Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Cuarto informe periódico que Túnez debía presentar en 2021 en virtud de losartículos 16 y 17 del Pacto *

[Fecha de recepción: 9 de mayo de 2024]

Introducción

1.Túnez presenta su cuarto informe periódico sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el informe se examinan las medidas e iniciativas adoptadas para aplicar las disposiciones del Pacto y dar seguimiento a las observaciones finales desde que se examinó el último informe nacional en 2016.

2.El informe se elaboró de acuerdo con la metodología participativa adoptada por la Instancia Nacional de Coordinación, Elaboración y Presentación de Informes y de Seguimiento de las Recomendaciones en materia de Derechos Humanos, y de conformidad con las orientaciones establecidas al efecto.

3.A modo de recordatorio, desde el 25 de julio de 2021, Túnez ha experimentado un proceso integral de reformas. Este informe se inscribe en un marco temporal intercalado por varios hitos políticos, entre los que destacan la promulgación de la Constitución de la nueva República el 25 de julio de 2022, la celebración de las elecciones legislativas a la Cámara de Representantes del Pueblo en sus dos períodos de sesiones (diciembre de 2022 y enero de 2023) y el inicio de las actividades de la Cámara de Representantes tras la elección de sus comisiones.

4.El Estado tunecino actualizará su Documento Básico Común (HRI/CORE/TUN/2016) tan pronto como se establezcan definitivamente las instituciones constitucionales.

5.Túnez presentó su primer informe voluntario sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2019 y posteriormente su segundo informe sobre 2020, lo que es reflejo de la integración de estos objetivos en el Plan de Desarrollo. Túnez ocupó en 2020 el primer puesto en África en cuanto a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con una tasa de cumplimiento del 67,1 %.

6.Túnez desea asimismo que el examen del presente informe sirva para mantener un diálogo constructivo y transparente que contribuya a fortalecer los derechos económicos, sociales y culturales.

Metodología utilizada en la elaboración del informe

7.El proceso de elaboración de este informe comenzó con un taller de formación sobre el Pacto y los términos de referencia para la redacción del informe nacional, celebrado el 13 de diciembre de 2022, que deben utilizar los miembros del comité y el grupo de trabajo de la secretaría permanente, con el apoyo del Instituto Danés de Derechos Humanos. En cuanto a las consultas, se organizaron las siguientes:

Una consulta nacional el 9 de junio de 2023 con la participación de representantes de organismos independientes y de la sociedad civil de las provincias (ouilayas) de Túnez capital con su zona metropolitana, diez asociaciones de la provincia de Kasserine y representantes de la Cámara de Representantes del Pueblo (recomendaciones que figuran en el anexo 1).

Dos consultas con niños y jóvenes de las principales provincias de Túnez, en las que participaron 25 niños y 25 jóvenes de ambos sexos, que dieron lugar a un conjunto de recomendaciones (que figuran en los anexos 2 y 3).

Parte IMarco estratégico para la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales

8.Se emitió la circular de 26 de febrero de 2015, relativa a la preparación del proyecto de documento del Plan de Desarrollo para 2016-2020, seguida de la circular de 25 de julio de 2015, por la que se fija el marco general y la metodología para la preparación del Plan y, a partir de ahí, el documento orientativo, en septiembre de 2015. El documento se articuló en torno a tres ejes: el diagnóstico de la realidad del desarrollo; el proyecto de sociedad, y el modelo alternativo de desarrollo. A ello hay que añadir los objetivos, las políticas y las reformas.

9.Este documento se elaboró en una circunstancia excepcional y delicada, y constituyó la primera de tres fases con miras a gestionar la transformación económica y social en los próximos cinco años, sirviendo de base para el diálogo entre las partes interesadas en la cuestión y de marco de referencia para el Plan.

10.En los preparativos del Plan, Túnez ha adoptado un enfoque que involucra a la sociedad civil a nivel local en algunas consultas, especialmente las relacionadas con la selección de los proyectos a nivel local y la gestión en el plano regional. El número de participantes en estas consultas fue de 20.000 a nivel regional y local y de 6.000 a nivel central.

11.Paralelamente a la preparación del Plan, el Gobierno presentó, en enero de 2016, el Programa Nacional de Grandes Reformas (2016-2020), que se aplicará en paralelo al Plan Quinquenal de Desarrollo (2016-2020), por un lado, y como importante pilar de este último, por otro. El programa ha previsto 80 grandes reformas estructurales en todos los ámbitos, con lo que se adopta como mecanismo principal del nuevo modelo de desarrollo.

12.El Plan está diseñado para impulsar la transición económica, elevar las tasas de crecimiento, promover la inclusión económica y social y consagrar la sostenibilidad en todas sus dimensiones. Con el Programa Nacional de Grandes Reformas (2016-2020) se establece un nuevo modelo de desarrollo capaz de revitalizar el ciclo económico, mejorar los indicadores de rentabilidad y eficiencia económica, crear riqueza y sentar las bases fundamentales de la buena gobernanza.

13.Por lo tanto, el modelo de desarrollo se diseñó para afianzar el ritmo de desarrollo durante los dos primeros años de aplicación del Plan, y luego aumentarlo, hasta niveles superiores a la tasa de crecimiento potencial de la economía, a partir de 2018.

14.A este respecto:

Se ultimó la redacción final del proyecto de la Carta del Agua, con la participación de grupos de la sociedad civil. El proyecto se encuentra actualmente en las últimas fases, antes de ser presentado al Consejo de Ministros y remitido a la Cámara de Representantes del Pueblo.

Comenzaron las tareas de cara a la elaboración de un plan nacional de aclimatación y adecuación al cambio climático, para proporcionar seguridad alimentaria.

Se creó un fondo de compensación de daños agrícolas causados por catástrofes naturales.

Se puso en marcha la cuarta fase de elaboración de la futura estrategia para el sector hídrico, que tiene por horizonte 2050.

15.Aunque los resultados obtenidos durante los dos primeros años de aplicación del Plan se acercaron, en conjunto, a los objetivos fijados, a partir de 2018 se registró un descenso del desempeño económico.

16.Esto se debe a que la aplicación del Plan coincidió con factores externos que se vieron exacerbados por la crisis de COVID-19 y la recesión económica mundial concomitante. Después, Túnez cerró un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el período 2016-2020, que ayudó a controlar relativamente los presupuestos financieros hasta 2019, pero la crisis sanitaria de COVID-19 hizo que Túnez abandonara el programa mencionado y obtuviese financiación excepcional en el marco del Instrumento de Financiamiento Rápido del FMI.

17.También han influido factores internos, como las frecuentes oleadas de protestas acompañadas de paros de la producción en los sectores extractivos (a veces hasta el punto de paralizar la producción por completo, como en los sucesos de Al-Kamur en 2017), los déficits energético y alimentario, y los retrasos en la finalización de la implementación de una serie de reformas estructurales de efecto dinamizador, lo que afectó a la inversión y los intercambios comerciales, ralentizó el ritmo de recuperación económica, empeoró la situación social, incidió negativamente en los equilibrios fiscales y profundizó las dificultades estructurales de las finanzas públicas, después de que el presupuesto del Estado hubiera tenido que soportar cargas adicionales en concepto de transferencias sociales, gastos de apoyo y aumentos salariales, lo que agravó el endeudamiento público.

18.La tasa de crecimiento anual a precios constantes durante el período 2016-2020 fue del 1,9 % frente al 3,3 % estimado en el Plan para 2016-2020. La tasa de cobertura de la balanza comercial en relación con los alimentos se situó en el 79 % frente al 96 % estimado, mientras que las inversiones agrícolas ascendieron a 6.685 millones de dinares, con una tasa de ejecución de alrededor del 74,8 %.

19.Las inversiones públicas durante el período del Plan Quinquenal 2016-2020 ascendieron a 2.809 millones de dinares frente a unas previsiones de 4.440 millones. Las inversiones públicas se situaron en 653 millones de dinares en 2021 y se espera que alcancen los 715,6 millones en 2022.

20.La tasa de crecimiento económico fue del -0,4 % durante el período 2016-2020, frente al 3,5 % estimado en el Plan Quinquenal. Excluyendo 2020, la tasa de crecimiento fue del 1,8 % para el período 2016-2019, frente al 3 % previsto para ese período.

21.El año 2020 fue excepcional en todos los aspectos, ya que fue testigo de un descenso sin precedentes de la actividad económica, que se reflejó en la tasa de crecimiento históricamente baja (del -8,7 %), puesto que el declive afectó, en una primera etapa, a los sectores orientados a la exportación, debido al cierre de fronteras, y después a los enfocados al mercado interior, como la construcción, a consecuencia de las medidas impuestas por la cuarentena pandémica.

22.A consecuencia de los resultados registrados, la renta per cápita durante el período del Plan para 2016-2020 aumentó, pasando de 8.633,4 dinares en 2016 a 10.449 dinares en 2020 (frente a los 12.220 dinares que se esperaban alcanzar para el final del Plan).

23.La excepcional situación económica también afectó al mercado laboral, dando lugar a un elevado desempleo y a un aumento del trabajo precario.

24.En vista de lo expuesto, se paralizó la preparación del Plan Quinquenal 2021-2025, que debía comenzar a principios de 2022, en su primera fase, la preparación del Plan Quinquenal 2021-2025, que fue sustituido por el plan de “Recuperación Económica y Social” para el período 2021-2024, que incluía medidas prácticas rápidas para detener la sangría, perjudicial para la hacienda pública y los macroequilibrios, así como disposiciones excepcionales para salvar el tejido de pequeñas y medianas empresas, y también otras medidas prácticas destinadas a reformar la gobernanza de las empresas públicas, reducir sus pérdidas y salvarlas del colapso. Todo ello se acompañó de medidas sociales solidarias en favor de los grupos vulnerables más afectados por la crisis económica.

25.En octubre de 2021 se pusieron en marcha reformas urgentes provistas de un enfoque integral y gradual para lograr la estabilidad económica a corto plazo y sentar bases sólidas de un crecimiento inclusivo y sostenible a medio y largo plazo, mediante la elaboración del Plan de Desarrollo para 2023-2025, y materializar la Visión Túnez 2035, adoptando un proceso de reforma apoyado en un conjunto de principios y valores y un enfoque participativo basado en la consulta con los diversos agentes sociales, y plasmado en la amplia participación de más de 400 altos funcionarios de la administración tunecina. La Visión Estratégica Túnez 2035 se elaboró como hito clave en el proceso de desarrollo integral y para que constituyese una hoja de ruta que permitiera definir orientaciones y clarificar la visión de futuro optimizando el uso de competencias y energías, reduciendo las disparidades y concibiendo soluciones adecuadas para resolver las repercusiones descritas anteriormente. En la elaboración del documento estratégico se hizo referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, la Agenda 2063 de la Unión Africana, estudios prospectivos y estrategias sectoriales.

26.Túnez busca alentar la iniciativa privada en el ámbito de las nuevas tecnologías mediante la promulgación de la Ley núm. 2018-20, de 17 de abril de 2018, sobre las Empresas Emergentes ( startups ), una ley que estimula la creación de proyectos y el desarrollo de las empresas emergentes que se basen en la innovación, la renovación y la adopción de tecnologías modernas y que logren un alto valor añadido, así como una competitividad elevada a nivel nacional e internacional.

27.Esta ley forma parte de un programa gubernamental integrado denominado “Programa Túnez Emergente”. Hasta junio de 2023, se habían asignado a empresas más de 900 distintivos de empresa emergente, permitiéndoles beneficiarse de los privilegios e incentivos establecidos a tal efecto.

28.En el marco del refuerzo del papel del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) como pilar del logro del desarrollo económico y social, se sigue dando seguimiento al proyecto de constitución de la Estrategia Nacional de Inclusión Digital, financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo, que se puso en marcha en enero de 2023.

29.Su objetivo es reducir la brecha digital, integrar a todos los colectivos y grupos de la sociedad en el uso de las tecnologías modernas, garantizar el acceso equitativo de todos los ciudadanos a las redes de Internet, difundir la cultura digital, desarrollar competencias en el uso de las nuevas tecnologías, popularizar y fomentar el uso de los medios de pago electrónicos y ejecutar una serie de proyectos relacionados con el desarrollo de las infraestructuras de telecomunicaciones y los servicios digitales para los ciudadanos, como el Proyecto Nacional de Identidad Digital.

30.En este contexto, se recuerda:

El papel pionero del sector de las TIC y la digitalización en la recuperación de la economía nacional y la consecución de un desarrollo sostenible mediante el fomento de la digitalización y la innovación al servicio de la economía verde.

El apoyo a la adopción de tecnologías modernas en los ámbitos del medio ambiente y el desarrollo sostenible, la gestión del agua y los residuos, la protección del entorno, la gestión energética y de las energías renovables para seguir racionalizando los recursos y desarrollando la producción.

31.Basándose en la circular de 27 de julio de 2020 sobre la preparación del Plan de Desarrollo (2021-2025), se materializaron opciones y políticas dirigidas a hacer realidad los objetivos de desarrollo partiendo de los resultados de la labor de 60 comités sectoriales y regionales en los que participaron todos los ministerios, organismos, entidades profesionales y representantes de la sociedad civil. Todo ello se estructuró de acuerdo con los siguientes ejes:

Transformaciones mundiales y regionales: se trata de determinar las transformaciones y tendencias mundiales más importantes que caracterizarán la labor de desarrollo.

Equilibrios globales: define el modelo de crecimiento para el período del Plan.

Grandes reformas: se ocupa de las reformas económicas y sociales.

Inversión privada y mejora del clima empresarial: trata de la inversión interior y extranjera, las asociaciones público-privadas, los megaproyectos y la economía social y solidaria.

Políticas sectoriales: se ocupan de los sectores económicos, los sectores productivos y las infraestructuras.

Desarrollo del capital humano e inclusión social: se centra en los sectores social, pedagógico, de formación y cultural.

Desarrollo regional.

Financiación de la economía: se ocupa del sistema monetario y financiero, el mercado financiero, los seguros, las finanzas públicas y la fiscalidad.

32.El nuevo Plan de Desarrollo asigna un monto total de 38.200 millones de dinares a las inversiones públicas necesarias para el período 2023-2025 con el fin de alcanzar una serie de objetivos, entre los que destacan lograr una tasa de crecimiento del 2,1 %, elevar la ratio de inversión total en 2025 al 17,8 % del Producto Interno Bruto (PIB), aumentar la cuota de inversión privada al 57,6 % del total de inversión para ese mismo año, y trabajar para impulsar el esfuerzo exportador hasta situarlo en el 45 % del PIB, así como controlar el déficit comercial y reducir la tasa de desempleo al 14 % en 2025.

33.El plan fija una serie de objetivos sociales, entre ellos luchar contra la pobreza, lograr la cohesión social, combatir el fracaso y el abandono escolar, apoyar el empleo y la economía social y solidaria y hacer realidad el desarrollo regional.

34.Como recordatorio, Túnez presentó su primer informe voluntario sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2019 y posteriormente su segundo informe en 2020, y ocupó el primer lugar en África en cuanto al logro de los ODS en 2020, con una tasa de cumplimiento del 67,1 %. Este informe refleja la incorporación de estos objetivos al Plan Quinquenal de Desarrollo de Túnez.

Parte IIMedidas y disposiciones adoptadas para darseguimiento a las recomendaciones

Eje I: Aplicabilidad del Pacto (párrafos 8 a 13 de lasobservaciones finales)

A.Formación y mejora de la sensibilización sobre el Pacto

35.Túnez se esfuerza por apoyar una cultura de los derechos humanos a todos los niveles, tanto educativos como públicos, en particular para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, como se indica en todos sus informes anteriores, incluido el informe nacional en el marco del Examen Periódico Universal (A/HRC/WG.6/41/TUN/1, párrs. 49 a 58) y el informe nacional relativo a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD/C/TUN/20-22, párrs. 63 a 68).

36.En el marco de la reforma del sistema de seguridad, el Ministerio del Interior se propone desarrollar los programas de formación necesarios para su personal, con el fin de dotarles de las competencias y familiarizarles con los procedimientos necesarios para tratar las cuestiones relacionadas con los derechos humanos mediante ciclos de formación que incluyan clases teóricas y aplicaciones prácticas en los centros de simulación, destinados a mejorar sus capacidades profesionales y de coordinación con las distintas partes interesadas en este ámbito. Para ello:

Se incorpora la asignatura de derechos humanos en los planes de estudios de todos los niveles de formación y se publica y distribuye el Manual sobre derechos humanos que contiene diversos instrumentos internacionales y textos nacionales en la materia, como los relacionados con las garantías para los detenidos, los derechos de la víctima y la ética en las labores policiales.

Se preparan cuñas publicitarias sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y el extremismo violento y se organizan campañas de sensibilización sobre el terreno; además, se han llevado a cabo cinco ejercicios de simulación del proceso de atención integral a las mujeres víctimas de violencia, en los que han participado los ministerios implicados en primera línea a nivel central y regional, y se ha elaborado un conjunto de manuales operativos.

37.Además, el Ministerio de Justicia organizó, en septiembre de 2021, un ciclo de capacitación para jueces de distrito en las jurisdicciones de Túnez capital, Ariana y Ben Arous, en cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Asociación Manamati, sobre la Ley Orgánica núm. 2018-50, de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.

38.El Ministerio de Justicia también organizó un ciclo de formación relacionado con la problemática relativa a la aplicación de la Ley Orgánica núm. 2017-58 y cómo encontrar soluciones prácticas a dicha problemática, presentando las mejores prácticas y recibiendo recomendaciones para mejorar la aplicación de esta ley. El ciclo se dirigió a jueces de familia, jueces de la Fiscalía Pública encargados de las denuncias de violencia contra mujeres, jueces de las salas de lo penal, secretarios de juzgado competentes para recibir las denuncias de violencia contra mujeres, secretarios de los juzgados de familia y secretarios de las salas de lo penal. Estas sesiones de formación se prolongaron durante tres semanas, a razón de tres días por semana (mayo a junio de 2023), y tuvieron lugar en Susa, Tabarka y Yerba.

39.El Instituto Superior de la Judicatura también organizó:

Un curso de formación titulado “La competencia del juez de familia teniendo presente la Ley núm. 2017-58”, el 13 de mayo de 2022.

El curso titulado “Dificultades prácticas en la aplicación de la Ley Orgánica núm. 2017-58”, en colaboración con el Tribunal de Apelación de Gafsa (26 de octubre de 2021 en Gafsa).

También se organizó, en el mismo curso, formación sobre dos temas:

La coordinadora regional para combatir la violencia contra las mujeres y los niños: entre la ley y la práctica.

Reparación jurídica e inclusión económica y social de las mujeres víctimas de violencia.

40.En el marco de la cooperación entre el Ministerio de Justicia y el Programa de Apoyo a la Reforma Judicial para reforzar las capacidades en el ámbito de los derechos humanos y la aplicación de la Ley Orgánica núm. 2017-58, se organizaron varios talleres sobre cuestiones de género:

Un primer curso de formación, en octubre de 2021, con la participación de 18 funcionarios superiores judiciales y administrativos y el Comité General de Prisiones y Reeducación.

Un segundo curso de formación, en marzo de 2022, con la participación de 22 miembros del personal superior de diferentes organismos del Ministerio.

El Ministerio del Interior también organizó cursos de formación a los que asistieron jueces. En el marco de esta formación se celebraron talleres de simulación en:

El Centro Nacional de Formación Continua, en noviembre de 2022.

La Escuela Nacional de Formación de Agentes Auxiliares de Policía de Bizerta, en noviembre de 2022.

La Escuela Nacional de la Guardia Nacional y Protección Civil de Al-Qayrawan, en noviembre de 2022.

La Escuela de la Guardia Nacional de Bi’r Bourguiba, en diciembre de 2022.

B. Exposición de algunas decisiones judiciales sobrela aplicación del Pacto

41.A continuación se exponen, con carácter ilustrativo y no exhaustivo, algunas de las sentencias dictadas sobre la cuestión:

Caso núm. 125153 (sentencia dictada el 21 de julio de 2019): El derecho a pertenecer a la función pública en condiciones equitativas y a no ser objeto de la discriminación contemplada en el artículo 6 del Pacto fue reconocido a favor de un funcionario en prácticas del Servicio de Aduanas al que se le impidió completar la fase de formación, tras ganar la oposición nacional, debido a una enfermedad crónica que le fue descubierta tras el inicio de la formación en circunstancias de emergencia. El t ribunal reconoció el derecho a una indemnización por los daños materiales y morales derivados de esta decisión.

Caso urgente núm. 7144774 (sentencia dictada el 11 de julio de 2020): Decisión urgente por la que se reconoce, por un lado, el derecho a la inhumación en el país de origen de una ciudadana fallecida en el extranjero durante la pandemia de COVID-19, a petición de sus familiares, considerándolo un derecho cultural, y, por otro, el derecho de la persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y, por ende, el derecho a la salud consagrado en el artículo 12 del Pacto, teniendo presente lo dispuesto en el artículo 4 del mismo Pacto, sobre los principios generales de efectividad de las obligaciones del Estado en lo tocante a tener en cuenta la realización de estos derechos en función tanto de la evolución de la situación epidemiológica como de la medida en que el cadáver de la difunta podía ser repatriado sin exponer a la población a los riesgos de propagación de la epidemia, todo ello en aras de equilibrar y priorizar dos derechos en conflicto en una situación excepcional, en la que es necesario que la autoridad administrativa dé temporalmente prioridad a uno sobre el otro. El tribunal decidió que debía prevalecer el derecho a la integridad de la salud de la ciudadanía y procedía suspender el derecho a la inhumación en el país de origen, aplazándose la repatriación del cadáver hasta que finalizase la alarma epidemiológica.

