Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

78º período de sesiones

Acta resumida de la 2053ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el martes 15 de febrero de 2011, a las 15.00 horas

Presidente:Sr. Kemal

Sumario

Examen de los informes, observaciones e información presentados por los Estadospartes en virtud del artículo 9 de la Convención

Informes periódicos 17º a 20º del Estado Plurinacional de Bolivia

Se declara abierta la sesión a las 15.10 horas.

Examen de los informes, observaciones e información presentados porlos Estados partes en virtud del artículo 9 de la Convención

(CERD/C/BOL/17-20; CERD/C/BOL/Q/17-20; HRI/CORE/1/54/Rev.2)

Por invitación del Presidente, la delegación del Estado Plurinacional de Bolivia toma asiento a la Mesa del Comité.

2.La Sra. Copa Condori(Estado Plurinacional de Bolivia) dice que los informes 17º a 20º de su país se han preparado en un contexto de grandes cambios políticos, como el que ha permitido integrar y otorgar soberanía a todos los grupos que componen la nación boliviana y preservar así su dignidad humana. El hecho de que la propia Sra. Copa Condori, una mujer indígena de origen campesino, ocupe ahora el cargo de Ministra de Justicia, es un buen ejemplo de esa integración.

3.El Gobierno de su país, dirigido por el Sr. Evo Morales, el primer Presidente indígena de Bolivia, se plantea la tarea de cumplir lo dispuesto en la Convención como un proceso continuo. Ya está plantada la semilla que beneficiará a los pueblos indígenas y que irá creciendo gradualmente hasta dar fruto y poder ser cosechada. Se ha promulgado una nueva Constitución, así como varias leyes fundamentales. En todos los casos, se ha adoptado un enfoque de participación en la construcción del nuevo Estado Plurinacional. El Gobierno, con la ayuda de interlocutores sociales, tratará de preservar y consolidar sus resultados y potenciar su patrimonio.

4.El Sr. Cárdenas (Estado Plurinacional de Bolivia) indica que su país tiene por primera vez, desde su fundación en 1825, un Presidente indígena, sin haber recurrido a la violencia; el pueblo lo ha conseguido por la vía del voto popular.

5.La construcción de una sociedad de iguales, en la que se respeten las diferencias, es el mayor de los desafíos planteados. A los bolivianos se les había enseñado en las escuelas que Bolivia es una sola nación, con un solo idioma y una sola religión. Esa visión monolineal impidió que se forjara una identidad nacional y que no se pudieran diseñar políticas de Estado para desarrollar el país. Bolivia se levantó sobre unos cimientos sin contar con la participación de los pueblos indígenas y en contra de sus intereses. Bolivia es un Estado sin nación y los pueblos indígenas son naciones sin Estado. Por ello, en la Asamblea Constituyente se proclamó que Bolivia no es una sola nación, con un solo idioma y una sola religión. El país posee 36 culturas, 36 idiomas y 36 formas de ver el mundo y de ofrecer respuestas a sus desafíos. Es por tanto un Estado Plurinacional. Además, el hecho de que Bolivia sea un Estado laico, como dice su Constitución, no quiere decir que sea ateo; en realidad, tolera todas las religiones, incluida la religión del respeto a la Pachamama, la Madre Tierra.

6.El artículo 9 de la Constitución trata de la descolonización. El Estado colonial boliviano se reproduce permanentemente y por inercia mediante dos ejes: racismo y patriarcado. La estructuración institucional del Estado es racista. El racismo se ha utilizado como estrategia de Estado para hacer desaparecer a los pueblos indígenas, o al menos domesticarlos, cristianizarlos e incorporarlos a la "vida nacional". El patriarcado tiene sus orígenes en los mitos de fundación como el mito de que Eva tiene la culpa de la expulsión de Adán del paraíso y en otros preceptos religiosos en contra de la mujer. Esos mitos han afectado a las actitudes de la sociedad frente a la mujer y han dado lugar a una legislación patriarcal. Se discrimina a la mujer y se la hace invisible.

7.El imperativo es la descolonización a todos los niveles: educativa, religiosa, de las fuerzas armadas, de la policía y de las leyes. Los juristas bolivianos estudian el código napoleónico, el derecho romano, la legislación de los Estados Unidos y el ordenamiento jurídico español, pero el país no ha tenido aparentemente la capacidad de diseñar sus propias leyes desde la realidad y la identidad bolivianas. La descolonización consiste, por tanto, en desmontar y transformar la institucionalidad del Estado.

