Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Quinto informe periódico que Egipto debía presentar en 2018 en virtud de los artículos 16y 17 del Pacto * **
[Fecha de recepción: 12 de noviembre de 2024]
Introducción
1.Egipto, en su firme voluntad de cooperar con los mecanismos internacionales de derechos humanos, y como expresión de su deseo de cumplir las obligaciones que le incumben en virtud de los tratados, presenta sus informes periódicos quinto y sexto combinados, que cubren el período transcurrido desde la presentación del informe anterior. En el informe se examinan las novedades más destacadas en la legislación y las prácticas relacionadas con la aplicación de las disposiciones del Pacto durante el período posterior a la publicación de las observaciones finales del Comité sobre los informes periódicos segundo a cuarto combinados el 13 de diciembre de 2013, en particular el período que siguió a la entrada en vigor de la Constitución de 2014 y hasta finales de 2024.
2.El informe ha sido elaborado por el Comité Supremo Permanente de Derechos Humanos, cuya actividad comenzó a 2020 y que fue creado mediante resolución de la Presidencia del Consejo de Ministros, está integrado por todos los ministerios y organismos gubernamentales relacionados con los derechos humanos y lo preside el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Comité se encarga de supervisar el cumplimiento por parte de Egipto de sus obligaciones internacionales derivadas de las disposiciones de los convenios y protocolos internacionales pertinentes y de proponer las medidas y procedimientos legislativos necesarios. Su secretaría técnica se encarga de recopilar y analizar datos e información, preparar una base de datos con las recomendaciones formuladas a Egipto por los mecanismos internacionales y regionales y supervisar el avance logrado al respecto. Asimismo, revisa la legislación y las políticas operacionales relacionadas con los derechos humanos y supervisa la aplicación de la Estrategia Nacional de Derechos Humanos. El Comité también presta apoyo técnico a diversas autoridades nacionales, especialmente en lo que respecta a la creación de departamentos especializados en derechos humanos en ministerios y provincias, y proporciona la formación necesaria para difundir la cultura de los derechos humanos e incorporarla a las diversas políticas y programas pertinentes.
3.En septiembre de 2021, Egipto lanzó la Primera Estrategia Nacional de Derechos Humanos 2021-2026 con la presencia del Presidente de la República, lo que refleja la magnitud de la atención que el Estado presta a la aplicación de los objetivos de esta estrategia, que fue preparada de acuerdo con un enfoque consultivo en el que participaron todos los ministerios, organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales (ONG). Se celebraron audiencias con representantes de la sociedad civil y se aprovecharon las experiencias internacionales y las mejores prácticas de muchos países del mundo. La estrategia establece un planteamiento global y serio para promover los derechos humanos y las libertades fundamentales, teniendo en cuenta tanto las oportunidades como los desafíos relacionados con la consecución de sus objetivos en los cuatro ejes principales, y aspira a avanzar en tres vías paralelas y complementarias: desarrollo legislativo, desarrollo institucional y desarrollo de capacidades en materia de derechos humanos. Los informes primero y segundo sobre la aplicación de la estrategia se publicaron en diciembre de 2022 y agosto de 2024. Se espera que el tercero se publique antes de finales de 2024, para evaluar los progresos realizados e identificar las áreas que aún necesitan un mayor desarrollo. El segundo eje de la estrategia abarca los derechos económicos, sociales y culturales.
Cambios en la legislación que afectan a la aplicación del Pacto
4.Durante el período cubierto por este informe se han promulgado varias leyes relacionadas con el Pacto, entre ellas las siguientes:
Ley núm. 81/2016, de la Función Pública.
Ley núm. 82/2016, de Lucha contra la Migración Ilegal y el Tráfico Ilícito de Migrantes.
Ley núm. 197/2017, que modifica ciertas disposiciones de la Ley núm. 94/2003, por la que se crea el Consejo Nacional de Derechos Humanos.
Ley núm. 213/2017, de Organizaciones Sindicales y de Protección del Derecho de Sindicación.
Ley núm. 10/2018, de Derechos de las Personas con Discapacidad.
Ley núm. 30/2018, por la que se regulan las actividades del Consejo Nacional de la Mujer.
Ley núm. 148/2019, de la Seguridad Social y las Pensiones.
Ley núm. 182/2023, por la que se reorganiza el Consejo Nacional para la Infancia y la Maternidad. En virtud de estas modificaciones jurídicas, se ha elevado el rango jurídico del Consejo y se ha ampliado su mandato al considerar que se trata de una institución constitucional independiente.
Políticas y medidas más destacadas para proporcionar una mayor protección de los derechos humanos y para aplicar el Pacto
5.El Gobierno de Egipto ha puesto en marcha el Proyecto Nacional para el Desarrollo de las Zonas Rurales Egipcias “Una vida digna”, cuya implementación comenzó el 1 de julio de 2021. El proyecto se implementa en tres fases que abarcan 4.500 pueblos y 28.000 pedanías a nivel de 175 circunscripciones en 20 provincias de la República. Los beneficiarios suponen alrededor del 58 % de la población total de Egipto. El proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de vida y el nivel de los servicios prestados, e incluye la provisión de infraestructura para servicios de agua potable, servicios de saneamiento, vivienda y el aumento del número de escuelas y centros de salud, además de crear formas de mejorar los ingresos y proporcionar un nivel de vida decente para las comunidades rurales, todo lo cual ayudará a lograr los objetivos de la Estrategia Nacional de Derechos Humanos. En 2024 concluirá la aplicación de la primera fase del proyecto “Una vida digna”, a la cual se han destinado 400.000 millones de libras egipcias para ejecutar los distintos proyectos de desarrollo. La primera fase engloba a 1.477 pueblos de 52 circunscripciones y sus servicios beneficiarán a 19 millones de personas. La segunda fase del proyecto, que arranca en 2024‑2025 y cuyo ámbito geográfico abarca unos 1.667 pueblos, tiene un coste de 700.000 millones de libras egipcias. El sistema electrónico de seguimiento de los proyectos de la iniciativa “Una vida digna” ha sido incluido en la plataforma de acciones de aceleración de los ODS del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA).
6.Durante el período cubierto por este informe, se han publicado y actualizado varias estrategias nacionales para integrar los principios y conceptos de los derechos humanos en diversos ámbitos relacionados. En el marco del desarrollo del sistema nacional de seguimiento de las estrategias nacionales, el Centro de Información y Apoyo a la Toma de Decisiones del Consejo de Ministros ha inventariado las distintas estrategias (unas 90) hasta mayo de 2024 al objeto de reforzar los elementos de seguimiento y evaluación. Destacan la aprobación y puesta en marcha de las siguientes estrategias:
Actualizar, a finales de 2023, la Estrategia de Desarrollo Sostenible Visión de Egipto 2030, que sitúa al ser humano en el centro del desarrollo, hace hincapié en la interconexión entre las dimensiones económica, social y medioambiental del desarrollo sostenible e incluye una serie de indicadores estratégicos para supervisar los resultados y avances de cada objetivo.
La Tercera Estrategia Nacional para Combatir y Prevenir la Trata de Personas 2022‑2026.
La Estrategia Nacional sobre Modalidades Alternativas de Cuidado 2021-2030, cuyo objetivo es proporcionar cuidados familiares o en régimen de acogida para el cuidado, la crianza y la protección de los niños, en lugar de colocarlos en instituciones, de conformidad con las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños publicadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2009.
La Estrategia Nacional de Población y Desarrollo 2023-2030, que tiene como objetivo lograr el equilibrio entre la población y el desarrollo mediante la promoción de la salud reproductiva, el empoderamiento de la mujer, la inversión en los jóvenes, la mejora de las oportunidades educativas y la concienciación sobre cuestiones de población, así como lograr el bienestar social y económico de todos los ciudadanos.
La Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Primera Infancia y su plan de aplicación 2024-2029.
Actualizar el Plan Estratégico del Ministerio de Educación 2024-2029, a fin de garantizar que todas las personas accedan sin discriminación a la educación, además de mejorar su calidad.
La Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción 2023-2030, cuya tercera fase se ha puesto en marcha.
Novedades constitucionales relacionadas con la aplicacióndel Pacto
7.La Constitución de 2014 marcó un punto de inflexión hacia la mejora de la situación de los derechos humanos en Egipto, ya que vino a reflejar la conciencia de la nación sobre la universalidad y la indivisibilidad de los derechos humanos, la plena convicción de la necesidad de establecer igualdad entre todos los ciudadanos, y la garantía de igualdad de oportunidades para disfrutar de estos derechos sin discriminación alguna por motivo de religión, credo, género, origen, raza, color de la piel, idioma, discapacidad, posición social, afiliación política o geográfica o cualquier otra razón. La Constitución garantiza los derechos económicos, sociales y culturales, y obliga al Estado a hacer efectiva la justicia social; garantizar una vida digna; velar por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres; proteger a las mujeres contra la violencia; empoderar a las mujeres; proporcionar cuidados y protección a madres, niños y mujeres que son el sostén de la familia, mujeres de edad o a las mujeres con mayores necesidades; proteger los derechos de los trabajadores; reconocer el derecho a la huelga pacífica; y proporcionar servicios de seguridad social y seguros sociales a los pequeños agricultores, los trabajadores agrícolas, los pescadores y los trabajadores en situación irregular.
8.La Constitución ha establecido por primera vez el compromiso de que el Gobierno destine al menos el 10 % del producto nacional bruto a esferas como la sanidad (3 %), la educación pública (4 %), la enseñanza universitaria pública (2 %) y la investigación científica (1 %). Estos porcentajes aumentarán gradualmente hasta equipararse con el promedio mundial.
9.La Constitución consagra la libertad de crear sindicatos y federaciones laborales sobre una base democrática y garantiza su independencia. La Constitución estipula que el Estado garantizará el derecho a una vivienda digna, segura y saludable y elaborará un plan de vivienda; abordará el problema de los asentamientos informales; y garantizará el derecho a una alimentación sana y adecuada y al agua potable, así como los derechos de los niños a la salud y a la atención familiar, a la educación y al desarrollo emocional y cognitivo, los derechos de las personas con discapacidad y los derechos de las personas mayores y su bienestar social, económico, cultural y en materia de salud.
10.El artículo 151 de la Constitución exige que los poderes legislativo, judicial y ejecutivo cumplan las disposiciones de los tratados internacionales que han sido ratificados, ya que tienen el mismo rango que la legislación nacional. En consecuencia, las personas que sufran daños y perjuicios por la no aplicación de esos tratados tienen derecho a interponer recursos en los tribunales. La Constitución de 2014 va más allá de las constituciones anteriores en cuanto que introduce el artículo 93, que concede un estatuto especial a las convenciones internacionales de derechos humanos ratificadas, otorgándoles fuerza de ley. Con ello, los derechos y libertades fundamentales contenidos en esas convenciones pasan a gozar de la protección establecida para la norma constitucional. El artículo 121 de la Constitución considera que las leyes que regulan el disfrute de los derechos y libertades consagrados en la Carta Magna son leyes complementarias de la propia Constitución, por lo que para su promulgación se requiere el apoyo de dos tercios de los miembros de la Cámara de Representantes. Por lo tanto, todo aquel que se sienta concernido puede recurrir al Alto Tribunal Constitucional para impugnar la inconstitucionalidad de los textos legislativos que vulneren la Constitución.
11.Egipto se adhirió a la Carta Árabe de Derechos Humanos en 2019. El ordenamiento legislativo egipcio se ha enriquecido con numerosas leyes que son un reflejo del compromiso de aplicar las diversas disposiciones del Pacto. Las más importantes de estas leyes se revisarán en detalle más adelante.
El informe se divide en dos partes. La primera abarca la evolución legislativa, judicial y administrativa relacionada con la aplicación y materialización de las disposiciones del Pacto según el orden de los artículos 1 a 15, sustentada con algunos datos correspondientes a los años posteriores a 2014. La segunda parte del informe incluye respuestas y aclaraciones a las observaciones finales publicadas por el Comité en 2013 tras el examen de los informes periódicos segundo a cuarto combinados de Egipto.
Sección I: Observaciones sobre los artículos del Pacto
Artículo 1Derecho de libre determinación de los pueblos
12.La Constitución afirma que la soberanía es ejercida y amparada únicamente por el pueblo, que es la fuente de los poderes del Estado y salvaguarda su unidad nacional, la cual se sustenta sobre los principios de igualdad, justicia e igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos (art. 4). La Constitución garantiza la materialización de la soberanía y la voluntad del pueblo en su libre determinación y su libertad para elegir su sistema político, para lo cual prevé la participación de los ciudadanos (residentes en Egipto o en el extranjero) en la vida pública con la posibilidad de elegir y ser elegidos y de expresar su opinión en un referéndum, que es un deber nacional (arts. 87 y 88). El referéndum sobre la Constitución se celebró en enero de 2014, mientras que el referéndum sobre la modificación de algunos artículos de la Constitución tuvo lugar en abril de 2019. Desde la publicación de las observaciones finales del Comité, se han celebrado elecciones presidenciales y legislativas en dos ocasiones.
13.Basándose en su firme convencimiento del derecho del pueblo egipcio a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, la Constitución estipula que los recursos naturales del Estado pertenecen al pueblo. El Estado tiene la obligación de preservarlos, hacer buen uso de ellos, no agotarlos y tener en cuenta los derechos de las generaciones futuras sobre ellos. El Estado también se compromete a optimizar el uso de las fuentes de energía renovables, incentivar la inversión y fomentar la investigación científica al respecto. El Estado trabaja para fomentar la industrialización de las materias primas y aumentar su valor añadido según criterios de viabilidad económica. Está prohibido disponer libremente de los bienes públicos del Estado. El derecho a explotar recursos naturales o la concesión de servicios públicos se otorgarán de conformidad con la ley y por un período no superior a 30 años. El derecho de explotación de canteras, minas a pequeña escala y salinas o la concesión de un servicio público se otorgarán de conformidad con la ley y por un período no superior a 15 años (art. 32 de la Constitución).
Diálogo con las comunidades locales
14.En virtud de las disposiciones de la Constitución, el Estado garantiza la formulación y aplicación de un plan integral de desarrollo económico y urbanístico para las zonas fronterizas y desfavorecidas, en particular las regiones del Alto Egipto, el Sinaí, Matrouh y Nubia. La población, que será la principal beneficiaria, participará en los proyectos de desarrollo, teniendo en cuenta los patrones culturales y medioambientales de la comunidad local (art. 236 de la Constitución).
15.Para hacer efectivo este derecho constitucional, el Estado mantiene consultas continuas con las comunidades locales. Los ministerios de Planificación y Desarrollo Económico y de Cooperación Internacional trabajan para fortalecer los marcos de participación comunitaria, transparencia y rendición de cuentas a través del “Plan del ciudadano”, que incluye información detallada sobre las inversiones dirigidas por el Estado a cada provincia y su distribución por sectores. En 2019, el Ministerio lanzó la aplicación “Participa 2030”, que hace las veces de plataforma de contacto entre el ciudadano y el Gobierno para dar a conocer los programas y proyectos de desarrollo y ofrece a los ciudadanos la oportunidad de participar en la propuesta de iniciativas y proyectos prioritarios en función de las necesidades locales.
16.El Estado lleva a cabo consultas frecuentes con las comunidades locales en el marco de la labor de una serie de órganos gubernamentales que se ocupan de formular políticas públicas de planificación y desarrollo urbanístico sostenible (el Consejo Superior de Planificación Urbana, el Organismo de Planificación Urbanística y la Agencia Nacional de Coordinación Urbana). De conformidad con la Ley núm. 119/2008, los planes urbanísticos se elaboran y proponen con la participación de la unidad local competente, los consejos populares locales, los órganos ejecutivos competentes y los representantes de la sociedad civil (art. 11). Se reciben observaciones de los ciudadanos sobre los proyectos de planes estratégicos de cada unidad local, que se actualizan periódicamente cada cinco años como máximo a fin de garantizar que se adecúan a los cambios económicos, sociales y medioambientales y a las condiciones locales (art. 12).
17.El Gobierno ha puesto en marcha el Programa de Desarrollo Local del Alto Egipto 2016-2021, cuyo objetivo es promover el desarrollo local sostenible y crear oportunidades de empleo productivo para reducir la pobreza en las provincias de Sohag y Qena. La estimación total del gasto del programa asciende a 957 millones de dólares estadounidenses. El programa aspira a implicar a los ciudadanos en todos los aspectos de los servicios públicos en las dos provincias.
Artículo 2Cooperación internacional y garantía de igualdad en el ejerciciode los derechos protegidos por el Pacto
18.Egipto cree en la cooperación internacional en el ámbito del desarrollo, razón por la cual ha creado la Agencia Egipcia de Cooperación para el Desarrollo, cuyo objetivo es contribuir a promover los esfuerzos de Egipto en el ámbito de la cooperación internacional, especialmente la cooperación Sur-Sur, en áreas relacionadas con el desarrollo sostenible. La agencia trabaja para promover la cooperación Sur-Sur apoyando áreas de trabajo que son prioritarias para los países beneficiarios. También apoya los esfuerzos de los países africanos para implementar la Agenda 2063 de la Unión Africana.
19.La cartera de desarrollo que el Ministerio de Cooperación Internacional tiene en la actualidad con socios de desarrollo multilaterales y bilaterales asciende aproximadamente a 25.000 millones de dólares estadounidenses, que están asignados a la ejecución de 377 proyectos en diversos sectores de desarrollo que promueven la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Los fondos de desarrollo contribuyen directamente a la consecución de 14 ODS, encabezados por el Objetivo 9 (industria, innovación e infraestructuras), el Objetivo 11 (ciudades y comunidades sostenibles), el Objetivo 6 (agua limpia y saneamiento), el Objetivo 7 (energía asequible y no contaminante), el Objetivo 12 (garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles) y el Objetivo 13 (adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos).
20.En cuanto a la activación del papel de las empresas en la promoción de la aplicación de los derechos consagrados en el Pacto, se ha promulgado la Ley de Inversiones, habida cuenta de la evolución a nivel nacional e internacional y al objeto de atraer más flujos de efectivo necesarios para el proceso de desarrollo y reducir la tasa de desempleo. La ley reafirma la igualdad de género en las oportunidades de inversión y activa la responsabilidad social de los inversores al permitir que un inversor destine un porcentaje no superior al 10 % de sus beneficios netos anuales al establecimiento de un sistema de desarrollo comunitario fuera del marco de su proyecto de inversión, en las áreas de protección y mejora del medio ambiente, servicios o programas de atención de la salud, sociales o culturales, o cualquier otra área de desarrollo. También podrá destinarlo a la formación técnica, la financiación de investigaciones, estudios y campañas de educación que tengan por fin desarrollar y mejorar la producción, la formación y la investigación científica.
Artículo 2, párrafo 2Igualdad en el ejercicio de los derechos protegidos por el Pacto
21.La Constitución egipcia, su preámbulo y todas sus disposiciones forman un tejido indivisible e interconectado. Sus disposiciones se integran en una unidad orgánica cohesionada que garantiza la igualdad y la no discriminación en el disfrute por igual de cada uno de los derechos consagrados en el Pacto, en particular para las personas y colectivos desfavorecidos y marginados. La Constitución garantiza que “los ciudadanos son iguales ante la ley y en derechos, libertades y deberes públicos, y no se discriminará entre ellos por motivos de religión, creencias, género, origen, raza, color, idioma, discapacidad, estrato social, afiliación política, ubicación geográfica o cualquier otro motivo” y dispone que “la discriminación es un delito penado por la ley” (art. 53).
22.La Constitución garantiza los derechos económicos, sociales y culturales, y establece disposiciones especiales para la protección de los derechos de la mujer y su empoderamiento, incluidas las mujeres son el sostén de la familia, las mujeres de edad o las mujeres más necesitadas, así como protege los derechos del niño, de las personas con discapacidad, de los pequeños agricultores y trabajadores agrícolas, los pescadores, los trabajadores no regulares, los pequeños artesanos y las personas de edad. La Constitución obliga al Estado a elaborar un plan integral de desarrollo económico y urbanístico para las zonas fronterizas y desfavorecidas, en particular las regiones del Alto Egipto, el Sinaí, Matrouh y Nubia.
