92º período de sesiones
Ginebra, 2 a 20 de febrero de 2026
Tema 4 del programa provisional
Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 18 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
Respuestas de Lituania a la lista de cuestiones y preguntas relativa a su séptimo informe periódico *, **
* La versión original del presente documento no fue objeto de revisión editorial oficial.
** Los anexos del presente documento pueden consultarse en la página web del Comité.
[Fecha de recepción: 21 de julio de 2025]
Respuestas a la lista de cuestiones (CEDAW/C/LTU/RQ/7)
Respuesta al párrafo 1
Los datos actualizados para el seguimiento de la aplicación de la Convención están disponibles en el Portal de Estadísticas Oficiales de Lituania (OSP): https://osp.stat.gov.lt/. En 2024 se mejoró la Base de Datos de Indicadores, y en la actualidad se incluyen en las estadísticas de población las tasas de fecundidad por edad de la madre a nivel municipal y datos demográficos detallados por edad, sexo, nacionalidad, país de nacimiento e índice de desarrollo humano. En los datos sobre el nivel de vida y el empleo están comprendidos el riesgo de pobreza, la desigualdad de los ingresos, las privaciones y las necesidades médicas insatisfechas por sexo. En los indicadores ampliados también se incluyen los resultados educativos por nacionalidad y necesidades especiales, los niños que reciben servicios sociales y los niños con discapacidad con datos desglosados por edad, sexo y tipo de deficiencia.
Respuesta al párrafo 2 a)
El sistema de información sobre los tribunales lituanos (LITEKO) genera estadísticas basadas en categorías y decisiones de causas, que define el Consejo Judicial. No existe un código específico para señalar las causas en que se hace referencia a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, por lo que no pueden presentarse estadísticas automatizadas sobre esas causas.
A fin de fortalecer la capacidad judicial en el marco de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, se impartió capacitación en violencia doméstica, trata de personas y procedimientos penales internacionales. En 2023 se organizaron sesiones sobre mediación en causas de violencia doméstica para 12 jueces y sobre trata de personas para 34 jueces. En 2024, 22 jueces recibieron capacitación en protección frente a la violencia en causas penales.
La Fiscalía General imparte periódicamente capacitación a los fiscales en igualdad de género y prevención de la violencia. Entre 2023 y 2025, celebró 12 sesiones sobre violencia doméstica, de las cuales se beneficiaron 212 fiscales y 74 funcionarios, junto con sesiones adicionales sobre medidas de protección y mejores prácticas internacionales para más de 250 participantes. Los fiscales y funcionarios también participaron en cursos de capacitación externa en identidad de género, apoyo a las víctimas y legislación en materia de violencia doméstica que impartieron la Red Europea de Formación Judicial, la Administración de Tribunales Nacionales y las ONG. Siguieron contribuyendo a la creación de capacidades el curso del Programa para la Formación en Derechos Humanos de los Profesionales Jurídicos (HELP) del Consejo de Europa y la capacitación ofrecida por el Servicio Estatal de Protección de los Derechos del Niño, el Ministerio del Interior y la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL).
La Oficina del Ómbudsman para la Igualdad de Oportunidades, en asociación con el Servicio de la Guardia Fronteriza Estatal, puso en marcha el curso de capacitación sobre el ABC de la igualdad y la no discriminación para el personal del sector público. Los agentes de policía reciben capacitación por módulos en derechos humanos, delitos motivados por el odio y no discriminación, con el apoyo de un programa específico sobre la respuesta a los delitos motivados por el odio y el discurso de odio.
Respuesta al párrafo 2 b)
En el marco del Plan de Acción para 2021-2023 relativo a la aplicación de las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, Lituania adoptó medidas clave. A efectos de promover la igualdad de remuneración, en la Ley núm. XIV-123 se dispuso que la Junta del Fondo Estatal de Seguro Social “Sodra” publicara los sueldos medios por género. Se modificó la Ley de Protección contra la Violencia Doméstica para incluir las órdenes de alejamiento de emergencia. En el proyecto sobre mayor equilibrio se cuestionaron los estereotipos de género a través de campañas centradas en la paternidad. Lituania también aprobó su segundo plan de acción nacional sobre la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y puso en marcha el programa sobre líderes para impulsar la participación de las mujeres en la adopción de decisiones a escala regional. No se establecieron indicadores específicos para seguir el progreso, pero está considerándose la posibilidad de ampliar el mecanismo de que se trata de cara a futuros exámenes.
Respuesta al párrafo 3
En Lituania, los derechos de los pacientes se rigen por la Ley de Derechos de los Pacientes e Indemnización por los Daños para la Salud. En virtud del artículo 1 2), nadie puede ser discriminado por motivos de sexo, edad, raza, nacionalidad, etnia, idioma, origen, condición social, religión, creencias, opiniones, orientación sexual, rasgos genéticos, discapacidad u otros motivos, salvo en los casos previstos por la ley y en consonancia con los principios de derechos humanos. En la práctica, ello garantiza que todas las personas, incluidas las que solicitan asilo y quienes gozan de protección temporal, tengan derecho a recibir atención médica esencial y otros servicios de salud necesarios para prevenir afecciones que requieran tratamiento de emergencia.
En respuesta a la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), Lituania realizó un examen amplio de las enseñanzas extraídas y sigue fortaleciendo la preparación en materia de salud pública. Entre las medidas clave figuran un examen a posteriori con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), la mejora de la coordinación nacional y la modernización del sistema de información sobre enfermedades transmisibles. Se implementó el certificado COVID digital de la UE centrándose en la no discriminación y se actualiza periódicamente la legislación para garantizar la preparación de cara al futuro. Lituania también sigue participando activamente en las actividades internacionales de seguridad sanitaria con la Unión Europea, la OMS y el ECDC.
En respuesta a la necesidad urgente de vacunar a los extranjeros que huyeron de Ucrania debido a la agresión militar de Rusia, el Ministerio de Salud, el Centro Nacional de Salud Pública, que depende de ese Ministerio, y el Grupo de Expertos Independientes del Programa Nacional de Inmunoprofilaxis (2019-2023) formularon recomendaciones específicas. Esas directrices abordan la prestación de servicios de atención de la salud para prevenir enfermedades infecciosas entre los desplazados de Ucrania y tienen por objeto velar por que el acceso a los servicios de salud esenciales sea equitativo.
Respuesta al párrafo 4
En el Segundo Plan de Acción Nacional de Lituania sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad (2020-2024) se promovió el papel de la mujer en la consolidación de la paz, en consonancia con la resolución 1325 de las Naciones Unidas. El Plan, financiado anualmente y mediante la ayuda para el desarrollo, respaldó proyectos de empoderamiento en países como Sudáfrica y la India. Entre los principales resultados figuran el aumento del número de mujeres en las misiones internacionales, la capacitación de diplomáticas y las investigaciones sobre los obstáculos a la participación. El Tercer Plan de Acción Nacional para 2025-2029 se basa en investigaciones empíricas, recomendaciones internacionales y contextos geopolíticos cambiantes, incluida la repercusión de la agresión de Rusia contra Ucrania. Según lo previsto, fortalecerá el compromiso institucional, mejorará el seguimiento de los resultados y garantizará una integración más sólida de las ONG y la planificación de los recursos.
Respuesta al párrafo 5 a)
Lituania ha comenzado a transponer a su legislación interna la Directiva (UE) 2024/1499 y la Directiva (UE) 2024/1500 del Consejo. Se están integrando sus disposiciones en la Ley de Igualdad de Oportunidades de Lituania, al introducir nuevos conceptos jurídicos como la discriminación interseccional, múltiple y asociativa para ajustarse a las normas de la Unión Europea.
La Ley de Igualdad de Oportunidades de las Mujeres y los Hombres está siendo objeto de examen de acuerdo con el plan de ejecución del Programa del 19º Gobierno de Lituania. Una de las medidas principales consiste en introducir cuotas de género o la representación proporcional para mejorar el equilibrio de género en los puestos de toma de decisiones. Ello empezará con un análisis de todo el sector para averiguar dónde es necesario adoptar medidas especiales temporales, seguidas de posibles cambios legislativos.
Respuesta al párrafo 5 b)
En septiembre de 2023, el Seimas (Parlamento) presentó una solicitud al Tribunal Constitucional para que aclarara si el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica era compatible con la Constitución de la República de Lituania. El 14 de mayo de 2024, el Tribunal Constitucional emitió su decisión, en que llegó a la conclusión de que las disposiciones del Convenio no eran contrarias a la Constitución. En el momento de redactar el presente informe, el Seimas no estaba considerando la posibilidad de ratificar el Convenio.
Respuesta al párrafo 6
La asistencia letrada garantizada por el Estado está disponible para los extranjeros en virtud de la Ley de la Condición Jurídica de los Extranjeros y la Ley de Asistencia Letrada Garantizada por el Estado. Los solicitantes de asilo, refugiados y quienes gozan de protección temporal tienen derecho a recibir asistencia letrada para establecer su condición jurídica, y la Agencia de Recepción e Integración les ofrece representación. En asuntos civiles (por ejemplo, el divorcio), también se dispone de asistencia letrada. Los municipios facilitan gratuitamente asistencia letrada primaria —asesoramiento jurídico, información y preparación de documentos—. En función de la situación del solicitante, se comprueban sus medios económicos o se prescinde de ello para conceder asistencia letrada secundaria, incluida la representación ante los tribunales. La Ley también abarca la mediación financiada por el Estado, y los especialistas en asistencia letrada primaria brindan ayuda a la hora de atender las solicitudes de ambos servicios.