8.Pero la descolonización debe ser también mental, no solo en Bolivia sino en todo el continente americano. Por ejemplo, la Carta de la Organización de los Estados Americanos se ha quedado obsoleta. En diciembre de 2010 se aprobó una nueva Ley educativa. El Viceministerio de Descolonización tendrá que garantizar que las nuevas normas, que están a punto de redactarse, no contengan elementos coloniales o patriarcales. Se ha promulgado también una Ley contra el racismo y toda forma de discriminación (Nº 45). El Viceministerio ha creado una Unidad de Despatriarcalización, dirigida por una mujer indígena quechua. En esa unidad se han redactado proyectos de ley de equivalencia constitucional para lograr la participación efectiva de la mujer en todos los ámbitos del Gobierno y de los municipios.

9.El paradigma de la lucha de clases de los decenios anteriores se había centrado en el capital y el trabajo. Con la caída del muro de Berlín, los referentes ideológicos de las izquierdas bolivianas caen también, ya que los habían buscado en el extranjero y no en casa. Ahora es necesario dar un salto cualitativo. El nuevo paradigma es la Madre Tierra y el sujeto histórico es el indio en tanto masas y en tanto proyecto político. Quinientos años después de la evangelización, ha llegado el momento de evangelizar a Occidente, de demostrar que se puede ser moderno y tener confort sin dañar la naturaleza y que la forma de vivir de Occidente está destruyendo el planeta. Se trata de restablecer el equilibrio entre hombres y mujeres y entre los humanos y la naturaleza. El capitalismo, por otra parte, entra en conflicto con una sociedad justa y una sociedad en la que los pueblos indígenas del mundo reclaman su dignidad. O muere el capitalismo o muere la Madre Tierra.

10.El sueño de su país es que 500 años de sangre no logren aplastar 500 años de esperanza.

11.La Sra. Paco Durán (Estado Plurinacional de Bolivia) dice que la Asamblea Legislativa Plurinacional ha aprobado, de conformidad con la Constitución las primeras cinco series de normas institucionales que garantizan la participación efectiva de los pueblos indígenas, los afrobolivianos y las mujeres en los órganos de adopción de decisiones del país. Y lo ha hecho en el plazo de seis meses fijado por la Constitución; ahora se encuentra en una etapa de elaboración de las normas sociales. Las instituciones están concebidas para garantizar la igualdad y la dignidad de todos los bolivianos en el ejercicio de sus derechos constitucionales.

12.La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa celebró una reunión con las víctimas de los sucesos de Sucre de 24 de mayo de 2008, cuando se humilló a los miembros de la población indígena rural por pedir medidas legislativas eficaces contra la discriminación y el racismo. Entonces se redactó el texto preliminar de la Ley contra el racismo y toda forma de discriminación y se presentó tanto a las víctimas como a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Se solicitaron comentarios de la sociedad en conjunto. Durante los debates habidos en la Asamblea, un diputado de origen africano y varios diputados de la oposición presentaron una serie de propuestas que modificaron el texto original, tras lo cual se aprobó la Ley Nº 45.

13.La oradora subraya que el objetivo de la ley estriba en proteger la dignidad de todos los bolivianos sin distinción de ningún tipo. La ley cuenta con 5 capítulos y 26 artículos y prevé mecanismos de control para evaluar su eficacia. Un capítulo entero está consagrado a la prevención por lo que hace a cuatro ámbitos. El primer ámbito es el de la educación y contempla, entre otros aspectos, la inclusión de la enseñanza de los derechos humanos en los planes de estudios escolares. El segundo ámbito es el de la administración pública. Hasta hace poco, cuando los funcionarios veían a personas ataviadas con vestidos que reflejaban su origen rural, podían mandarlas por ejemplo, al final de una cola, mientras que los que llevaban traje y corbata pasaban delante. Ahora se exige que el Estado enseñe a los funcionarios a evitar discriminaciones de esa índole. El tercer ámbito de prevención es el que se refiere a la comunicación, la información y la divulgación. Es necesario prever la distribución masiva, tanto a través de los medios de comunicación públicos como de los privados, de datos estadísticos pertinentes y de información relativa a la ley y el cumplimiento de sus disposiciones. La cuarta serie se refiere a la economía y, en especial, a la inversión pública para promover la integración social y una redistribución equitativa de la riqueza.