23.La estructura legislativa egipcia prohíbe la discriminación por cualquier motivo posible. El Código Penal castiga con una pena de prisión menor y/o multa a todo aquel que incurra, por acción u omisión, en un acto que suponga una discriminación contra una persona o un colectivo por motivos de género, origen, lengua, religión o creencia y que tenga como consecuencia una violación del principio de igualdad de oportunidades o de justicia social o un quebrantamiento de la paz pública. También prohíben la discriminación el Código del Trabajo, la Ley de la Función Pública, la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley de Regulación de la Labor de la Sociedad Civil, la Ley de Sindicatos y Protección del Derecho de Sindicación y la Ley del Sistema del Seguro Médico Universal. Esta norma legislativa prevé la plena protección de los recursos judiciales contra las prácticas legislativas o ejecutivas que violen las disposiciones del Pacto o las leyes mencionadas, ya sea mediante la anulación, la indemnización o la imposición de una sanción penal conforme a las normas generales del ordenamiento jurídico egipcio.
24.La Estrategia de Desarrollo Sostenible Visión de Egipto 2030, lanzada en 2015, tiene por objeto situar a Egipto en 2030 entre los 30 primeros países del mundo en cuanto a indicadores de desarrollo económico y humano y calidad de la educación básica, para ofrecer oportunidades de empleo digno a mujeres y jóvenes, lograr la cobertura sanitaria universal para todos los ciudadanos y hacer de Egipto una sociedad justa y solidaria caracterizada por la igualdad de derechos, de forma que se establezcan las bases de la justicia social. En el marco de la definición de las metas del Plan de Desarrollo Económico y Social para el ejercicio fiscal 2023/24, se desarrolló un apartado especial para revisar su papel en la implementación de la Estrategia Nacional de Derechos Humanos 2021-2026 partiendo de la vinculación de los proyectos, programas e iniciativas a los que se destina el plan con los principales ejes de la estrategia, especialmente los relacionados con los derechos económicos y sociales y los derechos de las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los jóvenes y las personas de edad. La estrategia aclara que esto viene a confirmar el derecho de todos los segmentos de la sociedad a cosechar los frutos del desarrollo en igualdad de condiciones.
25.El programa de acción del Gobierno incluye una serie de cuestiones, entre las que figuran abordar la brecha en el desarrollo y la no discriminación por motivos de género. De estos objetivos se derivan varios programas específicos de apoyo a los ejes del desarrollo social, económico y humano, como el desarrollo de barrios marginales, del Alto Egipto, de programas de protección social, de viviendas sociales y de los servicios públicos, el Proyecto Nacional para el Desarrollo de las Zonas Rurales Egipcias “Una vida digna” y el desarrollo de servicios de salud, educación, contratación y empleo. Estos esfuerzos y las políticas nacionales se examinarán en el informe al abordar de forma sustantiva los derechos consagrados en el Pacto. El Ministerio de Planificación y Desarrollo Económico y el Ministerio de Cooperación Internacional implementaron a partir del ejercicio fiscal 2021/22 la “fórmula de financiación” en la elaboración de la propuesta del plan de inversión de las provincias. La importancia de la fórmula de financiación queda patente en la distribución equitativa de la inversión gubernamental entre las provincias egipcias, en la promoción de la igualdad económica y social entre las diferentes regiones y en la promoción del desarrollo sostenible a nivel nacional. Esta distribución depende de un conjunto de múltiples criterios, incluidos los indicadores de pobreza, el indicador de desarrollo humano de las provincias, el número de habitantes y la inversión media en el pasado. Asimismo, a partir del año fiscal 2023/24 se adoptó una fórmula de financiación para distribuir la inversión entre las circunscripciones (markaz) y los distritos (hayy) de cada provincia. Por lo que respecta a la distribución ponderada de la inversión, por el momento esta fórmula tiene en consideración únicamente el indicador de población.
Artículo 2, párrafo 3Disfrute por los no nacionales de los derechos consagradosen el Pacto
26.Las leyes egipcias regulan los derechos de los no ciudadanos (extranjeros) consagrados por el Pacto, como el derecho al trabajo, la propiedad, el seguro social y la seguridad social, de conformidad con el Código del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley de la Seguridad Social. Egipto se atiene siempre al principio de reciprocidad aplicable en las relaciones internacionales, si bien pueden concederse algunas excepciones a los nacionales de determinados países amigos a la vista de las consideraciones que el Estado estime oportunas conforme a una resolución del Presidente de la República.
27.Según estimaciones de agosto de 2022, Egipto acoge a unos 9 millones de extranjeros, entre migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, que constituyen aproximadamente el 8,7 % de la población total del país. El número total de personas registradas en esa misma fecha en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) es de 760.581 refugiados y solicitantes de asilo de 62 nacionalidades. Los migrantes y refugiados que residen en el país tienen acceso a todos los servicios de atención primaria de la salud y de vacunación en igualdad de condiciones que los egipcios y han sido incluidos en todas las campañas de salud. También han sido incluidos en la campaña nacional contra la poliomielitis, las campañas de desparasitación de escolares y la principal iniciativa de detección precoz de “enfermedades relacionadas con la obesidad y el retraso del crecimiento” para alumnos de primaria. Durante la pandemia de COVID-19, el Gobierno se esforzó por ofrecer protección y apoyo a los expatriados y extranjeros que se encuentran en su territorio y por poner a su disposición todos los servicios sanitarios y médicos en pie de igualdad con los egipcios, como parte de los esfuerzos nacionales para hacer frente a la pandemia y acceder a vacunas contra el coronavirus.
Artículo 3Igualdad de derechos entre hombres y mujeres
28.La Constitución garantiza que “los ciudadanos son iguales ante la ley y en derechos, libertades y deberes públicos, y no se discriminará entre ellos por motivos de religión, creencias, género, origen, raza, color, idioma, discapacidad, estrato social, afiliación política, ubicación geográfica o cualquier otro motivo” y dispone que “la discriminación es un delito penado por la ley”. El Estado deberá adoptar las medidas necesarias para erradicar todas las formas de discriminación (art. 53). La Constitución también incluye varios artículos que garantizan que el Estado asegurará a los hombres y a las mujeres igual derecho a gozar de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. El Estado trabajará para tomar medidas que garanticen la adecuada representación de las mujeres en el Parlamento y su derecho a ocupar cargos públicos y de alta dirección en el Estado, así como a ser nombradas miembros de órganos y organismos judiciales sin discriminación de ningún tipo. El Estado se compromete a protegerlas contra todas las formas de violencia, garantizar que puedan conciliar las obligaciones familiares con las exigencias laborales y proporcionar cuidados y protección a la maternidad, la infancia y la mujer.
29.El Estado ha puesto en marcha la Estrategia Nacional para el Empoderamiento de la Mujer Egipcia 2016-2030, en consonancia con la Constitución y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El año 2017 fue declarado “año de la mujer egipcia” y durante este período se promovió su empoderamiento político, social y económico. El Consejo Nacional de la Mujer puso en marcha ese mismo año el Observatorio de la Mujer Egipcia, un mecanismo de seguimiento de la aplicación de los objetivos relativos a la mujer durante el período comprendido entre 2017 y 2030. Este observatorio sirve como herramienta de seguimiento de los indicadores de la Estrategia Nacional para el Empoderamiento de la Mujer Egipcia 2016-2030.
30.El observatorio publica una serie de informes periódicos sobre la situación de la mujer en diversos campos, como la salud, las tecnologías de la información, las cuestiones económicas, los puestos de liderazgo, el matrimonio y el divorcio. El observatorio ha elaborado varios estudios en profundidad, entre ellos “Discapacidad, cuidados y participación de la mujer en la población activa en Egipto”.
Esfuerzos gubernamentales para reducir las diferencias entre hombresy mujeres
31.Se han promulgado varias leyes y medidas, entre ellas la Ley de la Función Pública, que prohíbe la discriminación entre empleados por motivos de género y concede beneficios a las madres trabajadoras, como cuatro meses de licencia de parto y cuatro meses de licencia de maternidad con remuneración completa, de forma que la mujer trabajadora tiene derecho a un permiso no remunerado para cuidar de su hijo durante un máximo de dos años seguidos y hasta un máximo de seis años a lo largo de su carrera en la función pública; la Ley núm. 72/2017, de Inversiones, que contiene medidas sobre igualdad de género en las oportunidades y derechos de inversión y apoyo a las pequeñas y medianas empresas y el emprendimiento; la Ley núm. 219/2017, que modifica ciertas disposiciones de la Ley núm. 77/1948, de Sucesiones, y garantiza que las disposiciones que marca la ley en materia de sucesiones se apliquen en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres; y la Resolución de 2018 del Ministro de Vivienda, que garantiza la inclusión de las mujeres como beneficiarias prioritarias para el acceso a una vivienda en los programas de vivienda social.
32.El Plan del Tercer Año para el Desarrollo Sostenible 2020-2021 incluye el fortalecimiento de la participación de las mujeres en el mercado laboral, especialmente en el ámbito de las empresas pequeñas y microempresas que generan ingresos para las mujeres que son el sostén de la familia, en particular en las zonas rurales. El Gobierno elabora los presupuestos por programas y por resultados, garantizando así la igualdad de género a este respecto. De los rasgos principales del presupuesto se deduce que el 14 % del presupuesto general del Estado, durante los períodos 2015/16 y 2019/20, se destinó directamente a cuestiones relacionadas con la mujer.
33.Los departamentos de igualdad de oportunidades de los ministerios (264 en total) son uno de los mecanismos que tienen como objetivo fortalecer el principio de igualdad de género y de oportunidades en todas las instituciones para mejorar la situación de la mujer egipcia, promover su acceso a puestos de liderazgo y toma de decisiones y reducir la brecha de género. Los departamentos de igualdad de oportunidades proporcionan datos estadísticos sobre la situación de la mujer en puestos de liderazgo; facilitan el acceso de las mujeres a los proyectos de los ministerios y sus correspondientes organismos; integran el principio de igualdad de género y de oportunidades en las fases de elaboración, planificación, seguimiento y evaluación de las estrategias y planes nacionales; preparan estudios e investigaciones sobre el empoderamiento de la mujer; participan en la concienciación sobre los conceptos de la igualdad de género; y ejecutan presupuestos con perspectiva de género.
Artículos 4 y 5Limitaciones al ejercicio de los derechos consagrados en el Pacto
34.La Constitución impone una restricción al legislador a la hora de regular el ejercicio de los derechos y libertades al estipular que aquellos derechos y libertades que son inalienables del ciudadano no podrán ser suspendidos ni menoscabados. Los derechos y libertades solo pueden ser regulados por ley, sin restringirlos al punto de menoscabar su esencia (art. 93). Toda violación de cualquiera de los derechos y libertades garantizados por la Constitución constituye un delito que no prescribe ni en la vía penal ni en la civil. Toda persona perjudicada por una violación de sus derechos y libertades podrá entablar directamente acciones penales. El Estado garantizará una indemnización justa a la víctima de dicha violación (art. 99). Las leyes relativas a los derechos y libertades complementan la Constitución, lo que supone una importante salvaguarda ya que las modificaciones de estas leyes requieren una mayoría especial de dos tercios de los miembros de la Cámara de Representantes (art. 121). Esto evita que los derechos protegidos por el Pacto, garantizados por la Constitución, estén sujetos a los nuevos cambios políticos que vienen impuestos por consideraciones de la mayoría parlamentaria acostumbrada para promulgar otras leyes.
Artículo 6Derecho al trabajo
Programas de contratación y empleo
35.El Gobierno ha conseguido reducir la tasa de desempleo del 13 % en 2014 al 6,5 % en 2024. En 2022 puso en marcha el Plan Nacional para la Promoción de la Igualdad de Género en el Ámbito Laboral. El Gobierno también ha preparado la Estrategia Nacional de Empleo para establecer mecanismos de creación de empleo y poner en marcha la infraestructura necesaria para regular la oferta y la demanda de mano de obra egipcia en el mercado laboral nacional y extranjero. También ha lanzado el proyecto “Mi oficio 2030”, cuyo objetivo es formar a un millón de personas en profesiones requeridas por el mercado laboral dentro y fuera del país. En diez años se ha contratado a más de 30.000 personas con discapacidad, 14.000 de ellas desde comienzos de 2023.
36.El Gobierno pretende crear 900.000 empleos al año en los próximos cuatro años, y el Ministerio de Trabajo ha lanzado el Boletín Nacional de Empleo, a través del cual se muestran todas las oportunidades de trabajo disponibles en el sector privado.
Empleo de los jóvenes
37.Se ha reducido la tasa de desempleo entre los jóvenes de ambos sexos. El Ministerio de Trabajo ha empleado a 593.859 jóvenes de ambos sexos a través del Boletín Nacional de Empleo, ha proporcionado unas 91.000 oportunidades de trabajo a jóvenes en el extranjero a través de las oficinas de representación laboral en el extranjero y ha formado a miles de jóvenes en 49 profesiones necesarias para el mercado laboral a través de 75 centros de formación profesional en el marco de la iniciativa presidencial “Una vida digna”.
38.El Organismo para el Desarrollo de Proyectos Medianos, Pequeños y Microproyectos proporciona la financiación y los servicios necesarios para crear pequeñas empresas y microempresas, especialmente para los jóvenes a fin de incentivarles a crear proyectos de emprendimiento laboral. El Proyecto Nacional de Desarrollo Comunitario, Humano y Local, “Tu proyecto”, ha contribuido a la realización de más de 198.000 proyectos, con préstamos valorados en un total de 25.200 millones de libras egipcias. Estos proyectos han proporcionado cerca de 1,9 millones de oportunidades de empleo para jóvenes. En un contexto relacionado, el Ministerio de Planificación y Desarrollo Económico y el Ministerio de Cooperación Internacional lanzaron, dentro del proyecto Emprendedores 2030, la campaña “Un millón de emprendedores”, cuyo objetivo es cualificar a un millón de emprendedores para 2030. En junio de 2023 se registraron 50.000 jóvenes en prácticas. La campaña pretende capacitar a los jóvenes sordomudos para integrarlos en el mercado laboral. El Ministerio de Comunicación y Tecnología de la Información ha lanzado una beca de formación para capacitar a 20.000 jóvenes de ambos sexos de todo el país para trabajar en plataformas de trabajo autónomo en línea. La iniciativa se centra en desarrollar las capacidades y aptitudes de los jóvenes egipcios en diversos ámbitos para ayudarles a obtener empleo mediante estas plataformas de trabajo autónomo en línea.
Empleo de las mujeres y las niñas
39.Existen numerosas políticas y programas dirigidos a la capacitación económica de las mujeres y su integración en el mercado laboral. En 2022 se puso en marcha el Plan Nacional para la Promoción de la Igualdad de Género en el Ámbito Laboral. La tasa de desempleo femenino se redujo del 24,2 % en 2015 al 17,8 % en 2021. El Estado también ha realizado esfuerzos para ofrecer oportunidades laborales adecuadas para las mujeres a través de proyectos productivos. El porcentaje de pequeños proyectos dirigidos a mujeres aumentó del 22,5 % en 2015 al 64,5 % en 2019. La financiación total es de 48.300 millones de libras egipcias, concedidas para financiar un total de 192.716 pequeños proyectos a fin de crear 481.347 oportunidades de empleo, así como 1.713.513 microproyectos para mujeres, al objeto de crear 2.530.452 puestos de trabajo. El porcentaje de microcréditos a mujeres aumentó del 45 % en 2015 al 48,8 % en 2019. El valor de la financiación para empresas pequeñas y microempresas para mujeres aumentó de 719 millones de libras egipcias en 2014 a 1.884 millones en 2018. El Nasser Social Bank ofrece programas de financiación para mujeres que han beneficiado a 19.000 mujeres.
40.El país está ejecutando otra serie de proyectos, como el proyecto “Fomento de oportunidades profesionales para la mujer en la transformación agrícola”, que tiene por objeto llegar directa e indirectamente a 19.500 mujeres; el proyecto “SWEET”, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de las mujeres empresarias y trabajadoras en la industria de la manufactura de alfombras; y un programa digital de ahorro que tiene por objeto la inclusión económica y financiera de las mujeres, está dirigido a 1,2 millones de mujeres, con una duración de tres años, y ha contribuido a que el número de mujeres que tienen cuentas bancarias haya aumentado hasta los 20,3 millones en diciembre de 2023.
Empleo y capacitación de las personas con discapacidad
41.En el ámbito del empleo y la capacitación de las personas con discapacidad, entre enero de 2023 y julio de 2024 el Ministerio de Trabajo proporcionó más de 14.000 empleos para personas con discapacidad. Entre octubre de 2023 y la primera mitad de 2024, llevó a cabo una operación integral para identificar, formar y emplear a personas con discapacidad. Se identificaron 17.800 establecimientos de un total de 24.000 que empleaban a más de 20 trabajadores. Los datos mostraron que, a fin de que los establecimientos identificados cumplieran con el porcentaje de empleo de personas con discapacidad establecido por ley, hacían falta 134.440 puestos de trabajo, de los cuales 75.500 ya estaban cubiertos, por lo que debía contratarse a 47.583 personas con discapacidad a través de la Unidad Central de Formación y Empleo de Personas con Discapacidad.
Trabajo en la economía no estructurada
42.Por lo que respecta a los esfuerzos del Estado por integrar el mercado laboral no estructurado en la economía estructurada, la Estrategia de Desarrollo Sostenible Egipto Visión 2030 tiene como objetivo integrar el sector no estructurado en la economía reduciendo el volumen de empleo y transacciones informales, proporcionando mecanismos e incentivos para integrar este sector, eliminando los obstáculos que impiden dicha integración, mediante los proyectos nacionales del Gobierno, así como a través de la promoción de las pequeñas y medianas empresas y la reforma del ámbito normativo, legislativo e institucional de la economía. Todo esto ha contribuido significativamente a absorber a los trabajadores de la economía no estructurada e integrarlos en la economía estructurada, y ha ayudado a proporcionar más oportunidades reales de empleo dentro de la economía egipcia a través de las cuales estos trabajadores reciben un grado de protección y seguridad social que les garantiza una vida digna y decente.
43.El Estado ha prestado apoyo a los trabajadores en situación irregular mediante el desembolso de 6.261 millones de libras egipcias, a razón de 500 libras pagaderas en seis plazos a los trabajadores no regulares afectados por el coronavirus. También se han emitido 213.422 pólizas de seguro para este colectivo de trabajadores, con un coste de 13 millones de libras, para cubrir los casos de incapacidad parcial y total o fallecimiento, además de 48.889 certificados de seguridad para los trabajadores en situación irregular, con un coste de 24.444.500 libras. Asimismo, se ha inscrito a 22.000 pescadores en cinco provincias diferentes y se han emitido 22.000 pólizas de seguro para estos pescadores, con un coste de 1.320.000 libras. Además, se ha inscrito a 100.000 trabajadores no regulares en El Alamein, la capital administrativa y Port Said; se les han emitido 53.000 tarjetas con su número nacional y su ocupación real, un certificado que constata el nivel de aptitud y un permiso para ejercer la profesión, todo ello de forma gratuita, a fin de animarlos a inscribirse en la base de datos. El coste total de la iniciativa asciende a 6 millones de libras.
44.En un contexto relacionado, el Estado se hizo cargo de los salarios de los trabajadores perjudicados por el coronavirus en los sectores económicos afectados. El total de la cantidad desembolsada durante los dos últimos años ascendió a 1.020.517.000 libras, repartidas entre los sectores del turismo, la industria textil y otros.
