencia doméstica, lo que implica que, cuando la violación se comete contra un miembro de la familia, la pena impuesta puede ser más severa. El artículo 199, párrafo 1, estipula que los actos de violencia (incluida la violación) cometidos contra un miembro de la familia se castigan con una pena aumentada en un tercio del límite establecido por la ley para ese delito. Cuando la violación se comete contra un miembro de la familia (como el cónyuge), no solo se tipifica como violación conforme al artículo 218, sino que también se considera legalmente más grave debido a la agravante establecida en el artículo 199. Así, la comisión del delito de violación en el seno de la familia (por ejemplo, la violación conyugal) se castiga con mayor severidad, lo que refleja la gravedad del delito y la mayor vulnerabilidad de la víctima. Este aumento de un tercio de la pena tiene por objeto disuadir de tales actos en el contexto familiar, teniendo en cuenta que se espera que las relaciones familiares proporcionen seguridad y protección mutuas, y que el abuso de estas relaciones se considera una circunstancia especialmente grave. Con esta norma, el Código Penal rumano pretende ofrecer un mayor grado de protección a las personas que mantienen relaciones familiares y sancionar con mayor severidad los delitos cometidos en un entorno donde debe prevalecer la confianza y el apoyo mutuo.

Respuesta al párrafo 10 c) de la lista de cuestiones

ANES

Para cumplir los compromisos asumidos por el Estado rumano en relación con la armonización del marco jurídico interno con las disposiciones del Convenio de Estambul, la ANES, en consulta con expertos jurídicos, representantes de los ministerios competentes y de la sociedad civil, ha elaborado un complejo paquete legislativo que incluye actos normativos primarios, secundarios y terciarios: la Ley núm. 174/2018, que por primera vez en Rumanía introdujo la orden de protección provisional y las condiciones para su emisión (artículo 52 del Convenio de Estambul). La orden de protección provisional representa el pilar central de la Ley 174/2018 y constituye una medida de protección inmediata, distinta de la orden de protección, que está regulada por ley desde 2012. La orden de protección provisional es un instrumento administrativo que permite al agente de policía intervenir de manera rápida para garantizar la protección de la víctima y expulsar de inmediato al agresor del domicilio en situaciones de peligro inminente para la salud y la seguridad de la víctima de violencia doméstica. La Ley núm. 178/2018, introdujo el concepto de “violencia de género”, de conformidad con el artículo 3.d) del Convenio de Estambul. También establece la posibilidad de que las entidades del sector público y privado con más de 50 empleados cuenten en su plantilla con un experto en igualdad de oportunidades o un técnico en igualdad de oportunidades. Las otras medidas se mencionan arriba en la respuesta del punto b. Estas disposiciones se aplican tanto a los matrimonios como a las uniones de hecho. A partir de mayo de 2023, con el objetivo de seguir armonizando la legislación nacional con las disposiciones del Convenio de Estambul y en respuesta a las recomendaciones del GREVIO en su informe del país, se creó un Grupo de Trabajo en la ANES para cumplir los compromisos asumidos por el Estado rumano al ratificar el Convenio.

El objetivo de este grupo de trabajo es iniciar y analizar propuestas de modificación de la Ley núm. 217/2003, así como de la Orden núm. 146/2578/2018, relacionada con la gestión de los casos de violencia doméstica por parte de los agentes de policía. El proceso de modificación/revisión de la Ley núm. 217/2003 de prevención y lucha contra la violencia doméstica, actualmente en curso, trata los siguientes aspectos pertinentes:

•regular otros tipos de violencia contra las mujeres;

•introducir una perspectiva de género en la prestación de servicios sociales y servicios especializados para las víctimas de la violencia doméstica;

•permitir a las autoridades de la administración pública central y local financiar un paquete de medidas de apoyo alternativas para las víctimas, conforme a sus necesidades de apoyo material individualizadas en situaciones de riesgo, y ofrecer paquetes de apoyo personalizados;

•Integrar la perspectiva de las mujeres romaníes en el diseño, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de las políticas, apoyando a las ONG que las representan y estableciendo el porcentaje de financiación de los servicios sociales públicos y privados en el ámbito de la prevención y lucha contra la violencia doméstica con cargo a los presupuestos del Estado;

•recopilar datos administrativos sobre diversas formas de violencia contra las mujeres para obtener una visión general del fenómeno;

•garantizar una formación inicial y continua, sistemática y obligatoria sobre la prevención y detección de todas las formas de violencia contra las mujeres reguladas por el Convenio de Estambul, en materia de igualdad entre mujeres y hombres, necesidades y derechos de las víctimas, y prevención de la victimización secundaria, para todos los colectivos profesionales, especialmente en las fuerzas y cuerpos de seguridad, el sector sanitario y la judicatura.

De acuerdo con las disposiciones de la Decisión del Gobierno núm. 541/2023, se ha establecido un mecanismo para la emisión, distribución y reembolso de vales para las víctimas de la violencia doméstica. La asignación de vales a las víctimas de delitos tiene como objetivo cubrir necesidades urgentes y actúa como un anticipo de la indemnización económica aprobada por la Comisión (la Comisión del tribunal correspondiente a la residencia de la víctima), conforme al artículo 30 de la Ley núm. 211/2004, relativa a las medidas para garantizar la información, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, con sus modificaciones y actualizaciones posteriores. Una víctima que haya presentado una denuncia penal puede solicitar una indemnización económica o un anticipo de esta en forma de vale para cubrir necesidades urgentes ante el tribunal de su jurisdicción. La solicitud será evaluada y resuelta por dos jueces de la Comisión encargada de la concesión de indemnizaciones económicas a las víctimas de delitos, que se encuentra establecida en cada tribunal. El importe se concede en un plazo máximo de 72 horas desde la aprobación de la solicitud.

Respuesta al párrafo 10 d) de la lista de cuestiones

Ministerio Público

Tal como establece el artículo 2 de la Ley núm. 30/2016, Rumanía formula las siguientes reservas al depositar el instrumento de ratificación:

a)De conformidad con lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 78 del Convenio, Rumanía se reserva el derecho de no aplicar o de aplicar únicamente en casos o condiciones específicos las disposiciones formuladas en:

•artículo 30 2);

•artículo 44 1) e), 3) y 4);

•artículo 55 1) en relación con el artículo 35 sobre delitos leves;

•artículo 59.

b)De conformidad con lo dispuesto los apartados 1 y 3 del artículo 78 del Convenio, Rumanía se reserva el derecho de prever sanciones no penales, en lugar de sanciones penales, para las conductas contempladas en los artículos 33 y 34. Se pueden encontrar más detalles en el anexo del informe del Ministerio Público.

Respuesta al párrafo 10 e) de la lista de cuestiones

Ministerio Público

En cuanto a la lucha contra el sesgo de género mediante programas de formación, la Fiscalía adjunta al Tribunal Superior de Casación y Justicia realiza verificaciones periódicas sobre la ejecución de la formación descentralizada en las fiscalías y recomienda incluir sentencias recientes del TEDH/TJUE en los programas de formación sobre temas de gran relevancia. En el análisis de los documentos estratégicos nacionales y de los informes de las instituciones de la UE y de las estructuras del Consejo de Europa sobre el respeto de los derechos de las víctimas de delitos, especialmente las víctimas de violencia doméstica y abusos sexuales, se ha destacado la necesidad de mejorar la respuesta institucional y asegurar la aplicación efectiva de la legislación en cuanto a medidas integradas para la protección de estas personas vulnerables. En consecuencia, se consideró que una medida inicial para abordar las deficiencias en el respeto de los derechos de las víctimas de violencia doméstica y sexual, especialmente aquellas dirigidas contra niños y mujeres, sería intensificar las sesiones de formación a nivel descentralizado. Por ello, se solicitó a las fiscalías adscritas a los tribunales de apelación, encargadas de la formación descentralizada de los fiscales, que incluyeran estos temas en sus programas de capacitación. Para mejorar la protección de los derechos de las víctimas de violencia doméstica y abusos sexuales, es fundamental incorporar en los programas de formación continua de los fiscales, a nivel descentralizado, módulos centrados en la lucha contra la violencia doméstica y de género, especialmente la violencia sexual hacia las mujeres, así como en los derechos de las víctimas y la prevención de su victimización secundaria. Estas sesiones de capacitación deben ser más extensas e involucrar al mayor número posible de fiscales encargados de tratar estos casos. Según la Orden del Fiscal General de la Fiscalía adscrita al Tribunal Superior de Casación y Justicia núm. 1481/C/2020, de fecha 03.09.2020, se dispuso la realización de una inspección temática en todas las fiscalías, con el objetivo de verificar la legalidad y el rigor de las soluciones adoptadas en 2018-2019 en los casos relacionados con el delito de incitación al odio o a la discriminación, previsto en el artículo 369 del Código Penal. El informe de inspección finalizó en enero de 2021 y se comunicó a las fiscalías. El análisis temático y la inspección tenían como objetivo verificar la manera en que se remitieron los casos a las autoridades fiscales, los métodos de investigación empleados, las medidas procesales adoptadas durante los procedimientos penales, las soluciones decididas y las justificaciones presentadas en la motivación de dichas decisiones. Se identificaron las tipologías de delitos cometidos, incluidos aquellos relacionados con criterios de discriminación o manifestaciones de odio, y se analizaron los casos en los que la discriminación hacia las mujeres se fundamentaba en motivos de género. Como modelo de buenas prácticas, se destacó el caso de la Fiscalía adscrita al Tribunal de Primera Instancia del Distrito 1 de Bucarest, que abordó la incitación al odio en el entorno en línea, manifestada a través de una expresión visual (vídeo) y un texto (letra de la canción) que promovían el odio de género contra las mujeres. El infractor, un conocido cantante e influencer, dirigió su mensaje a un gran número de personas, como lo demuestra el elevado número de visualizaciones del vídeo y las veces que se compartió. En los documentos mencionados, se hicieron varias recomendaciones a los órganos de la fiscalía, incluidas acciones como la formación adicional de los fiscales a través de la “Sesión de formación sobre no discriminación”, organizada por el CNCD en colaboración con el NIM, así como la consulta del material escrito disponible en los sitios web del TEDH, el CNCD y el NAC. Se realizó otra inspección temática en el marco de la campaña de promoción de la candidatura de Rumanía al Consejo de Derechos Humanos, enfocándose en los casos de violencia doméstica resueltos en 2020, previstos en el artículo 199 del Código Penal. Esta inspección tuvo como objetivo verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 2, 3 y 8 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, especialmente en lo que respecta a la adaptación de la investigación a las características específicas de la violencia doméstica y la realización de una investigación eficaz. La revisión incluyó el caso Buturugă c. Rumanía, en el que se constató una violación de las obligaciones positivas que incumben al Estado conforme a este Convenio. La inspección tuvo como objetivo detectar posibles deficiencias en la labor de la fiscalía que pudieran poner en duda el cumplimiento de los compromisos internacionales en cuanto al respeto y la garantía de los derechos de las mujeres, así como su protección frente a la violencia, especialmente en relación con el Convenio de Estambul. En este sentido, se destacó la importancia de las disposiciones del artículo 3 d), que definen la violencia contra las mujeres como “violencia de género”, es decir, aquella violencia dirigida contra una mujer por el hecho de ser mujer o que afecta de manera desproporcionada a las mujeres. El concepto de “género” se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos socialmente construidos que una sociedad determinada considera apropiados para las mujeres, según lo establecido en el artículo 3 c). La Fiscalía adscrita al Tribunal Superior de Casación y Justicia también ha proporcionado orientación sobre la importancia de cumplir con la obligación de informar a las víctimas en el contexto de otras inspecciones relacionadas con delitos cuyas víctimas son principalmente mujeres o con la violencia contra determinados grupos de personas vulnerables. Esto incluye el contexto de las medidas adoptadas en cumplimiento de las sentencias del TEDH en los casos MGC y EB c. Rumanía. Desde 2019, la Sección Judicial de la POAHCCJ realiza un análisis de las sentencias emitidas por el TEDH en los casos en los que Rumanía fue condenada, llevando a cabo un seguimiento de los casos en los que el Tribunal determinó que las autoridades estatales no habían realizado una investigación efectiva sobre los actos de violencia denunciados por las mujeres. Este aspecto es examinado desde la perspectiva de los artículos 3 y 8 del Convenio.