14.La ley prevé la creación del Comité Nacional contra el Racismo y toda Forma de Discriminación, integrado por instituciones públicas y organizaciones sociales e indígenas, comunidades afrobolivianas y organizaciones de defensores de los derechos de la mujer, la infancia, la adolescencia, las personas con discapacidad y otros sectores vulnerables. La misión del Comité consiste en elaborar un plan nacional contra el racismo y la discriminación y desarrollar políticas destinadas a garantizar el respeto a la igualdad.

15.También se han previsto mecanismos para la protección de las víctimas. Podrán interponerse denuncias a través de las vías administrativa o disciplinaria. Cabe imponer castigos más severos a los abusos cometidos por funcionarios públicos. También pueden presentarse quejas contra conductas inmorales en la esfera privada. En otras épocas se había aplicado un código de vestuario para acceder a ciertos locales y no se permitía el ingreso de personas que llevaran, por ejemplo, vestidos indígenas. Ahora se ha prohibido ese tipo de reglamentos. Sobre los medios de comunicación recae también la responsabilidad de haber incitado a cometer actos de racismo y discriminación y a legitimarlos. Por ejemplo, se negaron a dar a conocer los actos flagrantes de discriminación contra representantes públicos de los pueblos indígenas y distorsionaron su cobertura de los sucesos del 24 de mayo de 2008 en Sucre, en detrimento de las víctimas. Ahora, los medios de comunicación pueden ser sancionados por esa clase de conductas.

16.Se han incorporado al Código Penal cinco nuevos tipos de delitos. El primero es el de racismo, que conlleva una pena de tres a siete años de cárcel. Como circunstancias agravantes cabe citar la implicación de un funcionario público y el uso de la violencia. El segundo delito es el de discriminación; el tercero es el de difusión e incitación al racismo o a la discriminación; el cuarto hace referencia a las organizaciones o asociaciones racistas o discriminatorias y el quinto a insultos y otras agresiones verbales por motivos racistas o discriminatorios. En el nuevo Código Penal se han incluido sanciones por hacer falsas acusaciones y, para intentar combatir la impunidad, se ha otorgado carácter obligatorio a la denuncia de actos de discriminación racial.

17.El 5 de enero de 2011 se aprobaron los reglamentos de desarrollo de la Ley Nº 45 y se establecieron las medidas específicas que deben adoptarse para aplicar las disposiciones de dicha ley. En el reglamento se enumeran también las sanciones pertinentes, incluida la publicación en los medios de comunicación de ideas racistas, en cuyo caso el castigo máximo es la retirada temporal de la licencia de publicación. Los procedimientos administrativos forman parte integrante de los reglamentos e indican cómo se debe presentar una denuncia y ante qué órgano. En respuesta a las peticiones surgidas tras las consultas públicas que formaron parte del proceso de elaboración de los reglamentos, se ha incluido un capítulo en el que se especifican los actos que constituyen una conducta racista o discriminatoria. La ley ha empezado a surtir efecto, sobre todo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde los políticos ya no formulan comentarios racistas o discriminatorios en sus discursos.

18.El Sr. Cox (Estado Plurinacional de Bolivia) afirma que la actual Constitución reconoce plenamente a la comunidad afroboliviana como parte del pueblo boliviano. El Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos contiene disposiciones específicas sobre los derechos de esa comunidad y define las medidas para mejorar el disfrute de esos derechos entre 2009 y 2013. Dado que la mayoría de los afrobolivianos vive en el departamento de La Paz, el gobierno departamental ha tomado medidas para garantizar el reconocimiento, respeto y protección de dicho grupo, como se indica en el párrafo 187 del informe periódico. En las elecciones generales de 2009, se dotó un escaño especial para La Paz, para el que fue elegido el primer diputado afroboliviano, que desempeñó un papel muy importante en la adopción de varias leyes fundamentales, incluida la Ley Nº 45. Además, en 2010 una representante afroboliviana fue nombrada subalcaldesa de una zona del municipio de La Paz. El apartado de autoidentificación del formulario del censo de 2012 incluirá de manera explícita una referencia específica a los afrobolivianos. El Viceministerio de Justicia Indígena Originaria Campesina ha consultado a varias organizaciones afrobolivianas la conformación de un ente matriz a nivel nacional de esa comunidad a fin de fortalecer sus capacidades y mejorar sus relaciones con el Estado.