Caso Urgente núm. 714512 (sentencia dictada el 9 de noviembre de 2020): Se reconoció el derecho a trabajar en condiciones dignas y a ejercer la actividad sindical prevista en los artículos 6, 7 y 8 del Pacto, en el caso de que el Estado no cumpliera los procedimientos legales para aplicar un convenio profesional sobre el sector de la salud, celebrado entre el Gobierno y el Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos, que fue ratificado mediante una resolución ministerial publicada en el Boletín Oficial de la República de Túnez, sin que se acompañara del texto del acuerdo, como exige la ley para la entrada en vigor de cualquier convenio. Considerando que esta situación se prolongó durante casi un año y medio sin justificación legal y que el disfrute de los derechos de los periodistas en virtud del convenio dependía de su publicación en el Boletín Oficial, el tribunal ordenó al Gobierno que cumpliera con sus obligaciones jurídicas y publicara dicho convenio.

C. En lo relativo a la Comisión de Derechos Humanos

42.Se promulgó Ley Orgánica núm. 2018-51, relativa a la Comisión, y se iniciaron los procedimientos para su constitución, mediante la apertura de la presentación de candidaturas a miembro del Consejo Directivo de la Comisión, publicándose la lista de candidatos en el Boletín Oficial el 22 de febrero de 2019. Una sesión electoral del plenario del Parlamento estaba programada para los días 8 y 9 de julio de 2021, pero se aplazó por razones relacionadas con la pandemia de COVID-19. La creación de la Comisión no se materializó debido a las medidas extraordinarias impuestas por las disposiciones posteriores al 25 de julio de 2021. La Comisión Superior de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, creada en junio de 2008 y clasificada como institución reconocida “con categoría B”, sigue desempeñando sus funciones.

43.Para cumplir su mandato en virtud del artículo 41, la Comisión crea comités permanentes que tienen en cuenta los distintos ámbitos de los derechos humanos, como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de Educación y Educación Superior y el Comité de Derechos Medioambientales y de Desarrollo.

44.La Comisión también puede formar comités o grupos de trabajo o recurrir a cualquier entidad o persona con conocimientos y competencias.

D. Leyes relacionadas con el Pacto que han sido ratificadas

45.El preámbulo de la Constitución de 25 de julio de 2022 consagra los principios universales de derechos humanos y los valores de solidaridad, respeto y tolerancia. Tras la declaración del período de excepción el 25 de julio de 2021 mediante la Orden Presidencial núm. 2021-117, se aprobó la promulgación de aquellos decretos que no menoscabasen las conquistas en materia de derechos humanos y las libertades garantizadas por el ordenamiento jurídico nacional e internacional. Ello impone dejar sin modificación la introducción y los títulos I y II de la Constitución de 2014.

46.Durante el período cubierto por este informe se aprobaron varias leyes, entre ellas:

La Ley Orgánica núm. 2016-61, de 3 de agosto de 2016, de Prevención y Lucha contra la Trata de Personas.

La Ley Orgánica núm. 2017-10, de 7 de marzo de 2017, de Denuncia de la Corrupción y la Protección de los Denunciantes.

La Ley Orgánica núm. 2017-58, de 11 de agosto de 2017, de Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La Ley núm. 2018-46, de 1 de agosto de 2018, de la Declaración del Patrimonio e Intereses y la Lucha contra el Enriquecimiento Ilícito y los Conflictos de Intereses.

La Ley Orgánica núm. 2019-15, de 13 de febrero de 2019, del Presupuesto.

La Ley núm. 2021-37, de 16 de julio de 2021, de Regulación del Trabajo Doméstico.

También se han promulgado:

La Ley Orgánica núm. 2017-59, de 24 de agosto de 2017, del Organismo para la Buena Gobernanza y la Lucha contra la Corrupción.

La Ley Orgánica núm. 2018-47, de 7 de agosto de 2018, de Disposiciones Comunes a los Órganos Constitucionales Independientes.

Ley Orgánica núm. 2019-60, de 9 de julio de 2019, del Desarrollo Sostenible y los Derechos de las Generaciones Futuras.

E.Proyecto de ley de asilo

47.Túnez ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo Adicional de 1967 y la Convención de la Organización de la Unidad Africana por la que se Regulan los Aspectos Específicos de los Problemas de los Refugiados en África, de 1969. Ha celebrado acuerdos bilaterales con varios países que permiten a los ciudadanos de esos países trabajar en Túnez y disfrutar de una serie de derechos, como los derechos a cobertura de seguridad social, a la residencia y a la libre circulación.

48.El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) examina las solicitudes de asilo según los criterios establecidos al efecto.

49.Desde hace algún tiempo se está estudiando un proyecto de ley de asilo, que se examina de forma participativa y de acuerdo con los criterios internacionales.

F.Tribunal Constitucional

50.El Título V de la Constitución de 25 de julio de 2022 prevé la creación de un Tribunal Constitucional que, una vez constituido, controlará la constitucionalidad de los proyectos de ley a petición del Presidente de la República, o de 30 miembros de la Cámara de Representantes del Pueblo o de la mitad de los miembros de la Cámara Nacional de Regiones y Distritos. La posibilidad de recurrir a tres instancias distintas es una clara orientación hacia la provisión de las garantías más efectivas contra la promulgación de leyes incompatibles con las disposiciones de la Constitución y los tratados internacionales ratificados.

51.Las sentencias del tribunal son vinculantes para todos, y si el tribunal dictamina que una ley impugnada por un recurso es inconstitucional, la ley deja de estar en vigor en la medida en que se declare judicialmente su inconstitucionalidad.

52.Desde la promulgación de la nueva Constitución, ha continuado el afianzamiento de las instituciones estatales, incluido el Tribunal Constitucional.

Eje II: Política fiscal (párrafo 15 de las observaciones finales)

53.Desde 2014, Túnez ha emprendido una amplia reforma del sistema fiscal a nivel legislativo y del marco institucional, que se centra en:

Simplificar el sistema fiscal y lograr la justicia fiscal.

Reducir la presión fiscal sobre instituciones y particulares.

Garantizar la imparcialidad del desempeño, reforzar la confianza de los demandantes y mejorar la relación de estos con la administración.

Luchar contra la evasión fiscal y apoyar la transparencia de las transacciones financieras.

Modernizar y reestructurar la administración y desarrollar sus métodos de trabajo.

54.Para ello, se han aprobado varias medidas en el marco de las leyes financieras promulgadas entre 2017 y 2023 para aplicar la reforma del sistema tributario, además de otras leyes de carácter fiscal, como la Ley de Revisión del Sistema de Privilegios Fiscales, que tiene como objetivo principal revisar y racionalizar los privilegios fiscales, asignarlos a quienes los merecen y orientarlos hacia las prioridades nacionales. Entre estas medidas especiales están las siguientes.

a)Apoyar la justicia fiscal y minimizar la presión fiscal sobre los particulares,en especial mediante

La revisión del esquema de tramos fiscales del impuesto sobre la renta, elevando el primer tramo exento de 1.500 a 5.000 dinares, redistribuyendo los demás tramos y ajustando los tipos impositivos que les son aplicables para ajustarlos al nivel de renta.

La revisión de las deducciones en concepto de estado civil y cargas familiares, aumentando las deducciones por cabeza de familia y por los cuatro primeros hijos a cargo, así como incrementando las deducciones adicionales en concepto de hijos con discapacidad y de padres en acogida, al tiempo que se fija un límite máximo fijado en 2.000 dinares anuales por deducción de gastos profesionales en el caso de los asalariados.

La prestación de apoyo a las entidades económicas, impulsando la inversión para satisfacer la creciente demanda de mano de obra.

La revisión de los tramos del régimen del impuesto sobre el valor añadido (IVA) y de los impuestos al consumo; con el fin de simplificar el régimen del IVA, se redujo el número de tipos del IVA de tres (7 %, 13 % y 19 %) a dos (un tipo reducido y otro general) mediante la supresión progresiva de la lista de productos y servicios sometidos al tipo del 13 % y, en consecuencia, imponiendo el IVA del 19 % a los servicios prestados por determinados profesionales liberales.

b)Racionalizar los privilegios fiscales

Se han limitado a ámbitos prioritarios como el desarrollo regional, la agricultura y la pesca marítima, los sectores que contribuyen al desarrollo o al control de la tecnología, las inversiones en innovación y los jóvenes emprendedores.

Se apoya el cumplimiento de las obligaciones fiscales, la integración de la economía paralela y la lucha contra la evasión fiscal. Para ello:

Se está mejorando la digitalización de la administración, permitiéndole desarrollar su base de datos, y se apoya la transparencia fiscal.

Se alienta a las personas activas en el sector no regulado a incorporarse a la economía formal armonizando el régimen fiscal de los autónomos con la legislación fiscal vigente para ofrecerles un sistema fiscal y de seguridad social simplificado, basado en el pago de una cotización única que incluya impuestos y cotizaciones sociales.

Se combate la evasión fiscal y se está mejorando la recaudación de impuestos.

55.A fin de ponerse al paso de la evolución mundial en el ámbito de la política fiscal para reducir el fenómeno de la evasión fiscal, apoyar la transparencia y hacer frente a las prácticas fiscales ilegales, Túnez ratificó el Convenio Multilateral sobre la Aplicación de Medidas relativas a los Convenios Fiscales para Evitar la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios, aprobado en París en noviembre de 2016, en virtud del Decreto núm. 2023-12 y la Orden núm. 2023-225, de 10 de marzo de 2023. Este convenio ayudará al Estado a preservar sus recursos fiscales y a hacer frente a la evasión fiscal, que se comete mediante la transferencia de rentas y beneficios al extranjero, lo que impide que el Estado aplique gravámenes a dichas rentas y beneficios.

Eje III: Lucha contra la corrupción (párrafo 17 de lasobservaciones finales)

56.La Comisión de Lucha contra la Corrupción publicó su primer informe de actividades en 2016 y el más reciente, de 2018, está a disposición del público.

57.La primera Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción, que abarca el período comprendido entre 2016 y 2020, se elaboró y se publicó en diciembre de 2016. La Comisión ha diseñado planes de acción bienales para llevar a cabo el seguimiento de su aplicación.

58.En ese mismo contexto, el Tribunal de Cuentas elaboró un resumen titulado “Marco institucional de lucha contra la corrupción”, que incluía recomendaciones (clasificadas por temas) para su desarrollo. El resumen se publicó en el sitio web del Tribunal en febrero de 2021.

59.Como recordatorio, cabe destacar la publicación de la Orden Gubernamental núm. 2016-1158, que establece la creación de células de gobernanza y define sus atribuciones. Estas células se han creado en la mayoría de los ministerios y su cometido es velar por la correcta aplicación de los principios de gobernanza y prevención de la corrupción y contribuir al desarrollo de estrategias nacionales y sectoriales y planes de acción para promover la gobernanza y prevenir la corrupción, así como garantizar su correcta aplicación y evaluación. Asimismo, son responsables de las denuncias de los casos de corrupción y de su seguimiento, y se encargan del seguimiento de los expedientes de corrupción, en particular en lo relativo a las medidas adoptadas, los resultados obtenidos y las estadísticas correspondientes, ya sea en el marco de una auditoría o de una labor de supervisión.

Eje IV: Acuerdos bilaterales y multilaterales de comercioe inversión (párrafo 19 de las observaciones finales)

60.En la negociación y aplicación de acuerdos bilaterales y multilaterales de comercio e inversión, Túnez tiene en cuenta las obligaciones recogidas en varios artículos del Pacto, en particular los relativos al derecho al trabajo (artículo 6 del Pacto), el derecho a un nivel de vida adecuado (art. 11) y el derecho a la salud (art. 12).

61.Túnez se ha esforzado por respetar las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para garantizar la seguridad alimentaria, mediante:

La adhesión a la declaración ministerial sobre la respuesta de emergencia a la inseguridad alimentaria adoptada en junio de 2022 durante la 12ª Conferencia Ministerial de la OMC, mediante el establecimiento en noviembre de 2022 de un programa de trabajo sobre la seguridad alimentaria.

La aprobación de una exención temporal de determinadas disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) a fin de permitir a los países en desarrollo producir vacunas para combatir la pandemia de COVID-19 y futuras pandemias, y la labor encaminada a ampliar esa exención para incluir tratamientos y procedimientos diagnósticos, además de las vacunas.

62.En sus negociaciones con la OMC, Túnez siempre ha tratado de defender el establecimiento de normas justas y equitativas para los países en desarrollo proponiendo varios dispositivos, como un mecanismo de apoyo a los agricultores con recursos limitados y un mecanismo de protección especial contra las importaciones.

63.Túnez ha expresado también su voluntad de adherirse a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo suyos en su resolución 17/4, de 16 de junio de 2011. En este contexto, Túnez participó en el 11º Foro de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, celebrado en Ginebra a finales de noviembre de 2022.

64.A este respecto, Túnez, en cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), adoptó un enfoque participativo en la preparación de su adhesión a los Principios Rectores de las Naciones Unidas organizando una serie de reuniones con múltiples interesados, como ministerios, organismos públicos independientes, organizaciones de la sociedad civil, representantes de la comunidad académica, expertos e instituciones mediáticas. Las dependencias de Presidencia del Gobierno están ultimando los trámites para implementar un sistema eficaz de dirección de proyectos que permita poner en marcha las fases de consulta y reflexión sobre los pilares, objetivos e indicadores del Plan Nacional sobre las Empresas y los Derechos Humanos. La puesta en marcha del proceso de elaboración de este plan, bajo la supervisión de la Primera Ministra, se anunció para finales de julio de 2023.

65.Varias organizaciones de los sectores público y privado también han expresado su voluntad de comprometerse con esta iniciativa de las Naciones Unidas y han manifestado su convicción de que deben respetarse los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos para mejorar la producción en el seno de la empresa y facilitar su acceso a los mercados extranjeros.

Eje V: No discriminación (párrafo 21 de las observaciones finales)

66.El artículo 23 de la Constitución establece que los ciudadanos y las ciudadanas tienen los mismos derechos y deberes y que son iguales ante la ley sin discriminación alguna.

67.Túnez ha ratificado la mayoría de los instrumentos internacionales de derechos humanos que consagran la lucha contra toda forma de discriminación, directa o indirecta.

68.Si bien no existe una definición específica de discriminación indirecta en el ordenamiento jurídico tunecino, no es necesario que exista un texto jurídico o legislativo que la defina o la tipifique como delito para reconocer el derecho de la persona a la protección contra la discriminación y a la garantía de reparación judicial, puesto que el ordenamiento jurídico actual ofrece protección suficiente contra diversas formas de discriminación, ya sea directa o indirecta, habida cuenta del carácter general de las normas legislativas y de la inclusividad de las disposiciones constitucionales, que reafirman la protección de los ciudadanos frente a todas las formas de discriminación.

69.En este contexto, cabe hacer referencia a la Ley Orgánica núm. 2018-50, de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, considerada como uno de los mecanismos legislativos más importantes para armonizar el sistema legislativo con las grandes líneas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, articulada en torno a los derechos humanos, cuyos principios más importantes son la igualdad y la no discriminación. Es preciso señalar que, al estudiar la mencionada ley, se llega a la conclusión de que incorpora una definición de discriminación racial integral que es coherente con la realidad y con las disposiciones de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

Eje VI: Disparidades regionales (párrafo 23 de lasobservaciones finales)

70.La situación de las regiones se caracterizó por disparidades en términos de desarrollo económico y social y de acceso a los servicios básicos, especialmente en lo que respecta a la actividad económica, el empleo, las condiciones de vida, la sanidad, la educación y el transporte.

71.Las inversiones totales realizadas a nivel regional durante el período 2016-2021 ascendieron a 55.341 millones de dinares: 17.603 millones de inversión pública de los 28.339 millones de dinares programados para el mismo período (esto es, una tasa de ejecución del 62 %) y 37.738 millones de dinares de un total de 45.121 millones de dinares (esto es, una tasa de ejecución del 84 %).

72.Entre los proyectos más importantes de ámbito nacional llevados a cabo en la esfera del desarrollo de infraestructuras, cabe destacar:

La entrada en funcionamiento de la desalinizadora de agua marina de Yerba, con una capacidad de 50.000 m3/día.

La puesta en marcha de proyectos de desalinización de agua marina con una capacidad de producción total de más de 200.000 m3/día (Gabes, Susa, Sfax).

El inicio de la construcción de dos centros de abastecimiento de agua en Béja y Bizerta para abastecer a unos 240.000 habitantes.

El aprovisionamiento de 676 escuelas, de un total de 859 programadas, y la finalización de proyectos de saneamiento para 584 escuelas, de un total de 892 programadas.

La conexión a la red eléctrica de 574.000 abonados, de zonas urbanas y rurales, frente a los 550.000 programados.

La finalización de la central de Mornaguia y la primera fase de la central de Rades.

La puesta en marcha, en julio de 2018, del proyecto de suministro de gas natural a la provincia de Sidi Bouzid, con un coste estimado de 40 millones de dinares.

En el sector hídrico, la tasa de abastecimiento de agua potable a finales de 2020 era de aproximadamente el 98,4 %.

En el ámbito de la electricidad y el gas, los principales logros durante todo el período 2016-2020 fueron: la conexión a la red de suministro eléctrico de 574.000 abonados de zonas urbanas y rurales, frente a los 550.000 programados; la instalación de contadores electrónicos con tecnologías avanzadas para algunos abonados de alta, media y baja potencia eléctrica contratada en aplicaciones de regadío; la rehabilitación de redes de distribución en zonas sensibles para mejorar el servicio prestado a los abonados y evitar cortes de suministro, y la conexión de unos 180.000 hogares a la red de gas frente a los 300.000 programados. Se puso en marcha también un proyecto para suministrar gas natural a la delegación (mu’atamadiya) de Sbeitla, en la provincia de Kasserine.

73.Entre los proyectos más importantes de dimensión regional y local llevados a cabo en el ámbito del desarrollo de infraestructuras, cabe destacar:

La continuación de la ejecución de la primera fase del programa de rehabilitación e integración de barrios, con la realización de 81 proyectos (en 114 barrios) en todas las provincias de la República durante el período 2016-2020.

La aprobación de la incorporación de 28 proyectos nuevos (en 35 barrios) al programa y la validación de la segunda fase del programa de rehabilitación e integración de barrios residenciales.

La puesta en marcha del programa especial de vivienda social, que contribuye a la integración social, la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo humano, en particular en las zonas prioritarias y las regiones fronterizas y montañosas que no están cubiertas por ningún programa de vivienda. A finales de 2021, 6.100 familias se habían beneficiado de este programa.

La rehabilitación de algunos barrios populares y el freno a la expansión de la construcción no regulada, sobre todo cerca de zonas industriales de reciente creación (como en Al-Bokri, en la provincia de Ariana, y Al-Fejja, en la provincia de Manouba), mediante la creación de nuevos barrios de viviendas y su conexión a diversas redes públicas.

La continuación de la ampliación, mejora y rehabilitación de 19 plantas de depuración anticuadas.

74.En el marco del Programa de Desarrollo Regional, cabe destacar:

La construcción de aproximadamente 1.874 km de carreteras y caminos.

El suministro de agua potable a unas 51.000 familias de zonas urbanas y rurales.

La conexión a la red de suministro eléctrico de 2.077 hogares.

La mejora de 8.000 viviendas de familias necesitadas y con bajos ingresos.

La ayuda concedida a unos 12.000 jóvenes para poner en marcha proyectos nuevos, completar el plan de financiación de un proyecto o contribuir al capital de proyectos ya terminados.

75.Asimismo, en el marco del Programa de Desarrollo Integrado:

Se ejecutaron 3.784 proyectos individuales con los que se crearon 8.531 puestos de trabajo, 928 de ellos para titulados superiores.

Un total de 4.933 beneficiarios —de los 7.624 programados— completaron su formación en diversos campos, principalmente en industrias tradicionales y el sector agrícola.

Se incrementó el número de equipamientos colectivos terminados o casi terminados, que fueron 979, de un total de 981 programados; también se crearon 291 infraestructuras productivas, 527 infraestructuras básicas y 161 equipamientos colectivos.

76.A pesar de los resultados obtenidos para mejorar las condiciones de vida en las distintas regiones, no se pudieron alcanzar los objetivos fijados, especialmente en términos de eliminación de las carencias y disparidades entre regiones y dentro de una misma región, y de la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes, como muestra el índice de desarrollo regional, un indicador sintético que engloba dimensiones sociales y económicas, calculado a partir de datos que contienen cerca de 100 variables procesadas mediante técnicas estadísticas para obtener 35 variables agrupadas en cuatro esferas: las necesidades de bienestar, la realidad sociodemográfica, el capital humano y el mercado de trabajo. Este índice se utilizó para distribuir las asignaciones del Plan de Desarrollo 2016-2020 aplicando el principio de discriminación positiva para las regiones menos desarrolladas como medida especial destinada a introducir más equidad y transparencia.

77.El siguiente cuadro muestra la evolución del índice de desarrollo regional entre 2015 y 2021.

