Distr.GENERAL
CRC/C/SR.114717 de noviembre de 2008
ESPAÑOLOriginal: INGLÉS
COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
42º período de sesiones
Acta resumida de la 1147ª sesión (S ala B)
celebrada en el Palacio de las Naciones, Ginebra,el viernes 26 de mayo de 2006, a las 10.00 horas
Presidenta: Sra. KHATTAB
SUMARIO
Examen de los informes presentados por los Estados Partes (continuación)
Tercer informe periódico de Colombia
Se declara abierta la sesión a las 10.05 horas.
EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES (continuación)
TERCER INFORME PERIÓDICO DE COLOMBIA (CRC/C/129/Add.6; CRC/C/COL/Q/3 y Add.1)
1.Por invitación de la Presidenta, el Sr. Concha, la Sra. Díaz, la Sra. Forero Ucros, la Sra. Londoño Soto, el Sr. Matute, el Sr. Mejía, el Sr. Mesa, la Sra. Peñuela, el Sr. Rueda Prada, la Sra. Vanegas Cubillos y la Sra. Vargas Silva (Colombia) toman asiento a la mesa del Comité.
2.La Sra. FORERO UCROS (Colombia) dice que el conflicto armado en Colombia sigue impidiendo el disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Los niños son uno de los grupos más afectados por las minas antipersonal, los artefactos explosivos sin detonar, el alistamiento forzoso, los desplazamientos, los asesinatos y la violencia sexual. El Comité debería tener en cuenta esta situación al examinar los esfuerzos del Estado Parte para aplicar la Convención.
3.La Sra. LONDOÑO SOTO (Colombia) dice que, a pesar de la recuperación del crecimiento económico, la situación de pobreza afecta a cerca de la mitad de la población y de manera especial a los niños, particularmente en las zonas rurales, y se ve agravada por la inequidad social persistente en el país, así como por las disparidades regionales. La violencia generada por el conflicto con los grupos armados irregulares ha desencadenado situaciones de clara violación de los derechos de muchos niños, al ser vinculados como combatientes irregulares, verse desplazados forzosamente o ser víctimas de accidentes con minas antipersonal.
4.No obstante, el país ha logrado avances que valora como significativos en términos del mejoramiento de la calidad de vida de sus niños y adolescentes. Se ha reducido la mortalidad infantil y la mortalidad materna, así como el retraso del crecimiento. Se ha logrado la cobertura universal en salud de la población indígena y se ha incrementado el número de familias afiliadas al sistema de salud. Se ha incrementado la proporción de niñas que ingresan y permanecen en el sistema escolar y han disminuido las tasas de deserción y repetidores. Se puso en marcha una política de calidad que busca movilizar el sistema educativo en función del mejoramiento de los esquemas de aprendizaje y de la motivación de los niños por el acceso al conocimiento para que aprendan lo que necesitan aprender y lo sepan aplicar y aprovechar a lo largo de su vida. Se ha incrementado la cobertura del Registro Civil y se han desarrollado programas para conocer la percepción que tienen los niños sobre el cumplimiento de sus derechos y promover su comprensión y apropiación.
5.El Senado tramitará la próxima semana el proyecto de reforma legislativa en materia de infancia y adolescencia, que busca que la normatividad colombiana acoja plenamente los principios consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño. Este proceso ha contado con la participación y formidable apoyo de diferentes sectores de la sociedad civil, organismos de las Naciones Unidas, los círculos académicos y entidades como la Procuraduría General de la Nación. El Gobierno está finalizando el proceso de construcción de la Política Nacional de Primera Infancia, la cual aborda de manera integral todos los aspectos relativos a la supervivencia y al desarrollo emocional, psicológico y cognitivo de los niños desde la gestación hasta los 6 años de edad. La formulación del Plan Nacional de Infancia y Adolescencia servirá para orientar durante los próximos diez años las acciones del país encaminadas a la garantía de los derechos de sus niños y adolescentes. Para su efectiva aplicación, se prevé su descentralización a los 32 departamentos y 1.098 municipios de Colombia.