19.Aunque, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Nº 45, se habían tomado medidas para concienciar en mayor medida a la población sobre la prohibición constitucional de discriminar por motivos de orientación sexual e identidad de género, se han registrado algunos problemas a la hora de hacer valer los derechos de las lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales, en la mayoría de los casos con actos de violencia, malos tratos y dificultades en el acceso al empleo.

20.En virtud de la Constitución y de la Ley Nº 25, de 24 de junio de 2010, los pueblos originarios, indígenas y la población campesina tienen derecho a ejercer jurisdicción y competencia, a través de sus propias autoridades, a fin de aplicar sus principios, valores culturales, normas y procedimientos, en pie de igualdad con la jurisdicción ordinaria, en especial para el cumplimiento de sus decisiones. También tienen derecho a consultas libres, previas e informadas ante todas las medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles o para la explotación de recursos naturales en sus tierras. El Ministerio de Justicia ha organizado consultas sobre el proyecto de ley de jurisdicción con las cinco principales organizaciones originarias, indígenas y campesinas, a fin de garantizar que las comunidades afectadas dispongan de toda la información pertinente y participen en el más alto grado posible en el proceso de redacción. Se han adoptado políticas para garantizar la coordinación y la cooperación entre los tribunales ordinarios y la jurisdicción agroambiental y las autoridades indígenas, originarias y campesinas, y las autoridades competentes suscribieron también varios acuerdos con tal fin, entre los que figura uno sobre la protección de los niños.

21.Como se indica en el párrafo 52 del informe periódico, el Viceministerio de Descolonización está aplicando una serie de medidas para luchar contra el racismo y la discriminación, entre las que figura la creación en mayo de 2010 de una Comisión Interinstitucional sobre Racismo y Discriminación. La Comisión ha estado trabajando en torno a un plan de acción sobre racismo y discriminación y a las propuestas de poner en marcha un Comité Nacional contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación. El Viceministerio está celebrando en la actualidad consultas sobre discriminación con la población afroboliviana, los pueblos indígenas, originarios y campesinos, las organizaciones no gubernamentales (ONG), las autoridades locales, las personas que viven con VIH/SIDA y las trabajadoras del hogar, y las conclusiones se incorporarán al plan de acción.

22.El Sr. Avtonomov (Relator para el país) acoge con satisfacción la reanudación del diálogo entre el Estado parte y el Comité. A la luz de la transformación política fundamental que el país ha experimentado, insta al Estado parte a preparar un documento básico actualizado con los detalles de todas las nuevas leyes.

23.Aunque el Decreto Supremo Nº 29033, que establece el reglamento de consulta a los pueblos y naciones indígenas, originarios y comunidades campesinas se aprobó en 2007, el Comité ha recibido varios informes que señalan que el proceso de consulta previa no suele llevarse a cabo de conformidad con las normas nacionales e internacionales. El Comité acogería con satisfacción información sobre el proyecto de minería del cobre de Coro-Coro, que se está desarrollando en tierras sagradas para la población indígena Ayamara Pakajaqi. Según los informes, no ha sido consultada sobre el proyecto, que está perjudicando a sus intereses. Solicita también más detalles sobre los sucesos del 11 de septiembre de 2008 en Pando.

24.Convendría saber qué grupos indígenas figurarán en los formularios del censo de 2012 y qué preguntas se harán sobre el origen racial y étnico. En ese sentido, agradecería una explicación del término "comunidades interculturales", que le parece poco preciso. Pregunta si las comunidades indígenas que han migrado al Estado parte están clasificadas como pueblos indígenas y qué medidas se tomarán para incluir en el censo a las comunidades indígenas que viven aisladas. Es importante garantizar que los datos obtenidos sean fidedignos para que el Estado parte pueda combatir la discriminación estructural.

