19° período de sesiones
Acta resumida de la 399ª sesión
Celebrada en la Sede, Nueva York, el martes 7 de julio de 1998, a las 10.00 horas
President a :Sra. Bustelo García del Real (Vicepresidenta)
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 18 de la Convención (continuación)
Informes periódicos tercero y cuarto de la República de Corea
En ausencia de la Presidenta, la Sra. Bustelo García del Real, Vicepresidenta, asume la Presidencia.
Se declara abierta la sesión a las 10.50 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 18 de la Convención (continuación)
Informes periódicos tercero y cuarto de la República de Corea (CEDAW/C/KOR/3 y CEDAW/C/KOR/4)
Por invitación de la Presidenta, las Sras. Yoon Hoo-jung, Chang Pil-wha y Chang Sung-Ja (República de Corea) toman asiento a la Mesa del Comité.
La Sra. Yoon Hoo-jung (República de Corea), al presentar los informes periódicos tercero y cuarto de su país (CEDAW/C/KOR/3 y CEDAW/C/KOR/4), dice que las dos leyes fundamentales en favor de la mujer son la Ley de Igualdad de Oportunidades en el Empleo y la Ley de Bienestar Maternoinfantil. El derecho de familia fue reformado en 1990 y en 1993 se aprobó una ley para reprimir la violencia sexual y proteger a sus víctimas. La Ley para el Desarrollo de la Condición de la Mujer, promulgada en 1995, abordaba en forma sistemática las cuestiones de la igualdad entre los géneros y la participación social y el bienestar de la mujer. La Ley de Nacionalidad fue enmendada y en 1997 se aprobó una Ley de Prevención de la Violencia en el hogar y Protección de sus Víctimas.
La Convención ha cambiado la vida de las mujeres coreanas, aumentando su participación en la toma de decisiones y eliminando las leyes discriminatorias en materia de ciudadanía. En 1994 se celebró un simposio para familiarizar al público con el alcance y los propósitos de la Convención y en 1996 se publicó un grupo conjunto de anotaciones de la Convención.
El gobierno que recientemente entró en funciones está buscando promover los derechos de la mujer como parte integrante de los derechos humanos. Su propósito es crear una sociedad en la que ambos sexos puedan participar equitativamente en todas las esferas de la vida política, social, económica y cultural. Ha introducido una serie de políticas para los próximos cinco años con el fin de crear oportunidades para la mujer; esas políticas se integrarán en el programa normativo nacional. Se tomarán medidas para aumentar la presencia de la mujer en todas las esferas de la sociedad, con el fin de garantizar su participación igualitaria en el desarrollo nacional.
La Comisión Presidencial de Asuntos de la Mujer, recientemente creada, supervisará la ejecución de esas políticas. La Comisión, que está integrada por ministros adjuntos de seis ministerios y expertos civiles, toma decisiones en forma democrática mediante el diálogo entre las autoridades gubernamentales y la sociedad civil. En el nuevo Gabinete hay tres ministras y recientemente se designó a una embajadora ante la Federación de Rusia. El Gobierno tiene previsto aumentar hasta el 30% el porcentaje de mujeres en los comités gubernamentales para el año 2002. Su plan quinquenal para la mujer, denominado Plan General de Políticas relativas a la mujer, incluye 20 políticas prioritarias y 147 programas específicos.
El nuevo Gobierno sigue pagando subsidios mensuales a las mujeres que fueron víctimas de esclavitud sexual durante el período de dominación colonial japonesa en Corea. En mayo de 1998, cada víctima había recibido 26.000 dólares de los EE.UU.
La Plataforma de Acción de Beijing ha tenido repercusiones significativas en las políticas para la mujer de la República de Corea. Como seguimiento de la Conferencia de Beijing, el Gobierno ha determinado 10 políticas prioritarias para el adelanto de la mujer, incluidos el aumento del número de guarderías y la mejora de sus servicios, la introducción de centros de atención después del horario escolar y de programas de almuerzo, y el establecimiento de una red de in-formación para la mujer. La Ley para el Desarrollo de la Condición de la Mujer sienta las bases jurídicas para tomar medidas institucionales y financieras quepromuevan la igualdad de la mujer. En 1995, elGobierno introdujo un sistema de contratación preferencial para las mujeres con el objetivo de aumentar hasta el 20% el número de mujeres en la administración pública en 2000. En noviembre de 1997 se enmendó la Ley de Nacionalidad, como consecuencia de lo cual, se retirará la reserva de Corea al artículo 9 de la Convención. La reserva al artículo 16 se mantendrá ya que las parejas coreanas conservan tradicionalmente sus apellidos respectivos luego del matrimonio.
