Undécimo informe periódico que Egipto debía presentar en 2025 en virtud del artículo 18 de la Convención *

* La versión original del presente informe no fue objeto de revisión editorial oficial.

[Fecha de recepción: 22 de enero de 2026]

Egipto, fiel a su determinación de cooperar con los mecanismos internacionales de derechos humanos, y en expresión de su voluntad de cumplir los compromisos contraídos en virtud de los tratados, presenta al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer su 11º informe periódico, motivado por su firme voluntad de satisfacer sus obligaciones en virtud de la Convención. El informe pasa revista a los principales avances registrados durante el período que abarca (2021-2025) en la aplicación de las disposiciones de la Convención a título legislativo, de prácticas y de políticas. Se han tomado en consideración todas las observaciones del Comité sobre el informe anterior, a las que se hace referencia cuando corresponde.

El informe fue elaborado por la Comisión Superior Permanente de Derechos Humanos, que comenzó a desempeñar sus funciones a principios de 2020. La Comisión, creada en virtud de una resolución del Primer Ministro, engloba a todos los ministerios y organismos gubernamentales relacionados con los derechos humanos y está presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Su cometido consiste en supervisar el cumplimiento por Egipto de los compromisos internacionales derivados de las disposiciones de los convenios y protocolos internacionales pertinentes y en proponer las medidas y procedimientos legislativos correspondientes. Su secretaría técnica se encarga de recopilar y analizar datos e información, elaborar una base de datos con las recomendaciones que formulan a Egipto los mecanismos internacionales y regionales y dar seguimiento a los avances al respecto, además de revisar la legislación y las políticas de aplicación relacionadas con los derechos humanos y supervisar la ejecución de la Estrategia Nacional de Derechos Humanos. La Comisión presta apoyo técnico a diversas entidades nacionales, especialmente en lo relativo a la creación de dependencias especializadas en derechos humanos en ministerios y provincias; imparte la formación necesaria para difundir la cultura de los derechos humanos e incorporarla en los programas y políticas pertinentes; y aporta un marco nacional sostenible para la coordinación entre los ministerios y las entidades del Estado y para la cooperación con los distintos mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos. El informe se ha elaborado en estrecha colaboración con el Consejo Nacional de la Mujer, en calidad de organismo estatal independiente encargado del empoderamiento de las mujeres. El Consejo goza de personalidad jurídica y de independencia técnica, financiera y administrativa, depende directamente del Presidente de la República y desempeña una función de liderazgo en la elaboración y ejecución de las políticas nacionales relativas a las mujeres.

La elaboración del informe periódico nacional es fruto de la coordinación de diversos ministerios, entidades del Estado nacionales y consejos nacionales especializados, concretamente el Consejo Nacional para la Infancia y la Maternidad, el Consejo Nacional de la Mujer y el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. Se contó con la colaboración del Centro de Información y Apoyo a la Adopción de Decisiones de la Presidencia del Consejo de Ministros, la Agencia Central de Movilización Pública y Estadística y el Consejo Nacional de Población. Se consultó al Consejo Nacional de Derechos Humanos, en calidad de institución nacional de derechos humanos, así como a las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de cuestiones relacionadas con las mujeres y los derechos humanos.

Durante el período que abarca el informe se implantó la primera Estrategia Nacional de Derechos Humanos (2021-2026), que se presentó en septiembre de 2021. Elaborada por la Comisión Superior Permanente de Derechos Humanos, esta primera estrategia nacional de derechos humanos de Egipto se basa en una visión que tiene por objeto dar continuidad a los esfuerzos destinados a promover y proteger los derechos humanos con arreglo a la Constitución y la legislación nacional, en consonancia con los compromisos internacionales de Egipto. La estrategia incluye cuatro ejes: los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos humanos de las mujeres y los niños, las personas con discapacidad, los jóvenes y las personas mayores, y la educación y el desarrollo de la capacidad en materia de derechos humanos. La estrategia tiene por objeto avanzar en tres vías paralelas: el desarrollo legislativo, el desarrollo institucional y la educación y el fomento de la capacidad.

La estrategia se basó en una serie de principios fundamentales consagrados en la Constitución, consolidados en la jurisprudencia de los tribunales superiores y plasmados en los convenios internacionales y regionales de derechos humanos. Cabe citar, entre esos principios, la no discriminación, la garantía de los derechos humanos en un marco de igualdad, la igualdad de oportunidades y el respeto del principio de ciudadanía.

A la presentación asistió el Presidente de la República, lo que refleja el grado de importancia que concede el Gobierno al compromiso de cumplir los objetivos de la estrategia, elaborada con arreglo a un enfoque consultivo en el que participaron todos los ministerios y organismos gubernamentales, así como organizaciones no gubernamentales (ONG). También se celebraron sesiones de audiencia con representantes de la sociedad civil y se aprovecharon las experiencias internacionales y las mejores prácticas de numerosos países del mundo. Ya se han publicado cuatro informes periódicos anuales de seguimiento sobre la aplicación de la estrategia.

Novedades legislativas relacionadas con la aplicación de la Convención durante el período que abarca el informe

–Ley núm. 189 (2020), por la que se modifican algunas disposiciones del Código Penal con el fin de tipificar como delito el acoso escolar.

–Ley núm. 151 (2020) sobre la protección de datos personales.

–Decisión de la Presidencia del Consejo de Ministros de 2021 por la que se crea la Dependencia Integrada para la Protección de las Mujeres frente a la Violencia.

–Ley núm. 10 (2021), por la que se modifica el Código Penal para endurecer las penas impuestas a quienes practiquen la mutilación genital femenina.

–Ley núm. 141 (2021), por la que se modifica el Código Penal para hacer frente al acoso sexual.

–Ley núm. 22 (2022), relativa a la modificación de algunas disposiciones de la Ley de lucha contra la inmigración irregular y el tráfico de migrantes, promulgada como Ley núm. 82 (2016).

–Ley núm. 165 (2022), por la que se modifican algunas disposiciones de la Ley del Estatuto Personal (Ley núm. 143 (1994)), con el fin de rebajar la edad mínima para solicitar el documento de identidad de dieciséis a quince años.

–Ley núm. 14 (2022), por la que se modifican algunas disposiciones de la Ley núm.396 (1956), relativa a la organización de los centros penitenciarios.

–Ley núm. 28 (2023), por la que se modifican algunas disposiciones de la Ley núm.26 (1975), relativa a la concesión de la nacionalidad egipcia a los hijos de madre egipcia.

–Ley núm. 161 (2023), por la que se destina una dotación de mil millones de libras al Fondo Capaces por la Diversidad, destinado a apoyar a las personas con discapacidad.

–Ley núm. 182 (2023), por la que se reorganiza el Consejo Nacional para la Infancia y la Maternidad; en virtud de las modificaciones legislativas, se ha elevado el estatuto jurídico del Consejo y se han ampliado sus competencias para darle carácter de institución constitucional independiente.

–Ley núm. 185 (2023), por la que se modifican algunas disposiciones del Código Penal, en concreto los artículos 306 bis 1) y 306 bis b), con el fin de endurecer las penas por los delitos de agresión y acoso.

–Ley núm. 186 (2023), por la que se modifican algunas disposiciones de la Ley de la Infancia para endurecer las sanciones por no inscribir a un recién nacido.

–Ley núm. 171 (2023), relativa a la creación de la Alianza Nacional de Acción Civil por el Desarrollo.

–Ley núm. 1 (2024), por la que se modificó el Código de Procedimiento Penal, Ley núm. 150 (1950) con el fin de autorizar el recurso a los fallos dictados por los tribunales penales.

–Ley núm. 19 (2024), relativa a la protección de los derechos de las personas de edad.

–Ley núm. 164 (2024), relativa al asilo para personas extranjeras.

–Ley núm. 14 (2025), por la que se promulgó el Código Laboral.

–Ley núm. 174 (2025), por la que se promulgó el Código de Procedimiento Penal.

Políticas y medidas destinadas a garantizar una mayor protección de los derechos humanos y a aplicar la Convención

El 1 de julio de 2021, el Gobierno egipcio inauguró el proyecto nacional para el desarrollo de las poblaciones rurales egipcias denominado Haya Karima (“Una Vida Digna”). El proyecto se ejecuta en tres fases que abarcan 4.500 pueblos y 28.000 núcleos poblacionales menores en 175 distritos de 20 provincias de la República. El porcentaje de beneficiarios asciende a cerca del 58 % de la población total del país. El proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de vida y el nivel de los servicios prestados mediante una serie de intervenciones integradas, como la provisión de infraestructuras básicas de agua potable, saneamiento y vivienda, el aumento del número de escuelas y centros de salud y la creación de medios para mejorar los ingresos y la provisión de un nivel de vida digno para las comunidades rurales, además de contribuir a la consecución de los objetivos de la Estrategia Nacional de Derechos Humanos. A lo largo de 2024 se completará la ejecución de la primera fase de Haya Karima, a cuyos proyectos de desarrollo se han destinado créditos por un monto total de 400.000 millones de libras. La primera fase comprende 1.477 pueblos en 52 distritos y alcanza a unos 19 millones de personas. La segunda fase del proyecto comenzará en 2024/2025 y su ámbito geográfico abarcará 1.667 pueblos aproximadamente. El costo de la segunda fase del proyecto asciende a unos 700.000 millones de libras. El sistema electrónico de seguimiento de los proyectos de la iniciativa Haya Karima se ha incorporado a la plataforma de iniciativas para acelerar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dependiente de la División de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas.

Durante el período que abarca el informe, se han publicado y actualizado varias estrategias nacionales destinadas a integrar los principios y conceptos de los derechos humanos, en su sentido más amplio, en los distintos ámbitos pertinentes. El Centro de Información y Apoyo a la Adopción de Decisiones, dependiente del Primer Ministro, en el marco del desarrollo del sistema nacional de seguimiento de las estrategias nacionales, ha recopilado las distintas estrategias, que hasta mayo de 2024 eran unas 90 en total, con el fin de reforzar los elementos de seguimiento y evaluación. Entre estas estrategias, se han aprobado y puesto en marcha las siguientes:

Actualización de la estrategia de Egipto para el desarrollo sostenible: Visión de Egipto 2030, a finales de 2023, que sitúa al ser humano en el centro del desarrollo, pone de relieve los vínculos entre las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible e incluye una serie de indicadores estratégicos para dar seguimiento al desempeño y los avances logrados en cada objetivo.

–Estrategia Nacional de Desarrollo para las Mujeres 2030.

–Plan Nacional para la Igualdad entre los Géneros 2023.

–Tercera Estrategia Nacional de Lucha contra la Trata de Personas y su Prevención para el período 2022-2026.

–Estrategia Nacional de Cuidado Alternativo (2021-2030), cuyo objetivo es proporcionar cuidado familiar o de acogida para la atención, la crianza y la protección de los niños, en lugar de internarlos en instituciones de acogida, de conformidad con las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños, aprobadas en 2009 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

–Estrategia Nacional de Población y Desarrollo (2023-2030), cuyo objetivo es lograr un equilibrio entre la población y el desarrollo mediante la promoción de la salud reproductiva, el empoderamiento de las mujeres, la inversión en la juventud, la mejora de las oportunidades educativas y la sensibilización sobre las cuestiones demográficas, así como lograr el bienestar social y económico de todos los ciudadanos.

–Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Primera Infancia y su Plan de Ejecución 2024-2029.

–Actualización del plan estratégico del Ministerio de Educación y Formación Profesional (2024-2029) para garantizar el acceso a la educación de todos sin discriminación y mejorar la calidad de la enseñanza.

El desarrollo sostenible y las mujeres

Las mujeres son un pilar fundamental para el logro del desarrollo sostenible, como se reafirma en la Visión de Egipto 2030, mediante la consecución de la igualdad de género y el fomento de la igualdad de oportunidades, el refuerzo de la participación de las mujeres en el proceso de desarrollo y, por ende, su empoderamiento económico, social y político, incluida la erradicación de todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres. Además de promover el derecho de las mujeres a la educación, al acceso a los servicios médicos, al trabajo y a la participación política, el Ministerio de Planificación, Desarrollo Económico y Cooperación Internacional publicó la “Guía del Plan de Desarrollo Sostenible con Perspectiva de Género”, la primera de este tipo. La Guía se elaboró con la participación de 12 ministerios y el Consejo Nacional de la Mujer, e incluye 143 intervenciones de desarrollo y 146 indicadores para evaluar el desempeño de esas intervenciones.

Las mujeres en los indicadores internacionales

–Egipto ha remontado 28 puestos en el indicador sobre las mujeres, la paz y la seguridad que publica el Georgetown Institute for Women, Peace and Security y que mide el empoderamiento económico y político de las mujeres, la equidad de las leyes, la ausencia de discriminación y la seguridad individual y comunitaria de las mujeres. Con ello, en 2023 el país se sitúa en el puesto 110, cuando en 2016 ocupaba el puesto 138.

–Egipto ha remontado 22 puestos en el índice de desigualdad de género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para situarse en el puesto 109 en 2021, en comparación con el puesto 131 que ocupaba en 2014.

–Egipto ha remontado 49 puestos en el índice de empoderamiento político de las mujeres que publica el Foro Económico Mundial, lo que situó al país en el puesto85 en 2023, frente al puesto 134 que ocupaba en 2014.

–En lo referente a la cuota de mujeres en el Parlamento de Egipto, ha pasado de 1,6puntos en 2014 a 54,3 puntos en 2022.

–Egipto ha avanzado 17,8 puntos en el índice de inclusión financiera de las mujeres mayores de 15 años, publicado por el Georgetown Institute for Women, Peace and Security: en 2021 obtuvo un 27 %, frente al 9,2 % de 2017.

–Egipto ha remontado 50 puntos en el índice de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial, con 75 puntos en 2024 frente a los 25 puntos de 2014.

–Egipto ha remontado 25 puntos en el índice de eficacia de la legislación empresarial publicado por el Banco Mundial, pasando de 75 puntos en 2014 a 100puntos en 2024.

–Egipto ha remontado seis puestos en el indicador sobre igualdad de género en la educación que publica el Foro Económico Mundial y se ha situado en el puesto 103 en 2022, frente al puesto 109 que ocupaba en 2014.

–Egipto avanzó 14,7 puntos en el índice de la proporción de mujeres con estudios que publican las Naciones Unidas, desde los 85,3 puntos de 2014 hasta los 100puntos de 2022.

–En 2024, Egipto siguió obteniendo la máxima puntuación (100 %) en el índice de eficacia de la legislación sobre pensiones de las mujeres que publica el Banco Mundial.

–La puntuación de Egipto en el índice de libertades civiles de las mujeres que publica Our World in Data ha mejorado, ya que en 2023 registró 0,43 puntos, frente a los 0,41 puntos de 2014. Egipto superó la media mundial en 2023.

El informe se divide en dos partes. La primera abarca los avances legislativos en la aplicación y el cumplimiento de la Convención, siguiendo el orden de los artículos 1 a 16, y se complementa con datos correspondientes a los años posteriores a noviembre de 2022. En la segunda parte del informe figuran las respuestas y aclaraciones a las observaciones finales que formuló el Comité al examinar el informe de Egipto de 2021.

Artículo 1. Definición de discriminación

En las sucesivas constituciones egipcias, así como en la Constitución vigente, se ha reafirmado que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y gozan de los mismos derechos, libertades y deberes públicos, sin distinción alguna. El Tribunal Constitucional Supremo ha definido la discriminación como: “toda distinción, restricción, preferencia o exclusión que menoscabe de manera arbitraria los derechos y libertades que garantizan la Constitución o la ley, ya sea negándolos, suspendiéndolos o mermando sus efectos, de tal forma que impida su ejercicio en condiciones de igualdad plena por quienes estén legalmente facultados para gozar de ellos, en particular en las esferas política, económica, social y cultural, así como en otros aspectos de la vida pública”. Esta definición abarca diversas formas de discriminación con el fin de garantizar su prevención y erradicación en todos los ámbitos en los que se ejercen los derechos y libertades.

El Gobierno adopta una definición amplia de las formas de discriminación en los planes legislativos y ejecutivos destinados a combatirla. Se considera que cualquier distinción, restricción, preferencia o exclusión que menoscabe de manera arbitraria los derechos o libertades establecidos en la Constitución o en la ley, ya sea negando su existencia misma u obstaculizando o restringiendo sus efectos de tal forma que se impida el ejercicio de esos derechos a quienes legalmente pueden disfrutarlos, en particular en el ámbito de la vida política, social, económica y cultural, así como en otros aspectos de la vida pública.

Artículo 2. Medidas de política

El marco legislativo comprende la prohibición de la discriminación por cualquier motivo posible. Cabe citar en ese sentido la Ley de la Función Pública y el Código Penal, en virtud de la cual se sanciona a toda persona que, por obra u omisión, se comporte de manera que pueda dar lugar a la discriminación entre personas o contra un grupo de personas por motivos de género, origen, idioma, religión o credo. Un ejemplo reciente de legislación que prohíbe la discriminación lo constituye la promulgación de la Ley núm. 14 de 2025, por la que se aprobó el Código Laboral, cuyo artículo 5 prohíbe cualquier acto, conducta o medida que pueda dar lugar a discriminación o distinción entre personas en lo referente a la formación, la publicación de ofertas de empleo o la contratación, las condiciones o los términos del empleo, o los derechos y obligaciones derivados del contrato de empleo, si tal acto, conducta o medida se vincula con la religión, el credo, el género, el origen, la etnia, el color, el idioma, la discapacidad, el nivel social, la afiliación política, sindical o geográfica, o cualquier otro motivo que suponga una violación de los principios de igualdad y de igualdad de oportunidades. No se interpretan como discriminación prohibida las ventajas, los beneficios o las protecciones que se establezcan en virtud de esa ley y sus resoluciones y reglamentos de aplicación en favor de las mujeres, los niños, las personas con discapacidad o las personas con estatura muy baja. En esa Ley también se define el acoso como cualquier acto o conducta que tenga lugar en el entorno laboral o guarde relación con él, ya sea de naturaleza verbal o implique una demostración de fuerza o dominio sobre otra persona, o se aproveche de su debilidad, o cualquier situación en la que quien realice el acto o conducta considere que este es perjudicial para la otra parte por motivos de género, etnia, religión o atributos físicos, como se expone en párrafo 32 del artículo 1 de la Ley.