Índice de desarrollo regional (en porcentaje)	2015	2018	2021
Media nacional	0,502	0,484	0,462
Índice más elevado	0,628	0,593	0,578
Índice más bajo	0,402	0,389	0,359
Diferencia entre el índice más elevado y el más bajo	23	20	22

78.El índice de desarrollo regional de 2021 confirmó que persistía el desequilibrio entre regiones, y que las provincias del interior eran las más rezagadas. El índice experimentó un descenso significativo en 2021 en comparación con 2018. La media nacional bajó del 0,484 % en 2018 al 0,462 % en 2021, mientras que la diferencia entre el índice más alto y el más bajo aumentó. El objetivo de reducir en un 30 % la diferencia entre el índice más alto y el más bajo, fijado en el plan correspondiente al período 2016-2020, no se cumplió, pues solo se llegó al 3 %.

79.A pesar de la relativa estabilidad en la clasificación, en cuanto a las provincias que ocupan la primera y la última posición, el índice de desarrollo regional bajó en todas ellas, por ejemplo, en Kasserine (-7,8 %), Kebili (-7,7 %), Béja (-7,3 %) y Tozeur (-7,1 %). Esto se debió a varios factores internos y externos que repercutieron negativamente en sus resultados a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado en términos de desarrollo de infraestructuras básicas, dotación de equipos y mejora de los servicios de salud para hacer frente a la crisis de la COVID-19.

80.El producto interno bruto (PIB) per cápita alcanzó los 7.943 dinares a nivel nacional; superaron la media nacional las regiones del Gran Túnez (11.780 dinares) y Centro-Este (7.952 dinares), mientras que quedaron por debajo de la media las regiones del Sureste (6.797 dinares), el Suroeste (6.507 dinares), el Noroeste (5.503 dinares) y el Centro-Oeste (4.472 dinares).

81.Al comparar las tasas de pobreza de las regiones con el PIB per cápita, la costa oriental de Túnez presenta la tasa de pobreza más baja, debido a que en esa zona se concentra la actividad productiva del país, a diferencia de las regiones del interior, en su mayoría agrícolas, que son las más pobres, como se muestra en el cuadro siguiente.

82.Como muestra el cuadro que figura a continuación, se generalizó la cobertura del sector de las tecnologías de la comunicación.

Porcentaje de población con cobertura 3G	2016	2022
96,2 %	99,78 %
Porcentaje de población con cobertura 4G	2016	2022
78,8 %	98,71 %
Tasa de penetración de la telefonía móvil	2020	2022
126,3 %	134,7 %
Hogares con internet móvil	2020	2022
76,4 %	89,3 %
Hogares con internet por línea fija	2020	2022
41 %	50,2 %
Hogares con telefonía fija	2020	2022
44,6 %	51,3 %

83.En lo relativo a las iniciativas para acabar con el aislamiento y reforzar los servicios de transporte y movilidad en las regiones del interior, cabe destacar los siguientes logros:

La continuación de la reparación de la línea ferroviaria Túnez-Kasserine (10 millones de dinares).

La renovación y modernización del ferrocarril interurbano (64 millones de dinares).

Inversiones importantes para construir, modernizar y ampliar centros de inspección técnica y estaciones de transporte por carretera en varias provincias (26 millones de dinares).

La renovación y desarrollo de la flota de las empresas nacionales y regionales de transporte por carretera (393 millones de dinares).

La renovación y desarrollo de la flota de transporte de pasajeros: taxis, louages (taxis colectivos), transporte rural, empresas privadas de transporte colectivo (832 millones de dinares).

84.El Ministerio de Equipamiento y Vivienda trabajó para lograr un desarrollo sostenible, equilibrado e integrador de las regiones mediante:

Programas para acabar con el aislamiento de las regiones del interior mediante una red de vías rurales para mejorar la movilidad los ciudadanos y permitirles acceder a infraestructuras sanitarias, educativas y económicas, contribuyendo así a reducir la deserción escolar, mejorar los indicadores de salud y de servicios sanitarios y a hacer efectiva la integración económica.

La creación de una red viaria de unos 20.000 km de carreteras numeradas, de las que el 84 % están asfaltadas, y una red de 58.300 km de pistas rurales de las que el 45 % están asfaltadas, según cifras de 31 de diciembre de 2022. En 2021 se puso en marcha la primera fase del programa de mejora de 912 km de vías rurales en 22 provincias.

85.Los objetivos cuantitativos que se pretende alcanzar para el año 2035 son los siguientes.

Proyectos	Extensión actual (km)	Extensión prevista para 2035
Autopistas	671	1 325
Autovías	700	2 000
Carreteras de la red vial de grandes ciudades	870	1 800
Acondicionamiento y desarrollo de la red viaria (anchura + de 7 m)	11 000	20 000
Refuerzo de la red viaria (hormigón asfáltico)	7 850	14 000
Pistas rurales	26 000	30 000

86.Para lograrlo, se está trabajando en los siguientes ejes:

La mejora de la conectividad, facilitando el acceso de los usuarios de carreteras a la red viaria básica y el acceso de todos los usuarios, en todas las regiones, a una autopista o autovía en menos de 60 km.

La reducción del aislamiento de las zonas rurales.

La construcción de autovías para conectar las ciudades del interior con los principales centros económicos del litoral.

El acondicionamiento de pistas rurales para acabar con el aislamiento de las comunidades dispersas.

El mantenimiento periódico de la red viaria en toda la República.

Eje VII: Discriminación por motivos de orientación sexual yde identidad de género (párrafo 25 de las observaciones finales)

87.El Código Penal está siendo revisado por un comité creado a tal efecto en el Ministerio de Justicia que aún no ha presentado su informe final. Por lo que se refiere a la aplicación del artículo 230 del Código Penal, cabe subrayar que el reconocimiento médico propuesto en virtud de este artículo al sospechoso sigue siendo voluntario, y únicamente se lleva a cabo con su consentimiento, y que el hecho de haberlo aceptado ante el agente de la policía judicial no le priva de su derecho a revocar el consentimiento ante el médico, que está obligado por el código de deontología médica a respetar la voluntad de la persona. Todo el procedimiento debe llevarse a cabo bajo la supervisión de la fiscalía y en constante coordinación con ella.

88.Cabe recordar que Túnez votó a favor de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de 2019 relativa a la renovación del mandato del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. El Experto Independiente realizó una visita de trabajo a Túnez del 8 al 18 de junio de 2021 en el marco de la invitación abierta cursada por Túnez en 2011 a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y presentó su informe sobre la visita.

89.En lo que respecta a la formación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sobre la necesidad de respetar la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género, cabe señalar que estos últimos tratan a todos los ciudadanos en el marco de la ley, sin discriminación ni persecuciones, especialmente porque la legislación nacional consagra y protege los derechos, las libertades y el respeto a la integridad física, incluido el derecho de toda persona a ser protegida de toda forma de estigmatización, discriminación y violencia.

Eje VIII: Igualdad de derechos entre mujeres y hombres(párrafo 27 de las observaciones finales)

90.Túnez se esfuerza por armonizar la legislación nacional con los requisitos de la Constitución y las normas internacionales de derechos humanos. Se han conseguido numerosos logros en este sentido, como la promulgación de varias leyes nuevas para promover los derechos de la mujer (párrafos 46 y 47 del presente informe). Además, se han elaborado varias estrategias nacionales y sectoriales, entre las que cabe destacar la Estrategia Nacional para la Institucionalización de la Perspectiva de Género, que se ha traducido en programas sectoriales (véanse el informe nacional CEDAW/C/TUN/7 (párrs. 44 y 45) y el informe nacional presentado en el marco del examen periódico universal A/HRC/WG.6/41/TUN/1 (párrs. 125 a 139)).

91.El Gobierno estableció, mediante una Orden Gubernamental de fecha 24 de diciembre de 2019, un comité nacional para armonizar los textos legales relativos a los derechos humanos con las disposiciones de la Constitución y los instrumentos internacionales ratificados por el país. El Comité identificó las disposiciones discriminatorias que había que revisar, incluidas las relativas a los derechos de la mujer.

92.Cabe destacar que se crearon comisiones parlamentarias en el seno de la Asamblea de Representantes del Pueblo que se constituyó tras las elecciones de diciembre de 2022 y enero de 2023, con objeto de apoyar la labor legislativa en consonancia con los compromisos del Estado.

93.Cabe señalar asimismo que el Estado participó en el examen del informe que presentó en febrero de 2023 en virtud de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y elaborará un plan de seguimiento de las recomendaciones, incluidas las de carácter legislativo.

Eje IX: Derecho al trabajo (párrafo 29 de las observaciones finales)

a)Medidas orientadas a favorecer el empleo de las mujeres degrupos vulnerables

94.En el marco del apoyo al derecho de las mujeres a trabajar en condiciones dignas y a su acceso al mercado laboral, el Ministerio competente en la materia:

Desarrolló e implementó el plan nacional “ Raida ” (Pionera) (2016-2020) de impulso al emprendimiento femenino, con objeto de reducir la tasa de desempleo entre las mujeres y niñas con nivel educativo bajo y medio o con titulación superior, desarrollar sus capacidades y facilitar su paso del sector informal al formal y su acceso a los mercados. El plan, con una dotación de 40 millones de dinares, hizo posible la creación de 4.463 proyectos de mujeres.

Sobre la base de la evaluación de los resultados obtenidos, se puso en marcha en marzo de 2022 el programa “Raidet” (Pioneras), orientado a fomentar el emprendimiento femenino y la inversión con perspectiva de género, con el objetivo de apoyar a las mujeres y las niñas en el acceso a inversiones económicas con gran potencial de creación de empleo o de alto valor añadido y crear un segmento de mujeres pioneras en el mundo empresarial. Hasta mayo de 2023, se habían financiado 2.043 microproyectos y proyectos pequeños y medianos con un total de 20 millones de dinares.

Desde el año 2020, se han creado y financiado 32 grupos para el desarrollo de la mujer en zonas rurales, integrados por 907 mujeres, con una dotación financiera estimada de 1.340 millones de dinares, y con el objetivo de favorecer el autoempleo de mujeres y niñas en zonas rurales, acompañarlas en la transición del empleo informal al formal e integrarlas en todo el proceso de producción, desde la obtención de materias primas hasta la comercialización de sus productos, incluida la promoción de sus productos en grandes espacios comerciales en el marco de acuerdos de asociación.

Se puso en marcha el programa de empoderamiento económico para familias en situaciones especiales, cuyo objetivo era mejorar las condiciones de vida de las familias, reducir el abandono y el absentismo escolar y combatir la pobreza mediante el acompañamiento y el seguimiento de las familias antes y después de la puesta en marcha del proyecto. Gracias al programa, con un presupuesto total de 13.525 millones de dinares, 2.250 familias en situaciones especiales pudieron acceder a medios de subsistencia entre 2012 y 2023.

Ejecutó un proyecto para fomentar la autonomía económica de las madres de alumnos en riesgo de abandono escolar y niñas no escolarizadas en zonas rurales (2017-2023), orientado a empoderar económica y socialmente a las beneficiarias e impulsar la actividad económica, especialmente en zonas prioritarias. Con el proyecto, dotado con 3,6 millones de dinares, se proporcionaron recursos de subsistencia a 916 madres de alumnos en riesgo de abandono escolar.

Creó el programa nacional “ Samida ” (Resiliente) para el empoderamiento económico de las mujeres víctimas de violencia conyugal. Dotado de 1 millón de dinares, el programa tenía por objeto darles acceso a recursos de subsistencia para favorecer la independencia financiera de las beneficiarias, aumentar sus posibilidades de inclusión en el mercado laboral y protegerlas frente a diversas formas de vulnerabilidad.

En 2018 puso en marcha el proyecto “ Trabajo decente para jóvenes y mujeres ” en las provincias de Kairouan, Zaghouan, Túnez capital y Manouba, en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Su objetivo era favorecer el empleo y la empleabilidad de jóvenes y mujeres mediante la creación de cadenas de valor, el fomento de la iniciativa, la mejora de los servicios públicos de empleo y el apoyo a la formación profesional para impulsar la empleabilidad de los jóvenes, especialmente de aquellos que no habían podido continuar sus estudios. En el marco del programa, 79 jóvenes de ambos sexos pudieron crear y financiar proyectos por valor de 600.000 dinares en el sector de la artesanía textil tradicional en Manouba y en el sector del turismo alternativo en Kairouan y Zaghouan, con una capacidad de creación de empleo estimada de 160 puestos de trabajo.

En 2019 se puso en marcha un proyecto de apoyo a las mujeres rurales en el emprendimiento en las provincias de Nabeul y Sfax en cooperación con la OIT. Con el fin de aumentar el número de mujeres empresarias en el medio rural y el nivel de ingresos generados, 300 mujeres de Sfax y Nabeul recibieron formación para el emprendimiento y competencias para la vida, y 200 mujeres —100 por cada provincia— fueron seleccionadas para recibir formación en profundidad sobre emprendimiento con miras a empezar a preparar planes de negocio para sus proyectos.

b)Lucha contra la segregación profesional y fijación de salarios

95.Además de lo establecido en la Constitución y la legislación vigente, Túnez ha ratificado todos los instrumentos internacionales que consagran la igualdad, incluido el Convenio sobre Igualdad de Remuneración, 1951 (núm. 100) de la OIT. El principio de no discriminación en el empleo, que implica la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, está reconocido en el país. El Convenio Colectivo Marco incluye también disposiciones relativas a la igualdad entre hombres y mujeres en términos de empleo, promoción y remuneración. El artículo 6 de la Ley Orgánica núm. 2017-58, de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, establece que el Estado adoptará todas las medidas necesarias para eliminar todas las prácticas discriminatorias contra las mujeres, especialmente en materia de remuneración.

96.En las visitas de inspección a empresas del sector privado, los inspectores de trabajo verifican la situación profesional de cada trabajador y los salarios y prestaciones correspondientes, tanto para hombres como para mujeres, en función de la antigüedad real, a fin de velar por que no haya discriminación en la empresa. Cuando se detectan infracciones de la ley, los inspectores públicos elaboran un informe y lo presentan al tribunal para que este resuelva sobre los casos de violación de los derechos de los trabajadores. No abonar el salario legal a un trabajador, sea mujer u hombre, es un delito castigado por la ley.

97.En el sector público, la igualdad salarial entre mujeres y hombres está garantizada por la Ley relativa al Estatuto General del Personal del Estado, las Colectividades Locales y los Establecimientos Públicos de Carácter Administrativo, en cuyo artículo 13 se consagra el derecho del empleado, tras finalizar un trabajo, a percibir un salario y otras prerrogativas, sin ninguna consideración asociada.

c)Representación de las mujeres en instancias decisorias

98.En la legislatura actual (a finales de abril de 2004), de los 26 miembros del Gobierno (entre ministros y secretarios de Estado), 9 son mujeres (esto es, el 35 %). Por primera vez una mujer ha ocupado el cargo de Primera Ministra (de octubre de 2021 a julio de 2023), otra ha sido Secretaria General (2021-2022) y otra dirige el Gabinete del Primer Ministro desde noviembre de 2023. Son varias las juezas al frente del Ministerio de Justicia y también hay mujeres en ministerios de carácter técnico, como los ministerios de Finanzas, Equipamiento y Vivienda, Comercio, Medio Ambiente, Economía y Planificación, Industria y Transporte.

99.En la función pública, las mujeres representan el 37 % de la plantilla, cifra que se eleva al 46 % si no se contabilizan los efectivos de los Ministerios de Interior y Defensa. Las mujeres ocupan el 35,8 % de los puestos profesionales de la función pública, como se aprecia a continuación (según datos estadísticos de 2020):

Directores Generales: el 25 %

Directores: el 30,1 %

Subdirectores: el 33,8 %

Jefes de Servicio: el 40,2 %

100.Cabe recordar la aprobación del Plan Nacional para la Integración de la Perspectiva de Género, que establece un eje específico sobre la mejora de la participación de la mujer en la vida política y la gestión de los asuntos públicos, y el Plan Nacional para la Aplicación de la Resolución 1315 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la Mujer, la Seguridad y la Paz, en que se dedica un capítulo especial a la participación de la mujer en el mantenimiento de la paz, la resolución de conflictos y la lucha contra el terrorismo.

101.El Presidente del Gobierno emitió la Circular núm. 2018-31, que establece el principio de paridad en los nombramientos y altos cargos. Esta iniciativa fue respaldada con la publicación de una segunda circular por el Presidente del Gobierno en 2019, por la que se establecía que, para cada puesto en el Gobierno, en la función pública o en instancias decisorias, había que proponer un candidato de cada sexo.

102.En el marco de esta reglamentación, se han desarrollado indicadores científicos a partir de una serie de estudios, como el que llevó a cabo la Presidencia del Gobierno en colaboración con la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género (ONU-Mujeres) sobre la presencia de la mujer en las instancias decisorias de la función pública, y los estudios realizados por el CREDIF, que conllevaron la creación de mecanismos prácticos en esta esfera, como los que figuran a continuación:

Un mecanismo de control y seguimiento del papel de las mujeres tunecinas en los puestos de responsabilidad directiva del sector público.

El Comité Nacional de Apoyo a la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en la Gestión Local.

Eje X: Desempleo (párrafo 31 de las observaciones finales)

103.La tasa de desempleo aumentó en un 0,9 % desde 2016 hasta el primer trimestre de 2023, según datos del Instituto Nacional de Estadística, tal y como se muestra en el cuadro siguiente.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Primer trimestr e de 2023
Hombres	12,4	12,4	12,5	12,3	15,2	15,4	13,1	13,9
Mujeres	23,5	22,6	22,7	22,4	25	23,6	20,5	21,2
Total	15,6	15,3	15,4	15,3	18	17,9	15,3	16,1

a)Empleo e impulso de la iniciativa privada

104.El sistema legislativo y normativo en materia de empleo, iniciativa privada y formación profesional se reforzó para atender a todos los colectivos, especialmente los jóvenes, las mujeres, las personas con discapacidad y las regiones menos desarrolladas en virtud de los artículos 13, 18, 46 y 54 de la Constitución.

105.Se publicaron varios textos legislativos y normativos, entre los que cabe destacar:

La Ley núm. 2020-30, de 30 de junio de 2020, de Economía Solidaria y Social.

El Decreto núm. 2020-33, de 10 de junio de 2020, sobre el Sistema de Autoemprendimiento, modificado por la Ley de Finanzas de 2023.

El Decreto núm. 2022-15, sobre las Empresas Privadas, y la Orden Presidencial núm. 2022-498, relativa a la ratificación de los dos estatutos modelo de empresas privadas locales y empresas privadas regionales, así como la creación de una línea de crédito en virtud del artículo 29 de la Ley de Finanzas, a fin de conceder préstamos en condiciones preferentes para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023. Se asignó una partida de 20 millones de dinares con este fin al Fondo Nacional de Empleo.

Los artículos 18 y 19 de la Ley de Finanzas de 2023:

El artículo 18, relativo al apoyo a la financiación de microempresas para titulados superiores, establecía que se asignaría una dotación adicional de 20 millones de dinares procedentes de los recursos del Fondo Nacional de Empleo al Banco Tunecino de Solidaridad para que este elevara el importe máximo de los préstamos concedidos de 150.000 dinares a 200.000 dinares por préstamo.

El artículo 19, relativo al apoyo a la financiación de proyectos en el marco del empoderamiento económico de los grupos vulnerables y con ingresos limitados, establecía la creación de una línea de crédito para estos grupos de población destinada a la concesión de préstamos por un importe máximo de 5.000 dinares al 0 % de interés, a fin de financiar actividades en todos los ámbitos económicos durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023. Se asignó una provisión de 10 millones de dinares con este fin al Fondo Nacional de Empleo.

La Ley núm. 2016-41, relativa al Empleo de las Personas con Discapacidad y por la que se modifica la Ley Orientativa núm. 2005-83.

El Decreto núm. 2023-461, por el que se modifica y se complementa la Orden Gubernamental núm. 2019-542, relativa a la regulación de los programas del Fondo Nacional de Empleo y las condiciones y modalidades de acceso a ellos, a fin de introducir reformas urgentes en los programas activos de empleo.

El Decreto núm. 2019-542, relativo a la regulación de los programas del Fondo Nacional de Empleo y las modalidades de acceso a ellos, modificado en dos ocasiones para orientar mejor sus intervenciones al desarrollo de las cualificaciones y competencias de los demandantes de empleo.

106.Además del marco jurídico, se aprobó:

La Estrategia Nacional para la Iniciativa Privada (22 de diciembre de 2016).

La Estrategia Nacional para el Empleo en el Extranjero y la Migración.

La Estrategia Nacional de Empleo 2030 (se ratificó el 19 de julio de 2019).

107.A nivel operacional, se desarrollaron proyectos y programas con un coste estimado de 2.945 millones de dinares, clasificados según una serie de objetivos específicos enumerados a continuación.

1.Mejorar la empleabilidad de los distintos tipos de demandantes deempleo e impulsar sus capacidades en función de las exigenciasdel mercado laboral

108.El proyecto “ Juventud y Empleabilidad ” se puso en marcha en abril de 2017 en cooperación con la Oficina Internacional de Empleo en las regiones de Béja, Yendouba, Siliana y El Kef. Durante esta fase:

Se han impartido cursos de formación en competencias para la vida a 4.800 demandantes de empleo y se ha dado acompañamiento a 1.000 demandantes en el proceso de construcción de sus proyectos profesionales.

Se ha creado una plataforma virtual (e-coaching) de apoyo a los demandantes de empleo.

Se han creado ocho clubes de búsqueda de empleo en las provincias que abarca el proyecto Fursati (“Mi oportunidad”).