6.El país se encuentra adelantando un proceso de seguimiento y evaluación de la gestión desarrollada por los gobiernos departamentales y locales en materia de infancia y adolescencia, en particular el seguimiento de la salud materna, la salud infantil, la nutrición, la salud sexual y reproductiva, el agua y el saneamiento básico, el registro civil y la educación. Cabe resaltar la construcción del Sistema Nacional de Información, que ofrece información en materia de infancia y adolescencia. El Sistema presenta una serie de indicadores, que están clasificados por zonas rurales y urbanas y sexo. La Alianza por la niñez colombiana, que agrupa entidades del Estado, organizaciones de la sociedad civil colombiana, organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales, grupos universitarios y académicos y organismos de cooperación internacional, que han aunado sus intereses, conocimientos y experiencias para trabajar de manera mancomunada en la defensa y la garantía de los derechos de la niñez.
7.El Sr. ZERMATTEN (Relator para el país) dice que parece existir un círculo vicioso en el que el conflicto armado entraña el desplazamiento forzoso, lo que a su vez incrementa la pobreza. Se recluta a muchos niños como soldados, lo que significa que participan en el conflicto armado. El Estado Parte debe indicar cómo tiene pensado remediar esa situación.
8.El Relator elogia al Estado informante por ratificar el Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y el Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados. Celebra que Colombia haya ratificado el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia, Organizada Transnacional, así como el Convenio Nº 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo y el Convenio Nº 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación de la Organización International del Trabajo (OIT). También celebra la política nacional para erradicar el trabajo infantil.
9.Entre otros acontecimientos positivos destaca la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y de la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción. El Estado informante ha realizado importantes progresos en la remoción de minas y el orador pregunta cómo tiene previsto proseguir sus esfuerzos. Elogia al Estado Parte por aprobar una legislación en consonancia con la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores y celebra la condena por la Corte Constitucional del bajo nivel de asistencia y protección públicas a las personas desplazadas. Infunde aliento comprobar que la Corte Constitucional ha resuelto autorizar el aborto en determinadas circunstancias. El orador celebra la cooperación del Estado Parte con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
10.Pide información sobre los resultados de las medidas adoptadas para hacer frente a muchas de las cuestiones planteadas en las observaciones finales del Comité en relación con el segundo informe periódico de Colombia (CRC/C/15/Add.137). En particular, quiere conocer las medidas que han beneficiado a todos los menores, si han sido evaluadas y el éxito que han tenido.
11.El orador pregunta en qué fase se encuentra el examen por el Estado Parte de su proyecto de ley sobre infancia y juventud. Quiere saber si es conforme con la Convención y cuándo entrará en vigor.
12.El Gobierno debería estudiar la posibilidad de modificar la Ley Nº 882 de 2004, que despenalizó el abuso sexual al considerar que este tipo de abusos es un abuso físico, por lo que ya estaba tipificado como delito. Quiere saber si el Gobierno volverá a tipificar como delito los abusos a menores en su proyecto de reforma legislativa en materia de infancia y adolescencia.
13.Pide más información sobre el estado del Plan Nacional de Infancia y Adolescencia. En particular pregunta cuándo entrará en vigor y cuál será su duración.
14.Es importante velar porque los servicios de atención a la familia y los servicios sociales se descentralicen hacia todos los departamentos y municipios, y el orador pide información sobre la situación de la estrategia municipal y departamental en materia de infancia y juventud. Desearía saber si el Gobierno exigirá a los gobiernos municipales y departamentales que inviertan mucho más en programas para la infancia y pide información sobre la labor de los 175 observatorios de infancia y familia.
15.El orador expresa preocupación porque el presupuesto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se financia con el recaudo del 3% proveniente de la nómina mensual de salarios, puesto que ello significa que el presupuesto podría reducirse en tiempos de crisis. Al respecto pregunta si la financiación del Instituto es suficiente y si el Estado Parte tiene previsto cambiar su método de financiación.