25.Al orador le interesaría saber por qué el Gobierno ha suprimido el Ministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios y creado una nueva instancia para los derechos indígenas que depende de la Presidencia. Agradecería disponer de más detalles sobre la forma en que la nueva instancia fomenta los derechos humanos en general y los derechos de las comunidades indígenas en particular. La Recomendación general Nº 25 del Comité sobre el significado y alcance de las medidas especiales en la Convención podría ser un documento útil de referencia para esa entidad.

26.Tras tomar nota de la aprobación de la Ley de deslinde jurisdiccional, pregunta si ahora existe un solo ordenamiento jurídico o si coexisten los tribunales ordinarios con las jurisdicciones indígenas, originarias y campesinas. Sería interesante saber si una persona que ha sido juzgada en primera instancia por un tribunal indígena tiene derecho a apelar ante un tribunal ordinario.

27.El orador se congratula de las medidas legislativas que el Estado parte ha tomado para eliminar la discriminación racial, pero insta al Gobierno a incluir en su próximo informe periódico ejemplos de sanciones que se hayan impuesto por delitos de discriminación racial.

28.El Sr. Thornberry expresa su preocupación ante los informes de que algunas organizaciones juveniles han desempeñado un papel en la divulgación de discursos de odio y en la persecución de indígenas. No obstante, toma nota con agradecimiento de los esfuerzos del Estado parte por incluir los derechos humanos en el plan de estudios de las escuelas y añade que le interesaría recibir más información sobre ese plan de estudios. Pide también a la delegación que amplíe los detalles sobre la relación entre la no discriminación y la interculturalidad, mencionada en el informe.

29.Las declaraciones discriminatorias contra los pueblos indígenas y los descendientes de afrobolivianos recogidas por los medios de comunicación suscitan la pregunta de si existe o no un código deontológico para los periodistas. El Comité ha recibido informes de que ese código existe efectivamente pero que pocas veces se cumple. Todos los medios de comunicación revisten una función social, que es incompatible con la práctica inaceptable de difundir propaganda racista. Sería conveniente también disponer de una actualización sobre la labor pendiente de la Asamblea Legislativa Plurinacional mencionada en el informe.

30.Habida cuenta de la escasa información presentada en lo tocante al artículo 4 de la Convención, solicita una respuesta más detallada en la que se aborden cuestiones como la propaganda, la divulgación de ideas racistas, la violencia racial y la prohibición de organizaciones por sus mensajes de odio. Pregunta si el enfoque general adoptado por el Estado para abordar la discriminación subyacente en los discursos de odio excluye un planteamiento más específico. Al hacer hincapié en actos de discriminación como las expresiones de odio o la segregación, la Convención pretende allanar el camino a programas que aborden las diferentes facetas de la discriminación racial.

31.La espectacular transformación política experimentada por el Estado parte plantea inevitablemente muchas nuevas preguntas y desafíos por lo que hace a la discriminación, que persiste en muchos sectores. Al Comité le interesaría saber si esa transformación permitirá a las minorías un acceso más amplio al poder político.

32.Pregunta cómo enfoca el Estado parte el concepto de derechos colectivos en relación con el marco de derechos humanos y si la adhesión al Convenio Nº 169 de la OIT y el apoyo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas le han permitido centrarse de manera más eficaz en su programa de cambio.

33.Pasando a los comentarios formulados sobre el proceso de descolonización, en su calidad tanto de liberación psicológica como de liberación política, pregunta si esos comentarios están dirigidos al pueblo boliviano en general o a las principales víctimas de la colonización.

34.El Sr. de Gouttes acoge satisfecho la oportunidad de examinar el informe del Estado parte por primera vez desde que el Sr. Evo Morales juró su cargo como Presidente. Tanto la comunidad internacional como los demás Estados latinoamericanos están siguiendo con gran interés la revolución agraria de Bolivia.