109.El proyecto de acompañamiento y formación de jóvenes y de promoción de la empleabilidad se puso en marcha en 2019 por un período de cuatro años y abarca las provincias de Túnez capital, Ariana, Zaghouan y Nabeul. Está previsto que preste asistencia a 20.000 personas inscritas en las oficinas de empleo y a 1.000 representantes de estructuras de empleo e interlocutores sociales, entre otros. Hasta diciembre de 2022, se habían beneficiado del programa unos 3.200 demandantes de empleo (el 80 % eran mujeres) y 440 representantes de estructuras de empleo e interlocutores sociales.

110.Se promovieron y se aplicaron programas de fomento de la empleabilidad: durante el período comprendido entre 2016 y junio 2023 se alcanzaron los 910.000 beneficiarios, de los cuales el 70 % eran mujeres.

111.El programa para la rehabilitación y reinserción para niños procedentes de centros correccionales se inscribe en el marco de la atención a grupos vulnerables y su integración en el ciclo económico. El programa está dirigido principalmente a menores de 18 años, de modo que, en el período comprendido entre 2016 y 2019, 307 jóvenes de esta edad se beneficiaron de él. En 2020 se actualizó el manual de procedimientos para gestionar los fondos asignados a la financiación de este programa, con la participación de todos los ministerios e instituciones implicados.

112.En el ámbito de la intervención especializada y el asesoramiento para las personas con discapacidad, en el período comprendido entre 2018 y 2022 se empleó y se integró a 1.069 personas con discapacidad, entre ellas 386 mujeres y 115 titulados superiores.

113.El programa especial conjunto “ Discapacidad y Empleo ” tiene por objeto integrar en la vida activa a 500 personas con discapacidad en las provincias de Gafsa, Gabes y Ben Arous. En el marco de este programa:

Se concedieron becas de apoyo a 657 personas con discapacidad, que pudieron recibir cursos de formación en lenguas y financiar actividades empresariales, gastos de transporte y puesta en marcha de sus centros de trabajo para ayudarles a hacer realidad sus proyectos profesionales.

Gracias al programa:

Se dio empleo en el sector privado a 305 personas con discapacidad, de las cuales 86 eran mujeres; se impartió formación a 54 personas en el ámbito de la creación de empresas y la formación de emprendedores (el 38 % de ellos mujeres) y se financiaron 15 proyectos.

Se ofreció acompañamiento personalizado a 461 personas con discapacidad (164 mujeres); se elaboraron folletos en braille para que los demandantes de empleo con discapacidad visual conocieran los programas activos de empleo; y se impartió un curso acelerado de formación en lengua de señas para orientadores ocupacionales y otros profesionales dedicados al empleo de personas con discapacidad en la provincia de Ben Arous.

El 21 de junio de 2023 se celebró el primer salón del empleo para personas con discapacidad y se crearon 400 puestos de trabajo.

Se firmó un convenio de colaboración entre la Agencia Nacional para el Empleo y el Trabajo Autónomo y la Asociación Tunecina para el Desarrollo orientado a la reorientación laboral y a la formación complementaria de los demandantes de empleo en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación, a fin de mejorar su empleabilidad y facilitar su integración en las organizaciones activas en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación de las provincias de Siliana y Béja. En total 1.000 titulados superiores, muchos de ellos egresados de los institutos superiores de estudios tecnológicos, se han beneficiado de esta formación (460 jóvenes de ambos sexos entre 2019 y 2020).

Identificación de los nichos de empleo e impulso a la capacidad de laeconomía para crear puestos de trabajo dignos

114.Estrategia Nacional para la Iniciativa Privada: En consonancia con los objetivos correspondientes al período 2016-2020, especialmente los relacionados con el estímulo de la iniciativa privada, en 2019 empezaron a ejecutarse los componentes de los nuevos programas incluidos en el plan ejecutivo de la Estrategia (2019-2021), principalmente el programa Génération+, orientado a facilitar que las pequeñas empresas puedan acceder a las licitaciones públicas.

115.Durante el período 2016-2020, se crearon 198 pequeñas empresas en el ámbito de la señalización, las barreras de seguridad, la señalización horizontal, la limpieza de carreteras y arcenes, el mantenimiento de instalaciones hídricas y la reparación de carreteras. También se ejecutaron 21 proyectos relativos al medio ambiente. Asimismo, recibieron financiación 93 empresas dedicadas al mantenimiento y la conservación de instituciones educativas y al mantenimiento y la conservación de equipos y redes de comunicación.

116.Dentro del programa Nueva Generación de Empresarios y Municipios, se empezaron a ejecutar los acuerdos celebrados a nivel local en el marco del convenio de colaboración firmado entre el Ministerio de Asuntos Locales y Medio Ambiente y los municipios para crear empresas a las que se encargase prestar servicios de competencia municipal en múltiples esferas. Así, se crearon 76 pequeñas empresas y aproximadamente 400 puestos de trabajo.

117.Apoyo a la transición hacia una economía verde: El proyecto de la Plataforma de Empleos Verdes se puso en marcha en Bizerta en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) en el Norte de África y el Banco Tunecino de Solidaridad. En el marco del programa se ha brindado apoyo a 1.050 jóvenes, 629 han logrado un empleo verde, se han puesto en marcha 71 proyectos que dan trabajo a 225 jóvenes y se han reforzado las capacidades de 350 asociados nacionales y regionales.

118.Financiación para la creación de pequeñas empresas y proyectos de pequeña escala: Durante el período de 2016 a 2020, el Banco Tunecino de Solidaridad concedió 61.000 préstamos por valor de 800 millones de dinares, de los cuales se reembolsaron 523,4 millones y se crearon 101.500 puestos de trabajo.

119.Financiación de actividades de microcréditos: Durante el período comprendido entre 2016 y 2020, las asociaciones de microcréditos concedieron 263.874 microcréditos por un importe estimado de 475.281.000 dinares, de los cuales se han recuperado 314,5 millones de dinares.

120.Se pusieron en marcha programas de apoyo a pequeñas empresas mediante la formación en iniciativa privada y emprendimiento. Durante el período comprendido entre 2016 y 2023, cerca de 75.000 emprendedores potenciales participaron en cursos de desarrollo del emprendimiento con objeto de conocer los métodos de gestión de proyectos, teniendo en cuenta las especificidades de cada uno, y recibieron formación sobre la preparación previa de planes de negocio para los proyectos, a través de diversos mecanismos de acompañamiento.

121.El proyecto “Promoción de las Organizaciones y Mecanismos de la Economía Social y Solidaria (PROMESS)” se puso en marcha en junio de 2016 y se ejecutó durante cuatro años en colaboración con la OIT en las provincias de Siliana, El Kef, Yendouba y Béja. En el marco de este proyecto, se elaboró una guía para el acompañamiento de proyectos de economía social y solidaria y se formó a 90 orientadores en la materia. Además, se ejecutaron 32 proyectos en el ámbito de la economía social y solidaria, con una media de 8 proyectos por provincia y por cada 25 distritos, lo que permitió la creación de 300 empleos directos y 3.000 indirectos.

122.Aplicación de la Ley de Economía Social y Solidaria: Se siguieron poniendo en marcha proyectos piloto de creación de empresas en el marco de la economía social y solidaria. Así:

En la provincia de Ariana se crearon 11 empresas solidarias que generaron 47 empleos (el 53 % de ellos ocupados por mujeres).

Se promulgó el Decreto núm. 2021-21, relativo a la Ley de Finanzas de 2022, que establecía la creación de una línea de crédito para instituciones de economía social y solidaria cuya gestión se confiaba al Banco Tunecino de Solidaridad y que dotaba de un presupuesto de hasta 30 millones de dinares repartidos en tres años, con cargo a los recursos de la Agencia Nacional para el Empleo, destinados a la concesión de préstamos para la financiación o el desarrollo de proyectos:

La ley permite a las empresas de economía social y solidaria recibir una subvención en concepto de promoción de la iniciativa solidaria por un valor de 20.000 dinares durante su primer año de creación, así como una prima de acompañamiento de 200 dinares por socio, hasta un máximo de 800 dinares y durante un máximo de 12 meses.

Se aumentó la cuantía de las inversiones a 300.000 dinares, incluido el capital circulante, para las empresas de economía social y solidaria.

Se aprobó una nueva generación de empresas solidarias, basada en una nueva conceptualización del desarrollo a escala local y regional: las empresas de la sociedad civil.

123.Proyecto “Desarrollo del empleo en zonas rurales”: Ejecutado en cooperación con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) en las provincias de Mahdia, Al-Qayrawan, Tozeur y Kebili. En el marco de este proyecto, se ha desarrollado en las provincias de Kebili y Tozeur, en cooperación con el Grupo Interprofesional de Cereales, un programa de incentivos para la creación de empresas en el ámbito de la “economía social y solidaria y el desarrollo de cadenas de valor”, que permite a las mujeres demandantes de empleo con conocimientos de costura crear microempresas en el sector de “hilado de mosquiteras”. En su primera fase, este programa de incentivos permitió la creación de 40 microempresas con una capacidad de generación de empleo de 200 puestos de trabajo en las provincias de Kebili y Tozeur, y con una inversión estimada de 700.000 dinares.

124.Proyecto Joud Nefzawa del Programa Europeo de Proximidad para la Agricultura y el Desarrollo Rural (ENPARD) en la provincia de Kebili. En el marco de la asociación entre la Agencia Nacional para el Empleo y el Trabajo Autónomo y la organización “Humanité et Inclusion”, la ejecución de este proyecto financiado por la Unión Europea (UE) comenzó en 2018. En este marco, se elaboró un estudio sobre las cadenas de valor en la provincia de Kebili y se seleccionaron cinco asociaciones para participar en una serie de cursos de formación con el fin de poder contribuir a la elaboración de planes de desarrollo local participativos e integradores en la región y a dar inicio a la creación de incubadoras de empresas. En el marco de este proyecto se financiaron 29 proyectos individuales, 20 proyectos colectivos y 14 ampliaciones de proyectos.

125.El proyecto “Apoyo a la juventud tunecina a través del impulso al emprendimiento en el ámbito de la economía social y solidaria” se puso en marcha en 2019 en la provincia de Ariana, en colaboración con la OIT. Se dirige a demandantes de empleo de entre 18 y 35 años. Este proyecto pretende crear 10 o más proyectos solidarios y 80 puestos de trabajo, además de desarrollar los conocimientos y capacidades de los grupos beneficiarios y de las partes interesadas regionales en su ejecución. Se seleccionó a 181 beneficiarios, que tomaron parte en un curso de formación enfocado a la creación de planes de negocio para sus proyectos.

126.Apoyo a la capacidad de creación de empleo de las instituciones económicas y fomento de los sectores prometedores y renovables mediante la ejecución del programa de apoyo al empleo, el más importante de los cuales es el Contrato Al-Karama (Contrat-Dignité). Los contratos celebrados durante los años 2016-2023 en el marco del fomento de la contratación por el sector privado de titulados superiores —que consiste en que el Estado asume durante dos años el 50 % del salario abonado, de hasta 400 dinares mensuales, además de las cotizaciones sociales—, fueron 71.933 entre el inicio del programa, en 2017, y el final de este en junio de 2023, según datos de los Servicios de Empleo.

Refuerzo del papel de la región en la concepción y ejecución de proyectose iniciativas regionales y locales de fomento del empleo y creación deproyectos e iniciativas regionales y locales, a saber

127.El proyecto de Inclusión Económica Juvenil “Mobaderun” (emprendedores) beneficia a jóvenes de entre 18 y 35 años de edad, procedentes de familias desfavorecidas o de bajos ingresos, jóvenes en conflicto con la ley, exconvictos, madres sin apoyo familiar, personas con discapacidad y trabajadores del sector informal en siete provincias, así como jóvenes que han estado desempleados por más de 3 años. Está dirigido a 5.200 beneficiarios. A raíz de la pandemia de COVID-19 se añadió un nuevo componente al proyecto para atender a los pequeños empresarios afectados, lo que se hizo mediante la concesión de subvenciones sociales a los inscritos en el sistema Batinda.

128.El proyecto “Apoyo a la creación de microempresas en las provincias de Medenine y Tataouine” ha preparado un programa de acompañamiento y proximidad dirigido a 100 jóvenes de ambos sexos. La primera parte del proyecto se completó a finales de diciembre de 2018; en virtud del proyecto se concedieron 76 becas a jóvenes, unas becas que contribuyeron a la creación de 134 empleos directos. El proceso de acompañamiento de los emprendedores continúa tras la puesta en marcha de sus proyectos y se trabaja para superar las dificultades, especialmente después de la pandemia de COVID-19, a fin de garantizar la continuidad de esos proyectos.

129.El proyecto “Superar los retos del mercado laboral con miras a la creación de oportunidades de empleo justas en Túnez” se puso en marcha en 2019 en la provincia de Manouba. Su objetivo es ayudar a las mujeres de las zonas más desfavorecidas a crear sus empresas e intentar que pasen de la economía informal al sector regulado para mejorar las oportunidades de empleo de las mujeres. Además, se ha creado una dependencia de formación para mujeres rurales y para la venta de sus productos en la provincia de Manouba (Al-Batan). En este contexto, se seleccionaron 42 proyectos, cuyos promotores recibieron formación y asesoramiento con miras a la creación de sus empresas.

130.En el marco del fomento de la creación de empresas en las regiones del interior, se puso en marcha un proyecto piloto en la provincia de Kasserine destinado a la creación de microempresas. El proyecto piloto tiene por objeto la creación de microempresas por un monto de hasta 50.000 dinares por proyecto. Durante 2020 se financiaron 9 proyectos (de adquisición de equipamiento) por un importe de 275.000 dinares.

131.También se ha establecido un marco jurídico para favorecer la transición desde la actividad no regulada a la regulada. Para ello, se ha promulgado el Decreto núm. 2020-33, sobre el Emprendedor Autónomo, cuyo objetivo es establecer un marco jurídico especial para la creación de un sistema de emprendedores autónomos. Actualmente se está trabajando en la preparación de los textos legales y reglamentarios correspondientes y en la puesta en marcha de los mecanismos para hacer operativo este decreto. También establece servicios de proximidad y acompañamiento para los responsables y un régimen fiscal y social especial y en condiciones favorables en función de la naturaleza de la actividad. El trabajador autónomo también puede acogerse a un tramo de ingresos superior de conformidad con la legislación vigente relativa al régimen de la Seguridad Social de los trabajadores no asalariados de los sectores agrario y no agrario. Tras comprobarse que ha abonado las cotizaciones exigidas, el trabajador autónomo recibe una tarjeta sanitaria válida para cada trimestre.

Reestructuración de los programas activos de empleo

132.En 2017 se puso en marcha la creación de una nueva Estrategia Nacional de Empleo, que fue aprobada el 19 de julio de 2019, y que responde al indicador 8 de los ODS a través de un enfoque participativo y tripartito entre el Gobierno, las organizaciones sindicales y la organización Al-Aaraf. Su visión aspira a “lograr empleos dignos y valorados para todos en una sociedad renovada” y se basa en la gobernanza del mercado laboral, la revisión de los programas activos de empleo, la mejora de la empleabilidad y el desarrollo de políticas de empleo generales, sectoriales y regionales. Varias de las medidas de su plan de trabajo se han incorporado al Plan de Desarrollo (2023-2025), y se ha mejorado el entorno empresarial. En 2019 se publicó la Orden Gubernamental núm. 2019-542 para regular los programas del Fondo Nacional de Empleo y las condiciones y modalidades para acogerse a ellos, a saber:

Creación de un nuevo programa denominado “Contrato de inserción en la vida laboral” para responder a las necesidades de cualificación de las empresas y facilitar la integración de los demandantes de empleo y su formación en función de las exigencias de los puestos de trabajo.

Modificación del programa “Contrato Al-Karama (Contrat-Dignité)”, cuyo objetivo es animar a las empresas privadas a contratar a titulados superiores y aumentar la proporción de empleados cualificados entre su personal.

Modificación del programa de “servicio civil voluntario”, cuyo objetivo es permitir a los demandantes de empleo realizar una actividad que les permita desarrollar sus capacidades y competencias y adquirir aptitudes profesionales que faciliten su integración en la vida laboral activa.

133.La Orden núm. 2023-461 incluyó una serie de reformas urgentes de los programas activos de empleo, las más importantes de las cuales son:

El fomento de la creación de empresas en el marco de la economía social y solidaria.

La revisión del programa Nueva Generación de Emprendedores.

Mayor flexibilización del programa de formación y cualificación complementaria para cubrir las vacantes identificadas en las entidades económicas o responder a las necesidades de sectores económicos concretos.

La creación de un nuevo programa, el “Contrato de Reintegración en la vida profesional”, destinado a facilitar la reintegración de trabajadores fijos o temporales que han perdido su empleo en el sector privado.

134.En el marco del programa de desarrollo digital, se han logrado importantes resultados en cuanto a la tasa de ocupación de las incubadoras de empresas en los polos tecnológicos y espacios de teletrabajo.

	Logros	Estimaciones
2022	2023	2024	2025	2026
Índice de ocupación de las incubadoras de empresas en polos tecnológicos y espacios de teletrabajo	85 %	90 %	95 %	98 %	100 %

135.Desde su inicio en abril de 2019, en el marco del programa de empresas emergentes se han creado más de 4.000 nuevos puestos de trabajo y se han asignado, hasta junio de 2023, más de 900 distintivos de empresa emergente.

b)En el ámbito de la formación profesional

136.Se promulgó la Ley núm. 2017-13, de medidas especiales para establecer el acceso obligatorio a la formación profesional básica de los jóvenes menores de 18 años no integrados en la vida laboral y que no cursen estudios de educación básica o secundaria. Esta ley se propone contribuir a combatir el fenómeno del abandono escolar y tomar a su cargo a quienes abandonan los estudios, insertándolos en el sistema de formación profesional.

137.También se publicó la Orden Gubernamental núm. 2016-620, de asunción por el Estado de los costes de la formación profesional básica impartida por instituciones privadas de formación profesional.

Eje XI: Refugiados y solicitantes de asilo (párrafo 33 de lasobservaciones finales)

Véanse los párrafos 48 a 50 del presente informe

138.Como parte del compromiso de atender a estos colectivos en ausencia de una legislación específica, especialmente de aquellos que sufren vulnerabilidad, y de prestarles la atención necesaria en el marco de un enfoque de derechos humanos, en coordinación con todas las estructuras pertinentes y en cooperación con las organizaciones de la sociedad civil, se hace todo lo posible para proporcionarles asistencia material y en especie (como servicios sociales, sanitarios, psicológicos y educativos) y ayudarles a procurarse un nuevo comienzo en la vida mediante el regreso voluntario a sus países de origen, el reasentamiento en otros países a petición propia o su integración en la vida social y económica. En este contexto, se han adoptado numerosas medidas, a saber.

a)En el ámbito de la salud

139.Los Ministerios de Sanidad y Asuntos Sociales han publicado una circular conjunta (núm. 2019-10) que incluye una serie de medidas relacionadas con la asistencia sanitaria a refugiados y solicitantes de asilo, que se materializan en:

La prestación de asistencia sanitaria gratuita, en igualdad de condiciones con los ciudadanos tunecinos, en relación con programas de salud preventiva como la vacunación de los niños contra la tuberculosis y contra la COVID-19.

La provisión de cobertura financiera para las intervenciones y la atención médica que requiera apoyo financiero de las organizaciones internacionales pertinentes.

b)En el ámbito de la educación

140.El derecho a la educación es un derecho fundamental garantizado a los tunecinos y a los extranjeros residentes en suelo tunecino sin excepción ni restricción alguna. Sobre esta base, la escolarización de todos los tunecinos y extranjeros en edad escolar es un derecho garantizado por la ley.

c)En el ámbito del empleo y la formación

141.Túnez tramita los expedientes que recibe sobre permisos de trabajo, formación profesional y empleo por cuenta propia para los refugiados. Coopera con las partes que trabajan en la esfera del asilo y los solicitantes de asilo, como la sociedad civil, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales.

142.En 2020, 2021 y 2022, Túnez trabajó en la redacción de un documento de referencia para los refugiados y solicitantes de asilo con el fin de regular la cuestión del empleo y formación de los refugiados. Se considera una referencia en el ámbito de la orientación y el asesoramiento a los refugiados ya que clarifica los procedimientos y coordina a todos los intervinientes sobre el terreno, con miras a su integración social y económica. Se han facilitado los trámites para que se beneficien de los servicios prestados en el ámbito del empleo y la formación profesional de estas personas.

143.El Servicio de Empleo ofrece cuatro servicios a los solicitantes de asilo y refugiados, a saber: acceso a la formación profesional; acceso a un permiso de trabajo; apoyo al empleo remunerado y apoyo al empleo por cuenta propia.

144.Los refugiados o solicitantes de asilo se dirigen a los servicios competentes del Ministerio de Empleo y Formación Profesional y sus entidades subordinadas para obtener el servicio en línea o directamente en persona. Las dependencias del Ministerio pueden aceptar solicitudes de uno de los socios del ACNUR que se ocupan del Programa de Integración Económica para Refugiados y Solicitantes de Asilo.

145.Los refugiados y solicitantes de asilo se benefician de varias facilidades al obtener un permiso de trabajo. Los documentos que acreditan la competencia profesional de los refugiados y solicitantes de asilo cuyos países sufren disturbios e inestabilidad se sustituyen por una declaración jurada si los solicitantes carecen de documentación acreditativa al tramitar la petición de un permiso de trabajo. Los permisos de trabajo se asignan de forma flexible a los refugiados y solicitantes de asilo. Los refugiados y solicitantes de asilo también disfrutan de los siguientes servicios en el ámbito de la formación profesional: formación profesional básica, formación profesional de corta duración y certificado de aptitud profesional.

