Estereotipos

Se ha ampliado el apoyo a los programas de experiencia sobre el terreno para animar a las estudiantes a elegir carreras en las ramas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas y avanzar en ámbitos relacionados.

Desde la entrada en vigor de la Ley Marco de Educación en 2022, después de su modificación en 2021, todas las escuelas tienen que impartir educación en materia de igualdad de género que abarque la educación sexual, la sensibilización en materia de género, la prevención de la violencia sexual, etc., por lo que, desde 2023, ya no se ofrece orientación sobre el uso de las Normas de Educación Sexual Escolar. En el plan de estudios revisado de 2022 para las escuelas primarias y secundarias, el Ministerio de Educación incluyó contenidos relacionados con la prevención de la violencia sexual (incluida la violencia sexual en el mundo digital) y la exclusión de los estereotipos relacionados con la descripción de tipos específicos de familias, y fomentó la cooperación con las oficinas de educación de las ciudades y provincias y con las escuelas de todos los niveles para velar por que, merced a la educación sobre igualdad de género en las escuelas, los estudiantes no adoptasen actitudes estereotipadas y discriminatorias hacia los demás y potenciaran la empatía basada en el respeto mutuo a lo largo de todo el plan de estudios.

Violencia contra la mujer

La Ley sobre Casos Especiales relativos al Castigo de los Delitos de Violencia Doméstica (en lo sucesivo, “Ley sobre el Castigo de la Violencia Doméstica”) se modificó con objeto de incluir, entre otras cosas, la sanción penal del agresor que violase una orden de alejamiento. El castigo que se aplica a los infractores es el siguiente: la violación de una decisión sobre medidas ad hoc se castiga con una pena de prisión con trabajos forzados por un período no superior a un año o multa de hasta 10 millones de won (introducida en octubre de 2020); la violación de una orden de alejamiento o una orden de protección de la víctima se castiga con una pena de prisión con trabajos forzados por un período no superior a dos años o multa de hasta 20 millones de won, o a una pena de arresto en caso de un delito leve (modificado en enero de 2012); y la violación habitual de medidas ad hoc, órdenes de alejamiento u órdenes de protección de la víctima se castiga con una pena de prisión con trabajos forzados por un período no superior a tres años o multa de hasta 30 millones de won (introducido recientemente en octubre de 2020), etc. La Ley no contiene disposiciones separadas relacionadas con la orientación sexual o la identidad de género y se aplica independientemente de cuáles sean (véase el apéndice 5: Situación de la enmienda de la Ley sobre Casos Especiales relativos al Castigo de los Delitos de Violencia Doméstica).

El Gobierno elabora y ejecuta planes básicos quinquenales para prevenir la violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica. En el marco del Primer Plan Básico de Políticas para Prevenir la Violencia contra la Mujer (2020-2024), actualmente en vigor, se están llevando a cabo tareas para reforzar el apoyo a las víctimas de violencia doméstica, a fin de garantizar una respuesta preventiva a la violencia contra la mujer, establecer un sistema de justicia penal centrado en las víctimas, prestar un apoyo más específico para prevenir la violencia contra la mujer y ayudar a las víctimas, etc.

En tres ocasiones se ha presentado a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para enmendar la Ley sobre el Castigo de la Violencia Doméstica a fin de eliminar la posibilidad de suspender la acusación a condición de que el acusado se someta a sesiones de asesoramiento, que está siendo objeto de debate, pero dados los diversos aspectos de esos delitos en cuanto al comportamiento, naturaleza, etc., la posibilidad de suspender la acusación deberá revisarse desde el punto de vista de su idoneidad en cada caso concreto y, por lo tanto, la eliminación de los sistemas conexos deberá abordarse con prudencia. En la actualidad, la disposición en la que se contempla la posibilidad de suspender la acusación a condición de que el acusado se someta a sesiones de asesoramiento se aplica en los casos que no se consideran graves en los que el delincuente acepta el asesoramiento, la medida no es contraria a la voluntad de la víctima, y cuestiones como la reconciliación y el acercamiento de la familia, etc., justifican dicha decisión. En la mayoría de los casos leves de violencia doméstica, los tribunales de familia emiten fallos en los que se ordena al autor recibir sesiones de asesoramiento. Cuando sea posible su aplicación, una disposición en que se contemple la posibilidad de que la fiscalía pueda suspender la acusación a condición de que el acusado se someta a sesiones de asesoramiento facilitaría una prestación más rápida de asesoramiento profesional, los que podría ayudar a prevenir la reincidencia y corregir la personalidad y el comportamiento del agresor.

Situación de la enmienda de la Ley sobre Casos Especiales relativos al Castigo de los Delitos de Violencia Doméstica en relación con la suspensión de la acusación a condición de someterse a sesiones de asesoramiento: •(Proyecto de ley núm. 11988): La suspensión de la acusación a condición de que el acusado se someta a sesiones de asesoramiento no se concederá a los autores de actos de violencia doméstica cuando exista riesgo de reincidencia (propuesto el 10 de agosto de 2021, pendiente en la Asamblea Nacional). •(Proyecto de ley núm.17809, 20931): Eliminar la posibilidad de suspender la acusación a condición de que el acusado se someta a sesiones de asesoramiento en relación con los autores de actos de violencia doméstica y excluir los delitos de violencia doméstica de la aplicación de la doctrina de no enjuiciamiento contra la voluntad de la víctima (propuesto el 17 de octubre de 2022 y el 28 de marzo de 2023, actualmente pendiente en la Asamblea Nacional) .

La violación conyugal es punible incluso en el marco de la legislación vigente, ya que en el artículo 297 del Código Penal se define la violación como el acto de “mantener relaciones sexuales con otra persona mediante violencia o intimidación”, por lo que no se excluye al cónyuge como objeto de un delito penal. La introducción del delito denominado “mantener relaciones sexuales sin consentimiento” es una cuestión que afecta al marco fundamental de los delitos de violencia sexual, ya que traslada efectivamente la carga de la prueba al acusado, con lo que se deja margen para menospreciar la voluntad o la capacidad de las mujeres, entre otras cosas, lo que suscita diversas preocupaciones que merecen un examen detenido.