16.Pregunta si el Estado Parte tiene previsto establecer dependencias de derechos del niño que se centren en los asuntos de los niños que viven en las zonas rurales, los niños afrocolombianos y los niños indígenas. Expresa su preocupación por la reducción de las consignaciones presupuestarias para la educación, la salud y programas sociales. Entre 1995 y 2001, el presupuesto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se redujo del 2,5 al 1,5% del gasto público. El orador quisiera saber qué parte de presupuesto del Instituto se utiliza para programas para la infancia y a qué porcentaje del gasto público corresponde. La delegación debería explicar qué parte de ese presupuesto se dedica a la asistencia directa y cuánto se utiliza para gastos de funcionamiento. El orador pide un desglose pormenorizado del gasto público en las esferas de la salud, la protección y la educación.
17.El Sr. PARFITT dice que el Estado Parte debería incluir a las organizaciones de la sociedad civil y a las ONG en la formulación de legislación y la ejecución de los programas. Expresa preocupación por las informaciones de que las críticas vertidas por algunos funcionarios públicos en relación con algunos representantes de las ONG han afectado su seguridad y pregunta al Estado Parte sobre las medidas que tiene previstas para garantizar la protección en todo momento de los derechos de los miembros de la sociedad civil.
18.Solicita ejemplos de legislación, programas y resoluciones judiciales que confirmen el principio del interés superior del niño y pregunta si el Plan Nacional de Infancia y los programas relacionados con la infancia propuestos se basarán en este principio. Le gustaría conocer el número de quejas que ha recibido el Defensor del Pueblo y solicita información sobre la investigación de esas quejas y las medidas ulteriores adoptadas por el Gobierno a raíz de las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo. Se pregunta si en las zonas donde no hay una delegación de la Defensoría los particulares tienen que ir hasta las delegaciones de las zonas vecinas o si existe un número de teléfono a que puedan llamar.
19.La Sra. VUKOVIC-SAHOVIC expresa preocupación por la aparente falta de protección del derecho del niño a la vida en el Estado Parte. Pide información sobre el número de niños muertos en el conflicto armado en el período examinado y sobre los servicios prestados a los niños que sobreviven a la violencia y los niños que hayan podido estar integrados en los grupos armados. También quiere saber si se enjuicia y condena a los culpables de actos violentos contra menores.
20.El Sr. LIWSKI pide información sobre las medidas encaminadas a eliminar la discriminación contra los niños y los adolescentes de los sectores más vulnerables de la sociedad, como los afrocolombianos, los indígenas y los desplazados. Agradecería toda información sobre los esfuerzos para promover la participación del niño en la sociedad y proteger su derecho a ser oído en los centros escolares, en los organismos públicos, en la familia y en el sistema judicial. Se pregunta cómo protege el Gobierno el derecho del niño a la libertad de asociación.
21.Pregunta sobre el curso dado por el Estado Parte a las recomendaciones de sus asociados internacionales sobre las formas de mejorar la situación de la infancia. Quiere saber de qué manera el Gobierno ayuda al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a sacar a los niños de situaciones de conflicto armado y pregunta si los representantes del CICR pueden visitar los centros de internamiento de menores. Se pregunta cuáles serán los efectos del Plan Colombia en la aplicación de la Convención. La delegación debería indicar si el proyecto de reforma legislativa en materia de infancia y juventud contempla disposiciones sobre la adopción y si hará hincapié en la necesidad de velar por la transparencia y la seguridad en las adopciones internacionales.
22.El Sr. FILALI dice que, aunque la legislación del Estado Parte parece ajustarse a la Convención al definir al niño como una persona menor de 18 años, en la práctica no siempre se respeta ese límite de edad. Según informaciones que obran en su poder, los muchachos pueden contraer matrimonio a la edad de 14 años y las muchachas a la de 12. Los muchachos pueden ingresar en escuelas militares a la edad de 15 años. La edad para el consentimiento sexual desde luego no es a los 18 años y el trabajo infantil comienza mucho antes de los 18 años. En relación con la edad de responsabilidad penal, el orador quiere saber a partir de qué edad el menor tiene derecho a ser oído en actuaciones judiciales y a qué edad un menor puede ser detenido o encarcelado o se le puede exigir que comparezca ante un juez de menores en vez de ante el defensor de la familia.