Los Centros de Asistencia Integral Especializada de toda Lituania apoyan a las víctimas al prestarles asistencia jurídica gratuita y adaptada, que incluye servicios de traducción, colaborando estrechamente con las instituciones públicas y las ONG durante los procedimientos judiciales. Los Centros deben garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad, entre otras cosas publicando información sobre los servicios por tipo de discapacidad y examinando los planes de accesibilidad por lo menos cada dos años.
Desde junio de 2023 se han mejorado los servicios jurídicos para la comunidad romaní por medio del proyecto financiado por la Unión Europea sobre la parte VI de las plataformas romaníes locales. Un abogado ofrece 15 horas de consultas jurídicas mensuales, y alrededor del 80 % de los beneficiarios son mujeres. En 2024, el abogado intervino con éxito en una causa de discriminación contra tres mujeres romaníes en virtud de los artículos 169 y 284 del Código Penal, la cual estaba relacionada con la desigualdad de trato en los servicios de comedores.
Respuesta al párrafo 7 a)
El Plan de Acción para la Promoción de la No Discriminación para 2021 ‑2023 se centró en defender la dignidad humana, aplicar las leyes de igualdad de oportunidades, fomentar una mayor conciencia de la discriminación y fortalecer la cooperación institucional. En el informe de 2023 se demostró que la colaboración para la educación y la capacitación era sólida, pero se puso de relieve que era necesario aumentar la participación de las ONG, los sindicatos y las instituciones de ómbudsman. El nuevo Plan de Acción para 2024-2026 se basa en esa labor, haciendo mayor hincapié en la cooperación internacional y la prevención de los delitos motivados por el odio. En el informe de 2024 se señaló que varios indicadores superaban las metas, lo cual refleja la gran demanda de las iniciativas de educación.
En el informe de ejecución de 2024 relativo al Plan de Acción de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres (2023-2025) se ponen de relieve los avances realizados en 22 medidas relacionadas con la igualdad de género en el empleo, la mejora de la independencia económica de las mujeres y la integración de las perspectivas de género en la educación. El alcance del apoyo dispensado se amplió a iniciativas dirigidas por ONG y servicios de asesoramiento para hombres, prestando atención particular a las necesidades de las mujeres vulnerables.
En el informe de 2024 sobre el Plan de Acción para la Prevención de la Violencia Doméstica y la Asistencia a las Víctimas (2024-2026) se describe la aplicación de 28 medidas específicas, entre las cuales figuran brindar apoyo adaptado a las personas con discapacidad, organizar campañas de sensibilización pública, mejorar la recopilación de datos y ejecutar programas de cambio de comportamiento. En el informe se subraya la contribución fundamental de la cooperación multisectorial a la respuesta eficaz a la violencia doméstica.
Respuesta al párrafo 7 b)
La igualdad y la no discriminación ocupan un lugar central en el sistema de gestión estratégica de Lituania. El Ministerio de Seguridad Social y Trabajo dirige su aplicación examinando la legislación, apoyando a las instituciones, impartiendo capacitación y haciendo un seguimiento de los avances. Para contribuir a ello, el Ministerio publicó una guía práctica sobre la aplicación del principio de igualdad de oportunidades para todos y presenta informes anuales con arreglo a la Metodología de Gestión Estratégica.
En 2024, Lituania transpuso a su legislación interna la Directiva de la Unión Europea relativa a un mejor equilibrio de género entre los administradores de las sociedades cotizadas. Se ampliaron las disposiciones de la Directiva sin limitarse a las sociedades cotizadas para incluir a otras grandes empresas y se incorporaron a la Ley de Igualdad de Oportunidades de las Mujeres y los Hombres, lo cual refleja un enfoque proactivo para acelerar la paridad de género en los puestos directivos de las empresas.
Lituania está poniendo a prueba un modelo de coordinadores de igualdad de género en cinco municipios (2024-2025). Los coordinadores formulan políticas locales de género, apoyan a las víctimas de la violencia doméstica, promueven la presupuestación que responde a las cuestiones de género y colaboran con las ONG. El proyecto piloto servirá de base para un modelo nacional ampliable, en que se integrarán coordinadores en una red nacional de intercambio de conocimientos y cooperación.
Respuesta al párrafo 7 c)
En consonancia con la Resolución núm. 155 del Gobierno (10 de marzo de 2021), el Ministerio de Seguridad Social y Trabajo encargó que se realizara un estudio de viabilidad sobre la presupuestación que responde a las cuestiones de género. En el estudio se determinó que el modelo finlandés era el más compatible. Sobre la base de esas conclusiones, se presentaron recomendaciones a la Cancillería del Gobierno. Algunas de las próximas medidas son la coordinación interinstitucional y la creación de herramientas para aplicar la perspectiva de género en la presupuestación nacional y municipal.
Respuesta al párrafo 7 d)
En los últimos años ha aumentado la financiación de la Oficina del Ómbudsman para la Igualdad de Oportunidades (el Servicio), como asignaciones para sueldos y necesidades operacionales. Si bien no se concedieron todos los fondos solicitados, los aumentos específicos —como los 105.000 euros asignados en 2024— reflejan el compromiso de fortalecer la capacidad del Servicio, a pesar de que en algunos casos hubo fondos afectados para ajustes estructurales. Además, el Estado apoya a las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres con financiación basada en proyectos, que incluyen programas financiados por la Unión Europea y nacionales, aunque es necesario redoblar los esfuerzos para garantizar la sostenibilidad y los efectos a largo plazo.
Respuesta al párrafo 8
En 2025, el Servicio presentó una propuesta al Ministerio de Seguridad Social y Trabajo en que recomendó un procedimiento más transparente para nombrar al Ómbudsman para la Igualdad de Oportunidades haciendo hincapié en la importancia de la participación pública, incluidos las organizaciones no gubernamentales, las instituciones académicas y los órganos de derechos humanos. Esa recomendación quedó reflejada en el proyecto de modificaciones de la Ley de Igualdad de Oportunidades.
El Servicio ha fortalecido sistemáticamente el papel que desempeña en la protección de los derechos humanos, incluidos los derechos de la mujer. Participa activamente en las actividades que consisten en hacer un seguimiento de la aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, preparar informes alternativos y proporcionar información adicional a los mecanismos internacionales de vigilancia de los derechos humanos.
Respuesta al párrafo 9
El Plan de Acción de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres para 2023‑2025 (Plan de Acción para 2023-2025) tiene por finalidad aumentar la presencia de las mujeres en los puestos directivos a través de posibles cuotas de género, reformas jurídicas y mejores datos. Aunque no existe una campaña nacional, se fomenta una mayor sensibilidad con leyes y actividades de planificación e instrucción. Entre las medidas principales figuran la adopción en 2024 de la directiva de la Unión Europea sobre el equilibrio de género en los consejos de administración de las empresas y los esfuerzos encaminados a aumentar la transparencia del proceso de nombramiento del Ómbudsman para la Igualdad de Oportunidades.
En junio de 2025 se organizó en Lituania un taller sobre el empoderamiento de las mujeres en la política, en el marco del Programa de Aprendizaje Mutuo de la Comisión Europea, para estudiar estrategias que fomentaran la participación política de las mujeres e intercambiar ejemplos prácticos de políticas y medidas legislativas aplicadas en todos los Estados miembros de la Unión Europea en ese ámbito.
Respuesta al párrafo 10
En 2024, el Ministerio de Seguridad Social y Trabajo financió un proyecto de 120.000 euros de una ONG para fomentar una mayor conciencia del trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres y promover la igualdad de género. El Lobby de Mujeres Lituanas ejecutó el proyecto destinado a cerrar la brecha de género en las responsabilidades de cuidados, lo cual dio como resultado una encuesta nacional, investigaciones cualitativas sobre el trabajo doméstico no remunerado y recomendaciones en materia de políticas. En 2025, el Ministerio renovó su apoyo a esa cuestión, adaptando sus actividades al Plan de Acción para 2023-2025, en que se da prioridad a reducir la brecha salarial de género y fortalecer la independencia económica de las mujeres recopilando datos e impulsando iniciativas específicas.
En 2024, el Ministerio de Seguridad Social y Trabajo asignó 170.000 euros a un proyecto dirigido por una ONG y encaminado a luchar contra la violencia doméstica con actividades de sensibilización, investigación e instrucción. La campaña llegó a 364.000 usuarios de Meta con 65 publicaciones, estuvo asociada con influencers y produjo juegos y pódcast. Tres estudios sobre las actitudes de los jóvenes sirvieron de base para las recomendaciones en materia de políticas. Participaron 979 jóvenes en actividades de capacitación y divulgación. En 2025 continuarán los esfuerzos con la atención centrada en las organizaciones juveniles. De 2025 a 2027 se abordarán en tres grandes campañas la violencia psicológica, la violencia económica y el cambio de comportamiento de los agresores.
Respuesta al párrafo 11 a)
El sistema estadístico automatizado LITEKO se basa en clasificaciones de causas y decisiones judiciales aprobadas por el Consejo Judicial, en que se definen categorías de causas penales y civiles. En virtud del artículo 2 5) de la Ley de Protección contra la Violencia Doméstica, la violencia doméstica incluye todo acto u omisión deliberado —físico, psicológico, sexual, económico o de otro tipo— que cause daño a otra persona. En el Código Penal de Lituania no se define la violencia doméstica como delito independiente, en lugar de ello se determina mediante una circunstancia agravante: cuando se comete un delito contra un pariente cercano o un miembro de la familia. Ese condicionante se emplea para la clasificación estadística de los delitos. Por consiguiente, se consultó el sistema LITEKO utilizando la clasificación de delitos cometidos contra parientes cercanos o miembros de la familia. En el anexo 1 puede consultarse más información al respecto.