El Tribunal Supremo ha dictaminado que el concepto de víctima de violación contemplado en el artículo 297 del Código Penal incluye a la esposa, y la posibilidad de violación se establece tanto en los casos en que la relación matrimonial se disuelve, como en los que se mantiene de manera efectiva. (Tribunal Supremo 2012Do14788, Sentencia del Pleno)

De conformidad con el artículo 5 de la Ley sobre Casos Especiales relativos al Castigo de los Delitos de Violencia Doméstica, un funcionario de la policía judicial que reciba información sobre cualquier delito de violencia doméstica en curso, deberá acudir sin demora al lugar de los hechos y llevar a cabo una investigación penal que incluya la detención del delincuente flagrante, etc., con arreglo a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Además, en mayo de 2020 se introdujo una enmienda en la Ley de Casos Especiales relativos al Castigo de los Delitos Sexuales (“Ley de Castigo de los Delitos Sexuales”, y se está tramitando una enmienda de la Ley de Castigo de los Delitos de Acecho con objeto de endurecer las penas de los autores de nuevas formas de violencia sexual, como la producción o distribución de vídeos de explotación sexual, delitos de acecho, etc. Por otra parte, en caso de violación de una orden de alejamiento o de una medida provisional (restricción de acceso) dictada en relación con los delitos violentos contemplados en el artículo 63 de la Ley de Castigo de los Delitos Sexuales o en el artículo 20 de la Ley de Castigo de los Delitos de Acecho, el autor queda sujeto a sanción penal y puede ser detenido como delincuente flagrante con arreglo a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Se ha propuesto un proyecto de ley para modificar la Ley de Castigo de los Delitos Sexuales cuyo propósito es prohibir las indagaciones o investigaciones, las vistas y los juicios relacionados con casos de acusación falsa hasta que se haga firme la decisión de fiscalía de no procesar o finalice la actuación judicial en los casos en los que se presente una denuncia o una acusación por denuncia falsa contra una víctima de un delito de violencia sexual. Sin embargo, es difícil separar las investigaciones y los juicios cuando hay un primer caso de violencia sexual y un caso posterior de acusación falsa. Si bien existe la necesidad de investigar y castigar el acto de presentar una denuncia falsa, también debe considerarse en comparación con otros casos de acusación falsa. En la actual Ley de Castigo de los Delitos Sexuales se garantiza que las víctimas de violencia sexual puedan buscar representación legal libremente, por ejemplo, a través de la designación de un abogado o la aceptación de un defensor público proporcionado sin costo alguno, para proteger sus derechos e intereses en los procesos penales.

En la actualidad no existen disposiciones en las leyes vigentes, entre otras la Ley de Castigo de los Delitos Sexuales, que restrinjan la mención de los antecedentes sexuales de la víctima. Se han propuesto proyectos de ley de enmienda de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Castigo de los Delitos Sexuales tendientes a prohibir la admisión como prueba de los antecedentes sexuales de la víctima y prohibir también cualesquiera indagaciones, investigaciones e interrogatorios posteriores al respecto. Sin embargo, es necesario tener en cuenta la especificidad de la investigación de los delitos de violencia sexual, ya que puede que no sea fácil disponer de pruebas objetivas, y también el hecho de que ya existe margen suficiente para restringir las indagaciones, investigaciones e interrogatorios relativos a los antecedentes sexuales mediante el ejercicio de la autoridad procesal del presidente del tribunal.

Para abordar sistemáticamente las nuevas formas de violencia sexual contra las mujeres y las niñas, en 2020, el Gobierno, a través de actuaciones interministeriales, formuló medidas encaminadas a erradicar los delitos sexuales en el ámbito digital y presionó para que reajustaran las leyes y las instituciones, se desarrollara un sistema de investigación específico, se prestara apoyo a las víctimas y se fomentara la sensibilización en la materia.

Para velar por que los autores recibieran un castigo apropiado, se enmendó la Ley de Castigo de los Delitos Sexuales, tipificando el delito relacionado con los vídeos de explotación sexual y agravando el castigo por intimidación o coacción mediante el uso de fotografías o vídeos sexualmente explícitos (mayo de 2020). Se modificó la Ley de Protección de los Niños y Jóvenes contra Delitos Sexuales (2020-2021) con vistas a agravar el castigo y establecer la imprescriptibilidad de los delitos relacionados con materiales de explotación sexual de niños o jóvenes, así como castigar la práctica de captación de niños por Internet con fines sexuales. Además, se modificaron la Ley de Empresas de Telecomunicaciones y la Ley de Promoción de la Utilización de las Redes de Información y Comunicaciones y de Protección de la Información (junio de 2020) para facilitar el bloqueo y la retirada de la circulación de materiales filmados ilegales, y se supervisó el cumplimiento de las normas por parte de los proveedores de servicios de Internet (véase el apéndice 6: Estado de la modificación de las leyes en respuesta a las nuevas formas de violencia sexual).

Además, se establecieron unidades de investigación especializadas en delitos de violencia sexual en 60 fiscalías de todo el país, y en cada fiscalía de distrito se nombró a un fiscal encargado de los delitos sexuales en el ámbito digital. Para reforzar la respuesta profesional y sistemática se elaboraron, entre otras cosas, una norma reforzada para la tramitación de casos y un manual para bloquear la difusión y eliminar el material filmado ilegalmente.

En 2018 se creó el Centro de Defensa de las Víctimas de Abusos Sexuales en Línea, que en 2022 proporcionó apoyo en un total de 234.560 casos, incluido el asesoramiento a las víctimas, la eliminación de materiales filmados ilegales y la derivación a los servicios de asistencia jurídica gratuita, investigación y atención médica. Además, se facilita el seguimiento preventivo y la eliminación de materiales de explotación sexual infantil o juvenil. Además, para prevenir los delitos sexuales en el ámbito digital, se puso en marcha una plataforma, denominada “Dicle”, dedicada al desarrollo de contenidos y actividades formativas para la prevención de los delitos sexuales en el ámbito digital dirigida a estudiantes, padres, profesores, etc., y también se llevó a cabo la campaña “Incluso mirar es delito”.

Apoyo prestado por el Centro de Defensa de las Víctimas de Abusos Sexuales en Línea (2022)

Total (Número de casos que recibieron apoyo)	Asesoramiento	Ayuda para la eliminación de contenido	Derivación a los servicios de investigación o apoyo jurídico	Derivación a los servicios de atención médica
234 560	19 259	213 602	1 525	174

Para contar con un sistema de gestión y supervisión eficaz y centrado en la prevención, se lleva a cabo una supervisión intensiva del funcionamiento de los sistemas de igualdad en el empleo y protección de la maternidad en los lugares de trabajo sospechosos de ser una fuente de acoso sexual, incluidas las pequeñas y medianas empresas, y en los casos en que se detecta algún incumplimiento, se ponen en marcha acciones judiciales, medidas correctivas, multas administrativas, etc. En 2022 se inspeccionaron un total de 996 lugares de trabajo y se detectaron 4.364 casos de incumplimiento. Además, de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Igualdad de Oportunidades en el Empleo y de Ayuda a la Conciliación Laboral y Familiar (“Ley de Igualdad en el Empleo”), si el empleador incumple la obligación de tomar las medidas necesarias contra una persona que haya cometido un acto de acoso sexual en el lugar de trabajo, como una sanción disciplinaria o el cambio del lugar en el que desempaña sus funciones, se le puede imponer una multa administrativa de hasta 5 millones de won, con lo que queda garantizado el estricto cumplimiento de la ley.

Para imponer un castigo más firme a los autores de actos de violencia sexual en las escuelas, se enmendaron la Ley de Funcionarios Docentes y otras leyes con vista a sentar las bases para proceder a la separación del personal docente de su cargo oficial a fin de asegurar su cese sin demora cuando se haya iniciado una investigación sobre ellos por sospecha de delito sexual o abusos cometidos contra niños o menores, al tiempo que se restringe a las personas condenadas por delitos sexuales la posibilidad de trabajar como personal docente. Desde 2018 funciona en el Ministerio de Educación el Centro de Denuncia de Acoso y Violencia Sexual en el Sector Educativo. Tras la modificación de la Ley de Educación Superior en 2022 se hizo obligatoria la instalación de centros de derechos humanos en las universidades para prevenir y contrarrestar la victimización por acoso y violencia sexual, con lo que se construyó un sistema de denuncia más sólido al establecerse, por ejemplo, normas de confidencialidad más estrictas.