23.La Sra. SMITH pregunta si la corrupción en la Administración afecta los recursos para el desarrollo social. Pide información sobre el número de nacimientos inscritos desde el año 2000 y sobre los esfuerzos para inscribir en el registro a los menores que no fueron inscritos en el momento de su nacimiento. Pregunta si se han tomado medidas para crear un sistema de indicadores para la evaluación de la situación de los derechos y libertades civiles de los niños y jóvenes. El Gobierno debería formular programas para promover el conocimiento de los derechos del niño a fin de luchar contra las actitudes tradicionales en la familia, las escuelas y la Administración. El Estado Parte tiene la responsabilidad de encontrar la manera de que los niños, en particular los más vulnerables, conozcan sus derechos y permitirles obtener reparación por toda violación de esos derechos.
24.La PRESIDENTA dice que, en su reserva el artículo 38 de la Convención, el Estado Parte indicó que en Colombia la edad mínima de alistamiento en las Fuerzas Armadas es los 18 años. Sin embargo, al ratificar el Protocolo Facultativo sobre la participación de niños en los conflictos armados, declaró que las fuerzas armadas pueden reclutar a menores de 18 años con el consentimiento de sus padres y la Presidenta expresa preocupación por que pueda hacerse un uso abusivo de esta disposición. Recuerda las obligaciones contraídas por el Estado Parte en virtud de la Convención de La Haya sobre los aspectos civiles del secuestro internacional de niños y pregunta por qué no ha ratificado la Convención de La Haya sobre la Jurisdicción, Derecho Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y Medidas para la Protección de los Niños.
25.Le preocupan la persistencia de la discriminación y las disparidades étnicas, regionales y de género, que se han agravado a causa del conflicto armado. La desigual distribución de los fondos públicos también es motivo de preocupación. Únicamente el 33% de la población rural tiene acceso a la atención médica y en el Departamento del Choco, mayoritariamente poblado por afrocolombianos, el 47% de la población vive por debajo del umbral de pobreza. Las tasas de vacunación regionales varían del 25% a casi el 90%. En las zonas afectadas por el conflicto armado, donde la población afrocolombiana es muy densa, las amenazas contra los profesores han supuesto el cierre de muchas escuelas y se ha visto obstaculizada la entrega de alimentos y medicinas. Pese al reconocimiento jurídico de sus derechos colectivos a la tierra, los grupos indígenas y afrocolombianos no ejercen ningún control verdadero sobre su tierra debido a la presencia de los grupos armados. El número de indígenas y afrocolombianos víctimas del conflicto armado es proporcionalmente mucho mayor.
26.El Comité agradece los esfuerzos del Estado Parte para afianzar la autoridad del Estado y mejorar la seguridad, pero le preocupa la falta de un marco jurídico para garantizar los derechos humanos. El Estado Parte no tiene ninguna legislación que prohíba la discriminación racial y no ha hecho frente a la situación deplorable de la población indígena, en particular de las mujeres y los niños indígenas. El Estado Parte también carece de una estrategia de educación basada en los derechos humanos y no destina suficientes fondos a la educación. Las fuerzas armadas reclutan a jóvenes sin recursos de las zonas tanto rurales como urbanas, y los grupos armados someten a las muchachas a la violencia sexual, y al reclutamiento forzoso. Las mujeres indígenas, afrocolombianas o desplazadas siguen siendo víctimas de actos de violencia y discriminación. La oradora quiere saber la forma en que el Estado Parte tiene previsto solucionar estos problemas.
27.El Estado Parte debe crear un sistema general para la reunión de datos desglosados, en particular sobre los grupos vulnerables. Datos completos y exactos serían muy útiles a la hora de elaborar políticas y programas para poner remedio a la situación de los derechos humanos en Colombia.
Se suspende la sesión a las 11.30 horas y se reanuda a las 11.45 horas.
28.La Sra. LONDOÑO SOTO (Colombia) dice que los instrumentos internacionales priman sobre la legislación nacional. El Gobierno prosigue sus esfuerzos para reformar la legislación a fin de que se ajuste cabalmente a la Convención, en particular en la esfera de la justicia de menores.