45.El Estado comenzó a preparar una estadística de estos trabajadores en situación irregular como fase previa a la concesión de una pensión, un seguro social y un seguro médico, y para elaborar una visión global que permitiera incluir a estos trabajadores en la economía estructurada. La inclusión de estos trabajadores en los subsidios financieros durante la pandemia de COVID-19 ayudó a establecer datos precisos sobre los trabajadores en situación irregular, además de fomentar la integración del sector no estructurado en el sector estructurado mediante el diseño de programas de incentivos a la integración para mejorar las condiciones de los trabajadores, garantizar sus derechos y concienciarlos sobre la importancia que esto tiene de cara a aumentar la calidad del producto y la posibilidad de sobrevivir en un mercado competitivo. Además, se han simplificado y unificado los procedimientos para tratar con la administración pública y se ha hecho hincapié en que el Gobierno solo operará con quienes dispongan de un registro mercantil y una tarjeta fiscal.
Salvaguardias jurídicas para proteger a los trabajadores frente al despido improcedente
46.Por lo que respecta al despido improcedente, el Código de Trabajo especifica la cuantía mínima de la indemnización a la que tiene derecho el trabajador en caso de extinción arbitraria del contrato de trabajo, sin perjuicio de la facultad del juez de conceder una indemnización superior a dicha cuantía en función de la valoración que haga el tribunal de la gravedad del perjuicio causado al trabajador por la extinción injustificada del contrato antes de su vencimiento y para garantizar una fuente de ingresos al trabajador hasta que encuentre otro empleo.
Programas de formación técnica y profesional
47.Se ha elaborado una estrategia integral para desarrollar centros de formación profesional para jóvenes de acuerdo con las necesidades del mercado laboral. El objetivo es desarrollar el sistema de formación y capacitación de los jóvenes al tiempo que se vincula la formación con el mercado laboral para proporcionar dos millones de oportunidades de empleo en cinco años. Se ha aprobado el Plan Nacional de Formación para el Empleo, en cuya ejecución han participado 22 agencias gubernamentales. En todo el país existen 72 centros de formación profesional, incluidos 38 centros fijos en 25 provincias y 27 unidades de formación móviles, con un coste financiero de 54 millones de libras egipcias. Se han elaborado y desarrollado 36 planes de formación. Los centros de formación profesional incluyen 334 talleres de formación. Durante el ejercicio fiscal 2022/23, el Plan Estatal de Desarrollo Económico y Social consignó inversiones por un total de 56,8 millones de libras para desarrollar centros destinados a preparar familias productivas y canalizó inversiones de unos 149 millones de libras para apoyar el Programa de Reforma de la Formación Técnica y Profesional (Ministerio de Comercio e Industria), 24 millones de libras para desarrollar centros de formación artesanal (Ministerio de Vivienda) y 9 millones de libras para desarrollar y dotar centros de formación profesional del Ministerio de Trabajo. Todo esto ha contribuido a suministrar al mercado laboral local y extranjero con jóvenes formados en las máquinas, equipos y profesiones más modernas que precisa el mercado laboral.
Artículo 7 del Pacto
48.La Constitución garantiza la salvaguardia de los derechos de los trabajadores, su protección frente a los riesgos laborales, la disponibilidad de condiciones de seguridad, protección y salud en el trabajo, la construcción de relaciones laborales equilibradas entre las dos partes del proceso productivo, la garantía de la igualdad de oportunidades, la distribución justa de los beneficios del desarrollo, la reducción de las disparidades entre rentas y el compromiso de un salario mínimo que garantice una vida digna, así como un salario máximo en los organismos estatales para todos los asalariados (arts. 13 y 27 de la Constitución). Esto se materializa en las leyes que regulan los derechos de los trabajadores y en los esfuerzos del Gobierno por mantener unas condiciones laborales justas y satisfactorias.
49.En cuanto a los criterios para determinar el salario mínimo y el mecanismo para ajustarlo, el Consejo Nacional de Salarios, que está presidido por el Ministro de Planificación, se creó en virtud de la Resolución núm. 983/2003 del Primer Ministro. En 2011 y 2020 se reconstituyó el Consejo y se redefinió su mandato.
50.El Consejo está facultado para establecer el salario mínimo a nivel nacional, teniendo en cuenta el coste de la vida, y encontrar medios y arbitrios que garanticen el equilibrio entre los salarios y los precios. El establecimiento y la modificación del salario mínimo se enmarcan dentro de la voluntad del Estado de trabajar en pro del interés de los trabajadores, preservar sus derechos y prestaciones, proporcionarles una vida digna a la luz de las novedades y los cambios económicos internos y externos y equilibrar los intereses del empleador y el trabajador, que son las dos partes del proceso productivo. El salario mínimo se ha incrementado varias veces en los sectores público y privado. En el sector público subió de 1.200 libras egipcias en marzo de 2019 a 3.500 en marzo de 2023, luego a 4.000 libras en septiembre de 2023 y finalmente a 6.000 libras en marzo de 2024. El salario mínimo de los trabajadores del sector privado subió a 2.400 libras en enero de 2022, a 2.700 libras en enero de 2023, a 3.000 libras en julio de 2023, a 3.500 libras en enero de 2024 y a 6.000 libras en marzo de 2024.
Promociones
51.La Ley núm. 81/2016, de la Función Pública, establece normas abstractas generales que no discriminan en cuanto a las promociones de los trabajadores del aparato administrativo del Estado. Todos los trabajadores ascienden del grado más bajo al más alto siguiendo un criterio único: la antigüedad en la fecha de acceso al puesto. Los puestos de dirección y supervisión se asumen en función de la competencia. En caso de vulneración del principio de igualdad y de igualdad de oportunidades en el ascenso a categorías laborales superiores, todos los trabajadores tienen derecho a recurrir ante los tribunales para impugnar las decisiones relativas al ascenso de conformidad con las normas generales del ordenamiento jurídico egipcio.
Tiempo de descanso y permisos
52.La Ley núm. 81/2016, de la Función Pública, y el Código del Trabajo (Ley núm. 12/2003) establecen las horas de trabajo y descanso, los permisos retribuidos, las normas de salud y seguridad en el trabajo y la protección de las mujeres, los niños y las personas con discapacidad durante el trabajo. Estas condiciones se aplican a todos los trabajadores independientemente de su nacionalidad. La legislación egipcia garantiza que el Ministerio de Trabajo inspeccionará todos los establecimientos para asegurarse de que los trabajadores disfrutan de sus derechos y de que sus contratos reconocen las prestaciones estipuladas en la legislación nacional. La Ley de la Infancia concede cuatro meses de permiso retribuido para el cuidado de un hijo a las mujeres trabajadoras, a las mujeres que sean madres de acogida y a las que ejerzan la custodia de un niño menor de seis meses. También les concede los mismos derechos que a las mujeres que dan a luz en lo que respecta a las pausas de lactancia o los permisos para el cuidado de los hijos. El Código del Trabajo incluye el derecho de las mujeres trabajadoras a un permiso de maternidad de 90 días con una compensación equivalente al salario íntegro.
53.La Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad reduce la jornada laboral en una hora diaria remunerada para los trabajadores con diversas discapacidades o para quienes cuidan de un familiar de primer grado con discapacidad. Esto se aplica a cualquier establecimiento con 20 o más trabajadores y al sector privado. A este respecto, Egipto se remite al informe presentado al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
54.Muchas instituciones y organismos tienen guarderías dentro de los edificios para facilitar que los hijos reciban atención mientras sus madres trabajan. El Ministerio de Solidaridad Social ha establecido una asociación de servicios de ayuda a domicilio para ayudar a las mujeres que trabajan en los domicilios y ha creado centros de servicios para las mujeres trabajadoras con el fin de aliviar la carga que soportan y ayudarlas prestándoles los servicios que necesitan a cambio de un salario adecuado. Existen 39 centros de este tipo en 22 provincias, con 41 unidades que, entre 2008 y 2017, beneficiaron a 1.855.235 mujeres.
Trabajar en condiciones que garanticen la seguridad y la salud en el trabajo
55.El Ministerio de Trabajo puso en marcha la Estrategia Egipcia para la Seguridad y la Salud en el Trabajo y la Seguridad del Entorno Laboral 2011-2020, cuyo objetivo principal es reducir el número de personas que sufren lesiones o mueren en el trabajo y reducir en al menos un 40 % la tasa de accidentes laborales. En los últimos años, Egipto ha logrado éxitos tangibles que han dado como resultado que numerosas organizaciones internacionales hayan reconocido que las normas egipcias de seguridad y salud en el trabajo cumplen con las normas internacionales. En consecuencia, en 2018 el Ministerio de Trabajo logró registrarse por primera vez en la Organización Internacional de Normalización de Suecia y participó en el debate de una nueva norma internacional de seguridad y salud en el trabajo (ISO 45001) antes de su entrada en vigor. El Ministerio de Trabajo está preparando una estrategia nacional integral para difundir una cultura de seguridad y salud en el trabajo.
56.Se ha incrementado la eficacia técnica del sistema de inspección mediante la formación de 536 inspectores y jefes de oficina en 19 provincias, el desarrollo de las oficinas de inspección de seguridad y salud en el trabajo para adaptarlas a la inspección electrónica y la informatización de 26 oficinas en 11 provincias. Se ha desarrollado una lista de comprobación para la inspección de seguridad y salud en el trabajo para incluir todos los puntos que el inspector de seguridad y salud ocupacional debe comprobar durante su visita a las instalaciones sujetas a inspección. Se contribuye así a homogeneizar las visitas de inspección y hacerlas más eficaces, además de ayudar a que las instalaciones sujetas a inspección puedan auditarse a sí mismas y regularizar sus condiciones laborales de conformidad con la ley.
57.Con el fin de garantizar un ambiente laboral libre de acoso sexual, se han promulgado la Ley núm. 50/2014 y la Ley núm. 185/2023, que modifica el Código Penal. Se ha endurecido la pena para el delito de acoso sexual si el autor se prevale de su autoridad en el trabajo o si ejerce sobre la víctima cualquier forma de presión que las circunstancias permitan. Dicha ley amplía la definición del delito de acoso para incluir la exposición de otras personas a actos, gestos o insinuaciones sexuales o pornográficos, ya sea mediante señales, palabras o cualquier otra vía, incluidos los medios de comunicación.
Artículo 8Derecho a ejercer la acción sindical y a fundar sindicatos
58.La Constitución de 2014 recoge en esencia las disposiciones contenidas en los convenios pertinentes de la OIT. El artículo 76 dispone que “el establecimiento de sindicatos y federaciones sindicales sobre una base democrática es un derecho garantizado por ley. Tienen personalidad jurídica, operan libremente, y contribuyen a elevar el nivel de competencia entre sus miembros, defender sus derechos y proteger sus intereses. El Estado garantiza la independencia de los sindicatos y las federaciones sindicales, y sus órganos de gobierno solo pueden disolverse por decisión judicial”. La Ley núm. 213/2017, de Organizaciones Sindicales y de Protección del Derecho de Sindicación, está en consonancia con los estándares internacionales para la constitución de sindicatos al dotar de personalidad jurídica a todas las organizaciones sindicales, ya se trate de un comité sindical, un sindicato general o una federación sindical. El artículo 10 describe los niveles de acción sindical, a saber, los comités de empresa, los sindicatos generales y las federaciones sindicales, sin poner como condición que una organización sindical de rango inferior se afilie a la organización sindical superior. Los artículos 4 y 21 de la ley disponen el derecho de los trabajadores a crear sindicatos, y a afiliarse a ellos o a darse de baja, así como a afiliarse a más de una organización sindical en el caso de las personas que ejercen más de una profesión.
59.Con las modificaciones de la Ley de Organizaciones Sindicales y de Protección del Derecho de Sindicación, promulgadas mediante la Ley núm. 142/2019, se redujo el quorum para formar un comité sindical, que pasó de 150 a 50 trabajadores. En caso de que no se alcance el quórum de 50 trabajadores o se trate de establecimientos con un número de trabajadores menor al exigido, dicho quórum podrá completarse con trabajadores de grupos profesionales o artesanales o industrias similares o relacionadas entre sí o que participen en la misma producción. Se redujo también el número de comités de empresa necesario para constituir un sindicato de sector, pasando de 15 a 10 comités, como también el número de trabajadores afiliados, de 20.000 a 15.000 trabajadores y el de sindicatos generales necesarios para establecer una federación sindical, de 10 a 7, así como el de miembros de sindicatos de sector, que pasa de 200.000 a 150.000 trabajadores. La ley únicamente restringe la acción sindical prohibiendo la formación de organizaciones sindicales que tengan una base religiosa, ideológica, partidista, étnica o política. La legislación egipcia hace de los sindicatos un organismo administrativo que representa al Estado mediante el pago y el cumplimiento de muchos de sus compromisos financieros y sociales para con los trabajadores. Los sindicatos dependen parcialmente del Estado en cuanto a su financiación.
60.La ley otorga a la organización sindical (ya sea un comité sindical, un sindicato general o una federación sindical) personalidad jurídica a partir de la fecha de depósito de los documentos requeridos ante la autoridad administrativa competente. Tendrá derecho a ejercer su actividad a partir de dicha fecha. Con el fin de garantizar la independencia de la organización sindical en la gestión de sus asuntos, los artículos 59 y 64 de la ley le otorgan independencia financiera y administrativa sin quedar sujeta al control o la supervisión de las federaciones sindicales o los comités de empresa. El artículo 7 prohíbe la disolución del órgano de gestión de la organización sindical sin una decisión judicial, y el artículo 30 establece que la junta general de la organización sindical es la autoridad suprema que formula su política y supervisa todos sus asuntos de conformidad con su reglamento estatutario.
61.La ley permite a las organizaciones sindicales tomar las medidas necesarias para proteger los derechos legítimos de sus miembros, entre ellos los derechos a participar en el debate de los proyectos de ley y los planes de desarrollo económico y social pertinentes, organizar huelgas laborales y celebrar convenios colectivos de trabajo y negociaciones colectivas. Las organizaciones sindicales tienen derecho a litigar para defender sus derechos y los intereses de sus miembros. En 2018, tras un paréntesis de 12 años, se celebraron conforme a esta ley elecciones sindicales que dieron como resultado la renovación del 80 % de los miembros sindicales de unos 2.500 comités, de los cuales 145 no están afiliados al sindicato general. No hay personas enjuiciadas por haber criticado al sindicato general, sino por haber cometido delitos ajenos a su derecho a ejercer la acción sindical.
Mecanismos de negociación colectiva
62.El Código del Trabajo establece una serie de mecanismos para resolver los conflictos laborales que se producen entre el trabajador y el empleador, como la negociación colectiva. El Código del Trabajo incluye los requisitos para celebrar las negociaciones colectivas y el papel que juegan en la resolución de conflictos laborales, y estipula que la negociación colectiva es el diálogo y las discusiones que tienen lugar entre las organizaciones sindicales y los empleadores o sus organizaciones con el fin de mejorar las condiciones de trabajo y las condiciones de empleo, además de ser una forma de cooperación entre ambas partes a fin de lograr el desarrollo social de los trabajadores del establecimiento y resolver los conflictos entre trabajadores y empleadores. El empleador debe proporcionar los datos solicitados por los representantes de las organizaciones sindicales en las negociaciones colectivas relativos al establecimiento. El empleador o los representantes de las organizaciones sindicales podrán solicitar estos datos a sus organizaciones, según el caso, durante el año previo a la elaboración del informe. Se han concertado 16 acuerdos laborales colectivos entre una serie de empleadores y representantes de organizaciones sindicales generales y comités sindicales de los que se han beneficiado 18.158 trabajadores.
Derecho a la huelga
63.La Ley núm. 142/2019, de Organizaciones Sindicales y de Protección del Derecho de Sindicación, regula el derecho constitucional de ir a la huelga sin necesidad de que la organización superior lo apruebe. Se han dictado numerosas sentencias judiciales sobre el derecho de huelga de los trabajadores, que confirman la legitimidad de la huelga y los controles sobre su ejercicio para equilibrar el interés público y los derechos de los trabajadores. La justicia egipcia ha establecido que el derecho de huelga está reconocido para los trabajadores estatales y los trabajadores del sector no gubernamental.
Artículo 9Derecho a la seguridad social y al seguro social
64.La Constitución estipula que el Estado garantizará la prestación de servicios de seguridad social y otorga a todo ciudadano que no disfrute del sistema de seguridad social el derecho a hacerlo, garantizándole así una vida digna en caso de que no pueda mantenerse a sí mismo o a su familia, así como en los casos de incapacidad laboral, vejez y desempleo. La Ley núm. 148/2019, de la Seguridad Social y las Pensiones, fue promulgada para desarrollar y modernizar los sistemas de seguridad social para mantenerse al día con los cambios globales, cumplir con los acuerdos internacionales y regionales en materia de protección social y unificar las prestaciones proporcionadas en los sistemas de seguridad social para todos los segmentos de la sociedad, en aplicación del principio de igualdad e igualdad de oportunidades. La nueva ley aborda la disparidad entre la pensión y los ingresos y asegura las pensiones de vejez, incapacidad, lesión, fallecimiento, enfermedad y desempleo. Incluye una discriminación positiva en favor de algunos de los grupos más vulnerables, como las personas con discapacidad, los aprendices y los trabajadores en situación irregular en todas sus formas, con incentivos para fomentar el seguro, como que el erario público corra con la parte de la cuota que es responsabilidad del empleador, o un mecanismo para aumentar las pensiones de acuerdo con la tasa de inflación del país a cargo del sistema de seguridad social, con un incremento máximo del 15 %.
65.El número de asegurados en el sistema de la seguridad social en 2024 fue de 13,8 millones de asegurados, mientras que el número de pensionistas y otros beneficiarios en este mismo año alcanzó los 11,2 millones de personas. En 2014, el gasto anual en materia de seguros fue de 105.300 millones de libras egipcias, cifra que en 2024 se situó en 434.000 millones de libras. El 1 de marzo de 2024 los pensionistas recibieron un incremento anual del 15 %, con un coste anual de 66.000 millones de libras. La pensión mínima aumentó de 450 libras en 2014 a 1.300 libras en 2024. El salario mínimo de cotización al seguro aumentó de 142 libras en 2014 a 2.000 libras en 2024. Asimismo, el salario máximo de cotización al seguro aumentó de 2.603 libras en 2014 a 120.600 libras en 2024. El erario público ha asumido el pago de una cuota anual durante los próximos 50 años, de la cual ha abonado, hasta el ejercicio fiscal 2023/24 y en virtud de las disposiciones de la Ley de la Seguridad Social y las Pensiones, 903.200 millones de libras.
Programas de ayuda monetaria y asistencia social que no se basanen las cotizaciones al seguro
66.En 2015 el Estado puso en marcha los programas de protección social Takaful y Karama. Takaful es un programa de transferencias en efectivo condicionadas que proporciona ingresos para ayudar a familias pobres con hijos menores de 18 años. Para beneficiarse de este programa, los hijos deben permanecer escolarizados y acceder de forma regular a la atención básica de la salud. El programa se dirige a mujeres y familias pobres. Por su parte, el programa Karama proporciona transferencias en efectivo sin condicionalidades para los pobres, las personas de edad (mayores de 65 años) y las personas con discapacidad severa. En 2014/15, el número de beneficiarios fue de 2,5 millones de familias, con 9,3 millones de individuos y un coste de 6.700 millones de libras egipcias. En 2024, el número de beneficiarios aumentó a 5,3 millones de familias, con 22 millones de individuos y un coste de 41.000 millones de libras. El 60 % de los beneficiarios pertenece al programa Takaful, mientras que el 40 % pertenece al programa Karama.
67.En un contexto relacionado, se ha elaborado una base de datos sobre familias pobres en Egipto, en la que figuran 11,8 millones de familias con un total de 42,5 millones de ciudadanos, y se ha proporcionado ayuda en efectivo a un total de 4,5 millones de familias afectadas por circunstancias difíciles, con un promedio mensual de 400 libras egipcias (además de las 500.000 familias que, durante el ejercicio fiscal 2023/24, recibieron financiación de las organizaciones de la Alianza Nacional para la Labor de la Sociedad Civil para el Desarrollo).