En la Ley de Prevención de la Violencia en el Hogar y Protección de sus Víctimas se establece que los órganos gubernamentales estatales y locales son responsables de crear mecanismos para prevenir la violencia en el hogar y proteger a sus víctimas. Se espera que esos órganos funden centros de asistencia psicológica, proporcionen refugio a las víctimas y apoyen los servicios prestados por organizaciones privadas.
Entre las iniciativas para acortar la brecha entre la desigualdad de hecho y de derecho y para aumentar la sensibilización pública acerca de la igualdad entre los géneros figuran la celebración de la “Semana de la Mujer” en julio y de un “Mes de la igualdad entre los géneros” en octubre, así como la distribución de versiones en coreano de la Convención y de la Plataforma de Acción de Beijing.
Recientemente, la crisis económica y la subsiguiente aplicación de programas de ajuste patrocinados por el Fondo Monetario Internacional han supuesto una pesada carga para la economía y las mujeres se han visto particularmente afectadas. Las medidas adoptadas por el Gobierno para aumentar la participación de la mujer en la economía son consideradas un esfuerzo para reducir las repercusiones negativas de la crisis económica en la mujer. Aunque la Ley de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de 1989 y la Ley de los Niños y el Bienestar Infantil de 1991 han ayudado a eliminar algunos de los obstáculos a la participación de la mujer en la fuerza de trabajo, la falta de guarderías en los lugares de trabajo y de formación profesional siguen apartando de la fuerza de trabajo a las mujeres de 25 a 34 años. Todavía falta mucho para que exista igualdad entre los géneros en la selección, contratación y ascenso del personal. En 1997, en las 50 empresas más importantes del país, sólo el 0,7% de los cargos directivos superiores estaban ocupados por mujeres. Asimismo, muchas empresas, cuando se ven obligadas a despedir trabajadores, prefieren despedir a las mujeres. En consecuencia, el Gobierno ha previsto multas para los empleadores que lo hagan. El Ministerio de Trabajo está haciendo un seguimiento de las empresas que tienen tasas excepcionalmente altas de despidos femeninos. Se tomarán medidas para proteger a las mujeres que tienen trabajos a tiempo parcial y trabajan para empresas de trabajo temporal, ya que se espera que, como resultado de la reestructura del mercado laboral, esas modalidades de empleo sean cada vez más habituales.
Como está previsto también que la crisis económica perjudique todavía más a la familia, el Gobierno redoblará sus esfuerzos para prevenir la crisis de ésta y proteger los derechos humanos de la mujer en la familia.
La Comisión que integra la oradora trabaja denodadamente para ayudar a las organizaciones femeninas a aumentar la presencia de la mujer en la esfera política, ya que ésta todavía sigue estando ampliamente reservada a los hombres. La mayor participación de la mujer en la política es un requisito indispensable para mejorar el desarrollo democrático de toda la sociedad.
La Sra. Chang Pil-wha (República de Corea), en respuesta a las preguntas planteadas en el informe del Grupo de trabajo previo al período de sesiones (CEDAW/C/1998/II/CRP.1/Add.5), explica, en relación con la pregunta 8, que la Comisión Presidencial sobre Asuntos de la Mujer, que se ocupa ahora de asuntos relacionados con la mujer que antes incumbían al Ministerio de Asuntos Políticos (II) y el Comité Nacional sobre Políticas relativas a la Mujer, depende directamente del Presidente. Se ha creado una dependencia especial sobre políticas para la mujer en los ministerios de Justicia, Administración Pública e Interior, Educación, Agricultura y Silvicultura, Salud y Bienestar Social, y de Trabajo. En cada uno de esos ministerios se ha designado a expertas para dirigir las dependencias encargadas de las políticas para la mujer. También hay una nueva dependencia para facilitar la ejecución de políticas para la mujer en el Gobierno central y las autoridades locales, así como para mejorar la cooperación entre ellos. Las organizaciones no gubernamentales desempeñan un papel activo en la toma de decisiones y en la ejecución de las políticas.