Se ha enmendado la Ley del Tribunal Militar, a fin de contemplar el enjuiciamiento en los tribunales civiles por delitos de violencia sexual cometidos por personal militar o asimilado, y aplicar criterios de imposición de penas más severos, en comparación con los civiles, en los delitos de violencia sexual en los que estén implicados miembros del personal militar o asimilado. Para evitar que los autores de esos delitos puedan reincorporarse a sus funciones profesionales, en la Ley de Gestión del Personal Militar y en la Ley de Funcionarios del Estado se prevén medidas como la baja en el registro militar, la jubilación, la rescisión del nombramiento, etc. Por otra parte, para evitar que se expongan los datos personales de las víctimas, existen disposiciones sancionadoras al respecto (pena de prisión con trabajos forzados no superior a tres años o multa de hasta 30 millones de won).

En 2018, para erradicar el acoso y la violencia sexual en el sector público y fortalecer el sistema de protección y apoyo a las víctimas, se promulgó la Ley Marco de Prevención de la Violencia contra la Mujer, en la que se incorporó concepto de victimización secundaria y se establecieron directrices para la prevención de dicha victimización, al tiempo que se ordenaba impartir formación al personal de los organismos de investigación, etc. En 2020 se instaló un Centro Integral de Apoyo para la Erradicación del Acoso y la Violencia Sexual y, con la modificación de la Ley de Prevención de la Violencia Sexual y Protección a las Víctimas y la Ley Marco de Igualdad de Género, se fortaleció un sistema de respuesta que permite que, de producirse un caso de acoso o violencia sexual en el sector público, se notifique el incidente y se presenten las medidas preventivas pertinentes al Ministerio de Igualdad de Género y de la Familia mientras se realizan investigaciones, entre otras cosas.

En las comunidades que acogen a una gran población de mujeres desertoras de la República Popular Democrática de Corea se ha designado diez centros para la familia y centros de asesoramiento sobre violencia doméstica y sexual como lugares de asesoramiento y recuperación emocional en los que las mujeres norcoreanas traumatizadas por la violencia pudieron recibir en 2022 hasta 4.552 sesiones de asesoramiento y 1.746 sesiones de recuperación emocional. Además, la organización Hanawon gestiona programas de atención psiquiátrica, asesoramiento y estabilidad mental para las mujeres norcoreanas desertoras que siguen cursos de formación; hay 25 centros Hana en todo el país que atienden casos y ofrecen servicios de asesoramiento profesional a las mujeres norcoreanas desertoras; y el Centro de Integración Cultural Intercoreano ha prestado apoyo en forma de asesoramiento personalizado y pruebas psicológicas, así como psicoterapia a través del juego, el arte, el uso de instrumentos musicales, etc. También se ha puesto en marcha un centro de llamadas para desertores norcoreanos (1577-6635) con las líneas 1393 para disuadir del suicidio y 1366 para asistir a las mujeres, con lo que se ha establecido un sistema de asesoramiento permanente.

El Gobierno ha ampliado el apoyo a los servicios de asesoramiento, protección, atención médica y jurídica, etc., mediante la puesta en funcionamiento de 12 instalaciones destinadas a ofrecer protección a las víctimas de la violencia doméstica y sexual. Para facilitar el acceso a las personas con discapacidad, se han instalado medios acordes a sus necesidades, como pasillos, ascensores, baños y dormitorios adaptados, y también se han subvencionado los gastos de asistencia y transporte. Existen refugios para las personas con discapacidad y los niños víctimas de abusos en los que se les proporciona protección temporal y se les presta apoyo para su reinserción en la sociedad. Cuando se considera necesario, se proporciona a las víctimas de la violencia de género formación y asesoramiento profesional en colaboración con organismos de apoyo. Cuando las víctimas reciben el alta de los centros de acogida, se las deriva a las comunidades locales o a los centros de asistencia social para facilitar su independencia y su rehabilitación profesional, etc. y la información sobre el alta se notifica a los organismos de defensa de las personas con discapacidad para que hagan un seguimiento del caso. Además, para evitar la victimización adicional de las víctimas de la violencia doméstica por la exposición de sus datos personales, en 2022 se modificó la Norma de Aplicación de la Ley de Registro de Residentes, entre otras, para simplificar el procedimiento de solicitud de restricción de la expedición de copias certificadas o resúmenes de la tarjeta de registro de residentes para evitar que los delincuentes puedan acceder a esa información.

Desde 2018, el Gobierno publica cada año informes sobre la situación de los abusos contra las personas con discapacidad con vistas a formular políticas eficaces de prevención de los abusos contra las mujeres con discapacidad. Los casos de maltrato que afectan a mujeres con discapacidad se desglosan y analizan por tipo de delito (maltrato físico, emocional o sexual, explotación económica, abandono o negligencia) y tipo de discapacidad (véase el apéndice 7: Estadísticas sobre mujeres con discapacidad víctimas de malos tratos (Informe sobre la situación de los malos tratos a las personas con discapacidad de 2021)).

Trata y explotación de la prostitución

Tras la entrada en vigor de la Ley de Prevención de la Trata de Personas y Protección de las Víctimas (Ley de Prevención de la Trata de Personas, de enero de 2023), en 2022, tras realizar un análisis comparativo de indicadores de fuentes nacionales e internacionales para garantizar la pronta identificación y prestación de apoyo y protección a las víctimas de la trata, se elaboró el Índice de Identificación de Víctimas. En marzo de 2023 se anunció es establecimiento del Índice, después de recabar observaciones y celebrar audiencias públicas en las que participaron organizaciones no gubernamentales y funcionarios públicos relacionados con el tema, y se programó un seguimiento anual de los resultados. A fin de proporcionar apoyo y protección según se dispone en la Ley, se ofrece asistencia para la educación escolar y el empleo, orientación jurídica y apoyo para gastos médicos y de manutención, independientemente de la nacionalidad del beneficiario. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley, las víctimas extranjeras pueden obtener la suspensión de la ejecución de una orden de expulsión, la puesta en libertad temporal y la prórroga del período de residencia.