68.El Estado también ha proporcionado programas especiales para garantizar los derechos de los trabajadores del sector no estructurado. En 2018 se introdujo la póliza “Amán”, que tiene por objeto proporcionar un seguro de protección a los trabajadores estacionales y temporales, a los trabajadores que no tienen ingresos fijos y a las mujeres que son el sostén familiar, garantizando así la estabilidad de sus familias en caso de fallecimiento. Se estableció un fondo de apoyo a los trabajadores no regulares contra diversos riesgos para proporcionarles el “subsidio compensatorio del ingreso”, que es una subvención durante el período en que carecen de ingresos debido a condiciones de emergencia económica o epidemias, y para abordar la falta de cobertura en el seguro de desempleo de los trabajadores en situación irregular y los pequeños empresarios. El fondo también se dirige a las personas que no cumplen los requisitos de elegibilidad de los programas Takaful y Karama y de las que el Ministerio de Solidaridad Social dispone de datos detallados.
69.El Estado vela por incrementar la asignación del gasto público a la protección social, que ha aumentado de 327.700 millones de libras egipcias durante el ejercicio fiscal 2019/20 a 635.900 millones de libras en el presupuesto del ejercicio fiscal 2024/25, lo que supone un aumento del 94 %. Los programas de protección social incluyen subsidios alimentarios, seguros sociales y de salud, viviendas sociales y los programas de transferencia de efectivo Takaful y Karama.
Artículo 10Protección de la familia
70.El artículo 10 de la Constitución establece que la familia es la piedra angular de la sociedad y que el Estado velará por su cohesión y estabilidad y por la consolidación de sus valores. La Constitución garantiza que la mujer podrá conciliar las obligaciones familiares con las exigencias del trabajo y obliga al Estado a prestar cuidados y protección a las madres, los niños, las mujeres que son el sostén de la familia, las mujeres de edad y a las mujeres con mayores necesidades, así como a asegurar su plena protección jurídica frente a cualquier acto discriminatorio. También establece que la infancia abarca hasta los 18 años, según establece el Comité al que va dirigido el presente informe. La legislación nacional, en particular la Ley de la Infancia, el Código Penal y la Ley del Estatuto Personal, contiene disposiciones relativas a todas las formas de violencia, incluida la violencia doméstica, el matrimonio infantil y la coacción al matrimonio.
71.El Estado vela por proteger a la familia, y la ley garantiza a las dos partes de la relación matrimonial los mismos derechos, de forma que se logre un justo equilibrio entre ellas conforme al sistema legislativo egipcio. La mujer tiene derecho a elegir a su marido, toda vez que el contrato matrimonial es un contrato consensual basado en la aceptación y el consentimiento. No podrá inscribirse ningún contrato matrimonial en el que una de las partes no haya cumplido los 18 años de edad. En general, la ley concede la custodia del menor a la mujer. En aras del interés superior del niño, la ley permite que la custodia continúe en manos de la madre una vez cumplida la edad de custodia legalmente establecida si el menor opta por quedarse con ella. Durante este período, el hombre deberá proporcionar una vivienda digna a la mujer que ejerza la custodia, así como una pensión alimenticia completa al menor, y deberá hacerse cargo de los gastos de la custodia, reafirmando de esta manera los derechos del menor. La ley egipcia también garantiza los derechos económicos del niño al considerarlo partícipe del caudal relicto del de cuius desde antes de nacer.
72.El Estado ha creado el Fondo de Seguro Familiar, dependiente del Banco Social Nasser, para garantizar la ejecución de las sentencias relativas a las pensiones alimenticias dictadas a favor de las esposas, las mujeres divorciadas y los hijos en caso de impago. El Ministerio de Solidaridad Social presta servicios para reforzar la estructura familiar a través de oficinas de orientación y asesoramiento familiar. El Consejo Nacional de la Mujer y el Consejo Nacional para la Infancia y la Maternidad prestan servicios de asesoramiento y apoyo psicológico y jurídico a través de líneas de atención directa.
73.Se considera menor a toda persona que no haya cumplido los 18 años de edad. Podrá disponer libremente de sus bienes al cumplir los 21 años. El Consejo Nacional para la Infancia y la Maternidad se encarga de evaluar la implementación del Marco Estratégico para la Infancia y la Maternidad 2018-2030 y de desarrollarlo en consonancia con la evolución de la situación de la infancia y la maternidad. Dicho desarrollo conlleva la implicación de todos los sectores que se ocupan de los niños y la elaboración de un plan de acción ejecutivo para el período 2024-2030. En cooperación con las autoridades competentes, el Consejo también ha elaborado la Estrategia Nacional de Desarrollo de la Primera Infancia, de conformidad con el Marco de Atención y Desarrollo de la Primera Infancia, basado en la interacción y el refuerzo mutuo entre la salud, la nutrición, la educación temprana, la protección de la infancia, la protección social y la prestación de cuidados que respondan a las necesidades de los niños. La Ley de la Infancia refuerza la protección del niño contra la violencia y los malos tratos y duplica la pena mínima prevista para un delito si la víctima es un niño y el autor es un adulto, uno de los padres del niño o su tutor, custodio, cuidador o educador, o una persona que ejerce autoridad sobre el niño.
Protección de la maternidad
74.En cuanto a la protección de la maternidad y los permisos para las madres trabajadoras, nos remitimos al párrafo 52 del presente informe sobre el tiempo de descanso y permisos para las mujeres trabajadoras. Además, la ley reduce la jornada de trabajo en una hora para las mujeres trabajadoras que amamanten a sus hijos, hasta que estos cumplan dos años.
Protección de la infancia
75.Se considera menor a toda persona que no haya cumplido los 18 años de edad. Todos los niños tienen derecho a un nombre y a documentos de identidad, a la vacunación obligatoria gratuita, a la atención de la salud, a una familia o una familia alternativa, a una alimentación adecuada y a un alojamiento seguro. El Estado garantiza los derechos de los niños con discapacidad y su rehabilitación e integración en la sociedad. La protección de los niños contra todas las formas de violencia y abuso está consagrada en el artículo 80 de la Constitución, que recoge los derechos de los niños víctimas y establece la obligación del Estado de establecer un sistema judicial especial para los niños víctimas y testigos. De conformidad con la Constitución, los niños no podrán considerarse penalmente responsables ni ser detenidos salvo de conformidad con la ley y durante el período legal autorizado, en cuyo caso se les brindará asistencia jurídica y serán recluidos en lugares adecuados y separados de las dependencias para adultos. La Constitución y la ley prohíben emplear a menores de 15 años y capacitar a menores de 13. También prohíbe que desempeñen empleos que puedan poner en peligro su salud, su seguridad o su moralidad y que trabajen durante más de seis horas al día, incluidas las horas de descanso; tampoco podrán trabajar horas extraordinarias ni durante los días de descanso. El Ministerio de Trabajo ha modificado la resolución sobre la lista de trabajos y ocupaciones de riesgo en los que se prohíbe emplear o capacitar a menores de 18 años. Se está llevando a cabo una revisión exhaustiva de la legislación laboral.
76.El Ministerio de Trabajo, en colaboración con el Consejo Nacional para la Infancia y la Maternidad, publicó el Plan Nacional de Lucha contra las Peores Formas de Trabajo Infantil 2018-2025, cuyo objetivo es eliminar el trabajo infantil para 2025. El Ministerio de Trabajo realiza campañas de inspección sin previo aviso a establecimientos donde trabajan niños. Se inspeccionaron 44.388 establecimientos, de los cuales 31.850 cumplieron los requisitos, 11.339 fueron amonestados y se levantaron 997 actas de infracción. Estas campañas han dado lugar a la protección de 50.549 niños.
77.La Estrategia Nacional de Derechos Humanos dedica a los derechos del niño una sección con el fin de lograr una serie de resultados específicos, entre ellos la consolidación del principio del interés superior del niño entre todas las instancias que se ocupan de la infancia; la protección de los niños frente al abuso, la explotación, el abandono y todas las formas de violencia; el apoyo a la labor de los comités de protección de la infancia; el fortalecimiento de los mecanismos que garantizan el acceso de los niños a una atención sanitaria integral; la erradicación de las peores formas de trabajo infantil; el refuerzo de la aplicación de la legislación reguladora del empleo infantil, y la consolidación y el refuerzo de los mecanismos de supervisión de las instituciones de atención social dedicados a los niños privados de atención familiar.
Artículo 11Derecho a la mejora continua de las condiciones de vida
78.A finales de 2023 se actualizó la Estrategia de Desarrollo Sostenible Visión de Egipto 2030. La versión actualizada de la Visión de Egipto 2030 identificó cuatro principios rectores: las personas como eje del desarrollo, justicia e inclusión, resiliencia y adaptación, y sostenibilidad. Los objetivos estratégicos de la visión son los siguientes: calidad y nivel de vida; justicia social e igualdad; un ecosistema integrado y sostenible; una economía del conocimiento diversificada y competitiva; infraestructuras avanzadas; y gobernanza y asociaciones. La Visión de Egipto 2030 hace hincapié en la interconexión entre las dimensiones del desarrollo sostenible económico, social y medioambiental y la aplicación de la visión y sus objetivos estratégicos generales en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La visión incluye una serie de indicadores estratégicos para supervisar el rendimiento y los progresos realizados en cada uno de los objetivos generales para su seguimiento, evaluación y revisión.
79.Los sucesivos planes de desarrollo sostenible a corto plazo incluyen una serie de programas e iniciativas relacionados con el desarrollo espacial, la integración de los esfuerzos de desarrollo en las zonas rurales y urbanas, la reducción de las diferencias de desarrollo entre las distintas regiones y la planificación con perspectiva de género. De esta forma, se alcanza la igualdad y la igualdad de oportunidades entre los segmentos de la sociedad y se presta atención a las cuestiones prioritarias de las mujeres, los niños y las personas con discapacidad. Egipto se centra en el uso de la investigación basada en pruebas para orientar las políticas. Se están destinando importantes esfuerzos y recursos a mejorar la accesibilidad y la calidad de los datos. El Estado egipcio apoya la investigación cuantitativa que tiene claras repercusiones políticas, como la investigación sobre pobreza e ingresos, que ha llevado a una reducción de la pobreza por primera vez en 20 años: del 32,5 % en 2018 al 29,7 % en 2020. En febrero de 2024, el Gobierno aprobó un nuevo paquete de medidas urgentes de protección social, el sexto en dos años, por valor de 180.000 millones de libras egipcias.
Derecho a una alimentación adecuada
80.El Estado ha proseguido sus esfuerzos para subvencionar los productos alimentarios básicos. En el presupuesto del ejercicio fiscal 2024/25, las subvenciones alcanzaron los 134.200 millones de libras egipcias, frente a los 35.500 millones del ejercicio 2013/14. La asignación per cápita en la cartilla de racionamiento aumentó a 50 libras en 2022, frente a 15 libras en 2014. Entre septiembre de 2022 y junio de 2023 se pagó un subsidio excepcional que supuso un incremento de 100 libras para cada cartilla con una familia, 200 libras para cada cartilla con dos o tres familias y 300 libras para más de tres familias. Esto supuso un aumento del 333 %, con un coste de 85.000 millones de libras. El número de beneficiarios del sistema del pan subvencionado ha alcanzado los 70,9 millones hasta la fecha, así como 62,8 millones de beneficiarios. Asimismo, el Gobierno proporciona productos alimentarios básicos a precios rebajados a través de una red de distribución formada por 1.172 puntos de venta de empresas afiliadas al Ministerio de Abastecimiento, que cubren todas las provincias, además de otros proyectos, como “Mi agrupación”, que en total suman 4.605 puntos de distribución de productos básicos.
81.Durante el curso 2023/24, el Estado amplió los programas de alimentación escolar gratuita, de los que se beneficiaron 13.673.540 alumnos, frente a los 11.498.891 alumnos del curso 2018/19.
82.Desde 2014, el Gobierno egipcio presta gran atención al sector agrícola para desarrollar la producción agrícola y ganadera y fomentar las industrias basadas en ella. El Estado se compromete a proporcionar los productos necesarios para la producción agrícola, avícola y ganadera y a comprar las cosechas agrícolas de cultivos básicos a un precio adecuado, de forma que el agricultor tenga un margen de beneficio. Las inversiones gubernamentales dirigidas al sector agrícola han aumentado en los últimos años. En los últimos nueve años se han puesto en marcha varios proyectos nacionales de gran envergadura en el marco del afán del Estado por aumentar la superficie de terreno agrícola mediante la expansión horizontal. Entre los proyectos más destacados ejecutados entre 2014 y 2023 figuran el Proyecto del Nuevo Delta, el Proyecto nacional para la recuperación de 1,5 millones de fedán [1 fedán=4.200 m2], el Proyecto de Desarrollo del Sinaí Norte y Central, el Proyecto de Desarrollo del Lago Nasser (con una superficie de aproximadamente un millón de fedán), entre otros proyectos destinados a aumentar la superficie de cultivo y la producción agrícola.
83.Entre 2014 y 2023, el Estado veló por promover la expansión vertical de los cultivos agrícolas con valores estratégicos a través de más de 150 variedades mejoradas, la expansión de semillas certificadas, el fortalecimiento de la extensión agrícola, el Proyecto Nacional de Invernaderos, la concesión de préstamos en condiciones favorables a los agricultores y la agricultura por contrata. Además de los programas de desarrollo ganadero, avícola y pesquero, estos esfuerzos han permitido aumentar la superficie agrícola recuperada en 1,7 millones de fedán desde 2014. El objetivo es recuperar 2,1 millones de fedán para 2025. El coste total durante el período 2014-2023 fue de 46.000 millones de libras egipcias.
Derecho a una vivienda digna
84.En virtud de la Constitución, el Estado garantiza el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna, segura y saludable que preserve la dignidad de la persona y haga efectiva la justicia social. El Estado debe formular un plan nacional integral para luchar contra los asentamientos irregulares encaminado a replanificar el espacio, brindar infraestructuras básicas y servicios, y mejorar la calidad de vida y la salud pública. Se garantizarán los recursos económicos para que dicho plan se culmine en un plazo determinado. El Estado garantiza la formulación y aplicación de un plan integral de desarrollo económico y urbanístico para las zonas fronterizas y desfavorecidas, en particular las regiones del Alto Egipto, el Sinaí, Matrouh y Nubia. La población, que será la principal beneficiaria, participará en los proyectos de desarrollo, teniendo en cuenta los patrones culturales y medioambientales de la comunidad local. El Estado ha emprendido una serie de reformas legislativas, entre las que destacan la Ley de Financiación Inmobiliaria y la Ley de Vivienda Social y Apoyo a la Financiación Inmobiliaria.
85.La Estrategia de Desarrollo Sostenible Visión de Egipto 2030 aborda la cuestión de la vivienda a nivel individual y social. A nivel individual, la Visión aspira a garantizar una vivienda digna para los egipcios a precios que se adapten a todos los sectores. A nivel social, la Visión aspira a construir ciudades con infraestructuras modernas y espacios verdes amplios. La Visión de Egipto 2030 tiene por objeto proporcionar una vivienda digna y urbana a todos los egipcios sin excepción y eliminar el fenómeno de las viviendas en zonas de chabolas y asentamientos inseguros y las viviendas informales, proporcionando al mismo tiempo alternativas legítimas compatibles con el plan de desarrollo, aumentando la eficiencia de los servicios básicos en todas las zonas residenciales e incrementando la proporción de espacios abiertos y zonas verdes por habitante.
86.En 2020, el Estado puso en marcha la Estrategia de Vivienda en Egipto para proporcionar una vivienda digna a todos los ciudadanos, tener en cuenta los derechos de los grupos marginados y desfavorecidos y reafirmar los principios de justicia social, de igualdad de oportunidades y de no discriminación o marginación. La Estrategia Nacional de Derechos Humanos 2021-2026 también incluye el derecho a una vivienda digna. En 2014, el Gobierno puso en marcha el Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Urbano, cuyo objetivo es transformar Egipto en un país avanzado y competitivo a nivel mundial. El plan pretende duplicar, del 7 % al 14 %, la superficie urbana de Egipto.
87.El Estado ha proseguido sus esfuerzos para proporcionar una vivienda digna, especialmente a los grupos de renta baja y media, en el marco de la iniciativa “Una vivienda para todos los egipcios”, en virtud de la cual se han logrado crear un millón de viviendas, además de otras 300.000 para zonas de chabolas y asentamientos inseguros. Se da respuesta así a las necesidades de los jóvenes y de los grupos de renta baja y media. Se han beneficiado 7,5 millones de ciudadanos; el 5 % de las viviendas se han destinado a personas con discapacidad. Egipto anunció a finales de 2022 que estaba libre de zonas de chabolas y asentamientos inseguros. En 2020, estos esfuerzos fueron elogiados por el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. En 2022, las Naciones Unidas situaron a Egipto a la cabeza de los países en la reducción de la proporción de habitantes de zonas de chabolas y asentamientos inseguros respecto del total de la población urbana.
Desarrollo de las zonas de chabolas y asentamientos inseguros
88.Durante los últimos años el Estado ha trabajado para impulsar decisivamente el desarrollo de las zonas de chabolas y asentamientos precarios y la infraestructura. Las zonas de chabolas y asentamientos precarios suponían el 37,5 % de la superficie total urbana de las ciudades, con un total de 152.000 fedán. Se han desarrollado 60 zonas, con un total de 468.000 familias beneficiarias y un coste total de 318.000 millones de libras egipcias, incluidas 31 zonas solo en El Cairo, con un coste de 350 millones de libras y un total de 263 familias beneficiarias. Entre 2014 y 2022 se desarrolló un total de 342 zonas de chabolas y asentamientos precarios. Entre 2014 y 2023, el coste total de los proyectos para desarrollar zonas de chabolas y asentamientos precarios ascendió a 67.800 millones de libras egipcias.
Vivienda social
89.Se trata de uno de los proyectos más importantes ejecutados por el Estado. Entre 2014 y 2023, contribuyó significativamente a resolver hasta en un 60 % la crisis de vivienda que sufren las personas de renta baja, con un coste total de 193 millones de libras egipcias. Se han construido 630.500 unidades y se están construyendo otras 229.800.
Artículo 12Derecho a la salud
90.La Constitución afirma el derecho de todos los ciudadanos a la salud y a una atención de la salud integral que cumpla las normas de calidad. El Estado garantiza el mantenimiento y la promoción de los centros de salud públicos que prestan servicios a la población, trabaja para aumentar su eficiencia y para que la distribución geográfica sea equitativa, y se compromete a establecer un sistema de seguro médico universal para todos los egipcios que cubra todas las enfermedades (art. 18). El eje de la atención de la salud de la estrategia Visión de Egipto 2030 aspira a garantizar que todos los egipcios disfruten del derecho a una vida sana y segura mediante la implantación de un sistema de salud integral caracterizado por la accesibilidad, la calidad y la no discriminación. Los presupuestos generales del Estado reflejan su compromiso de hacer efectivo el derecho a la salud mediante el incremento de la asignación del gasto público en salud, que durante el ejercicio fiscal 2024/25 se incrementó a 496.000 millones de libras egipcias, lo que supone un aumento de 465.000 millones de libras con respecto al ejercicio fiscal 2013/14.
91.Se ha puesto en marcha la Estrategia Nacional de Salud de la República Árabe de Egipto 2024-2030, que se centra en mejorar las características demográficas, lograr una tasa de fecundidad total de 2,1 hijos por mujer, lograr el desarrollo humano y mejorar las características de la población. Egipto ha realizado progresos notables de cara a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la reducción de las tasas de mortalidad materna y neonatal. En octubre de 2024, la Organización Mundial de la Salud (OMS) certificó que Egipto se encontraba libre de malaria. Egipto también alcanzó el “nivel oro” de la OMS en su trayectoria hacia la eliminación de la hepatitis C, convirtiéndose en octubre de 2023 en el primer país en alcanzar este nivel. Egipto ha diagnosticado al 87 % de las personas que viven con la hepatitis C y ha proporcionado tratamiento curativo al 93 % de los diagnosticados.