35.Tras tomar nota de las medidas adoptadas por el Estado parte para luchar contra la discriminación racial, se congratula de las disposiciones suplementarias que ha tomado, como las disposiciones constitucionales que benefician a los afrobolivianos y a otros pueblos indígenas y, en especial, la Ley Nº 45. Alaba los esfuerzos emprendidos para definir conceptos como la discriminación racial, el racismo y la raza y para establecer medidas afirmativas que eviten cualquier posible confusión con la discriminación inversa. Le complace saber que la ley comprende medidas preventivas e institucionales, así como sanciones para los delitos racistas. Ha tomado nota de los diferentes castigos aplicables a los medios de comunicación y a las personas que forman parte de organizaciones racistas, de conformidad con el Código Penal enmendado, destacando con interés que la difusión de ideas racistas a través de los medios de comunicación acarrea o bien una sanción monetaria o una suspensión temporal. Pregunta si cabría complementar a información detallada de esas medidas positivas mediante un informe con datos prácticos sobre la aplicación efectiva de las medidas adicionales adoptadas. ¿Ha puesto el Estado todos los medios necesarios a disposición de las autoridades públicas y de la administración nacional para garantizar la aplicación efectiva de esas medidas?

36.En cuanto al aumento de la violencia racial, expresa su preocupación por la falta de datos estadísticos sobre el número de denuncias, procesamientos y condenas por delitos racistas. Entiende que el reducido número de denuncias y procesamientos es imputable a que las víctimas no son conscientes de sus derechos y a que existe una falta de confianza en las autoridades o temor a las represalias. Solicita que el próximo informe del Estado parte contenga más datos estadísticos al respecto.

37.Pasando a los problemas surgidos en el Estado parte en su intento de conciliar la lucha contra las drogas y la necesidad de salvaguardar la industria indígena de la coca, desea saber cómo proyecta el Estado parte resolver esa cuestión de manera satisfactoria.

38.Haciendo referencia a la reacción hostil de ciertos segmentos de la sociedad ante la nueva política en materia de tierras y la revolución agraria, desearía saber si solo afecta a los terratenientes más destacados. Si ese es el caso, ¿por qué han empezado a intervenir algunos jóvenes en esa reacción? Pregunta si la tierra es la única causa del problema o si cabría explicarlo por la persistencia de una discriminación estructural. También desearía saber si los medios han agravado la situación.

39.Pide a la delegación que facilite un resumen de las funciones de la justicia comunitaria y del papel del nuevo Viceministro de Justicia Indígena, Originaria y Campesina. Solicita una explicación del vínculo entre la justicia comunitaria y la justicia ordinaria y el ámbito de competencia de la primera. El Comité ha recibido informes sobre las dificultades que afrontan las mujeres para acceder a la justicia comunitaria. Pregunta si la ley consuetudinaria respeta plenamente los principios fundamentales de derechos humanos y si las decisiones de la justicia comunitaria pueden ser apeladas ante los tribunales ordinarios.

40.Espera con gran interés examinar los resultados del próximo censo basado en la autoidentificación, así como la información sobre las próximas consultas a las comunidades indígenas respecto de las decisiones públicas que repercuten en sus derechos.

41.El Sr. Calí Tzay dice que Bolivia, el Ecuador, Guatemala y el Perú son los países latinoamericanos con una población indígena más numerosa. Dado que la población indígena representa el 42% de la población en Guatemala, pide a la delegación que explique por qué solo el 37% de la población boliviana se identifica como indígena. ¿No será porque muchas personas tienen miedo de identificarse como indígenas?

42.Pregunta qué medidas prácticas está tomando el Estado parte para garantizar la representación de las numerosas nacionalidades en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el poder ejecutivo y el judicial. Desearía saber también qué medidas ha adoptado el Gobierno para garantizar que se mantendrán los cambios introducidos bajo la Presidencia del Sr. Evo Morales.

43.Advierte que en el informe del Estado parte no se menciona el derecho de los pueblos indígenas a la autoidentificación, por lo que pregunta si se utilizará ese derecho como criterio principal para el censo.

44.Observa asimismo que el español y las lenguas indígenas están reconocidas como lenguas oficiales en el Estado parte, pero pregunta si existe alguna institución dedicada a consolidar la situación de las lenguas indígenas.

45.En referencia a los delitos de lesa humanidad perpetrados bajo la presidencia del Sr. Gonzalo Sánchez de Lozada, desearía saber qué medidas ha tomado el Gobierno para poner a sus autores a disposición de la justicia, dado que esos delitos no prescriben.

46.Teniendo presente el pasado colonial de Bolivia, pregunta qué medidas ha adoptado el Gobierno para erradicar los elementos de racismo a nivel oficial que subsisten en la estructura de poder del Estado.