Según los datos facilitados por el Departamento de Informática y Comunicaciones, que depende del Ministerio del Interior, en 2023 se registraron en total 4.357 mujeres, entre ellas 351 niñas menores de 18 años, como víctimas de actos delictivos relacionados con la violencia doméstica. En 2024, el número de mujeres víctimas descendió a 3.537, entre ellas 318 niñas menores de 18 años. En el anexo 2 puede consultarse más información al respecto.
Respuesta al párrafo 11 b)
Entre julio y diciembre de 2023, la policía lituana emitió 10.786 órdenes de alejamiento de emergencia relacionadas con violencia doméstica. En 2024, esa cifra aumentó drásticamente a 21.101, y solo en el primer trimestre de 2025 se emitieron 4.684 órdenes. En las órdenes de alejamiento de emergencia se imponen obligaciones al infractor, como desalojar la residencia compartida, evitar el contacto con la víctima y mantenerse alejado de los adultos o niños que conviven con ella. La policía hace un seguimiento activo del cumplimiento de esas medidas. El incumplimiento de las condiciones de la orden de alejamiento de emergencia constituye una infracción administrativa en virtud del artículo 489 (sobre la transgresión de la Ley de Protección contra la Violencia Doméstica) del Código de Infracciones Administrativas. Las multas varían entre 80 y 320 euros cuando se trata de la primera infracción, y entre 300 y 780 euros por reincidencia.
Entre julio y diciembre de 2023, la policía registró 4.906 infracciones administrativas por incumplimiento de órdenes de alejamiento de emergencia, de las cuales 668 correspondían a infracciones en forma de reincidencia. En 2024, aquella cifra aumentó a 8.929 infracciones, y 3.357 se clasificaron en la categoría de reincidencia. En el primer trimestre de 2025 se registraron 1.961 casos de incumplimiento, de los cuales 881 eran casos de reincidencia. A efectos de fortalecer la ejecución de las órdenes de alejamiento de emergencia y mejorar la coordinación interinstitucional, el Ministerio de Seguridad Social y Trabajo organiza periódicamente reuniones interinstitucionales con representantes del Departamento de Policía, que depende del Ministerio del Interior, la Administración de Tribunales Nacionales y los Centros de Asistencia Especializada.
Respuesta al párrafo 11 c)
En 2024, Lituania aplicó 28 medidas específicas para prevenir la violencia doméstica y apoyar a las personas afectadas. Algunos de esos esfuerzos fueron campañas de sensibilización pública, iniciativas educativas y análisis basados en datos, en que se prestó especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad. Se financiaron proyectos para prestar asistencia a las víctimas, ejecutar programas de cambio de comportamiento dirigidos a los agresores y respaldar actividades de prevención más amplias.
Respuesta al párrafo 11 d)
En 2023, 1.527 agentes finalizaron el curso de formación de respuesta a la violencia doméstica. En 2024, Lituania amplió sus actividades por medio de un proyecto de subvenciones del Espacio Económico Europeo y Noruega. La policía impartió formación en dinámica de género y apoyo a las víctimas a 499 agentes (282 hombres y 217 mujeres), mientras que la Administración de Tribunales Nacionales impartió capacitación en aspectos jurídicos y psicológicos de la asistencia a las víctimas a 95 agentes.
Respuesta al párrafo 11 e)
En la versión revisada de la Ley de Asistencia a las Víctimas de Violencia Doméstica se creó un marco nacional de apoyo a través de los Centros de Asistencia Integral Especializada, que ofrecen servicios adaptados como asesoramiento, asistencia letrada y reinserción laboral, centrándose en las personas con discapacidad. En 2024, 27.846 personas recibieron ayuda, en su mayoría mujeres de entre 40 y 49 años. Desde julio de 2023, una ONG ha contribuido a la calidad del servicio impartiendo formación. De 2025 a 2027 se abordarán en dos sesiones de formación especializada el apoyo a las personas con discapacidad, la preparación psicológica, la violencia económica y la intervención. Las víctimas también recibirán formación virtual en alfabetización financiera. Un consejo consultivo nacional y varias comisiones locales garantizarán la coordinación en los 60 municipios.
Respuesta al párrafo 11 f)
En 2021, en el Centro de Inscripción de Extranjeros de la Guardia Fronteriza Estatal se inauguró un albergue de 24 camas para mujeres y familias detenidas, en que se ofrecen habitaciones privadas, cocinas, salones y un lugar reservado para la oración. Los detenidos reciben apoyo psicológico y ayuda de ONG como Cáritas y la Cruz Roja. Se pueden presentar de forma anónima denuncias, incluidas las relativas a violencia doméstica, a través de los buzones “HELP” de las zonas no vigiladas, en cuyo caso se dan orientaciones para ponerse en contacto con los órganos de supervisión, o por correo electrónico enviando un mensaje a la siguiente dirección: help@piia.lt.
En cooperación con la policía, se organizan sesiones de formación trimestrales para los residentes de las instalaciones de alojamiento temporal, en que se abordan la violencia doméstica, la trata de personas y la explotación con el objetivo de fomentar una mayor conciencia y contribuir a la prevención entre los extranjeros. En asociación con los Centros de Asistencia Integral Especializada, también se facilita información sobre el apoyo psicológico e integrado de que disponen las personas que corren el riesgo de ser objeto de violencia doméstica o se ven afectadas por ella.
Respuesta al párrafo 12 a)
En virtud de los artículos 40 1) 12) y 49 1) de la Ley de la Condición Jurídica de los Extranjeros, en Lituania puede expedirse un permiso de residencia temporal a las víctimas de trata de personas que cooperan con las autoridades policiales o judiciales o modificarse ese permiso. En el artículo 130 4) se establece además que esas personas no pueden ser expulsadas ni devueltas durante un período de libre determinación, lo cual les da tiempo para decidir si desean cooperar. Según la Resolución núm. 430 del Gobierno, ese período puede durar hasta 30 días naturales, durante los cuales las víctimas tienen derecho a recibir un alojamiento seguro, atención médica, servicios sociales, apoyo psicológico y servicios de traducción y a participar en programas de apoyo. Esos mecanismos de protección se ven reforzados por la legislación interna y los tratados internacionales, en que se garantiza que las víctimas reciban el apoyo necesario para recuperarse y tomar decisiones fundamentadas.
Respuesta al párrafo 12 b)
En la legislación lituana, la prostitución no está tipificada como delito, sino que se considera una infracción administrativa en virtud del artículo 487 del Código de Infracciones Administrativas, la cual se castiga con multas cuando se trata de la primera infracción y también en caso de reincidencia, sin encarcelamiento. En virtud del artículo 487 4), las personas obligadas a ejercer la prostitución o identificadas como víctimas de la trata de personas están exentas de responsabilidad. Las víctimas, según la definición del artículo 147 del Código Penal, son reconocidas formalmente en las actuaciones penales y protegidas en virtud de leyes que garantizan el anonimato y la seguridad, como la Ley de Protección de los Participantes en Actuaciones Penales y la Ley de Protección de Testigos. El Ministerio de Justicia se opone a la despenalización completa, alegando posibles contradicciones jurídicas y lagunas normativas en ámbitos como la salud, la tributación y la seguridad social. Por el contrario, las sanciones administrativas pueden incluir la participación en programas de apoyo obligatorios, como prevención de adicciones, resocialización y apoyo a la crianza.
El Ministerio de Seguridad Social y Trabajo asigna 300.000 euros anuales a las ONG que apoyan a las víctimas de trata. Entre los servicios prestados figuran el alojamiento temporal, la asistencia letrada y psicológica, el apoyo al empleo y un teléfono de asistencia las 24 horas del día y los 7 días de la semana. En 2024, 239 personas recibieron asistencia (133 hombres y 106 mujeres). Las ONG también ofrecen apoyo emocional, acompañamiento en procedimientos legales y asistencia lingüística, y cada caso es gestionado por un especialista específico.
Respuesta al párrafo 12 c)
En el artículo 130 4) de la Ley de la Condición Jurídica de los Extranjeros se establece que un ciudadano extranjero no puede ser expulsado de Lituania ni devuelto a un Estado extranjero si se le ha concedido un período de libre determinación. Se siguen los procedimientos establecidos por el Gobierno de Lituania para otorgar ese período que está concebido para las personas que son víctimas o han sido víctimas de delitos relacionados con la trata de personas. Durante ese tiempo, la persona debe decidir si desea cooperar con las autoridades encargadas de la investigación previa al juicio o con el tribunal.
En la Resolución núm. 430 del Gobierno se describe el procedimiento para conceder un período de libre determinación de hasta 30 días a las personas que son víctimas o han sido víctimas de la trata de personas. En ese período las personas tienen tiempo para recuperarse, evitar la influencia de los tratantes y decidir si desean cooperar con la policía.