El NIM ha tomado medidas al respecto:

•En el marco del proyecto “Desarrollo institucional y formación profesional de magistrados en la gestión de casos de violencia doméstica”, coordinado por la Fiscalía del Tribunal Superior de Casación y Justicia (POAHCCJ) en colaboración con el NIM, se organizaron tres seminarios de formación de formadores para fiscales y jueces en Bucarest, con el objetivo de fortalecer la capacitación en la lucha contra la violencia doméstica. Estos seminarios se dedicaron a formar a un equipo de 13 jueces y 8 fiscales, quienes posteriormente organizaron 8 sesiones de formación continua, a las que asistieron 151 magistrados, de los cuales 73 eran jueces y 78 fiscales.

•En 2019, los días 19 y 20 de septiembre, se llevó a cabo en Bucarest un seminario titulado “Lucha contra la violencia doméstica”, financiado con fondos del presupuesto estatal, al que asistieron 18 magistrados, de los cuales 9 eran jueces y 9 fiscales.

•En el marco del proyecto “Justicia 2020: Profesionalidad e Integridad”, se organizaron entre 2020 y 2023 seminarios de dos días de duración en Bucarest, dirigidos a un total de 195 jueces y fiscales involucrados en la tramitación o el enjuiciamiento de casos de violencia doméstica. Un total de 192 magistrados (110 jueces y 82 fiscales) participaron en estas actividades.

Respuesta al párrafo 10 f) de la lista de cuestiones

ANES

En 2020, el mayor aumento en el número de servicios para las víctimas de violencia doméstica se produjo con la puesta en funcionamiento, el 3 de abril de 2020, de los servicios creados a través del proyecto POCU “VENUS - ¡Juntos por una vida segura!”, puesto en marcha por la ANES en colaboración con las DGASPC y las DAS, a nivel nacional. A través de este proyecto, se establecieron 126 servicios especializados, que incluyeron: 42 viviendas protegidas, 42 grupos de apoyo y 42 oficinas de orientación profesional, distribuidos en todos los condados del país y en el municipio de Bucarest. Además, dentro de las viviendas protegidas, se garantizan las necesidades sociales, se mejora la calidad de vida y se promueven los principios de inclusión y cohesión social, mediante la prestación de asistencia especializada a las víctimas de violencia doméstica. El periodo de acogida puede ser de hasta 12 meses, dependiendo de la complejidad del caso. Los servicios sociales prestados abarcan una amplia gama de intervenciones, en función de las necesidades de la víctima, tales como:

a)asesoramiento psicológico;

b)asesoramiento jurídico;

c)asistencia social;

d)asesoramiento profesional, orientación y formación profesional, apoyo para encontrar un nuevo empleo;

e)asistencia médica, en función de la situación de la beneficiaria al registrarse en el centro.

El proyecto predefinido “Apoyo a la aplicación del Convenio de Estambul en Rumanía”, cuyo objetivo principal era respaldar la aplicación del Convenio de Estambul en Rumanía e implícitamente reducir la violencia doméstica y la violencia contra las mujeres, se tradujo en la creación de 10 centros de intervención para víctimas de violencia sexual en 10 ciudades de Rumanía: Bucarest, Slobozia, Timișoara, Craiova, Sibiu, Brăila, Piatra-Neamț, Bacău, Constanța y Satu Mare. Además, se establecieron 8 centros de asesoramiento para agresores en 8 ciudades: Ialomița, Bacău, Dolj, Sibiu, Constanța, Timișoara, Giurgiu y Bucarest (Sector 6). A nivel nacional, existen un total de 265 servicios sociales y especializados destinados a prevenir y combatir la violencia doméstica. Actualmente, a nivel nacional, existen 171 servicios sociales destinados a víctimas de violencia doméstica y agresores, de los cuales 157 están destinados a víctimas (residenciales y de día) y 14 a agresores.

Trata y explotación de la prostitución

Respuesta al párrafo 11 a) de la lista de cuestiones

Agencia Nacional contra la Trata de Personas

La trata de personas es un fenómeno complejo y alarmante que exige una respuesta integral y coordinada por parte de las autoridades, la sociedad civil y el sector privado. Para abordar este desafío, Rumanía ha elaborado diversas estrategias y planes de acción que brindan un marco eficaz para prevenir y combatir la trata de personas. La Estrategia Nacional contra la Trata de Personas (SNITP) para el período 2018-2022 representó un hito crucial en la lucha contra este fenómeno, y estableció objetivos generales y específicos para todas las entidades involucradas. La evaluación de esta estrategia en 2023 permitió reconocer tanto los puntos fuertes como las áreas de mejora, lo que facilitó el desarrollo de una nueva visión estratégica para el período 2024-2028. La nueva estrategia pretende optimizar y priorizar las actividades realizadas para mitigar el impacto de la trata de personas a nivel nacional. La estrategia define cinco grandes líneas de actuación, centradas en la prevención, el castigo, la protección y las asociaciones. En lo que respecta a la prevención, se han realizado diversas campañas de concienciación e información, tanto en línea como en comunidades, dirigidas a los grupos vulnerables y aquellos que podrían estar en riesgo de ser víctimas de trata de personas. Estas campañas estuvieron respaldadas por una serie de acciones preventivas en instituciones educativas, centros de acogida y otras entidades que interactúan directamente con el público objetivo. Otro componente clave de la estrategia es sancionar a los traficantes y asegurar una justicia efectiva en los casos de trata de personas. Mejorar la protección y asistencia brindada a las víctimas, así como estandarizar los procesos de recopilación de datos, son también objetivos fundamentales de la estrategia.

Respuesta al párrafo 11 b) de la lista de cuestiones

MAI

Entre las personas que reciben protección temporal en Rumanía, la mayoría son mujeres y niños, que son las categorías con mayor riesgo de convertirse en víctimas de la trata de personas. Las autoridades rumanas han establecido medidas preventivas para facilitar la integración de estas personas en la sociedad, ofreciéndoles asistencia económica, acceso gratuito a la educación, servicios médicos y derecho al trabajo. Se ha establecido un mecanismo para prevenir situaciones de vulnerabilidad que puedan poner a los ciudadanos ucranianos en riesgo de ser víctimas de la trata de personas. La seguridad de los refugiados sigue siendo una prioridad para las autoridades rumanas, que han convocado reuniones nacionales con la participación de todas las instituciones interesadas, así como organizaciones internacionales y no gubernamentales, para gestionar eficazmente esta situación. Las entidades responsables en este ámbito, la ANITP y el IGI, han puesto en marcha campañas de prevención de la trata de personas, dirigidas tanto a los migrantes como a la población en general. El objetivo de estas campañas era sensibilizar sobre los riesgos de la trata de personas, así como proporcionar los recursos y conocimientos necesarios para proteger a los inmigrantes y a los grupos vulnerables. Los mensajes preventivos se han difundido a través de diversas plataformas en línea, como Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, y se han promovido mediante publicidad de pago para llegar a un público amplio y diverso. Además, las campañas se han adaptado y traducido a varios idiomas, como ucraniano, árabe, bengalí y nepalí, con el fin de garantizar que todos los residentes en Rumanía tengan acceso a la información.