146.Hay dos situaciones en las que un refugiado o solicitante de asilo puede obtener un empleo remunerado:

Si no hay ningún empleador disponible, debe presentarse una solicitud a las organizaciones y asociaciones de refugiados que se encargan de buscar empleo y trabajan por la integración de los refugiados.

Si hay un empleador disponible, se solicita el permiso de trabajo a la Dirección General de Empleo en el Extranjero y Mano de Obra Extranjera.

147.El refugiado o solicitante de asilo que solicita trabajar por cuenta propia se dirige al socio del Programa de Integración Económica para Refugiados y Solicitantes de Asilo del ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) o las asociaciones pertinentes y, en función de la situación y la formación del refugiado o solicitante de asilo, recibe tutoría y formación empresarial y la financiación necesaria por parte del ACNUR o de sus asociados de las organizaciones y asociaciones.

148.Por ejemplo, a un refugiado de nacionalidad siria se le expidió una tarjeta de comerciante extranjero el 13 de abril de 2016. Presentó una solicitud para desempeñar una actividad comercial y crear una empresa; es de señalar que el solicitante reside en Túnez en calidad de refugiado. Presentó su solicitud de asilo en la oficina del ACNUR en Túnez. A continuación, obtuvo una tarjeta de residencia en Túnez, tras habérsele concedido una tarjeta de comerciante extranjero.

149.El 30 de noviembre de 2018, se expidió también a un refugiado nacional de Côte d’Ivoire una tarjeta de comerciante extranjero. Solicitó desempeñar una actividad comercial y crear una empresa; es de señalar que el solicitante reside en Túnez en calidad de refugiado y ha recibido apoyo financiero, y que su proyecto ha sido patrocinado por la oficina del ACNUR en Túnez.

Eje XII: Derecho a disfrutar de condiciones de trabajo equitativasy satisfactorias (párrafo 35 de las observaciones finales)

150.La función de los inspectores de trabajo es garantizar la aplicación de la legislación sobre condiciones de trabajo y protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión, así como proporcionar información y asesoramiento técnico a empleadores y trabajadores sobre las formas más eficaces de cumplir las disposiciones legales y modalidades de denuncia ante las autoridades competentes de aquellas deficiencias o abusos no contemplados específicamente en las disposiciones legales vigentes.

151.Los servicios de la Inspección del Trabajo están claramente definidos en el artículo 3 del Convenio sobre la Inspección del Trabajo, 1947 (núm. 81) de la OIT y en el Libro IV del Código de Trabajo.

152.Los funcionarios de la Inspección del Trabajo pueden prescribir medidas para acabar con los fallos detectados en la empresa, introducir disposiciones de carácter laboral o erradicar los métodos de trabajo que puedan considerar una amenaza razonable para la salud o la seguridad de los trabajadores. También pueden establecer medidas de aplicación inmediata en caso de peligro inminente para la salud y la seguridad de los trabajadores.

153.En este contexto, los inspectores de trabajo sobre el terreno repartidos por las delegaciones regionales de la Inspección de Trabajo (existen 25 delegaciones de este tipo) y los inspectores de trabajo de las dependencias locales de inspección del trabajo y conciliación (69 dependencias locales repartidas por los municipios según el tejido económico de cada región) realizan visitas periódicas de inspección y seguimiento, o bien tras recibir una notificación de infracción o a raíz de una denuncia individual de uno o varios trabajadores en relación con el trabajo en el establecimiento en cuestión, tal como se muestra en la tabla siguiente.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Visitas de inspección	15 487	14 960	14 251	14 976	9 829	13 687	13 740
Visitas de seguimiento	4 426	3 337	3 448	3 051	1 432	2 747	3 578
Total de visitas	19 913	18 297	18 699	18 027	11 261	16 434	17 318
Apercibimientos escritos	3 004	3 114	2 470	1 962	1 289	1 893	2 225
Actas de infracción	559	526	679	637	252	339	534

154.En el primer trimestre de 2023, las inspecciones de trabajo regionales llevaron a cabo una campaña de control y sensibilización en todos los establecimientos para determinar la situación de los trabajadores extranjeros en aplicación de los artículos 258-2 [sic] y de conformidad con el Código de Trabajo. Se realizaron 391 visitas en el marco de la campaña de sensibilización, durante las cuales los inspectores se entrevistaron con 139 trabajadores extranjeros, 118 de ellos procedentes de países subsaharianos; se formularon 122 recomendaciones para resolver la situación contractual de los trabajadores con los servicios del Ministerio de Empleo y Formación Profesional, se enviaron 59 notificaciones y se levantaron 31 actas contra los empleadores infractores. Cabe señalar que la Inspección de Trabajo no detectó ningún tipo de delito de trata ni de discriminación salarial.

155.Habida cuenta de lo limitado de la capacidad del cuerpo de inspección, y de que algunos inspectores se acercan a la edad de jubilación, se están realizando actividades para reforzar dicho cuerpo intensificando los cursos de capacitación y la formación continua sobre nuevas áreas del tejido económico tunecino. La distribución del personal de inspección para el período 2016-2022 es la siguiente.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Número de inspectores de trabajo	357	357	357	329	316	321	317
Mujeres	178	178	178	170	164	164	173
Hombres	179	179	179	159	152	157	144

156.El siguiente cuadro muestra la evolución de los presupuestos de inspección de trabajo y conciliación. El programa de inspección de trabajo representa más del 70 % del presupuesto total de la entidad, como se muestra en el cuadro siguiente.

Ejercicio fiscal	Crédito autorizado por l a Ley de Finanzas (en millones de dinares)	Observaciones
2016	13 038
2017	12 718
2018	14 773	Porcentaje estimativo del 71,09 % del presupuesto del Programa de Relaciones Laborales y Profesionales, estimado en 20 779 millones de dinares tunecinos
2019	16 575
2020	16 356
2021	18 872
2022	17 791
2023	21 468

Eje XIII: Derecho a la seguridad social (párrafo 37 de lasobservaciones finales)

157.El artículo 43 de la Constitución (párr. 3) dispone que “el Estado garantizará la atención médica gratuita a quienes carezcan de medios de subsistencia y a quienes tengan ingresos limitados. También ampara el derecho a la cobertura social en los términos que dispone la ley”.

158.El Ministerio de Asuntos Sociales se esfuerza, a fin de garantizar una amplia cobertura social a todos los trabajadores y a las personas y familias desfavorecidas, por:

Apoyar la reforma del sistema de protección social, en particular racionalizando la gobernanza de los fondos sociales.

Reconocer y valorar la labor de atención no remunerada y el trabajo doméstico mediante la prestación de servicios públicos, la creación de infraestructuras y el establecimiento de políticas de protección social.

Reforzar el papel de los fondos sociales como agente del Estado mediante el desembolso de los fondos transferidos en el marco de las intervenciones sociales en favor de los colectivos vulnerables.

Consolidar la plataforma nacional de protección social y trabajar en la búsqueda de soluciones estructurales para la financiación de los sistemas de seguridad social.

Mejorar las prestaciones sociales y los servicios prestados a los beneficiarios de la Seguridad Social.

Ampliar y mejorar la cobertura social efectiva de los distintos sistemas de seguridad social y esforzarse por atraer al sector paralelo para velar por la afiliación voluntaria de los trabajadores de forma flexible y escalonada.

Impulsar la mejora de la gobernanza de los recursos, mejorando los servicios, elevando su calidad y acercándolos a los cotizantes.

Reducir los plazos para la prestación de diversos servicios sociales (desembolso de emolumentos, pago de prestaciones a los beneficiarios, reembolso de los gastos en medicación).

Apoyar la descentralización y seguir desarrollando los servicios de la Seguridad Social.

Dar seguimiento a la aplicación de normas e indicadores de calidad y aprovechamiento.

159.Como parte del seguimiento de la aplicación del plan de acción nacional para el empoderamiento económico y social de las mujeres y niñas que trabajan en el medio rural, y con el fin de facilitar su acceso a la cobertura social, se han puesto en marcha mecanismos especiales y medidas de acompañamiento, a saber:

La firma de un acuerdo marco multilateral entre el Ministerio de la Mujer y los Ministerios de Agricultura, Recursos Hídricos, Pesca y Asuntos Sociales relativo al establecimiento de un régimen especial que permita a las mujeres que trabajan en zonas rurales beneficiarse de la cobertura social, incluida la creación de mecanismos que posibiliten que las trabajadoras del medio rural se beneficien de la cobertura social, para lo cual se han facilitado los procedimientos de inscripción y cotización en línea y creado un sistema adecuado y flexible para este grupo meta basado en tecnologías modernas y nuevas aplicaciones.

La promulgación de la Orden Gubernamental núm. 2019-379, por la que se modifica y complementa la Orden núm. 2002-916, relativa a las modalidades de aplicación de la Ley núm. 2002-32, del Régimen de Seguridad Social para Determinadas Categorías de Trabajadores de los Sectores Agrícola y no Agrícola. El decreto retira el régimen de seguridad social a los trabajadores itinerantes y estacionales de las zonas rurales y a los trabajadores del sector agrícola que estén empleados por un único arrendador de forma irregular durante menos de 45 días en un período de tres años o que trabajen para varios arrendadores, incluidas las mujeres empleadas en este sector y las mariscadoras.

Promulgación de un decreto del Ministro de Asuntos Sociales de 19 de junio de 2019 relativo a la determinación de los documentos para la incorporación de las mujeres mariscadoras, los trabajadores estacionales, los trabajadores itinerantes, las personas procedentes de zonas rurales y los trabajadores del sector agrícola.

Promulgación de un decreto de los Ministros de Asuntos Sociales y de Tecnologías de la Comunicación y Economía Digital, de 19 de junio de 2019, por el que se aprueba el acuerdo de cooperación entre la Tesorería Nacional de la Seguridad Social y la compañía “Etisalat Tunis” para permitir a las mujeres mariscadoras, los trabajadores estacionales y los trabajadores itinerantes de las zonas rurales y del sector agrícola afiliarse y cotizar a la Caja Nacional en aplicación del artículo 10 del Decreto núm. 2002-916.

160.En aras de la simplificación de los trámites y la reducción de la documentación administrativa para la afiliación y alta en la Tesorería Nacional de la Seguridad Social, el 26 de marzo de 2019 se suscribió un convenio de colaboración entre los Ministerios de Asuntos Sociales y de Administraciones Locales y Medio Ambiente (así llamado en ese momento) relativo al intercambio inmaterial de datos del Registro Civil y la digitalización de los servicios administrativos, que permitió acabar con la solicitud de contenidos al Registro Civil por parte de los cotizantes a la Seguridad Social. Además, se actualizó el folleto de adhesión al régimen establecido en virtud de la Ley núm. 2002-32 y se introdujeron modificaciones en la aplicación informativa para la inscripción de los asegurados sociales, además de prepararse el “certificado para el ejercicio de la actividad agrícola” previsto en el Decreto núm. 2019-379, mencionado anteriormente, en coordinación con las instancias pertinentes del Ministerio de Agricultura.

161.En materia de comunicación, la Tesorería Nacional de la Seguridad Social:

Aplicó un plan informativo y de comunicación para sensibilizar a las mujeres que trabajan en zonas rurales sobre las ventajas de afiliarse a la Seguridad Social.

Dio formación a las consejeras agrarias sobre los procedimientos de adhesión al régimen establecido para esta categoría de profesionales y las ventajas que ofrece.

Invitó a los jefes de las oficinas regionales y locales de la Tesorería Nacional de la Seguridad Social y a los jefes de las dependencias de afiliación a realizar visitas sobre el terreno a las zonas rurales para presentar el sistema y preparar los expedientes de alta en coordinación con los gobernadores, a través del programa de visitas sobre el terreno de los miembros del Gobierno preparado por la Presidencia del Gobierno, que abarca todas las provincias del país.

162.Cabe señalar que la popularidad de estos nuevos procedimientos y mecanismos ha adquirido una proyección internacional, ya que algunas organizaciones internacionales, entre ellas la OIT y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), con vistas a aplicar este sistema, han aportado iniciativas de cooperación, con la contribución de la Tesorería Nacional de la Seguridad Social, para elaborar una base de datos sobre las mujeres rurales que trabajan en el sector agrícola, con fines de cobertura de seguridad social y de coordinación, con miras a actualizarla periódicamente, poniéndola a disposición de las entidades públicas pertinentes para que la utilicen en el desarrollo de programas y servicios destinados a mejorar las condiciones sociales y económicas de este colectivo.

163.El artículo 10 de la Ley núm. 2016-87, relacionado con la Ley de Finanzas de 2017, estableció un fondo especial del Tesoro denominado “Cuenta de Apoyo a la Salud Pública”, dotado de mecanismos y fuentes de financiación tributarios y no tributarios para apoyar el mecanismo de financiación del sector público de la salud.

164.Al amparo de la Orden Gubernamental núm. 2019-383, se regularon las áreas de intervención de esta cuenta, así como las modalidades y criterios de distribución de sus recursos. Sus áreas de intervención son la financiación de los servicios sanitarios prestados por instituciones sanitarias públicas y hospitales regionales a pacientes titulares de tarjetas de tratamiento gratuito y tarjetas de tratamiento a tarifas reducidas. La creación de esta cuenta contribuirá a que las instituciones sanitarias públicas consigan un cierto equilibrio financiero, no en vano se han visto afectadas negativamente por los costes de tratamiento de los pacientes que se benefician de tarjetas de tratamiento gratuitas y tarifas a precios reducidos en el marco del programa de “Asistencia Médica Gratuita” para familias desamparadas y de renta limitada, que ha registrado un aumento del número de beneficiarios.

165.Como parte de los continuados esfuerzos del Estado para establecer un sistema que garantice una amplia cobertura social, el Ministerio de Asuntos Religiosos emitió un decreto gubernamental en beneficio de los administradores de mezquitas a tiempo completo para permitirles obtener cobertura social y afiliarse al Fondo Nacional de Pensiones y Seguridad Social después de que se les concediera un salario mínimo garantizado por un horario de 40 horas en 2017, y un salario mínimo garantizado por un horario de 48 horas a partir de 2019. El presupuesto asignado a la contratación de administradores de mezquitas ha aumentado de forma palpable, como se muestra en el siguiente cuadro.

Año	Coste salarial del personal de mezquita (en dinares)
2016	43 111 680
2017	64 887 887
2018	71 065 544
2019	75 680 000
2020	90 878 000
2021	105 985 000
2022	111 212 000
2023	118 857 000

Eje XIV: Violencia contra las mujeres (párrafo 39 de lasobservaciones finales)

166.El artículo 51 de la nueva Constitución dispone que el Estado adoptará medidas suficientes para erradicar la violencia contra la mujer. Túnez promulgó la Ley Orgánica núm. 2017-58, de 11 de agosto de 2017, que se caracteriza por su carácter integral y por adoptar un enfoque de derechos humanos. La ley adopta la definición más amplia de violencia contra las mujeres y define sus formas, añadiendo la violencia política a la lista de formas de violencia reconocidas. La ley consta de cuatro capítulos que abordan las disposiciones generales, la prevención, la protección y los servicios de toma a cargo, y se ocupa además de los aspectos penales y del encausamiento.

167.Esta ley materializa los compromisos internacionales de Túnez en lo relativo a la protección de las víctimas y las personas en situación de vulnerabilidad al tener en cuenta como circunstancias agravantes la condición social de la mujer, como la edad avanzada, la pobreza, la indigencia y las privaciones; la situación legal de la mujer, como la migración y el asilo, y el vínculo jurídico y material entre el autor del delito y la víctima. Al hacerlo, consagra la inviolabilidad personal física y moral, y también en lo que respecta al domicilio, los datos personales y la salud de la mujer, derechos todos ellos que permiten disfrutar de la dignidad como persona.

168.En aplicación de lo dispuesto en la Ley Orgánica núm. 2017-58, el Ministerio del Interior creó dos unidades centrales especializadas en la “investigación de los delitos de violencia contra las mujeres y los niños”, así como 128 equipos regionales en cada zona de seguridad y vigilancia nacional, que iniciaron su labor efectiva el 16 de febrero de 2018. La unidad central y los equipos especializados en la investigación de delitos de violencia contra las mujeres y los niños se encargan de elaborar estadísticas mensuales sobre los casos registrados, así como de presentar informes semestrales sobre los casos de violencia contra las mujeres y sus resultados a la autoridad de supervisión administrativa y judicial y al Observatorio Nacional de Lucha contra la Violencia contra las Mujeres. El Ministerio se ha esforzado por preparar un nuevo sistema estadístico que incluya indicadores sobre las formas de violencia contra las mujeres y los niños, así como otros indicadores sobre los medios de protección y las medidas de coordinación. El Ministerio se está esforzando por ultimar el trabajo de formación y organización para poner este sistema en vigor lo antes posible.

169.En 2021, las unidades centrales y los equipos regionales especializados en la investigación de delitos de violencia contra mujeres y niños tramitaron 69.777 casos. La violencia física contra mujeres y niños encabezó todas las formas de violencia estipuladas en la Ley Orgánica núm. 2017-58, ya que afectó a un 58 % de los casos.

170.En 2022 se registraron a escala nacional un total de 81.294 casos de violencia contra mujeres y niños, incluidos 61.671 casos de violencia contra mujeres y 7.885 casos de violencia contra niñas (menores de 18 años). En 2022, el número de agresores registrados a nivel nacional en casos de violencia contra las mujeres y los niños fue de 73.252 acusados, de los cuales 4.887 fueron remitidos a la fiscalía de diversos tribunales de primera instancia en calidad de detenidos preventivos y 62.513 a la judicatura como comparecientes o en libertad, lo que representa el 92 % del total de delincuentes detenidos y llevados ante la justicia. Este porcentaje refleja los esfuerzos de las unidades implicadas y la eficacia de sus intervenciones a la vista del elevado nivel de delitos violentos contra mujeres y niños, lo que se atribuye a la labor de sensibilización e información dirigida a informar a las mujeres de sus derechos e instarlas a denunciar los casos de violencia contra ellas ante las distintas dependencias especializadas, una labor que llevan a cabo varios ministerios en el marco de su actividad en red.

171.El Ministerio de Justicia está trabajando para reforzar el asesoramiento judicial y administrativo en los tribunales, entre cuyos beneficiarios se encuentran las mujeres víctimas de violencia. Así lo estipula el Plan Sectorial (2023-2025), que es parte del quinto objetivo estratégico del primer eje estratégico, relacionado con la facilitación del acceso a la justicia.

172.En cooperación con socios internacionales, se puso en marcha el proyecto “Facilitar el acceso de las mujeres a la justicia y ayudarlas a reclamar sus derechos”, financiado por el Gobierno de los Países Bajos. Este proyecto se centra en facilitar el acceso de las mujeres a la justicia, especialmente de las mujeres supervivientes de la violencia de género. Las actividades se centran principalmente en el desarrollo de capacidades y la apertura de un diálogo político sobre los principales obstáculos y dificultades para el acceso de las mujeres a la justicia. Este proyecto se llevó a cabo en las provincias de Túnez capital y El Kef, que fueron seleccionadas durante la fase fundacional del proyecto.

173.Cabe destacar que la disposición más importante de la Ley Orgánica núm. 2017-58 en materia de acceso a la justicia es el reconocimiento del derecho a la asistencia letrada obligatoria para las mujeres que han sufrido violencia. Se emitió la circular conjunta entre los Ministerios de Justicia y de la Mujer núm. 2021-183, de 8 de marzo de 2021, para interpretar las disposiciones de la ley a este respecto y hacer hincapié en el carácter inmediato de la asignación de la asistencia jurídica. Desde la entrada en vigor de la ley, en febrero de 2018, los juzgados han dictado 2.996 resoluciones a favor de mujeres maltratadas para ayudarlas a realizar los trámites legales necesarios para perseguir al maltratador o beneficiarse de medidas de protección.

174.Los datos estadísticos relacionados con los casos de violencia contra la mujer han experimentado recientemente una tendencia al alza, ya que el número de casos publicados en los juzgados para los años 2018-2022 ha evolucionado de la siguiente manera.

Año judicial	Número de casos
2018 - 2019	3 372
2019 - 2020	3 941
2020 - 2021	4 106
2021 - 2022	5 255

175.Esta concienciación sobre los derechos no solo se refleja en el aspecto penal, sino también en el civil, como demuestra el aumento del número de órdenes de protección obtenidas por mujeres maltratadas cada año, que se ha situado en 7.196. Las órdenes de protección tienen como objetivo proteger a la víctima de posibles agresiones, y la principal medida es impedir que el agresor se ponga en contacto con la víctima o con los hijos que conviven con ella.

176.En aplicación de la ley y de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Violencia contra las Mujeres, el Ministerio de Sanidad ha creado la primera unidad de medicina forense, denominada INJAD (salvamento), en el Hospital Charles Nicolle, para acoger a mujeres y niños víctimas de malos tratos (especialmente sexuales) en relación con los cuales se haya iniciado un procedimiento judicial. La unidad INJAD proporciona atención médica, psicológica y social de calidad y oportuna a los casos, y pone a disposición de la justicia todas las pruebas que permitan localizar a los maltratadores, además de colaborar directamente con las autoridades judiciales y la policía científica y derivar a las víctimas hacia los servicios competentes para garantizar su derecho al amparo judicial. La mayoría de las veces se hace un seguimiento psicológico de las víctimas durante un promedio de seis meses, atendiéndose a una media de una víctima por semana.