La tipificación como delito de la discriminación no se limita al ámbito público, sino que se hace extensiva a otras actividades susceptibles de dar lugar a actos constitutivos de discriminación racial. La Ley del Deporte (Ley núm. 71 (2017)) tipifica como delito a quien insulte, difame o humille, ya sea de palabra, con gritos o con gestos, a una persona física o jurídica, o incite al odio o a la discriminación racial por cualquier medio público en el transcurso de una actividad deportiva, y establece como sanción una pena de prisión mínima de un año y una multa no inferior a 1.000 libras ni superior a 3.000 libras, o una de estas dos penas. La Ley sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley núm. 10 (2018)) prohíbe la discriminación basada en la discapacidad, el tipo de discapacidad o el género de la persona con discapacidad, garantiza la igualdad efectiva en el goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en todos los ámbitos y obliga al Estado a eliminar todos los obstáculos y barreras que impidan el disfrute de esos derechos. La Ley prohíbe cualquier tipo de discriminación o privación de prestaciones o derechos por motivos de discapacidad en lo relativo a la contratación, el tipo de empleo, los ascensos o los sueldos y sus complementos. La ley considera además que las personas con discapacidad se encuentran en situación de riesgo si, entre otros casos que especifica, son objeto de discriminación por motivo de su discapacidad, y establece una sanción de carácter penal para ese tipo de conducta. Además de las penas privativas de libertad, la legislación egipcia prevé el pago de una reparación económica adecuada a quien haya sido objeto de discriminación racial o actos de odio.

Como ejemplo de aplicación judicial, el Tribunal declaró inconstitucional un texto legislativo que otorgaba un trato preferencial (en relación con las contrataciones) a los hijos de los empleados de la propia entidad regulada por esa misma ley. En el fallo, el Tribunal señaló que el texto impugnado proponía una discriminación arbitraria carente de fundamento objetivo, ya que la relación familiar no constituía un mérito excepcional que otorgara a su titular un trato preferencial en el acceso a un cargo público, acceso que debía basarse únicamente en la competencia, sin favoritismos (causa núm. 89, año judicial 42, sesión del Tribunal Constitucional del 4 de junio de 2022).

Un ejemplo gubernamental reciente lo protagonizó el Ministro de Educación Superior e Investigación Científica, quien intervino para acelerar los trámites de contratación de un graduado universitario para nombrarlo profesor asistente en igualdad de condiciones con sus compañeros que ya habían tomado posesión de sus puestos. El estudiante en cuestión tenía una discapacidad visual relacionada con el albinismo.

Artículo 3. Derechos humanos y libertades fundamentales

La Estrategia Nacional para el Empoderamiento de las Mujeres Egipcias 2030, que representa el marco general de las iniciativas relacionadas con las mujeres, incorpora 34 indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se compone de cuatro ejes principales: el primero es el empoderamiento político y los puestos de toma de decisiones, el fortalecimiento de los roles de liderazgo de las mujeres, el estímulo de la participación política de las mujeres, la prevención de la discriminación contra las mujeres que ocupen puestos de liderazgo en los órganos ejecutivos y judiciales y el fomento de un entorno propicio para que las mujeres que ocupen esos puestos se desempeñen con éxito. El segundo pilar se refiere al empoderamiento económico y su objetivo consiste en desarrollar la capacidad de las mujeres para ampliar sus oportunidades de empleo, aumentar su participación en la fuerza de trabajo, lograr la igualdad de oportunidades en el empleo para las mujeres en todos los sectores y facilitar su acceso a puestos clave en organismos públicos y empresas privadas.

El Gobierno ha adoptado una serie de medidas legislativas, ejecutivas e institucionales para garantizar el desarrollo y el progreso de las mujeres en diversos ámbitos, de manera que quede garantizado el ejercicio y el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales en condiciones de igualdad con el hombre. Las enmiendas constitucionales de 2019 tuvieron por objeto lograr la igualdad de género y velar por que hubiera una representación adecuada de las mujeres en los órganos parlamentarios (un mínimo del 25 % de los escaños de la Cámara de Representantes).

Artículo 4. Medidas especiales

El Gobierno ha adoptado varias medidas especiales para promover la igualdad efectiva entre los géneros, sobre la base de los artículos 11, 243 y 244, en virtud de las cuales se aprobó un sistema de cuotas para las mujeres en los órganos electivos. Merced a ese sistema, en 2020 las mujeres llegaron a ocupar el 28 % de los escaños de la Cámara de Representantes, una proporción sin precedentes. Además, se les asignó al menos el 10 % de los escaños del Senado, órgano en el que la participación femenina alcanza ahora aproximadamente el 14 %.

La Constitución garantiza a las mujeres la posibilidad de conciliar las obligaciones familiares con las exigencias laborales y obliga al Estado a proporcionar asistencia y protección a las madres, los niños, las mujeres jefas de hogar, las mujeres de edad y las mujeres más necesitadas, y facilitarles al mismo tiempo plena protección jurídica frente a cualquier acto discriminatorio. El Estado inició el programa denominado “Los primeros mil días de vida de los niños”, dirigido a madres jóvenes, mujeres embarazadas y madres lactantes con un máximo de dos hijos. Pueden obtener puntos adicionales para adquirir alimentos subsidiados a condición de que se sometan a un seguimiento de salud y se vacune a los niños. Además de la atención de la salud reproductiva para las mujeres, se apoya a las madres durante el embarazo mediante el pago de una prestación a las trabajadoras del sector privado durante el período de maternidad que es equivalente al 75 % del sueldo durante 90 días, a cargo de los fondos de la Seguridad Social.

El Gobierno continúa apoyando a las mujeres y potenciando su papel activo en la sociedad, reafirmando su compromiso con la igualdad y el empoderamiento de las mujeres en diversos ámbitos. Durante los últimos cinco años, la inversión total destinada a las mujeres ha ascendido a unos 300.000 millones de libras.

El Ministerio de Solidaridad Social emprendió una serie de iniciativas de apoyo, como el programa Mawada: Educación Participativa, que organizó campamentos bajo el lema “Mamá y yo” para empoderar a 1.000 mujeres pioneras, y el censo nacional exhaustivo de guarderías para apoyar a las mujeres trabajadoras. Cabe citar también la feria Diyarna (“Nuestros hogares”), destinada a empoderar económicamente a las mujeres del medio rural mediante la promoción sostenible de sus productos.

El Ministerio de Cooperación Internacional, en colaboración con el Consejo Nacional de la Mujer, el Foro Económico Mundial y el sector privado, inició en 2021 el plan de acción denominado Acelerador de Empresas: Cerrar la Brecha de Género, con el objeto de eliminar la desigualdad de género. En 2022, el Ministerio de Trabajo, en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo, estableció el Plan Nacional para la Promoción de la Igualdad de Género en el Ámbito Laboral, que persigue seis objetivos: crear un marco general que respalde el principio de igualdad de género en el ámbito laboral; fomentar la participación de las mujeres en la población activa y en puestos de liderazgo; proporcionar un entorno laboral seguro y sin violencia ni discriminación; desarrollar y hacer pública una base de conocimientos actualizada en el ámbito laboral; potenciar las vías de apoyo y sensibilizar a la sociedad sobre las cuestiones de igualdad de género en el ámbito laboral; crear mecanismos institucionales sostenibles para la gobernanza del Plan Nacional; e integrar a todas las entidades y partes interesadas.

Artículo 5. Patrones socioculturales

El Gobierno ha reforzado el marco legislativo para combatir las prácticas nocivas y los estereotipos contra las mujeres y las niñas. Ha introducido enmiendas penales más severas para los delitos de mutilación genital femenina en virtud de la Leynúm.10(2021), por la que se modificaron los artículos 242 bis y 242 bis a) del Código Penal, se endurecieron las penas para los delitos graves y se enfatizó la responsabilidad penal de los instigadores, los encubridores y los centros médicos implicados.

La Comisión Nacional para la Erradicación de la Mutilación Genital Femenina estableció el Plan Nacional para la Erradicación de la Mutilación Genital Femenina (2022‑2026), presidido conjuntamente por el Consejo Nacional de la Mujer y el Consejo Nacional para la Infancia y la Maternidad. El plan establece prioridades concretas para que las partes interesadas puedan avanzar en los ámbitos previstos: erradicar la medicalización de la mutilación genital femenina, modificar la actitud de los egipcios respecto a esa práctica, brindar servicios de atención y apoyo a las supervivientes, facilitar datos para el seguimiento y la evaluación y desarrollar el marco institucional de la Comisión Nacional. La estrategia comprende campañas de sensibilización que, entre 2016 y 2023, dieron lugar a más de 35 millones de contactos informativos y 44millones de visitas a domicilio. El objetivo consiste en corregir los conceptos erróneos y promover la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, incluidas las cuestiones de la violencia contra las mujeres, la toma de decisiones, la presencia de las mujeres en el mercado laboral y el empoderamiento económico, todo ello mediante campañas de visitas a domicilio en todos los pueblos y hogares de Egipto.

En 2021, el Consejo Nacional de la Mujer puso en marcha el programa Noura para niñas en colaboración con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en el marco de la iniciativa nacional para el empoderamiento de las niñas. La iniciativa abarcó programas educativos y recreativos, así como sesiones de capacitación para las familias. Posteriormente dio comienzo el programa Nour para niños, lo que refleja un enfoque integral de inversión en las nuevas generaciones para construir una sociedad igualitaria. El Consejo, en colaboración con la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), ejecutó la campaña “Porque soy hombre”, dirigida a hombres y jóvenes, con el fin de fomentar su responsabilidad en el apoyo a la igualdad y la lucha contra la violencia doméstica.

Los esfuerzos del Gobierno han dado lugar a una reducción considerable de las tasas de este delito y, según la Encuesta de Salud de la Familia Egipcia de 2021, la prevalencia de la mutilación genital femenina experimentó un descenso efectivo para situarse en el 14 % en 2021, frente al 21 % registrado en 2014. El porcentaje previsto de niñas que serían sometidas a la mutilación genital se redujo al 27 % en 2021, frente al 56 % de 2014, y el Gobierno aspira a erradicar por completo ese delito, por lo que la pena por ley se ha triplicado. La última modificación de la Ley contempla penas más severas si el acto provoca una discapacidad permanente y agrega sanciones independientes. Además, por primera vez en la historia de Egipto, la Ley establece sanciones para los médicos, el personal de enfermería y los centros donde se practique, así como para quienes promuevan, fomenten o inciten la comisión del delito de mutilación genital femenina.

La Agencia Nacional de Medios de Comunicación pone de relieve el debate sobre las cuestiones y los desafíos relativos a la familia y las mujeres y se ocupa de concienciar a las mujeres respecto de sus derechos políticos, sociales y económicos y las alienta a participar en la sociedad a través de todos los medios de comunicación, tanto audiovisuales como radiofónicos. Existen 15 programas de radio y 18 programas de televisión dedicados específicamente a la sensibilización de las mujeres. En ellos se arroja luz sobre la función que desempeñan las mujeres en el proceso de desarrollo y en la reforma económica y social. Además, los canales regionales emiten en las provincias de la República y son fácilmente accesibles para todos los sectores de la sociedad.

Al-Azhar Al-Sharif ha aprobado un plan de acción integral para erradicar los estereotipos discriminatorios relacionados con los roles y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y en la sociedad. El plan conlleva varias iniciativas de sensibilización y educación dirigidas al público en general, los medios de comunicación y las comunidades rurales y remotas. Participan activamente las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a las mujeres y los líderes religiosos. En junio de 2021 se firmó un protocolo de cooperación entre Al-Azhar Al-Sharif y el Consejo Nacional de la Mujer para reforzar los esfuerzos conjuntos destinados a corregir los conceptos religiosos erróneos, promover la sensibilización y educar a la sociedad, preservar la familia egipcia y fortalecer y proteger los derechos y la libertad de las mujeres.

Artículo 6. Lucha contra la trata y la explotación de las mujeres

Egipto se esfuerza por aplicar una política integral para afrontar el delito de la trata de personas cuyo fundamento son los cuatro pilares que establecen las Naciones Unidas: prevención, protección, represión y cooperación internacional. La Comisión Nacional de Coordinación para la Lucha contra la Inmigración Ilegal y la Trata de Personas, integrada por 30 ministerios y organismos, vela por la aplicación de los objetivos que se recogen en la tercera Estrategia Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas y su Prevención (2022-2026), en la que se ha prestado especial atención al eje de la protección de las víctimas mediante la actualización de los mecanismos nacionales de remisión y el refuerzo de la capacitación de los responsables de la protección social, incluidos los operadores de las líneas de emergencia que reciben las denuncias, las líderes rurales, los trabajadores sociales, los inspectores de trabajo y las fuerzas del orden.

Se ha lanzado la Estrategia Nacional para la Prevención de la Migración Irregular (2016-2026), así como los planes de acción correspondientes. El Gobierno ha fortalecido los recursos financieros mediante la creación de dos fondos: el primero, dedicado a la lucha contra la migración irregular y la protección de los migrantes y los testigos, y el segundo para ayudar a las víctimas de la trata de personas. Han continuado los esfuerzos nacionales orientados al procesamiento judicial. En 2022, la Fiscalía inició la investigación de 116 casos de trata de personas, y se dictaron 47 fallos entre abril y octubre de ese año. Las modalidades y el objeto de los delitos de trata de personas fueron variados, desde el trabajo forzoso y la mendicidad hasta la explotación sexual y la extracción de órganos. En los fallos citados hubo 33 condenas relacionadas con el trabajo forzoso y la explotación sexual.

Se promulgó el Decreto Presidencial núm. 349 (2024) por el que se crea el Fondo de Asistencia a las Víctimas de la Trata de Personas y de Protección de Testigos. El decreto establece, entre otras, las siguientes competencias del Fondo: prestar asistencia económica a las víctimas; financiar investigaciones, estudios y programas de formación; financiar programas de apoyo psicológico, social y de salud para las víctimas; financiar las actividades previstas en la Estrategia Nacional de Lucha contra la Trata de Personas; y elaborar programas de atención, capacitación, formación y rehabilitación de las víctimas.

En enero de 2025, el Gobierno puso en marcha el proyecto PACSOM Egypt, en colaboración con la Unión Europea y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), para combatir el tráfico de migrantes y la trata de personas. El proyecto tiene como objetivo reforzar las capacidades de las fuerzas del orden, la fiscalía y el poder judicial, y ofrecer una mejor protección a las víctimas, así como elaborar políticas basadas en datos empíricos y robustecer la coordinación entre las partes implicadas.

A fin de dar continuidad a la colaboración con la Unión Europea, iniciada en 2020, en apoyo de los esfuerzos del Gobierno en materia de prevención, protección y aplicación de la ley, el Consejo Nacional de la Mujer desplegó una amplia labor de sensibilización sobre los riesgos del matrimonio infantil mediante campañas de visitas a domicilio dirigidas a las familias de los pueblos y programas específicos, como Noura, destinado a apoyar a las niñas de 10 a 14 años de edad en los ámbitos de la educación, la salud y la concienciación sobre sus derechos, y Dawwie, que alienta a las niñas a expresar sus opiniones y rechazar las prácticas nocivas. Asimismo, el Consejo presentó el programa de paternidad equilibrada y orientación familiar para consolidar la función de la familia en la educación adecuada, además de organizar campamentos familiares y veladas culturales con el fin de fomentar el diálogo social sobre la protección de los derechos de las niñas.

El Ministerio de Justicia, en colaboración con los consejos nacionales especializados, la UNODC y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), organizó los siguientes cursos y mesas redondas: 36 mesas redondas en colaboración con la UNODC sobre la forma de facilitar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de la violencia y reforzar las capacidades para proporcionar medios de apoyo a las personas con discapacidad, en particular a las mujeres con discapacidad, en su contacto con el sistema judicial, con el objetivo de formar a las juezas de los tribunales de familia y de faltas; 31 mesas redondas sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres, las aptitudes y artes de la comunicación y el liderazgo y la sensibilización sobre el delito de la mutilación genital femenina, en colaboración con el Consejo Nacional de la Mujer, dirigidas a juezas y jueces de los tribunales de familia y de faltas; y 26 mesas redondas en el ámbito de la lucha contra el delito de la trata de personas y la prevención de la inmigración irregular, en colaboración con la Comisión Nacional de Coordinación para la Lucha contra la Inmigración Ilegal y la Trata de Personas y la Organización Internacional para las Migraciones. Además, el curso de formación básica para los fiscales candidatos a ocupar un puesto en la magistratura incluye una explicación sobre la forma de abordar los casos de violencia contra las mujeres y los casos relacionados con la infancia.