47.En el contexto de la igualdad de género, señala a la atención las discrepancias entre el informe del Estado parte y el de las ONG respecto del número de hombres y mujeres que integran el Consejo de Ministros del Presidente Morales. Pregunta si son exactas las informaciones de que las mujeres están infrarrepresentadas y de que su nivel de participación en el Gobierno es muy bajo. Es cierto, sin embargo que el Estado parte ha allanado el camino para la participación de las comunidades indígenas en el Gobierno.

48.Pregunta si son correctos los informes de que el Estado parte, mediante un decreto legislativo, ha incorporado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas a la legislación nacional. En caso afirmativo, convendría disponer de más información al respecto, ya que esa medida serviría para demostrar a otros Estados de América Latina que la Declaración no está reñida con la democracia, sino que sirve para reforzarla.

49.Pide aclaraciones sobre la jurisdicción de la justicia comunitaria, los delitos de los que entiende y si es un ordenamiento jurídico por derecho propio o si forma parte del sistema jurídico indígena.

50.El Sr. Diaconudice que el Estado Plurinacional de Bolivia está haciendo historia, y se congratula de los múltiples cambios legislativos que ha impulsado y, en especial, de su ejemplar legislación contra la discriminación. No obstante, se siguen cometiendo actos de violencia contra las personas que pertenecen a grupos indígenas, por lo que deben tomarse lo antes posible medidas para poner fin a la impunidad de esos actos, indemnizar a las víctimas y proteger a los que defienden los derechos humanos.

51.Desea saber qué está haciendo el Estado parte para lograr que las autoridades locales respeten las convenciones internacionales y las nuevas medidas legislativas, dado que son algunas prefecturas y los miembros de ciertos grupos políticos los responsables de los actos de violencia cometidos contra los indígenas y sus representantes. Aunque las leyes contra la discriminación abarcan todos los aspectos enunciados en el apartado a) del artículo 4 de la Convención y prohíben los actos de violencia racial o la incitación a cometerlos, no parecen prohibir las organizaciones implicadas en tales actos. ¿Figura esa prohibición en otras leyes?

52.Pide a la delegación que facilite estadísticas sobre la situación de los diferentes grupos étnicos y raciales por lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales en el próximo censo de 2012.

53.Pasando a la cuestión de la restitución a los pueblos indígenas de los títulos sobre las tierras, quiere saber si se va a restablecer el plan para el pueblo guaraní, que fue suspendido.

54.En cuanto a la cuestión de la legislación para erradicar el trabajo forzoso y la servidumbre por deudas, que se siguen aún practicando en algunas partes del país, el orador dice que se necesitan medidas prácticas para ofrecer trabajo, vivienda y tierras a las personas liberadas de dicha servidumbre. También pregunta cómo prevé el Estado parte afrontar el problema de la doble discriminación que padecen las mujeres de los grupos indígenas y afrodescendientes.

55.Tras poner de relieve que la mayoría de los medios de comunicación en el Estado parte se muestran hostiles a las reformas, el Sr. Diaconu sugiere que Bolivia debería promover el respeto al propio código de conducta de dichos medios de comunicación y lograr un equilibrio entre la libertad de expresión y la discriminación racial.

56.El Sr. Murillo Martínez, refiriéndose a la cuestión de los cultivos de coca en el Estado parte, pregunta qué se ha hecho para aplicar la Decisión Nº 391 de la Comunidad Andina relativa al régimen común sobre acceso a los recursos genéticos y sus productos derivados. Desea saber qué marco jurídico e institucional se ha creado para aplicar la decisión y si se ha invocado en algún caso concreto.

57.Le interesaría saber si, tras el último censo, se han llevado a cabo estudios que ofrezcan una información más detallada acerca de la situación y condiciones de vida de la, sin lugar a dudas, reducida población afrodescendiente del país que, según las estimaciones, se eleva a unas 30.000 o 35.000 personas, concentradas en la mayoría de los casos en ciertas zonas, como la región de Yungas de La Paz. También convendría saber hasta qué punto los considerables progresos económicos realizados por el país corren parejos con los progresos hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015.