177.En 2022 llegaron al INJAD 828 casos, de los que 616 eran de mujeres.

178.Las víctimas, nada más ser ingresadas en la unidad, se someten a un examen médico que incluye la documentación detallada de las señales traumáticas, la recogida de pruebas de la agresión, un examen para detectar complicaciones y una entrevista sistemática con un psiquiatra para evaluar los síntomas de trauma.

179.De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 39 de la ley, que obligan al Ministerio de Sanidad a elaborar programas integrados para combatir la violencia contra la mujer y a examinar, tratar y hacer un seguimiento de las mujeres y los niños que viven con ellas y que son víctimas de la violencia, responder con prontitud a cualquier solicitud de asistencia y prestar a las víctimas servicios médicos y psicológicos, el Ministerio vela por garantizar que se les presten servicios sanitarios ajustados a sus necesidades y, en este contexto, designa puntos focales en los servicios de urgencias de los hospitales regionales y locales para garantizar los mejores servicios de acogida, asesoramiento y orientación a las víctimas de la violencia y facilitar y acelerar los procedimientos administrativos de atención, así como hacer de enlace con las autoridades competentes y el Ministerio de Sanidad. El Ministerio está inmerso en el proceso de designación de 80 puntos focales.

180.En la misma línea, en el Ministerio de Asuntos de la Mujer:

Creó en 2017 una línea verde (con el número 1899) para orientar a las mujeres víctimas de violencia, que funciona todos los días de la semana las 24 horas del día, prestando servicios de atención telefónica, escucha interactiva, asesoramiento psicológico, social y jurídico, consejos y orientación a colaboradores de las instituciones gubernamentales o las asociaciones; ha recibido ya 40.886 llamadas desde su puesta en funcionamiento.

La creación de centros para mujeres víctimas de violencia y la prestación a estas de servicios de proximidad comenzó en 2016 y cuenta ya con 11 centros de acogida con una capacidad de hasta 150 camas, que se gestionan en colaboración con asociaciones experimentadas. Además, hay 11 centros de día. Se calcula que la media anual de mujeres que utilizan los servicios de los centros es de 400.

La creación efectiva del Observatorio Nacional de Lucha contra la Violencia contra las Mujeres, de conformidad con la Orden Gubernamental núm. 2020-126, de 24 de febrero de 2020, y la dotación de una sede oficial, recursos humanos y asignaciones financieras anuales para su funcionamiento. El Observatorio pudo elaborar cuatro estudios científicos sobre la violencia contra las mujeres en el contexto familiar y en el entorno de la migración, así como sobre las representaciones sociales en torno a dicha violencia.

La firma de una circular conjunta con el Ministerio de Sanidad en marzo de 2022 sobre la gratuidad de los certificados médicos en atención primaria para cubrir todos los casos de violencia contra las mujeres y facilitar los procedimientos de reembolso de los exámenes médicos y el alojamiento. Hasta el 26 de marzo de 2023, se habían expedido 23.803 certificados médicos de atención primaria a mujeres víctimas de violencia.

La creación en febrero de 2020 de 24 instancias regionales de coordinación para combatir la violencia contra las mujeres, con el fin de mejorar la coordinación entre los ministerios de Justicia, Interior, Sanidad, Asuntos Sociales y la Mujer (más de 400 miembros), organizar sus marcos operativos y adscribirlas al Observatorio Nacional de Lucha contra la Violencia contra la Mujer.

181.En relación con el delito de ciberviolencia, se ha establecido un nuevo marco legislativo para los delitos cometidos en el entorno digital, a saber, el Decreto núm. 2022-54, de 13 de septiembre de 2022, relativo a la lucha contra los delitos mediante los sistemas de comunicación e información, con el fin de proporcionar protección jurídica a los usuarios de estas redes, incluida la protección de los grupos vulnerables, como los niños y las mujeres, frente a la explotación y los ataques físicos, y apoyar los esfuerzos internacionales para combatir los delitos relacionados con los sistemas informáticos. También se promulgó el Decreto núm. 2023-17, de 11 de marzo de 2023, sobre ciberseguridad, cuyo objetivo es proteger el ciberespacio nacional y luchar contra el uso ilegal de la Internet.

182.Diferentes actores públicos trabajan en la lucha contra el delito en el espacio digital. La Subdirección de Prevención Social de la Dirección General de Policía Judicial es la encargada de combatir la ciberdelincuencia a nivel nacional en el ámbito de su competencia, mediante la realización de investigaciones sobre delitos contra menores y adultos en materia de explotación y abuso sexual a través de las redes sociales, en coordinación con la Fiscalía Pública en los distintos juzgados.

183.También es responsable de vigilar el espacio virtual, controlar los nuevos fenómenos delictivos y los métodos utilizados, y descubrir a los autores, en cooperación con los proveedores de servicios de telecomunicaciones, la Agencia Técnica de Telecomunicaciones y las dependencias técnicas del Ministerio del Interior.

184.El 29 de agosto de 2018 se creó una brigada central en el seno del Departamento de Policía Judicial para combatir los delitos relacionados con las tecnologías de la comunicación cometidos contra personas, especialmente mujeres y niños.

185.En 2022, se creó igualmente en el Ministerio del Interior una unidad técnica especializada en el seguimiento de los ciberdelitos cometidos a través de las redes sociales, incluida la trata de personas. La unidad está encargada de realizar los trabajos técnicos necesarios en relación con esta categoría de delitos, de acuerdo con las requisitorias dirigidas por los servicios competentes que se ocupan de la investigación y los mandamientos emitidos por las autoridades judiciales.

186.Durante la investigación, los establecimientos hospitalarios públicos pondrán a disposición de la víctima de la ciberviolencia un psiquiatra que haga un seguimiento de su estado de salud y psicológico. Las unidades especializadas están aprobando una guía de procedimiento que los oficiales de la policía judicial utilicen en la tramitación de casos de ciberviolencia contra mujeres y niños.

187.Con respecto a la sensibilización y formación del personal del cuerpo judicial y de los miembros de las fuerzas de seguridad sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y el refuerzo de las campañas de sensibilización dirigidas al público en general, en los párrafos 36 a 41 del presente informe se examina esta cuestión.

Eje XV: Lucha contra la pobreza (párrafo 41 de lasobservaciones finales)

188.Invertir en capital humano es uno de los pilares más importantes del desarrollo sostenible e integrador. Las inversiones públicas dirigidas a estos sectores representaron alrededor del 18 % de las inversiones previstas durante el período que abarca el plan para 2016-2020.

189.Paralelamente, para lograr la justicia social, los esfuerzos se dirigieron a reducir las disparidades entre los diferentes grupos sociales, apoyar a los grupos vulnerables, fortalecer el papel social del Estado y lograr la justicia social mediante la asignación de fondos en concepto de alimentos y transferencias sociales dirigidas especialmente a apoyar los alimentos básicos, la energía y el transporte. El monto de las ayudas se situó en los 7.200 millones de dinares tunecinos en 2022, frente a los 156 millones en 2016, y las intervenciones estatales en favor de los colectivos desfavorecidos y vulnerables aumentaron hasta suponer casi 964 millones en 2022, frente a los 580 millones de 2015.

190.Aunque es evidente la importancia de los subsidios para preservar la paz social y el poder adquisitivo de los grupos vulnerables y de bajos ingresos, los estudios han confirmado que el 25 % de la población se beneficia del 80 % de los subsidios, lo que hace necesaria una reforma radical y gradual del sistema de subsidios para dirigirlos hacia quienes lo merecen.

191.En el mismo contexto y con el objetivo de preservar el poder adquisitivo, el salario mínimo garantizado para diversas profesiones ha experimentado una notable evolución hasta alcanzar en 2020 (régimen de 48 y 40 horas) unos 429 y 366 dinares, frente a los 272,5 y 235 dinares de 2010.

192.El salario agrícola garantizado siguió la misma evolución hasta alcanzar los 16.512 dinares, frente a los 8.380 dinares del mismo período.

193.Gracias a estas iniciativas, diversos indicadores relacionados con el desarrollo humano han evolucionado de la siguiente manera: se ha alcanzado un índice de desarrollo humano de aproximadamente 0,74 en 2019 frente al 0,57 de 1990, lo que sitúa a Túnez en el puesto 95 de 189 países y lo incluye entre los países con un desarrollo humano alto.

194.A pesar de los retos coyunturales y estructurales de desarrollo y de las repercusiones de la pandemia de COVID-19, a todo lo cual se enfrenta el país, este índice se estabilizó en 2021 en el 0,73, acercándose así al nivel de los países con un desarrollo humano muy alto y situándose en el segundo puesto de África junto con Egipto, después de Argelia, que ocupa la primera posición. El índice de capital humano se estabilizó en el 0,52 % en 2020, acercándose al nivel de los países de renta media-alta (0,56), gracias a los avances registrados, especialmente en el sector de la salud:

La esperanza de vida hasta los 5 años es del 98 %.

La proporción de niños menores de 5 años sin retraso en el desarrollo ronda el 91 %, con niveles comparables a los de los países de renta alta.

La esperanza media de vida supera actualmente los 75 años, y Túnez ocupa el segundo lugar en África y el 62º a escala mundial, de un total de 183 Estados.

195.Sin embargo, este indicador sigue estando por debajo de lo esperado si se compara con los objetivos fijados, dirigidos a alcanzar el nivel de los países de renta alta (0,7), y ello se ha debido a la disminución de la calidad del aprendizaje, relacionada con la eficacia de los programas educativos, especialmente en materias como ciencias y matemáticas (índice de 384 en el caso de Túnez frente al 487 de los países de renta alta).

196.El nivel de desigualdad y disparidad también se ha reducido, ya que el índice de Gini se sitúa en el 32,9 % en 2020, frente al 35,8 % de 2010 y el 43,4 % de 1985:

La parte que corresponde al segmento de población constituido por el 10 % con los menores ingresos por rentas del trabajo aumentó al 3,2 % en 2015, desde el 2,6 % en 2010, mientras que la parte del 10 % más rico cayó hasta el 25,6 %, desde el 27 % del mismo período.

El PIB per cápita a precios constantes creció un 6,4 % en el período 2010-2019 hasta situarse en los 6.305 dinares.

La proporción de la población que vive con menos de 1,9 dólares al día se redujo del 15,1 % en 1986 al 0,2 % en 2015.

Se ha controlado la tasa de pobreza, que ha pasado del 25,4 % en 2000 al 15,2 % en 2015. En el mismo período, la tasa de pobreza extrema bajó del 7,7 % al 2,9 %, a pesar de las diferencias entre las distintas regiones, con una tasa superior al 30 % en el norte y el centro-oeste. Se calcula que esta tasa será del 19 % en 2022 y del 3,4 % en el caso de la pobreza extrema, como consecuencia de las repercusiones de la pandemia de coronavirus y la guerra de Ucrania, por un lado, y del continuo aumento de la tasa de inflación en la última década, por otro. El aumento de los precios y la inflación han tenido un impacto significativo en el poder adquisitivo, con un marcado descenso durante el período 2011-2021, y la clase media se ha reducido y ha perdido el 40 % de su poder adquisitivo.

Eje XVI: Derecho al agua potable y a servicios de saneamiento(párrafo 43 de las observaciones finales)

197.El artículo 48 de la Constitución dispone que el Estado proporcionará agua potable a todos en igualdad de condiciones y preservará los recursos hídricos para las generaciones futuras.

198.El porcentaje de abastecimiento de agua potable en el medio rural fue del 95 % en 2021, dando cobertura a 3,6 millones de habitantes. La Compañía Nacional de Explotación y Distribución de Agua lleva a cabo proyectos regionales financiados por los consejos regionales de desarrollo. Actualmente hay proyectos nacionales en curso, como los centros de captación de Bizerta, con un coste de 360 millones de dinares para dar suministro a 175.000 habitantes, y de Béja, con un coste de 188,5 millones de dinares, que da cobertura a 91.000 habitantes. A ello hay que sumar el proyecto de mejora del abastecimiento en el medio rural financiado por el Estado, con un coste de 214 millones de dinares, del que se han beneficiado 163.000 habitantes.

199.Todos los años, la empresa prepara un programa especial de perforación de pozos profundos, renovación y mejora de algunas redes de captación y distribución, realización de las operaciones de mantenimiento necesarias, sustitución y renovación de algunas estaciones de bombeo, y gestión de la demanda de agua mediante la racionalización del consumo y el ahorro de agua, con el fin de poner fin a las interrupciones en el suministro de agua potable, especialmente durante la canícula veraniega. La empresa trabaja para concluir los grandes proyectos relacionados con el desvío de los excedentes de agua del norte hacia los grandes polos de consumo y los proyectos de desalinizadoras de Zarat, Sfax y Susa.

200.En cuanto a los proyectos e inversiones en curso en el ámbito del agua potable en las zonas rurales, se han puesto en marcha 134 proyectos que beneficiarán a 134.000 habitantes, y se construirán 67 pozos profundos de agua potable hasta 2022. La segunda fase del programa de suministro rural de agua potable, financiada con un préstamo de 405 millones de dinares del Banco Africano de Desarrollo, mejorará la tasa de cobertura del suministro de agua potable en las zonas rurales hasta llegar al 97 %. A nivel nacional, los principales componentes del programa son la construcción de 88 nuevos proyectos para 76.000 habitantes rurales, la rehabilitación de 180 proyectos en beneficio de 296.000 habitantes del medio rural y la construcción de 32 pozos profundos de agua potable.

201.Dotar de agua potable a los centros educativos es una de las apuestas más importantes en las que trabaja el Ministerio de Educación. Las estadísticas muestran que se suministra agua a 4.064 escuelas, de las cuales 3.236 son abastecidas por la Compañía Nacional de Distribución y Explotación de Agua (78,8 %) y 829 tienen suministro de las sociedades de explotación hídrica (22,2 %).

202.Con el fin de garantizar el suministro de agua potable a las instituciones educativas que tienen dificultades para abastecerse de ella, el Ministerio de Educación:

Realizó una encuesta nacional de campo sobre la situación del agua, el saneamiento y la higiene en los centros educativos para supervisar la disponibilidad de servicios de agua, saneamiento e higiene en dichos centros.

Firmó un acuerdo de asociación y cooperación con Médicos del Mundo para suministrar agua potable a 200 instituciones educativas distribuidas en 7 provincias, a saber: Yendouba, Siliana, El Kef, Kasserine, Sidi Bouzid, Gafsa y Gabes, mediante el suministro de 173 cisternas de acero inoxidable alimentario para abastecer de agua potable a las instituciones educativas de estas zonas, dándose apoyo mediante 38 tractores provistos de cubas cisterna.

Suministró 22 tractores cisterna con accesorios agrícolas y los distribuyó al resto de las entidades que se quejan de suministro irregular, que son 13 en total.

Reforzó las intervenciones de la sociedad civil (perforación de pozos entubados, perforación de pozos de superficie, creación de reservorios de cemento...) en las que participan cerca de 100 empresas.

203.En el marco de este programa, el Ministerio de Educación pretende:

Dotar de los fondos necesarios (apertura de una nueva línea de financiación) para la construcción de depósitos de hormigón en los centros que sufran interrupciones del suministro en una primera fase y, posteriormente, en una segunda etapa, para la construcción de depósitos de recogida y reutilización de aguas pluviales en todos los centros educativos.

Aumentar los fondos destinados al suministro de agua potable a los centros de enseñanza.

Apoyar y desarrollar el trabajo de las compañías de explotación de agua proporcionando materiales y maquinaria para garantizar el suministro continuo de agua a las instituciones educativas.

Establecer un sistema integrado para controlar el consumo de agua y reciclar las aguas residuales.

Desarrollar un plan integrado mediático y de comunicación para concienciar sobre la importancia de racionalizar el uso de los recursos hídricos disponibles.

204.En el marco de la vigilancia sanitaria de las aguas servidas y tratadas, el Departamento de Salud Medioambiental y Protección del Medio Ambiente y los Subdepartamentos de Salud Medioambiental se encargan de la vigilancia de la calidad del agua a nivel de las redes de depuración y las plantas de tratamiento adscritas a la Oficina Nacional de Depuración. Se realizaron un total de 2.266 análisis de laboratorio de muestras de aguas residuales brutas para detectar salmonela y cólera. Se han tomado medidas para proteger el agua, el suelo y el aire de la contaminación mediante proyectos públicos destinados a luchar contra la contaminación del agua y el aire, preservar la salubridad de los edificios y preparar planes nacionales para preservar la calidad del aire en Túnez y su zona metropolitana, Sfax, Gabes y Bizerta. También se ha creado un comité conjunto que representa a las instituciones sanitarias y medioambientales para hacer un seguimiento de la aplicación de la Estrategia Nacional sobre Enfermedades No Transmisibles y supervisar la ejecución de los programas de acción relacionados con la reducción de los porcentajes medios de contaminantes medioambientales.

205.En 2022, se llevó a cabo una encuesta nacional sobre el estado de la gestión del agua, las aguas residuales, el saneamiento y los residuos sanitarios en los centros de salud primaria a nivel nacional (1.940 centros), lo que permitió crear un mapa nacional que priorizaba las regiones en este sentido e intensificar los procedimientos de seguimiento a nivel nacional y la coordinación para acabar con las infracciones registradas. Estos centros se han beneficiado de asistencia técnica para crear una unidad de gestión de residuos médicos en cada establecimiento sanitario, elaborar una base de datos y estudiar mecanismos de gestión de residuos médicos.

206.El Estado está presente en las aldeas y zonas rurales que sufren disparidades para mejorar sus condiciones de vivienda a través del Fondo de Mejora de la Vivienda establecido por la Ley núm. 2004-77, que proporciona los medios para financiar las intervenciones destinadas a ofrecer numerosos suministros en la vivienda, incluidos los servicios de suministro de agua potable y saneamiento. El artículo 4 del Orden Gubernamental núm. 2016-1125 sobre la Revisión y Finalización la Orden núm. 2007-534, del establecimiento de las condiciones para los préstamos y subvenciones del Fondo Nacional de Mejora de la Vivienda, dispone que el Fondo puede financiar la concesión de préstamos y subvenciones para:

Sustituir o mantener equipos, incluidas las conducciones de agua potable dentro de la vivienda.

El suministro individual de agua potable.

La puesta en servicio de una cisterna de recogida de aguas pluviales.

Obras de conexión de viviendas a la red de alcantarillado y construcción de zanjas para la recogida de aguas residuales en zonas carentes de alcantarillado.

Mejoras en los equipamientos con el fin de ahorrar agua.

207.En el contexto de la lucha contra la escasez de agua como consecuencia del cambio climático, la Ley de Finanzas de 2023 prevé medidas para preservar los recursos hídricos mediante la concesión de préstamos sin intereses con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Mejora de la Vivienda de hasta 20.000 dinares por préstamo. Los préstamos se destinan a financiar depósitos de almacenamiento de agua de lluvia durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023, que se reembolsarán en un plazo máximo de tres años.

208.Cabe señalar que la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento realizó una visita de trabajo a Túnez entre el 18 y el 29 de julio de 2022.

Eje XVII: Derecho a una vivienda adecuada y asequible(párrafo 45 de las observaciones finales)

209.Túnez participa desde 2003 en el programa de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, uno de cuyos objetivos es garantizar el acceso universal a una vivienda adecuada, segura y asequible, así como a servicios básicos, y mejorar los barrios pobres.

210.La cooperación entre la República de Túnez y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) también se desarrolló a través de la apertura de una oficina local de ONU-Hábitat, de conformidad con la Orden Presidencial núm. 2019-115, de 9 de julio de 2019.

211.En 2014, el Ministerio de Equipamiento, Vivienda y Ordenación del Territorio, en colaboración con el Banco Mundial, elaboró un estudio sobre el “Desarrollo de una nueva estrategia de vivienda”, que fue aprobado en 2015 y propuso una serie de reformas que se han venido aplicado desde 2016, y que consisten en lo siguiente.

Revisión del sistema jurídico

212.Para ello se revisan los mecanismos de financiación de la vivienda, se apoya la oferta de vivienda social y se desarrollan mecanismos de control de la propiedad inmobiliaria. También se publicó la Orden Gubernamental núm. 2016-1125, por la que se modifica y complementa la Orden núm. 2007-534, sobre las condiciones para la asignación de préstamos y subvenciones del Fondo Nacional de Mejora de la Vivienda. Entre las principales revisiones están las siguientes:

Simplificar los procedimientos y reducir el número de documentos que componen el expediente de solicitud de subvenciones y préstamos.

Ampliar la lista de obras en cuya financiación participa el Fondo.

Aumentar el límite máximo de la subvención de 2.000 a 5.000 dinares.

Prolongar el período de validez para la utilización de la subvención hasta 18 meses a partir de la fecha de emisión de la orden de pago.

Aumentar el límite máximo de los préstamos individuales de 5.000 a 10.000 dinares.

Revisión de los mecanismos de financiación de la vivienda

213.El Fondo de Promoción de la Vivienda para Asalariados y sus intervenciones se reorganizaron mediante la Orden Gubernamental núm. 2016-1126, que establece las modalidades y condiciones de las intervenciones de este Fondo.