En el marco de la lucha contra los matrimonios temporales y estacionales (matrimonio contractual), la Comisión Nacional de Coordinación lanzó varias campañas de sensibilización bajo el lema “Juntos contra la trata de personas”, con el fin de dar a conocer las formas que adopta ese delito —entre ellas el matrimonio contractual— y las sanciones que contempla la ley para los infractores, así como para informar sobre los servicios de protección y asistencia que ofrece el Gobierno a las víctimas de ese delito y sobre el modo de denunciarlo mediante el sistema nacional de líneas de atención telefónica. Al preparar y ejecutar las campañas de comunicación, la Comisión Nacional de Coordinación procura traducirlas al inglés. Durante el período comprendido entre 2021 y 2025 se detuvo a 20.723 sospechosos en 5.399 casos relacionados con la lucha contra la inmigración ilegal, y a 1.600 sospechosos en 236 casos relacionados con la lucha contra la trata de personas.El número de casos en los que se dictaron sentencias por delitos de trata de personas entre 2021 y 2023 ascendió a 72. El número de víctimas de trata de personas que fueron remitidas a los servicios durante el mismo período fue de 327 personas. En 2023, el número de víctimas que recibieron servicios, incluido el de alojamiento, ascendió a 151. De ellas, 70 eran niños menores de 18 años, 76 eran niñas menores de 18 años y 5 eran mujeres adultas.

Artículo 7. Participación en la vida política y pública

La Constitución garantiza el derecho de las mujeres a participar en la vida política y pública sin discriminación alguna, lo que incluye su derecho a votar, presentarse como candidatas y ocupar cargos públicos. La posición de Egipto en los indicadores internacionales relativos al empoderamiento de las mujeres ha mejorado: el país ha remontado 49 puestos en el índice de empoderamiento político de las mujeres que publica el Foro Económico Mundial, lo que situó al país en el puesto 85 en 2023, frente al puesto 134 que ocupaba en 2014. Además, avanzó 47 puestos en el índice de empoderamiento político de las mujeres del Informe mundial sobre la brecha de género, lo que supuso su mejor clasificación en los últimos diez años: ocupó el puesto 78 en 2022, frente al 125 en 2012. Egipto también avanzó 65 puestos en el índice de representación de las mujeres en el Parlamento, donde ocupó el puesto 63 en 2022, frente al 128 en 2012. Asimismo, avanzó 29 puestos en el índice de ocupación de carteras ministeriales por mujeres para situarse en el puesto 66 en 2022, frente al puesto 95 en 2012.

El Consejo Nacional de la Mujer lanzó una serie de campañas de sensibilización a nivel provincial, como “Egipto te llama de nuevo”, “Tu voto para el Egipto del mañana” y “Mi país es lealtad”, que han llegado a más de 20 millones de personas a través de canales de comunicación directa con el fin de fomentar la participación de las mujeres en las elecciones. En el ámbito del desarrollo del liderazgo femenino, el Consejo Nacional de la Mujer, en colaboración con el Ministerio de Planificación y Desarrollo Económico, presentó el Programa Nacional para Mujeres Líderes, en cooperación con el Centro Internacional de Formación de Turín y con apoyo de la Unión Europea, con el fin de capacitar a las mujeres líderes en aptitudes de liderazgo, adopción de decisiones y gestión basada en los resultados. La Academia Nacional de Formación creó la Escuela de Mujeres Líderes con el fin de formar a jóvenes profesionales capaces de participar de manera efectiva en los puestos de toma de decisiones. Se ha elaborado una guía didáctica de orientación profesional destinada a mejorar las aptitudes de las mujeres en los niveles ejecutivos para que puedan ocupar puestos de alta dirección.

En 2020 se celebraron las elecciones a la Cámara de Representantes y al Senado, las primeras después de la reforma constitucional de 2019, en virtud de la cual se aprobó la creación de una segunda cámara legislativa: el Senado. Las mujeres obtuvieron 165escaños del total de la Cámara de Representantes, equivalentes a un 27,7 %, y 15escaños en las comisiones especializadas de la Cámara; esos porcentajes de escaños no tienen precedentes y son los más altos de la historia de Egipto. Aunque la ley del Senado reservaba un mínimo del 10 % de los escaños de la Cámara para las mujeres, entre los miembros por nombramiento elegidos por el Presidente de la República hubo 20 mujeres, con lo que la representación femenina en el Senado alcanzó el 14 %. Las elecciones presidenciales se celebraron en diciembre de 2023 con la participación de cuatro candidatos. El porcentaje de participación fue del 66,8 %, y las mujeres representaron el 60 % del total de votantes. Por primera vez en la historia de Egipto, dos mujeres ocuparon el cargo de Gobernadora Provincial, y también por primera vez se nombró a la primera Presidenta de un tribunal económico, la primera Vicegobernadora del Banco Central y la primera Presidenta del Consejo Nacional de Derechos Humanos. También son mujeres la Presidenta del Foro Mundial de la Juventud y la Vicepresidenta del Senado.

Las mujeres tuvieron una presencia activa en la formación del Gobierno más reciente, de julio de 2024, en el que ocuparon 18 cargos, repartidos entre carteras ministeriales, puestos de viceministras, gobernadoras y vicegobernadoras. También asumieron el liderazgo de todos los consejos nacionales relacionados con los derechos humanos: el Consejo Nacional de la Mujer, el Consejo Nacional para la Infancia y la Maternidad y el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.

Se designó a mujeres en la Fiscalía y en el Consejo de Estado, de conformidad con los derechos constitucionales a la igualdad y la no discriminación. Desde octubre de 2021, se ha nombrado a 98 mujeres en el Consejo de Estado y 11 en la Fiscalía. En enero de 2022, tanto el Consejo de Estado como la Fiscalía anunciaron por primera vez la admisión de solicitudes de nombramiento de mujeres graduadas de la promoción de 2021 para puestos de fiscal adjunta y fiscal auxiliar. Asimismo, en agosto de 2025 se nombraron 219 delegados adjuntos de la promoción de 2021, entre los que hubo mujeres por primera vez desde que se fundó el Consejo, hace más de 80 años, lo que marcó el inicio de una nueva era en la historia del poder judicial egipcio.

El presidente de la República promulgó dos decretos en virtud de los cuales se nombró por primera vez a 137 juezas en el Consejo de Estado, procedentes de la Fiscalía de la República y la Fiscalía Administrativa. También por vez primera, el Consejo Superior de la Judicatura promulgó una decisión por la que se trasladaba a 17magistradas de la jurisdicción ordinaria para prestar servicio en la Fiscalía. Además, se nombró a 73 mujeres miembros de la Fiscalía Administrativa y de la Autoridad de Demandas del Estado en la jurisdicción ordinaria. Ese grupo comprendía 34 juezas de los Tribunales de Primera Instancia, de las que 32 ejercen funciones jurisdiccionales, mientras que las dos restantes son Jefas de Fiscalía (Categoría B) dentro de la Fiscalía Pública. Se nombró a la primera jueza de Tribunales Penales; se nombró a una jueza miembro del Tribunal Supremo Constitucional en calidad de Vicepresidenta y a otra Jefa de la Autoridad de Comisionados del Tribunal Supremo Constitucional.

El número de juezas en la judicatura ordinaria ascendió a 187, de las cuales 130 ejercen en tribunales de todas las instancias, con independencia de su categoría, y 17 están destinadas a la Fiscalía. El número total de juezas adscritas a la Fiscalía ascendió a 20. Con la promulgación del Decreto Presidencial de 2025 por el que se designa a los adjuntos de la promoción de 2021, el número de mujeres integrantes de la Fiscalía pasó a ser de 176. El número total de mujeres en la Abogacía del Estado ascendió a 1.289. En cuanto a la Fiscalía Administrativa, el número de mujeres fue de 3.410. La Presidencia de ese órgano ha sido ocupado por una mujer en más de una ocasión. Además, las asesoras de Fiscalía ocupan varios puestos de responsabilidad. En la sede central del Ministerio de Justicia, las mujeres ocupan el 40 % de los cargos directivos, así como el 70 % de los cargos directivos del Departamento de Peritaje, el 50 % en la Oficina de Medicina Forense y el 25 % en la Oficina del Registro de Propiedad y Notaría. El número de mujeres registradoras asciende a 102, y la proporción de mujeres en la Oficina de Notificadores Judiciales es del 49 %.

Las mujeres están representadas en los consejos universitarios y participan en los centros de toma de decisiones dentro de las universidades. Su representación es la siguiente: 125 decanas de facultades; 1 vicerrectora de Educación y Asuntos Estudiantiles; 1 secretaria general adjunta del Consejo Supremo de Universidades; 3presidentas de comités sectoriales; 2 rectoras universitarias; 7 secretarias de comités sectoriales; 7 vicerrectoras de Servicio Comunitario y Desarrollo Ambiental; y 4vicerrectoras de Posgrado e Investigación.

En lo que respecta al empleo público, en 2023 la proporción de mujeres empleadas alcanzó el 51 % del total de trabajadores del aparato administrativo del Gobierno, y en 2024, el 83,8 % de las mujeres ocupaban puestos fijos en 2024, frente al 61,4 % de los hombres. Esos datos sugieren una mayor estabilidad laboral para las mujeres en el sector público en comparación con el sector privado, que continúa experimentando dificultades para absorber más mujeres. Los indicadores ponen de relieve la importancia de dar continuidad a los esfuerzos para reforzar las políticas que respalden el empoderamiento económico de las mujeres, no solo mediante el aumento de las oportunidades laborales, sino también mejorando la calidad de esas oportunidades, con el objetivo de lograr la igualdad de género en los diversos sectores.

Artículo 8. Representación internacional

El Gobierno procura garantizar la participación de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres en la vida pública y la representación internacional. El período comprendido entre 2020 y 2025 fue testigo de avances destacados en ese ámbito. En la promoción más reciente de adjuntos diplomáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, el porcentaje de mujeres fue del 62 %, lo que refleja un avance significativo en la integración de las mujeres en el cuerpo diplomático. La representación de las mujeres en el Ministerio de Relaciones Exteriores aumentó hasta superar el 27 % del total de sus integrantes, con una presencia cada vez mayor en puestos de liderazgo, como embajadoras en el extranjero y representantes permanentes en organizaciones internacionales y regionales, lo que refleja el papel creciente de las mujeres en la formulación de la política exterior y la gestión de asuntos multilaterales.

A nivel internacional, en junio de 2022 Egipto fue elegido miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para el período 2023-2026. Además, desde febrero de 2020 hasta la fecha, una mujer egipcia ocupa un cargo de Subsecretaria General de las Naciones Unidas y Directora Ejecutiva de la UNODC en Viena. También se nombró a una mujer Secretaria Ejecutiva de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, lo que supone la culminación de los esfuerzos del Gobierno por potenciar la participación femenina y poner de relieve las competencias nacionales en los foros internacionales.

La participación de las mujeres egipcias al frente de delegaciones oficiales del Gobierno ha cobrado protagonismo en diversos foros internacionales de importancia, como la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), que Egipto acogió en Sharm el-Sheikh en 2022. Este hecho refleja la confianza del Gobierno en sus profesionales mujeres y en su capacidad para representar a Egipto en cuestiones globales prioritarias. Además, ha aumentado la participación de las mujeres al frente de delegaciones oficiales del Gobierno en importantes foros internacionales, como la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) en 2022. Este hecho refleja la confianza del Gobierno en sus profesionales mujeres y en su capacidad para representar a Egipto en cuestiones globales prioritarias. Asimismo, las mujeres egipcias ocupan cargos de alto rango en organismos de las Naciones Unidas y en organizaciones internacionales, lo que pone de relieve el creciente reconocimiento internacional del talento femenino egipcio y de su influyente papel en el escenario global.

Egipto ha logrado avances tangibles en la promoción de la participación de las mujeres en las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. El número de mujeres egipcias presentes en esas misiones asciende a 102, lo que sitúa al país en el 13er puesto a nivel mundial en cuanto a la participación femenina. Esa clasificación refleja el elevado nivel profesional del que gozan las mujeres egipcias en cuanto a competencia, disciplina y capacidad para desempeñar sus funciones en diversos entornos internacionales. También pone de manifiesto la confianza de la comunidad internacional en la capacidad de las mujeres egipcias y reafirma el compromiso constante del Gobierno con el apoyo a las iniciativas de mantenimiento de la paz y con la ampliación de la participación femenina en la labor internacional.

Artículo 9. Nacionalidad

La Constitución consagra el derecho a gozar de la nacionalidad egipcia, que considera un vínculo jurídico y político entre el ciudadano y el Estado con arreglo a un marco regulado. Esa vinculación del ciudadano con su Estado constituye un estatuto organizativo fundamental que se deriva directamente de las disposiciones de la Constitución y la ley, siempre que se cumplan los requisitos que establece la legislación. Ni el ciudadano ni la autoridad encargada de acreditar la nacionalidad ejercen función discrecional alguna en la adquisición o el reconocimiento de ese estatuto. La Constitución garantiza el derecho a la nacionalidad egipcia a toda persona nacida de padre o madre egipcios, y estipula que el reconocimiento legal de esa persona, así como la expedición de documentos oficiales que acrediten sus datos personales, es un derecho garantizado y regulado por la ley (artículo 6).

La Ley del Estatuto Personal (Ley núm. 143 (1994)) establece un marco normativo integral para todos los trámites relacionados con la acreditación del nacimiento y la obtención del documento de identidad. Se modificó el artículo 2 de la Ley de Nacionalidad (Ley núm. 154 (2004)), en virtud de lo cual Egipto retiró en 2007 su reserva al artículo 9, párrafo 2, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Por lo tanto, la nacionalidad egipcia se concede a quienes hayan nacido de padre o madre egipcios, así como a quienes hayan nacido en Egipto de padres desconocidos. En Egipto, se considera que un niño expósito ha nacido en ese país, salvo que se demuestre lo contrario. Quien acredite que posee una nacionalidad extranjera además de la nacionalidad egipcia tendrá derecho a declarar ante el Ministro del Interior su deseo de renunciar a su nacionalidad egipcia. En el caso de un menor, esa declaración de intención deberá realizarla su representante legal, su madre o, en ausencia de cualquiera de ellos, su tutor. El menor que haya perdido su nacionalidad egipcia en virtud de las disposiciones precedentes podrá declarar su deseo de recuperarla dentro del plazo de un año a partir del momento en que alcance la mayoría de edad. Se promulgó la Ley núm. 28 (2023), por la que se modifican algunas disposiciones de la Ley núm. 26 (1975), relativa a la nacionalidad egipcia, así como algunas disposiciones de esa Ley relativas a la concesión de la nacionalidad a los hijos de madre egipcia, con el fin de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Se ha concedido la nacionalidad a 10.957 hijos de madres egipcias.

Artículo 10. Educación

El Gobierno se compromete a garantizar la igualdad de género en la educación, adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la igualdad de oportunidades entre niñas y niños y garantizar el acceso a la educación en todas sus etapas y modalidades, incluidas la educación general, técnica, profesional y superior, así como a todos los tipos de formación profesional. El Gobierno trabaja para eliminar los estereotipos relativos a los roles de hombres y mujeres; proporcionar planes de estudios, exámenes, instalaciones escolares y material escolar en condiciones de igualdad; y garantizar la igualdad de oportunidades en las becas educativas y en los programas de formación continua y educación de adultos, con miras a reducir las tasas de abandono escolar prematuro entre las alumnas. Se organizan programas de apoyo a las mujeres y las niñas que han abandonado prematuramente los estudios y se asegura la participación de las alumnas en las actividades deportivas y de educación física. Se facilita la información educativa y médica necesaria para garantizar la salud y el bienestar de la familia, incluida la sensibilización sobre la planificación familiar.

Se presentó el Plan Estratégico para el Desarrollo de la Educación Preuniversitaria 2014-2030 con el fin de reformar el sistema educativo, seguido por el Proyecto Nacional de Educación de 2018. El Plan Estratégico, que está orientado a las regiones más pobres, se fundamenta en un conjunto de políticas públicas, entre las que destacan la creación de oportunidades suficientes para que todas las personas en edad escolar puedan acceder a la enseñanza. Además, se mejora la calidad de la enseñanza mediante planes de estudios modernos que se ajustan a los estándares internacionales y un profesorado cualificado capaz de aplicar métodos pedagógicos modernos. También se refuerza la estructura institucional mediante la descentralización, con el fin de velar por una buena gobernanza. El plan estratégico se basa en una serie de programas principales y subprogramas, entre los que destacan el programa de tecnologías de la información, el programa de alimentación escolar y el programa de reforma curricular integral.

En el período 2020-2025 se han vivido avances significativos en materia de educación e igualdad de género. Los datos de la Agencia Central de Movilización Pública y Estadística mostraron una reducción notable de la tasa de analfabetismo: entre las mujeres, se redujo del 26 % en 2016 al 21 % en 2023, y entre los hombres del 14,4 % al 11,4 % en el grupo de edad de 10 años en adelante, lo que refleja una reducción gradual de la brecha educativa. El número de niñas matriculadas desde la enseñanza primaria hasta la secundaria ascendió a unos 11,5 millones, frente a los 11,8 millones de niños, lo que indica un acercamiento considerable de las oportunidades de acceso a la educación preuniversitaria. La proporción de mujeres en la educación superior aumentó del 45,4 % en el curso 2013-2014 al 49,8 % en el curso académico 2023-2024. También aumentó la proporción de mujeres matriculadas en estudios de posgrado, que alcanzó el 58 % en el curso 2023/2024, frente al 47,9 % del curso 2013/2014. Por otra parte, los datos sobre el abandono escolar mostraron una mejora en la continuidad de la educación, ya que la tasa entre las niñas fue del 0,2 % en la enseñanza primaria y del 1,9 % en la secundaria, frente al 0,3 % y el 1,6 % de los niños, respectivamente.