92.El número de unidades y centros de atención primaria de la salud en zonas urbanas y rurales pasó de 4.988 en 2014 a 9.162 en 2021, lo que supone un aumento del 83,7 %. Los centros de diálisis pasaron de 576 en 2014 a 668 en 2022, un aumento del 16 %. El número de camas de cuidados intensivos en hospitales públicos y centrales aumentó de 1.634 camas en 2014 a 2.389 en 2021, lo que supone un aumento del 46,2 %. El número de unidades de planificación familiar pasó de 5.242 en 2014 a 5.431 en 2021, un aumento del 3,6 %.
Tratamiento a expensas del Estado
93.El tratamiento a expensas del Estado no ha dejado de aumentar. Entre 2014 y 2024 se aprobaron 32,5 millones de decisiones de tratamiento a cargo del Estado, que beneficiaron a 18,8 millones de ciudadanos y tuvieron un coste total de 102.300 millones de libras egipcias. En el campo del apoyo a la salud de las mujeres, el Ministerio de Salud y Población recibió entre julio de 2019 y junio de 2024 más de 50 millones de visitas de mujeres para recibir servicios de detección y orientación. 17 millones de mujeres recibieron servicios de seguimiento periódico y más de 637.000 mujeres se beneficiaron de tratamiento gratuito tras los exámenes realizados a través de 3.663 unidades distribuidas por todas las provincias.
Iniciativas de salud pública
94.El Estado ha puesto en marcha un paquete de iniciativas para promover el derecho a la salud bajo el lema “100 millones de personas con salud”, cuyo objetivo es lograr una atención de la salud integral para todos los ciudadanos y garantizar al mismo tiempo un acceso fácil a los servicios ofertados. Destacan las siguientes iniciativas: eliminación del virus de la hepatitis C y detección de enfermedades no transmisibles; detección precoz de la anemia, la obesidad y el retraso del crecimiento; apoyo a la salud de las mujeres egipcias; apoyo a la salud de la madre y el feto; detección precoz y tratamiento de la deficiencia y pérdida de audición en niños recién nacidos; y detección y tratamiento de enfermedades crónicas y detección precoz de la nefropatía.
95.En el marco de la iniciativa de detección precoz de enfermedades no transmisibles, se han realizado reconocimientos médicos a más de 50 millones de ciudadanos. Durante estos reconocimientos se ha proporcionado tratamiento a 1,8 millones de diabéticos y a 10 millones de pacientes con hipertensión. En el marco de la iniciativa de detección precoz de la anemia, la obesidad y el retraso del crecimiento, se han realizado reconocimientos médicos a 22 millones de escolares y se ha proporcionado tratamiento mediante la inclusión de 300 clínicas en el sistema electrónico de la iniciativa. En el marco de la iniciativa de la detección precoz y tratamiento de la deficiencia y pérdida de audición en niños recién nacidos, se han realizado reconocimientos médicos a más de 1,25 millones de niños desde el lanzamiento de la iniciativa en septiembre de 2019. Además, 2.410 niños extranjeros residentes en Egipto han sido examinados en las 3.500 unidades de salud distribuidas por todo el país. Y se ha preparado una infraestructura integral para la detección precoz de la pérdida de audición, que ha tenido un coste de 120 millones de libras egipcias.
96.La iniciativa de apoyo a la salud de las mujeres egipcias aspira a reducir la tasa de mortalidad como consecuencia del cáncer de mama mediante la detección precoz de la enfermedad, la concienciación en materia de salud, la formación y cualificación de los proveedores de servicios médicos para que presten servicios de calidad que cumplan las normas internacionales, y equipando a las infraestructuras que tratan los tumores. Desde el arranque de la iniciativa en julio de 2019, más de 11 millones de mujeres se han sometido a pruebas de detección. En el marco de la iniciativa de apoyo a la salud de la madre y el feto, 683.000 mujeres han recibido servicios médicos gratuitos desde el lanzamiento de la iniciativa en marzo de 2020. Se ha dotado un sistema integral para la detección precoz de enfermedades transmisibles por vía materna, que ha tenido un coste de 31 millones de libras egipcias. El coste de la puesta en funcionamiento y los suministros médicos ascendió a 30 millones de libras. La iniciativa pretende reducir del 45 % al 2 % la tasa de contagio de enfermedades por vía materna. En el marco de la iniciativa de detección y tratamiento de enfermedades crónicas y detección precoz de la nefropatía, se han realizado reconocimientos médicos a 24 millones de ciudadanos y se ha proporcionado gratuitamente el tratamiento necesario. Se han sustituido y renovado 180 unidades de diálisis y se han suministrado 2.600 máquinas de diálisis, con un coste total de 714 millones de libras.
97.El Programa Nacional de Lucha contra la Tuberculosis ha contribuido a alcanzar una tasa de curación del 87 %. En 2020, más de dos millones de ciudadanos recibieron servicios médicos en hospitales que se ocupan de las enfermedades del tórax. En ese mismo año, la incidencia de la tuberculosis en Egipto se redujo en un 20 %. En el marco del Programa Nacional de Lucha contra el Sida, se han abierto 13 nuevos centros de tratamiento, con lo que el número total de centros de tratamiento asciende a 27.
Indicadores de esperanza de vida al nacer y tasa de mortalidad infantil
98.Se han proporcionado servicios de atención a mujeres embarazadas, fomentando y protegiendo la lactancia materna y racionalizando el consumo de leche de fórmula. También se suministra vitamina A a los niños de entre 6 y 54 meses y se han lanzado iniciativas presidenciales, entre ellas la Iniciativa Presidencial para la Detección Precoz de Enfermedades Genéticas en Bebés Prematuros en las Unidades de Cuidados Intensivos, y la Iniciativa Presidencial para la Detección Precoz de las Discapacidades Auditivas. Todos los recién nacidos que son examinados en cualquier unidad de atención primaria son sometidos a pruebas de detección precoz de anomalías congénitas (funciones vitales básicas, mediciones del crecimiento y evaluación exhaustiva de los sistemas vitales del cuerpo). Los esfuerzos del Gobierno han dado como resultado que la esperanza de vida al nacer en Egipto haya aumentado de 70,3 años en 2010 a 71,8 años en 2018, y que la tasa de mortalidad de menores de 5 años haya disminuido de 28,8 niños por cada 1.000 nacimientos en 2010 a 20,8 en 2019.
Sistema del seguro médico universal
99.El país dio un gran paso con la promulgación de la Ley núm. 2/2018, del Sistema del Seguro Médico Universal, que cubre obligatoriamente a todos los ciudadanos residentes dentro del país y puede extenderse opcionalmente a los ciudadanos residentes en el extranjero. La ley obliga al Estado a proporcionar los siguientes servicios: salud pública, servicios preventivos, servicios ambulatorios, planificación familiar y servicios de salud gratuitos para hacer frente a desastres de todo tipo, epidemias y accidentes laborales). Se está implantando gradualmente en las provincias para garantizar la sostenibilidad financiera y el equilibrio actuarial. La ley exige que el Estado mejore gradualmente la eficiencia de sus instalaciones de salud antes de empezar a implantar el sistema. De acuerdo con la filosofía del nuevo sistema de seguro médico universal, que se basa en la obligatoriedad y la solidaridad social, el Estado asume el coste de quienes no puedan hacer frente a los gastos. El sistema se basa en la separación de la financiación y la prestación de los servicios. El Organismo del Seguro Médico Universal gestiona y financia el sistema, mientras que el Organismo de Atención de la Salud se encarga de prestar servicios de atención y tratamiento de la salud dentro y fuera de los hospitales.
100.El Gobierno está trabajando para alcanzar el 100 % de cobertura sanitaria en 2030. El programa de trabajo actual del Gobierno pretende llegar al 85 % de la población entre 2026 y 2027. La transición del sistema actual al seguro médico universal supone un aumento del 35 % de la cobertura al incluir a campesinos, trabajadores agrícolas, trabajadores no regulares y otros grupos prioritarios, con un incremento presupuestario anual del 20 %. El arranque de la segunda fase del seguro médico universal incluye la cobertura de cinco nuevas provincias y 12,8 millones de ciudadanos.
Actividades encaminadas a desarrollar las instalaciones de salud
101.El Proyecto Nacional de Hospitales Modelo aspira a mejorar la calidad de los servicios hospitalarios. Hasta que sea incluida en el sistema del seguro médico universal, cada provincia contará con un hospital modelo. Un total de 29 hospitales de distintas provincias de la República han sido seleccionados para convertirse en hospitales modelo y proporcionar a los ciudadanos servicios médicos de la mayor calidad sin incremento alguno de los precios actuales. El Ministerio de Sanidad ha adoptado un plan para desarrollar las instalaciones de salud en términos de equipamiento y servicios. Entre 2014 y 2023 se crearon, desarrollaron y mejoraron los hospitales universitarios existentes. El número de hospitales universitarios aumentó de 88 en 2014 a 125 en 2023; el número de camas aumentó de 28.900 en 2014 a 36.900 en 2023, con un coste de 27.500 millones de libras egipcias. El número de camas de cuidados intensivos se incrementó, pasando de 3.000 en 2014 a 5.030, con un coste de 2.000 millones de libras. El número de caravanas médicas fue de 535, con un total de 303.500 beneficiarios. Además, se han equipado 30 hospitales modelo en todo el país. En 2021 se inauguró el Complejo Nacional de Vacunación e Inmunización, con un coste de 142 millones de libras egipcias, para permitir a los científicos investigar y reducir las enfermedades infecciosas y no infecciosas; está totalmente mecanizado. Además, en junio de 2021 finalizó la construcción de la planta de producción de vacunas Vacsera, con un coste de 347,8 millones de libras egipcias.
Iniciativas del Estado para suministrar agua apta para el consumo
102.El Gobierno ha elaborado un plan para el sector del agua potable que pretende lograr cuatro objetivos principales: reducir las pérdidas, aumentar la presión del agua, sustituir y renovar las canalizaciones y aumentar la eficacia del servicio prestado a los ciudadanos. La tasa actual de cobertura de agua potable en toda la República se sitúa en torno al 98,7 % (100 % en las zonas urbanas y 97,4 % en las rurales). En los dos últimos años se han ejecutado 75 proyectos de agua potable con una capacidad de 1.747.000 metros cúbicos diarios y una longitud de red de 1.200 km. Los últimos proyectos de agua potable han beneficiado a 10 millones de ciudadanos, con un coste de unos 10.000 millones de libras egipcias. Se ha puesto en marcha un plan de sensibilización para racionalizar el consumo y educar a los ciudadanos sobre la importancia de racionalizar el uso y minimizar la pérdida de agua potable en todos los ámbitos a fin de preservar este recurso vital.
Medidas del Estado para proporcionar servicios de saneamiento
103.El programa de acción del Gobierno pretende alcanzar una cobertura de saneamiento del 100 % en las zonas urbanas para 2022 y del 60 % en las zonas rurales para finales de año. La cobertura actual de saneamiento en las ciudades es del 96 %, frente al 79,2 % en 2014; en el medio rural es del 38 %, frente al 12 % en 2014. El coste previsto para alcanzar un servicio de saneamiento que cubra el 100 % de todas las zonas rurales del país asciende a 300.000 millones de libras egipcias. Los últimos proyectos de saneamiento han beneficiado a 16 millones de ciudadanos, con un coste total de 15.000 millones de libras egipcias. El Gobierno ha ampliado la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales en siete provincias del Alto Egipto, con un coste de 9.000 millones de libras egipcias, que se suman a otras plantas que se han puesto en marcha en otras provincias. Se han beneficiado 8,3 millones de ciudadanos. Las depuradoras se implantan con la mayor eficiencia posible para que no supongan ningún problema para el medio ambiente. Se utilizan diferentes tecnologías para que los servicios de saneamiento lleguen a las zonas rurales. Ahora todas las estaciones se construyen siguiendo especificaciones uniformes y cuentan con laboratorios centralizados para garantizar la calidad del servicio prestado.
Artículos 13 y 14Derecho a la educación
104.La Constitución dispone que la educación es un derecho de todos los egipcios. La educación tiene como objetivo desarrollar la personalidad del ciudadano egipcio, preservar la identidad nacional, inculcar el método científico, promover el talento, alentar la innovación, infundir los valores culturales y espirituales, y arraigar los conceptos de ciudadanía, tolerancia y no discriminación. El Estado deberá proporcionar gratuitamente la educación obligatoria para todos los ciudadanos sin discriminación y deberá desarrollar la educación universitaria y garantizar su gratuidad en las universidades e institutos estatales. También obliga al Estado a destinar a la enseñanza preuniversitaria y universitaria y a la investigación científica un porcentaje del gasto público no inferior al 7 % del producto nacional bruto (arts. 19 a 23) repartido de la siguiente forma: el 4 % para la enseñanza preuniversitaria, el 2 % para la universitaria y el 1 % para la investigación científica.
105.Se ha puesto en marcha también el Plan Estratégico para el Desarrollo de la Educación Preuniversitaria 2014-2030. En 2018 arrancó el Proyecto Nacional de Educación. El plan estratégico se basa en un conjunto de políticas públicas, entre ellas dar las mismas oportunidades para que toda la población en edad de escolarización pueda matricularse, fijando como objetivo principal las zonas pobres. También contempla la mejora de la calidad del servicio educativo, proporcionando planes de estudio desarrollados conforme a las normas internacionales y profesores cualificados capaces de seguir los modelos modernos de educación, así como el refuerzo de la estructura institucional mediante la descentralización, para garantizar la buena gobernanza. La estrategia se basa en un conjunto de programas principales y subprogramas, entre los que destacan el programa de tecnologías de la información, el programa de nutrición escolar y el programa de reforma integral de los planes de estudio.
Inclusión de las personas con discapacidad en la educación
106.Los niños con discapacidad matriculados en jardines de infancia para niños con discapacidad e instituciones de protección fueron 139.169 durante el período comprendido entre 2019 y 2023. El número de alumnos matriculados en todas las escuelas de los distintos ciclos educativos durante el curso 2023/24 fue de 159.825 alumnos, que se beneficiaron de los servicios proporcionados a los alumnos del sistema de integración educativa, frente a los 3.697 alumnos del curso 2012/13 y los 37.519 alumnos del curso 2017/18.
Esfuerzos estatales para promover el acceso al derecho a la educación preuniversitaria
107.El desarrollo de la educación preuniversitaria se basa en el tránsito del alumno desde la enseñanza al aprendizaje, la práctica activa y la comprensión. En este contexto, el número total de aulas nuevas es de 72.230, un número que incluye 20.400 aulas nuevas en los pueblos más necesitados y los incluidos en el programa “Una vida digna”. Además, 629.700 profesores de primaria han recibido formación sobre el nuevo sistema educativo.
Formación técnica
108.La formación técnica en Egipto atrae a más de la mitad de los alumnos matriculados en la enseñanza secundaria pública. El número de alumnos matriculados en este sistema representa alrededor del 55 %, frente al 45 % de los alumnos matriculados en la enseñanza secundaria general. Egipto ha empezado a aplicar la Estrategia Global para el Desarrollo de la Formación Técnica adaptando los programas de estudio a las necesidades del mercado laboral, adaptando los planes de estudio de 48 profesiones al sistema basado en las competencias en 150 escuelas técnicas, a las que asisten 55.000 estudiantes, y garantizando la calidad de los programas de formación técnica y su acreditación por un organismo independiente.
109.El Gobierno está tratando de aplicar el sistema de educación dual, que es uno de los métodos más importantes de la formación técnica y se basa en una metodología en la que el aprendizaje se desarrolla en el lugar de trabajo mediante la participación del sector empresarial privado, que son los verdaderos interesados, con el Gobierno, representado por el Ministerio de Educación, en la formación que los estudiantes reciben durante cuatro días en la fábrica, empresa o granja. El sistema de educación y formación dual se ampliará anualmente y aumentará el número de estudiantes y de escuelas dentro de las fábricas. Esto se aplica en 58 escuelas de formación profesional, que cuentan con 54.222 estudiantes. Dentro de las escuelas de educación dual figuran 22 escuelas independientes, junto con 59 escuelas dentro de fábricas y 231 escuelas adscritas a las escuelas de formación técnica. En total, hay 312 escuelas de educación dual.
Alfabetización y escuelas comunitarias
110.La Constitución estipula la obligación del Estado de desarrollar un plan integral para erradicar el analfabetismo alfabético y digital entre los ciudadanos de todas las edades. Entre 2014 y 2021, 3,3 millones de ciudadanos fueron alfabetizados y se emitieron 63.600 certificados de alfabetización. Los esfuerzos del Estado condujeron a que la tasa de analfabetismo para el grupo de edad de mayores de 10 años se redujera al 16,1 % en 2023, tras haber sido del 25,9 % en 2013. Esto es resultado de los diversos esfuerzos realizados por las autoridades competentes, así como de las iniciativas realizadas por las universidades en la lucha contra el analfabetismo, entre las que cabe destacar el gran éxito logrado por 22 universidades, que consiguieron alfabetizar a 302.607 ciudadanos. El Gobierno quiere alfabetizar a 160.000 personas en los pueblos en los que se aplica la iniciativa “Una vida digna”.
111.Con el fin de proporcionar educación a las zonas más necesitadas, se ha ampliado el desarrollo de escuelas comunitarias en estas zonas, para lo cual se han creado 200 nuevas escuelas, con lo que el número total de escuelas asciende a 4.943, que acogen a 139.772 niños y niñas. También se han creado cinco escuelas de tecnología aplicada en los campos de la industria alimentaria, la industria farmacéutica, la industria de la madera y el mueble, la industria de materiales de construcción y las industrias mecánica y eléctrica.
Gasto público en educación y número de escuelas
112.Las asignaciones del gasto público en el sector de la educación preuniversitaria aumentaron de 208.200 millones de libras egipcias en el año lectivo 2017/18 a 565.000 millones en los presupuestos del ejercicio fiscal 2024/25. El número de escuelas aumentó de 49.400 escuelas en 2013/14 a 61.300 en 2023/24. El número de aulas de educación preuniversitaria pasó de 466.600 aulas en 2013/14 a 556.888 en 2023/24. El número de estudiantes aumentó de 18,6 millones en 2013/14 a 28 millones en 2022/23. El de profesores aumentó de 942.800 en 2013/14 a 958.800 en 2022/23, lo que supone un incremento del 1,7 %. A fin de paliar la escasez de profesores, el Estado ha asignado recursos para contratar a 30.000 docentes al año.
113.En los últimos años, el Estado egipcio se ha volcado en apoyar a los profesores, mejorar sus condiciones materiales y de vida, aumentar su eficiencia y formarlos en las últimas técnicas educativas para que puedan desempeñar mejor sus funciones. En 2022 se formó a 315.000 profesores. El coste anual de las prestaciones para el personal docente ascendió a 1.800 millones de libras egipcias, que beneficiaron a 1,4 millones de profesores. En cooperación con varias instituciones internacionales, 80.000 profesores de educación general y técnica fueron seleccionados y formados en los más modernos métodos de enseñanza.
Educación universitaria
114.El sistema de enseñanza universitaria en Egipto consta de 28 universidades públicas, 35 universidades privadas, 20 colegios universitarios, 10 universidades tecnológicas, 7 filiales de universidades extranjeras, 176 institutos superiores públicos y privados, 11 centros de investigación, 125 hospitales universitarios, cerca de 3,5 millones de estudiantes, 150.000 estudiantes internacionales, 122.000 profesores, 220.000 estudiantes de posgrado, 321.000 miembros del cuerpo docente, ayudantes y médicos residentes, y 13.505 investigadores y ayudantes.