ANPDCA

La ANPDCA, con el apoyo de UNICEF, adaptó la aplicación PRIMERO para el registro de niños provenientes de Ucrania. Esta herramienta incluye una sección dedicada a la evaluación inicial, que aborda aspectos vinculados a actos de violencia contra los niños, incluida la trata infantil. PRIMERO está diseñado para facilitar, en Rumanía, la identificación y el registro rápido de todos los niños que llegan desde Ucrania, prestando especial atención a los menores no acompañados y separados. En el contexto actual, el concepto de menores no acompañados y separados también incluye a aquellos que, aunque viajan con el consentimiento de sus padres, lo hacen bajo la custodia de otra familia o un cuidador. Estos niños pueden ser identificados mientras se desplazan, estén en tránsito o integrados en la población general; algunos pueden tener la intención de establecerse en el lugar de registro, mientras que otros podrían tener planes de trasladarse a Rumanía o incluso más allá de sus fronteras. El objetivo de PRIMERO es garantizar que se registre a cada niño y se remita a las autoridades de protección infantil para la gestión de su caso, o a otros servicios relevantes según su situación. También facilita su localización o seguimiento transfronterizo cuando sea necesario, con el fin de maximizar el apoyo y reducir los riesgos. Los trabajadores sociales y psicólogos de la DGASPC completan el formulario de inscripción, implementado en PRIMERO, utilizando tabletas. A 31 de diciembre de 2023, PRIMERO había identificado y registrado a 33.936 niños procedentes de Ucrania, de los cuales 17.036 eran niños y 16.900 eran niñas. No se registraron casos de violencia contra niños, incluida la trata u otras formas de abuso. En el anexo se ofrece más información.

Respuesta al párrafo 11 c) de la lista de cuestiones

ANITP

La ANITP, en colaboración con otras instituciones públicas implicadas en la lucha contra la trata de personas, como la IGPR, la DIICOT, la IGPF, la IGJR y el IGI, ha puesto en marcha un programa de coordinación de las víctimas durante el proceso penal. Este programa ofrece un marco integral para brindar apoyo e información a las víctimas sobre sus derechos y obligaciones a lo largo de los procedimientos penales. Se ofrece asistencia jurídica gratuita a las víctimas de trata de personas conforme a la Ley núm. 211/2004, que establece medidas específicas para la protección de las víctimas de delitos. Además, la asistencia letrada obligatoria para estas víctimas está contemplada en los artículos 43 y 44 de la Ley núm. 678/2001 sobre la prevención y lucha contra la trata de personas. El programa de coordinación está dirigido a todas las víctimas de trata que eligen participar en procesos penales, pero que no forman parte de programas de protección de testigos. La participación en el programa es voluntaria y tiene como objetivo brindar apoyo a las víctimas durante todo el proceso penal. Esto incluye acompañarlas en las audiencias, proporcionarles información sobre los procedimientos judiciales, ofrecerles apoyo emocional durante las vistas y mantener comunicación constante entre la víctima y las autoridades competentes. En cuanto a la lucha contra la trata de personas, los datos recopilados a nivel nacional muestran una disminución en el número de víctimas identificadas cada año. Este descenso puede atribuirse a la reconfiguración de las actividades delictivas vinculadas a la trata de personas, lo que ha conducido a una disminución de la explotación en ciertos países, especialmente en lo que respecta a la explotación laboral. Sin embargo, la explotación sexual de menores sigue siendo un problema importante en la actualidad. Un indicador clave de la magnitud del fenómeno es la tasa de victimización, que ha experimentado una disminución significativa en los últimos años. Esta disminución refleja los esfuerzos continuos para erradicar la trata de personas y garantizar la protección de las víctimas. Dentro del proyecto LUPTA, iniciado por la Organización Internacional para las Migraciones en colaboración con la ANITP y la DIICOT, se han realizado investigaciones multidisciplinarias con el objetivo de implicar a las víctimas en los procesos penales. Se ha elaborado un kit de herramientas sobre mejores prácticas centradas en la víctima en investigaciones y enjuiciamientos, con el fin de que los profesionales de la justicia incorporen planteamientos más efectivos y mejores prácticas para fortalecer la colaboración y coordinación en la lucha contra la trata de personas. Además, se han adoptado medidas para salvaguardar los datos personales de las víctimas de trata mediante la anonimización de sus nombres en los portales judiciales, a excepción de aquellos casos en los que la víctima figure como parte civil.

Respuesta al párrafo 11 d) de la lista de cuestiones

MAI

Para la formación inicial, los centros de educación postsecundaria del MAI imparten capacitación a los agentes de policía en materia de protección de los derechos humanos, lucha contra la violencia doméstica, gestión de delitos motivados por el odio y colaboración interinstitucional, entre otros. Organizan periódicamente sesiones de capacitación para estudiantes, adaptadas a las nuevas tendencias y requisitos legislativos. En cuanto a la formación profesional continua, la IGPR organiza actividades de formación que abarcan diversos aspectos de la labor policial. Entre ellos figuran programas de formación sobre prevención y lucha contra el antisemitismo, la xenofobia y los delitos que afectan a menores y personas vulnerables.

NIM

En 2017, el NIM participó como socio beneficiario sin contribución financiera en el proyecto financiado por la Unión Europea titulado “Lucha contra la trata de personas y migración en el contexto europeo”, coordinado por la Asociación Pro Refugiados de Rumanía y presentado a la Comisión Europea para su financiación. En su calidad de socio, el NIM seleccionó a magistrados expertos para el proyecto, así como a los participantes en dos conferencias: una celebrada del 10 al 12 de mayo (con la participación de 1 juez y 1 fiscal) y otra del 20 al 21 de octubre (con 3 jueces y 3 fiscales), ambas realizadas en Bucarest. En 2018, la conferencia final del proyecto se celebró el 1 de noviembre en Bucarest, con la asistencia de 3 jueces. En 2019, el NIM organizó en Bucarest, con fondos propios, un seminario sobre “Lucha contra la trata de personas” los días 18 y 19 de noviembre, al que asistieron 7 jueces y 7 fiscales, junto con 1 juez y 1 fiscal de la República de Moldova. En el marco del proyecto “Justicia 2020: Profesionalidad e Integridad”, se organizaron seis actividades de formación sobre “Lucha contra la trata de personas”, cada una con una duración de dos días, dirigidas a jueces y fiscales encargados de casos relacionados con la trata de personas. Un total de 95 magistrados (39 jueces y 56 fiscales) participaron en estas actividades. En 2023, se organizaron tres seminarios adicionales sobre este tema, en el marco del proyecto “Refuerzo de la respuesta proactiva del sistema judicial a la trata de personas en Rumanía”, organizado por International Justice Mission, con el apoyo de la Oficina para el Control y la Lucha Contra la Trata de Personas del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Estos seminarios se dirigieron a 42 jueces responsables de casos de trata de personas.

Respuesta al párrafo 11 e) de la lista de cuestiones

ANITP

La legislación rumana asegura el acceso de las víctimas de trata de personas a servicios de protección y asistencia. La Ley núm. 687/2001, sobre prevención y lucha contra la trata de personas, otorga a las víctimas de estos delitos el derecho a recibir protección y asistencia especial, que incluye apoyo físico, jurídico y social. Además, asegura la protección de la identidad y la vida privada de las víctimas, garantizando además su recuperación física, psicológica y social. Asimismo, respalda los principios y procedimientos establecidos en el Mecanismo Nacional de Identificación y Derivación de las Víctimas de la Trata, aprobado por la Decisión del Gobierno núm. 88/2023, que regula el mecanismo nacional para la identificación y derivación de las víctimas de la trata de personas. El mecanismo establece que las víctimas rumanas de la trata de personas tengan derecho a un período de recuperación y reflexión de hasta 90 días. Este tiempo les permite recuperarse, evitar la influencia de los traficantes y tomar una decisión informada sobre su cooperación con las autoridades. Durante este período, las víctimas reciben apoyo psicológico, asistencia médica y social y alojamiento; además, se les proporciona información sobre los procedimientos legales aplicables. Las víctimas tienen también derecho a recibir asistencia y apoyo durante todo el proceso penal, independientemente de su decisión de cooperar con las autoridades. La participación de las víctimas en los procesos penales se facilita mediante audiencias en salas separadas, el uso de sistemas de videoconferencia o la grabación de audiencias en vídeo durante la investigación penal. Las mujeres víctimas de la trata de personas reciben protección y asistencia social específicas. La financiación de los mecanismos de derivación adecuados se lleva a cabo mediante los presupuestos específicos de las instituciones implicadas, conforme al MNIR. Este mecanismo está diseñado para identificar y evaluar las situaciones de trata de personas, asegurando que las víctimas sean derivadas a los servicios de asistencia correspondientes. Es fundamental destacar que la inclusión de las personas en los programas de asistencia social se fundamenta en una evaluación de sus necesidades y en una decisión informada por parte de las víctimas.

Respuesta al párrafo 11 f) de la lista de cuestiones

MAI

Entre 2019 y 2023, la colaboración entre instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales y el sector privado ha sido fundamental en los esfuerzos nacionales para prevenir la trata de personas. Se llevaron a cabo más de 4.400 actividades de colaboración en el marco de asociaciones existentes, lo que pone de relieve la importante participación de estos agentes. La formación especializada ha sido un proceso continuo y dinámico, dirigido a aproximadamente 21.500 especialistas de diferentes sectores socioprofesionales. Los destinatarios de estas sesiones de formación han sido docentes, trabajadores sociales, personal médico, representantes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales involucradas en la lucha contra la trata de personas, voluntarios y otros actores clave. Además de la formación especializada, la ANITP ha organizado y participado en reuniones de equipos interinstitucionales de lucha contra la trata a escala comarcal, con un total de 250 reuniones de este tipo durante el periodo mencionado. Estas reuniones facilitaron el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a nivel local, lo que permitió obtener información pertinente sobre la evolución del fenómeno delictivo La cooperación interinstitucional se tradujo en la firma de 53 protocolos de colaboración con actores de los sectores público y privado, tales como la Asociación Justice and Care Rumanía, la Organización Save the Children - Rumanía, la Fundación Vodafone y la Compañía Nacional de Aeropuertos de Bucarest. Se elaboraron más de 100 planes de acción a nivel regional y se organizaron 158 reuniones de equipos interinstitucionales en la lucha contra la trata de personas, lo que fortaleció los esfuerzos para combatir este delito a nivel local y regional.