Más del 70 % de los planes de estudios de formación profesional se han desarrollado siguiendo la metodología de las competencias, desde los primeros cursos hasta el tercer curso de secundaria, en consonancia con las exigencias del mercado laboral local e internacional, y se ha puesto énfasis en el desarrollo de las aptitudes tecnológicas y creativas de los alumnos. Se dio formación a más de 4.000 estudiantes de toda la República en los centros de desarrollo tecnológico, y se seleccionó a cinco alumnos que, por primera vez, representarán a Egipto en un concurso internacional en el que participan más de 160 estudiantes de todo el mundo. El programa “Ella apuesta por un futuro digital”, que se ejecutó en colaboración con el Instituto Nacional de Gobernanza y Desarrollo Sostenible, se dirigió a 450 mujeres que ocupan puestos de liderazgo en el Ministerio para desarrollar sus competencias digitales y la inclusión financiera, así como para reforzar sus conocimientos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la ciberseguridad y la igualdad de género.

En el ámbito de la ciencia y la tecnología, el Ministerio de Educación expandió la creación de escuelas para estudiantes que destaquen en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas hasta llegar a los 45 centros distribuidos por varias provincias. Se prevé establecer escuelas adicionales en cada provincia para satisfacer las necesidades del Estado de contar con personal científico y tecnológico de excelencia. Se expandió también la creación de escuelas comunitarias en las zonas más necesitadas, con la construcción de 200 escuelas nuevas, con lo que se eleva el total a 4.943 centros, con capacidad para 139.772 alumnos y alumnas. Se establecieron asimismo cinco escuelas de tecnología aplicada en los ámbitos de la industria alimentaria, la farmacéutica, la madera, la industria del mueble, los materiales de construcción y los sectores mecánico y eléctrico.

En noviembre de 2023 se impartió un curso de formación titulado “Estadísticas de género” para las responsables de los departamentos de igualdad de oportunidades, los docentes y el personal de las direcciones y departamentos educativos de varias provincias. Hubo 3.500 participantes que obtuvieron el certificado OSCWA como refuerzo de su capacidad para monitorear los indicadores de desarrollo y dar seguimiento a los avances en el empoderamiento de las mujeres. Se han establecido clubes de debate sobre cuestiones de género para fomentar el diálogo entre los estudiantes en torno al desarrollo sostenible y los temas como la violencia y la igualdad, y se ha impartido formación a 270 titulares de las dependencias de igualdad de oportunidades y orientadores de educación social para que difundan los conceptos de igualdad de género y lucha contra la violencia.

Se han incorporado los componentes de la igualdad de género y la igualdad de oportunidades educativas en los planes de estudios de las asignaturas de lengua árabe, estudios sociales, ciencias y geología; simultáneamente, se han fortalecido las funciones de las dependencias de igualdad de oportunidades y derechos humanos mediante el Decreto Ministerial núm. 99 (2024). El Gobierno se ha centrado en consolidar los valores de la ciudadanía, el sentido de pertenencia y los derechos humanos mediante actividades curriculares y extracurriculares, con el objetivo de desarrollar las aptitudes del diálogo y la convivencia con la diversidad, promover la apertura intelectual y el sentido de pertenencia nacional y proteger a los alumnos del extremismo y la violencia.

Gasto público en educación y número de escuelas

Los fondos destinados al sector de la educación preuniversitaria aumentaron de 208.200 millones de libras en el año escolar 2017/2018 a 565.000 millones de libras en el presupuesto del año 2024/2025. El número de centros escolares pasó de 49.400 en el año escolar 2013/2014 a 61.300 en el año 2023/2024, y el número de aulas de enseñanza preuniversitaria pasó de 466.600 en el año 2013/2014 a 556.888 en 2023/2024. El número de estudiantes aumentó de 18,6 millones en 2013/2014 a 28 millones en 2022/2023. La tasa de abandono escolar en primaria entre las mujeres disminuyó hasta el 0,19 % en 2023/2024, en comparación con el 0,45 % en 2013/2014. Además, la proporción de mujeres matriculadas en educación superior aumentó al 54,8 % en 2023/2024, frente al 45,4 % en 2013/2014.

Artículo 11. Empleo

La Constitución garantiza la igualdad de oportunidades para todos, sin discriminación, y establece que el Estado debe garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los derechos. También establece que el Estado vinculará el sueldo a la productividad, lo que significa que la remuneración está ligada a la eficiencia de la persona empleada, sin discriminación. Existe una amplia gama de políticas y programas orientados al empoderamiento económico de las mujeres y su integración en el mercado laboral. El nuevo Código Laboral garantiza a todos los trabajadores —tanto hombres como mujeres— la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor y abarca todos los tipos y componentes de la remuneración, incluidos los beneficios monetarios o en especie, las bonificaciones, los incentivos, los subsidios y otras formas de compensación. El ministro competente, una vez recabada la opinión tanto del Consejo Nacional de la Mujer como del Consejo Nacional para la Infancia y la Maternidad, dictará una resolución relativa al estatuto personal o a los tipos de actividad en los que no está permitido emplear mujeres, con el fin de garantizar el tiempo necesario para la protección de la maternidad o prevenir los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo.

En 2022 se presentó el Plan Nacional para la Promoción de la Igualdad de Género en el Lugar de Trabajo. La tasa de desempleo de las mujeres disminuyó del 17,8 % en 2021 al 15,8 % en 2025. El Gobierno ha desplegado esfuerzos por crear oportunidades de empleo adecuadas para las mujeres mediante proyectos productivos y pequeñas empresas dirigidas a ellas. El total de fondos disponibles ascendió a 48.300 millones de libras para financiar 192.716 pequeños proyectos, con el fin de crear 481.347 empleos, y 1.713.513 proyectos de microempresas dirigidos a mujeres, con miras a generar 2.530.452 empleos.

El Gobierno lanzó un programa para impulsar la contratación de mujeres en el mercado laboral local cuyo objetivo es aprovechar al máximo la mano de obra femenina que no se haya empleado en un plazo de tres años, preparar a las mujeres para el mercado laboral, reducir las brechas salariales de género, tanto entre sectores como en cada sector, y fomentar la presencia de mujeres en puestos administrativos y de liderazgo. La Agencia para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas ha asignado una cartera de financiación por un total de 5.400 millones de libras destinada a microempresas que sean propiedad de mujeres, con particular atención a las provincias fronterizas y el Alto Egipto. Por otra parte, las mujeres representaron el 40 % de las personas que percibieron el subsidio por empleo irregular, de un total de 1,5 millones de trabajadores irregulares. Ese esfuerzo se ve reforzado, además, por la adhesión de Egipto en 2020 a la Coalición Internacional para la Igualdad Salarial, cuyo objetivo consiste en lograr la paridad salarial entre hombres y mujeres. El Ministerio de Cooperación Internacional y el Consejo Nacional de la Mujer, en colaboración con el Foro Económico Mundial, presentaron el Programa Acelerador para Cerrar la Brecha de Género, con lo que Egipto se convirtió en el primer país de África y Oriente Medio en adoptarlo.

Con el fin de promover la igualdad de oportunidades y lograr la equidad de género, el Ministerio de Finanzas presentó la Guía de Procedimientos para Presupuestos por Programas Sensibles a la Igualdad de Oportunidades y la Equidad de Género. La guía fue elaborada en colaboración con el Consejo Nacional de la Mujer y ONU-Mujeres. El Consejo impartió formación para formadores basada en la guía para impulsar la incorporación de la perspectiva de género, el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de oportunidades tanto en los programas como en el proceso de planificación estratégica. La formación estuvo dirigida a 37 personas empleadas en el Instituto Nacional de Planificación, organismo adscrito al Ministerio de Planificación y Desarrollo Económico, con el objetivo de dotarlas de los conocimientos prácticos y los recursos necesarios para incorporar y aplicar una perspectiva de equidad de género y empoderamiento de las mujeres en el marco de la planificación estratégica del Instituto.

El Gobierno está ejecutando otros proyectos, como el titulado “Promoción del empleo femenino en el sector de la industria agroalimentaria”, que pretende alcanzar un total de 19.500 mujeres participantes tanto de forma directa como indirecta, y el proyecto SWEET, cuyo objetivo es potenciar la capacidad de las empresarias y trabajadoras del sector de las alfombras artesanales. También se ejecutan programas de ahorro digital destinados a la inclusión económica y financiera de las mujeres. Esos programas tienen previsto llegar a 1,2 millones de mujeres en un plazo de tres años y ya han contribuido a incrementar el número de mujeres con cuentas bancarias hasta alcanzar los 20,3 millones en diciembre de 2023.

En 2021, el Primer Ministro promulgó el reglamento ejecutivo de la Leynúm.152(2020) sobre el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y las microempresas, en el que se prevé la concesión de incentivos no fiscales a los programas y proyectos que den prioridad a determinadas cuestiones, entre ellas el empoderamiento económico de las mujeres, y la asignación de hasta un 40 % de las adquisiciones públicas a pequeñas, medianas y microempresas. En abril de 2021, el Ministerio de Trabajo promulgó decisiones por las que se modificaban ciertas normas relativas al trabajo nocturno de las mujeres y se enumeraban los trabajos en los que no está permitido emplearlas. Esas decisiones autorizan el trabajo nocturno de las mujeres a petición propia, y obligan al empleador a ofrecer un trabajo diurno alternativo (en sustitución del trabajo nocturno) a las empleadas que hayan trabajado durante los períodos anteriores y posteriores a la maternidad.

Se modificó la decisión en que se especificaban las actividades que no están permitidas a las mujeres a fin de agregar el trabajo subterráneo en minas y canteras y la extracción de minerales y rocas del subsuelo, a excepción de las mujeres que ocupasen puestos administrativos o que trabajasen en los servicios de salud y asistenciales, las empleadas en prácticas en secciones subterráneas de las minas y otras mujeres que tuviesen que descender durante un tiempo concreto a las secciones subterráneas de las minas para desempeñar labores no manuales.

Ascensos

La Ley de la Función Pública (Ley núm. 81 (2016)) establece normas comunes y genéricas para los ascensos de los empleados de la administración pública, sin distinción alguna. Por ello, todos los empleados, desde los grados inferiores hasta el primer grado, son ascendidos con arreglo a un único criterio: la antigüedad en el cargo a partir de la fecha de la toma de posesión. En cuanto a los puestos de dirección y supervisión, los nombramientos se basan en la competencia. Todos los empleados tienen derecho a recurrir a los tribunales para impugnar las decisiones relativas a los ascensos, de conformidad con las normas generales del ordenamiento jurídico egipcio, si se vulneran los principios de igualdad e igualdad de oportunidades en lo concerniente al ascenso a grados superiores.

Igualdad de la remuneración

Se ha establecido el Consejo Nacional de Sueldos, que se encarga de fijar el salario mínimo nacional, a partir del costo de la vida, y de determinar los medios y medidas necesarios para velar por que se mantenga un equilibrio entre las remuneraciones y los precios. La determinación y el ajuste del salario mínimo se enmarcan en el compromiso del Gobierno de salvaguardar los intereses de los trabajadores, preservar sus derechos y prestaciones, y garantizarles un nivel de vida digno, a la luz de la evolución de la economía tanto en el ámbito nacional como en el mundial. Se procura también mantener el equilibrio entre los intereses de las dos partes interesadas en la producción: el empleador y el empleado. El salario mínimo ha aumentado en varias ocasiones, tanto en el sector público como en el privado. En concreto, en el sector público, el salario mínimo aumentó de 1.200 libras en marzo de 2019 a 3.500 libras en marzo de 2023, para incrementarse posteriormente a 4.000 libras en septiembre de 2023 y alcanzar las 6.000libras en marzo de 2024. El salario mínimo de los trabajadores del sector privado, que en enero de 2022 era de 2.400 libras, se incrementó a 2.700 libras en enero de 2023, para volver a subir en julio de 2023 hasta alcanzar las 3.000 libras; posteriormente se elevó hasta las 3.500 libras en enero de 2024 y, por último, a 7.000 libras en marzo de 2025.

Derecho a la seguridad social

La Constitución establece que el Estado garantiza la prestación de servicios de seguridad social y otorga a todos los ciudadanos que no estén cubiertos por un régimen de seguridad social el derecho a la protección social, con lo que se le garantiza una vida digna, en los casos en los que no pueda sustentarse a sí mismo ni a su familia, así como en situaciones de incapacidad laboral, edad avanzada y desempleo. Se promulgó la Ley de Seguridad Social y Pensiones (Ley núm. 148 (2019)) con el fin de desarrollar y modernizar los sistemas de seguridad social para adaptarse a la evolución mundial y verificar el alineamiento con los acuerdos internacionales y regionales en el ámbito de la protección social. La Ley también tiene por objeto unificar las prestaciones que se ofrecen en el marco de los regímenes de seguridad social para todos los segmentos de la sociedad, en aplicación de los principios de igualdad e igualdad de oportunidades. La nueva ley aborda la desproporción entre las pensiones y los ingresos y ofrece cobertura para pensiones de jubilación, discapacidad, accidentes laborales, fallecimiento, enfermedad y desempleo. La Ley incorpora medidas de discriminación positiva en favor de ciertos grupos prioritarios, como las personas con discapacidad, los alumnos de formación profesional y diversas categorías de trabajadores precarios, al tiempo que establece incentivos para la cobertura de seguro, entre ellos el hecho de que el erario público asuma la cuota patronal de las cotizaciones, y el establecimiento de un mecanismo para incrementar las pensiones en un porcentaje equivalente a la tasa de inflación nacional, costo que es asumido por el sistema de seguridad social, con un límite máximo del 15 %.

Protección de la salud y la seguridad en las condiciones de trabajo

Con el fin de garantizar un entorno laboral libre de acoso sexual, se promulgaron la Ley núm. 50 (2014) y la Ley núm. 185 (2023), que modifican el Código Penal y endurecen las penas por el delito de acoso sexual en los casos en que el autor ostente una posición de autoridad en el trabajo o haya ejercido (o las circunstancias le permitieran ejercer) cualquier tipo de presión sobre la víctima. Con esa legislación se amplió la definición del delito de acoso para incluir el acto de someter a un tercero a actos, insinuaciones o alusiones de carácter sexual u obsceno, ya sea mediante gestos, expresiones verbales o conductas, por cualquier medio, incluidos los medios de comunicación. El Código Laboral ((Ley núm. 14 (2025)) prohíbe el acoso en todas sus formas —verbal, físico y psicológico— y obliga a los empleadores a tomar medidas que protejan a las personas empleadas. Los casos de acoso se consideran infracciones graves que justifican el despido disciplinario. La Ley obliga a los empleadores a establecer un reglamento interno que prohíba el acoso y a tomar medidas para proteger a las personas empleadas y garantizar la confidencialidad de las denuncias. La persona afectada tiene derecho a presentar una denuncia urgente ante la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo o ante la Oficina de Empleo. La competencia para tramitar esas denuncias recae en las autoridades de inspección. Si el empleador no tomara las medidas necesarias o incumpliera las disposiciones de la Ley, se contemplan sanciones de 5.000 a 50.000libras; el importe de la multa se multiplicará en función del número de personas empleadas que se hayan visto afectadas por la infracción.

Tiempos de descanso y vacaciones

Las madres trabajadoras disfrutan de determinadas prestaciones en virtud de la Ley de la Función Pública, entre ellas un permiso de cuatro meses por parto y un permiso de baja remunerada por maternidad de cuatro meses. La empleada tiene derecho a un permiso sin sueldo para el cuidado de su hijo con una duración máxima de dos años en cada ocasión, con un máximo total de seis años a lo largo de su carrera en la función pública. En virtud de la Ley de la Infancia, las mujeres trabajadoras que sean madres de acogida o lactantes con un niño menor de seis meses tienen derecho a cuatro meses de permiso remunerado para el cuidado. La Ley les otorga los mismos derechos que a las madres biológicas en lo relativo a la duración de los descansos para la lactancia y el permiso de maternidad. En virtud del nuevo Código Laboral, las madres trabajadoras tienen derecho a cuatro meses de permiso remunerado por maternidad, que abarcan los periodos prenatal y posnatal, siempre que el permiso posnatal no sea inferior a 45 días. La jornada laboral diaria de las mujeres embarazadas se reduce al menos una hora a partir del sexto mes de embarazo. No es admisible exigir a las mujeres embarazadas que trabajen horas extraordinarias durante el embarazo ni durante los seis meses siguientes a la fecha del parto.

Numerosas empresas e instituciones disponen de guarderías en el lugar de trabajo para facilitar a las madres el cuidado de sus hijos durante la jornada laboral. El Ministerio de Solidaridad Social ha creado una asociación de servicios para el personal doméstico con el fin de retener a las trabajadoras domésticas y ha establecido centros de servicios para mujeres trabajadoras, cuyo objetivo es aliviar la carga que soportan y proporcionarles los servicios que necesitan a un precio razonable. Hay 39 centros de ese tipo distribuidos en 22 provincias.

Artículo 12. Derecho a la salud

El componente de salud de la estrategia Visión de Egipto 2030 tiene como objetivo garantizar que toda la población egipcia pueda ejercer su derecho a una vida segura y saludable, gracias a un sistema de salud integrado que sea accesible, de calidad y no discriminatorio. El derecho a la salud también se refleja en el presupuesto del Estado, que prevé un aumento de las asignaciones destinadas al gasto público en salud. En el ejercicio fiscal 2025/26, esas asignaciones ascendieron a 617.962.000 millones de libras egipcias. La partida presupuestaria destinada al seguro médico para estudiantes, mujeres cabeza de familia y niños y al seguro médico universal asciende a 5.900 millones de libras.