Disposiciones sobre la identificación de las víctimas en la Ley de Prevención de la Trata de Personas Artículo 11 ①Para la prevención de la trata de personas y la protección y el apoyo a las víctimas, el Estado y los gobiernos locales impartirán formación sobre la identificación de las víctimas de la trata a las personas comprendidas en cualquiera de los siguientes apartados, y los resultados de esa formación se presentarán al Ministro de Igualdad de Género y de la Familia. 1.Quienes tienen la obligación de informar en virtud de los dispuesto en el artículo 21, apartado 2. 2.Los empleados de las instituciones médicas especializadas contempladas en el artículo 29. 3.Los empleados de los centros de apoyo a las víctimas de la trata, etc., contemplados en el artículo 33. 4.Los funcionarios de control de inmigración responsables de los asuntos establecidos en el artículo 25.2 y el artículo 46.2 de la Ley de Inmigración. Artículo 13 ①El Ministro de Igualdad de Género y de la Familia elaborará y dará a conocer el Índice de Identificación de Víctimas con objeto de detectarlas lo antes posible y proporcionarles protección y apoyo, y recomendará su utilización a los fiscales, funcionarios de la policía judicial, funcionarios de control de inmigración y jefes de las organizaciones a las que pertenezcan los funcionarios públicos que desempeñen tareas relacionadas con los extranjeros.

Las medidas adoptadas para abordar las recomendaciones anteriores del Comité (párrafo 25 de las observaciones finales sobre el octavo informe periódico) son las siguientes:

a)Desde 2022, para evitar posibles vulneraciones de los derechos humanos de las personas empleadas como artistas en establecimientos de ocio (E‑6‑2), el Gobierno examina periódicamente la autenticidad y la legalidad de sus actividades y les concede un permiso de residencia de corta duración de hasta seis meses. Cuando solicitan una prórroga de la estancia, se les exige que rellenen el Índice de Identificación, y si se descubren pruebas de la comisión de actos ilegales, como el tráfico o la violencia sexual, dichas pruebas se tienen en cuenta a la hora de evaluar la solicitud de visado. Cuando se tramitan solicitudes de permiso de residencia se realizan exámenes en persona para comprobar si se han producido abusos contra los derechos humanos. Desde 2014, el Gobierno lleva a cabo inspecciones interministeriales en locales de ocio para extranjeros con el fin de evaluar la situación con respecto a posibles violaciones de derechos humanos o actos ilegales contra mujeres extranjeras (E‑6‑2);

b)Desde 2019 se viene concediendo el permiso G‑1 a las mujeres extranjeras que viven en Corea y son víctimas de la trata, como la prostitución forzada, y a las que sufren daños por violencia sexual, violencia doméstica, agresión y abuso habituales u otros delitos graves, independientemente de su voluntad o su capacidad de cooperar con las autoridades fiscales si se están llevando a cabo actuaciones judiciales, una investigación por parte de un organismo de investigación o cualquier otro procedimiento de recurso civil o penal;

“Otros permisos (G‑1‑11)” concedidos

Año	Antes de 2019	2020	2021	2022	Marzo de 2023	Total
Número de beneficiarios	23	15	3	17	2	60

c)Para garantizar que las mujeres desertoras de la República Popular Democrática de Corea no se vean expuestas al tráfico sexual, entre otras cosas, debido a los problemas de subsistencia, etc., el Gobierno ha venido incrementando constantemente el apoyo laboral dirigido específicamente a sus intereses y características individuales, por ejemplo, ofreciendo empleo, formación empresarial, asesoramiento y formación específica para cada etapa de su asentamiento. Como resultado, esas mujeres han alcanzado una tasa de empleo superior a la de otros grupos, y la proporción de esas mujeres que permanecen económicamente inactivas es baja;

	Tasa de empleo		Población no económicamente activa
Año	Mujeres desertoras de la República Popular Democrática de Corea	Otros grupos de mujeres		Mujeres desertoras de la República Popular Democrática de Corea	Otros grupos de mujeres
2022	54,1  %	53,8  %		41,6  %	44,4  %
2021	52,3  %	52,1  %		42,6  %	45,8  %

d)El Gobierno ha incrementado el apoyo para los gastos médicos y de subsistencia de emergencia para hacer frente con prontitud a las diversas contingencias con que puedan tropezar las mujeres norcoreanas desertoras vulnerables. Los centros Hanawon y Hana y las escuelas alternativas para jóvenes desertoras norcoreanas, entre otras instituciones, han desempeñado un papel fundamental a la hora de impartir una formación integral en derechos humanos desde la perspectiva de la igualdad de género, mejorando así la concienciación sobre los roles de género saludables y los derechos humanos entre esas mujeres;

e)En 11 fiscalías de distrito de todo el país se han creado unidades de investigación especializadas en los delitos contra las mujeres y los niños, y se han designado fiscales dedicados al tratamiento de la violencia sexual y los delitos violentos, lo que facilita la investigación fluida y expeditiva de diversos delitos relacionados con la trata y el secuestro. En principio, se incoan procesos contra los actos de concertación y compra de sexo comercial con niños y menores, y se recopilan y analizan meticulosamente los factores en caso de condena por delitos graves para proseguir la investigación, una vez bajo custodia, para dar una respuesta severa. Se hace todo lo posible por mantener la acusación pública y garantizar así que los autores de actos de trata que cometen secuestros o raptos sean condenados a penas acordes con la gravedad de sus delitos. También se han asignado a la policía funciones específicas correspondientes a cada fase de la respuesta ante un caso para velar por la actuación rápida y precisa en el lugar de los hechos, así como la investigación rigurosa de los casos de trata;

f)Con la aplicación de la Ley de Prevención de la Trata de Personas, se garantiza a las víctimas, incluidas las mujeres y las niñas, el acceso a la ayuda y una indemnización por daños y perjuicios, el derecho a participar en las investigaciones y los procedimientos judiciales y a acceder a la información pertinente, el derecho a la intimidad y a la protección personal, etc. Además, se han creado organismos de defensa y centros a nivel central y local destinados a ofrecer protección a las víctimas y a proporcionarles educación escolar y asistencia laboral, asesoramiento legal, apoyo para gastos médicos, medios de subsistencia y retorno a sus países de origen, etc., en función de sus circunstancias. Se ha establecido una línea telefónica directa (1600‑8248) a través de la cual se proporciona orientación e información sobre la denuncia de los daños y se organiza la prestación de asesoramiento y la derivación al servicio que corresponda según el tipo de daño sufrido;

g)Para ayudar a las mujeres que desean abandonar la prostitución se han puesto en funcionamiento, en colaboración con el sector privado, un total de 96 instituciones de apoyo, incluidos centros de asesoramiento, instituciones de protección (general, para jóvenes y para extranjeros), centros de apoyo a la rehabilitación e instituciones encargadas de la educación alternativa. Se ofrece una asistencia integral y escalonada, que va desde la intervención en situaciones de crisis hasta la protección y el apoyo para lograr la autonomía, etc. y cubre los gastos médicos, legales y de formación profesional, además de apoyar la participación en proyectos laborales en centros de apoyo a la rehabilitación, prácticas, etc.