58.En referencia a las preocupaciones de los miembros de la comunidad internacional por las posibles fisuras que pueden producirse en el Estado parte a consecuencia de los profundos cambios que se están llevando a cabo y tras advertir la presencia de movimientos separatistas en el país, pregunta qué grado de solidez tiene la unidad política nacional. Las fuertes reacciones contra la promulgación de las leyes antidiscriminatorias dan a entender que se trata de un tema muy delicado y del impacto que han tenido los cambios introducidos por el Gobierno.

59.Le interesaría saber cómo ha previsto el Estado parte celebrar en 2011 el Año Internacional de los Afrodescendientes tanto en el país como con otros Estados, dada la considerable transformación de la situación de los afrodescendientes en Bolivia, que se han convertido en interlocutores políticos fundamentales.

60.El Sr. Lindgren Alves dice que en el Estado parte se está registrando la primera gran revolución posmoderna del mundo, sin derramamiento de sangre, democrática y fomentada por una mayoría de la población indígena, por lo que resulta difícil para el Comité determinar a ciencia cierta qué es lo que se está produciendo.

61.Le han informado de que la pena de muerte está prevista en el derecho consuetudinario y pregunta si ello es cierto. De ser así, habría que tomar medidas para erradicarla; en caso contrario, solo puede explicarse esa información como parte de una campaña de propaganda contra la revolución boliviana.

62.Por lo que hace a la difícil situación de los grupos indígenas distribuidos por el territorio de varios países colindantes, pregunta si Bolivia ha concertado algún acuerdo o iniciado negociaciones con otros Estados a fin de aliviar los problemas que afrontan esos grupos que viven bajo diferentes jurisdicciones.

63.En referencia a los comentarios de la delegación en el sentido de que la sociedad patriarcal hunde sus raíces en el cristianismo, pregunta si en ciertas comunidades indígenas las mujeres no ocupan también una posición inferior a la de los hombres.

64.El Sr. Lahiri señala que los acontecimientos registrados en Bolivia desde 2006 constituyen la primera ocasión en 200 años en que un pueblo indígena ha asumido las riendas de su propio destino. Es lógico, por tanto, que un cambio tan trascendental suscite oposiciones en ciertas prefecturas. Teniendo en cuenta la autonomía concedida a los departamentos, regiones, municipios y comunidades indígenas de conformidad con la Constitución, se pregunta si las medidas de gran envergadura contra la discriminación aplicadas por el Gobierno central son irreversibles y desea saber qué mecanismos se han implantado para aplicarlas. En el informe del Estado parte se afirma claramente que esas medidas no se aplican aún en todas las prefecturas. ¿Es verdad que las órdenes del Gobierno no se observan en todo el país?

65.Solicita también estadísticas más detalladas sobre la composición demográfica de los grupos indígenas reconocidos en la Constitución y pregunta qué se está haciendo para garantizar que ninguno quede marginado.

66.La Sra. Dah agradece el informe del Estado parte, pero advierte que las revoluciones tienen sus consecuencias. Sobre el Estado parte recae una gran responsabilidad, porque ha despertado las esperanzas de muchas personas. Teniendo en cuenta lo anterior y el enfoque de la descolonización adoptado por el Estado parte, pregunta si este prevé mantener su actual sistema de gobierno democrático, heredado de Occidente o si está contemplando la posibilidad de introducir algún otro tipo de gobierno.

67.Le interesaría también saber qué lugar ocupa el derecho consuetudinario en el ordenamiento jurídico, porque, aunque conservar las costumbres sea un hecho positivo, también puede fomentar una situación de estancamiento. Expresa la esperanza de que se haga extensiva la igualdad de género a todos los niveles de la sociedad.

68.El Sr. Peter pregunta cómo está abordando el Gobierno los obstáculos burocráticos, que pueden dar al traste con sus ambiciones de cambio. Desea saber también cómo está conciliando las peticiones de progreso de los pueblos indígenas con los derechos legítimos de los demás, como los terratenientes y las empresas multinacionales que trabajan en el país.

69.Le gustaría saber si el Estado parte está haciendo algo para modificar la actitud de los jefes indígenas para con las mujeres, a las que ni siquiera invitan a las reuniones públicas, y fomentar así la igualdad de género.

Se levanta la sesión a las 18.05 horas.