115.El Estado lanzó en marzo de 2023 la Estrategia Nacional de Educación Superior e Investigación Científica al objeto de desarrollar el sistema educativo y de investigación, crear un entorno favorable a la inversión, apoyar la diversificación de las instituciones de educación universitaria y vincular la investigación científica a las necesidades y prioridades del Plan Estatal para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La estrategia de educación superior se centra en cualificar a los graduados y dotarles de las competencias necesarias para el mercado laboral, en línea con los esfuerzos del país por lograr el desarrollo sostenible y reducir el desempleo. Los cambios tecnológicos han provocado la aparición de nuevos empleos que requieren competencias no tradicionales. En este contexto, el Ministerio ha tomado medidas serias para construir un sistema de formación y cualificación que incluye la creación de centros de desarrollo profesional, plataformas digitales para gestionar los servicios profesionales y programas de formación para aumentar las competencias de los estudiantes y los graduados. También proporcionará servicios de orientación profesional a millones de estudiantes mediante la creación de 46 centros en 34 universidades para 2026.
116.El Banco del Conocimiento de Egipto opera como uno de los mayores bancos de conocimiento a nivel mundial, ya que incluye recursos culturales, de conocimiento y de investigación para apoyar la educación y la investigación científica y beneficia a 5 millones de personas. Ha recibido elogios por su papel en la mejora de la clasificación de las universidades egipcias y las instituciones de investigación a nivel mundial, toda vez que 15 universidades fueron incluidas en los QS World University Rankings en 2024. El número de universidades de países árabes en los QS World University Rankings aumentó a 36 en 2024, frente a las 15 universidades de 2016. Los Times Higher Education Rankings de 2024 recogieron un aumento en el número de universidades tras la inclusión de 46 centros en 2024. El número de universidades en la clasificación US News de 2023 se situó en 19, mientras que el número de universidades en la clasificación de Shanghái de 2023 se situó en 8, frente a las 5 universidades de 2016. El número de universidades en la clasificación de Leiden de 2023 se situó en 13, lo que indica que varias universidades egipcias se situaron entre las 50 mejores universidades a nivel mundial en las especialidades de agricultura, veterinaria y energía. El ministro también indicó que la experiencia del Banco del Conocimiento de Egipto fue evaluada en la conferencia “Semana del Aprendizaje Digital 2024” de París, donde fue reconocido por la UNESCO y el UNICEF como un faro para la innovación educativa.
Artículo 15Derechos culturales
Marco constitucional de los derechos culturales
117.La Constitución afirma la obligación del Estado de preservar la identidad cultural egipcia con sus diversos componentes de civilización, y dispone que la cultura es un derecho de todos los ciudadanos que el Estado garantiza y se compromete a apoyar, además de poner a disposición de los diferentes colectivos de personas, sin discriminación, materiales culturales de todo tipo. También dispone que el Estado deberá proteger y preservar las antigüedades, cuidar las áreas donde se encuentran, mantenerlas y restaurarlas, y que el patrimonio de Egipto, histórico y cultural, material e inmaterial, en toda su diversidad y grandes etapas —Egipto antiguo, copto e islámico— es un patrimonio nacional y de la humanidad, que el país está obligado a preservar y a mantener (arts. 47 a 50). También vela por que se desarrollen las capacidades culturales de la juventud y los adolescentes y por que se tengan en cuenta los patrones culturales y ambientales de la comunidad local en la formulación y aplicación de planes integrales de desarrollo económico y urbanístico para las zonas fronterizas y desfavorecidas (arts. 82 y 236 de la Constitución). El Ministerio de Cultura tiene un presupuesto anual de unos 3.541 millones de libras egipcias.
118.La Estrategia Nacional de Derechos Humanos incluye los derechos culturales entre sus ejes estratégicos. Los resultados previstos en materia de derechos culturales comprenden la distribución equilibrada de los servicios culturales por todo el país, especialmente en las zonas remotas y fronterizas y en las más necesitadas; el fomento de las industrias culturales y el refuerzo de los mecanismos de financiación; más apoyo a los palacios de la cultura para que puedan desempeñar sus funciones; y un mayor apoyo a la actividad cultural civil, de forma que se promueva la preservación de la identidad cultural, entre otros aspectos.
119.El programa de acción del Gobierno para 2018-2022 también tiene como objetivo el programa “Activación del papel de las instituciones culturales”. Este programa está diseñado a partir de una serie de subprogramas y actividades que incluyen la promoción de valores positivos en la sociedad, el desarrollo de las instituciones culturales, la justicia cultural y la protección y promoción del patrimonio cultural, con un coste total de 5.560 millones de libras egipcias.
120.En el ámbito de la promoción de valores positivos en la sociedad, se han llevado a cabo 85.000 actividades culturales que han beneficiado directamente a 2.526.000 ciudadanos; incluyen 743 representaciones teatrales, 8.284 seminarios y salones culturales y 952 conciertos en la Ópera de Egipto, de los cuales 168 se celebraron de manera virtual durante el primer semestre de 2020 a causa de la pandemia por coronavirus. Más de 382.000 ciudadanos presenciaron estas representaciones. Hasta junio de 2020, se reemplazaron y desarrollaron varias instituciones culturales, con un coste total de 1.280 millones de libras egipcias, y se ejecutaron 549 proyectos. Las instituciones culturales incluyen 18 sitios culturales en 11 provincias, entre ellos palacios culturales, casas de la cultura, bibliotecas públicas y teatros.
121.En el ámbito de la disponibilidad digital de recursos y materiales culturales, se ha creado una plataforma en línea para ofrecer contenido cultural accesible digitalmente. Se han puesto a disposición de los usuarios unos 5.000 libros en árabe traducidos a varios idiomas, 100 manuscritos históricos, películas documentales y cinematográficas, obras de teatro, programas artísticos y culturales, mapas raros, materiales microfilmados y catálogos de las principales bibliotecas.
122.En el campo de la promoción de la identidad cultural, la concienciación y el disfrute del patrimonio cultural, se han celebrado 740 talleres de educación y formación sobre oficios tradicionales, de los que se han beneficiado unos 5.622 ciudadanos. Se han organizado 7.129 representaciones artísticas para promover las artes tradicionales, de las que se han beneficiado unos 62.600 ciudadanos. En el marco del programa de empleo en el patrimonio se han organizado 262 salones y seminarios culturales y 382 exposiciones de arte y espectáculos, que han beneficiado a unos 354.000 ciudadanos. El Estado ha inscrito las marionetas de mano tradicionales “Aragoz” en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia de la UNESCO. Está preparando conjuntamente con varios países amigos la inscripción de “Conocimientos, saberes, tradiciones y prácticas asociados a la palmera datilera” en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.
123.En un contexto relacionado, se ha puesto en marcha la iniciativa “Oficios de Egipto” para formar a los jóvenes en los oficios tradicionales en zonas con un alto índice de desempleo. Entre 2018 y 2020 recibieron formación 730 personas en 13 provincias y se crearon 9 centros de artesanía en los palacios de la cultura donde se impartieron los cursos de formación.
124.Los programas culturales de los canales de televisión y radio de la Autoridad Nacional de los Medios de Comunicación, que son propiedad del Estado, cubren diversas actividades culturales y animan al público a aprovecharlas y participar en la vida cultural.
125.En el campo de la preservación y exhibición del patrimonio cultural de la humanidad, Egipto se enorgullece de su patrimonio humano mundial y trabaja para preservar y exhibir sitios del patrimonio mundial en su territorio. Egipto cuenta con siete sitios inscritos oficialmente en la Lista del Patrimonio Mundial, entre ellos la región de las pirámides, El Cairo islámico, la antigua ciudad de Tebas y sus tumbas en Luxor, los monumentos nubios desde Abu Simbel a Philae, la ciudad cristiana de Abu Mina, la región de Santa Catalina y, recientemente, el Valle de las Ballenas en el desierto occidental de Egipto. Los monasterios de Wadi al-Natrun están en proceso de ser incluidos en esta lista.
126.Egipto ha logrado inscribir siete expedientes en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia de la UNESCO: “Fiestas relacionadas con el Viaje de la Sagrada Familia en Egipto”, “La caligrafía árabe: conocimientos, competencias y prácticas”, “La epopeya Al-Sirah al-Hilaliyyah”, “El ‘tajtib’, (juego con bastones)”, “Marionetas de mano tradicionales Aragoz”, “Conocimientos, saberes, tradiciones y prácticas asociados a la palmera datilera” y “El tejido manual sa ’ eed en el Alto Egipto”.
127.Por lo que respecta a la legislación que garantiza la protección de la libertad de creación y la ejecución artísticas, se ha modificado la Ley de Protección de la Propiedad Intelectual mediante el establecimiento de un registro para inscribir actuaciones como obras, representaciones, grabaciones sonoras y programas de radio con el fin de mejorar la protección de este tipo de actividades. Los menores de 21 años de edad y las personas con discapacidad están exentos del pago de las tasas de inscripción.
128.En el ámbito de la educación profesional en las esferas de la cultura y las bellas artes, la Academia de las Artes es el organismo científico especializado en atender a las personas con talento en todas las disciplinas artísticas. Es el organismo responsable de la graduación de artistas especializados con títulos científicos y de la graduación de promociones de artistas que representan los componentes de las agrupaciones y las actividades artísticas. Desde 2019, la academia ha ampliado sus actividades mediante la apertura de sucursales en cuatro provincias: Alejandría, Asyut, Daqahliya y El Cairo. La academia incluye siete institutos superiores: artes escénicas, conservatorio, ballet, cine, música árabe, crítica de arte y artes populares. La academia incluye escuelas de educación primaria y secundaria preuniversitaria y acepta alumnos con talento a una edad temprana para que desarrollen sus capacidades artísticas.
129.Se han organizado más de 110.000 actividades en el marco de los esfuerzos por desarrollar a las personas con talento, que han incluido representaciones teatrales, cursos de formación, exposiciones y talleres y han beneficiado a 255.000 ciudadanos. En total se han concedido 144 premios para descubrir y apoyar a creadores: los premios Nilo, Excelencia, Reconocimiento y Estímulo. Se han otorgado 105 premios en los campos de las artes, la literatura, las ciencias sociales, la economía y el derecho, además de 716 becas para apoyar a artistas y escritores. Se han traducido 492 libros al árabe, además de imprimirse y publicarse 2.685 libros en el marco del programa de la industria del libro.
130.En el ámbito de la justicia cultural, entre 2019 y 2024 se organizaron 1.554 caravanas culturales, que beneficiaron a 649.943 personas y cuyo objetivo era proporcionar apoyo cultural y comunitario a las familias egipcias en áreas remotas, provincias fronterizas, pueblos en la región occidental y central del Delta y pueblos en la provincia de Minya. El Ministerio de Cultura ha reactivado la actividad de los ritos de Siwa y ha introducido los ritos de Nubia, una actividad permanente que pretende registrar y documentar las costumbres, tradiciones y patrimonio de Asuán, Nubia y Siwa a través de pinturas figurativas. Entre 2019 y 2024, el número de clubes infantiles para desarrollar talentos alcanzó los 32.631, que beneficiaron a 397.096 niños.
Libertad de investigación científica y creación
131.El Estado garantiza la libertad de investigación científica, fomenta sus instituciones y se compromete a ayudar a los investigadores, inventores e innovadores, a proteger sus innovaciones y a trabajar para aplicarlas (art. 66). No se incoarán acciones para suspender o confiscar obras artísticas, literarias o intelectuales. La fiscalía no tomará medidas legales contra los creadores. No se dictarán sentencias de privación de libertad por delitos cometidos por hacer pública la identidad del autor de una obra artística, literaria o intelectual. También se compromete a garantizar la protección de todo tipo de derechos de propiedad intelectual en cualquier ámbito (art. 67). El Gobierno egipcio ha promulgado varias leyes de apoyo a la investigación científica, entre ellas la Ley del Fondo de Asistencia para Innovadores y Superdotados, la Ley de la Autoridad de Financiación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y la Ley de Incentivos a la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Egipto ha puesto en marcha la Estrategia Nacional de la Propiedad Intelectual 2021-2025 para reforzar la protección de los derechos de propiedad intelectual y apoyar la innovación.
132.En 2019, el Gobierno lanzó la Estrategia de Educación Superior e Investigación Científica 2030, en línea con la Visión de Egipto 2030, y la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, cuya visión es construir “una sociedad científica basada en la creación y el desarrollo con generaciones en constante aprendizaje que produzcan conocimiento y lo utilicen para aportar soluciones científicas prácticas a los problemas de la sociedad”.
133.En 2015, el Gobierno también puso en marcha el Programa Nacional de Incubadoras Tecnológicas “Arranque”, el mayor paraguas para la creación y gestión de incubadoras tecnológicas en el ámbito del emprendimiento y la innovación. La primera fase del programa incluyó la creación de 19 incubadoras tecnológicas en todo el país y la incubación de 93 empresas emergentes. El Banco Egipcio de Innovación se creó en 2018 como la mayor plataforma gubernamental para la innovación en Egipto y la región a través de la cual los retos tecnológicos actuales pueden transformarse en oportunidades de inversión utilizando soluciones e ideas innovadoras.
134.La clasificación de Egipto en diversos índices mundiales de conocimiento e innovación ha mejorado. En 2019/20 el país ocupó el puesto 96 en el Global Innovation Index; en 2020, el puesto 53 en el Subíndice de Innovación y Desarrollo; en 2018/19, subió 2 puestos hasta ocupar el puesto 32 a nivel mundial en cuanto a publicación científica de revistas indexadas. En 2019, su clasificación en el Global Knowledge Index subió 17 puestos, del 99 al 82, de un total de 136 países.
135.Entre 2018 y 2020 se destinaron 42.790 millones de libras egipcias a la investigación y el desarrollo del sistema de investigación científica, además de 79.300 millones para el sistema de educación superior. El número de trabajos de investigación internacionales publicados aumentó a 25.500, y el número de patentes alcanzó las 750, 175 de ellas egipcias. También se ha puesto en marcha un programa para jóvenes investigadores e innovadores, con un coste de 100 millones de libras egipcias. Como resultado, el número de solicitudes de patentes aumentó de 490 en 2009 a 997 en 2018.
Protección efectiva de los intereses morales y materiales de los creadores
136.La Constitución garantiza la protección de los derechos de propiedad intelectual de todo tipo y en todos los ámbitos, y obliga al Estado a crear un organismo especializado que asista y proteja jurídicamente estos derechos (art. 69). A nivel legislativo, se ha promulgado una modificación de la Ley de Protección de la Propiedad Intelectual que incluye la protección de los derechos de los titulares de prácticas intelectuales creativas, la protección de su producción literaria, artística o industrial y les permite explotarla y beneficiarse de ella a fin de incentivar la creación. Dicha modificación ha permitido proteger distintas variedades de productos agrícolas, fomentando así la investigación práctica de nuevas secuencias genéticas. Esta ley también garantiza el acceso al poder judicial y proporciona numerosas medidas efectivas en caso de violación de cualquiera de los derechos de propiedad intelectual.
137.En septiembre de 2022, el Gobierno puso en marcha la Estrategia Nacional de la Propiedad Intelectual para fomentar y facilitar la creación, el desarrollo, la gestión y la protección eficaces de la propiedad intelectual a nivel nacional. En el marco de los esfuerzos del Gobierno por reforzar los mecanismos de protección de los derechos de propiedad intelectual, el Ministerio de Justicia egipcio, en colaboración con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), publicó en la plataforma en línea de la OMPI 16 resoluciones judiciales dictadas por tribunales egipcios en litigios sobre propiedad intelectual. De esta forma, Egipto es el primer país árabe que publica sus sentencias judiciales en el sitio web de la OMPI, como parte de una lista de 25 países que publican sus sentencias en esta plataforma. Se incluyen sentencias judiciales egipcias dictadas por los tribunales económicos y el Tribunal de Casación en litigios sobre propiedad intelectual relacionados con derechos de autor, patentes y marcas comerciales.
Protección del derecho a la ciencia
138.Para proteger el derecho de las personas a la ciencia y sus frutos y equilibrar este derecho con las normas de protección de los derechos de propiedad intelectual, la Ley de Protección de la Propiedad Intelectual permite la concesión de licencias obligatorias para explotar invenciones en beneficio público no comercial o en casos de emergencia o extrema necesidad, o cuando las existencias de medicamentos protegidos por la patente sean insuficientes para las necesidades del país, la calidad de los medicamentos disminuya, se produzcan aumentos inusuales de precios, o si la invención guarda relación con un fármaco utilizado para tratar enfermedades crónicas o incurables, previo cumplimiento de varias garantías, la más importante de las cuales es la determinación de los derechos financieros del titular de la patente y la aprobación de un comité ministerial creado por resolución del Presidente del Consejo de Ministros.
Sección II: Respuesta a las observaciones finalesanteriores
Con respecto a las salvaguardias existentes para que el Consejo Nacional de Derechos Humanos pueda mantener el plenocumplimiento de los Principios de París
139.La Constitución egipcia de 2014 consagra la independencia del Consejo Nacional de Derechos Humanos, la independencia e imparcialidad de sus miembros, su derecho a denunciar ante las autoridades públicas cualquier violación relacionada con su ámbito de trabajo, y garantiza su independencia técnica, financiera y administrativa. La Constitución exige que se tenga en cuenta la opinión del Consejo en los proyectos de ley relacionados con él o con su ámbito de trabajo (art. 214). El Consejo Nacional de Derechos Humanos tiene derecho a informar al ministerio fiscal de cualquier violación o infracción de los derechos y libertades públicos garantizados por la Constitución y la ley, y puede intervenir en procedimientos civiles uniéndose a la parte perjudicada. La ley de 2017 por la que se establece el Consejo y sus enmiendas definen su mandato y sus funciones y establecen su independencia del Gobierno. Conforme a las modificaciones jurídicas, el Consejo tiene un presupuesto independiente y la Cámara de Representantes selecciona a los miembros del Consejo teniendo en cuenta las candidaturas a los consejos nacionales, el Consejo Superior de Universidades, el Consejo Superior de Cultura, los sindicatos y otros órganos. El Consejo tiene derecho a recibir quejas, emitir informes, difundir la cultura de los derechos humanos, hacer recomendaciones al Gobierno y al poder legislativo, coordinar y consultar con el Estado y expresar opiniones sobre proyectos de ley, así como visitar las prisiones y los centros de detención.
140.El Presidente del Consejo, el Vicepresidente y los demás miembros no deberán formar parte del poder ejecutivo ni del poder legislativo, ni de los órganos e instituciones judiciales. La Cámara de Representantes elige al Presidente, al Vicepresidente y a sus miembros. En el Consejo actual hay un 44,5 % de mujeres y lo preside por primera vez una mujer. De sus miembros, 50 proceden de organizaciones de la sociedad civil. El Consejo mantiene consultas periódicas con las cámaras baja y alta del Parlamento. El Consejo tiene la clasificación A de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos.
141.Las asignaciones financieras del Estado al Consejo en los últimos cinco años han ascendido a unos 260 millones de libras egipcias. El Estado también ha proporcionado una sede adecuada al Consejo, con 11 sucursales en las provincias, lo que le permite comunicarse fácilmente con los ciudadanos y recibir sus quejas. El Consejo incluye una serie de comités: el Comité de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Culturales, el Comité de Relaciones Internacionales, el Comité de Derechos Sociales, el Comité de Derechos Económicos, el Comité de Derechos Legislativos, el Comité de Quejas, Supervisión y Seguimiento, el Comité de Formación y Capacitación, el Comité de Difusión de la Cultura de los Derechos Humanos y el Comité de Justicia Climática y Desarrollo Sostenible. El número de miembros de la secretaría técnica del Consejo es de aproximadamente 140, muchos de los cuales cuentan con títulos superiores sobre disposiciones de derecho internacional y formación especializada en mecanismos de supervisión, control y protección, en cooperación con varios organismos especializados de las Naciones Unidas, entre ellos la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Con respecto a la observación del Comité sobre el aumentode la proporción del presupuesto destinada a sectoresdirectamente relacionados con los derechos consagradosen el Pacto
142.Cabe señalar que el Gobierno egipcio gastó 10 billones de libras egipcias en el desarrollo de infraestructuras durante los siete años previos a la elaboración de este informe. Los presupuestos generales del Estado registran aumentos anuales de las asignaciones de recursos para cumplir los porcentajes establecidos por la Constitución respecto del derecho a la salud, la educación y la investigación científica, además de las asignaciones de gasto público dirigidas a la vivienda y a diversos programas de protección social. Cabe mencionar que el importe total gastado hasta mediados de 2024 en aplicar la iniciativa del proyecto nacional de desarrollo de los pueblos rurales de Egipto “Una vida digna” es de 400.000 millones de libras egipcias.