Situación de los centros de apoyo a las víctimas de la trata con fines sexuales y número de víctimas asistidas (2022)

	Total	Centros de asesoramiento	Instituciones de protección de menores	Instituciones de protección de extranjeros	Hogares colectivos de apoyo a la autonomía	Centros de apoyo a la rehabilitación	Instituciones de educación alternativa
Número de instalaciones	96	31	38	1	11	13	2
Número de víctimas asistidas	5 277	3 493	799	77	45	782	81

“Mujeres de solaz”

En la aplicación del acuerdo Corea‑Japón sobre las “mujeres de solaz” de 2015, el Gobierno de la República de Corea se ha esforzado por tener muy en cuenta las opiniones de las víctimas y supervivientes y sus familias para garantizar sus derechos. A raíz de los resultados de la revisión del acuerdo (el 27 de diciembre de 2017), el Gobierno reunió las aportaciones de las víctimas y las organizaciones no gubernamentales pertinentes, aportó 10.300 millones de won a un fondo para la igualdad de género y adoptó medidas para disolver la Fundación para la Reconciliación y la Sanación, entre otras cosas. (Anuncio de la disolución: noviembre de 2018, revocación del permiso de establecimiento: enero de 2019, finalización del registro de disolución: julio de 2019, proceso de liquidación: en curso). Mientras tanto, se ha incrementado la asistencia personalizada, por ejemplo, en forma de subvenciones para la estabilidad de los medios de vida y para el pago de los servicios de enfermería, con el fin de promover medios de vida estables y el bienestar de las propias víctimas.

Ayuda gubernamental para las “mujeres de solaz” víctimas del ejército japonés (miles de won mensuales)

Año	Subvenciones para la estabilidad de los medios de subsistencia	Subvenciones para el pago de servicios de enfermería
2018	1 337	1 120
2019	1 404	1 360
2020	1 474	1 519
2021	1 548	1 621

En 2017, se designó el 14 de agosto como Día de Conmemoración de las Mujeres de Solaz del Ejército Japonés para restaurar la dignidad y el honor de las víctimas y elevar el perfil de sus problemas como una cuestión de derechos humanos en relación con las mujeres y la paz en la comunidad internacional y, desde entonces, se han puesto en marcha una serie de proyectos conmemorativos, incluida la fundación de un instituto de investigación centrado en la cuestión de las mujeres de solaz del ejército japonés.

Participación en la vida política y pública

La Ley de Fondos Políticos se modificó en 2022 para ampliar la participación de las mujeres en la política. Las “subvenciones para la presentación de candidaturas femeninas” ya no se asignan y abonan únicamente a los partidos políticos que presenten al menos el 30 % de mujeres en el total de candidatos en las circunscripciones locales de todo el país, sino que se asignan y conceden en cantidades diferenciadas que oscilan entre el 20 % y el 50 % en función de la proporción de candidatas presentadas por cada partido político.

Enmiendas del artículo 26 de la Ley de Fondos Políticos sobre el método de asignación de subvenciones para la presentación de candidaturas de mujeres

Proporción de mujeres en el total de candidatas en las circunscripciones locales de todo el país	Importe total de las subvenciones objeto de adjudicación	Método de adjudicación (importe total de subvenciones objeto de adjudicación)
Al menos el 30 %	50 % de las subvenciones	1.El 40 % del importe total de las subvenciones se asignará en función de la proporción del número de escaños en la Asamblea Nacional que haya obtenido cada partido político en el momento de la asignación.
Al menos el 20 % pero por debajo del 30 %	30 % de las subvenciones	2.El 40 % del importe total de las subvenciones se asignará sobre la base de la proporción de votos obtenidos en las elecciones para miembros de la Asamblea Nacional a la expiración de los mandatos (referido al promedio de votos que un partido político hubiera obtenido en las circunscripciones nacionales proporcionales representativas y en las circunscripciones locales).
Al menos el 10 % pero por debajo del 20 %	20 % de las subvenciones	3.El resto se asignará en función de la relación entre el número de candidatas de cada partido político en las circunscripciones locales y el número total de candidatas presentadas por cada partido.

La subvención concedida a un partido político perteneciente a una categoría con menor proporción de candidatas no superará los importes mínimos asignados a cada partido político en las categorías con mayor proporción de candidatas.

Proporción de mujeres entre los miembros de la Asamblea Nacional

			Género
Clasificación	Tipo de elección	Total	Hombres	Mujeres (%)
18ª Asamblea Nacional (2008)	Total	299	258	41 (13,0)
Representación proporcional	54	27	27 (50,0)
Por circunscripción local	245	231	14 (5,0)
19ª Asamblea Nacional (2012)	Total	300	253	47 (15,7)
Representación proporcional	54	26	28 (51,9)
Por circunscripción local	246	227	19 (7,7)
20ª Asamblea Nacional (2016)	Total	300	249	51 (17)
Representación proporcional	47	22	25 (53,2)
Por circunscripción local	253	227	26 (10,3)
21 a Asamblea Nacional (2020)	Total	300	243 (81,0)	57 (19,0)
Representación proporcional	47	19	28 (59,6)
Por circunscripción local	253	224	29 (11,5)

Fuente: Comisión Electoral Nacional (2020), Lista de miembros de la 21ª Asamblea Nacional.

Desde que el Gobierno comenzó a aplicar el reclutamiento no sexista en la Universidad Nacional de Policía de Corea, tras abolir las prácticas de reclutamiento segregadas por género en 2021, la proporción de mujeres alumnas, que se situaba entre el 10 % y el 12 %, se ha más que duplicado (el 26 % en 2021, el 34 % en 2022 y el 24 % en 2023). Ese método integrado también se aplicará para el reclutamiento de oficiales de patrulla a partir de 2026. Además, se han introducido mejoras en las normas de las pruebas de aptitud física que diferían en función del sexo debido a la preocupación por una posible discriminación inversa. A partir de 2024, se aplicará el mismo examen policial a hombres y mujeres.

Los esfuerzos por aumentar la representación femenina en la policía se reflejan y gestionan en el Plan Conjunto del Gobierno para Mejorar la Representación de las Mujeres en el Sector Público. En 2022 se superó el objetivo del 15 %, con una representación del 15,1 %. A continuación, se muestran el número y la proporción de mujeres policías, desglosados por rango, en febrero de 2023.

( A gentes/%)

Total	Superintendente General Principal o superior	Superintendente General	Superintendente Principal	Superintendente	Inspector principal	Inspector	Inspector adjunto	Oficial superior de patrulla	Oficial de patrulla
19 649	1	3	38	231	1 159	4 320	4 440	5 024	4 433
14,9  %	2,5  %	3,2  %	5,7  %	7,4  %	4,8  %	10,5  %	20,5  %	20,9  %	25,8  %

Nacionalidad

Por lo general, a quienes solicitan la naturalización se les exige haber residido en Corea durante al menos cinco años. Sin embargo, a los inmigrantes casados con ciudadanos coreanos se les exige una residencia en el país durante un período más corto, de uno o dos años, y también están exentos del examen exhaustivo estipulado en la Ley de Nacionalidad. Asimismo, si llevan una vida matrimonial normal, como tener un hijo, sus solicitudes de naturalización tardan unos 10 meses en tramitarse (mientras que las solicitudes generales de naturalización tardan unos 20 meses). En virtud de la Ley de Inmigración, se permite a los inmigrantes casados prorrogar su residencia sin restricciones, previa solicitud, con lo que se garantiza la estabilidad jurídica de su estancia en Corea.