NIM

En 2017, el NIM participó como socio beneficiario sin contribución financiera en el proyecto financiado por la Unión Europea titulado “Lucha contra la trata de personas y migración en el contexto europeo”, coordinado por la Asociación Pro Refugiados de Rumanía y presentado a la Comisión Europea para su financiación. En su calidad de socio, el NIM seleccionó a magistrados expertos para el proyecto, así como a los participantes en dos conferencias: una celebrada del 10 al 12 de mayo (con la participación de 1 juez y 1 fiscal) y otra del 20 al 21 de octubre (con 3 jueces y 3 fiscales), ambas realizadas en Bucarest. En 2018, la conferencia final del proyecto se celebró el 1 de noviembre en Bucarest, con la asistencia de 3 jueces.

Respuesta al párrafo 12 a) de la lista de cuestiones

ANITP

En relación con la recopilación y el análisis de datos sobre la explotación de las mujeres en la prostitución, cabe destacar que el sistema estadístico abarca información sobre los delitos contemplados en la Ley núm. 217/2003 de prevención y lucha contra la violencia doméstica. Estos datos se refieren a delitos de trata de personas (artículo 210 del Código Penal), trata de menores (artículo 211 del Código Penal) y proxenetismo (artículo 213 del Código Penal). Además, el 1 de julio de 2021, la Policía rumana implementó el Registro Nacional Automatizado de Personas que han cometido delitos sexuales o han explotado a personas (y si son específicamente menores). Según la Decisión del Gobierno núm. 460/2011 sobre la organización y funcionamiento de la ANITP, una de sus responsabilidades es realizar estudios e investigaciones para evaluar la evolución del fenómeno y elaborar los informes anuales correspondientes, con el apoyo de otras estructuras del MAI y de los datos proporcionados por instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales. La ANITP, en colaboración con la IGPR, ha desarrollado y puesto en marcha el Sistema de Información para el Seguimiento y la Evaluación de las Víctimas de la Trata de Personas (SIMEV). Este sistema ha optimizado la recopilación de datos sobre la situación de las víctimas de la trata de personas, asegurando su actualización para reflejar las nuevas tendencias y los cambios en las modalidades de comisión de los delitos relacionados con la trata. De este modo, el SIMEV se ha ajustado para recopilar datos relevantes sobre la captación en línea, la explotación a través de plataformas digitales, el videochat y otros métodos de control de las víctimas. Mediante el sistema SIMEV y otras herramientas de seguimiento y evaluación, la ANITP asegura la recopilación de datos pertinentes y se adapta a los cambios en las infraestructuras y las emergentes tendencias en la comisión de delitos de trata de personas. Esto resulta fundamental para comprender con mayor profundidad el fenómeno y diseñar estrategias efectivas en la lucha contra la trata de personas.

Respuesta al párrafo 12 b) de la lista de cuestiones

Hasta ahora, en Rumania no se han adoptado medidas legislativas significativas para legalizar la prostitución, y los debates sobre este asunto han sido escasos. La prostitución sigue siendo una actividad ilegal en Rumanía, con sanciones económicas y, en ocasiones, tratada dentro del ámbito de las leyes contra la trata de personas. A lo largo de los años, se han planteado algunas propuestas informales que subrayan la necesidad de una regulación más definida de la prostitución, especialmente con el objetivo de proteger a las personas vulnerables involucradas en esta actividad.

Respuesta al párrafo 12 c) de la lista de cuestiones

NIM

El Instituto ha abordado sistemáticamente la cuestión de la discriminación de género y la protección de los derechos humanos fundamentales, así como la prevención de la revictimización de las víctimas de delitos, desde la fase inicial de la formación profesional de los auditores judiciales, y ha continuado durante las sesiones de formación profesional continua dirigidas a jueces y fiscales. De este modo, el NIM, en colaboración con el CSM, como promotor del proyecto, la Escuela Nacional de Secretarios Judiciales y la Administración de Tribunales de Noruega, llevó a cabo la ejecución del proyecto predefinido “Formación Profesional y Desarrollo de Capacidades a Nivel del Sistema Judicial” entre 2019 y 2024. Como parte de este proyecto, entre 2019 y 2024 se organizaron 19 actividades de formación sobre la “Aplicación de la jurisprudencia del TEDH”. Los seminarios se centraron en las necesidades de formación identificadas en el sistema judicial rumano, así como en la jurisprudencia reciente del TEDH, prestando especial atención a cuestiones de derechos fundamentales, como el derecho a la no discriminación. Además, en relación con la lucha contra la discriminación, el NIM mantiene una colaboración continua con el CNCD y otros socios institucionales, dentro de la cual se han organizado, de manera anual, numerosas actividades de formación centradas en la lucha contra el discurso de odio y los delitos motivados por el odio.

Respuesta al párrafo 12 d) de la lista de cuestiones

La legislación rumana asegura el acceso de las víctimas de trata de personas a servicios de protección y asistencia. La Ley núm. 687/2001, sobre prevención y lucha contra la trata de personas, otorga a las víctimas de estos delitos el derecho a recibir protección y asistencia especial, que incluye apoyo físico, jurídico y social. Además, asegura la protección de la identidad y la vida privada de las víctimas, garantizando además su recuperación física, psicológica y social. Asimismo, respalda los principios y procedimientos establecidos en el Mecanismo Nacional de Identificación y Derivación de las Víctimas de la Trata, aprobado por la Decisión del Gobierno núm. 88/2023, que regula el mecanismo nacional para la identificación y derivación de las víctimas de la trata de personas. El mecanismo establece que las víctimas rumanas de la trata de personas tengan derecho a un período de recuperación y reflexión de hasta 90 días. Este tiempo les permite recuperarse, evitar la influencia de los traficantes y tomar una decisión informada sobre su cooperación con las autoridades. Durante este período, las víctimas reciben apoyo psicológico, asistencia médica y social y alojamiento; además, se les proporciona información sobre los procedimientos legales aplicables. Las víctimas tienen también derecho a recibir asistencia y apoyo durante todo el proceso penal, independientemente de su decisión de cooperar con las autoridades. La participación de las víctimas en los procesos penales se facilita mediante audiencias en salas separadas, el uso de sistemas de videoconferencia o la grabación de audiencias en vídeo durante la investigación penal. Las mujeres víctimas de la trata de personas reciben protección y asistencia social específicas. La financiación de los mecanismos de derivación adecuados se lleva a cabo mediante los presupuestos específicos de las instituciones implicadas, conforme al MNIR. Este mecanismo está diseñado para identificar y evaluar las situaciones de trata de personas, asegurando que las víctimas sean derivadas a los servicios de asistencia correspondientes. Es fundamental destacar que la inclusión de las personas en los programas de asistencia social se fundamenta en una evaluación de sus necesidades y en una decisión informada por parte de las víctimas.

Respuesta al párrafo 12 e) de la lista de cuestiones

Respuesta 11.a).

Participación en la vida política y pública

Respuesta al párrafo 13 a) de la lista de cuestiones

ANES

En 2022, se impulsó el PL-x núm. 308/2022, un Proyecto de Ley que busca modificar y completar la Ley núm. 208/2015 sobre la elección del Senado y de la Cámara de los Diputados, así como regular la organización y funcionamiento de la Autoridad Electoral Permanente. Este proyecto fue aprobado por el Senado, aunque no completó todos los trámites necesarios para su aprobación definitiva. La mayoría de los partidos políticos en Rumanía han incorporado en sus estatutos cláusulas específicas sobre la designación de candidatos, promoviendo el equilibrio de género e incluso estableciendo cuotas que garantizan al menos un 30 % de representación de cada género en las listas de candidatos. En Rumanía, la legislación electoral contempla tanto el voto uninominal, utilizado para elegir al Presidente del país, a los diputados al Parlamento, a los presidentes de los consejos comarcales y a los alcaldes, como el voto por listas, empleado para designar a los miembros de los consejos comarcales y municipales.

Respuesta al párrafo 13 b) de la lista de cuestiones

ANES

La promoción de la participación de las mujeres en la política es una prioridad para la ANES. En este sentido, la Estrategia Nacional para la Igualdad de Género 2022-2027 plantea la continuidad de las políticas de igualdad de género aplicadas hasta la fecha, así como la difusión de los valores y principios de no discriminación por razón de género a nivel nacional, mediante medidas y acciones específicas en diversos ámbitos de intervención. Para fomentar la participación de las mujeres en puestos de toma de decisiones, la estrategia establece, en el área de intervención “Participación en la toma de decisiones”, una serie de objetivos y medidas concretas, que se desarrollan en el anexo del informe correspondiente.

Respuesta al párrafo 13 c) de la lista de cuestiones

ANES

En Rumanía, el marco normativo para garantizar un equilibrio en la participación de mujeres y hombres en el proceso de toma de decisiones y liderazgo está asegurado por la Ley 202/2002 sobre igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, reeditada. Esta ley incluye una serie de disposiciones sobre la participación equilibrada de mujeres y hombres en el liderazgo y la toma de decisiones, conforme al Capítulo IV: “Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en términos de participación en la toma de decisiones”, artículos 21 y 22. Asimismo, la ANES lleva a cabo análisis sobre la participación de mujeres y hombres en el proceso de toma de decisiones en la administración pública central, así como tras las elecciones parlamentarias y al Parlamento Europeo.