Se ha presentado la estrategia nacional de salud de Egipto para el período 2024‑2030. Su objetivo es mejorar las características demográficas, alcanzar una tasa total de fecundidad de 2,1 hijos por mujer y promover el desarrollo humano. Egipto ha logrado avances considerables con respecto al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la reducción de las tasas de mortalidad materna y neonatal y, en octubre de 2024, la Organización Mundial de la Salud (OMS) certificó la eliminación del paludismo en el país. En octubre de 2023, la OMS expresó su reconocimiento a Egipto por haber alcanzado el nivel oro en el camino hacia la eliminación de la hepatitis C, con lo que pasó a ser el primer país en conseguirlo. Egipto diagnosticó al 87 % de las personas que padecen hepatitis C y facilitó tratamiento curativo al 93 % de los diagnosticados.

En colaboración con el Ministerio de Salud y Población, el Ministerio de Solidaridad Social está ejecutando lainiciativa “Los primeros 1.000 días”, dirigida a los beneficiarios de los programas Takaful (“Solidaridad”) y Karama (“Dignidad”) para mejorar la nutrición de las mujeres embarazadas y lactantes, con el fin de mitigar los potenciales efectos negativos que causa la malnutrición en el desarrollo cognitivo y físico de los niños durante los primeros 1.000 días de vida, que son fáciles de prevenir. El programa ofrece una amplia variedad de alimentos ricos en nutrientes a las mujeres embarazadas y lactantes. Para acogerse al programa de transferencias en efectivo condicionadas, la mujer embarazada o el niño menor de dos años debe acudir a un centro de salud una vez al mes, con el fin de dar seguimiento al embarazo o al proceso de crecimiento del niño, y para administrar las vacunas necesarias a los niños menores de dos años.

El Gobierno ha tomado una serie de medidas para promover el derecho a la salud en el marco de su iniciativa “100 millones de vidas saludables”, cuyo objetivo es proporcionar una atención integral de la salud a todos los ciudadanos y garantizar al mismo tiempo el acceso a los servicios disponibles. Entre esas medidas se cuentan iniciativas para erradicar la hepatitis C; detectar enfermedades no transmisibles; garantizar la detección precoz de la anemia, la obesidad y el retraso del crecimiento; apoyar la salud de las mujeres egipcias, incluida la detección precoz del cáncer de mama; apoyar la salud materna y fetal; detectar y corregir la pérdida de audición en los recién nacidos; detectar y tratar enfermedades crónicas; y garantizar la detección precoz de las enfermedades renales.

Existe una iniciativa de apoyo a la salud materno-fetal cuya finalidad es promover la detección precoz de la hepatitis B, el VIH y la sífilis entre las mujeres embarazadas, así como reducir la mortalidad materna debida a esas enfermedades. En el marco de la iniciativa, se da seguimiento a la salud de la madre y el recién nacido durante los 42días posteriores al parto con el fin de detectar cualquier factor de riesgo para la madre o el recién nacido y tomar las medidas oportunas, y se suministran los micronutrientes necesarios durante el puerperio. Se promueve y se protege la lactancia materna y se promueve el uso adecuado de los preparados para lactantes. Se administran suplementos de vitamina A a los niños de 6 a 54 meses de edad.

Los servicios disponibles en el marco de la iniciativa, que se prestan en dispensarios y en los centros de salud materno-infantil, incluyen un examen clínico para evaluar el estado general de la mujer embarazada y el feto y detectar cualquier factor de riesgo vinculado con el embarazo, así como la vacuna contra el tétanos; el registro de la altura, el peso y la presión arterial; y diversas pruebas para detectar la anemia o determinar si la madre necesita una inyección de inmunoglobulina anti-D después del parto. La iniciativa ha beneficiado a alrededor de 3,2 millones de mujeres. Esos servicios también se prestan en más de 3.500 centros de salud, 102 hospitales y unidades móviles diseñadas para llegar a zonas remotas. Se ha creado una base de datos integrada con el censo, con enlaces a los centros de salud que participan en la iniciativa, con el fin de facilitar el seguimiento de la población beneficiaria y derivar los casos al centro más cercano donde puedan recibir el tratamiento adecuado. Las beneficiarias pueden utilizar la página web de la iniciativa “100 millones de vidas sanas” o la aplicación Sehet Misr (“Salud Egipto”) para consultar la fecha y la hora de las citas para revisión médica, que incluyen pruebas de detección precoz.

Para abril de 2025 ya eran alrededor de 58,9 millones las mujeres beneficiarias de una iniciativa destinada a promover la salud de las mujeres y la detección precoz del cáncer de mama. El objetivo de esta iniciativa es ofrecer servicios de detección precoz de tumores de mama y concienciar sobre la importancia de las exploraciones periódicas. En abril de 2025, aproximadamente 7 millones de mujeres se habían beneficiado de la iniciativa, cuyo objetivo es la detección precoz de tumores malignos y la erradicación del cáncer de cuello uterino.

En el marco de las iniciativas destinadas a promover la salud reproductiva y el derecho a los servicios relacionados con el embarazo y el parto, el Ministerio de Salud y Población adoptó unas directrices actualizadas para reducir el número de cesáreas innecesarias. Los centros de salud deben cumplir las normas médicas internacionales e implantar un sistema de seguimiento mensual y presentación de informes periódicos con el objetivo de promover el parto natural y reducir las complicaciones de salud para las madres y los recién nacidos. En 2020, la tasa de mortalidad materna se redujo a aproximadamente 17 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. En 2023 se estabilizó en 41,3 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. La tasa total de fecundidad descendió de 2,85 hijos por mujer en 2021 a 2,1 en 2023, y la tasa de uso de anticonceptivos aumentó hasta el 72 %, lo que refleja una notable mejora en la atención de la salud reproductiva.

Artículo 13. Vida económica y social

En el contexto de los esfuerzos del Gobierno egipcio por empoderar económicamente a las mujeres y mejorar sus oportunidades en el mercado laboral, la Agencia para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas ha prestado especial atención a los proyectos encabezados por mujeres, a los que ha destinado financiación por más de 10.200 millones de libras egipcias. El Gobierno ha seguido trabajando para empoderar a las mujeres en el contexto de una concepción integral del desarrollo que refleja su compromiso con el fortalecimiento de su papel en la sociedad. Los proyectos que promueven directamente la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres han sido los destinatarios de una cartera total de más de 4.500 millones de dólares en financiación concesional para el desarrollo. Esos fondos financian la ejecución de unos 117 proyectos de desarrollo en diversos sectores que benefician a alrededor de 27 millones de mujeres y niñas.

Se ha firmado un acuerdo de financiación con la Agencia Francesa de Desarrollo destinado exclusivamente a proyectos dirigidos a las mujeres. Se han desembolsado unos 667,2 millones de libras egipcias a 22.000 proyectos, de los que el 100 % estaban destinados a mujeres. En el marco de la iniciativa presidencial Haya Karima, se ha prestado apoyo financiero a 136.000 pequeñas y microempresas, entre las que figuran 62.600 proyectos encabezados por mujeres, lo que representa el 46 % del total. El total de la financiación asciende a 1.500 millones de libras. Entre las numerosas medidas y proyectos dirigidos a las mujeres se encuentran la iniciativa “Nuestro futuro está en nuestras manos”, que ha destinado 30 millones de libras egipcias a la financiación de 3.400 proyectos, todos ellos dirigidos a las mujeres; la iniciativa Bab RezQ, que ofrece financiación a mujeres mayores de 21 años para crear microempresas; y el programa Ta7wisha, cuyo objetivo es crear 60.000 grupos de ahorro para 1,2 millones de mujeres en 13 provincias. Ya se han creado unos 20.000 grupos de ese tipo, que agrupan a más de 402.000 mujeres.

En el ámbito de la cooperación internacional, se han iniciado varios programas conjuntos para fortalecer la participación de las mujeres en el desarrollo económico. Entre ellos se encuentran el proyecto Rabeha, que se ejecuta en colaboración con el Gobierno de Canadá, ONU-Mujeres y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, y está dirigido a 6.300 empresarias, y el proyecto Egypt: SheTrades, que ha prestado apoyo a 50 empresarias en los ámbitos de la exportación y el marketing digital. El proyecto Opportunities for women in agribusiness Egypt, financiado por el Canadá, tiene como objetivo apoyar a la agroindustria. Tiene 6.500beneficiarias directas y 13.000 beneficiarias indirectas en las provincias de Minya y Bani Suwayf. El proyecto SWEET tiene como objetivo llegar a 8.000 mujeres y niñas para 2025 con el fin de impulsar el sector de las alfombras artesanales. El programa titulado “Mujeres egipcias: líderes del futuro” ha contribuido a formar a 450mujeres jóvenes y ponerlas en contacto con oportunidades laborales en grandes empresas. La iniciativa Ghalya, en colaboración con el Banco de Alejandría, se propone ofrecer formación a mujeres jóvenes para que desarrollen su carrera profesional en el sector del mantenimiento de vehículos.

El Ministerio de Solidaridad Social, en colaboración con varias organizaciones de la sociedad civil, ha iniciado un proyecto de desarrollo cuyo objetivo es apoyar a las mujeres del medio rural que trabajan en pequeñas, medianas y microempresas, con un total de 2.069 beneficiarias. En colaboración con varios bancos, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad organiza numerosos seminarios de sensibilización sobre transacciones bancarias e inclusión financiera dirigidos a las personas con discapacidad. Han asistido a esos seminarios 10.000 personas con discapacidad, entre ellas mujeres y niñas con discapacidad.

Se ha destinado un total de 2.300 millones de libras egipcias a la financiación de pequeñas y microempresas dirigidas por mujeres. Se han concedido préstamos a 99,2pequeñas y microempresas, cifra que representa el 45 % del número total de proyectos, y se han creado 145,3 puestos de trabajo. En el ámbito de los servicios no financieros, las tasas de utilización por mujeres fueron del 26 % para los servicios de ventanilla única, el 30 % para los servicios de comercialización, el 90 % para los servicios de desarrollo de proyectos industriales, el 67 % para los servicios de programas de empresariado y el 54 % para la participación en ferias comerciales nacionales. En el ámbito del empoderamiento social, se han generado más de 1,3millones de días de empleo remunerado para las mujeres merced a proyectos de desarrollo comunitario, desarrollo humano, infraestructuras y formación. La proporción de mujeres que participaron en esos proyectos fue el siguiente: un 98 % en los servicios de atención primaria de la salud, un 89 % en los servicios de alfabetización, un 98 % en los proyectos de guardería y un 62 % en los servicios de capacitación para el empleo.

El Gobierno presentó la iniciativa “Nuestro futuro está en nuestras manos” con el fin de desarrollar la capacidad de las personas jóvenes, los grupos más vulnerables, las mujeres que son cabeza de familia y las personas con necesidades especiales mediante una serie de programas de formación profesional y administrativa. Se ha desembolsado un total de 30 millones de libras para microproyectos, lo que ha hecho posible financiar 3.400 proyectos, y el 100 % de esos préstamos se ha destinado a mujeres.

En virtud de la Decisión núm. 654 (2021), el Primer Ministro ha promulgado el reglamento de aplicación de la Ley núm. 152 (2020), relativa al desarrollo de las pequeñas, medianas y microempresas, en la que se contemplan incentivos no fiscales para proyectos centrados en determinadas cuestiones, como el empoderamiento económico de las mujeres, y se estipula que hasta el 40 % de la contratación pública debe destinarse a las pequeñas, medianas y microempresas.

Se aprobó la Decisión núm. 204 (2020) de la Autoridad de Supervisión Financiera con el fin de promover la igualdad de género en los servicios financieros no bancarios, mientras que la Decisión núm. 205 (2020) ofrece incentivos a las empresas y entidades financieras no bancarias si al menos el 25 % de los usuarios de sus servicios son mujeres. Esos esfuerzos han tenido su reflejo en los indicadores de inclusión financiera y empoderamiento económico de las mujeres. Para 2023, más de 20,3 millones de mujeres tenían cuentas bancarias, lo que supone un aumento del 244 % con respecto a 2016.

En 2022, el país dio un gran paso adelante con la puesta en marcha del Proyecto Nacional para el Desarrollo de la Familia Egipcia. Con el proyecto se pretende mejorar la calidad de vida de las familias incidiendo en cuatro componentes principales. El primero es el empoderamiento económico, que consiste en apoyar y empoderar económicamente a las mujeres mediante programas como 2 Kefaya (“Con dos basta”) y Forsa (“Oportunidad”), y empoderar a las mujeres de 18 a 45 años con financiación para pequeñas y medianas empresas. El segundo componente se propone mejorar los servicios. El objetivo es ofrecer métodos de planificación familiar y garantizar que se administren de forma gratuita a todas las personas por doctoras formadas en esos métodos que se encuentran destinadas en centros de salud de todo el país. El tercer componente conlleva en medidas en los ámbitos de la cultura, los medios de comunicación y la educación. Se están tomando medidas para sensibilizar a los jóvenes egipcios sobre los conceptos básicos relativos a la población y las repercusiones sociales y económicas del crecimiento de la población. Por último, se han adoptado medidas para incorporar el material pertinente en los planes de estudios de escuelas y universidades. A tal efecto, se ha facilitado información a 6 millones de mujeres en edad de procrear y a 2 millones de jóvenes que se preparan para el matrimonio.

De conformidad con la directriz ejecutiva promulgada en diciembre de 2024, se han destinado 2.000 millones de libras egipcias a la ejecución del proyecto, del que se han beneficiado más de 28 millones de ciudadanos, de los cuales alrededor del 90 % eran mujeres. De ese total, el 66 % participó de las iniciativas culturales y de sensibilización y el 31,5 % en programas de empoderamiento económico. El proyecto refleja el compromiso del Gobierno de abordar los retos demográficos de manera integral y sostenible mediante los esfuerzos concertados de todas las partes interesadas del país, coordinados por el Consejo Nacional de la Mujer y los ministerios y organizaciones de la sociedad civil pertinentes.

Artículo 14. La mujer rural

El Gobierno, mediante varias iniciativas interrelacionadas, se ha centrado en el empoderamiento de las mujeres de los pueblos y las zonas rurales en los ámbitos económico, social y de atención de la salud. Cabe citar, entre esas iniciativas, el Proyecto Nacional para el Desarrollo de la Familia Egipcia y la iniciativa presidencial Haya Karima, que constituyen los esfuerzos más prominentes hasta la fecha destinados a mejorar las condiciones de vida de las mujeres rurales y sus familias mediante la creación de infraestructura, la mejora de los servicios de salud reproductiva y la ampliación de la protección social. También se han puesto en marcha programas especializados, como la iniciativa Bidaya Yadida (“Un nuevo comienzo”), destinada a reintegrar a las mujeres cabeza de familia en el mercado laboral, y el programa Ta7wisha, que se ejecuta en 13 provincias, la mayoría de ellas rurales, y comprende la creación de 60.000 grupos de ahorro que llegarán a más de 1,2 millones de mujeres.

El Gobierno, por conducto del Ministerio de Solidaridad Social, se ha coordinado con otros ministerios y partes interesadas para elaborar un paquete integrado de programas destinados a empoderar a las mujeres del medio rural y garantizar su acceso a los servicios básicos y las oportunidades económicas. Con ese fin, se facilita a las mujeres del medio rural el acceso a programas de protección social a través de las iniciativas Takaful y Karama. Las mujeres representan el 75 % de los beneficiarios de las tarjetas de pago en efectivo del programa, y se da prioridad a las mujeres de los pueblos y las zonas remotas. La asistencia en efectivo se ha vinculado a las iniciativas de empoderamiento económico mediante la concesión de microcréditos, la seguridad social y los servicios financieros dirigidos a los grupos más vulnerables. El Banco Central de Egipto está trabajando para ampliar el acceso a la financiación de las mujeres de las zonas rurales mediante microcréditos, iniciativas de inclusión financiera y servicios de ahorro. Se ha presentado un programa financiero estratégico, con una financiación inicial de 5.000 millones de libras egipcias, para apoyar a las mujeres, particularmente en las zonas rurales, a ejecutar pequeños proyectos generadores de ingresos.

El Gobierno ha puesto un énfasis particular en el empoderamiento económico de las mujeres del medio rural. Se ha capacitado a más de 298.000 mujeres en la creación y la gestión de pequeñas empresas. Los bancos ofrecen productos financieros, como billeteras electrónicas y tarjetas Meeza, con el fin de promover la inclusión financiera. Se han brindado numerosas oportunidades a las mujeres en el marco de los programas de artesanía y emprendimiento, lo que ha contribuido a aumentar los ingresos de los hogares rurales y desarrollar su capacidad productiva.