En lo que se refiere a las preguntas 9 y 14, de conformidad con el artículo 11 de la Constitución, todas las mujeres que hayan sufrido discriminación de hecho o de derecho pueden presentar una denuncia o interponer un recurso administrativo, solicitar indemnización de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil o interponer una denuncia penal. Las denuncias formuladas al amparo de la Ley de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, que dispone el tratamiento igualitario de los géneros en la selección y el trabajo, y así como la igualdad de remuneración por igual trabajo, pueden ser presentadas ante el Comité para la Igualdad en el Empleo o ante los tribunales. El número de denuncias disminuyó de 1.409 en 1993 a 575 en 1997. La Corte Suprema tiene la facultad de decidir, a solicitud de la parte interesada, si una ordenanza o norma particular es constitucional. La mujer que considere que ha sido discriminada por la acción u omisión de un órgano administrativo, o por las disposiciones de una ley, puede presentar un recurso de anticonstitucionalidad. El Gobierno establecerá en breve una Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En relación con la pregunta 10, la oradora explica que se puede encontrar una definición de discriminación en algunos de los siguientes instrumentos legales: la propia constitución (artículos 11, 31 y 32), la Ley Básica de Política de Empleo (artículos 17 y 19), la Ley de Normas Laborales (artículo 5), la Ley de Seguridad en el Empleo (artículo 2), la Ley de Sindicatos y Relaciones Laborales (artículo 9), la Ley General de Educación, la Ley de Administración Pública Nacional (artículo 35), la Ley de Administración Pública Local (artículo 33), la Ley para el Desarrollo de la Condición de la Mujer (artículo 13) y la Ley de Protección de los Medios de Subsistencia (artículo 26).
En respuesta a la pregunta 11, la oradora dice que el principio fundamental de la igualdad está consagrado en el artículo 11 de la Constitución. Las referencias en el artículo al sexo, la religión y la condición social deben ser interpretadas meramente como ejemplos de las esferas en las que se prohíbe la discriminación; en consecuencia, está estrictamente prohibida la discriminación por cualquier motivo.
En lo que se refiere a las preguntas planteadas acerca del artículo 2 de la Convención, la delegada responde primero a las preguntas 12 y 13. No está permitido promulgar ninguna ley, ni tomar acción ejecutiva alguna, que contravenga el principio de la igualdad entre los géneros. No obstante, todavía hay algunos elementos discriminatorios en el derecho y en las prácticas tradicionales, pero el Gobierno está tomando medidas para eliminarlos.
En cuanto a las preguntas 15 y 87, la Ley de Normas Laborales fue modificada en febrero de 1998 para comprender los lugares de trabajo con un máximo de cuatro empleados. De conformidad con lo dispuesto en la ley enmendada, está previsto que en 1999 entren en vigor las normas sobre notificación de despido, salarios, modalidades de reembolso de reclamaciones salariales, vacaciones, protección de menores, licencia de maternidad antes y después del parto, contratos de empleo, seguro médico, gastos de funeral por accidentes de trabajo e indemnización por accidentes. En 2001 entrarán en vigor las normas sobre cierre de empresas, incapacidad e indemnización a los familiares de las víctimas de accidentes laborales.
En respuesta a la pregunta 18 sobre las disposiciones discriminatorias que subsisten en el derecho de familia, la oradora cita la prohibición de contraer matrimonio entre personas que tienen el mismo apellido y orígenes comunes, como se menciona en el párrafo 26 del cuarto informe, y la disposición que confiere al marido el derecho exclusivo de negarse a reconocer la paternidad natural.
Aunque la reforma del sistema que prohíbe contraer matrimonio en segundas nupcias y que establece un régimen de “cabezas de familia” se ha topado con resistencias, una enmienda de 1989 al Código Civil debilitó el poder del cabeza de familia y estableció la posibilidad de que las mujeres sean consideradas jefas del hogar. Se están examinando varias alternativas que podrían abolir completamente ese régimen.
En cuanto a la pregunta 19 y a la composición del Comité para la Promoción de la Igualdad de los Sexos, además de una presidenta, que actualmente es la responsable de la Comisión Presidencial de Asuntos de la Mujer, hay ocho especialistas del sector privado que han sido seleccionados por recomendación de la presidenta. El mecanismo legislativo sobre acoso sexual al que se hace referencia en la pregunta 20 todavía está en fase de planificación.