29.El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es la autoridad central que coordina los procedimientos de adopción nacional e internacional. El Instituto supervisa todas las instituciones de adopción autorizadas y los procedimientos internacionales se llevan a cabo observando el Convenio de La Haya sobre la Protección de los Niños y la Cooperación en materia de Adopción Internacional.
30.Con arreglo a la legislación colombiana, se entiende por niño toda persona menor de 18 años de edad. La edad para ejercer el derecho al voto prevista en la legislación es de 18 años, la edad mínima para contraer matrimonio es de 14 años en el caso de los varones y de 12 en el de las niñas, aunque para poder casarse a esa edad es necesario el consentimiento de los padres. Los niños pueden participar en los procesos penales, incluidos los juicios y las audiencias, a partir de los 12 años; no hay una edad mínima para la participación en los procedimientos administrativos. La edad mínima de admisión al empleo es de 15 años; en casos excepcionales, los menores pueden comenzar a trabajar a la temprana edad de 12 años.
31.El Sr. FILALI pide información sobre los fallos de la Corte Constitucional relativos a la definición del niño, la edad de consentimiento sexual y la edad mínima para contraer matrimonio.
32.La Sra. LONDOÑO SOTO (Colombia) dice que tener relaciones sexuales con un menor de 14 años está tipificado como delito. Si la víctima es una persona discapacitada o impedida, o si su consentimiento se ha obtenido por medio de la fuerza física o la intimidación, las relaciones sexuales con personas mayores de 14 años también son castigadas.
33.Entre las medidas para aumentar la participación de la infancia, cabe destacar la adopción de la puesta en marcha de la representación estudiantil en los centros educativos y la participación de los alumnos en los debates sobre los planes de estudios. Los niños también participan en las actividades llevadas a cabo por asociados internacionales como Plan International, en particular en el ámbito local.
34.Entre los logros en la esfera de la igualdad de género cabe destacar la despenalización parcial del aborto, una mayor tasa de culminación de estudios en el caso de las niñas que de los varones y la creación de una defensoría delegada para la niñez, la mujer y el anciano en el seno de la Defensoría del Pueblo. Además, el Congreso está presidido por una mujer. La legislación reconoce a la mujer el derecho a presentarse a un cargo público y son 20 las alcaldesas locales del Distrito Capital de Bogotá. El Consejo Asesor para la Igualdad de la Mujer ha creado un observatorio del género. Las mujeres en edad fecunda tienen acceso prioritario a la atención médica y la Corte Constitucional ha dictado varios fallos en favor de los derechos reproductivos y del derecho al trabajo de la mujer.
35.En el marco del programa para que los niños comprendan mejor sus derechos, se capacitó en materia de derechos humanos a unos 40.000 multiplicadores locales, en particular dirigentes juveniles.
36.La Sra. DÍAZ (Colombia) dice que se ejecutan 40 programas escolares encaminados a promover el perfeccionamiento de competencias cívicas, en particular la coexistencia en democracia y en paz y el respeto de la diversidad. Entre 2003 y 2005, se evaluaron las competencias cívicas de un millón de menores y los resultados han servido para formular normas para los centros educativos. El objetivo es superar los límites de la formación cívica y transformar las escuelas en laboratorios de democracia. Aunque los programas forman parte de la política nacional en materia de educación, se tienen en cuenta las características propias de las regiones; las autoridades educativas locales están encargadas de ejecutar los programas.
37.Se ha creado un departamento especial para tratar las cuestiones relativas a los grupos vulnerables, en particular las poblaciones rurales, las minorías étnicas, los niños con necesidades especiales y los desplazados. Se toman medidas, en consulta con los grupos afrocolombianos e indígenas, para promover el respeto de la autonomía y la identidad cultural en el marco de la política educativa, en particular gracias a la contratación de docentes indígenas y afrocolombianos.
38.De 1994 a 2004, el gasto público en educación pasó del 3,1% al 4,8% del Producto Interno Bruto de Colombia.