Para promover una cultura del matrimonio internacional basada en la dignidad personal y la igualdad de género y defender la igualdad de derechos y responsabilidades de ambas partes durante el matrimonio o en caso de su disolución, la República de Corea, mediante la modificación de la Norma de Aplicación de la Ley de Inmigración en 2011, suprimió el requisito de que los inmigrantes casados tuvieran que presentar una carta de garantía del cónyuge como parte de la documentación para la inscripción en el registro de extranjeros y la prórroga del permiso de residencia.

Para establecer un sistema de registro de nacimientos de niños extranjeros, el Gobierno, tras celebrar debates en el seno del Comité de Política del Ministerio de Justicia (febrero de 2021) y el Comité de Deliberación de Políticas sobre la Mujer y la Infancia (abril de 2021) y solicitar la opinión de los organismos gubernamentales y grupos cívicos pertinentes a través de consultas, llegó a un consenso. En junio de 2022 se propuso un proyecto de ley sobre el registro de nacimientos de niños extranjeros que contenía disposiciones sobre los requisitos para la inscripción de nacimientos, las personas obligadas a solicitar el registro del nacimiento, las solicitudes, la expedición de certificados, etc., que actualmente está siendo objeto de debate en la Asamblea Nacional (véase el apéndice 8: Disposiciones clave del proyecto de ley sobre el registro de nacimiento de niños extranjeros.

Educación

El Gobierno se ha esforzado por promover la educación en las materias de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas para las niñas de primaria y secundaria y apoyar su progreso en los campos de la ciencia y la ingeniería mediante la formulación del Cuarto Plan de Fomento y Apoyo a las Mujeres Científicas e Ingenieras (2019-2023). En 2022, a las estudiantes de programas de grado y posgrado en ciencias e ingeniería se les ofreció una asistencia diseñada para mejorar su empleabilidad y sus opciones profesionales, como tutorías específicas para cada etapa de la vida (568 estudiantes), financiación para la investigación en ingeniería en equipos compuestos por estudiantes de secundaria y bachillerato (150 equipos) y apoyo laboral para estudiantes universitarias regionales en sectores tecnológicos emergentes (6.526 estudiantes). Además, se impartió el programa K‑Girls’ Day a 2.054 alumnas para alentarlas a cursar estudios de ciencias e ingeniería e incorporarse al sector industrial. Mientras tanto, para cultivar el talento con aptitudes de pensamiento convergente y capacidad de resolución de problemas de la vida real, se han seleccionado 300 escuelas primarias y secundarias de todo el país como líderes en educación para desarrollar modelos de aprendizaje en las materias de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, para lo que han recibido apoyo en el desarrollo de diversos programas educativos (91 tipos) y tareas de indagación e investigación en esas materias.

Para impartir formación a los alumnos sobre una salud y unos derechos sexuales adecuados a su edad y a su etapa de desarrollo, la asignatura de salud del Plan de Estudios Revisado de 2022 se desarrolló de manera que promoviera una comprensión equilibrada del desarrollo y las relaciones sexuales durante la adolescencia, las imágenes corporales y la conciencia sexual en contextos sociales como la comunidad, la sensibilidad de género, la diversidad cultural y la alfabetización digital, y que condujera también a una ciudadanía saludable basada en los conocimientos sobre salud, enfermedades y atención sanitaria (incluidos los embarazos precoces y no deseados, las infecciones de transmisión sexual, como el VIH/sida, los abusos sexuales, la violencia sexual, etc. presentados por la Organización Mundial de la Salud).

Mediante la educación para la igualdad de género, tal y como se refleja en el Plan de Estudios Revisado de 2022, se pretende acabar con los estereotipos o prejuicios de género, explorar las causas personales y socioestructurales de la violencia de género, incluida la violencia sexual, y formar a los estudiantes para que adopten medidas proactivas y voluntarias en su vida cotidiana.

También se pretende enseñar actitudes de empatía y consideración hacia las minorías sociales que experimentan conflictos de género y discriminación sexual y de otro tipo, así como enfoques racionales de la resolución de conflictos, aptitudes y perspectivas de igualdad de género.

Empleo

En 2022, la Ley de Promoción de las Actividades Económicas de las Mujeres que han Visto Interrumpida su Carrera fue enmendada en su totalidad y renombrada como Ley de Promoción de la Actividad Económica y de Prevención de la Interrupción de la Carrera de las Mujeres (Ley de Actividad Económica de las Mujeres), lo que supuso el apoyo a la vuelta al empleo de las mujeres cuyas carreras se habían visto interrumpidas debido al parto y al cuidado de los hijos y un nuevo énfasis en la prevención de la interrupción de la carrera, por ejemplo ayudando a las mujeres trabajadoras a mantenerla y desarrollarla. También se formuló el Tercer Plan Básico para la Promoción de la Actividad Económica de las Mujeres que han Visto Interrumpida su Carrera (2020-2024).

Mediante un sistema de ventanilla única, se proporcionaron servicios integrales de empleo a las mujeres que habían visto interrumpida su carrera, desde asesoramiento, formación y búsqueda de empleo hasta el seguimiento a través de 159 Centros de Vuelta al Trabajo para Mujeres (Centros Saeil) en todo el país, mientras que se han ampliado los cursos de formación profesional sobre trabajos prometedores de alto valor añadido (de 50 en 2020 a 59 en 2021 y 66 en 2022) con lo que se prepara a esas mujeres para la transición a una sociedad digital. Además, se aumentaron los subsidios para el empleo de mujeres que han visto interrumpida su carrera (2,4 millones de won para empresas y 0,6 millones de won para particulares en 2020 más 0,8 millones de won que se pagaron adicionalmente en 2021 a las empresas que mantuvieran el empleo de las mujeres en transición durante seis meses o más). Además, se pusieron en marcha 80 instituciones dedicadas a prevenir la interrupción de la carrera profesional de las mujeres que ofrecen servicios preventivos personalizados a las mujeres con alto riesgo de ver interrumpida su carrera profesional y a sus empleadores, teniendo en cuenta las etapas de la vida de esas mujeres y los factores de riesgo en juego.

Historial de funcionamiento de los Centros de Vuelta al Trabajo para Mujeres

	Ofertas y demandas de empleo		Formación profesional		Centros de prácticas
Año	Número de empleos ofrecidos	Número de empleos solicitados		Número de alumnas	Proporción de becarias empleados		Número de mujeres derivadas	Proporción de derivaciones que condujeron a la colocación
2022	547 082	553 590	12 586	N/A	10 145	96,7  %
2021	557 488	572 560	12 573	73,3  %	11 761	96,9  %
2020	576 043	552 198	11 023	73,8  %	6 945	97,4  %
2019	509 326	540 396	14 544	71,9  %	7 351	96,5  %
2018	511 953	483 802	14 796	73,0  %	7 410	95,9  %

De conformidad con lo establecido en el artículo 8.1 de la Ley de Igualdad de Oportunidades en el Empleo y de Ayuda a la Conciliación Laboral y Familiar, los empleadores están obligados a proporcionar igual salario por trabajo de igual valor dentro de una misma empresa. En el artículo 37 de la misma Ley se establece que la infracción de ese principio se castiga con penas de prisión de hasta tres años o multa de hasta 30 millones de won, en función de las investigaciones y otras medidas adoptadas por los inspectores del Ministerio de Empleo y Trabajo.