Apoyar la provisión de viviendas

214.Ello se hará tras la creación de un nuevo programa sobre primera vivienda, establecido mediante la Orden Gubernamental núm. 2017-161. Su objetivo es ayudar a las familias de renta media a financiar la compra de viviendas construidas por promotores inmobiliarios o de otro tipo, proporcionándoles préstamos blandos para cubrir el importe de la autofinanciación según unas condiciones establecidas. A finales de septiembre de 2021, se habrán financiado 1.781 viviendas con un coste estimado de 50 millones de dinares. Las instancias del Ministerio de Hacienda abrieron una cuenta de fondos adicionales para el programa por valor de 5 millones de dinares, que se trasferirán al Banco Central de Túnez, con la condición de que se abra un segundo tramo en 2022.

215.El Fondo de Garantía de Préstamos Favorables para Colectivos de Renta Reducida fue creado mediante la Orden Gubernamental núm. 2018-749. El Fondo está destinado a los grupos de ingresos irregulares que deseen obtener préstamos para la adquisición de vivienda mediante la cobertura de los riesgos de irrecuperabilidad de los préstamos para vivienda concedidos por los bancos en un 70 % de las cantidades no recuperables en concepto de principal e intereses contractuales vencidos.

216.De acuerdo con estas medidas, el número de viviendas terminadas y de parcelas equipadas en el marco del programa relativo al Fondo de Promoción de Viviendas para Asalariados, el Programa Especial de Viviendas Sociales y el Programa de Primera Vivienda es de 21.082 unidades en 2022, distribuidas entre 15.126 viviendas y parcelas del Programa Especial de Viviendas Sociales, 3.836 viviendas y parcelas del Fondo de Promoción de Viviendas para Asalariados y 2.120 del Programa Primera Vivienda.

217.El parque habitacional que se estima concluir a finales de 2023 es de 23.773 viviendas y parcelas, un incremento de 13 % respecto a 2022, y de 27.375 en 2024, para llegar a las 32.129 viviendas y parcelas en 2025.

Intervenciones en el marco de programas de rehabilitación debarrios de viviendas

218.En lo que respecta a la primera generación del Programa de Mejora e Integración de Barrios (2012-2022), se contempla la mejora de 155 barrios, con unos 865.000 habitantes en total, distribuidos por todas las provincias de la República. El coste total actualizado del programa asciende a 608,1 millones de dinares.

219.En cuanto al componente de mejora de la vivienda, se han terminado las obras en 94 barrios y se han iniciado las obras en 7 más. Continúa el proceso de investigación social y preparación de la lista de beneficiarios en relación con 3 barrios. El avance global del programa se situó en torno al 85 %. Se espera que el programa concluya en 2023.

220.En cuanto a la segunda generación del Programa de Mejora e Integración de Barrios (2019-2024), incluye la rehabilitación de 155 barrios repartidos por las provincias del país, con unos 780.000 habitantes. El coste total actualizado del programa asciende a unos 664,7 millones de dinares.

221.Por otra parte, se ha procurado evitar todo obstáculo administrativo que pudiera limitar el derecho a la vivienda, estableciendo procedimientos y trámites simplificados para todos, con el fin de garantizar que los fondos asignados lleguen a los beneficiarios.

222.Programa en la esfera de la inversión en vivienda, propuesto por el Gobierno de Túnez para el período 2023-2025.

	Número de unidades	Inversiones al por mayor (en millones de dinares)
Promotores privados	100 000	11 000 80 % a través de las familias y 20 % mediante agentes inmobiliarios privados
Promotores de vivienda pública	4 100	490
Programa Especial de Vivienda Social
Primer componente: Eliminación de viviendas precarias y su sustitución por viviendas nuevas, renovadas o ampliadas	3 567	55 , 4
Segundo componente: Construcción y suministro de viviendas y parcelas sociales	3 730	298

223.Programa de inversión en la esfera de la vivienda propuesto por el Gobierno de Túnez para el período 2023-2025.

	Número de unidades	Inversiones al por mayor (en millones de dinares
Fondo de Promoción de Vivienda para Asalariados
Aprobación de la financiación para la adquisición de viviendas	3 000	490
Aprobación de la financiación para la adquisición de parcelas	2 600	215
Fondo Nacional de Mejora de la Vivienda
Mejora de la vivienda		30
Programa Primera Vivienda
Programa Primera Vivienda		60

224.En cuanto al programa de inversión en la esfera de la rehabilitación de barrios de viviendas propuesto por el Gobierno de Túnez para el período 2023-2025, es como sigue.

Programa	Número de unidades	Inversiones al por mayor (en millones de dinares
Primera fase del Programa de Rehabilitación e Integración de Barrios	13	8 , 8
Segunda fase del Programa de Rehabilitación e Integración de Barrios	159	555

Eje XVIII: Viviendas inseguras, desahucios forzosos y personassin hogar (párrafo 47 de las observaciones finales)

225.El Decreto núm. 2022-65 revisó y completó la Ley núm. 2016-53 sobre expropiación por razones de utilidad pública, para subsanar las deficiencias que impedían negociar con el propietario del bien que se explotará en el proyecto público antes de recurrir a la expropiación por razones de utilidad pública y, en una fase anterior al recurso a la vía judicial, para solicitar un incremento del valor de la indemnización, permitiéndole ser indemnizado en especie y creando un marco que le permita entablar negociaciones con el Estado sobre la cuantía de la indemnización y presentar sus objeciones al monto que se le ofrece ante un comité, que se crea a nivel de cada provincia y se denomina comité de “Investigación y Conciliación”. El mencionado comité constituye un marco para la implicación del ciudadano en el proyecto público de forma participativa, al tiempo que ofrece todas las garantías al ciudadano, ya que la presidencia del comité se asigna a una parte neutral (un juez de carrera).

226.Con el fin de establecer un marco general de intervención en edificios en amenaza de ruina, y con miras a complementar las previsiones de la Ley Orgánica núm. 2018-29, de 9 de mayo de 2018, de Entidades Locales, especialmente en lo que se refiere a las posibles repercusiones sociales de la intervención por desalojo o demolición en ausencia de programas previamente elaborados para realojar a los ocupantes de edificios que amenazan ruina, el Ministerio de la Vivienda ha elaborado un anteproyecto de ley de edificios en riesgo de derrumbe, que se encuentra en fase avanzada de consultas a nivel de Presidencia del Gobierno. En particular, tiene por objeto regular los procedimientos de intervención y las garantías ofrecidas a los ocupantes de edificios sometidos a intervención por demolición o renovación. Entre las garantías más importantes incluidas en el proyecto de ley está la regulación de la cuestión del realojamiento de los ocupantes, ya mediante un alojamiento temporal, hasta la obtención de una indemnización, ya ofreciendo un alojamiento permanente, para los casos sociales en el marco de intervenciones individuales. El proyecto de ley sienta el principio de garantizar el derecho de los habitantes a un alojamiento temporal hasta que finalicen las operaciones de demolición y construcción y a proporcionarles automáticamente una vivienda con todas las comodidades en el mismo lugar una vez concluida la intervención.

227.En el marco de la lucha contra el fenómeno de las viviendas precarias, el Estado ha previsto dos modalidades para financiar la intervención en viviendas precarias:

Programa Especial de Vivienda Social.

Demoler las viviendas precarias y sustituirlas por viviendas nuevas, o bien renovarlas o ampliarlas.

Túnez ha desarrollado un programa para eliminar las viviendas precarias en el marco del Programa Especial de Vivienda Social:

Se han programado en el plan 10.000 viviendas.

Se han celebrado acuerdos con los consejos regionales de todas las provincias de la República para la construcción de unas 9.000 viviendas, con un coste de 200 millones de dinares.

Se ha iniciado la construcción de unas 7.200 viviendas: 5.000 viviendas están listas y han sido entregadas y otras 2.200 están en proceso de finalización.

Se ha puesto en marcha la construcción de unas 1.800 viviendas, a partir del cuarto trimestre de 2020.

228.El Fondo Nacional de Mejora de la Vivienda (NHIF) destina anualmente 4.960.000 dinares tunecinos a subvenciones para la mejora de la vivienda, distribuidos del siguiente modo:

240.000 dinares para cada una de las 14 provincias prioritarias, a saber: Béja, Siliana, Yandouba, El Kef, Kasserine, Sidi Bouzid, Zaghouan, Al-Qayrawan, Gafsa, Kebili, Gabes, Medenine, Tozeur y Tataouine.

160.000 dinares para cada una de las siguientes provincias: Túnez capital, Manouba, Ariana, Ben Arous, Bizerta, Nabeul, Susa, Monastir, Mahdia y Sfax.

Eje XIX: Derecho a la salud (párrafos 49 y 50 de lasobservaciones finales)

229.En 2021 se aprobó la Política Sanitaria Nacional para reforzar el derecho de acceso a una atención sanitaria asequible, de calidad y adecuada en condiciones de igualdad. Acercar los servicios sanitarios y mejorar el acceso a ellos forma parte de las orientaciones estratégicas del sector de la salud para el período 2023-2025.

230.El presupuesto para el sector sanitario se ha incrementado hasta el 7 % del presupuesto estatal. Las fuentes de financiación son los recursos estatales, la contribución directa de los ciudadanos y la contribución de la Caja Nacional del Seguro de Enfermedad.

231.Desde 2015, está en marcha el programa de apoyo a la medicina especializada en regiones prioritarias con un coste estimado de 14 millones de dinares en 2023, abarcando 17 regiones sanitarias y 24 estructuras sanitarias; las necesidades de las regiones se cubrieron en un 95 % en 2021.

232.En 2017, se creó el Fondo de Apoyo a la Sanidad Pública para cubrir los costes de los servicios sanitarios prestados a los beneficiarios del programa de asistencia médica gratuita, lo que contribuyó a mejorar los recursos de los hospitales de las regiones y a reducir su endeudamiento.

233.La adopción del régimen de telemedicina, esbozado en la Orden Presidencial núm. 2022-318, es una de las oportunidades que contribuirán a reducir el coste de los servicios, acercarlos más a los ciudadanos y mejorar el acceso a estos.

234.En lo que respecta a garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, el objetivo de promover la salud maternoinfantil se ha incluido entre las prioridades de la Agenda de Desarrollo para 2023-2025. La tasa de seguimiento médico del embarazo al menos cinco veces a lo largo de la gestación fue del 86 % en 2021.

235.En 2021, 300 matronas recibieron formación en varias regiones para desarrollar intervenciones sobre el terreno y prestar servicios de salud reproductiva a través de equipos y clínicas móviles, que proporcionaron 78.508 servicios en 2020, frente a los 93.250 de 2021.

236.Para informar a los pacientes sobre sus derechos, se les entrega una “Carta de Derechos del Paciente”, que describe el proceso que pueden seguir para presentar una denuncia si son objeto de un intento de soborno.

237.En este contexto, el Ministerio de Sanidad se ha esforzado por:

Poner en funcionamiento el sistema e-citoyen (ciudadano digital) para la denuncia de sospechas de corrupción, apoyando la mejora de su rendimiento en la recepción de denuncias y la denuncia por parte de los ciudadanos de sospechas de corrupción.

Apoyar las actividades de la unidad encargada del acceso a la información en la difusión de información y la respuesta a las solicitudes de acceso.

Fortalecer la participación ciudadana mediante el desarrollo del marco organizativo de la participación ciudadana y la elaboración de un plan para desarrollar sus capacidades de participación efectiva activando el proceso consultivo que figura en la Ley núm. 91-63, de Organización Sanitaria, y estableciendo un comité en la administración central (en el Diwan) que se ocupe de la gobernanza participativa.

Eje XX: Derecho a la educación (párrafos 52 y 53 de lasobservaciones finales)

238.El volumen de inversión en el sector de la educación durante el período 2016-2022 ascendió a unos 1.849 millones de dinares y las inversiones continuas totales después de 2022 se estimaron en unos 1.861 millones de dinares.

239.Para reforzar los medios financieros del ministerio y acelerar el ritmo de las inversiones en este sector, Túnez se adhirió al programa de la Asociación Mundial para la Educación (AME), que concedió una subvención de 40 millones de dólares de los Estados Unidos para el desarrollo del sistema educativo tunecino, aportados por la AME y la Unión Europea.

Atajar las disparidades y promover la igualdad de oportunidades enel nivel educativo, incluyendo en las zonas rurales

240.Se han reforzado los servicios escolares para los estudiantes de familias desfavorecidas y de renta limitada, especialmente en zonas populares y del interior, mediante la concesión de ayudas en forma de becas de estudio, que consisten en la exención a los estudiantes de familias desfavorecidas del pago del 50 % o del 100 % del gasto de pensión completa o media pensión en las residencias de estudiantes. Esta ayuda se asigna en función de criterios y condiciones específicos, como la discapacidad del estudiante, la situación de sus padres, el número de hermanos escolarizados que no disfrutan de la beca de estudio y los ingresos anuales de la familia.

241.Las residencias y comedores escolares son una fuente esencial de aprendizaje y educación, especialmente para los niños de familias pobres y de bajos ingresos que viven en comunidades rurales dispersas y recorren más de 3 km para llegar a sus pupitres. El número de residencias escolares en los niveles preparatorio y secundario fue de 345 con una capacidad de 90.000 camas, y el número de estudiantes que vivían en residencias fue de 45.000 alumnos, la mayoría de ellos (35.000) en las provincias del norte y centro-oeste de Túnez.

242.En primaria hay 5 residencias que dan servicio a 118 alumnos, ubicados en Manaqa (1) y en Matar (1), así como 3 más para personas ciegas.

243.También se desarrolló el sistema de transporte escolar y se amplió el círculo de beneficiarios, con lo que el número total de beneficiarios del transporte escolar fue de 18.000 alumnos.

244.Además, se ha dado apoyo a las células de trabajo social escolar mediante el establecimiento de un programa integral para proporcionar apoyo social a los estudiantes en el entorno escolar, con el objetivo de ayudar a los estudiantes de familias pobres y de bajos ingresos a continuar sus estudios y mejorar su situación social. En el curso 2020/21, 50.289 estudiantes se beneficiaron de este servicio, de los cuales 29.589 eran mujeres. El número de células de trabajo social en el entorno escolar fue de 1.991 en el año lectivo 2020/21, y el porcentaje de casos atendidos fue del 76,2 %.

245.También se prestan servicios sanitarios mediante el desarrollo del programa nacional de vacunación en el entorno escolar, que permitió a todos los alumnos acceder a las vacunas obligatorias, además de apoyar el seguimiento de las enfermedades susceptibles de vacunación, como la poliomielitis, la hepatitis vírica B, el sarampión y la rubéola.

246.Las escuelas primarias con unidades de enfermería eran 240 en el año lectivo 2020/21. Las escuelas dotadas con servicios de enfermería son pocas, ya que solo un 5 % de las escuelas primarias, un 45 % de las escuelas preparatorias y un 65 % de los institutos cuentan con una enfermería.

247.Se han promovido actividades culturales y deportivas en las instituciones educativas. Hay 7.051 clubes en centros educativos, de los cuales 3.455 en escuelas primarias y 3.576 en escuelas preparatorias e institutos de secundaria.

248.Además, se crearon institutos nacionales para deportistas de élite en el marco del acuerdo de asociación y cooperación celebrado entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Juventud y Deportes para desarrollar el sector de la educación física y las actividades deportivas en el entorno escolar. Ya han comenzado a funcionar tres institutos a principios del presente curso 2022/23 en Sfax, Yandouba y Gabes, y actualmente se está preparando la apertura de institutos deportivos en Gafsa, Al-Qayrawan y Susa.

249.El sistema de enseñanza técnica, que es un ciclo importante entre las opciones educativas, ha sido revisado y ha permitido absorber a una categoría de estudiantes cuyos resultados y cualificaciones no les permiten seguir estudiando en la enseñanza general, ofreciéndoles así la oportunidad de cambiar su orientación educativa.

250.El total de alumnos en las escuelas preparatorias técnicas fue de 9.307 durante el curso 2021/22, frente a los 9.958 del curso 2016/17.

251.Los resultados de las reválidas nacionales prueban el éxito del sistema educativo y su repercusión en el rendimiento académico de los estudiantes:

Examen de Bachillerato de la promoción de 2022:

El porcentaje global de aprobados fue del 53,27 %.

11 delegaciones regionales obtuvieron resultados superiores a la media nacional, mientras que en 15 delegaciones regionales los resultados fueron inferiores a la media nacional.

252.En el marco de la continuación del programa de universalización del año preparatorio, los esfuerzos se han centrado en la intervención, especialmente en zonas rurales y barrios populares con alta densidad de población, donde la intervención del sector privado es difícil o inexistente, dado que el Estado proporciona esta educación gratuitamente a los niños de familias desfavorecidas y de bajos ingresos, mientras que el resto paga cuotas simbólicas.

253.Las inversiones realizadas en este ámbito han permitido que el mapa de escuelas primarias que cuentan con sección de preparatorio crezca hasta incluir 2.426 escuelas en 2022/23, frente a las 362 al inicio de la experiencia en el curso 2001/02. El número de niños matriculados en clases preparatorias en colegios públicos fue de 54.325 niños (50,8 % mujeres y 49,2 % hombres) frente a los 58.325 de 2021/22. El cuadro que figura más adelante muestra la evolución de los datos relativos al año preparatorio.

254.Hay 2.426 escuelas preparatorias, distribuidas entre 902 escuelas de zonas urbanas (que representan el 37,2 %) y 1.524 escuelas de zonas no urbanas (que representan el 62,8 %). Cabe señalar que las regiones de Medenine, Al-Qayrawan, Susa, Nabl, Kasserine, Sidi Bouzid, Yandouba, Gafsa, Siliana y Gabes registraron las tasas más elevadas de matrícula en las secciones preparatorias, mientras que las regiones de Túnez 1, Túnez 2, Tozeur, Manouba, Ariana y Monastir registraron las tasas más bajas; el siguiente cuadro muestra la evolución de los datos sobre el año preparatorio en los centros públicos por regiones.

255.La tasa de cobertura asciende al 52,9 %, siendo Monastir la última con un 29,7 % y Ben Arous con un 31,4 %, mientras que Gabes ocupa el primer lugar con un 71,7 %, seguida de Susa con un 70,5 %. El siguiente cuadro expone la tasa de cobertura para el curso lectivo 2022/23.

256.Se inició, en colaboración con el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Asuntos Religiosos, una revisión del programa del año preparatorio y se formó un comité conjunto para encontrar posibles mecanismos y escenarios para generalizar el año preparatorio, especialmente en zonas remotas, y permitir a 18.000 niños que no tenían acceso a la educación preparatoria disfrutar de su derecho a cursar este ciclo.

Aumento del número de profesores cualificados y desarrollo de infraestructuras educativas adecuadas, especialmente en las zonas rurales y remotas

257.Túnez ha reforzado los recursos humanos del Ministerio de Educación para garantizar el derecho a la educación (ver cuadros).

Total de instituciones educativas (202 1 / 22 )	7 237
Instituciones públicas	6 118
Instituciones privadas	1 119
Número de centros públicos que acogen el año preparatorio	2 422
Número de escuelas primarias públicas	4 584
Número de instituciones de primaria privadas	636
Número de centros de enseñanza preparatoria general y secundaria general	1 455
Número de instituciones de enseñanza preparatoria técnica	79
Número de centros privados de enseñanza preparatoria y secundaria	483

Evolución del número de profesores nombrados en todos los niveles
	2019 / 20	2021 / 22
Número de profesores en centros públicos	144 107	148 857
Número de profesores en centros privados	22 356	24 631
Número de profesores de ciclo preparatorio en centros públicos	2 656	2 877
Número de profesores de primaria en la enseñanza pública	65 981	71 161
Número de profesores de primaria en la enseñanza privada	9 567	10 634
Número de centros de enseñanza preparatoria general y secundaria pública	73 979	73 795
Número de profesores de preparatoria técnica	1 491	1 024
Número de centros privados de enseñanza preparatoria y secundaria	12 789	13 399
Número de profesores	166 463	173 488

Evolución del número de profesores de primaria
Año escolar	Número de escuelas	Número de profesores
Total	De los que mujeres
1985/84	3 214	37 412	13 150
1995/94	4 286	58 279	27 927
2000/99	4 456	60 333	29 736
2005/04	4 494	58 342	29 871
2010/09	4 517	58 567	32 109
2015/14	4 565	63 303	37 402
2017/16	4 568	64 000	38 673
2018/17	4 576	63 642	39 176
2019/18	4 583	63 228	39 626
2020/19	4 583	65 981	42 492
2021/20	4 582	68 871	45 570
2022/21	4 584	71 161	48 167

Evolución del número de profesores en los niveles preparatorio y secundario
Número de instituciones
Año escolar	Etapa preparatoria general únicamente	Educación secundaria únicamente	Mixto	Total	Número de profesores
1995/94	389	74	249	712	27 785
2000/99	616	253	116	985	42 377
2005/04	665	388	138	1 191	59 132
2010/09	757	493	100	1 350	72 194
2015/14	786	532	85	1 403	74 283
2017/16	796	542	83	1 421	74 249
2018/17	798	543	83	1 424	73 665
2019/18	803	544	84	1 431	72 887
2020/19	810	547	80	1 437	73 979
2021/20	815	552	81	1 448	73 474
2022/21	807	553	95	1 455	73 795

258.Las infraestructuras son uno de los factores clave para el desarrollo del sistema educativo y la mejora del rendimiento de los alumnos. El Ministerio de Educación ha hecho el mayor esfuerzo por revisar y mejorar el mapa escolar, para lo cual:

Se han creado 22 nuevas instituciones educativas durante el año escolar 2022/23, distribuidas de la siguiente manera: 9 escuelas primarias en Túnez 1, Túnez 2, Nabeul, Sfax 1, Sidi Bouzid, Bizerta, Monastir y Medenine; 6 escuelas preparatorias en Túnez 1, Ariana, Kasserine, Sfax 1, Sfax 2 y Medenine; y 7 escuelas secundarias en Túnez, Sfax 2, Kasserine, Medenine, Monastir, Gabes y Zaghouan.