En 2024, Lituania emitió la Orden Conjunta núm. I-327/1V-1015/A1-758 para fortalecer la protección de las víctimas de trata. En esa Orden, firmada por la FiscalíaGeneral y los Ministerios del Interior y de Seguridad Social y Trabajo, se aprobaron nuevas directrices relativas a identificar a las víctimas, gestionar el período de libre determinación y mejorar la cooperación interinstitucional y los marcos de apoyo.
Respuesta al párrafo 13
En el Seimas, las mujeres ocupan 40 de los 141 escaños, mientras que en el 19º Gobierno de Lituania, 4 de los 14 ministros son mujeres. A nivel del gobierno local, 6 de los 60 municipios están encabezados por alcaldesas. Según el Índice de Igualdad de Género de 2024 del Instituto Europeo de la Igualdad de Género en el ámbito del poder, las mujeres representan el 27 % de los miembros de las juntas o juntas directivas de las mayores empresas que cotizan en bolsa. A nivel municipal, hay ejemplos positivos de iniciativas encaminadas a integrar la igualdad de género. Por ejemplo, el Municipio del Distrito de Klaipėda ha aprobado un plan de igualdad de género para 2024‑2025. Además, el Municipio del Distrito de Vilna ha elaborado un plan de acción de igualdad de oportunidades.
El Plan de Acción para la Aplicación de la Igualdad de Oportunidades para 2024-2026 tiene por objeto fomentar el respeto y reducir la discriminación, en particular promoviendo una mayor conciencia pública. Uno de los objetivos principales es aumentar la representación de las mujeres de los grupos marginados, como las romaníes, en la vida política y pública. La medida 3.1 se orienta a la discriminación étnica. El 25 de abril de 2024, el Departamento de Minorías Nacionales organizó una sesión estratégica relativa a contrarrestar el uso indebido de relatos históricos para incitar al conflicto interétnico.
En el Plan de Acción de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres para 2023-2025 se promueve el empoderamiento de las mujeres y las niñas vulnerables, incluidas aquellas con discapacidad y las de origen migrante. Por medio del proyecto sobre acogida e integración temprana de refugiados de Ucrania, 24 municipios asignaron al menos el 10 % de su presupuesto —227.075 euros en total— para apoyar a mujeres y niñas mediante seminarios, programas de iniciativa empresarial, mentorías, campamentos, grupos de apoyo y eventos de sensibilización que tenían por finalidad fomentar la confianza, la creatividad y la autonomía.
Respuesta al párrafo 14 a)
La Agencia Lituana de Educación Informal dirige las actividades nacionales de orientación profesional de la juventud, que tienen por objeto eliminar los obstáculos profesionales basados en el género y promover la igualdad de oportunidades. Asimismo, en asociación con el Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte, la Universidad Técnica Vilnius Gediminas (VILNIUS TECH) y el Ómbudsman para la Igualdad de Oportunidades, organiza eventos para especialistas en carreras y educadores sobre las trayectorias profesionales neutras en cuanto al género y los efectos de los estereotipos. La Agencia también promueve la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas para despertar el interés de las niñas en ellas mediante diversas iniciativas.
Con vistas a orientar a los estudiantes y los progenitores, la Agencia organiza sesiones sobre carreras en campos como las ciencias marinas, la ingeniería y la silvicultura, ofreciendo información sobre las necesidades del mercado laboral y ayudando a la juventud a tomar decisiones fundamentadas. Esas actividades cuentan con el respaldo de la plataforma nacional de carreras denominada MUKIS, que proporciona recursos a los estudiantes (de los grados 1º a 12º), los progenitores y los profesionales promoviendo elecciones de la profesión neutras en cuanto al género.
Respuesta al párrafo 14 b)
La educación formal es obligatoria para los niños de 6 a 16 años, y la ley garantiza la igualdad de acceso. Las modificaciones de la Ley de Educación aprobadas en septiembre de 2024 promueven la inclusión de niños con necesidades educativas especiales en las escuelas ordinarias sin que la distribución por género se vea afectada. En el año académico 2024-2025 se matricularon 476.537 alumnos, entre ellos 80.549 alumnos con necesidades educativas especiales. Se integró al 92 % de ellos en clases ordinarias, mientras que otros asistieron a clases o escuelas especiales. La tasa de alumnos con necesidades educativas especiales se mantuvo estable en el 16 %.
La financiación pública de la asistencia educativa aumentó de 136,4 a 164,2 millones de euros de 2023 a 2024. El porcentaje de alumnos que necesitaban apoyo se elevó hasta el 83,2 %, y la proporción de necesidades educativas especiales por profesional de apoyo mejoró de 18,6 en 2020 a 16,9 en 2024. La nueva normativa permite que las escuelas presten asistencia a los alumnos no diagnosticados teniendo en cuenta las recomendaciones del Comité de Bienestar del Niño. El apoyo puede incluir la presencia de educadores especiales, logopedas, psicólogos o pedagogos sociales. Entre 2000 y 2024, las plazas de especialista en apoyo educativo se incrementaron de 3.836 a 4.228, y los puestos de auxiliar de alumnos se duplicaron con creces hasta 5.271, pues se contrató a 4.644 auxiliares en el período 2024‑2025.
Respuesta al párrafo 14 c)
En el año académico 2024-2025 se matricularon en total 199 alumnos romaníes en instituciones de educación general de toda Lituania. Entre 2023 y 2024, ocho alumnos romaníes interrumpieron sus estudios. Durante el mismo período, 6.512 alumnos procedentes del extranjero (migrantes) se matricularon en la enseñanza general. Entre 2023 y 2024, 39 alumnos migrantes abandonaron el sistema educativo.
Respuesta al párrafo 14 d)
En el Plan de Acción de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres para 2023–2025 se promueve la igualdad de género en la educación por medio de planes de estudios actualizados, asesoramiento profesional sin estereotipos e iniciativas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para las niñas. En el evento de 2024 celebrado por la Agencia Lituana de Educación Informal y en las actividades de formación sobre fortaleza en la diversidad se cuestionan los sesgos de género, mientras que la plataforma MUKIS sirve de apoyo a la orientación inclusiva. En la conferencia sobre orientación profesional de 2024 organizada por la Agencia de Asuntos de la Juventud se puso de relieve la importancia del apoyo profesional a las mujeres.
El Ministerio de Seguridad Social y Trabajo asigna 120.000 euros anuales para proyectos dirigidos por ONG sobre igualdad de género, que se rigen por el Índice de Igualdad de Género del Instituto Europeo de la Igualdad de Género. En 2023, el centró de interés fue el empoderamiento político de las mujeres y, en el período 2024-2025, se desplazó hacia la cuestión del trabajo de cuidados no remunerado. A modo de complemento, el Plan de Acción para la Prevención de la Violencia Doméstica para 2024–2026 financia proyectos de sensibilización y educación. En 2024, la Asociación Lituana para la Reivindicación de los Derechos de la Mujer impartió formación a 979 jóvenes por medio de campañas y talleres sobre relaciones sanas y prevención de la violencia.
Respuesta al párrafo 15 a)
Los servicios de apoyo al empleo y del mercado de trabajo siguen los principios de igualdad de género y no discriminación, descritos en la Ley de Empleo. Las medidas existentes continúan promoviendo el pleno empleo, la inclusión social y la ayuda a los grupos desfavorecidos, como las mujeres. El Servicio de Empleo ofrece una amplia gama de servicios: asesoramiento profesional, formación profesional, apoyo psicológico e intermediación laboral. Las personas con discapacidad y las mujeres que tropiezan con obstáculos como la dispensación de cuidados o la adicción disponen de ayuda especial. En 2024, 244 personas participaron en sesiones grupales y 352 recibieron asesoramiento individual. En el marco del Plan de Acción para la Inclusión de los Romaníes hasta 2030, el Servicio de Empleo sigue prestando apoyo adaptado a los romaníes. Desde 2023, diez mujeres romaníes han finalizado una formación profesional en servicios de belleza, lo que ha contribuido a su integración en el mercado de trabajo.
Los municipios ejecutan programas locales de empleo, y 15 de los 22 Centros Regionales de Orientación Profesional previstos ya están en funcionamiento y ofrecen orientación profesional y aprendizaje interactivo. En 2024, las iniciativas específicas incluyeron eventos sobre derechos laborales e igualdad de oportunidades para 184 participantes, mentorías sobre el sector tecnológico como alternativa profesional femenina para 158 mujeres (entre ellas 25 ucranianas), cuatro talleres de iniciativa empresarial femenina de los que se beneficiaron 872 participantes, así como apoyo continuo a las mujeres vulnerables a través de alianzas regionales.
Respuesta al párrafo 15 b)
En 2023, la brecha salarial de género en Lituania se situó en el 10,7 %. En el segundo trimestre de 2024, la Unión Europea adoptó la Directiva sobre Transparencia Retributiva para corregir esa brecha. Lituania organizó campañas de sensibilización a modo de respuesta. A principios de 2025, los inspectores de trabajo recibieron formación y se presentó la Directiva en eventos clave. La Inspección Laboral del Estado triplicó las inspecciones para detectar disparidades salariales. En el marco de la aplicación de esa Directiva, se elaboró un proyecto de modificación del Código de Trabajo y el Código de Infracciones Administrativas y, el 27 de mayo de 2025, se presentó al Consejo Tripartito. Se ha comenzado a debatir el proyecto con los interlocutores sociales. El Plan de Acción de Igualdad de Oportunidades para 2023‑2025 apoya la equidad de remuneración mediante la recopilación de datos, inspecciones y actividades de instrucción, promoviendo al mismo tiempo la participación de las mujeres del medio rural en la toma de decisiones. En 2024, el Ministerio de Seguridad Social y Trabajo concedió 120.000 euros al Lobby de Mujeres Lituanas para un proyecto sobre el trabajo de cuidados no remunerado, que se ampliará en 2025 con miras a fomentar una mayor conciencia y promover la independencia económica de las mujeres.