Respuesta al párrafo 13 d) de la lista de cuestiones

ANES

La Ley 202/2002 establece en el Capítulo VII - Control, investigaciones y sanciones, en su artículo 37, párrafo 1: constituye contravención y se sanciona con una multa que oscila entre 3.000 lei y 10.000 lei, si el hecho no se cometió en circunstancias que, según la ley penal, lo califiquen como delito, la violación de las disposiciones de los artículos 6, párrafos (1), (1^1) y (2), (4), artículo 7, párrafo (2), artículo 8, artículo 9, apartado 1, artículo 10, párrafos (1) - (4), (6), (8) y (9), artículo 11 - 22 y artículo 29.

Educación

Ministerio de Educación

En el curso 2022/2023, la tasa bruta de escolarización en todos los niveles educativos (desde preescolar hasta educación superior) fue del 76 %, mientras que la tasa para la educación preuniversitaria alcanzó el 73 %. La mayoría del personal docente femenino trabaja en la enseñanza preescolar (99,7 %) y primaria (93,2 %). En la enseñanza secundaria, el 74,4 % del profesorado está compuesto por mujeres, con una proporción 13,9 puntos porcentuales mayor en la educación especial que en la enseñanza ordinaria. En los institutos, la proporción de profesoras es mayor en los centros urbanos (73 %) que en los rurales (70,5 %). La menor proporción de mujeres se observa en la enseñanza profesional (68,3 %), aunque registra un leve incremento de 1,4 puntos porcentuales respecto al año académico previo. En el anexo se ofrece más información.

Respuesta al párrafo 14 a) de la lista de cuestiones

Entre los principales proyectos y programas destinados a mejorar las infraestructuras escolares en comunidades económicamente desfavorecidas, eliminar la segregación en las aulas y aumentar las oportunidades de aprendizaje integrador (financiados por el PNRR y el Banco Mundial) se incluyen:

•equipamiento de los centros de enseñanza preuniversitaria con mobiliario, material didáctico y equipos digitales (más de 1000 millones de euros), actualmente en ejecución;

•programa piloto para el desarrollo de consorcios regionales de educación dual (588 millones de euros), actualmente en ejecución;

•programa nacional de reducción del abandono escolar (PNRAS), serie I y PNRAS II, serie II (265 millones de euros), actualmente en ejecución;

•PNRAS pequeñas escuelas (50 millones de euros), actualmente en ejecución;

•construcción y desarrollo de una red piloto de escuelas verdes (225 millones de euros), actualmente en ejecución;

•minibuses eléctricos para estudiantes (250 millones de euros), actualmente en ejecución;

•desarrollo de servicios complementarios de educación temprana (más de 22 millones de euros), actualmente en ejecución;

•equipamiento de los centros de enseñanza secundaria superior con laboratorios inteligentes (más de 117 millones de euros), actualmente en ejecución;

•modernización de las infraestructuras universitarias para lograr espacios académicos equitativos (más de 116 millones de euros), actualmente en ejecución;

•construcción de infraestructuras universitarias para futuros campus estudiantiles (más de 143 millones de euros), actualmente en ejecución;

•programa de subvenciones para la construcción de campus escolares rurales (más de 29 millones de euros), actualmente en ejecución;

•desarrollo de la plataforma de evaluación y creación de contenidos digitales (más de 78 millones de euros), actualmente en ejecución;

•mejora de las infraestructuras de los institutos especializados en agricultura, con inversión realizada en colaboración con el MADR (más de 43 millones de euros), actualmente en ejecución;

•infraestructura/equipamiento digital: construcción, equipamiento y puesta en funcionamiento de 110 guarderías. Se han puesto en marcha iniciativas para la ejecución y el seguimiento de los proyectos contratados, con tres guarderías ya terminadas;

•desarrollo de un sistema de servicios de educación infantil unificado, inclusivo y de calidad: establecer, equipar y poner en funcionamiento 90 servicios complementarios para grupos desfavorecidos;

•La convocatoria de proyectos ha finalizado, con 98 contratos de financiación firmados (cuatro solicitudes de rescisión actualmente en evaluación), los cuales se encuentran en fase de ejecución;

•el proyecto “Escuelas más seguras, inclusivas y sostenibles” (SSIS) se desarrolla desde diciembre de 2021 hasta junio de 2027. Su objetivo es modernizar las infraestructuras escolares mediante la rehabilitación, el refuerzo o la construcción de escuelas seleccionadas en las zonas de mayor riesgo sísmico de Rumanía. Esto garantizará entornos de aprendizaje más seguros y adecuados para estudiantes y profesores, a la vez que fortalecerá la capacidad institucional para invertir en infraestructuras educativas sostenibles.

Respuesta al párrafo 14 b) de la lista de cuestiones

En lo que respecta a los programas de “Segunda Oportunidad”, durante el período presupuestario europeo 2014-2020 se ejecutaron diversas iniciativas de este tipo, destacando las siguientes:

•Proyecto POCU/74 “Escuela para todos”, que promueve medidas integradas para prevenir y reducir el abandono escolar, incluyendo, entre otros, los programas “Segunda Oportunidad” y “Después de clase”: 173,2 millones de euros.

•POCU/736/6/1/ - Aumentar el número de jóvenes que ni trabajan ni estudian ni reciben formación, de entre 16 y 24 años, inscritos en el SPE y que regresan a la educación a través de programas de segunda oportunidad, incluida la formación profesional inicial. En la región desarrollada de Bucarest-Ilfov, se ejecutaron seis proyectos bajo el título “Medidas de educación de segunda oportunidad para jóvenes que no estudian ni trabajan, región más desarrollada, Bucarest Ilfov”.

Dentro del proyecto POCU “Currículo pertinente, educación abierta para todos - CRED”, se elaboraron planes marco para los programas de “Segunda oportunidad” en los niveles de educación primaria, secundaria y bachillerato.

Respuesta al párrafo 14 c) de la lista de cuestiones

Durante las actividades organizadas y ejecutadas en los centros educativos, especialmente a través del programa “Escuela Diferente”, se trataron temas fundamentados en los principios de igualdad de género, así como cuestiones relacionadas con la no discriminación. Así, durante estas semanas se organizaron actividades en las escuelas destinadas a promover la no discriminación: 1116 módulos/seminarios/actividades promovieron la igualdad de género. En las unidades educativas con más de 50 empleados, las personas encargadas de las responsabilidades en materia de igualdad de género y trato entre mujeres y hombres, según lo establecido en sus descripciones de puesto, organizaron sesiones informativas y ejercicios interactivos con alumnos, padres y personal docente, con el fin de promover la igualdad de género mediante diversos temas. Cada inspección escolar asignó a un inspector responsable de la igualdad de género, y se nombraron más de 548 expertos y responsables de igualdad de género en las escuelas. A nivel nacional, con el fin de garantizar un enfoque integral para promover la igualdad de género, se impartieron cursos de capacitación y se realizaron campañas de información y concienciación sobre los efectos negativos de los estereotipos de género, con un enfoque especial en la violencia de género. En estas actividades participaron 16.790 estudiantes, alumnos y profesores. Se organizaron 86 eventos promocionales en unidades escolares, en los cuales se informó a 5.033 personas, principalmente padres y representantes legales, sobre los estereotipos de género. Para respetar el derecho a la igualdad de trato de las personas objeto de discriminación, se organizaron 568 eventos informativos en 695 unidades escolares de todo el país. Más de 64.400 personas recibieron información sobre el respeto al derecho a la igualdad de trato de las personas sometidas a múltiples discriminaciones. Se organizaron y llevaron a cabo una serie de cursos, seminarios, módulos y campañas sobre igualdad de género en la formación inicial y continua del profesorado.

Respuesta al párrafo 14 d) de la lista de cuestiones

La Ley de Educación Preuniversitaria núm. 198/2023, en su artículo 88, párrafo 10, establece que los marcos curriculares y los programas escolares de las disciplinas de estudio y los módulos de formación obligatoria en la educación preuniversitaria deben incluir necesariamente diversos temas, entre ellos el de la igualdad de oportunidades. En relación con los libros de texto alternativos, la metodología para la evaluación de la calidad de los proyectos de libros de texto para la enseñanza preuniversitaria, aprobada por OMEN núm. 3.103/28.01.2019, establece un criterio en el formulario A que hace referencia directa a la igualdad de género, en los siguientes términos:

•Criterio 2. - El proyecto de manuales escolares debe ser ético, moral y no discriminatorio, y respetar principios que no hagan distinciones basadas en raza, nacionalidad, etnia, lengua, religión, categoría social, creencias, sexo, orientación sexual, edad, discapacidad, enfermedades crónicas no transmisibles, infección por VIH ni pertenencia a una categoría desfavorecida.

•- Perspectivas: Las mismas especificaciones se incorporarán en la evaluación de los programas escolares de las disciplinas obligatorias desarrolladas para la educación media superior, así como, en su caso, en la revisión de los programas escolares de la educación primaria y secundaria.

En la Unidad de Investigación en Educación del Centro Nacional de Políticas y Evaluación en Educación (CNPEE) y en la Unidad Ejecutiva de Financiación de la Enseñanza Superior, Investigación, Desarrollo e Innovación, se llevó a cabo el estudio sobre las condiciones de vida y de estudio de los estudiantes, conocido como EUROSTUDENT VII. Este estudio permite realizar análisis comparativos entre mujeres y hombres en las principales dimensiones contempladas, como el campo de estudio, el estatus ocupacional, las fuentes de apoyo económico y el contexto familiar, entre otros. Sin embargo, no permite establecer relaciones causales que expliquen la disminución de la proporción de mujeres que continúan estudios de máster y doctorado.

Respuesta al párrafo 14 e) de la lista de cuestiones

Se han introducido aclaraciones en el “Procedimiento operativo del CNPEE” respecto a la elaboración, aprobación y refrendo de programas escolares de disciplinas y campos de estudio optativos en la enseñanza preuniversitaria. Así, en el documento de análisis de los proyectos de programas escolares de disciplinas optativas en la oferta nacional, el criterio de “Carácter no discriminatorio del currículo escolar” se encuentra entre los criterios eliminatorios, asegurados también por:

•Se excluye cualquier referencia, texto, información o contenido que atente contra la identidad y los valores nacionales, que contenga elementos antisemitas, racistas, xenófobos o que promueva la ideología nacionalista-extremista, así como el discurso de odio.