En febrero de 2020, en colaboración con el PNUD y Life Makers Foundation, el Ministerio de Solidaridad Social inició un programa de sensibilización sobre el desarrollo comunitario dirigido inicialmente a unas 60.000 familias de cinco provincias que, con el tiempo, se ampliará a todas las provincias. El objetivo es modificar las actitudes sociales negativas que obstaculizan el desarrollo humano y económico y sensibilizar a las comunidades sobre cuestiones relacionadas con el empoderamiento económico, la educación, el conocimiento, la alfabetización, la salud maternoinfantil y la parentalidad positiva. En el marco del programa, se han tomado medidas para formar a 2.500 mujeres líderes comunitarias en técnicas que incrementan la sensibilización sobre cuestiones relevantes, y para organizar cerca de 300 aulas de alfabetización en colaboración con la iniciativa “Con solidaridad y no al analfabetismo”. En 2023 se firmó un acuerdo de cooperación con la Fundación Saint-Gobain para subvencionar un proyecto destinado a convertir desechos agrícolas en abono orgánico en las localidades de Hanub y Kafr al-Sahbi, en la provincia de Al-Qalyubiya. Se está ejecutando un nuevo proyecto para producir fertilizante orgánico en los pueblos de la provincia de Al-Minya, donde se dan las tasas más elevadas de emigración ilegal. En los pueblos de Dilya y Al‑Shayj Masud, se ha adiestrado a 100 mujeres en la operación de máquinas trituradoras de desechos agrícolas. De este modo, el proyecto promueve el empoderamiento económico y reduce la migración ilegal.

El programa Mawada (“Afecto”) tiene el objetivo de llegar a las comunidades más vulnerables de las zonas rurales de Egipto y proporcionar a las familias los instrumentos y conocimientos necesarios para estructurar relaciones familiares sanas y estables. El programa se centra en varios ámbitos, entre ellos la sensibilización mediante el contacto directo, la difusión en los medios de comunicación a través de plataformas digitales, la formación de los responsables de la ejecución del programa y la transferencia de conocimientos. Desde que comenzó, en 2019, hasta 2025, el programa ha llegado a cerca de 5,3 millones de personas, tanto hombres como mujeres, y ha alcanzado a millones más que han podido asistir a las sesiones de capacitación virtuales a través de la plataforma digital Mawada.

En lo que respecta a los servicios de atención de la salud y planificación familiar, el Ministerio de Salud y Población puso en marcha programas de sensibilización sobre la salud reproductiva, fomento de la alfabetización en materia de salud y oferta de servicios de detección precoz, especialmente en los pueblos en los que se ejecutan iniciativas de desarrollo rural. El más destacado de esos programas es la iniciativa presidencial para la salud de las mujeres que ya se ha mencionado.

El Consejo Nacional de la Mujer ha firmado un acuerdo de cooperación con Blom Bank Egypt para ejecutar proyectos favorables al medio ambiente en el Alto Egipto. Se ha lanzado un proyecto piloto en la localidad de Rubi (provincia de Al-Minya) para gestionar y reciclar desechos agrícolas con el fin de producir fertilizante orgánico y aceites esenciales. Con ello, el proyecto contribuye a reducir la contaminación que genera la quema de desechos agrícolas, disminuir el humo negro y limitar la dependencia de los fertilizantes químicos, lo que aumenta la fertilidad del suelo y mejora la salud pública. En el marco del proyecto, se han entregado siete máquinas trituradoras de desechos agrícolas en colaboración con las asociaciones Shabab al-Rubi (“Juventud de Rubi”) y Ruyat Hayat (“Una visión de vida”). Se imparte formación profesional continua a las mujeres y se supervisan periódicamente las fases de producción. Desde el inicio del proyecto se ha producido un total de 147,5 toneladas, lo que ha beneficiado directamente a 159 mujeres que han recibido formación en materia de empoderamiento económico y social. Con el fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto, se ha creado un fondo rotatorio, y un tercio de los ingresos por ventas se destina a la adquisición de materiales para los nuevos ciclos de producción. Se ha adquirido una máquina para la extracción de aceites esenciales y en la actualidad se está organizando el primer curso de formación para mujeres con miras a iniciar la producción.

Artículo 15. Igualdad ante la ley

La Constitución establece que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a gozar de su protección. Los ciudadanos son iguales ante la ley, el estado de derecho es la base de la gobernanza del Estado, y el estado ofrece protección a las víctimas, los testigos, los acusados y los denunciantes cuando es necesario. Con arreglo a la ley, el acceso a la justicia es un derecho que se garantiza a todas las personas en virtud de los artículos 52, 94, 96 y 97 de la Constitución. Como se ha aclarado en numerosas sentencias del Tribunal Constitucional Supremo, todas las constituciones egipcias han defendido el principio de igualdad ante la ley, que se aplica a todos los ciudadanos como fundamento mismo de la justicia, la libertad y la paz social. El Tribunal también ha reconocido que el propósito fundamental de ese principio es salvaguardar los derechos y libertades de los ciudadanos frente a cualquier forma de discriminación que vulnere o restrinja el ejercicio de esos derechos y libertades. El derecho a recurrir a los tribunales y a la igualdad ante la ley también se establece en los códigos de procedimiento civil, mercantil y penal, y ha sido reconocido por el Consejo de Estado y el Tribunal Constitucional Supremo. Cualquier persona que tenga un interés personal y directo, aunque solo sea un interés potencial, tiene derecho a recurrir a los tribunales para interponer una demanda, presentar una solicitud o plantear una pretensión con arreglo a la ley.

Artículo 16. Matrimonio y relaciones familiares

El contrato matrimonial es un contrato consensual basado en una oferta y una aceptación. Ese contrato solo puede celebrarse con el consentimiento de la novia; de lo contrario, es nulo. Además, no está permitido registrar un contrato matrimonial de personas que, con independencia del sexo, sean menores de 18 años en el momento de celebrarse el contrato. La familia está consagrada en el artículo 10 de la Constitución como piedra angular de la sociedad, y el Estado debe encargarse de garantizar su cohesión y estabilidad, y consolidar sus valores. La Constitución también contribuye a empoderar a las mujeres y velar por que puedan conciliar sus obligaciones familiares con las exigencias del trabajo; subraya la obligación del Estado de proteger la maternidad y la infancia, a las mujeres que ganan el sustento de la familia, a las mujeres de edad y a las mujeres en situación de necesidad; y garantiza una protección jurídica íntegra frente a cualquier acto discriminatorio. La infancia se define como el período de la vida que se extiende hasta que la persona cumple los 18 años, lo cual se ajusta a lo establecido en la Convención.

La legislación nacional, en particular la Ley de la Infancia, el Código Penal y el Código del Estatuto Personal, incluye disposiciones que abordan la violencia en todas sus formas, incluida la violencia doméstica, el matrimonio infantil y el matrimonio forzado. El Estado mantiene su determinación de proteger a las familias. La ley establece que las dos partes de una relación matrimonial gozan de derechos mutuos que generan un equilibrio justo. En el ordenamiento jurídico egipcio, las mujeres tienen derecho a elegir marido, y el contrato matrimonial es un acuerdo consensuado que se propone y se acepta. No se puede celebrar un contrato matrimonial si una de las dos partes contratantes no ha cumplido los 18 años.

Las leyes que regulan las relaciones familiares en materia de matrimonio, divorcio, custodia y herencia se basan en la sharía islámica para los musulmanes. Los egipcios cristianos y judíos se rigen por sus propias leyes para regular su estatuto personal y sus asuntos religiosos (Constitución, artículos 2 y 3). Una mujer puede acudir a los tribunales para solicitar el divorcio por cualquiera de los motivos previstos por la ley, sin perjuicio de sus derechos económicos plenos, que incluyen la dote diferida y la manutención durante el período de espera, así como la pensión alimenticia, que debe equivaler como mínimo a dos años de manutención conyugal y puede ser superior en función de la situación económica y social del exmarido, la duración del matrimonio y de si el divorcio fue de mutuo acuerdo o contencioso.

Si la mujer considera que el matrimonio es insoportable, tiene derecho a solicitar el divorcio a cambio de renunciar a sus derechos económicos con arreglo a la sharía y devolver la dote para compensar al hombre por los gastos en que haya incurrido durante el matrimonio. La resolución por la que se concede el divorcio solicitado por una mujer se dicta en un tribunal de primera instancia y no hay vías de apelación.

Las madres tienen derecho a la custodia de los hijos hasta que cumplan los 15años. A partir de ese momento, los niños pueden elegir. Pueden permanecer con la madre por decisión propia hasta que la niña contraiga matrimonio o el niño termine sus estudios, teniendo en cuenta el interés superior de los niños. El hombre está obligado a proporcionar una vivienda adecuada a la madre lactante y a los menores de un año, así como a hacerse cargo de todos los gastos de manutención de los hijos (vivienda, alimentación y ropa) hasta que las niñas contraigan matrimonio o los niños terminen sus estudios. Debe hacerse cargo de la manutención de los hijos, incluido el sueldo de un empleado doméstico si las circunstancias lo exigen.

Ha concluido la redacción del nuevo Código del Estatuto Personal de Egipto, que representa un avance legislativo de enorme relevancia destinado a modernizar y regular las relaciones familiares de manera que se garantice la justicia y la estabilidad para todos los miembros de la familia. El Código consta de 355 artículos divididos en tres secciones principales: cuestiones personales, cuestiones patrimoniales y procedimientos que rigen los asuntos personales. Está previsto presentarlo ante la Cámara de Representantes una vez hayan concluido las sesiones de diálogo con la comunidad.

En febrero de 2024 empezó a funcionar una plataforma digital especializada en orientación para familias. Solo dos meses después, la plataforma ya había recibido 4.200solicitudes de orientación para familias sobre diversos aspectos de la vida familiar. También ha concluido la elaboración de una versión piloto del kit de formación especializada diseñado para familias constituidas recientemente (recién casados), con el objetivo de dotarlas de todas las competencias para la vida que les permitan construir una unidad familiar sana, estable y sostenible. El proyecto ha formado a un millón de jóvenes, tanto hombres como mujeres, mediante 14 iniciativas en las que se les proporciona toda la información que necesitan para constituir y mantener familias sanas.

II.Respuestas a las observaciones finales

Observación formulada en el párrafo 10

Recomendación de que Egipto retire sus reservas a los artículos 2 y 16 de la Convención

Egipto mantiene su firme compromiso con los derechos de las mujeres, como lo demuestran la fecha temprana en la que ratificó la Convención y las medidas que ha adoptado para promover su inclusión y garantizar el disfrute de sus derechos en igualdad de condiciones. La reserva que formuló Egipto con respecto al artículo 2 de la Convención es de carácter general. Establece que Egipto está dispuesto a cumplir con lo dispuesto en el artículo siempre y cuando dicho cumplimiento no sea contrario a la sharía islámica. Esa reserva no afecta a la esencia de los derechos y garantías que ya están consagrados, sin discriminación entre hombres y mujeres, en la Constitución y en la ley. Por ejemplo, la igualdad entre hombres y mujeres en materia de derechos y libertades está plasmada en 22 artículos de la Constitución, y de forma particular en los artículos 11 y 53. El ordenamiento jurídico garantiza a las mujeres la misma protección jurídica que a los hombres merced a los tribunales. El Gobierno trabaja para garantizar la igualdad y prohibir la discriminación contra las mujeres mediante diversas medidas de política pública, leyes, procedimientos administrativos e institucionales, planes nacionales de derechos humanos y la Estrategia Nacional para el Empoderamiento de las Mujeres Egipcias 2030.

Observación formulada en el párrafo 12

Fomentar de manera sistemática la creación de capacidad de los funcionarios públicos, los jueces, los abogados, los fiscales, los agentes de policía y otros agentes de la autoridad y ofrecerles formación sobre la Convención

El Ministerio de Justicia y la Fiscalía son los encargados de facilitar formación a los jueces y fiscales en materia de derechos humanos y sobre las disposiciones de los tratados internacionales pertinentes. Organizan programas de capacitación y cursos prácticos dirigidos a jueces y juezas, así como a miembros de los órganos judiciales, sobre aptitudes y técnicas de liderazgo y sobre cuestiones como la lucha contra la violencia contra las mujeres y la facilitación del acceso de las mujeres a la justicia. Además, en colaboración con el Consejo Nacional de la Mujer, la UNODC y el Centro de Estudios Judiciales, organizan seminarios de sensibilización dirigidos al personal del Ministerio de Justicia, los tribunales y la secretaría del Ministerio en relación con el delito de la mutilación genital femenina, sus riesgos y sus consecuencias para las niñas. Durante el período 2020-2025 se organizaron un total de 90 cursos prácticos para 2.741miembros de órganos judiciales y 950 empleados.

La Fiscalía, en cooperación con todas las entidades internacionales y nacionales pertinentes, ha organizado actividades sistemáticas de creación de capacidad y formación para su personal con el objetivo de dar a conocer las disposiciones de la Convención y garantizar su aplicación, así como de impartir formación sobre las mejores prácticas en el trato a las mujeres en los procesos penales, proteger y asistir a las mujeres víctimas y abordar las cuestiones relacionadas con la violencia contra las mujeres. Se han celebrado dos cursos prácticos dirigidos a 138 miembros de la Fiscalía, tanto hombres como mujeres, sobre el derecho de familia y el marco jurídico que regula los delitos de violencia contra las mujeres.

Desde 2020, el Ministerio del Interior ha organizado nueve sesiones de formación para agentes de policía sobre la lucha contra los delitos de violencia contra las mujeres, los niños y las personas con necesidades especiales. En 2021, organizó una conferencia sobre ese tema. Desde 2024, se han creado 13 unidades de formación con el fin de capacitar al personal femenino en las funciones de seguridad contemporáneas. En los planes de estudios se incluyen módulos formativos destinados a sensibilizar a las mujeres policías sobre los tipos de delitos que se cometen contra las mujeres y todas las formas de discriminación que sufren. Desde 2023, se han organizado 17 cursos dirigidos a agentes de policía, tanto hombres como mujeres, y a alumnos de la Academia de Policía sobre las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela). En 2023 se organizó un curso de formación, en colaboración con la policía del Reino Unido, destinado a preparar a las mujeres agentes para gestionar unidades policiales. Participaron 20 mujeres funcionarias del Ministerio.

Procurar que las mujeres conozcan mejor sus derechos en virtud de la Convención y los recursos jurídicos de que disponen para denunciar las vulneraciones de esos derechos: El Consejo Nacional de la Mujer siguió ejecutando grandes campañas de sensibilización, como “La feminidad: el secreto de tu fuerza”, que logró un alcance de 456 millones; la campaña “Porque soy hombre”, destinada a involucrar a los hombres en el apoyo al empoderamiento de las mujeres; y la campaña de visitas a domicilio, cuyo objetivo es informar a las mujeres sobre sus derechos políticos y sociales. El ordenamiento jurídico egipcio cuenta con un marco integral para la protección de los derechos humanos que garantiza la disponibilidad de recursos efectivos en los casos en los que vulneran los derechos que protege la Convención. El marco institucional incluye numerosos mecanismos destinados a promover el respeto y la protección de los derechos humanos, como los mecanismos judiciales, la institución nacional de derechos humanos, los consejos nacionales especializados y los departamentos de derechos humanos dependientes de los ministerios y organismos nacionales.

Se ha creado un mecanismo independiente y accesible de presentación de denuncias relacionadas con los derechos humanos, con competencia para recibir e investigar las denuncias y tomar las medidas oportunas. Se trata del Departamento de Derechos Humanos de la Fiscalía, creado en virtud de la Decisión núm. 2034 (2017). El Departamento recibe denuncias y comunicaciones relacionadas con los derechos humanos y con las violaciones que se cometen, y las examina, investiga y tramita. Las denuncias restantes, que se hacen llegar en primer lugar a la Fiscalía, se remiten posteriormente a las fiscalías competentes del Estado para que tomen las medidas oportunas con arreglo a la ley. El Departamento también realiza un seguimiento de los casos relacionados con los derechos humanos que examinan e investigan los fiscales.

En virtud del artículo 214 de la Constitución, el Consejo Nacional de la Mujer, el Consejo Nacional para la Infancia y la Maternidad y el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad tienen derecho a denunciar ante las autoridades cualquier infracción relacionada con sus ámbitos de actuación. Además, el Consejo Nacional de Derechos Humanos cuenta con un teléfono de asistencia en el que recibe denuncias de violaciones de los derechos humanos, en particular del derecho a la igualdad y a la no discriminación, con lo que se facilita el acceso de las víctimas a las vías de recurso. Los procedimientos para la recepción de reclamaciones se establecen en las leyes que regulan los Consejos. Además, en virtud del artículo 85 de la Constitución, toda persona tiene derecho a presentar una reclamación por escrito y firmada ante las autoridades, mientras que, en virtud del artículo 138, cualquier ciudadano puede remitir una reclamación a la Cámara de Representantes para que esta la haga llegar a los ministros competentes. A su vez, los ministros están obligados a facilitar las aclaraciones pertinentes si así lo solicita la Cámara, mientras que se deberá informar a la parte afectada del resultado de la reclamación, como se expone en el reglamento de la Cámara.

Observación formulada en el párrafo 14

Creación de una comisión de lucha contra la discriminación, de conformidad con el artículo 53 de la Constitución

El Consejo Nacional de la Mujer es el mecanismo nacional encargado de combatir la discriminación contra las mujeres. En el marco de la labor del Consejo, desde 2000 se han elaborado planes para incorporar la igualdad de género en Egipto mediante planes nacionales, que han culminado en la Estrategia Nacional para el Empoderamiento de las Mujeres Egipcias 2030. Las 32 dependencias de igualdad de oportunidades distribuidas en los distintos ministerios son uno de los mecanismos que se utilizan para incorporar los principios de igualdad de género e igualdad de oportunidades en todas las instituciones, con el objetivo de mejorar la situación de las mujeres egipcias, ayudarlas a alcanzar puestos de liderazgo y de toma de decisiones y reducir la brecha de género. Las dependencias de igualdad de oportunidades recopilan datos estadísticos sobre las mujeres que ocupan puestos de liderazgo, facilitan el acceso de las mujeres a los proyectos que ejecutan los ministerios y organismos ministeriales e incorporan los principios de igualdad de género e igualdad de oportunidades en la preparación, planificación, supervisión y evaluación de las estrategias y planes nacionales. Las unidades también realizan estudios e investigaciones sobre el empoderamiento de las mujeres, sensibilizan sobre el principio de la igualdad de género y promueven la presupuestación sensible a las cuestiones de género.