Respuesta al párrafo 15 c)
En la legislación lituana se garantiza la igualdad de acceso a la seguridad social, la asistencia y las pensiones, independientemente del género. El sistema de pensiones se basa en las cotizaciones y, a diciembre de 2024, las mujeres —debido a una mayor esperanza de vida y a una edad de jubilación más temprana hasta ahora— constituían el 65 % de los 638.000 beneficiarios de pensiones de vejez. Aunque en 2024 la edad de jubilación era casi igual (64 años y 10 meses para los hombres y 64 años y 8 meses para las mujeres), en 2012 era más de dos años inferior para las mujeres. Esa igualación gradual, que alcanzará la plena paridad cuando se establezca la edad de 65 años en 2026, está contribuyendo a reducir la brecha de género en las pensiones. A pesar de ello, la pensión media de las mujeres (566,70 euros) sigue siendo menor que la de los hombres (655,70 euros), debido en gran medida a los períodos de servicio más cortos. La brecha se amplía al máximo entre las mujeres mayores de 80 años (alrededor del 33%), pero se reduce a apenas el 5 % entre las mujeres de 60 a 70 años, lo cual refleja una mayor antigüedad en el servicio y el aumento de la edad de jubilación.
En 2023 y 2024, el Gobierno de Lituania implementó importantes reformas en materia de pensiones, que aumentaron las pensiones de vejez y discapacidad de acuerdo con la Ley de Pensiones del Régimen de Seguro Social —un 13,9 % en 2023 y un 11,3 % en 2024—, con lo cual superaron ligeramente el crecimiento medio de los sueldos. En 2024, las pensiones del Estado para grupos específicos, como las víctimas de la ocupación y los combatientes de la resistencia, experimentaron un incremento sustancial del 87 %, mientras que las pensiones del Estado generales se indexaron en un 5,95 %. Las modificaciones de la Ley de Pensiones en concepto de Asistencia Social, en vigor a partir de 2024, ampliaron el acceso a las pensiones en concepto de asistencia social para las personas con antecedentes profesionales insuficientes, como las personas con discapacidad, o para aquellas cuyas pensiones de ese tipo se situaban por debajo del umbral complementario. Con esos cambios también se eliminaron las restricciones para percibir pensiones de vejez mientras se obtenían ingresos y se introdujo una distribución más gradual y equitativa de las prestaciones, con mayores cuantías en función de los distintos niveles de discapacidad. En particular, el 69 % de los beneficiarios de pensiones en concepto de asistencia social son mujeres.
Con el fin de corregir la brecha de género en las pensiones, el Gobierno introdujo un complemento por niveles bajos de pensiones. Se calcula esa prestación como la diferencia entre la pensión concedida y la cesta de necesidades mínimas de consumo. Las mujeres constituyen la mayoría de los destinatarios: el 72 % de los beneficiarios del complemento de pensión de vejez y el 63 % de los beneficiarios del complemento de pensión por discapacidad. La mayoría de esos complementos (el 75 % por vejez y el 60 % por discapacidad) son inferiores a 50 euros. El aumento de la cesta de necesidades mínimas de consumo en un 26 % (hasta 446 euros) que se realizó entre 2023 y 2024 dio lugar a los incrementos correspondientes de esos complementos.
Desde 2021, Lituania ha igualado la pensión básica de las personas con al menos 15 años de servicio pensionable, eliminando las reducciones anteriores por períodos de servicio más cortos, un cambio que ha beneficiado en particular a las mujeres, que suelen tener entre 2 y 5 años menos de servicio que los hombres. El período mínimo de servicio exigido, igual para ambos sexos desde 2004, se está elevando gradualmente de 30 a 35 años, para lo cual se ha fijado como plazo 2027. En 2022, el Gobierno introdujo la prestación de persona sola, que en 2025 asciende a 42,29 euros y es recibida por 235.000 personas, el 63 % de las cuales son mujeres. En la reforma en materia de discapacidad de 2024 se añadieron aumentos basados en la participación a las pensiones de vejez para los pensionistas diagnosticados con discapacidad grave (del 70 % al 100 % de pérdida de capacidad laboral) después de la edad de jubilación, lo cual beneficiará a casi 25.000 personas a partir de 2025. Además, en 2025, las pensiones de la seguridad social se indexaron un 12 % y aquellas en concepto de asistencia social, un 25 %, junto con el compromiso del Gobierno de revisar la metodología de cálculo de las cuantías básicas de las prestaciones sociales y de seguir indexando el componente individual de las pensiones de la seguridad social, que está vinculado al historial de cotizaciones.
Respuesta al párrafo 15 d)
Desde el 1 de septiembre de 2025, la educación preescolar en Lituania pasará a ser universal a partir de la edad de 2 años, por lo que las instituciones tendrán la obligación de ofrecer plazas a todos los niños de esa edad cuyos progenitores opten por ella. Deberán ofrecerse al menos 4 horas diarias o 20 horas semanales, lo cual será lo mínimo exigido y se sufragará con fondos públicos, mientras que la asistencia de más de 9 horas deberá ser sufragada por el propietario de la institución. Hasta entonces, sigue vigente la normativa actual. Los niños de familias en situación de riesgo social tienen derecho a la educación preescolar obligatoria desde su nacimiento, aunque no estén matriculados formalmente, y los municipios reciben financiación adicional —en apoyo de 792 niños a marzo de 2025— para que garanticen un acceso oportuno.
Según datos preliminares de la Agencia Nacional de Educación, la participación en la educación preescolar en Lituania continúa en aumento. En el año académico 2024-2025, la matriculación de los niños menores de 1 año alcanzó el 0,93 %, la de los de 1 año, el 34,07 % y la de los de 2 años, el 87,3 %, frente al 0,61 %, el 26,3 % y el 86,73 % en el año académico 2023‑2024 y al 0,46 %, el 22,8 % y el 82,86 % en el año académico 2022-2023. En ese crecimiento constante influyen en parte las políticas que facilitan que los progenitores con licencia parental cuiden de sus hijos en casa hasta la edad de 2 años, período durante el cual reciben prestaciones por cuidado de hijos, lo que contribuye a reducir las tasas de matriculación de los niños menores de 2 años.
Respuesta al párrafo 15 e)
En el artículo 28 del Código de Trabajo se establece el principio de respeto de los compromisos familiares de los empleados. Se exige que los empleadores atiendan y respondan por escrito a las solicitudes de los empleados relacionadas con las responsabilidades familiares y contribuyan a la conciliación de la vida laboral y familiar en la práctica. En el Código de Trabajo se definen todos los derechos obligatorios de los empleados, y pueden darse garantías adicionales por medio de contratos de trabajo o convenios colectivos. La Inspección Laboral del Estado promueve buenas prácticas para conciliar la vida laboral y familiar, destacando a los empleadores con sentido de la responsabilidad social.
En el Código de Trabajo se ofrecen garantías relacionadas con la familia, que incluyen días libres adicionales para los progenitores, licencias ampliadas para los progenitores solos y quienes crían a hijos con discapacidad, y una licencia flexible por cuidado infantil hasta que el hijo cumpla 3 años. Los padres pueden beneficiarse de 30 días naturales de licencia de paternidad durante el primer año de vida del hijo, además de prestaciones por paternidad. Las madres reciben 70 días de licencia de maternidad antes del parto y 56 días después de él, con prórrogas en caso de complicaciones o partos múltiples, y tienen derecho a prestaciones por maternidad si cumplen los requisitos. Los cuidadores que cumplen los criterios del seguro social también disponen de ayuda.
El Código de Trabajo ofrece sólidos mecanismos de protección para ayudar a los empleados a conciliar la vida laboral y familiar. Las empleadas embarazadas, los progenitores de niños menores de 3 o 14 años, quienes tienen hijos con discapacidad menores de 18 años y los empleados con dos o más hijos tienen prioridad para las vacaciones anuales y derecho a solicitar trabajo a distancia, solicitudes que deben concederse a menos que causen perturbaciones o costos considerables. Otras salvaguardias son la ampliación de los plazos de preaviso de despido, la prohibición de despedir a empleados con hijos menores de 3 años y el derecho de los progenitores de niños pequeños a elegir el turno de trabajo. Puede obtenerse licencia parental hasta que el hijo cumple 3 años, con dos años de compensación como máximo, y debe concederse licencia sin sueldo para la dispensación de cuidados o si la pareja se encuentra en período de licencia parental.
Tras la aplicación de la Directiva 2019/1158 de la Unión Europea, se modificó el Código de Trabajo para fortalecer las modalidades de trabajo flexibles. Ahora los empleados pueden solicitar trabajo a tiempo parcial, teletrabajo a tiempo completo u horarios flexibles en función de sus necesidades de salud o de sus responsabilidades de dispensación de cuidados. Los empleadores deben dar cabida a esas solicitudes a menos que puedan justificar la denegación. Desde el 1 de enero de 2023, cada progenitor tiene derecho a una parte intransferible de dos meses de la licencia por cuidado infantil hasta que el hijo cumpla 2 años. Esa medida tiene por objeto promover la igualdad de género en la dispensación de cuidados y fomentar las responsabilidades parentales compartidas. Durante ese período de licencia, los progenitores que reúnen los requisitos necesarios tienen derecho a recibir una prestación parental si tienen cobertura del seguro social de maternidad.