Intervención en 1.612 organizaciones (mantenimiento y ampliaciones) distribuidas del siguiente modo:

Programas anuales: 624 instituciones (presupuesto de desarrollo: recursos públicos, préstamos externos).

Programa Especial de Mantenimiento y Conservación (Iniciativa Presidencial): 396 organizaciones.

Intervenciones de jóvenes promotores: 312 intervenciones.

Contribuciones de organizaciones, asociaciones y sociedad civil: 280 instituciones.

Abordar y resolver el abandono escolar

259.El abandono escolar es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el sistema educativo, a pesar de los esfuerzos realizados para atajar este fenómeno, que repercute negativamente en el niño y en la sociedad.

260.En este contexto, el Ministerio de Educación ha elaborado un plan de acción para hacer frente a dicho fenómeno. El plan ha sido elaborado por diversas partes interesadas en el marco de un enfoque participativo, que tiene en cuenta el interés superior del alumno y se basa en los siguientes elementos:

La atención a las personas en riesgo de fracaso escolar mediante el refuerzo de la atención psicológica, social y sanitaria, la intensificación de las células de trabajo social en el entorno escolar, el refuerzo del sistema para hacer frente a todos los fenómenos negativos que amenazan a las instituciones educativas (violencia escolar, drogas, peligros de los juegos electrónicos, acoso sexual, polarización, enfermedades de transmisión....), la oferta de clases de apoyo para los alumnos con dificultades de aprendizaje, psicológicas o sociales, y el refuerzo de las oficinas de escucha y asesoramiento.

La mejora y desarrollo del sistema educativo mediante la revisión y actualización de los programas educativos aprobados; la revisión de los métodos y materiales didácticos; la promoción del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en la enseñanza y el aprendizaje, y la formación del profesorado en este ámbito; el desarrollo del sistema de evaluación, así como del sistema de formación básica y continua del personal del centro; el apoyo a las actividades de ocio, culturales y deportivas para renovar la capacidad de producción y creación de los alumnos, y el desarrollo del mapa escolar.

El fomento de la educación de recuperación: la puesta en marcha del programa piloto M4D, apoyado por la Embajada Británica, la Agencia Italiana para la Cooperación y el Desarrollo y UNICEF, que ha permitido inicialmente la creación de dos centros piloto en Bizerta y Gabes, a la espera de su despliegue en todas las regiones del país.

La reintegración de los alumnos que abandonan los estudios en el sistema pedagógico, educativo y de formación profesional: en el marco del Programa Segunda Oportunidad, los alumnos adquieren conocimientos y competencias para su integración social y la construcción de un proyecto profesional.

La creación del Observatorio Nacional de la Educación para vigilar todos los fenómenos negativos que amenacen la seguridad del alumno y la escuela.

El desarrollo de un plan y un programa de intervención en los medios de comunicación para sensibilizar sobre el fenómeno del fracaso escolar y el abandono prematuro de los estudios.

La elaboración de mecanismos de seguimiento del abandono escolar prematuro.

El refuerzo del papel de la sociedad civil y de las asociaciones, instándolas a desempeñar su papel de apoyo y tributario de la labor educativa mediante una intervención directa, oportuna y rápida.

261.A este respecto, se creó la Escuela de Segunda Oportunidad, un programa implementado por el Ministerio de Educación en coordinación con los Ministerios de Formación Profesional y Asuntos Sociales, con el apoyo de sus socios financieros y técnicos y en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, para ofrecer a los jóvenes (de 12 a 18 años) que han abandonado los estudios una segunda oportunidad de adquirir conocimientos y competencias para su integración social y construir su proyecto profesional.

262.El proyecto comenzó con la creación del Centro de Segunda Oportunidad en BabEl-Jadra, Túnez (Orden Gubernamental núm. 2021-57, de 13 de enero de 2021), a la espera de la creación de otros dos centros en Al-Qayrawan y Gabes, y de tres centros regionales de la Escuela de Segunda Oportunidad en las provincias de Béja, Mahdia y Nabeul.

Alfabetización

263.La Estrategia Nacional de Alfabetización, Educación de Adultos y Educación No Formal, elaborada por el Ministerio de Asuntos Sociales en colaboración con la Oficina Regional de la UNESCO, se inscribe en un esfuerzo por contribuir a la mejora del capital humano y ofrecer planes y programas a casi 2 millones de tunecinas y tunecinos analfabetos para lograr su integración social y económica.

264.El objetivo de esta estrategia es desarrollar el sistema educativo y de alfabetización de las personas analfabetas, eliminar las barreras al aprendizaje y mejorar la investigación científica en el campo de la alfabetización y la educación de adultos.

Datos sobre el programa de educación de adultos por cursos lectivos

	2019/20	2020/21
Centros	999	952
Estudiantes	22 105 (83,1 % mujeres y 16,9 % hombres)	19 649 (80 % mujeres, 20 % hombres)
Profesores	1 125, incluidos 114 profesores permanentes de educación social y 1 011 profesores contratados	1 125, incluidos 114 profesores permanentes de educación social y 1011 profesores contratados
Promociones	2 297	2 265
Inspectores de Educación Social	17 (10 activos sobre el terreno y 7 administradores con el plan de un coordinador regional para la educación de adultos)	17 (10 activos sobre el terreno y 7 administradores con el plan de un coordinador regional para la educación de adultos)
Inscritos en el examen	9 938	6 458
Número de personas alfabetizadas	8 952	5 434
Aprobados	7 023	5 434 de los cuales 4 104 son mujeres
Tasa de aprobado	62 , 8 %	84 , 1 %

Eje XXI: Derechos culturales (párrafo 55 de lasobservaciones finales)

265.El artículo 49 de la Constitución de 25 de julio de 2022 establece que el derecho a la cultura está amparado. También dispone que el Estado apoya la cultura nacional en su originalidad, diversidad y renovación, consagrando los valores de tolerancia, rechazo de la violencia y apertura a las diferentes culturas. Según este artículo, el Estado protege el patrimonio cultural y garantiza el derecho de las generaciones futuras a él.

266.La cultura amazigh es parte integrante de la cultura nacional y es objeto de varios proyectos culturales, entre los que se incluyen trabajos de documentación e inventario relacionados con diversas expresiones culturales y artísticas amazigh como trajes, habilidades, conocimientos tradicionales y tradiciones orales, así como programas de preservación y restauración dedicados a varios pueblos de montaña, pueblos amazigh como Chenni, Douirat, Toujan, Toujout y Toukrouna, y también seminarios, simposios y publicaciones científicas organizados por universidades e instituciones estatales de investigación. En este contexto, cabe mencionar el foro científico internacional sobre “Autochtonie”, que se organizó en dos ocasiones, la última en noviembre de 2021, y cuyas actas de su primera sesión ya se publicaron. Se está a la espera de la publicación de las actas de su segunda sesión.

267.Túnez inició la preparación de un expediente de candidatura ante la UNESCO para registrar una de las manifestaciones de esta cultura, a saber, las habilidades femeninas asociadas a la alfarería de las mujeres de Sajnan, conocida por sus raíces amazigh, una candidatura que fue aprobada en 2018 y la actividad declarada oficialmente parte de la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En la misma línea, y en colaboración con Argelia, Marruecos y Mauritania, se preparó una candidatura en lo respecta al cuscús, un popular plato amazigh que entró en la Lista en 2019.

268.Algunas asociaciones, como la Asociación Tawasul, han tomado la iniciativa de enseñar la lengua tamazigh en varias regiones del país, lo que hacen con total libertad.

269.La falta de recursos presupuestarios asignados a la cultura amazigh y a la protección de su patrimonio cultural no significa la negación de esta cultura, sino que es el resultado de la disolución de la estructura étnica debido a la fusión social que se ha producido, de modo que las asignaciones financieras no se distribuyen en consecuencia, ya sea a los grupos de origen amazigh o a otros. A pesar de ello, el componente amazigh de la cultura tunecina, tanto material como inmaterial, se beneficia de varios programas financiados por el Estado, especialmente en el marco de la conservación y valorización del patrimonio cultural nacional.

270.Son muchas las asociaciones relacionadas con la cultura amazigh que han organizado una serie de actos relacionados con ella, entre los que cabe destacar los siguientes:

La Asociación Tunecina para la Cultura Amazigh, que organizó el 7 de enero de 2023 un coloquio científico sobre “Lo amazigh en medio de las transformaciones que se están produciendo en Túnez”.

El 14 de enero de 2023, las asociaciones de reunificación familiar y la asociación Twiza, junto con el Laboratorio del Patrimonio de la Facultad de Letras de Manouba, un acto sobre “Memoria viva y continuidad del patrimonio amazigh en Túnez – Día de Conmemoración del Año Nuevo Amazigh”.

Actividades organizadas por la Asociación Tamaguet por los Derechos, las Libertades y la Cultura Amazigh.

271.El Ministerio de Asuntos Culturales facilita las actividades organizadas por las asociaciones que se ocupan de la cultura amazigh y les proporciona ayuda financiera, incluido el apoyo a las siguientes actividades:

El Festival Internacional de Cuevas de Montaña de Sindh, en la provincia de Gafsa, que recibió una subvención de 45.000 dinares.

La Fiesta de la Aceituna de Montaña organizada por la Asociación Wakri en Doueirat y la Asociación Chenni para la Responsabilidad Social en diciembre en Tataouine, que recibió una subvención de 41.000 dinares.

El Festival Internacional de Música Bereber de Kesra, organizado por la asociación “Siliana Halma”, que disfrutó de una subvención de 6.000 dinares.

272.Considerando que el pueblo amazigh es una parte importante del tejido social tunecino, la cultura amazigh se incorporará al currículo escolar oficial desde el comienzo del curso 2024, a través de actividades culturales organizadas por clubes para los alumnos que lo deseen.

273.En cuanto a las estadísticas categorizadas en función de la reivindicación de la propia identidad, el Instituto Nacional de Estadística realiza cada diez años un censo general de población y vivienda mediante un cuestionario elaborado por un equipo de expertos que incluye casillas que responden a una serie de indicadores. En el desempeño de sus funciones, el Instituto Nacional de Estadística adopta un enfoque de derechos humanos en la elaboración del contenido de las casillas que componen la encuesta censal, sin perjuicio de las normas sobre la protección de datos personales y la libertad de las personas a la hora de proporcionar los datos solicitados. Sin embargo, el cuestionario utilizado por el Instituto Nacional de Estadística no incluye secciones sobre la composición étnica o religiosa de la población, por lo que no existen datos precisos sobre la composición étnica de la sociedad tunecina.

274.Cabe reafirmar que el Estado tunecino consagra el principio de igualdad y no discriminación en su sistema legislativo y se adhiere a él al formular sus políticas, programas y planes de acción, sin tener en cuenta la raza, el color, la ascendencia, el origen nacional o étnico o el sexo. El Estado vigila cualquier violación por parte de individuos o grupos de individuos de la legislación y las leyes vigentes, incluidas las relativas a la discriminación y la discriminación racial.

275.En lo relativo a la inscripción de los nombres amazigh en los registros de Estado Civil, el 15 de julio de 2020, el Ministerio de Asuntos Locales emitió una circular que revocaba la circular conjunta núm. 1965-85, de 12 de diciembre de 1965, emitida por el Secretario de Estado de Justicia y el Secretario de Estado de Interior, que incluía algunas restricciones en cuanto a la elección por parte de los padres del nombre de los recién nacidos en el momento de inscribir su nacimiento. La nueva circular ampara, en particular, el derecho de la población tunecina de origen amazigh que no haya podido inscribir a sus hijos con nombres amazigh a que lo haga (véase el anexo 6). Los departamentos afectados están trabajando para supervisar la aplicación de esta circular con el fin de evitar casos de no aplicación de esta por parte de algunos funcionarios a título individual.

Eje XXII: Medidas adoptadas para hacer frente a la COVID-19

276.El período previo al examen del último informe nacional y la emisión de recomendaciones se caracterizó por el estallido de la pandemia de COVID-19, que tuvo un gran impacto en Túnez, así como a nivel mundial, en las condiciones sociales, económicas y sanitarias. Todos los ministerios y estructuras públicas, en cooperación con todas las partes interesadas, especialmente la sociedad civil, han trabajado para combatir la pandemia de COVID-19 desde su propagación en el país mediante la adopción y aplicación de varios programas, tanto en los lugares de trabajo como entre el público en general.

277.Se puede aprovechar el espacio que brinda este informe para esbozar las medidas más importantes adoptadas para hacer frente a los efectos de la pandemia en una serie de ámbitos relevantes para el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En el ámbito de la lucha contra la violencia contra las mujeres y los niños

278.A pesar de los esfuerzos realizados, el nivel de violencia contra las mujeres, especialmente durante el período de la pandemia de COVID-19, se ha multiplicado por siete en comparación con el mismo período del año anterior, con 3.085 llamadas entrantes registradas en la Línea Verde (núm. 1899) desde marzo hasta junio de 2020.

279.A consecuencia de ello, los horarios de atención al público de la Línea Verde se han ampliado a siete días a la semana las 24 horas del día, se ha capacitado a 18 especialistas en la esfera de la escucha de las víctimas de la violencia y se ha puesto en marcha un sistema de servicios para mujeres y niñas, incluidas refugiadas, mediante la creación de 24 dependencias de atención psicológica de crisis en otras tantas regiones.

280.La Línea Verde (con el núm. 1899) presta servicios de derivación de mujeres víctimas de violencia a las instituciones competentes, según el caso, incluidos 74 casos dirigidos a los órganos de seguridad, 53 al poder judicial, 46 a instituciones sanitarias y 16 más al Delegado de Protección de la Infancia; téngase en cuenta que cada caso de violencia puede incluir más de una solicitud.

281.Se puso en marcha una plataforma electrónica para proporcionar servicios de atención psicológica a niños y familias y se activó la Línea Verde gratuita núm. 1809 para la escucha, el acompañamiento psicológico y la orientación infantil y familiar. Se dedicó un espacio de radio diario a brindar consejos y explicar cómo debía ser el trato en el seno de la familia durante el período de confinamiento.

En el ámbito de la protección del derecho al trabajo

282.Para hacer frente al impacto de la pandemia de COVID-19 se han tomado varias medidas, entre ellas la concesión de un subsidio mensual excepcional a los trabajadores de establecimientos turísticos y artesanales por un período máximo de seis meses a lo largo de 2021. Se han tomado medidas en favor de los jóvenes emprendedores mediante el desembolso de subvenciones para preservar los puestos de trabajo. El programa de concesión de préstamos a pequeños empresarios también se ejecutó en condiciones de favor, siempre que la cantidad máxima del préstamo no excediera el límite de 5.000 dinares. Se emplearon 100 millones de dinares para cubrir préstamos a las instituciones afectadas y se inyectaron en el sector turístico 500 millones de dinares en forma de préstamos blandos y financiación. También se ha aplazado el pago de las cuotas de los préstamos otorgados a instituciones y profesionales del turismo, se han convertido créditos de algunos proyectos y programas de cooperación internacional de 2021 en ayudas económicas para pequeñas empresas y se han concedido subsidios sociales a los emprendedores de proyectos.

283.Se han asignado fondos por un total de 50 millones de dinares para apoyar financieramente a los titulares de “batindas” (“patentes”, impuesto de sociedades y profesionales) y una subvención excepcional y temporal de 1.200 dinares por emprendedor para un grupo de 2.735 emprendedores de proyectos.

284.A las emprendedoras de proyectos se les han otorgado créditos al contado sin intereses, como forma de apoyo a las emprendedoras y las instituciones de la infancia afectadas por la pandemia. Son préstamos que se reembolsan en 24 meses, con un período de carencia de la amortización de 6 meses.

285.Como parte de la protección de los trabajadores domésticos, especialmente los afectados durante el período de cuarentena total, se ha establecido una línea de financiación para las empleadas domésticas, de en torno a 1.000 dinares en forma de préstamo sin intereses, con un período de carencia de 2 meses y un reembolso a 24 meses.

En el ámbito de la salud

286.En la esfera de la respuesta a la pandemia por coronavirus y los esfuerzos por erradicarla, el Centro de Información del Ministerio de Salud, en coordinación con las entidades intervinientes, ha desarrollado aplicaciones y consolas para hacer un seguimiento de la propagación del virus, y se ha creado una base de datos a nivel central para seguir de cerca la situación epidemiológica derivada de la pandemia y desarrollar un programa informático al efecto.

287.También se ha creado un sistema de gestión de citas para realizar análisis de detección del coronavirus y se ha establecido el sistema de gestión de medicamentos, con el que gestionar los medicamentos e insumos médicos del programa para combatir la COVID-19.

288.Para hacer frente a la evolución de la situación epidemiológica, se ha prestado apoyo a las entidades de salud pública ofreciéndoles camas de cuidados intensivos y camas provistas de suministro de oxígeno y, en asociación con las empresas productoras, se ha reforzado la capacidad de las entidades de salud pública para satisfacer la creciente demanda de esta sustancia. En marzo de 2021 se lanzó una campaña nacional de vacunación que inicialmente se dirigió al personal sanitario y a los ciudadanos mayores de 70 años, junto con aquellos mayores de 60 años con enfermedades crónicas. Luego se organizaron jornadas de puertas abiertas para la vacunación intensiva, que beneficiaron a casi 2 millones de personas, elevando el número total de personas vacunadas con al menos una dosis a 7,43 millones, de las cuales 3,42 millones recibieron la dosis completa. Las Fuerzas Armadas Tunecinas participaron en la campaña nacional de vacunación de tunecinos y tunecinas y de residentes extranjeros en el país organizando convoyes en las regiones del interior.

En el ámbito de la educación

289.Más de 2,3 millones de estudiantes y más de 7.000 centros educativos de los sectores público y privado cerraron durante el período comprendido entre marzo y abril de 2020, dando por finalizado el curso escolar para todos los niveles educativos.

290.También se revisaron y adaptaron el horario escolar y el calendario de exámenes a las exigencias de la situación sanitaria y al interés de los alumnos y del personal docente (adopción del sistema de cohortes...) y se flexibilizaron los programas para adaptarse a la evolución de la situación sanitaria y epidemiológica.

291.Durante el período de cuarentena mundial se adoptó el sistema de educación a distancia mediante el lanzamiento de un canal de televisión educativo especial al efecto y el establecimiento con carácter permanente de una escuela virtual por parte del Centro Nacional de Tecnologías para la Educación (NCTE).

Apoyo a los grupos vulnerables y reducción de la pobreza

292.Cerca de 1,1 millones de familias con bajos ingresos recibieron ayudas sociales por valor de 287 millones de dinares, lo mismo que 460.000 asalariados y trabajadores autónomos, por valor de 92 millones de dinares, y que 1.272 tunecinos en el extranjero, por valor de 400.000 dinares. Los extranjeros en Túnez también han recibido asistencia alimentaria y financiera.

293.Se concedió un pago diferencial suplementario a los pensionistas y se adoptaron varias medidas sociales, como el desembolso de ayudas económicas temporales a 1.173.000 familias en 2020 y a 869.000 en 2021 con una asignación total de 520,5 millones de dinares. También se decidió aplazar los pagos de las cuotas del préstamo desde principios de marzo hasta finales de septiembre de 2020.

294.Se creó un comité en el que están representados varios ministerios, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el ACNUR, la Federación de Industria, Comercio y Artesanía, y representantes de grupos de la sociedad civil, para hacer un seguimiento de la situación de los migrantes y solicitantes de asilo y elaborar un plan de acción destinado a coordinar a las distintas partes e identificar todas las formas de intervención y los mecanismos para distribuirla entre estos grupos vulnerables.

295.Además, se ha creado una aplicación electrónica para recibir solicitudes de ayuda de estudiantes extranjeros, refugiados y solicitantes de asilo o sus representantes, independientemente de su situación legal, así como para recibir ayuda material y donaciones de particulares, empresas e instituciones que deseen prestar apoyo a estos colectivos.

Prevención de la pandemia de COVID-19 en los lugares de detención

296.Se han tomado una serie de medidas preventivas, como suspender temporalmente las visitas presenciales, manteniendo las visitas periódicas a través de una mampara, reducir el número de visitas a cada menor infractor a una por semana y asignar pabellones aislados en siete centros penitenciarios para recibir a nuevos internos procedentes de distintas regiones, en función de criterios que tienen en cuenta el ritmo de los ingresos, el hacinamiento, el mapa judicial y la especificidad de cada unidad penitenciaria.

297.Entre las experiencias de referencia en el ámbito de la prevención y la respuesta a los efectos de la COVID-19, mencionamos el programa nacional “Azima”, bajo la supervisión de la Presidencia del Gobierno, que implicó la asociación con los organismos públicos, la sociedad civil y las organizaciones e instituciones internacionales y contribuyó a la consecución de varios objetivos, a saber:

Universalizar los métodos de esterilización y desinfección para prevenir las secuelas del coronavirus, mediante:

Concienciación y sensibilización sobre la necesidad de respetar el protocolo sanitario del Ministerio de Sanidad.

Protección a los grupos vulnerables de las secuelas de la pandemia por coronavirus.

Valoración de la investigación científica y apoyo a las iniciativas e innovaciones de la sociedad civil para hacer frente al coronavirus.