Aunque la Ley de Normas Laborales no contiene una definición de quienes se consideran trabajadores a jornada reducida, si un trabajador contratado para trabajar menos de 15 horas semanales reúne los requisitos para ser considerado trabajador a jornada parcial, según se define en el artículo 2 de esa Ley, se aplicarán las mismas disposiciones para su protección. En la Ley de Protección de los Trabajadores con Contrato de Duración Determinada y a Tiempo Parcial se establecen estrictos requisitos de protección de las condiciones de trabajo, incluidas disposiciones sobre la prohibición del trabajo en horas extraordinarias sin consentimiento, un límite de las horas extraordinarias de 12 semanales y el pago de un mínimo del 50 % del salario ordinario por el trabajo en horas extraordinarias, todo ello con independencia del sexo del trabajador.

Entre 2020 y 2022 se organizó, conjuntamente con el Gobierno de Suecia, una “Exposición fotográfica de padres coreanos” para promover una cultura del cuidado más equitativa y el derecho de los hombres a cuidar de sus hijos. Además, las empresas e instituciones con las mejores prácticas en los sistemas de bajas por maternidad y para el cuidado de los hijos, trabajo flexible y atención familiar recibieron la certificación de “favorables a la familia” que ofrecía diversos incentivos, como puntos adicionales en las licitaciones para proyectos gubernamentales y tipos de interés preferenciales, como forma de fomentar un clima de equilibrio entre la vida laboral y familiar.

En 2022, se introdujo el Sistema de Permiso Parental 3+3 a fin de promover la utilización del permiso de paternidad y aumentar la proporción de sustitución de ingresos en el caso de las prestaciones por licencia para el cuidado de los hijos. Se mejoró el apoyo a las pequeñas y medianas empresas empleadoras que facilitaban las excedencias para el cuidado de los hijos en el lugar de trabajo. Gracias a esas iniciativas, el número de beneficiarios de las prestaciones de excedencia para el cuidado de los hijos aumentó un 18,6 % interanual hasta alcanzar los 131.087 en 2022, mientras que el número de padres que disfrutaron de esas prestaciones, en particular, se incrementó en más de un 30 %, pasando de 29.041 a 37.885 durante el mismo período.

Situación actual de los sistemas de excedencia para el cuidado de los hijos •(Excedencia para el cuidado de los hijos) Las trabajadoras embarazadas o con hijos menores de ocho años o que estén matriculados en un curso inferior al segundo curso de primaria pueden disfrutar, previa solicitud, de una excedencia para el cuidado de los hijos de hasta un año de duración. •(Sistema de excedencia parental 3+3) Los progenitores que se acojan simultáneamente a la excedencia para el cuidado de los hijos en el plazo de 12 meses desde el nacimiento de su hijo perciben el 100 % de su salario ordinario durante los tres primeros meses (hasta un máximo de 3 millones de won mensuales). •(Aumento de la proporción de sustitución de ingresos en el caso de las prestaciones por licencia para el cuidado de los hijos) La proporción de sustitución de ingresos mediante esas prestaciones desde el 4º hasta el 12º mes de excedencia se ha elevado desde el 50 % al 80 % del salario ordinario. •(Mejora de las ayudas a las pequeñas y medianas empresas) 300.000 won al mes (2021), 2 millones de won al mes durante los tres primeros meses (300.000 won al mes a partir del cuarto mes) si se concede un permiso de tres o más meses consecutivos por nacimiento de un hijo en los 12 meses siguientes al nacimiento (2022).

Salud

Corea ofrece un seguro nacional de salud a todos los ciudadanos, independientemente de su sexo, ingresos, etc., que garantiza el acceso a los servicios médicos a las minorías sexuales, sin discriminación. Para garantizar y defender la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en el artículo 41 de la Ley del Seguro Nacional de Salud se garantizan las prestaciones de atención médica a las mujeres durante el embarazo y el parto, mientras que en el artículo 50 de la misma Ley se facilitan los reconocimientos prenatales periódicos para promover el parto sano mediante la facilitación de vales para los gastos médicos relacionados con el embarazo y el parto. En 2022, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea recomendó al presidente de la Sociedad Coreana de Obstetricia y Ginecología que revisara las Directrices Éticas sobre Técnicas de Reproducción Asistida, en virtud de las cuales se excluía de la fecundación in vitro, entre otras, a las mujeres solteras. Para garantizar el derecho de las mujeres pertenecientes a minorías sexuales a acceder a los servicios médicos, la Comisión hizo las siguientes recomendaciones: eliminar el transexualismo de la clasificación de enfermedades utilizada por la Comisión de Estadísticas de Corea (marzo de 2022), reexaminar las normas con vistas a eliminar el requisito de la cirugía y la pérdida de la capacidad reproductiva para la aprobación de la reasignación de género para las personas transexuales (octubre de 2022), formular directrices para la hospitalización de las mujeres transexuales (enero de 2023) y publicar directrices con las que se garantice que no se hagan preguntas ni se soliciten documentos innecesarios durante las vistas de corrección de género para personas transexuales (febrero de 2023).

Tras la decisión del Tribunal Constitucional de que el “delito de aborto” era inconstitucional (abril de 2019), el Gobierno recabó opiniones de diversos grupos y llevó a cabo consultas interministeriales antes de presentar a la Asamblea Nacional, en 2020, varios proyectos de enmienda del Código Penal y de la Ley de Salud Maternoinfantil. Según las enmiendas propuestas, en el Código Penal se incluiría el momento, los motivos y los requisitos que harían permisibles las operaciones de aborto, y en la Ley de Salud Maternoinfantil se establecerían procedimientos detallados para las operaciones de aborto inducido y las bases para el asesoramiento psicosocial. Actualmente están pendientes ante la Asamblea Nacional seis proyectos de enmienda del Código Penal, incluido un proyecto del Gobierno. La disposición contenida en el Código Penal sobre el castigo del aborto provocado por uno mismo (artículo 269.1) ha quedado derogada al haber transcurrido el plazo legislativo fijado para ello por el Tribunal Constitucional (31 de diciembre de 2020).

Principales enmiendas de la legislación sobre el aborto •(Código Penal) Durante el principio del embarazo (hasta las 14 semanas), el aborto está permitido a petición de las mujeres embarazadas sin que sea necesario seguir un proceso separado, ni siquiera una consulta. Durante el período intermedio del embarazo (de 15 a 24 semanas), es necesaria una consulta si se solicita el aborto por motivos sociales o económicos. •(Ley de Salud Maternoinfantil) Se suprimieron los requisitos para el permiso limitado de las operaciones de aborto inducido, al tiempo que se introdujeron las bases para proporcionar apoyo, como el asesoramiento psicosocial, a fin de hacer permisibles las operaciones de aborto durante el período intermedio del embarazo (de 15 a 24 semanas) .