Observación formulada en el párrafo 16 relativa al acceso de las mujeres a la justicia

El Gobierno se ha esforzado por eliminar las barreras físicas y de procedimiento que afectan a las mujeres mediante el establecimiento de mecanismos de remisión directa desde la Oficina de Denuncias a la Fiscalía y a los tribunales, mientras que el Gobierno asume los costos de determinados casos para garantizar que todas las personas tengan derecho a recurrir a la justicia. Se han creado unidades policiales y judiciales especializadas en combatir la violencia contra las mujeres, y la Fiscalía ha publicado una guía procesal titulada “Tramitación de casos de violencia contra las mujeres” con el fin de agilizar los procedimientos y garantizar la claridad tanto para las víctimas como para los proveedores de servicios. Se ha ampliado la protección jurídica que se brinda a los grupos desfavorecidos. El personal de trabajo social del Ministerio de Solidaridad Social desempeña un papel fundamental en los pueblos y comunidades locales, ya que informan sobre los mecanismos de denuncia y el acceso a los tribunales en casos como el matrimonio precoz y la violencia doméstica.

El Consejo Nacional de la Mujer recibe y examina las denuncias, las remite a las autoridades competentes y ofrece asistencia jurídica y asesoramiento a las mujeres víctimas de violencia. Se ha habilitado un teléfono de asistencia para comunicar cualquier infracción o reclamación pertinente. Solo en los últimos cinco años, se han recibido unas 100.000 denuncias presentadas por mujeres, todas las cuales se remitieron a las autoridades competentes. La Oficina de Denuncias ha conseguido que los tribunales dicten sentencias favorables a las demandantes en cerca de 10.000 casos. Se han habilitado teléfonos de asistencia para denunciar irregularidades en la Oficina del Fiscal General, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transporte y otros ministerios. Se están lanzando campañas de sensibilización para abordar todas las formas de violencia contra las mujeres, incluso en medios sociales, campañas a domicilio y campañas informativas en los colegios, sin olvidar los importantes esfuerzos que se despliegan para combatir la mutilación genital femenina. Se han dado numerosos casos en los que los tribunales han fallado a favor de las mujeres víctimas de la violencia, incluso en casos de mujeres agredidas por sus maridos, entre otros.

Con el fin de promover el acceso a la justicia y los servicios de asistencia jurídica, el Código Penal abarca todas las formas de violencia contra las mujeres, tanto dentro como fuera del entorno familiar, por lo que comprende los delitos sexuales, la mutilación genital femenina, la denegación del derecho a heredar y la ciberdelincuencia. En 2021 se creó la primera dependencia integrada para la protección de las mujeres contra la violencia con el fin de agilizar la prestación de servicios. Por medio de su Oficina de Denuncias, el Consejo Nacional de la Mujer ofrece asistencia jurídica, psicológica y social gratuita; entre 2018 y 2023, tramitó 255.630 denuncias que afectaron a unas 182.827 mujeres. En septiembre de 2025, en colaboración con la UNODC, el Ministerio de Justicia inauguró dos salas seguras en un tribunal de El Cairo destinadas a las mujeres víctimas de la violencia.

Lucha contra la estigmatización

El Consejo Nacional de la Mujer ha prestado especial atención a la eliminación de las barreras psicológicas y sociales que pueden obstaculizar la presentación de denuncias de mujeres. Ha lanzado grandes campañas de sensibilización en los medios de comunicación, con lemas tales como “Si estamos informados, la protegemos”, “La condición de mujer”, “Protejámosla frente a la mutilación genital femenina” y “Me toca cuidar a mi país”, en las que se pone de relieve que las mujeres tienen el derecho constitucional y legal de presentar denuncias. Se han organizado seminarios formativos y sesiones de sensibilización para jóvenes y familias con el fin de fomentar una cultura de apoyo a las mujeres que denuncian la violencia, en lugar de estigmatizarlas.

La Ley núm. 177 (2020) se promulgó para modificar determinadas disposiciones del Código de Procedimiento Penal mediante la incorporación de un nuevo artículo, el artículo 113 bis, en el que se establece que no se divulgará la información personal de las víctimas de delitos de acoso, violencia, atentados contra el pudor y corrupción moral, como también se determina en el artículo 96 de la Ley de la Infancia.

Aumento del número de mujeres en el poder judicial

Véanse los párrafos 41 a 43, en relación con el artículo 7.

Observación formulada en el párrafo 18

Garantizar una supervisión y evaluación adecuadas de la estrategia y las demás políticas de igualdad de género

El Gobierno se ha esforzado por supervisar y evaluar la Estrategia Nacional para el Empoderamiento de las Mujeres Egipcias. El Observatorio Nacional de la Mujer de Egipto se creó en 2017 como mecanismo independiente para dar seguimiento a la Estrategia; es accesible para todo el mundo y se actualiza periódicamente. El plan de acción de la Estrategia se ha revisado en profundidad con el fin de garantizar que haya un cambio tangible en la vida de las mujeres. En la página web del Consejo se publica periódicamente un informe sobre la Estrategia Nacional con el fin de supervisar la aplicación del plan de acción.

Observación formulada en el párrafo 20

Acelerar el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en aquellos ámbitos en que las mujeres, como las que viven en zonas rurales y las pertenecientes a grupos marginados, se encuentran en desventaja o están infrarrepresentadas, entre otras cosas en la vida política y pública, la educación y el empleo, en particular en la administración pública, el cuerpo diplomático y la judicatura.

Véanse las observaciones relativas a los artículos 7 a 11 y 14.

Observación formulada en el párrafo 22

Responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y en la sociedad; redoblar los esfuerzos de colaboración con los medios de comunicación para sensibilizar al público acerca de los estereotipos

Además de las observaciones que figuran en los párrafos 24 a 29, relativas al artículo 5, deseamos señalar que el Gobierno ha incidido de forma creciente en la eliminación de los estereotipos discriminatorios vinculados a las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y la sociedad, en consonancia con su compromiso constitucional y legal con la igualdad y la no discriminación. La Constitución establece la plena igualdad de género en materia de derechos y obligaciones y pone de relieve el papel del Gobierno en la protección y el empoderamiento de las mujeres. Al presentar la Estrategia Nacional para el Empoderamiento de las Mujeres Egipcias 2030, se tuvieron en cuenta esas consideraciones. La Estrategia establece un marco integral para promover la participación de las mujeres en todos los ámbitos y combatir los estereotipos que limitan su proyección. El Consejo Nacional de la Mujer ha lanzado numerosas campañas de sensibilización, como la campaña “Porque soy hombre”, cuyo objetivo es cuestionar los conceptos tradicionales y alentar a los hombres a apoyar a las mujeres tanto en el ámbito familiar como en la sociedad.

El Gobierno presta especial atención a las comunidades rurales y remotas mediante iniciativas destinadas a combatir la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil, en colaboración con los ministerios pertinentes y con la participación activa de los líderes religiosos y la sociedad civil. En el ámbito de los medios de comunicación, promueve series y programas que presentan a las mujeres de forma positiva y rompen con los estereotipos tradicionales, y está incorporando progresivamente las cuestiones relacionadas con la igualdad de género en los planes de estudios escolares.

Observación formulada en el párrafo 24

Violencia contra las mujeres

Además de lo expuesto, queremos señalar que la violencia física, ya sea dentro o fuera del ámbito familiar, es punible en virtud del Código Penal. La prohibición comprende la violencia dentro de la familia y en cualquier otro contexto, desde la fuerza física leve hasta formas más graves de violencia. En las disposiciones del Código Penal están incluidos los delitos sexuales y los delitos de violencia contra las mujeres. Existen numerosos tipos de agresión sexual, cada uno con su propia categoría legal. La ley castiga los actos de acoso sexual, la exhibición indecente ante una mujer, la violación, las relaciones sexuales sin consentimiento con una mujer, los atentados contra el pudor, la mutilación genital, el secuestro de una mujer, las ofensas a la modestia y los actos indecentes. La ley también castiga actos de violencia contra las mujeres como el acoso y la discriminación. En otras leyes nacionales se regulan delitos como la denegación de la herencia, los delitos informáticos y el matrimonio forzado y precoz y se garantiza la protección de los datos de las víctimas en casos de violencia y acoso.

En la Estrategia Nacional se ha incluido un componente específico sobre la protección contra la violencia, y se prevé la creación de un organismo independiente encargado de dar seguimiento a los avances relacionados con los indicadores nacionales. Egipto ha adoptado una serie de medidas y políticas ejecutivas con ese fin, entre ellas la decisión del Primer Ministro, en 2021, de crear la primera dependencia conjunta para la protección de las mujeres contra la violencia, con el fin de agilizar los trámites y prestar todos los servicios en una ventanilla única. En esa decisión se da la primera definición explícita de violencia contra las mujeres, que es la siguiente: “cualquier acto, comportamiento u omisión que contravenga la Constitución y la ley que conlleve daño o sufrimiento para las mujeres, ya sea físico, material, moral, psicológico, social o económico, o cualquier acto que atente contra los derechos y las libertades garantizados por la ley, ya sea en la vida pública o privada, incluidas las amenazas, la coacción o la privación arbitraria que contravenga los acuerdos y compromisos internacionales”.

Una de las funciones del Consejo Nacional de la Mujer es recibir y examinar los informes de violaciones de los derechos y libertades de las mujeres y las denuncias presentadas por mujeres víctimas de violencia, y remitirlas a las autoridades competentes. El Consejo también se propone resolver estos problemas con las partes afectadas y proporcionar la asistencia jurídica necesaria de forma gratuita. La Oficina de Denuncias del Consejo Nacional de la Mujer puede recibir denuncias tanto en persona como a través de su teléfono de asistencia (15115) u otros canales de comunicación. Posteriormente, ofrece asesoramiento, así como apoyo jurídico, psicológico y social, a las mujeres afectadas y remite el asunto a las autoridades competentes. Entre 2018 y 2023, el Consejo prestó servicios a 182.827 mujeres y tramitó 255.630 denuncias.

La Oficina de Denuncias ha publicado seis guías de procedimiento para hacer frente a varios tipos de violencia contra las mujeres. Recurriendo a todos los medios de comunicación, tanto directos como indirectos, el Consejo Nacional de la Mujer ha continuado ejecutando y monitoreando campañas de sensibilización sobre la violencia contra las mujeres en todas sus formas, la ciberviolencia, los mecanismos de denuncia y protección y la legislación egipcia. El Gobierno ha realizado una serie de estudios al respecto. En concreto, Egipto fue el primer país de la región árabe en preparar un estudio sobre el costo económico de la violencia contra las mujeres. En 2021, el Gobierno llevó a cabo una encuesta de salud de la población, además de otras encuestas que se realizaron durante la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19). Todas esas medidas ponen de relieve la importancia de erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar. También se realizó una encuesta sobre la violencia contra las mujeres con discapacidad.

En un ámbito conexo, se crearon más de 42 dependencias contra el acoso y la violencia en las universidades, así como una dependencia para combatir la violencia contra las mujeres en el Ministerio de Justicia y departamentos similares en las direcciones del Ministerio del Interior. Existen 12 unidades de “mujeres seguras” para mujeres víctimas de violencia en los hospitales universitarios, 18 unidades de atención médica en centros de atención primaria gestionados por el Ministerio de Salud y Población y 3 clínicas de medicina forense para víctimas de violencia y agresión sexual, así como servicios en línea para las familias en la Fiscalía. A nivel provincial, hay un total de 12 centros de acogida para mujeres que albergan a víctimas de violencia. El primer centro de acogida para víctimas de la trata de personas se inauguró en noviembre de 2020 con el fin de prestar asistencia a las personas víctimas de la trata que sufren las consecuencias de su terrible experiencia y necesitan atención especializada.

Se tomó como base el cuestionario internacional para elaborar un cuestionario nacional que se utiliza para comunicar casos de violencia contra las mujeres. Se han organizado programas de formación dirigidos a los proveedores de servicios y otras autoridades pertinentes, en los que han participado 5.405 personas en los últimos años, entre ellas jueces, fiscales, agentes de policía, personal de atención de la salud y personal de las dependencias contra la violencia. A ello hay que añadir la publicación de varios manuales, como los siguientes: un manual forense para médicos; un manual sobre la respuesta policial eficaz ante los delitos de violencia contra las mujeres; un manual médico para proveedores de atención de salud; un manual para fiscales; un manual sobre la respuesta judicial eficaz ante los delitos de violencia contra las mujeres; un manual sobre gestión de casos y apoyo psicológico; un manual para jueces; un manual para las dependencias contra la violencia en las universidades; y un manual para las unidades de “mujeres seguras” de los hospitales universitarios.

El Consejo Nacional de la Mujer ha presentado una iniciativa para apoyar la creación de comités permanentes en las provincias con el fin de erradicar la violencia contra las mujeres. Los comités se encargarán de coordinar las iniciativas multidisciplinarias en todos los sectores y de elaborar normas y protocolos de ámbito local para proteger a las mujeres contra la violencia en todas sus formas.

En colaboración con el Ministerio de Salud y Población, la Secretaría de Salud Mental, el Consejo Nacional de la Mujer y el Consejo Nacional para la Infancia y la Maternidad, los organismos encargados de hacer cumplir la ley se esfuerzan por prestar atención psicológica y servicios de apoyo comunitario a las mujeres víctimas de violencia. Entre 2021 y 2025, se detuvo a un total de 2.203 autores de actos de violencia contra las mujeres (acoso sexual y agresiones sexuales).

El Consejo Nacional de la Mujer ha creado un subcomité que depende orgánicamente del Consejo y se encarga de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la ciberseguridad. Está integrado por expertos y especialistas cuyo cometido consiste en elaborar políticas y planes pertinentes, formar al personal para que pueda gestionar las denuncias de ciberdelincuencia y reforzar la cooperación con los organismos encargados de hacer cumplir la ley, con el fin de garantizar una respuesta eficaz y exhaustiva. El Consejo Nacional de la Mujer ha organizado amplias campañas de sensibilización para combatir la ciberviolencia contra las mujeres y las niñas, para lo que ha utilizado tanto los medios de comunicación tradicionales como los medios sociales para llegar a una audiencia amplia. Entre estas campañas se encuentran las iniciativas “Exprésate” y “Exprésate con responsabilidad”, que se presentaron en colaboración con Instagram para combatir el ciberacoso y fomentar un entorno positivo y han llegado a más de 5,8 millones de personas. Se organizó una iniciativa titulada “Empoderar a las mujeres para sentirse seguras en Internet” en colaboración con Facebook, que incluía videos de sensibilización protagonizados por personas famosas. En colaboración con el Ministerio de Comunicaciones, se organizaron cursos de formación sobre ciudadanía digital y ciberextorsión y se publicó una guía de seguridad para mujeres en colaboración con Facebook cuya finalidad era informar a las mujeres sobre los instrumentos de que disponen para protegerse frente a la ciberdelincuencia. En el marco de una iniciativa nacional de inversión en las niñas, el Consejo ha ejecutado los programas Dawwie y Noura, con actividades especialmente diseñadas para sensibilizar a las niñas sobre la ciberdelincuencia y la forma de prevenirla.

Tipificar como delito la mutilación genital femenina y enjuiciar a los médicos que la practiquen

Se han adoptado medidas legislativas para modificar el Código Penal con el fin de endurecer las penas por mutilación genital femenina y ampliar el alcance de su tipificación como delito. Más recientemente, y por primera vez, en la Ley núm. 10 (2021) se determinó el enjuiciamiento de toda persona que practique una mutilación genital femenina con arreglo a la definición que figura en la Ley, que utiliza la definición internacional. Se han eliminado todas las referencias a la justificación médica. Se establecen penas más severas si el hecho provoca una discapacidad permanente o la muerte de la víctima. Se establecen sanciones específicas para médicos, personal de enfermería y centros. También se establece una sanción para toda persona que promueva, aliente o defienda la comisión del delito de mutilación genital femenina. De este modo, el alcance de la tipificación se ha ampliado e incluye ahora todas las formas de incitación o instigación a cometer el delito.

Casos de matrimonio forzado de menores

El artículo 31 bis del Código del Estatuto Personal prohíbe el registro de cualquier contrato matrimonial en el que participen menores de 18 años. En el Código Penal se prevé una pena de prisión o una multa para toda persona que facilite información o documentación falsas con el fin de legalizar el matrimonio de una persona menor de edad.

Se toman medidas de seguridad para combatir y controlar todos los tipos de delito cometidos contra los niños, entre ellas mecanismos para presentar denuncias e informes, así como la vigilancia de los medios sociales para detectar cualquier tipo de abuso contra los niños. De enero de 2014 a octubre de 2023, se incoaron 412 causas que implicaban a 609 acusados y 895 víctimas menores de edad. Entre otras cosas, hubo casos de explotación de menores con fines de matrimonio infantil, mendicidad, actos inmorales y agresiones sexuales. En coordinación con los fiscales competentes, se emprendieron acciones legales en relación con los incidentes.

Observación formulada en el párrafo 26

Trata de mujeres y explotación de la prostitución

Véanse los párrafos 30 a 36, en relación con el artículo 6.