143.Los presupuestos generales del Estado reflejan el compromiso con hacer efectivo el derecho a la salud mediante el incremento de la asignación del gasto público en salud. La asignación del gasto público en salud durante el ejercicio fiscal 2024/25 se incrementó hasta los 496.000 millones de libras egipcias, lo que supone un aumento de 465.000 millones de libras egipcias con respecto al ejercicio fiscal 2013/14.
144.Las asignaciones del gasto público en el sector de la educación preuniversitaria aumentaron, pasando de 208.200 millones de libras egipcias en el curso 2017/18 a 565.000 millones en los presupuestos del ejercicio fiscal 2024/25. Para la educación superior y universitaria se destinaron 293.000 millones de libras egipcias, mientras que a la investigación científica se destinaron 140.100 millones.
145.Las asignaciones salariales se incrementaron hasta los 575.000 millones de libras egipcias, frente a los 494.000 millones de los resultados previstos para el ejercicio fiscal 2023/24, para dar cabida al último paquete previsto para los trabajadores públicos. Las asignaciones de gasto público en protección social aumentaron de 327.700 millones de libras egipcias durante el ejercicio fiscal 2019/20 a 635.900 millones en el presupuesto del ejercicio fiscal 2024/25, lo que supone un aumento del 94 %. Los programas de protección social incluyen subsidios alimentarios, seguros sociales y de salud, viviendas sociales y los programas de transferencia de efectivo Takaful y Karama. Además, se han concedido 1.500 millones de libras egipcias en incentivos en efectivo para las pequeñas empresas y las microempresas.
Con respecto a garantizar la participación de las partes interesadasen la elaboración del presupuesto
146.Por lo que respecta al proceso de elaboración del presupuesto de forma que permita a las partes interesadas, incluida la sociedad civil, realizar aportaciones sustanciales, los procesos de formulación y ejecución del presupuesto general en Egipto están sujetos a las disposiciones de la Constitución y las leyes presupuestarias. La Constitución define el papel del Parlamento en la revisión y aprobación del presupuesto. La Constitución exige que se establezcan unas asignaciones mínimas para los sectores de la salud, la educación, las universidades y la investigación científica. Además, impone la necesidad de aumentar gradualmente estas asignaciones para cumplir las normas internacionales. El proceso de elaboración del presupuesto general del Estado pasa por cuatro etapas: redacción (formulación), debate (aprobación), ejecución (gasto) y revisión (examen y auditoría).
147.Los ministerios de Planificación y Desarrollo Económico y de Cooperación Internacional publican el “Plan del ciudadano”, que incluye información detallada sobre las inversiones dirigidas por el Estado a las 27 provincias, su distribución entre los distintos sectores, los proyectos más destacados que se están ejecutando en cada sector y los indicadores económicos y sociales más importantes de cada provincia. Esto ayuda a los ciudadanos a hacer un seguimiento de estos proyectos en su provincia, ciudad o pueblo, lo que a su vez contribuye a integrar a los ciudadanos en los sistemas de planificación y seguimiento. El plan del ciudadano correspondiente a los cinco años anteriores (2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 y 2023/24) se ha puesto a disposición de los ciudadanos en la página web oficial de los ministerios y, debido a su importancia para difundir entre los ciudadanos las prioridades y orientaciones de los planes anuales de desarrollo sostenible, se ha incluido recientemente en la plataforma de acciones de aceleración de los ODS del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA).
148.Para acercar el presupuesto del Estado a los ciudadanos, el Ministerio de Hacienda publica varios informes y documentos, entre ellos el folleto “Presupuesto del ciudadano”, que desde el ejercicio 2014/15 se publica en septiembre de cada año para ayudar a los ciudadanos y a las partes interesadas a entender el presupuesto. El Ministerio de Hacienda ha puesto en marcha una plataforma en línea (www.budget.gov.eg) a través de la cual los ciudadanos pueden participar en el proceso de elaboración y ejecución del presupuesto enviando preguntas, comentarios y sugerencias.
149.La aplicación móvil “Participa 2030” es la primera aplicación electrónica interactiva que pone en marcha el Ministerio de Planificación y Desarrollo Económico. Lanzada en 2019, sirve de enlace con los ciudadanos para dar a conocer los programas y proyectos de desarrollo y sus indicadores de rendimiento, además de ofrecerles la oportunidad de participar en la propuesta de proyectos e iniciativas para mejorar los mecanismos de comunicación y la participación de la comunidad. La aplicación se desarrolló en respuesta a las sugerencias de desarrollo presentadas por los usuarios y al objeto de maximizar las oportunidades de interacción con los ciudadanos. Debido a su papel en el fomento de la participación de la comunidad, la aplicación ha sido incluida en la plataforma de acciones de aceleración de los ODS del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA). Estos avances en términos de divulgación financiera y participación han contribuido a una mejor clasificación de Egipto en el índice de presupuesto abierto. La puntuación de Egipto aumentó de 16 puntos en 2015 a 41 y 43 en 2017 y 2019, respectivamente, lo que confirma la mejora del desempeño de Egipto, especialmente en términos de transparencia y publicación de datos e información sobre el presupuesto general del Estado.
150.La iniciativa del Diálogo Nacional, convocada por el Presidente de la República, inició su labor en mayo de 2023. Contó con una amplia participación de diversos segmentos de la sociedad, partidos políticos, representantes de la sociedad civil y sindicatos. Se celebraron 44 sesiones durante la primera fase, que duró tres meses. En agosto de 2024 se reanudaron las sesiones del Diálogo Nacional y se dieron a conocer los resultados y recomendaciones resultantes de los debates, con un total de más de 96.000 propuestas en los ejes político, económico, social y cultural. Terminada la primera fase del Diálogo Nacional en agosto de 2023, las recomendaciones fueron presentadas al Presidente de la República, quien a su vez las remitió a las autoridades pertinentes del Estado para que las evaluaran y tomaran las decisiones oportunas con respecto a cuanto pudiera ejecutarse. El Presidente del Gobierno anunció la elaboración de un plan ejecutivo para aplicar las recomendaciones del Diálogo Nacional para beneficiarse de los resultados acordados a fin de que los ministerios desarrollasen procedimientos y programas de trabajo. Durante la primera fase se presentaron 133 medidas distribuidas en tres ejes, el primero de los cuales es el eje social, con un total de 161 medidas, seguido por el eje político, con 37 medidas, y el eje económico, con 35 medidas. El plan ejecutivo incluye los procedimientos propuestos, los órganos encargados de su aplicación, el calendario propuesto para la aplicación y los indicadores de seguimiento del desempeño en la aplicación. Las cuestiones de la educación, la salud, el empleo, el paro, la inflación, las prioridades del gasto público y los derechos de la familia se priorizaron en los ejes económico y social.
Con respecto a tener en cuenta las obligaciones dimanantesdel Pacto en todos los aspectos de las negociaciones con lasinstituciones financieras internacionales
151.Para garantizar que los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente los de los grupos más vulnerables, no se vean comprometidos, Egipto desea subrayar que el programa estatal de reforma económica se formuló con el apoyo de los socios internacionales y con la visión de abordar los retos del desarrollo. El programa de reforma económica se basó en tres pilares principales, entre ellos reforzar la red de protección social y proporcionar plena protección a los segmentos más pobres de la sociedad mediante una red de seguridad social más eficaz y mejor orientada para reducir la pobreza, mejorar las condiciones de vida, garantizar un crecimiento económico sostenible capaz de crear puestos de trabajo dignos, reducir las tasas de desempleo y mejorar la vida de los ciudadanos. Una observación sustantiva de los artículos del Pacto, en particular el artículo 9, muestra los esfuerzos del Estado en el ámbito de la protección social de los grupos sociales más desfavorecidos. Las reformas económicas aplicadas por el Estado egipcio desde 2016 tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, junto con el gran logro alcanzado con el aprovechamiento máximo de los activos estatales y el desarrollo de infraestructuras, han contribuido significativamente a hacer frente a los efectos de las repercusiones económicas de las crisis mundiales y a apoyar los esfuerzos para contener y mitigar sus consecuencias. Cabe añadir que las medidas de protección social adoptadas también han contribuido a proporcionar una cobertura segura a los grupos más afectados.
152.El proceso de elaboración de la Estrategia de País 2023-2027 entre la República Árabe de Egipto y el Banco Mundial se caracterizó por la transparencia y la participación efectiva de las distintas partes implicadas. Esto dio lugar a la elaboración de un marco estratégico directamente alineado con las prioridades y objetivos nacionales, en consonancia con la Estrategia de Desarrollo Sostenible Visión de Egipto 2030, los programas de acción gubernamental, y el Programa Nacional de Reforma Estructural, así como las estrategias nacionales sectoriales. Su objetivo es apoyar a Egipto en la construcción de vías para erradicar la pobreza, promover la prosperidad inclusiva para todos los segmentos de la sociedad, mejorar el nivel de vida de los más vulnerables y crear condiciones favorables para un desarrollo ecológico, inclusivo y resiliente.
Con respecto al aumento de los esfuerzos dirigidos a combatirla corrupción
153.En cuanto a “reforzar la legislación nacional a fin de combatir la corrupción y garantizar que se aplique efectivamente, asignando para ello suficientes recursos humanos, técnicos y financieros, y velar por que se impongan sanciones a los culpables de corrupción”, el Estado ha puesto en marcha la tercera fase de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción 2023-2030, en consonancia con las disposiciones del artículo 218 de la Constitución y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La estrategia incluye nueve objetivos principales: establecer un órgano administrativo eficaz; prestar servicios públicos de calidad; activar mecanismos de transparencia e integridad en los departamentos gubernamentales; desarrollar la estructura legislativa para apoyar la lucha contra la corrupción y actualizar los procedimientos judiciales para lograr una justicia inmediata; prestar apoyo a las fuerzas del orden para prevenir y luchar contra la corrupción; concienciar a las asociaciones locales sobre la importancia de prevenir y luchar contra la corrupción; hacer partícipes a la sociedad civil y al sector privado en la prevención de la corrupción; mejorar el nivel de desempeño del aparato gubernamental; y mejorar los servicios públicos.
154.En el marco del desarrollo legislativo, se ha modificado el Código de Procedimiento Penal para que el plazo de prescripción de las acciones penales por delitos de malversación de fondos públicos y soborno comience a contar a partir de la fecha de cese en el servicio o pérdida de la condición de funcionario, salvo que la investigación se inicie antes. Se ha promulgado la Ley de Conflictos de Intereses de los Funcionarios del Estado, que prohíbe y tipifica como delito que el interés de un funcionario entre en conflicto con el interés público del Estado y le obliga a renunciar a dicho interés o a abandonar el cargo o puesto público. El legislador ha encomendado la aplicación de esta ley y el cumplimiento de sus disposiciones a la Comisión de Prevención de la Corrupción creada en virtud de la ley. También se ha enmendado la Ley de Blanqueo de Capitales, que aborda las normas, métodos y lucha contra el blanqueo de capitales, al modificar los actos que constituyen un delito menos grave o un delito grave conforme a la ley modificada, tanto si se cometen dentro como fuera del país. Se ha promulgado una ley para regular los contratos celebrados por las entidades públicas, cuyas disposiciones son de aplicación a todas las entidades estatales incluidas en los presupuestos generales del Estado, con el fin de aplicar los principios de gobernanza, transparencia, equidad e igualdad de oportunidades y crear un clima de competencia para las empresas y las empresas pequeñas, medianas y microempresas. Se ha puesto en marcha el sitio web “Portal de contratación pública” para garantizar la gobernanza y la transparencia de todos los procesos de contratación del Estado.
155.Se ha incluido un capítulo en la Ley de la Función Pública y su reglamento ejecutivo sobre la regulación del comportamiento en el trabajo y la imposición de responsabilidades disciplinarias en caso de vulneración del interés público, además de las leyes que regulan los comités y órganos judiciales que castigan al autor de cualquier delito relacionado con la corrupción y garantizan la protección efectiva de los fondos públicos. Se ha enmendado la Ley del Organismo de Supervisión Administrativa para que pueda supervisar la aplicación de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción. Se ha modificado el Código Penal para penalizar el delito de soborno de un funcionario público extranjero o de un funcionario de una organización internacional pública.
156.En paralelo a las modificaciones legislativas se ha implantado el código de conducta de los empleados públicos, que ha sido publicado en los sitios web de los ministerios y las provincias. Se ha creado la Comisión Nacional para la Recuperación de Fondos, Bienes y Activos en el Extranjero. En 2016 se creó una comisión para recuperar terrenos propiedad del Estado que habían sido expropiados ilegalmente. A nivel institucional, el Comité Nacional y el Subcomité Nacional de Coordinación para la Prevención y la Lucha contra la Corrupción fueron creados por las resoluciones núm. 2890/2010 y núm. 1022/2014 del Primer Ministro. En su organigrama figuran representantes de ministerios y organismos relacionados con el seguimiento de la aplicación de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción y la aplicación de los convenios internacionales y regionales pertinentes.
157.Durante el período comprendido entre enero de 2020 y agosto de 2022, la fiscalía pública investigó 236 delitos de soborno, de los cuales remitió varios a los tribunales penales, que dictaron 23 condenas. Hay 41 causas aún pendientes en los tribunales. Igualmente, la fiscalía pública dispuso la imposición de sanciones administrativas y la apertura de juicios disciplinarios en 17 causas y sigue realizando investigaciones judiciales en relación con otras 54. Durante el mismo período, investigó 4.487 delitos de malversación de fondos públicos y dictó 277 sentencias condenatorias. Hay 408 causas aún sub iudice en los tribunales. Asimismo, la fiscalía pública decretó solo la imposición de sanciones administrativas y la celebración de juicios disciplinarios en 180 causas, y sigue realizando investigaciones judiciales en otras 1.200.
Con respecto a la eliminación de la discriminación en todoslos ámbitos de los derechos económicos, sociales y culturales
158.A este respecto, nos remitimos a la respuesta a esta observación (párrs. 21 a 25).
Con respecto a la observación del Comité sobre el fomentode la participación de la mujer en la fuerza de trabajoy la igualdad sustancial de las mujeres y los hombresen la participación en la vida política
159.Además de la observación presentada en este informe sobre el artículo 6 relativo al empleo de mujeres y niñas, cabe destacar los esfuerzos del Estado dirigidos al empoderamiento económico de las mujeres y su integración en el mercado laboral, entre ellos el lanzamiento en 2022 del “Plan Nacional para la Promoción de la Igualdad de Género en el Ámbito Laboral”. La tasa de desempleo femenino se redujo del 24,2 % en 2015 al 17,8 % en 2021. El ámbito del empoderamiento político de la mujer ha sido testigo de una mejora notable. La clasificación de Egipto en los indicadores internacionales pertinentes mejoró, ya que avanzó 47 puestos en el indicador del empoderamiento político de la mujer del Informe mundial sobre la brecha de género, alcanzando así su mejor puesto en diez años al ocupar el puesto 78 en 2022, frente al 125 en 2012. Egipto avanzó 65 puestos en el indicador de representación de las mujeres en el Parlamento al situarse en el puesto 63 en 2022, frente al 128 en 2012. Además, avanzó 29 puestos en el indicador de mujeres que ocupan carteras ministeriales al situarse en el puesto 66 en 2022, frente al 95 en 2012. En 2020, las mujeres obtuvieron en 165 escaños en la Cámara de Representantes, con un porcentaje del 27,7 %, y 15 escaños en comisiones específicas dentro de la Cámara, lo que supone uno de los porcentajes más altos de escaños en la historia de Egipto. Aunque la Ley del Senado asigna un mínimo del 10 % de los escaños a las mujeres, el Presidente de la República nombró a 20 mujeres para el Senado, de forma que el porcentaje de representación femenina en el Senado se situó en el 14 %.
160.Se ha nombrado a una jueza para el cargo de Vicepresidente del Alto Tribunal Constitucional. En 2023, el número de mujeres en los órganos judiciales fue de 3.541, mientras que el número de juezas en la judicatura fue de 166, con 100 juezas en el Consejo de Estado, frente a las 66 de 2017. A comienzos de 2024 se nombró por primera vez a una mujer para un cargo directivo en el Ministerio del Interior; actualmente ocupa el cargo de Viceministra de Interior para Derechos Humanos. El porcentaje de mujeres en el cuerpo diplomático alcanzó casi el 30 %. Las mujeres también siguieron teniendo una fuerte presencia en la formación del Gobierno. En la última formación del Gobierno de julio de 2024, las mujeres han ocupado 18 cargos entre diversas carteras ministeriales, viceministras, gobernadoras y vicegobernadoras. Mujeres presiden todos los consejos nacionales relacionados con los derechos humanos: el Consejo Nacional de Derechos Humanos, el Consejo Nacional de la Mujer, el Consejo Nacional para la Infancia y la Maternidad y el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad.
161.En cuanto al empoderamiento económico, los indicadores de la tasa de inclusión financiera de las mujeres han mejorado, tanto los de pequeños proyectos como los de microcréditos dirigidos a mujeres, así como el indicador de mujeres en puestos directivos. El Ministerio de Cooperación Internacional, en colaboración con el Consejo Nacional de la Mujer, el Foro Económico Mundial y el sector privado, puso en marcha en 2021 el plan de trabajo “Acelerador de las Acciones para la Eliminación de la Brecha de Género”. Egipto es el primer país de África y Oriente Medio que pone en marcha este plan. Se han creado 264 departamentos de igualdad de oportunidades a nivel de ministerios, provincias y jurisdicciones locales para concienciar a las mujeres trabajadoras sobre todos sus derechos y la importancia de que participen en el proceso de desarrollo.
Con respecto los progresos realizados respecto de la preparaciónde una política que favorezca a las mujeres y a los jóvenes y hagahacer frente al desempleo
162.La observación sustantiva del artículo 6 del Pacto responde a esta recomendación (párrs. 35 a 40).
Con respecto a la observación del Comité sobre la aplicacióndel salario mínimo
163.A este respecto, nos remitimos a la observación sobre el artículo 7 del presente informe (párrs. 48 a 50).
Con respecto a la adopción de medidas para que el derecho laboralse ajuste a las disposiciones del Pacto y se apliquen las leyes laboralesa los trabajadores del sector informal
164.El Gobierno ha presentado un nuevo proyecto de ley laboral y el Consejo para el Diálogo Social está llevando a cabo consultas para debatir el proyecto de ley con la participación de representantes de las tres partes implicadas: el Gobierno, los empresarios y los trabajadores, además de las instituciones relacionadas con cuestiones laborales y expertos de la Organización Internacional del Trabajo a fin de tener en cuenta las normas internacionales del trabajo. En cuanto al trabajo en la economía no estructurada, nos remitimos a la observación sobre el artículo 6 (párrs. 42 a 45).
Con respecto al derecho a formar sindicatos independientes
165.A este respecto, nos remitimos a la observación sobre el artículo 8 del presente informe (párrs. 58 a 61).
Con respecto a la adopción de medidas para desarrollaruna legislación nacional y definir una estrategia paragarantizar el acceso universal a la seguridad socialy a programas de ayuda social
166.A este respecto, nos remitimos a la observación sustantiva del artículo 9 del presente informe (párrs. 64 a 69).