En respuesta a las preguntas 21, 23 y 26, se ha designado a tres mujeres a nivel ministerial, a saber: la presidenta de la Comisión Presidencial de Asuntos de la Mujer, la Ministra de Cultura y Turismo y la Ministra de Salud y Bienestar Social. Además de las actividades señaladas en los párrafos 38 a 40, el Ministerio de Asuntos Políticos (II) ha mejorado la condición de la mujer en Corea mediante el establecimiento del plan rector quinquenal sobre políticas para la mujer (1998-2002).
Con respecto a la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing, el Fondo de Desarrollo de la Mujer, que tiene un presupuesto previsto de 70 millones de dólares, contribuirá a desarrollar la capacidad, apoyará servicios y actividades de capacitación y promoverá la cooperación internacional en materia de derechos de la mujer.
En el séptimo plan quinquenal de desarrollo económico y social (1992-1996) se establecen políticas específicamente formuladas para ayudar a la mujer y aumentar su participación en la sociedad. El plan rector quinquenal sobre políticas para la mujer correspondiente al período 1998-2002 incluye 20 prioridades normativas y 147 programas concretos para promover el bienestar familiar y crear una estructura social que garantice la igualdad entre los géneros en el proceso de desarrollo.
En respuesta a las preguntas 27, 28, 29 y 31, el bajo número de mujeres que ingresan en el sector público se atribuye a la escasa participación social de la mujer en términos generales. Esta situación es consecuencia del apoyo insuficiente del Gobierno y de prejuicios sociales sobre la competencia de las funcionarias. Las medidas para aumentar el número de guarderías y crear programas de capacitación especial alientan la participación de las mujeres en el sector público.
Los empleadores del sector privado reciben incentivos fiscales para contratar y ascender a mujeres. El Gobierno está tomando medidas para promover en las empresas privadas la fijación de objetivos similares a los establecidos para la participación de la mujer en los comités gubernamentales y en el sector público.
Los comités a los que se hace referencia en la pregunta 32 son los de Radiodifusión, Reforma y Quejas del Público, y el de Televisión por Cable. El Comité de Radiodifusión promueve la responsabilidad social, la objetividad y la calidad en los sistemas de radiodifusión. El Presidente eligió a los nueve miembros que lo integran en virtud de sus conocimientos en materia de radiodifusión, logros académicos e integridad moral. El Comité de Reforma está integrado por expertos en medios de comunicación y radiodifusión y por miembros de la oposición política y de otras organizaciones que fueron designados por el Presidente del Comité de Radiodifusión con el acuerdo de los demás miembros. Compuesto de cuatro subcomités, el Comité de Reforma en su conjunto colabora con el Comité de Radiodifusión en su proceso de reforma. El Comité de Quejas del Público examina la programación de radiodifusión, excluidos los nuevos programas. Está integrado por 10 a 15 miembros que representan a diversos grupos de espectadores y oyentes, en particular asociaciones de padres, grupos de defensa del consumidor y organizaciones de mujeres. La función del Comité de Televisión por Cable es promover y mejorar las normas éticas y la calidad del sistema de televisión por cable. Los miembros son designados por la Ministra de Cultura y Turismo.
En respuesta a las preguntas 30, 33 y 34, la oradora afirma que la discriminación de facto contra la mujer viene dada por las prácticas culturales tradicionales de Corea. En cuanto a las preguntas 17 y 35, declara que el propósito de la Ley para el Desarrollo de la Condición de la Mujer es alcanzar los ideales constitucionales de igualdad entre los géneros mediante la mejora de la condición de la mujer en todas las esferas de la vida.
Respondiendo a la pregunta 36, la oradora cita estadísticas sobre el número de delitos sexuales llevados a juicio desde 1993. En 1997, se denunciaron 7.860 delitos sexuales y se realizaron 4.042 arrestos. En relación con las preguntas 38 y 40, en la Ley especial de Represión de la Violencia en el Hogar se define la violencia sicológica como una forma de violencia doméstica y la víctima puede denunciar penalmente a sus familiares. Hay 27 refugios y 38 centros de atención sicológica para mujeres maltratadas.