39.El Sr. RUEDA PRADA (Colombia) dice que el 81% de la población está cubierta por el Sistema General de Seguridad Social en Salud; el número de beneficiarios de los segmentos más pobres de la sociedad pasó de 10 millones en 2002 a más de 18 millones en 2005. En ese mismo período, el gasto público en atención médica aumentó en un 40%. El sistema de atención médica se fundamenta en un planteamiento con dos vertientes: un sistema contributivo para las personas con capacidad adquisitiva y un sistema no contributivo para los pobres. La población indígena está cubierta al 100% y se aplica una política de discriminación positiva en el caso de los afrocolombianos.
40.La PRESIDENTA pregunta cuáles sonlos criterios para acogerse a la cobertura del seguro de salud en el caso de los indígenas.
41.El Sr. RUEDA PRADA (Colombia) dice que las autoridades indígenas establecen listas de solicitantes y las remiten a las autoridades locales para proceder a la afiliación. Por el momento se dispone de fondos suficientes para que todos los indígenas puedan acogerse al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
42.La Sra. LONDOÑO SOTO (Colombia) dice que el conflicto armado afectaba de manera desproporcionada a los menores, por lo que el Gobierno ha entablado negociaciones con miras a desmovilizar a los grupos armados ilegales. Pese a la persistencia de la violencia, el número de menores víctimas de homicidios, aunque sigue siendo inaceptablemente elevado, ha disminuido en aproximadamente dos tercios de 2002 a 2005. En el mismo período, el suicidio de niños ha disminuido en un 6%.
43.La PRESIDENTA pregunta qué medidas se adoptan para alentar a las víctimas a denunciar las violaciones de los derechos humanos cometidas por los grupos armados ilegales.
44.La Sra. LONDOÑO SOTO (Colombia) dice que los representantes de las ONG, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las defensorías delegadas y la Iglesia animan a las víctimas a denunciar las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el plano local. La Defensoría del Pueblo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar disponen de un teléfono gratuito que funciona 16 horas al día para la denuncia de la violación de los derechos humanos y un teléfono que funciona las 24 horas del día en el caso de violaciones del derecho humanitario internacional. A pesar de todo, muchas de las víctimas todavía son reacias a denunciar las violaciones por miedo a las represalias.
45.El Sr. ZERMATTEN pregunta qué porcentaje del gasto público total del Estado Parte en 2005 se asignó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Se pregunta si el Estado Parte tiene la intención de revisar su método de financiar el Instituto.
46.El Sr. LIWSKI pregunta si ha aumentado el gasto público en concepto de salud tras la adopción del sistema de doble vertiente. Quiere saber si la reducción indicada en la disponibilidad de servicios de atención médica en 2003 significa que no están cubiertos determinados sectores de la población. La delegación debería explicar la importante reducción en la afiliación al sistema de seguridad social desde 1997.
47.El Sr. FILALI pregunta si son muchas las víctimas de delitos y actos violentos que han presentado cargos contra sus autores y si han prosperado las actuaciones judiciales contra ellos.
48.La PRESIDENTA pregunta si se ha creado un marco jurídico de garantías para las víctimas, de conformidad con la propuesta formulada por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos.
49.La Sra. LONDOÑO SOTO (Colombia) dice que el porcentaje de nacimientos inscritos en el Registro ha aumentado del 87% en 2002 al 90% en 2005. Desde 2003, las autoridades locales han trabajado con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para dar a conocer a determinados organismos públicos el plan de acción nacional. El Gobierno procura que el plan nacional sea compatible con los objetivos de desarrollo del Milenio.
50.La oradora anuncia que se han superado muchos de los obstáculos para que el Estado Parte pueda firmar la Convención de La Haya sobre la Jurisdicción, Derecho Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y Medidas para la Protección de los Niños.
51.La PRESIDENTA quiere sabersi el Estado Parte ha participado en el proceso de Malta relativo a los derechos de visita de menores y padres.
52.El Sr. ZERMATTEN quiere saber si el proyecto de reforma legislativa en materia de infancia y adolescencia es compatible con la Convención.