•Se eliminan los estereotipos y prejuicios relacionados con las funciones y responsabilidades de mujeres y hombres en la familia y la sociedad.

En los programas de orientación y asesoramiento diseñados para promover la participación equilibrada de mujeres y hombres en los campos CTIM, participaron 79,776 estudiantes y se formaron 140 mentores.

Respuesta al párrafo 15 de la lista de cuestiones

El Ministerio de Educación (ME) ha preparado el borrador de la Estrategia Nacional de Apoyo a los Padres 2024-2030 (SNSP), que se sometió a consulta pública del 4 al 13 de abril de 2023. Dicho documento será debatido en la Comisión de Diálogo Social dentro del ME y se presentará para su aprobación mediante una Decisión del Gobierno. Este proyecto se llevó a cabo en colaboración con el MH, el MFTES y el MMSS, junto con las instituciones responsables, la sociedad civil y los interlocutores sociales. Entre los principios definidos en este proyecto destaca el de garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades, que propone: “desarrollar un sistema de apoyo a los padres que involucre activamente a mujeres y hombres en la crianza, el cuidado, la protección y la educación de los hijos, promoviendo además un equilibrio adecuado entre la vida personal y profesional”. Asimismo, entre los temas que se plantea abordar (de acuerdo con la medida IV.3.3 - Organizar y llevar a cabo programas integrados de apoyo a los padres destinados a los beneficiarios, incluidos aquellos de grupos de alto riesgo, del sistema educativo público y del sector privado, en modalidades de aprendizaje en línea o semipresenciales) se incluyen aspectos relacionados con la integridad física y emocional, la salud, la nutrición y los cuidados adecuados, el acoso escolar, la resiliencia, la igualdad de género, la ciberseguridad, el asesoramiento psicológico o la orientación profesional, entre otros.

Empleo

Respuesta al párrafo 16 de la lista de cuestiones

Ministerio Público

En este sentido, cabe mencionar la inspección reciente llevada a cabo por el Servicio de Orientación y Control de la POAHCCJ, centrada en analizar la legalidad y el fundamento de las soluciones adoptadas en 2020 para los casos relacionados con el delito de acoso sexual, tipificado en el artículo 223 del Código Penal. El Fiscal General de la Fiscalía adscrita al Tribunal Superior de Casación y Justicia ordenó la inspección por medio de la Orden núm. 51 del 19 de marzo de 2021, y se llevó a cabo en todas las fiscalías del país. El objetivo de la inspección era detectar vulnerabilidades en la actividad de la fiscalía que pudieran poner en duda el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos de la mujer y su protección contra la violencia, en particular el Convenio de Estambul. Además, la inspección tenía como finalidad supervisar el enjuiciamiento de los casos de acoso sexual para garantizar la firmeza judicial en la tipificación de este delito. Así, se han evidenciado dificultades en la práctica de las fiscalías al intentar establecer el significado de la noción de “favores sexuales” según lo estipulado en el artículo 223 del Código Penal. También se han detectado problemas en cuanto a las consecuencias derivadas de la acción de exigir reiteradamente favores sexuales, como la intimidación o la puesta en situación vejatoria de la víctima, un aspecto que define los elementos constitutivos del delito de acoso sexual. Ante la ausencia de una definición jurídica en la legislación rumana, se recomendó recurrir a la definición de acoso sexual contenida en los instrumentos jurídicos europeos y de la Unión Europea. A este respecto, se tuvo en cuenta que el apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, que modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo, define el acoso sexual como “un comportamiento no deseado relacionado con el sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la persona y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo”. En el Anexo sobre la contribución del Ministerio Público se exponen más detalles.

MAI

A nivel del MAI, se ha establecido un sólido mecanismo de notificación en tiempo real de actos o hechos de discriminación, conductas de acoso o tratos similares dirigidos contra su personal. Este aspecto está regulado por la Orden del MAI núm. 60 del 9 de mayo de 2013, que establece la creación de una línea telefónica y una dirección de correo electrónico específicas para la recepción de estos informes. De acuerdo con este acto normativo, se ha implementado la “Línea telefónica antidiscriminación” a nivel de la Dirección de la Secretaría General dentro del MAI, con el número de teléfono 021.206.92.63 y la dirección de correo electrónico discriminare@mai.gov.ro. Este sistema está diseñado para que cualquier persona afectada pueda denunciar actos o hechos de discriminación, conductas de acoso o tratos similares cometidos por personal del ministerio contra sus compañeros. Las personas afectadas pueden recurrir a la línea telefónica, lo que garantiza un canal de comunicación directo y eficaz para tratar cuestiones tan delicadas.

RIHR

Considerando que las mujeres enfrentan abusos, acoso sexual y moral en el lugar de trabajo, y que ciertos entornos laborales se presentan como espacios inseguros para ellas, donde los actos de acoso y discriminación son frecuentes, el RIHR, en colaboración con la ANES, puso en marcha una campaña para combatir el acoso moral en el ámbito laboral. En la primera fase de la campaña, además de promover la denuncia de los actos de acoso, se buscaba informar a las víctimas y a las organizaciones sobre la Ley núm. 167/2020, que regula el fenómeno del acoso moral en el lugar de trabajo. Los resultados de la campaña se materializaron en la elaboración y publicación de la guía para combatir el acoso moral en el trabajo. La guía está dirigida tanto a las víctimas de acoso como a los empresarios.

Respuesta al párrafo 17 de la lista de cuestiones

El MFTES, a través de la ANES, ha llevado a cabo la transposición a la legislación nacional de la Directiva 2023/970 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023, con el objetivo de reforzar la aplicación del principio de igualdad de retribución por el mismo trabajo o por trabajo de igual valor entre hombres y mujeres, mediante la transparencia salarial y mecanismos que garanticen el cumplimiento de la ley. Desde 2023, ha iniciado la debida diligencia en este ámbito. La fecha límite para la transposición es junio de 2026. La competencia es compartida entre el MFTES y el MMSS. En este contexto, se iniciaron los trámites para la creación de un grupo de trabajo encargado de analizar la legislación vigente, con el fin de introducir las modificaciones o adiciones necesarias.

Respuesta al párrafo 18 de la lista de cuestiones

Dentro de la Estrategia Nacional de Promoción de la Igualdad de Género y de Prevención y Lucha contra la Violencia Doméstica para el periodo 2022-2027, aprobada por Decisión del Gobierno núm. 1547/2022, se incluyen capítulos específicos sobre el mercado de trabajo y la conciliación de la vida laboral y personal. En los capítulos mencionados se incluyen medidas específicas para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el mercado laboral, particularmente en cuanto a la tasa de empleo, los ingresos y los sectores de empleo. Además, se busca aumentar el grado de prestación de servicios dirigidos a todas las personas activas en el mercado laboral, con el objetivo de facilitar la conciliación entre la vida laboral y la vida privada. Estas medidas pueden encontrarse en el pilar de igualdad de género. En 2022, de conformidad con las disposiciones de la Directiva 2019/1158/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, la legislación nacional se modificó mediante la Ley núm. 283/2022 para la modificación y complementación de la Ley núm. 53/2003 - Código Laboral, y la Ordenanza de Emergencia del Gobierno núm. 57/2019 relativa al Código Administrativo. En la actualidad, el Gobierno de Rumanía está llevando a cabo esfuerzos concertados para diseñar sistemas integrales de cuidados desde una perspectiva intersectorial y de género, con el objetivo de mejorar el apoyo a los trabajadores que son padres o cuidadores mediante la ampliación del acceso a permisos familiares retribuidos, la mejora del acceso a servicios de cuidados de calidad, el aumento del apoyo financiero mediante la expansión de la cobertura y los niveles de las prestaciones familiares e infantiles, y el incremento de la inversión en infraestructuras sociales. Asimismo, se encuentra en proceso de aprobación la elaboración del Plan Nacional para el Empoderamiento Político y Económico de las Mujeres (PNA).

Respuesta al párrafo 19 a) de la lista de cuestiones

El MFTES, a través de la ANES, ha llevado a cabo la transposición a la legislación nacional de la Directiva 2022/2381 de la UE del PE y del Consejo, de 23 de noviembre de 2022, relativa a un mejor equilibrio de género entre los administradores de las sociedades cotizadas y a medidas conexas. La fecha límite para la transposición es diciembre de 2024.

•La competencia es compartida entre la Autoridad de Supervisión Financiera (ASF) y el MFTES.

•A principios de marzo de 2024, la ANES participó en el Proyecto de Ley de modificación y complemento de la Ley núm. 24/2017 sobre emisores de instrumentos financieros y operaciones de mercado, promovido por la ASF a través del Ministerio de Hacienda, que transpondrá la Directiva.

Respuesta al párrafo 19 b) de la lista de cuestiones

Las políticas nacionales de empleo promovidas por el MMSS se basan en un conjunto de medidas específicas destinadas a estimular el empleo, centradas, por un lado, en el apoyo a los desempleados y demandantes de empleo, y por otro, en la subvención de puestos de trabajo para la contratación de personas con dificultades de acceso al mercado laboral, a través de los servicios de las agencias de colocación. Desde el punto de vista jurídico, el principal instrumento de trabajo es la Ley núm. 76/2002 sobre el sistema de seguro de desempleo y los incentivos al empleo. La Estrategia Nacional para el Empleo 2021-2027, que se complementa con el Plan de Acción para el período 2021-2027, tiene como objetivo general hacer que el mercado laboral rumano sea dinámico, sostenible, resiliente, proactivo y basado en la innovación social, con una tasa de empleo del 75 % para la población de entre 20 y 64 años. Además, busca apoyar la recuperación del mercado laboral tras la crisis de la COVID-19. Una de las líneas de actuación de la Estrategia Nacional de Empleo 2021-2027 es la Línea 4, que busca reducir la brecha de género en el empleo. Asimismo, las mujeres, incluidas las inactivas, desempleadas, desempleadas de larga duración, entre otras, y sus empleadores son los principales destinatarios del Programa de Educación y Empleo (EEP). Los principales grupos destinatarios de este objetivo son las mujeres inactivas, desempleadas, desempleadas de larga duración y empleadas, incluidas las refugiadas.