Cambio climático y reducción del riesgo de catástrofes

La concentración de polvo ultrafino a nivel nacional mejoró aproximadamente un 31 %, pasando de 26㎍/㎥ en 2015 a 18㎍/㎥ en 2022, y el número de días con la calificación de “malo” o peor disminuyó aproximadamente un 73 %, pasando de 62 en 2015 a 17 en 2022.

Concentración de polvo ultrafino en cada año

Clasificación	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Promedio anual	26	26	25	23	23	19	18	18
Número de días con la calificación de “ malo ” o peor	62	62	60	59	47	26	23	17

Niveles de concentración de polvo ultrafino ( ㎍ / ㎥ ): bueno 0 ‑15, normal 16 ‑35, malo 36 ‑75, muy malo 76 o más.

Para lograr “Una nación y una población resistentes al clima”, el Gobierno ha formulado y aplicado conjuntamente el Tercer Paquete de Medidas Nacionales de Adaptación al Cambio Climático (2021-2025) en virtud de la Ley Marco sobre Neutralidad de Carbono y Crecimiento Verde para Hacer Frente a la Crisis Climática. Cada cinco años se analiza y evalúa el impacto del cambio climático en la salud y la vida de las poblaciones vulnerables desde la perspectiva de la atención sanitaria, como ancianos, mujeres embarazadas y niños, y se elaboran medidas al respecto. Se han puesto en marcha escuelas móviles de educación en salud ambiental para prevenir las enfermedades ambientales, y se han elaborado y divulgado directrices de comportamiento para niños, ancianos y enfermos a fin de que puedan hacer frente a condiciones meteorológicas anormales, como olas de calor y frío extremos.

Mujeres del medio rural

El Gobierno ha introducido enmiendas de la Ley de Apoyo a las Agricultoras y Pescadoras y otras leyes conexas, en virtud de las cuales se han tomado medidas para promover la igualdad de género en las comunidades rurales y pesqueras y apoyar la salud de las agricultoras y pescadoras en función de sus necesidades específicas de cada etapa de la vida. También se establecieron el Quinto Plan Básico de Políticas de Fomento de la Agricultura Femenina (2021-2025) y el Quinto Plan Básico de Políticas de Fomento de la Pesca Femenina (2022-2026). Además, se estableció el recurso a trabajadores de sustitución en el caso de las agricultoras y pescadoras que tuvieran dificultades para trabajar a causa del embarazo o el parto, entre otros motivos, y se pusieron en funcionamiento centros de atención infantil en las comunidades rurales durante el período más intenso de la temporada agrícola, con miras a mejorar el entorno de crianza de los hijos y favorecer la maternidad. Por otra parte, en un matrimonio que se dedique a la pesca se reconoce a la esposa como copropietaria de la empresa, lo que le confiere una condición profesional más elevada y le aporta diversas prerrogativas y beneficios, incluido el derecho a recibir préstamos y subvenciones relacionados con la actividad pesquera.

De conformidad con la Ley de Cooperativas Agrícolas, se alentó a esas cooperativas a que cumplieran con la obligación de nombrar a mujeres como directoras, lo que condujo a un aumento del número de mujeres directoras (11,0 % en 2020, 11,5 % en 2021, 12,2 % en 2022). Además, se amplió de “representantes de organizaciones” a “agricultoras y pescadoras” el criterio de elegibilidad de los miembros de los Consejos Consultivos para las Políticas de Fomento de las Agricultoras y Pescadoras, a fin de potenciar el papel de las mujeres en la formulación de políticas, y se modificó la Ley de Apoyo a las Agricultoras y Pescadoras (diciembre de 2019) para establecer que las mujeres debían constituir al menos el 30 % del número de miembros de un Consejo Consultivo.

Con objeto de impulsar la participación de las pescadoras en la gestión de las cooperativas y promover sus derechos e intereses, se ha presentado a la Asamblea Nacional un proyecto de enmienda de la Ley de Cooperativas Pesqueras en la se contempla la ampliación del tipo de cooperativas pesqueras obligadas a nombrar mujeres directivas (de aquellas en que al menos un 30 % de los socios son mujeres a aquellas en que lo son al menos un 20 %) con objeto de impulsar la participación de las pescadoras en la gestión de las cooperativas y promover sus derechos e intereses.

Proporción de mujeres consejeras en las cooperativas agrícolas y pesqueras

( Porcentaje)

	2019		2020	2021	2022
Cooperativas agrícolas	11,1		11,5	11,5	12,2
Cooperativas pesqueras	6,9		7,0	7,4	7,8

Matrimonio y relaciones familiares

Con arreglo a la legislación vigente, el patrimonio obtenido conjuntamente por un matrimonio o unión de hecho está sujeto a una división basada en el grado en que cada parte haya contribuido a su formación en el momento de la disolución del matrimonio o de la unión de hecho, mientras que los bienes cuya titularidad sea incierta también son divisibles, ya que se presume su propiedad conjunta del marido y la mujer (artículo 830.2 del Código Civil). Sin embargo, con el principio de la división equitativa de los bienes de la pareja al disolverse el matrimonio o la unión de hecho puede que no se tengan debidamente en cuenta las circunstancias específicas de las partes afectadas y representa una importante modificación institucional que puede provocar cambios sustanciales en la sociedad. Por consiguiente, es esencial lograr previamente un amplio apoyo público y un consenso social.

El Tribunal de Familia puede eximir a una parte que solicite el divorcio de mutuo acuerdo de tener que pasar un período de deliberación sobre el divorcio cuando existan circunstancias urgentes, como la violencia doméstica (artículo 836.2 3) del Código Civil). Además, el Tribunal de Familia no puede remitir a conciliación los casos de divorcio de mutuo acuerdo (artículo 50.2 de la Ley de Litigios Familiares), para evitar que las víctimas de violencia doméstica que soliciten el divorcio se vean obligadas por el Tribunal a buscar un acuerdo o someterse a conciliación. Además, solo podrá dictarse, después de tener en cuenta los intereses de las partes implicadas, una resolución sustitutoria de la conciliación o una resolución en la que se recomiende un acuerdo cuando no sean contrarias al objeto de la demanda o solicitud (artículo 30 de la Ley de Conciliación Judicial de Litigios Civiles, artículo 225 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

El Tribunal de Familia adopta las decisiones sobre la custodia de los hijos menores de edad, ya sea en favor de la madre o del padre, de la manera que favorezca mejor el crecimiento y el bienestar del niño, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes, como el sexo y la edad del niño, los niveles de afecto de los progenitores, la intención de criar al niño, la capacidad económica, la proximidad física y las preferencias del niño. La violencia de género es también un factor a considerar entre todos los elementos relevantes que el Tribunal de Familia analiza exhaustivamente a la hora de determinar las condiciones idóneas para la crianza de un niño. Desde 2022, el Instituto de Justicia ofrece programas de formación en materia de delitos de maltrato infantil y violencia de género a los fiscales dedicados a combatir la violencia sexual y doméstica.

Actualmente se está debatiendo en la Asamblea Nacional una propuesta de enmienda del artículo 781 del Código Civil, destinada principalmente a abolir el principio vigente de la imposición del apellido patrilineal, según el cual los hijos llevan el apellido del padre.