53.Pregunta si el Estado Parte adoptará un sistema de ayudas a las familias monoparentales. Unos 30.000 niños abandonados están internados en instituciones y por ello quiere saber si sería posible reducir ese número. Se pregunta cómo se inspeccionan esas instituciones y si existen procedimientos de queja y revisión.
54.Pregunta si el Estado Parte tomará medidas para que su normativa en materia de adopción internacional esté en consonancia con el Convenio de La Haya sobre la Protección de los Niños y la Cooperación en materia de Adopción Internacional.
55.Un 32% de los delincuentes menores de edad están condenados a una pena de privación de libertad, lo que ha dado lugar al internamiento de más de 15.000 menores. El orador pregunta si el Estado Parte está tomando medidas para modificar su política de condenas y acortar la duración de las penas. Quiere saber si con la reforma legislativa en materia de infancia y juventud mejorarán las condiciones de los menores detenidos. El Estado Parte debería mejorar la capacitación de los funcionarios de los servicios jurídicos a fin de agilizar los trámites relativos a los menores delincuentes. El orador pregunta cómo se supervisan las instituciones penitenciarias y las comisarías de policía en cuanto a los menores y cómo los niños pueden hacer una denuncia si han sido objeto de castigo corporal, hostigamiento o un régimen de incomunicación.
56.La Sra. VUCKOVIC-SAHOVIC pide información sobre el costo de la educación y la asistencia financiera para los niños que viven por debajo del umbral de pobreza. Pregunta cuál es el estado del plan nacional de acción de derechos humanos. Pregunta si el Estado Parte tiene la intención de reducir la discriminación de las niñas y de algunos grupos indígenas en el ámbito de la educación y aumentar el acceso a la educación en las zonas apartadas.
57.La Sra. SMITH se pregunta si hay algún plan para aumentar el número de lugares en los que los menores puedan practicar el deporte y realizar actividades de esparcimiento y si se tomarán medidas para alentar el uso adecuado de esos lugares. Pide información sobre la disponibilidad de servicios de bibliotecas e información para niños en todo el país.
58.El Sr. PARFITT dice que es necesario aumentar la visibilidad de los niños discapacitados y mejorar su integración en la sociedad. Quiere saber qué medidas se tomarán para obtener información sobre esos niños a fin de facilitar su identificación, la prestación de servicios y la supervisión. Pregunta si el Estado Parte tiene la intención de poner en marcha programas de detección temprana y prevención. Quiere saber cuántos niños discapacitados están internados en instituciones y cómo se inspeccionan esas instituciones. Se pregunta si existe algún plan para facilitar el acceso de los niños discapacitados a la educación y para capacitar a los docentes que trabajan con ellos.
59.El orador pregunta cuáles son las medidas para asistir a las familias que viven en la pobreza, en particular en las zonas rurales, y pide mayor información sobre el funcionamiento de los programas de seguridad social. Pregunta cómo se aborda el problema de los abusos a los menores en el seno de la familia. En particular, quiere saber si se han evaluado los efectos del programa "Haz la paz: la paz empieza en casa".
60.Pregunta sobre los planes del Estado Parte en cuanto a la reunificación familiar. Quiere saber si se presta asistencia a las familias abandonadas por el cabeza de familia para que soliciten y consigan la pensión de alimentos.
61.El orador pregunta qué medidas se han adoptado para mejorar el acceso a la educación de los niños desplazados y los niños de determinadas minorías étnicas. Se han presentado quejas por la falta de respeto de los idiomas y las culturas de los niños indígenas y afrocolombianos, y él se pregunta cómo la reforma educativa solucionará este problema.
62.Pregunta si el Estado Parte tiene la intención de pedir al ACNUDH que prorrogue el mandato de sus oficinas en Colombia después de 2006.
63.La PRESIDENTA pregunta al Estado Parte qué medidas tomará con vistas a la asistencia, protección y rehabilitación del gran número de niños desplazados que viven en las barriadas marginales. Pregunta qué medidas se han adoptado para proteger a los menores de la trata, el turismo sexual y la explotación sexual.
Se levanta la sesión a las 13.00 horas.