Respuesta al párrafo 19 c) de la lista de cuestiones

El acceso de todas las personas refugiadas al sistema nacional de prestaciones de asistencia social está garantizado. Según la legislación rumana, existen dos formas de protección para los refugiados: la protección internacional (condición de refugiado y protección subsidiaria) y la protección temporal. En cuanto a la protección temporal, se trata de un procedimiento excepcional destinado a garantizar la protección inmediata y temporal de las personas en caso de flujo inminente de personas desplazadas procedentes de terceros países que no pueden regresar a su país de origen. De acuerdo con las disposiciones de la legislación nacional, específicamente el artículo 4 de la Ley núm. 292/2011, el derecho a las prestaciones de asistencia social se concede en el país sin discriminación a todos los ciudadanos rumanos, así como a los extranjeros y apátridas que tengan su domicilio o residencia en Rumanía. Según este principio, las personas vulnerables se benefician de medidas y acciones de protección social sin ninguna restricción ni preferencia por raza, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión, condición social, opinión, sexo u orientación sexual, edad, afiliación política, discapacidad, enfermedad crónica o pertenencia a una categoría desfavorecida. Según lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley núm. 122/2006 sobre el asilo en Rumanía, el reconocimiento de la condición de refugiado o de la protección subsidiaria otorga al beneficiario el derecho a acceder a medidas de asistencia social en las mismas condiciones que los ciudadanos rumanos, según lo estipulado por la ley.

Respuesta al párrafo 19 d) de la lista de cuestiones

La Constitución de Rumanía garantiza los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos, incluidos los principios de igualdad y no discriminación. Entre los principales artículos relacionados con el acceso de las mujeres a préstamos y créditos figuran los siguientes:

•Artículo 16, sobre la igualdad ante la ley;

•Artículo 47, sobre el derecho a una vida digna.

Estas disposiciones constitucionales sientan las bases para la protección jurídica de los derechos de la mujer y promueven la igualdad de acceso a los recursos económicos, incluidos los servicios financieros.

Salud

Respuesta al párrafo 20 a) de la lista de cuestiones

ANPDPD

Uno de los objetivos de la Estrategia Nacional es el Objetivo Específico 2: Garantizar el ejercicio del derecho a la salud sexual y reproductiva (SSR) de las personas con discapacidad. Objetivo específico 3: Mejorar el acceso de las personas con discapacidad a un tratamiento digno y respetuoso. La salud y el bienestar de las personas con discapacidad dependen de la posibilidad de acceder sin restricciones a los servicios médicos. Entre las personas con limitaciones graves que accedieron a servicios médicos en 2021, el 2 9% manifestó haberse sentido discriminado o acosado al menos una vez debido a su discapacidad. Una proporción significativa de personas con alguna limitación experimenta una discriminación similar.

Respuesta al párrafo 20 b) de la lista de cuestiones

Ministerio de Salud

El desarrollo de la Estrategia Nacional de Salud para el período 2023 - 2030 representa el documento que sintetiza todas las propuestas de políticas públicas en el sector de la salud, centrándose en priorizar y programar el uso de los fondos asignados dentro del sistema nacional de salud. La Decisión del Gobierno núm. 1004/2023 aprobó la Estrategia Nacional de Salud, que prevé el desarrollo de servicios sanitarios integrados a nivel comunitario, con el objetivo de abordar la salud de manera integral a través de múltiples determinantes: sanitarios, educativos y sociales. Se pondrá especial atención en las poblaciones vulnerables y de riesgo (niños, ancianos, personas con discapacidad, etc.), así como en la población romaní, cuando sea pertinente. Las autoridades locales desarrollarán estos servicios con el apoyo financiero, logístico e informativo del nivel central. Se incluye más información en el anexo del informe, dentro de la contribución del Ministerio de Salud.

ANES

La estrategia nacional en materia de promoción de la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, así como de prevención y lucha contra la violencia doméstica para el periodo 2022-2027, propone en el capítulo de salud una serie de acciones de especial pertinencia, que se llevan a cabo mediante el esfuerzo conjunto de las instituciones competentes en la materia y están dirigidas a incrementar el acceso de mujeres y hombres a los servicios de salud.

Respuesta al párrafo 20 c) de la lista de cuestiones

El fenómeno de las madres menores de edad en Rumanía es complejo y requiere políticas públicas coordinadas entre varios ministerios e instituciones, como los Ministerios de Salud, Educación y Trabajo, y las autoridades locales. El MFTES, a través de la ANPDCA, participa activamente en iniciativas destinadas a hacer frente a este fenómeno. Una medida significativa es la creación del Observatorio Nacional de la Infancia, que registrará a los niños de familias vulnerables, incluidas las madres menores de edad, para asegurar el acceso oportuno a los servicios necesarios y un seguimiento continuo. Además, el Plan de Acción Nacional para la Aplicación de la Garantía Infantil incluye medidas específicas dirigidas a los grupos vulnerables, como las madres menores de edad. Una iniciativa destacada es la Metodología Marco para la Concesión de Becas Escolares, aprobada en septiembre de 2023, que otorga una ayuda económica de 700 lei al mes a las madres menores de edad que regresan a la escuela tras el parto. El objetivo de esta beca es facilitar su educación, prevenir el abandono escolar y promover el éxito académico.

Respuesta al párrafo 20 d) de la lista de cuestiones

Ministerio de Salud

El Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, dentro del Componente 12 - Salud, incluye la inversión 1, sobre el desarrollo de la infraestructura médica prehospitalaria para las oficinas de planificación familiar. Es especialmente pertinente la inversión 1.5, con un presupuesto total de aproximadamente 10.000.000 de euros, IVA excluido, que tiene por fin:

•equipar y renovar un mínimo de 119 oficinas de planificación familiar;

•llevar a cabo una campaña de educación sanitaria, especialmente de salud reproductiva, que se aplicará a escala nacional con prioridad en las zonas vulnerables con altos índices de embarazos en la adolescencia e infecciones de transmisión sexual; y

•llevar a cabo una campaña para mejorar y actualizar los conocimientos del personal médico empleado en los centros de planificación familiar.

https://sogr.ro/wp-content/uploads/2019/11/35.-Avortul-medicamentos.pdf. En el anexo se ofrece información detallada.

Mujeres del medio rural

Respuesta al párrafo 21 a) de la lista de cuestiones

En el contexto de la legislación rumana y los compromisos internacionales asumidos por Rumanía, se realizaron esfuerzos para garantizar que las mujeres del medio rural tuvieran un acceso adecuado al agua potable, al saneamiento, a los servicios sociales, a la atención sanitaria y al transporte, además de desarrollar actividades generadoras de ingresos dirigidas específicamente a ellas. Acceso a agua potable y saneamiento: de acuerdo con la Ley núm. 211/2011 sobre la gestión de residuos y la Ley núm. 458/2002 sobre la calidad del agua potable, las autoridades locales son responsables de garantizar el suministro de agua potable y los servicios de saneamiento, especialmente en las zonas rurales. Se asignaron fondos europeos y gubernamentales para mejorar las infraestructuras de agua y alcantarillado. Acceso a los servicios sociales y sanitarios: la Ley núm. 292/2011 de asistencia social y la Ley núm. 95/2006 de reforma sanitaria destacan la importancia de garantizar el acceso a los servicios sociales y sanitarios. Estos servicios se adaptan a las necesidades de las mujeres rurales, entre otras medidas, mediante programas de educación y prevención que afrontan los problemas específicos de estas comunidades. Acceso al transporte: la Ley núm. 211/2009 sobre la autorización del transporte público local establece que las autoridades locales deben garantizar servicios de transporte accesibles y seguros. En los últimos años, se han desarrollado rutas de transporte que conectan las comunidades rurales con los centros urbanos, facilitando el acceso a los servicios esenciales. Desarrollo de actividades generadoras de ingresos: la Estrategia Nacional de Desarrollo Rural y el Programa Nacional de Desarrollo Rural brindan oportunidades de financiación para proyectos que apoyan el espíritu empresarial femenino en las zonas rurales.

Respuesta al párrafo 21 b) de la lista de cuestiones

Rumanía ha logrado avances significativos en el desarrollo de programas de sensibilización para promover la participación equitativa de las mujeres y las niñas en la vida pública y política, especialmente en las zonas rurales. A través de un planteamiento que integra marcos legislativos, programas específicos y colaboración con la sociedad civil, Rumanía se esfuerza por superar los estereotipos de género discriminatorios y erradicar la violencia contra las mujeres rurales. El Gobierno de Rumanía, junto con ONG y organizaciones internacionales, ha puesto en marcha diversas campañas de sensibilización para educar a la población rural sobre la igualdad de género. Estas campañas suelen centrarse en cambiar las percepciones sobre el papel de las mujeres y los hombres en la sociedad y promover la importancia de la participación activa de las mujeres en los procesos de toma de decisiones. La Estrategia Nacional para la Igualdad de Género establece objetivos claros para incrementar la participación de las mujeres en la vida pública y política, además de eliminar la violencia de género y los estereotipos asociados.