En lo que se refiere a las preguntas 42 a 51, al mes de diciembre de 1997 había 5.218 prostitutas. La escasa utilización de los locales de orientación y protección se debe en parte al hecho de que, de conformidad con la Ley enmendada de Prohibición de la Prostitución, las mujeres arrestadas por prostitución ya no están obligadas a hacer cursos de capacitación laboral en esos locales, sino que sólo los cursan aquéllas que lo deseen. Asimismo, las campañas de sensibilización pública no han sido adecuadas. Entre los programas de rehabilitación figuran la educación de la personalidad y la orientación preventiva mediante una asistencia social clínica y la preparación para los exámenes de admisión a la universidad. Del total de 776 pacientes seropositivos, sólo 17 son prostitutas. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida de 1987, las prostitutas deben someterse a la prueba del VIH dos veces al año.
Se castiga con un máximo de 10 años de prisión a las personas que obligan a menores a prostituirse. En el pasado, no era habitual que se aplicaran estrictamente las sanciones a las prostitutas y sus clientes. No obstante, según las nuevas directrices promulgadas el 30 de abril de 1998 para los clientes de prostitutas menores, esos clientes deben ser juzgados y condenados a penas de prisión o a prestar servicio a la comunidad. Los datos estadísticos de 1997 muestran que se arrestó a 184 personas por cargos de secuestro o instigación a la prostitución; se están aplicando estrictamente las leyes citadas en los párrafos 79 y 80 del cuarto informe.
Refiriéndose a las preguntas 52 a 61, la oradora dice que, de conformidad con el artículo 7 de la Convención, el derecho de voto de la mujer está protegido de la misma forma que el de los hombres. El Gobierno ha trabajado denodadamente para incorporar la perspectiva de género en la planificación del desarrollo. En mayo de 1998, la Comisión Presidencial de asuntos de la mujer adoptó medidas concretas para aumentar el porcentaje de mujeres presentes en los comités y otros órganos gubernamentales y acortó el plazo para lograr el objetivo de aumentar al 30% la participación de la mujer, fijándolo en 2002. Además, ha elaborado una lista de mujeres profesionales especializadas en varias disciplinas para recomendarlas a organismos gubernamentales.
En lo que se refiere a las preguntas 55 a 61, las razones de la escasa participación de la mujer en política figuran en el párrafo 105 del cuarto informe. La Comisión Presidencial exhortó a los partidos políticos a que asignaran a mujeres más del 50% de los escaños de representación proporcional en las elecciones autónomas locales celebradas el 4 de junio de 1998. Como resultado de esa iniciativa, las mujeres lograron el 38% de los escaños. Con todo, todavía hacen falta reformas legislativas e institucionales, así como una mayor capacitación para preparar a la mujer para ocupar puestos políticos.
El número total de nuevos cadetes en las academias militares es de 450 y se han reformado los locales para satisfacer las necesidades de las alumnas.
En cuanto a las preguntas 62 a 64, el número de coreanos en las organizaciones internacionales es efectivamente bajo, pero uno de los motivos principales es que la República de Corea no ingresó en las Naciones Unidas hasta 1991. El Gobierno está tratando de promover la participación de todos los coreanos cualificados, independientemente del género.
En el servicio exterior los concursos rigen la contratación a todos los niveles. Se aplican medidas de acción afirmativa mediante el “sistema de contratación de mujeres para la administración pública”, como consecuencia de lo cual las mujeres representaron en 1996 el 10% de los nuevos contratos. Se espera que este porcentaje aumente hasta el 20% en 2000.
En lo que se refiere a las preguntas 65 a 68, al 14 de junio de 1998 se concedía la nacionalidad coreana a todo hijo o hija de un nacional, a toda persona cuya paternidad hubiera sido reconocida por un nacional de la República de Corea o a cualquiera a quien el Ministerio de Justicia le hubiera otorgado la ciudadanía coreana (o que le hubiera sido restablecida la ciudadanía por orden del Ministerio). De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Nacionalidad vigente, una mujer casada con un coreano es libre de elegir su nacionalidad e incluso puede nacionalizarse coreana al cabo de dos años de matrimonio.