A partir del 1 de enero de 2023, los empleados de instituciones estatales y municipales con hijos menores de 3 años tienen derecho a una semana laboral reducida de 32 horas. La medida tiene por finalidad favorecer la pronta reincorporación al trabajo, mantener las cualificaciones profesionales y promover la conciliación de la vida laboral y personal sin aumentar la carga del sector privado. Pueden negociarse arreglos similares a través de políticas internas o convenios colectivos, aunque no son obligatorios para los empleadores privados. Esas iniciativas se corresponden con el Plan de Acción para 2023-2025, en que se da prioridad a fortalecer las garantías de conciliación de la vida laboral y familiar y a crear condiciones que contribuyan tanto a la dispensación de cuidados como al desarrollo de las perspectivas de carrera.
Respuesta al párrafo 16
Las Oficinas Municipales de Salud Pública son fundamentales para promover la salud pública a nivel local y ejecutan tareas asignadas por el Estado —por ejemplo vigilar la salud en las escuelas, promover la salud de la comunidad y seguir las tendencias sanitarias— y también medidas autónomas adaptadas a las necesidades locales, sobre todo de los niños y los jóvenes. En 2025, se ha concedido financiación estatal específica de más de 30 millones de euros en apoyo de esas actividades. Esos servicios, basados en el principio de igualdad en materia de salud, pretenden garantizar un acceso equitativo a una atención de calidad para todos, independientemente de su estatus social o geográfico. Lituania también ejecuta cinco programas nacionales de prevención. El Fondo Estatal para Pacientes, que gestiona el seguro médico, no recopila datos sobre la etnia ni la discapacidad, al defender la privacidad y la no discriminación. En los anexos 3 a 6 puede consultarse más información al respecto.
Respuesta al párrafo 17 a)
En Lituania, la interrupción del embarazo está regulada por la Orden núm. 50 (1994) del Ministerio de Salud, en que se la define como un servicio de atención de la salud personal que incluye el asesoramiento, el procedimiento de que se trata y los cuidados de seguimiento. Se permite realizar una interrupción quirúrgica hasta la sexta semana de embarazo en los ambulatorios autorizados. Después de la sexta semana, debe realizarse en las instalaciones que ofrezcan servicios de cirugía ambulatoria o ginecología hospitalaria. Por razones médicas, se permiten realizar interrupciones tanto quirúrgicas como médicas hasta la 22ª semana en los centros de nivel terciario. Los procedimientos son llevados a cabo por equipos multidisciplinarios de profesionales de atención de la salud autorizados.
Hasta 2024, Lituania contaba con 603 obstetras y ginecólogos, 447 pediatras, 133 neonatólogos, 844 anestesistas, 828 matrones, 21.172 enfermeros generales y 1.971 enfermeros especializados en anestesias y cuidados intensivos. Una de las prioridades nacionales es fortalecer la fuerza de trabajo del sector de atención de la salud, como se describe en la Resolución núm. 151 del Gobierno, de 12 de marzo de 2025, en que se hace hincapié en atraer y financiar a profesionales de la salud y mejorar sus condiciones de trabajo. El plan también tiene como objetivo aumentar las competencias de los profesionales sanitarios y farmacéuticos en un 15 % impartiendo capacitación en el servicio, mejorando la calidad y realizando actividades de supervisión, con el apoyo del Programa de Inversión de Fondos de la Unión Europea para 2021-2027. En los anexos 7 y 8 puede consultarse más información al respecto.
Respuesta al párrafo 17 b)
En el anexo 1 del reglamento sobre la interrupción del embarazo de Lituania se describen los motivos médicos y legales para practicar el aborto, como la inmadurez fisiológica de las niñas de 14 años o de menor edad. Según la Ley de Derechos de los Pacientes, las personas mayores de 16 años deben dar su propio consentimiento para recibir servicios de atención de la salud, mientras que las personas menores de 16 años necesitan el consentimiento de un representante legal, a menos que se trate de una emergencia. Los proveedores de atención de salud deben actuar en favor del interés superior de la persona menor, teniendo en cuenta tanto su opinión como la de su tutor. Si surgen desacuerdos, decide una junta médica. En algunos casos, las personas menores de 16 años pueden dar su consentimiento de forma independiente si se considera que pueden comprender su estado de salud.
En el artículo 2.25 del Código Civil se afirma que la persona humana goza de inviolabilidad, indicando que se requiere el consentimiento por escrito para toda intervención en el cuerpo de una persona, como una cirugía, extirpación de órganos, esterilización o interrupción del embarazo. Si la persona está legalmente incapacitada, debe dar su consentimiento un tutor; sin embargo, también se requiere autorización judicial para procedimientos como la interrupción del embarazo. Solo se prescinde de ese requisito en los casos de necesidad médica urgente, cuando la vida de la paciente corre peligro y no puede expresar su voluntad.
Respuesta al párrafo 17 c)
Las oficinas municipales de salud pública apoyan la educación escolar sobre la sexualidad mediante el Programa de Aptitudes para Llevar un Estilo de Vida Sano. Ello se complementa con el Portal de la Juventud, administrado por el Instituto de Higiene, que facilita información sobre la salud sexual y la anticoncepción. En 24 municipios, 28 coordinadores de Servicios de Atención de la Salud Adaptados a la Juventud emplean un algoritmo estructurado para evaluar los riesgos y coordinar el apoyo brindado a los jóvenes de 14 a 29 años, con lo cual se pretende reducir las infecciones de transmisión sexual y los embarazos imprevistos.
En virtud de la Orden núm. V-527, que regula la atención ginecológica ambulatoria, se puede recetar el anticonceptivo levonorgestrel a niñas de entre 15 y 17 años. Los especialistas en visitas familiares también ofrecen instrucción a domicilio a progenitores primerizos sobre los riesgos de los embarazos imprevistos y la anticoncepción después del parto. Esas visitas se rigen por la Orden núm. V-530 y se incluyen en los servicios nacionales de salud en virtud de la Orden núm. V-589. En conjunto, esas medidas apoyan un enfoque nacional coordinado para la salud sexual y reproductiva de la juventud y las nuevas familias.
Respuesta al párrafo 17 d)
En la Orden núm. V-1765 de 2021, en que se detallan las responsabilidades de los profesionales de la atención de la salud a la hora de tratar a posibles víctimas de la violencia sexual, se describe el procedimiento seguido en Lituania para brindar atención de la salud a las personas que han sobrevivido a la violencia sexual. En caso de sospecha de violencia sexual, los proveedores deben notificarla a la policía, conforme a lo dispuesto en el Reglamento Conjunto (Orden núm. 55/42/16). Para garantizar el cumplimiento, la Fiscalía General puede inspeccionar las instituciones de atención de la salud o delegar esa tarea en los fiscales de distrito. Si se detectan casos de violación, se adoptan medidas correctivas, garantizando que las personas que han sobrevivido reciban atención oportuna y protección jurídica.
Respuesta al párrafo 17 e)
Actualmente no está previsto suprimir el requisito de que un tutor autorice el aborto en los casos de niñas menores de 18 años, que se establece en el artículo 2.25 del Código Civil, en que se dispone que es preciso el consentimiento por escrito para toda intervención corporal, incluida la interrupción del embarazo. Si la persona está legalmente incapacitada, debe dar su consentimiento un tutor, y se requiere autorización judicial a menos que el procedimiento sea urgentemente necesario para salvar la vida de la persona y ella no pueda expresar su voluntad. Cuando se trata de niñas menores de 16 años, el consentimiento por escrito es obligatorio, mientras que en el caso de las que tienen entre 16 y 18 años, se recomienda, pero no es obligatorio. Esas normas reflejan un enfoque prudente que mantiene un equilibrio entre la atención médica y las salvaguardias jurídicas.
Respuesta al párrafo 17 f)
Los servicios de atención de la salud personal, que incluyen los procedimientos quirúrgicos, invasivos y de intervención, no pueden proporcionarse sin el consentimiento informado del paciente o de su representante legal. Ese principio fundamental se establece en la Ley de Derechos de los Pacientes e Indemnizaciones por los Daños Ocasionados a su Salud, en que se prohíbe prestar servicios de atención de la salud si no se otorga el consentimiento, excepto en los casos de necesidad médica urgente. En la actualidad, el Ministerio de Salud no recopila ni mantiene datos sobre la violencia obstétrica contra las mujeres y las niñas.
Respuesta al párrafo 18 a)
Actualmente, los datos solicitados no están disponibles. En el anexo 9 puede consultarse información general al respecto.
Respuesta al párrafo 18 b)
Se presta asistencia jurídica por medio de alianzas con la sociedad civil, mientras que los municipios ofrecen ayuda para la vivienda, aunque algunas familias siguen viviendo en alojamientos compartidos. La atención de la salud está integrada en el sistema público, con un nuevo marco de apoyo psicosocial y a la salud mental que está en marcha. En cuanto a la educación, los niños refugiados se benefician de programas lingüísticos y de integración, y en un plan estratégico para 2025 se incluye orientación sociocultural para facilitar su adaptación.