Mujeres refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes

Respuesta al párrafo 22 de la lista de cuestiones

Inspección General de Inmigración

Desde febrero de 2022 hasta la fecha, alrededor de 8 millones de ciudadanos ucranianos han llegado a Rumanía, de los cuales cerca de 162.000 son beneficiarios de protección temporal. Aproximadamente 82.000 ucranianos reciben protección temporal en Rumanía, de los cuales el 75 % son mujeres y niños, un grupo especialmente vulnerable al riesgo de trata. Las medidas preventivas han consistido en garantizar ayuda financiera y proporcionar apoyo para adaptarse a la sociedad rumana. Además, los ucranianos tienen acceso gratuito a la educación y la sanidad pública y derecho al trabajo. Rumanía ha establecido un mecanismo para prevenir situaciones de vulnerabilidad entre los ciudadanos ucranianos, con el fin de evitar que se conviertan en víctimas de la trata. Al mismo tiempo, el MAI sigue considerando la seguridad de los refugiados que ingresan a Rumanía como una de sus principales prioridades. Debido a la afluencia de refugiados procedentes de Ucrania, en su mayoría mujeres y niños en situación vulnerable, se ha establecido un sistema gubernamental integrado para gestionar su llegada, en el cual participan diversas autoridades públicas, como la policía, la policía de fronteras, la ANPDCA, la ANITP y las ONG. Todos los actores implicados en la lucha contra la trata llevan a cabo actividades dirigidas a eliminar o limitar la posibilidad de victimización de los refugiados a través de la trata de personas. Las estructuras operativas de la Policía rumana, como la D.C.C.O., han reforzado las actividades de prevención y detección temprana de casos de tráfico de personas y migrantes, tanto a nivel local, regional e internacional, colaborando con la ANITP, IGPF, IGI, DGASPC, ONG y otras entidades de seguridad pública. Los esfuerzos se centran en verificar de manera ágil los informes sobre posibles casos de reclutamiento de personas vulnerables con fines de explotación, abordando tanto los aspectos operativos como estratégicos a través de colaboraciones interinstitucionales e internacionales. Los especialistas en trata de personas de las estructuras territoriales organizan regularmente sesiones de formación e información dirigidas a todas las categorías socioprofesionales que, debido a la naturaleza de sus funciones, pueden entrar en contacto con víctimas potenciales. Estas sesiones están dirigidas a beneficiarios del MAI, como seguridad escolar, policía de tráfico, orden público, proximidad, criminalística, investigación criminal, policía rural, policía de transportes, policía de fronteras, gendarmería, inmigración, así como a otras instituciones públicas, ONG, DGASPC, policía local, instituciones educativas y unidades sanitarias. La asistencia a los beneficiarios de la protección temporal se proporciona de acuerdo con la Ordenanza de Emergencia núm. 15/2022, relativa a la prestación de apoyo y asistencia humanitaria por parte del Estado rumano a ciudadanos extranjeros o apátridas en situaciones especiales, procedentes de la zona de conflicto armado en Ucrania, modificada por la Ordenanza de Emergencia núm. 20/2022. Estos actos normativos regulan los derechos de los ciudadanos ucranianos y los nacionales de terceros países en situaciones especiales que provienen de la zona de conflicto armado en Ucrania y que entran en Rumanía. En el marco de las actividades de formación, se incluyen los aspectos relacionados con la vulnerabilidad de las personas procedentes de Ucrania, conforme al Plan de Acción para la Prevención de la Explotación, los Abusos Sexuales y los Riesgos Asociados a la Trata de Personas, dirigido a los ciudadanos ucranianos que reciben protección temporal en Rumanía. Los participantes reciben formación sobre las disposiciones del Mecanismo Nacional de Identificación y Derivación de Víctimas de Trata de Personas, así como sobre las medidas y acciones necesarias para identificar de manera temprana a las víctimas. La formación incluye la detección de situaciones de riesgo mediante indicadores sencillos de trata, el reconocimiento de los métodos operativos utilizados por los traficantes y la derivación posterior a los servicios de protección y asistencia apropiados.

RIHR

En febrero de 2022, el conflicto en Ucrania desató una grave crisis humanitaria, y Rumanía se convirtió en uno de los destinos de emergencia para los refugiados ucranianos. La Unión Europea activó la Directiva sobre Protección Temporal, otorgando a los refugiados el derecho a residir y trabajar en la UE durante un período máximo de tres años. De acuerdo con su mandato, el RIHR promueve y apoya la protección de los derechos de los refugiados ucranianos. El Instituto aborda la cuestión de la migración y el asilo desde una perspectiva centrada en los derechos humanos, garantizando el respeto de los principios del derecho internacional humanitario. En el Anexo sobre la contribución del RIHR se ofrecen más detalles al respecto .

ANPDPD

Teniendo en cuenta la evolución actual de los acontecimientos en Ucrania, el ANPDPD ha aplicado varias medidas especiales para la protección de los ciudadanos ucranianos en Rumanía, sin necesidad de recurrir a una forma de protección o asilo, conforme a las disposiciones de la Ley núm. 122/2006. Estas medidas no se toman de manera diferenciada entre mujeres y hombres, sino que están dirigidas a todas las personas, independientemente de su sexo, edad u otras características. Para garantizar un marco jurídico adecuado, Rumanía adoptó la Ordenanza de Emergencia núm. 20/2022, que modifica y complementa los actos normativos existentes, y establece medidas de apoyo y asistencia humanitaria, complementadas por la Ordenanza de Emergencia núm. 15/2022, que regula la prestación de apoyo y asistencia humanitaria por parte del Estado rumano a ciudadanos extranjeros o apátridas en situaciones especiales. A través de este marco legal, se garantizó el derecho a la asistencia y el acceso a los servicios sociales a los adultos con discapacidad provenientes de Ucrania que no solicitaran asilo. (Más detalles en el anexo)

Mujeres que sufren formas múltiples e interseccionales de discriminación

Respuesta al párrafo 23 a) de la lista de cuestiones

MAI

En cuanto al ámbito de la protección de las minorías, actualmente se aplica la estrategia del Gobierno rumano para la inclusión de los ciudadanos rumanos pertenecientes a la minoría romaní para el período 2022-2027. Este documento programático responde a los requisitos del Marco de la UE para las Estrategias Nacionales de Inclusión de los Romaníes para el período 2021-2030. Este esfuerzo es especialmente importante para promover los derechos y la integración social de la comunidad romaní en la sociedad rumana. En el marco de la ejecución de esta estrategia, es importante destacar que, según el Informe Anual sobre los avances alcanzados en la ejecución de la Estrategia, elaborado por la SGG y publicado en diciembre de 2023, el MAI ha logrado y superado los objetivos establecidos para el primer año de su puesta en práctica. En este sentido, el MAI concentra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos rumanos de etnia romaní a un sistema educativo inclusivo y de calidad, así como en combatir la discriminación, el discurso de odio y las actitudes hostiles hacia la comunidad romaní que fomentan la incitación al odio o los delitos motivados por el odio. Este logro refleja el compromiso institucional con la promoción de la igualdad de oportunidades y la lucha contra la discriminación de las minorías, lo que contribuye a fortalecer la cohesión social y fomentar la diversidad cultural en Rumanía.

Respuesta al párrafo 23 b) de la lista de cuestiones

La Estrategia del Gobierno Rumano para la Inclusión de los Ciudadanos Rumanos Pertenecientes a la Minoría Romaní para el periodo 2022-2027 (SNIR) fue aprobada por la Decisión del Gobierno núm. 560/28.04.2022. La estrategia tiene como objetivo garantizar un marco de acción coherente tanto a nivel nacional, a través de diversas políticas sectoriales y horizontales pertinentes, como a nivel subsidiario, mediante la integración o adopción de medidas adecuadas dentro de las estrategias de desarrollo regional, comarcal y local. La estrategia adopta un planteamiento intersectorial y se centra en lograr resultados sostenibles para la inclusión de la población romaní. Por Decisión del Primer Ministro núm. 336/26.05.2022, se estableció el Comité Interministerial para la aplicación, seguimiento y evaluación de la Estrategia para la Inclusión de los Ciudadanos Rumanos Pertenecientes a la Minoría Romaní para el período 2022-2027, coordinado por un Secretario de Estado del Gabinete del Primer Ministro y el Presidente de la Agencia Nacional para los Romaníes. La Comisión Europea solicita periódicamente informes sobre los avances en la aplicación de la condición habilitadora temática 4.5. “Marco político estratégico para la inclusión de la población romaní”, que se ejecuta a través del plan de acción de la SNIR y constituye un requisito necesario para acceder a los fondos estructurales y de cohesión.

Respuesta al párrafo 23 c) de la lista de cuestiones

La Ley 448/2006 ha establecido un marco jurídico fundamental para la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad en Rumanía. Las últimas modificaciones se han centrado en mejorar la accesibilidad, la inclusión y la protección social de estas personas. Las modificaciones introducidas en los últimos años se presentan en el anexo.

Matrimonio y relaciones familiares

Respuesta al párrafo 24 a) de la lista de cuestiones

Rumanía ha adoptado estrategias para encarar los problemas sociales de las comunidades vulnerables, como la población romaní, que presenta una mayor tendencia a contraer matrimonios no registrados. Estas estrategias incluyen medidas de educación, formación profesional e integración social. El MMSS, en colaboración con organizaciones no gubernamentales, ha desarrollado campañas de sensibilización para informar a la población sobre la importancia de registrar los matrimonios. Estas campañas hacen hincapié en las consecuencias jurídicas y sociales de los matrimonios no registrados. El Gobierno de Rumanía ha establecido medidas para mejorar el acceso a los servicios de registro civil, especialmente en las zonas rurales y desfavorecidas, con el objetivo de fomentar el registro de los matrimonios. Algunos ejemplos son la apertura de oficinas móviles y la organización de sesiones de registro en comunidades aisladas.

Respuesta al párrafo 24 b), c) y d) de la lista de cuestiones

Las respuestas a estas preguntas ya se han tratado en las secciones anteriores del informe.

Información adicional

Respuesta al párrafo 25 de la lista de cuestiones

En el anexo se presenta más información adicional.