En respuesta a las preguntas 69 a 81, la oradora dice que en el pasado estaba mal visto que las mujeres estudiaran; sin embargo, hoy se concede la misma importancia a la educación de las niñas y a la de los varones. El Gobierno está tomando medidas para alentar a las mujeres a cursar estudios universitarios. Aunque no se influya expresamente en la elección de sus estudios, las mujeres tienden a preferir las artes y las humanidades. No obstante, como se puede observar en el cuadro 17 del cuarto informe, esta situación está cambiando y las mujeres cada vez se interesan más por las ciencias sociales y naturales.
Hay programas de orientación académica y extracurricular para todos los estudiantes de enseñanza secundaria. Los prejuicios de los docentes basados en el género parecen estar disminuyendo, hay más muchachas dirigentes en las organizaciones estudiantiles y las chicas participan en las actividades deportivas escolares. En las directrices del programa educativo nacional aprobado en 1997 se insistía en la necesidad de evitar los prejuicios basados en el género en los libros de texto; además en los cursos de capacitación para docentes se insistirá en la igualdad. La educación sexual comienza en el primer año de enseñanza secundaria y este tema también se incluye en otros cursos académicos y extracurriculares. La educación sexual en la enseñanza secundaria incluye explicaciones detalladas sobre el SIDA y los métodos anticonceptivos.
En 1997, la tasa de deserción de las muchachas y los varones en el primer ciclo de enseñanza secundaria fue de 1,31% y 1,2%, respectivamente, mientras que las tasas en el segundo ciclo fueron de 2,05% y 2,85% respectivamente. En general, los estudiantes abandonan los estudios porque les cuesta adaptarse a la vida escolar, debido a las deficientes relaciones familiares y a la concentración de los programas de estudio en la preparación para la universidad. La educación primaria es gratuita en todo el país, pero la educación secundaria sólo es gratuita en las zonas rurales. Las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres de obtener becas, y la cantidad de becarias es mayor que la de becarios, como muestra el cuadro 23 del cuarto informe periódico.
La Sra. Chan Sung-Ja (República de Corea), respondiendo a las preguntas 82 a 109, dice que la Ley de Igualdad de Oportunidades en el Empleo y la ley de Normas Laborales prevén multas para los empleadores que despidan a trabajadoras en forma injusta y que esos despidos pueden ser denunciados ante las oficinas laborales locales, las cuales toman inmediatamente medidas para proteger los derechos de las trabajadoras. Las directrices administrativas alientan a los empleadores a adoptar criterios razonables y justos cuando las circunstancias los obligan a despedir empleados. Los hogares encabezados por mujeres que cumplan con ciertas condiciones pueden acceder a préstamos y subsidios para financiar el cuidado de los niños, la educación secundaria y los costos de encontrar un empleo. En 1997, esas medidas beneficiaron a 22.000 personas. Para proporcionar una red de seguridad social para los hogares encabezados por mujeres desempleadas, en 1999 se ampliará el alcance de la Ley de Seguro de Empleo para incluir a las empresas con un máximo de cinco trabajadores. Asimismo, se están creando puestos de trabajo en obras públicas que son apropiados para las mujeres y en agosto de 1998 se pondrá en marcha un programa para emplear en ese sector a jefas de hogar.
La República de Corea ha ratificado el Convenio No. 100 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre igualdad de remuneración y ha incorporado disposiciones de ese Convenio en la Ley de Normas Laborales. En la futura enmienda a esta Ley y a la Ley de Igualdad de Oportunidades en el Empleo para que se apliquen a todas las empresas, incluidas las que tengan menos de cinco trabajadores, se eliminarán los obstáculos que impiden al Gobierno ratificar otros convenios relativos a las trabajadoras. El primer plan básico de seguridad social para las trabajadoras (1994-1997) introdujo, entre otras cosas, la igualdad de oportunidades, objetivos para la contratación de mujeres con la administración pública, la licencia de paternidad para funcionarios públicos, requisitos más estrictos relativos a la no discriminación en la selección y contratación, un aumento de las guarderías y servicios de asistencia a los niños, la licencia de paternidad, un sistema para promover la licencia de maternidad y la reinserción en el empleo de las mujeres trabajadoras, la promoción de la industrialización de la fuerza de trabajo femenina, leyes de protección para los trabajadores temporarios y horarios selectivos de trabajo. El plan básico para 1998-2002 incluirá medidas para desarrollar la cualificación de las trabajadoras, servicios de búsqueda de empleo, asistencia para coordinar el trabajo y las tareas domésticas, y proyectos para aumentar la igualdad de oportunidades.