Respuesta al párrafo 18 c)
Después de introducir modificaciones en la Ley de las Fronteras Estatales y su Protección el 2 de mayo de 2023, Lituania aprobó la Resolución núm. 315, en que se prohíbe la entrada de los extranjeros que crucen o intenten cruzar la frontera exterior de la Unión Europea pasando por lugares distintos de los puntos designados o que infrinjan los procedimientos fronterizos. Ello se aplica a las personas que se encuentran dentro de la zona fronteriza de Lituania, teniendo en cuenta las excepciones descritas en el artículo 4 13) de la Ley de las Fronteras Estatales y su Protección.
La disposición sobre exclusión de la Ley de las Fronteras Estatales y su Protección de Lituania se activa únicamente durante un estado de emergencia declarado a raíz de una afluencia masiva de extranjeros, en particular cuando se producen cruces ilegales o por la fuerza de las fronteras. El Gobierno considera que esa medida es necesaria y proporcionada para proteger la seguridad nacional, el orden público y las fronteras exteriores de la Unión Europea, centrándose de manera específica en la migración instrumentalizada, que se trata independientemente de la migración natural. A pesar de esa restricción, en la Ley de las Fronteras Estatales y su Protección se dispone que debe realizarse una evaluación obligatoria de la necesidad de asistencia de cada persona. Si una persona huye de la persecución o tiene motivos humanitarios para entrar, no se aplica la exclusión. Para garantizar una implementación adecuada, el 3 de mayo de 2023, la Jefatura del Servicio de la Guardia Fronteriza Estatal emitió la Orden núm. 4-200, por la que se establece un procedimiento normalizado para evaluar cada caso de manera individual.
En Lituania, los funcionarios del Servicio de la Guardia Fronteriza Estatal evalúan la salud, la seguridad y las necesidades básicas de cada extranjero a su llegada, lo cual incluye la presencia de niños y su bienestar. El personal médico y los especialistas en protección infantil intervienen cuando es necesario. Se entrevista a las personas para determinar si reúnen los requisitos necesarios para obtener la condición de refugiado o el estatuto de protección internacional en virtud de la Ley de la Condición Jurídica de los Extranjeros, prestando especial atención a los grupos vulnerables. Ese proceso garantiza que se respeten las normas humanitarias durante la gestión de emergencia de las fronteras, en consonancia con las obligaciones internacionales de Lituania.
Respuesta al párrafo 18 d)
El principal objetivo de la campaña Rape is a War Crime (El odio es un crimen de guerra) era educativo: fomentar una mayor conciencia pública de la violencia sexual como crimen de guerra y promover un enfoque centrado en las supervivientes relativo a la justicia y el apoyo. Los proveedores de servicios que participan en la campaña no recopilan ni gestionan los datos estadísticos solicitados, ya que su función está focalizada en la divulgación, la instrucción y la remisión, más que en la gestión de casos o el seguimiento de datos.
Respuesta al párrafo 18 e)
Entre 2021 y 2024, el número de mujeres alojadas en el Centro de Inscripción de Extranjeros del Servicio de la Guardia Fronteriza Estatal de Lituania experimentó variaciones: 152 en 2021, 238 en 2022, 108 en 2023 y 107 en 2024. El número medio de días de privación de libertad, tanto de hombres como de mujeres, fue de 29,1 en 2021, cifra que aumentó a 55,8 en 2022 y luego descendió a 15,7 en 2023 y a 16,6 en 2024. No se dispone de estadísticas separadas sobre los motivos de privación de libertad de las mujeres.
Respuesta al párrafo 18 f)
Las mujeres y las niñas que solicitan asilo y se identifican como apátridas son reconocidas como tales en función de la información que proporcionan durante el proceso de solicitud de asilo. No existe un procedimiento administrativo independiente para determinar la apatridia; por el contrario, se integra esa evaluación en el proceso de asilo más amplio. Según los datos más recientes, en la actualidad hay 906 mujeres y niñas apátridas que tienen permisos de residencia válidos, ya sea como solicitantes de asilo o por otros motivos legales.
En virtud del artículo 18 de la Ley de Ciudadanía de Lituania, las personas apátridas —independientemente de su género— pueden adquirir la ciudadanía por naturalización si cumplen criterios específicos, entre ellos residir diez años de manera legal en la Unión Europea, tener residencia permanente en Lituania en el momento en que se presenta la solicitud y se emite la decisión, aprobar los exámenes de idioma nacional y conocimientos constitucionales, demostrar una fuente de ingresos lícita y declarar la voluntad de renunciar a otras ciudadanías si procede. Determinados grupos están exentos de los requisitos de examen e ingresos, como las personas mayores de 65 años, las personas con un nivel de discapacidad del 0 % al 55 %, las personas en edad de jubilación con necesidades especiales, las personas con trastornos crónicos graves de salud mental o de comportamiento y los niños menores de 18 años. Esas exenciones contribuyen a velar por la accesibilidad sin dejar de mantener la integridad del proceso de naturalización.
Respuesta al párrafo 18 g)
El 15 de enero de 2022 llegó a su fin el estado de la emergencia (situación extraordinaria) declarada el 2 de julio de 2021. No se dispone de información sobre el número de mujeres y niñas a las que se deniega protección internacional o temporal en virtud de las disposiciones de emergencia.
Respuesta al párrafo 18 h)
En virtud de las normas simplificadas de reunificación familiar, los familiares de las personas a las que se ha concedido asilo en Lituania pueden solicitar un permiso de residencia temporal. Deben presentarse las solicitudes en un plazo de seis meses contados a partir de la decisión sobre el asilo. Con arreglo a esas condiciones, no se exige a los solicitantes que presenten pruebas de sus ingresos ni de su seguro médico. Si no se dispone de documentos oficiales en que se demuestren los vínculos familiares, las autoridades lituanas realizan evaluaciones individuales, que pueden incluir una entrevista, así como un examen de la información proporcionada durante el proceso de asilo para verificar la relación.
Con el propósito de apoyar la reunificación familiar, en 2021 Lituania comenzó a reconocer el Documento de Viaje de Emergencia del Comité Internacional de la Cruz Roja, lo cual facilita que las personas que no tienen un documento de identidad válido entren en el país en circunstancias excepcionales y soliciten un permiso de residencia temporal. Desde 2023, los familiares también pueden solicitar permisos de residencia temporal desde el extranjero a través de un proveedor de servicios externo, lo que mejora el acceso de quienes se encuentran fuera de Lituania.
Respuesta al párrafo 18 i)
El 25 de abril de 2023, Lituania modificó la Ley de las Fronteras Estatales y su Protección introduciendo cambios considerables en la gestión de las fronteras durante los estados de emergencia. Una de las principales disposiciones (artículo 4 13)) permite que el Gobierno restrinja la entrada de extranjeros durante un estado de emergencia declarado a raíz de una afluencia masiva, basándose en evaluaciones individuales, lo cual se aplica a quienes cruzan por puntos no designados o infringen los procedimientos de entrada. Se hacen excepciones en el caso de las personas que huyen de conflictos armados, son objeto de persecución en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 o solicitan la entrada por razones humanitarias. Desde el punto de vista legal, no se considera que esas personas están presentes, pero debe evaluárselas para determinar sus necesidades de ayuda de urgencia y brindárseles asistencia en caso necesario. La Ley subsana una laguna jurídica anterior facilitando que el Estado responda a amenazas a la seguridad nacional o al orden público en la frontera. Con la finalidad de aplicarla, el 3 de mayo de 2023 el Gobierno aprobó la Resolución núm. 315, en que se autoriza que el Servicio de la Guardia Fronteriza Estatal haga cumplir las restricciones de entrada, sin dejar de mantener los mecanismos de protección humanitaria. En el anexo 10 puede consultarse información general al respecto.
Respuesta al párrafo 19 a)
En el momento de redactarse este informe, Lituania carecía de datos públicos sobre las mujeres y las niñas con discapacidad bajo tutela, pero se están realizando esfuerzos para reformar el sistema de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos. El Ministerio de Justicia, en colaboración con expertos jurídicos, ha propuesto medidas encaminadas a fortalecer la capacidad jurídica, como simplificar la administración de bienes, ampliar las declaraciones de voluntad anticipadas y aclarar las funciones de las personas que prestan apoyo. Esas reformas se pusieron de relieve en la conferencia del 21de junio de 2025 sobre la capacidad jurídica y las vías de reforma con respecto al derecho a decidir, organizada por los Foros Europeo y Lituano de la Discapacidad, que hicieron hincapié en pasar de la tutela al apoyo para la adopción de decisiones, en consonancia con el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.
Respuesta al párrafo 19 b)
Si no se ha restringido formalmente la capacidad jurídica de una persona, pero tiene dificultades para adoptar decisiones, se dispone de especialistas en prevención de la restricción de esa capacidad para que brinden apoyo. Esos profesionales trabajan en diversas regiones de Lituania y ofrecen orientación a las personas que tratan de mantener o recuperar su capacidad jurídica. En los casos en que ya se ha restringido la capacidad jurídica, la legislación lituana prevé un mecanismo para restablecerla mediante actuaciones judiciales, en particular cuando hay pruebas de una mejora de la salud o del funcionamiento social, lo cual refleja un compromiso más amplio de reconocer la naturaleza evolutiva de la capacidad jurídica y la necesidad de realizar evaluaciones individualizadas y basadas en los derechos.