Con respecto a la adopción de medidas legislativas y ejecutivas concretas para eliminar todas las formas de violencia contrala mujer y la imposición de sanciones penales a la prácticade la mutilación genital femenina
167.En cuanto a los esfuerzos para combatir la violencia contra la mujer, y además de las enmiendas introducidas en el Código Penal para endurecer las penas por delitos relacionados, en 2021 se emitió una resolución del Presidente del Consejo de Ministros para crear la primera unidad combinada para la protección frente a la violencia contra la mujer, con el objetivo de agilizar todos los procedimientos y prestar todos los servicios en una unidad integral. La resolución incluye una definición explícita de violencia contra la mujer que engloba cualquier acto, comportamiento u omisión que contravenga la Constitución y la ley y que resulte en daño o sufrimiento para la mujer, ya sea físico, material, moral, psicológico, social o económico, o una violación de los derechos y libertades legalmente garantizados, ya sea en la vida pública o en el ámbito privado.
168.El Comité Nacional para la Eliminación de la Mutilación Genital Femenina ha puesto en marcha el Plan Nacional para la Eliminación de la Mutilación Genital 2022-2026. El Comité consiguió establecer 108 millones de contactos repetidos de sensibilización con hombres y mujeres en el marco de las campañas “Protégela de la mutilación genital”. La mutilación genital experimentó un descenso real hasta situarse en el 14 % en 2021, frente al 21 % de 2014, en el grupo de edad de 0 a 19 años.
169.En el ámbito de la penalización de la mutilación genital femenina, se ha promulgado la Ley núm. 10/2021, que modifica el Código Penal y castiga con penas de prisión agravada de cinco a diez años a quienes practiquen la mutilación genital femenina. La ley endurece a 20 años la pena para los médicos o enfermeros que cometan este delito, les prohíbe ejercer la profesión durante un período no inferior a tres años tras el cumplimiento de la condena y clausura el centro donde se haya practicado la mutilación. La ley también castiga con penas de prisión a quien solicite que se mutile genitalmente a una mujer, así como a toda persona que defienda, promueva o fomente públicamente la comisión del delito de mutilación genital femenina.
170.Las autoridades de seguridad han intensificado las medidas para hacer frente a la violencia contra la mujer. Entre 2019 y 2023, el número de detenciones de personas que ejercieron violencia contra mujeres (acoso y agresión sexual) se situó en 1.241 casos. Se ha preparado el primer formulario nacional de remisión para denunciar casos de violencia contra la mujer, basado en el modelo internacional. Entre enero de 2020 y agosto de 2022, la fiscalía investigó 72 casos de mutilación genital femenina en los que se dictaron 18 condenas; algunos casos siguen siendo instruidos.
171.Se han creado más de 42 unidades contra el acoso y la violencia en las universidades, unidades de respuesta médica en hospitales universitarios, 1 unidad para combatir la violencia contra la mujer en el Ministerio de Justicia, departamentos en las direcciones del Ministerio del Interior, 10 unidades de “mujeres seguras” en hospitales universitarios para atender a mujeres víctimas de violencia, 3 clínicas de medicina forense para realizar exámenes médicos a mujeres víctimas de delitos de violencia y agresión sexual, y oficinas digitales para los departamentos de la familia en la fiscalía pública. También hay 9 centros de acogida para mujeres víctimas de violencia, destinados a tratar a las víctimas de violencia y de trata de personas. A través de las redes sociales, campañas de puerta a puerta y campañas de sensibilización en las escuelas, se han lanzado campañas de sensibilización sobre todas las formas de violencia contra la mujer, trata y explotación de personas, ciberviolencia y formas de denuncia y protección.
172.Con el fin de crear un entorno seguro para las mujeres, se ha adoptado el “Código del Sector del Transporte” para promover la movilidad segura de las mujeres, así como una carta ética para promover un entorno laboral seguro para las mujeres. Se han institucionalizado programas de formación para proveedores de servicios y las autoridades competentes, y se han publicado varios manuales, como el de médicos forenses (“Respuesta policial eficaz ante los delitos de violencia contra la mujer”), una guía médica para proveedores de servicios de salud, una guía para fiscales (“Respuesta judicial eficaz ante los delitos de violencia contra la mujer)”, una guía para la gestión de casos y el apoyo psicológico, una guía de normas y controles para jueces, una guía para la creación y activación de unidades contra la violencia contra las mujeres en las universidades, y una guía de orientación para las unidades de mujeres seguras en hospitales universitarios. El Gobierno está estudiando la propuesta del proyecto de ley contra la violencia doméstica para hacer frente a este fenómeno en sus diversas dimensiones, con vistas a someterlo al Parlamento. La propuesta aspira a endurecer las penas para los delitos de agresión en el ámbito familiar y añadir más protección en este contexto. La propuesta pretende endurecer las penas en los casos relacionados con la violencia surgida en el seno de la familia y definir otros delitos punibles, además de cubrir aspectos relacionados con el uso de penas alternativas en algunos delitos, la rehabilitación de delincuentes y víctimas, los servicios de orientación familiar, psicológica, social y de la salud, y la necesidad de sensibilizar a la opinión pública sobre los peligros de la violencia doméstica, así como ofrecer programas de formación y escolares dentro de los colegios.
Con respecto a la prohibición del trabajo infantil de conformidadcon los convenios de la Organización Internacional del Trabajo
173.A este respecto, nos remitimos a la respuesta al artículo 10, relativa al trabajo infantil (párrs. 75 a 77). En septiembre de 2024, el Consejo Nacional para la Infancia y la Maternidad, en cooperación con la Organización Internacional del Trabajo, lanzó el “Manual de procedimiento operativo para la lucha contra el trabajo infantil”, que es la herramienta de procedimiento para el sistema de vigilancia del trabajo infantil del Plan Nacional de Lucha contra las Peores Formas de Trabajo Infantil. También se han completado los formularios de gestión de casos de trabajo infantil, que irán seguidos de una serie de cursos de formación sobre el manual, según las prioridades de las provincias beneficiarias, para los trabajadores del sector del trabajo infantil, incluido el personal de las unidades de protección de la infancia, los inspectores de trabajo y los trabajadores especializados en la lucha contra el trabajo infantil de los Ministerios de Solidaridad Social, Educación, Interior y Justicia.
Con respecto a las observaciones del Comité sobre la seguridad alimentaria y la evaluación del impacto de la reducción de las subvenciones de alimentos
174.A este respecto, nos remitimos a la respuesta al artículo 11 (párrs. 80 a 83).
Con respecto a las observaciones del Comité sobre garantizarel acceso equitativo de todos al agua potable y a un saneamiento adecuado
175.A este respecto, nos remitimos a la observación sobre el artículo 11 del Pacto (párrs. 102 y 103).
Con respecto a las observaciones del Comité sobre la insuficiente inversión en viviendas asequibles y la adopción de medidas paraque la propiedad de viviendas quede registrada oficialmente
176.Con respecto a la provisión de inversión suficiente para proporcionar viviendas asequibles, nos remitimos a la respuesta al artículo 11 (párrs. 84 a 89). Egipto introdujo reformas legislativas mediante la Ley núm. 9/2022, que modifica la Ley núm. 114/1946, del Registro de la Propiedad. La nueva ley tiene por objeto facilitar y acortar los procedimientos, reducir los documentos necesarios a un mínimo exigible por cuestiones de seguridad, establecer plazos claros para la aprobación o denegación de solicitudes, lograr la protección y estabilidad de las propiedades inmobiliarias, reducir los litigios y poner fin a la crisis de reticencia de los ciudadanos. Las autoridades lanzaron campañas en los medios de comunicación para dar a conocer la nueva ley.
177.La Ley núm. 10/1990 regula la expropiación de bienes inmuebles por razones de utilidad pública. La expropiación de los bienes inmuebles por razones de utilidad pública y la indemnización se llevan a cabo de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Las obras de utilidad pública comprenden la construcción, ampliación, modificación o prolongación de carreteras, calles y plazas, la creación de nuevos barrios, los proyectos de agua, saneamiento, riego, drenaje, energía, transporte y comunicaciones, la planificación urbana y la mejora de las instalaciones públicas. La ley establece una garantía importante consistente en que el informe de utilidad pública se emite por resolución del Presidente de la República, acompañado de un memorando en el que se indica el proyecto que se va a ejecutar y un dibujo de la planificación y las obras necesarias para el proyecto y los bienes. La resolución de expropiación por razones de utilidad pública debe publicarse en el Boletín Oficial del Estado e irá acompañada de una indemnización a favor del propietario y del arrendatario por los perjuicios derivados de dicha expropiación. La valoración de la indemnización se realiza mediante una comisión que se forma en cada provincia, que cuenta con representantes de varios ministerios y órganos gubernamentales y en virtud de la cual el Ministro de Irrigación y Recursos Hídricos dicta una resolución. La indemnización se calcula en función de los precios vigentes en el momento en que se dicta la resolución de expropiación por razones de utilidad pública y se incrementa en un 20 % respecto del valor calculado. El órgano solicitante de la expropiación deposita la cantidad correspondiente a la indemnización en un plazo no superior a un mes a partir de la fecha en que se publique la resolución de expropiación de bienes. El propietario podrá aceptar recibir en especie toda la indemnización o parte de ella. Las partes interesadas podrán recurrir ante los tribunales de primera instancia la valoración de la indemnización. El Tribunal de Casación ha publicado un manual que recoge la Ley de Expropiación por Razones de Utilidad Pública, acompañada de sentencias del Tribunal de Casación de Egipto que incluyen todos los detalles sobre la aplicación de la ley.
178.El Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de Estado se ha pronunciado sobre la competencia de los tribunales administrativos para conocer de los litigios en materia de expropiación de bienes por razones de utilidad pública. Queda excluido de dicha competencia el recurso contra la valoración del importe de la indemnización debida por la expropiación, que es competencia de los tribunales de primera instancia de la jurisdicción ordinaria en cuya circunscripción se encuentre el bien expropiado. La Fiscalía Administrativa puede determinar las responsabilidades disciplinarias de los empleados de las comisiones administrativas que tramitan los procedimientos si se demuestra que incumplen los deberes de su cargo e infringen las disposiciones de la ley. El poder judicial egipcio está repleto de sentencias judiciales sobre litigios de expropiación de bienes por razones de utilidad pública.
Con respecto al gasto público en salud y el seguro médicouniversal
179.Cabe señalar que las asignaciones de gasto público en salud se han incrementado hasta los 496.000 millones de libras egipcias en el ejercicio fiscal 2024/25, un aumento de 465.000 millones de libras con respecto al presupuesto del ejercicio fiscal 2013/14, como ya se ha mencionado. Con respecto a los esfuerzos del Estado para proporcionar un seguro médico universal y servicios de salud, nos remitimos a la observación sobre el artículo 12 del Pacto, relativa al derecho a la salud (párrs. 90 a 101).
Con respecto a las observaciones del Comité sobre el gastopúblico en educación y la introducción de mejoras en el sistema educativo
180.A este respecto, nos remitimos a la respuesta en relación con los artículos 13 y 14 del Pacto (párrs. 104 a 113).
Con respecto al acceso a la educación en las zonas rurales,cabe añadir lo siguiente
181.Durante el año académico 2023/24, el número de escuelas en las zonas rurales del país creció hasta situarse en 12.360 escuelas, con 150.666 aulas y 7.726.967 alumnos, frente a las 10.931 escuelas, 129.927 aulas y 5.549.263 alumnos del año académico 2013/14. En la etapa preparatoria, el número de escuelas en las zonas rurales del país fue de 8.200, con 67.973 aulas y 3.308.424 alumnos durante el año académico 2022/23, frente a las 6.419 escuelas, 57.815 aulas y 2.338.337 alumnos del año académico 2013/14. En la etapa secundaria, el número de escuelas casi se duplicó en las zonas rurales, alcanzando las 1.638 escuelas, con 17.371 aulas y 728.207 alumnos durante el año académico 2023/24, frente a las 995 escuelas, 10.985 aulas y 400.015 alumnos del año académico 2013/14.
182.El Estado vela siempre por lograr un equilibrio en la disponibilidad de la educación entre las zonas rurales y urbanas, lo que queda patente en el número de escuelas, aulas y estudiantes de las diversas etapas educativas existentes en las zonas rurales y urbanas, distribuidas en función de la distribución geográfica de la población. En 2022, la población rural representaba el 56,9 % de la población total, frente al 43 % de la población urbana. Durante el curso 2023/24, el número total de escuelas de las diversas etapas educativas fue de 61.512 escuelas, de las cuales 35.024, que suponen el 56,9 % del número total, estaban en las zonas rurales, frente a las 26.488 escuelas de las zonas urbanas, que suponen el 43 %. Esta distribución es prácticamente idéntica a la distribución geográfica de la población y son tasas próximas a las del curso 2013/14, cuando el porcentaje de escuelas de las diversas etapas educativas en las zonas rurales alcanzó el 58,7 %, frente al 41,2 % de las escuelas de las zonas urbanas.
Con respecto a las observaciones del Comité sobre garantizarel pleno disfrute de los cultos religiosos y facilitar la construcciónde los lugares de culto
183.La Constitución garantiza la libertad de observar y practicar rituales religiosos y de establecer lugares de culto, que son una manifestación externa de la libertad de creencia. La Constitución garantiza el derecho de las personas a practicar, solas o acompañadas, rituales religiosos en los lugares de culto. El artículo 64 estipula que “la libertad de practicar rituales religiosos y de establecer lugares de culto para los fieles de las religiones reveladas es un derecho regulado por ley”. La Constitución considera este derecho como un derecho inherente a la personalidad del ciudadano y prohíbe que cualquier ley que regule el ejercicio de los derechos y libertades lo restrinja de forma que afecte a su origen y esencia. La Ley núm. 80/2016, de Regulación, Construcción y Restauración de Iglesias, se promulgó para regular la construcción y restauración de iglesias y afirma el derecho de los ciudadanos cristianos egipcios a construir y restaurar iglesias a fin de garantizar la libre práctica de los rituales religiosos. El número total de iglesias y edificios de servicios cuya situación se ha legalizado aumentó de 1.800 en diciembre de 2020 a 3.453 en octubre de 2024 en todo el país.
184.La Estrategia Nacional de Derechos Humanos enfatiza la libertad de religión y creencia y tiene por objeto lograr, durante el período 2021-2026, una serie de resultados tales como intensificar las campañas de sensibilización, especialmente entre los jóvenes, para promover la coexistencia, la tolerancia y la aceptación de los demás, rechazando la violencia y el odio; llevar a cabo actividades que creen conciencia social sobre cuestiones de libertad religiosa, rechazando la intolerancia y las ideas extremistas; fortalecer la coordinación entre las instituciones religiosas en la aplicación de planes para renovar el discurso religioso, difundir la tolerancia y el respeto de las religiones; seguir trabajando en la revisión de todos los planes de estudios religiosos para eliminar cualquier tema que no contribuya a promover la tolerancia; vigilar los materiales comunicativos difundidos por diversos medios de comunicación que impliquen discriminación o incitación a la discriminación por motivos de religión; continuar con la labor del comité encargado de legalizar el estatuto de las iglesias para legalizar la situación de aquellas iglesias y edificios de servicios que aún no han sido legalizados. El Estado asigna terrenos para construir iglesias en las ciudades y en los asentamientos urbanos de nueva construcción. El Estado ha continuado sus iniciativas dirigidas a desarrollar una serie de proyectos de restauración y mantenimiento de mezquitas, iglesias y sinagogas en todas las provincias de la República, con un coste aproximado de 1.500 millones de libras egipcias. En el marco de la revitalización del Camino de la Sagrada Familia y la fijación de las escalas sagradas y los sitios por los que pasó durante su huida a Egipto, se han abierto siete ubicaciones de un total de 14.
Con respecto a las recomendaciones del Comité sobre garantizarla aplicabilidad directa del Pacto en el ordenamiento jurídiconacional
185.La actual Constitución, promulgada en 2014, consagra los derechos y libertades recogidos en el Pacto y amplía su definición y aplicación con respecto al Pacto. El artículo 151 de la Constitución obliga a los poderes legislativo, judicial y ejecutivo a aplicar con fuerza de ley las disposiciones de los convenios internacionales que hayan sido ratificados. Cualquier persona perjudicada por el incumplimiento de esas disposiciones puede pedir una reparación judicial. La Constitución de 2014 va más lejos que las constituciones anteriores en el sentido de que el artículo 93 establece un estatuto especial para los convenios internacionales de derechos humanos ratificados y dotados de fuerza de ley. Esto confiere a los derechos y libertades fundamentales contenidos en dichos convenios la protección prescrita por la norma constitucional, y permite a cualquier parte interesada recurrir al Alto Tribunal Constitucional para impugnar la inconstitucionalidad de las disposiciones legislativas que no cumplan con este principio. Así lo ha confirmado el tribunal en dos casos cuyas sentencias recogieron que la aplicación del artículo 93 exige la obligación de modificar las leyes nacionales en consonancia con las obligaciones derivadas de los convenios internacionales de derechos humanos. Las sentencias dictadas por el tribunal son definitivas y de obligado cumplimiento por todas las autoridades. El Alto Tribunal Constitucional ha tomado como referencia en sus sentencias los convenios internacionales de derechos humanos a la hora de considerar e interpretar los derechos en los litigios de los que conoce.
186.Varias sentencias del Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de Estado han apoyado o citado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en diferentes casos. Durante el período cubierto por este informe, el Alto Tribunal Constitucional fundamentó sus decisiones en las disposiciones del Pacto en varios casos relativos a la constitucionalidad de estas disposiciones legales, entre ellos los siguientes:
Demanda núm. 75 del 35º año judicial, dictada el 16 de enero de 2022, fundamentada en el artículo 2 del Pacto
Demanda núm. 71 del 41º año judicial, dictada el 4 de junio de 2022, fundamentada en el artículo 2 del Pacto
Demanda núm. 298 del 30º año judicial, dictada el 2 de abril de 2022, fundamentada en el artículo 1 del Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, 1948 (núm. 87) y en el artículo 2 del Convenio sobre la Negociación Colectiva, 1981 (núm. 154)
Con respecto a las recomendaciones del Comité sobrela posibilidad de firmar y ratificar el Protocolo Facultativodel Pacto Internacional de Derechos Económicos, Socialesy Culturales y la adhesión a la Convención Internacionalpara la Protección de Todas las Personas contralas Desapariciones Forzadas
187.Egipto lleva a cabo periódicamente una revisión de sus posiciones en relación con los tratados a la luz de las prioridades nacionales y reconsidera su posición respecto de los instrumentos internacionales a los que no se ha adherido o a los que ha formulado reservas a la luz de las disposiciones de la Constitución, con el fin de garantizar la coherencia y la armonía entre sus obligaciones internacionales. Sirva como ejemplo el hecho de que recientemente se hayan adoptado medidas ejecutivas para adherirse a los dos protocolos de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los derechos de las personas de edad y sobre las personas con discapacidad en África.
Conclusión
188.Al presentar sus informes periódicos quinto y sexto combinados, la República Árabe de Egipto afirma su voluntad de restablecer el diálogo interactivo con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y presentar regularmente sus informes periódicos, así como beneficiarse de la experiencia del Comité en el seguimiento de la aplicación de las observaciones y recomendaciones. Asimismo, renueva su determinación de seguir ampliando y aplicando los derechos económicos, sociales y culturales mediante diversas medidas y políticas y en la medida en que los recursos lo permitan.
189.En el período que abarca este informe han surgido múltiples desafíos, como los relativos a la seguridad, la política y la economía; los riesgos del terrorismo y de la delincuencia organizada transnacional a la luz de una realidad regional turbulenta; el incremento de las tasas de migración y asilo como consecuencia de las difíciles situaciones por las que atraviesa la región; la pandemia de COVID-19; y el encarecimiento de precios a nivel mundial de los alimentos y la energía. A pesar de todos estos desafíos, Egipto ha recorrido un largo camino en los últimos diez años para construir un Estado civil moderno y alcanzar tasas sostenidas de desarrollo económico y social sostenibles. Durante estos años el Estado egipcio no ha eludido las obligaciones que le incumben en virtud de los tratados, sino que ha trabajado para modernizar, desarrollar y ampliar el sistema nacional de derechos humanos. En conclusión, Egipto está totalmente decidido a avanzar con pasos rápidos y ambiciosos para satisfacer las aspiraciones de su pueblo.