Se pagan subsidios a los empleadores para fomentar la licencia de maternidad o paternidad cuando los hijos son menores de 1 año de edad. Esta disposición se está aplicando actualmente a los empleadores con un mínimo de 50 empleados; a partir de 1998 se ampliará para incluir a los empleadores con un mínimo de cinco empleados. De conformidad con la Ley de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, los empleadores están obligados a conceder esas licencias y a proporcionar, con el apoyo del Gobierno, guarderías para niños y bebés. La Ley también dispone que las autoridades estatales y locales puedan crear escuelas, guarderías, viviendas y prestar otros servicios a las mujeres que trabajan. La Ley de Normas Laborales otorga a las mujeres el derecho a 60 días de licencia de maternidad con sueldo y a dos períodos diarios de 30 minutos para las madres con niños menores de 1 año. La violación de estas disposiciones se sanciona con penas de prisión de hasta dos años o una multa de hasta 10 millones de won. En la Ley de Igualdad de Oportunidades en el Empleo se establece que las violaciones de lo dispuesto en materia de licencia por nacimiento de un hijo se castigan con una multa de hasta 5 millones de won. Se ofrece orientación a los empleadores para ayudarlos a cumplir con estas disposiciones.
Los empleadores están obligados a pagar igual remuneración por trabajo de igual valor en la misma empresa. Al establecer los criterios para determinar el trabajo de igual valor, los empleadores deben tener en cuenta las opiniones de los representantes de los trabajadores. No obstante, la introducción de un sistema racional y objetivo de evaluación del trabajo se ve obstaculizada porque el sistema salarial del país está fundado en la antigüedad y no en el tipo de tareas. En consecuencia, se previene la discriminación salarial fundada en el género mediante inspecciones y exámenes de las políticas de empleo en las empresas. En 1996 se comenzó a debatir la distribución equitativa de los costos de la licencia de maternidad entre todos los sectores sociales, pero esta cuestión se resolverá cuando termine la actual crisis financiera.
De conformidad con la Ley de Normas Laborales, se castiga con penas de prisión de hasta cinco años o una multa de hasta 30 millones de won el despido de las trabajadoras dentro de los tres meses siguientes a la licencia de maternidad. No hay normas en las que se establezcan los trabajos considerados peligrosos para las embarazadas. No obstante, en el artículo 72 de la Ley de Normas Laborales se dispone que quien no accediera a la solicitud de una trabajadora embarazada a cumplir tareas menos extenuantes será castigada con pena de prisión de hasta dos años o una multa de hasta 10 millones de won.
Los empleadores con un mínimo de 300 trabajadoras están obligados a prestar servicios de guardería o a pagar prestaciones para el cuidado de los niños. En diciembre de 1997, había 153 locales de este tipo, cuyo funcionamiento y mantenimiento eran supervisados por el Ministerio de Salud y Bienestar y por el Ministerio de Trabajo. Aunque no se imponen multas a los empleadores que no proporcionan guarderías, el Gobierno ofrece incentivos fiscales a los que sí lo hacen. Las trabajadoras pueden utilizar las guarderías locales, ya que son más numerosas que las disponibles en los lugares de trabajo. El Gobierno brinda asistencia para el cuidado de los niños tanto directamente, mediante descuentos en la matrícula para las familias con bajos ingresos y exoneraciones fiscales por concepto de esos costos, como indirectamente, a través del apoyo financiero para la instalación de guarderías, el pago de salarios del personal y el material educativo.
Los padres adoptivos tienen derecho a la licencia que figura en el párrafo 163 del cuarto informe periódico, pero esa licencia no es con sueldo. Todos los trabajadores pueden tener horarios flexibles a condición de que el empleador así lo consienta. Actualmente, las mujeres representan el 20% de todos los inscritos en instituciones públicas de formación profesional. En esas instituciones se imparten cursos especiales para las amas de casa. Asimismo, gracias a los módulos de capacitación flexible y a las guarderías por hora, las mujeres trabajadoras tienen más acceso a los cursos de capacitación. Se brinda asistencia financiera a las instituciones privadas de formación profesional que ofrecen cursos para la mujer. En los 25 centros de capacitación para trabajadoras del país se prestan servicios de formación profesional a corto plazo y de colocación para las mujeres casadas cuyas responsabilidades familiares les impiden inscribirse en los cursos normales de formación profesional; se espera que para 2002 el número de estos centros aumente a 42.