Respuesta al párrafo 19 c)
En virtud de la Ley de Derechos de los Pacientes e Indemnizaciones por los Daños Ocasionados a su Salud, no puede realizarse ningún tratamiento médico sin el consentimiento del paciente, incluidas las mujeres con discapacidad. Se requiere el consentimiento de las personas mayores de 16 años, a menos que se trate de una emergencia y no puedan expresar su voluntad. Si el paciente no puede decidir y no hay ningún representante legal, el médico que lo atienda —a veces con una junta médica— actúa en favor del interés superior del paciente. Salvo en situaciones de emergencia, los representantes legales deben dar su consentimiento en el caso de las personas menores de 16 años, lo cual supone que los proveedores de atención de salud tengan en cuenta tanto la opinión del niño como la de su tutor. En caso de desacuerdo, decide una junta médica. En virtud de la Ley de Atención de Salud Mental, puede hospitalizarse en contra de su voluntad a personas con trastornos mentales y de comportamiento durante un período de hasta tres días laborables si suponen una amenaza inmediata para sí mismas u otras personas, y en ese período se permite dar tratamiento sin que se otorgue el consentimiento. Se exige que haya una decisión judicial para cualquier prórroga, y todas las medidas se basan estrictamente en el riesgo médico y no en la discapacidad ni el género.
Respuesta al párrafo 20 a)
El sistema de asistencia social en efectivo de Lituania es inclusivo y neutro en cuanto a la edad, lo cual garantiza que las mujeres mayores no queden excluidas del apoyo prestado. Las personas y familias con ingresos insuficientes disponen de ayuda económica, que incluye prestaciones sociales y subsidios de calefacción y agua, mientras que las mujeres con hijos pueden recibir apoyo específico adicional como prestaciones por hijos a cargo, pagos relacionados con la maternidad, y asistencia para hijos en edad escolar, que comprende comidas y suministros gratuitos. Esas medidas tienen por finalidad aumentar el ingreso disponible y reducir la pobreza entre los grupos vulnerables.
En el sector de la atención de la salud, el artículo 1 2) de la Ley de Derechos de los Pacientes e Indemnizaciones por los Daños Ocasionados a su Salud prohíbe la discriminación al dispensar atención de la salud, lo cual garantiza un acceso equitativo en consonancia con los principios de derechos humanos. Se prestan servicios de atención de la salud de conformidad con las normas legales y los requisitos del servicio. Además, los servicios de visita familiar están regulados por la Orden núm. V-530, de 13 de mayo de 2024, del Ministerio de Salud, en que se da prioridad al apoyo a las mujeres mayores de 40 años que están embarazadas por primera vez, reconociendo sus necesidades sanitarias y sociales específicas.
Respuesta al párrafo 20 b)
En Lituania, el acceso a los servicios de ambulancia es universal, por ejemplo para los extranjeros, pero las zonas rurales atraviesan dificultades como la escasez de equipos de ambulancia y la mayor duración de los tiempos de respuesta, que afectan en particular a las mujeres debido a las deficiencias del transporte y el acceso limitado a la información sobre atención de la salud. Para subsanar los obstáculos relacionados con el transporte, existen servicios no especializados para grupos vulnerables, como personas con discapacidad, personas con bajos ingresos y personas mayores de 75 años, según se regula en la Resolución núm. 1196 (30 de noviembre de 2022) del Gobierno. El transporte especializado, que se rige por la Orden núm. V-34 (11 de enero de 2023) del Ministerio de Salud, es ofrecido cuando es necesario por razones médicas e incluye supervisión o apoyo vital durante el tránsito. Conjuntamente, esos servicios están destinados a velar por un acceso equitativo a la atención de la salud, en particular para los grupos de población vulnerables y de zonas rurales.
Respuesta al párrafo 20 c)
En Lituania, los derechos de los pacientes gozan de protección en virtud del artículo 1 2) de la Ley de Derechos de los Pacientes e Indemnizaciones por los Daños Ocasionados a su Salud, en que se prohíbe restringir el acceso a la atención de la salud, salvo en los casos en que la ley lo permite y en consonancia con los derechos humanos. Se prestan todos los servicios de atención de la salud —ambulatorios, hospitalarios y preventivos— sin discriminación; las personas que tienen cobertura del seguro médico obligatorio reciben un reembolso íntegro y todos disponen de atención de emergencia. En un estudio realizado en 2022 sobre el acceso de los romaníes a la atención de la salud se puso de manifiesto la existencia de obstáculos como el acceso digital limitado y las disparidades de género. Desde 2016, los facilitadores romaníes han brindado ayuda para el acceso en varios municipios y, en 2024, se introdujo una función de intermediario de salud en Vilna, mientras que el Departamento de Minorías Nacionales sigue impartiendo educación para la salud a mujeres romaníes.
Respuesta al párrafo 20 d)
El Tribunal Constitucional de Lituania, en su decisión de 2019 (núm. KT3-N1/2019), afirmó que la discriminación basada en la identidad de género o la orientación sexual constituía una transgresión del artículo 29 de la Constitución y la dignidad humana. Si bien el artículo 2.27 del Código Civil permite que los adultos solteros se sometan a la reasignación de género, la falta de leyes en materia de aplicación implica que el reconocimiento legal de la identidad de género se gestione caso por caso por medio de decisiones judiciales.
Respuesta al párrafo 20 e)
A raíz de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la causa Macatė c. Lituania, el 18 de diciembre de 2024 el Tribunal Constitucional emitió la Resolución núm. KT101-N15/2024, en que declaró que el artículo 4 2) 16) de la Ley de Protección de los Menores era inconstitucional. El Tribunal constató que la disposición restringía de manera injustificada la información sobre relaciones entre personas del mismo sexo, lo cual suponía una vulneración de los derechos constitucionales a la libertad de expresión y la vida familiar. En consecuencia, la disposición quedó eliminada del sistema jurídico y ya no es aplicable.
Respuesta al párrafo 20 f)
En 2025 se creó un grupo de trabajo interinstitucional encargado de redactar el Plan de Acción para 2023‑2025 con la participación de ministerios, municipios, ONG y el Ómbudsman para la Igualdad de Oportunidades, lo cual refleja un enfoque intersectorial para la igualdad de género. Al mismo tiempo, Lituania está transponiendo a su legislación interna las Directivas 2024/1499 y 2024/1500 de la Unión Europea sobre los organismos de igualdad. Esas actualizaciones de la Ley de Igualdad de Oportunidades tienen por objeto introducir definiciones de discriminación múltiple, interseccional y asociativa.
Respuesta al párrafo 21 a)
En 2022, el Ministerio de Justicia y el Centro Gubernamental de Análisis Estratégicos (STRATA) realizaron una evaluación ex post de la mediación obligatoria en las controversias familiares en que se confirmó que la reforma cumplía sus objetivos, al aumentar el uso de la mediación, las soluciones amistosas y la conciencia pública, sin dejar de reducir la carga de trabajo de los tribunales y las costas judiciales. No se detectaron problemas relacionados con la exención para las personas que habían sobrevivido a la violencia doméstica en virtud del artículo 20 1) 1) de la Ley de Mediación. Se recomendó que se hiciera un seguimiento continuo. En respuesta a ello, se encomendó al Ministerio de Seguridad Social y Trabajo la tarea de supervisar la aplicación de esa exención, en particular en vista de las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Hasta la fecha no se han notificado problemas prácticos.
Con el objeto de aplicar las recomendaciones de la evaluación de 2022, el 13 de junio de 2024 el Seimas aprobó la Ley núm. XIV‑2722, por la que se modifica la Ley de Mediación. Entre los principales cambios figuran la obligación del mediador de ponerse en contacto con la otra parte y la abolición de las normas de pago detalladas (en vigor desde el 1 de septiembre de 2024), así como las reformas de la autonomía del mediador y la afiliación universal a través del Registro Lituano de Mediación (en vigor desde el 1 de enero de 2025). Se amplió la exención de la mediación obligatoria para incluir casos en que la parte contraria estaba sujeta a una orden de protección de emergencia por violencia doméstica. Si bien no se recopilan datos por separado sobre la mediación voluntaria de las personas que han sobrevivido a la violencia doméstica, la mediación sigue siendo eficaz en las controversias familiares.
Respuesta al párrafo 21 b)
El 17 de abril de 2025, el Tribunal Constitucional de Lituania resolvió que el artículo 3.229 del Código Civil —que limitaba las uniones a las parejas de distinto sexo— era inconstitucional. El Tribunal constató que esa disposición vulneraba los derechos de las parejas del mismo sexo a la dignidad, la vida privada y familiar y la igualdad, en virtud del artículo 29 de la Constitución. Hizo hincapié en que los prejuicios sociales no podían justificar la limitación de los derechos fundamentales y exhortó al Parlamento a que aprobara un marco jurídico para registrar las uniones. Mientras tanto, las personas pueden solicitar el reconocimiento legal de las uniones cuyos miembros son del mismo sexo ante los tribunales.
Respuesta al párrafo 22
En el Plan Nacional de Energía y Acción Climática de Lituania (2021-2030) no se incluye expresamente el género como enfoque estratégico, sino que se presenta una medida horizontal para evaluar las políticas climáticas desde la perspectiva de la igualdad de género. El Ministerio de Medio Ambiente apoya el principio de igualdad de oportunidades para todos mediante su programa para 2022-2030, coordinando varias medidas con el Ministerio de Seguridad Social y Trabajo. La igualdad de género también está integrada en estrategias nacionales como el Plan de Progreso Nacional y la visión Lituania 2050. El Ministerio de Medio Ambiente colabora con la Agencia de Datos del Estado en el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y preparó el Examen Nacional Voluntario de 2023, en que se incluyó el ODS 5.