Además de los subsidios para promover las licencias por nacimiento de un hijo y del apoyo financiero y los incentivos fiscales para el establecimiento de guarderías en los lugares de trabajo, el Gobierno ofrece subsidios a los empleadores que vuelven a contratar, en un plazo de cinco años, a mujeres que hayan dejado de trabajar para fundar una familia. El Gobierno ha distribuido un folleto en el que se explica la Ley de Igualdad de Oportunidades en el Empleo y ha establecido que anualmente se celebre en octubre el “Mes de la Igualdad de las Oportunidades en el Empleo”, con ceremonias especiales, premios, seminarios y simposios sobre selección de personal para promover la igualdad entre los géneros. Desde 1992 no se ha observado una disminución significativa en el número de anuncios de contratación de personal limitados a un género; la mayor parte de esos anuncios son de empresas con menos de 100 empleados. Por consiguiente, las actividades de sensibilización y de orientación están encaminadas a las empresas de esa categoría. El Gobierno ha determinado que se celebre el 6 de julio el “Día de la Mujer Empresaria” y está elaborando un amplio plan rector para fomentar el espíritu empresarial de la mujer. La Asamblea Nacional está estudiando actualmente un proyecto de ley para apoyar a las mujeres empresarias y a sus empresas.
El objetivo de la licencia sanitaria es proteger la salud de las mujeres evitando que trabajen demasiado durante el período menstrual. Las mujeres que no hagan uso de la licencia sanitaria tienen derecho al pago de un monto equivalente al salario correspondiente a los días de licencia no utilizados. Actualmente la Asamblea Nacional está revisando una ley relativa a las personas con discapacidad en la que se incluirán disposiciones que prohíban la discriminación contra las mujeres impedidas. El Gobierno está realizando un estudio sobre las necesidades en materia de bienestar social y salud para las mujeres con discapacidad. En mayo de 1998, el Gobierno comenzó a crear refugios y oficinas de asesoramiento psicológico en el marco de un importante programa de los centros de atención a los discapacitados del país. Los órganos locales autónomos tienen programas especiales para ayudar a las discapacitadas casadas en sus actividades diarias y proporcionar servicios matrimoniales para las discapacitadas solteras. Las guarderías y los refugios a corto plazo contribuyen a que las mujeres discapacitadas participen en actividades sociales. El Organismo de Promoción del Empleo para los discapacitados presta servicios de perfeccionamiento y formación profesionales a esas mujeres; se han realizado actividades de investigación y desarrollo sobre el empleo protegido de las mujeres con discapacidades graves.
En diciembre de 1997, aproximadamente 300.000 ancianas vivían por debajo del umbral de la pobreza. Se creó un sistema de jubilaciones sin pago de aportaciones para ayudar a mantener los ingresos de las ancianas con dificultades económicas. El Gobierno también tiene previsto introducir un sistema de jubilación compartida para garantizar el derecho a pensión de las mujeres divorciadas y un sistema con aportaciones pospuestas para que la mujer con licencia de maternidad pueda hacer los aportes retroactivamente. Esto también alentará a las amas de casa y a las mujeres que tienen empresas con sus maridos a inscribirse en el programa nacional de jubilaciones mediante el ajuste de la tasa de aporte del 9% al 3%, que es el porcentaje que se aplica en las zonas rurales. A fines de 1996, había aumentado el número de mujeres que recibían pensiones por edad avanzada, discapacidad o de superviviente, pero había disminuido el número total de mujeres que recibían beneficios del sistema nacional de jubilaciones.
El seguro médico público es universal. El seguro reglamentario cubre los gastos de asistencia médica, incluido el diagnóstico, los medicamentos y otras formas de tratamiento, la cirugía, la hospitalización y los servicios de enfermería y maternidad. En algunas circunstancias se incluyen otras prestaciones, entre ellas: gastos de funeral, prestaciones por maternidad y reembolso de los pagos parciales del costo de los servicios médicos. Una parte del costo del tratamiento médico corre por cuenta del asegurado. El seguro público no cubre algunos gastos, por ejemplo: el tratamiento de afecciones sin importancia, la cirugía estética y los gastos extraordinarios de uso de la habitación del hospital.
Se levanta la sesión a la 13.00 horas.