Observación formulada en el párrafo 28

Participación en condiciones de igualdad en la vida política y pública

Véanse los párrafos 37 a 45, en relación con el artículo 7.

Observación formulada en el párrafo 30

Defensoras de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil

Egipto respalda la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, aprobada por la Asamblea General en su resolución 53/144 de 1998, y recuerda su artículo 2, según el cual la legislación nacional es el marco jurídico en el cual se deben materializar y ejercer los derechos humanos y las libertades fundamentales. El Gobierno subraya que todas las personas son iguales ante la ley y que, según la Declaración, el disfrute de los derechos que se recogen en ella conlleva la responsabilidad correspondiente. También está prohibida la discriminación de los ciudadanos ante la ley; la legislación nacional no ofrece protección a ningún grupo concreto. La protección que ofrecen la Constitución y la ley para garantizar la libertad de opinión y de expresión, incluida la defensa de los derechos humanos, es lo suficientemente amplia como para garantizar ese derecho a todas las personas sin discriminar de forma alguna a ningún grupo concreto.

Sociedad civil: Se ha puesto un énfasis particular en crear un nuevo clima de confianza entre el Estado y la sociedad civil. El año 2022 fue declarado Año de la Sociedad Civil en Egipto. Las organizaciones de la sociedad civil que habían infringido la ley fueron autorizadas a comenzar de nuevo. Los casos pendientes se resolvieron. En particular, se dieron por concluidas las investigaciones de la causa núm. 173, conocida en los medios como el “caso de la financiación extranjera”, que se archivó definitivamente en marzo de 2024. Los líderes políticos han respondido con rapidez a muchas de las peticiones del Diálogo Nacional relativas a la puesta en libertad de personas condenadas que cumplen los requisitos para recibir un indulto presidencial.

Se ha presentado un sistema electrónico integrado para la gestión de las actividades de la sociedad civil. Ofrece 36 servicios a organizaciones de la sociedad civil en Egipto, así como servicios para el archivo y la gestión de documentos, la tramitación de expedientes y reclamaciones, la gestión de beneficiarios y material informativo, entre otras cosas. Más de 35.770 ONG nacionales y extranjeras han presentado solicitudes para regularizar su situación. Se han realizado los trámites y se ha completado la documentación electrónica de 33.000 organizaciones, mientras que los restantes se están examinando. Se ha regularizado un total de 55 ONG extranjeras. En 2023, las ONG recibieron 13.305 millones de libras egipcias en concepto de financiación, de los cuales el 66 % procedía de fuentes locales y el 34 % de fuentes internacionales. En 2023, el Fondo de Asistencia a las Organizaciones No Gubernamentales concedió alrededor de 383 millones de libras egipcias en subvenciones a esas organizaciones.

Observación formulada en el párrafo 32

Nacionalidad

Véanse los párrafos 50 y 51, en relación con el artículo 9.

Observación formulada en el párrafo 34

Educación

Véanse los párrafos 52 a 59, en relación con el artículo 10.

Abordar los estereotipos discriminatorios en disciplinas de estudio y trayectorias profesionales dominadas tradicionalmente por los hombres

Los esfuerzos del Gobierno por empoderar a las mujeres no se han limitado a su participación en los ámbitos político y social, sino que abarcan también el refuerzo del liderazgo de las mujeres en los ámbitos de la ingeniería y la tecnología, así como en la ejecución de grandes proyectos nacionales. Desde febrero de 2022, una ingeniera dirige el proyecto de construcción del mayor buque de guerra de fabricación nacional en los astilleros de Alejandría, que pertenecen a la Organización de Industrias y Servicios Navales, dependiente de las Fuerzas Armadas. Es licenciada de la Sección de Construcción Naval de la Facultad de Ingeniería y lleva 19 años trabajando en el astillero. Se ha nombrado a varias ingenieras y expertas para ocupar puestos de responsabilidad en importantes proyectos nacionales, entre los que cabe citar proyectos de perforación de túneles, centrales nucleares y eléctricas, proyectos de energías renovables, centros de datos e inteligencia artificial. Esos nombramientos reflejan el firme compromiso del Gobierno con la igualdad, la igualdad de oportunidades y el empoderamiento de las mujeres en diversos sectores relacionados con la producción y el desarrollo.

Se levantó una encuesta sobre las mujeres en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. La muestra del estudio estaba compuesta por 411investigadoras de 30 centros de investigación y universidades dedicados a esos ámbitos. La encuesta reveló que las mujeres representaban el 30 % del personal de investigación en ciencias naturales, el 27 % en ingeniería, el 27 % en ciencias médicas y el 16 % en ciencias agrícolas. Las mujeres representaban el 40 % del personal investigador que participó en el estudio.

Medidas para prevenir la violencia y el acoso sexual en colegios y universidades

Véanse los párrafos 128 a 130 del presente informe.

Observación formulada en el párrafo 36

Prohibir la discriminación salarial y garantizar el acceso de las mujeres al mercado laboral

Véanse los párrafos 60 a 72, en relación con el artículo 11.

Aumentar el número de guarderías asequibles y accesibles en todo el país

El Programa Nacional de Desarrollo en la Primera Infancia se presentó en el marco de los esfuerzos del Gobierno por empoderar a las mujeres y proporcionar atención temprana a los niños menores de 4 años. Se han concedido licencias a un total de 48.225 guarderías. Había alrededor de 1,7 millones de niños inscritos en guarderías, lo que supone una tasa de cobertura del 17,3 %, y el número de empleados y empleadas alcanza los 254.322. En Egipto hay unos 10,2 millones de niños de 0 a 4 años, y la tasa de ocupación de las guarderías existentes es del 61 %. El sector cuenta con 133.375 aulas y 254.322 empleados. Alrededor del 31 % de los niños de entre 2 y 4 años están matriculados en guarderías. La región del Delta presenta la tasa de matriculación más elevada, con un 42 %, equivalente a 20.079guarderías, seguida del Alto Egipto, con un 30 %, equivalente a 14.362 guarderías, el Gran Cairo, con un 23 % y 11.246 guarderías, la región del Canal, con un 3 % y 1.621guarderías, y la región fronteriza, con solo un 2 % y 917 guarderías. El Gobierno ha creado un grupo de trabajo ministerial para elaborar un conjunto de medidas correctoras y de expansión destinadas a aumentar el número de guarderías, ampliar sus servicios y ultimar el borrador del reglamento que las gobierna, a la espera de que la comisión competente apruebe el texto definitivo.

Ratificar el Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190), de la Organización Internacional del Trabajo

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución, y con el fin de garantizar la coherencia y la uniformidad en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, Egipto revisa periódicamente su situación en materia de tratados a la luz de las prioridades nacionales y reevalúa su posición respecto de los instrumentos internacionales a los que no se ha adherido o a las disposiciones respecto de las cuales ha formulado reservas.

Observación formulada en el párrafo 38

Trabajadoras domésticas

Se está elaborando un proyecto de ley sobre el personal doméstico con el objetivo de brindar protección y asistencia a ese colectivo, regularizar su situación, integrarlo en el mercado laboral formal, proporcionarle formación y cualificación, concederle licencias profesionales y garantizar que las agencias de empleo y los empleadores actúen dentro de la legalidad mediante contratos de trabajo formales y licencias legítimas. En el proyecto de ley figuran disposiciones que regulan la formación, la jornada laboral, los permisos, los sueldos y el seguro, así como mecanismos para la inspección de los hogares y la tramitación de reclamaciones. En otras disposiciones se toman en consideración los intereses de los trabajadores de ese sector y las características propias de su relación laboral.

Observación formulada en el párrafo 40

Aumentar el presupuesto destinado a la atención de la salud y acelerar la aplicación de la Ley del Sistema de Seguro Integral de Salud

El gasto público en atención de la salud se incrementó hasta alcanzar los 496.000millones de libras egipcias en el ejercicio fiscal 2024/25, lo que supone un aumento de 465.000 millones de libras egipcias en comparación con el presupuesto del ejercicio fiscal 2013/14.

El país dio un gran paso adelante con la promulgación de la Ley del Seguro Médico Integral (Ley núm. 2 (2018)), que establece la cobertura obligatoria para todos los ciudadanos que residen en el país, además de la posibilidad de ampliarla de forma opcional a los ciudadanos que viven en el extranjero. En virtud de esa Ley, el Gobierno está obligado a prestar una serie de servicios: salud pública, tratamiento preventivo, servicios de ambulancia, planificación familiar, servicios de salud gratuitos en caso de desastres y epidemias, y servicios de atención a los accidentes laborales. La Ley se está implantando de forma gradual en todas las provincias para garantizar su sostenibilidad financiera y su equilibrio actuarial. Asimismo, exige al Estado que realice mejoras incrementales en la eficiencia de sus centros de salud antes de comenzar a aplicar el nuevo sistema de seguro integral de salud, cuya filosofía se basa en el carácter obligatorio y en la solidaridad social, de forma que el Estado asume los costos de las personas que no puedan pagarlos. En el sistema, la financiación es independiente de la prestación de servicios; la financiación está gestionada por el Instituto del Seguro Médico, mientras que el Instituto de Salud se encarga de prestar servicios de asistencia médica y tratamiento tanto dentro como fuera de los hospitales.

El Gobierno está trabajando para alcanzar una cobertura de salud del 100 % para el año 2030. Su programa de acción actual tiene como objetivo alcanzar una cobertura del 85 % para 2026/27. Teniendo en cuenta que el aumento anual del presupuesto es del 20 %, el período de transición del antiguo régimen de seguro de salud al seguro médico integral supondrá un incremento de la cobertura del 35 %, en el que estarán incluidos agricultores, trabajadores agrícolas, trabajadores en situación irregular y otros grupos vulnerables. En la segunda fase del plan de seguro médico integral, la cobertura se ampliará a otras cinco provincias y a otros 12,8 millones de ciudadanos.

El Gobierno ha lanzado una iniciativa presidencial en favor de la salud de las mujeres con la que se han obtenido resultados notables en la detección precoz del cáncer de mama. Se han realizado más de 50 millones de visitas de reconocimiento rutinario. Se han prestado servicios a más de 30 millones de mujeres, se han diagnosticado más de 30.000 casos, se ha observado una disminución de la tasa de casos en fase avanzada del 70 % al 30 % y se ha reducido el tiempo de diagnóstico. El Ministerio de Salud y Población ha elaborado un plan integral para reducir el número de cesáreas al nivel más bajo posible y promover el parto natural seguro. El Gobierno egipcio había realizado una encuesta a 53.000 mujeres, que reveló que la tasa de cesáreas había alcanzado el 88 %. La encuesta también reveló que el 82 % de las mujeres practicaba el espaciamiento de los nacimientos (entre 3 y 5 años), que los embarazos imprevistos habían disminuido del 20 % al 7,5 % y que el uso de anticonceptivos de acción prolongada había aumentado hasta superar el 60 %. El Ministerio de Salud y Población ha adoptado unas directrices para un parto seguro y ha habilitado salas de parto natural en todos sus hospitales. Ha exigido a los hospitales que presenten informes periódicos sobre las tasas de cesáreas y su justificación.

Adoptar medidas para combatir la discriminación, la violencia y el estigma contra las mujeres que viven con el VIH/sida y las mujeres que consumen drogas

En noviembre de 2024, Egipto y el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria firmaron un acuerdo marco destinado a reforzar los sistemas de salud pública de Egipto. El acuerdo se centra en la respuesta nacional al VIH y la tuberculosis y en mitigar el impacto de la pandemia de COVID-19 en la infraestructura de salud, lo que pone de relieve el compromiso de Egipto con la creación de un sistema de salud robusto, capaz de atender a los sectores más vulnerables de la población mediante la prestación de servicios de prevención y diagnóstico para salvar vidas. Ese compromiso refleja la voluntad de Egipto de apoyar a los grupos vulnerables en la lucha contra el VIH. En el marco del programa nacional de lucha contra el sida y la tuberculosis, se han distribuido kits de prevención del VIH a más de 18.600 personas y se ha proporcionado tratamiento a cerca de 1.000 personas, incluso migrantes.

En diciembre de 2024 se actualizó la estrategia nacional de lucha contra el VIH/sida para el período 2024-2030. Las áreas prioritarias son las directrices y los protocolos; los comités científicos pertinentes establecen los protocolos de diagnóstico y tratamiento, y los pacientes tienen a su disposición, a cargo del Estado y 27 centros distribuidos por todas las provincias, el 100 % de los medicamentos contra el VIH para el tratamiento. En la estrategia actualizada se utiliza el concepto de “triple cero”, es decir, cero infecciones nuevas, cero muertes relacionadas con el sida y cero discriminación. El “triple cero” es el principio rector e inspira la acción en los ámbitos de la prevención, el tratamiento y los derechos humanos.

La estrategia actualizada consta de cuatro elementos clave: maximizar la equidad y la igualdad en el acceso a los servicios relacionados con el VIH; eliminar las barreras para lograr resultados en materia de VIH; garantizar que se disponga de los recursos necesarios para dar una respuesta eficaz al VIH y que estos sean sostenibles y estén integrados en los sistemas de salud y protección social, en las situaciones humanitarias y en la respuesta a las pandemias; y actualizar los datos para orientar las intervenciones especializadas.

Control de drogas y servicios accesibles para la atención de la salud mental:la Estrategia Nacional sobre las Adicciones (2024-2028) se ejecutó en colaboración con los ministerios y organismos pertinentes y en coordinación con la UNODC. Sus principales ámbitos de actuación son la lucha contra el consumo de drogas, la reducción de los riesgos derivados del abuso de sustancias y la adicción, la ejecución de programas de prevención y detección precoz orientados a la familia y centrados en las regiones más vulnerables a las cuestiones relacionadas con las drogas, y la prestación de todos los servicios de tratamiento a los pacientes de forma gratuita y con total confidencialidad, de conformidad con las normas internacionales.

Se han tomado numerosas medidas para combatir la estigmatización que prevalece en torno al consumo de drogas y el abuso de sustancias. Se dedica particular atención a garantizar la prestación de servicios de salud adecuados a todos los grupos, incluidas las mujeres. Con ese fin, el Fondo para la Lucha y el Tratamiento de las Adicciones, dependiente del Ministerio de Solidaridad Social, trabaja para elaborar e implantar políticas generales y particularizadas en el ámbito de la prevención y el tratamiento de las adicciones, así como para sensibilizar sobre los riesgos que entrañan las adicciones. Se han lanzado campañas e iniciativas de sensibilización en varias provincias, entre ellas las tituladas “Sensibilización de la población sobre los riesgos de la adicción” y “Corregir las ideas erróneas sobre el consumo de drogas”. El Fondo organiza campañas de divulgación en más de 10.000 centros escolares cada año, así como en universidades, zonas urbanizadas y espacios públicos. Prepara campañas mediáticas innovadoras, como “Si sigues dando pretextos”, y actividades como las “Caravanas de la alegría”. También colabora con el Ministerio de Habices (Awqaf) para coordinar los sermones del viernes sobre los riesgos de las drogas.

En colaboración con el Banco Social Nasser, y en el contexto de la iniciativa “Un nuevo comienzo”, el Fondo concede préstamos por valor de unos 6 millones de libras egipcias a personas en rehabilitación. La iniciativa “Está en nuestras manos”, que no tiene precedentes en ningún otro lugar del mundo, ofrece formación en carpintería a las personas en rehabilitación para que, con sus manos, puedan construir nuevos centros de tratamiento. Se organizan actividades deportivas, recreativas y artesanales con el fin de eliminar el estigma en torno a las personas en rehabilitación y facilitar su reintegración en la sociedad. El programa Mawada aborda las repercusiones sociales que sufren las familias de las personas en rehabilitación. El Fondo apoya también la investigación científica mediante la concesión de un premio anual para jóvenes investigadores, elabora informes científicos especializados para analizar los medios de comunicación y la ficción televisiva y utiliza los resultados de las investigaciones para elaborar las políticas nacionales.

La Plataforma Nacional en Línea de Servicios de Salud Mental y Tratamiento de las Adicciones comenzó a funcionar en marzo de 2022 con el objetivo de ofrecer servicios gratuitos de salud mental y tratamiento de las adicciones a los ciudadanos y residentes en Egipto de todos los grupos de edad. La plataforma facilitará el acceso al asesoramiento y el apoyo psicológico de calidad y garantizará al mismo tiempo la privacidad y confidencialidad absolutas. Se pretende con ello contribuir a superar el estigma social que acompaña a los trastornos de salud mental, corregir ideas erróneas y proporcionar información veraz a toda la población. Se ha creado el primer observatorio de medios de comunicación especializado en analizar las series de televisión egipcias que tratan temas relacionados con el tabaquismo y el consumo de drogas y se ha aprobado el primer código de ética para productores de dramas televisivos. Se ha incorporado un componente de prevención en cinco planes de estudios de enseñanza preuniversitaria. Se han ejecutado programas de competencias para la vida destinados a prevenir las adicciones en 25.000 colegios, 1.400 centros juveniles y 310 campamentos de jóvenes.

El Ministerio de Solidaridad Social ha ampliado la creación de centros de tratamiento de adicciones, cuyo número ha pasado de 12 en 2014 a 30 en 2022. Se han creado seis unidades independientes para prestar servicios de tratamiento a las mujeres; se han creado tres unidades independientes para adolescentes en el marco de un programa de tratamiento especializado, y otras cuatro unidades para tratar a pacientes con diagnóstico dual. El Ministerio de Solidaridad Social ha establecido programas de prevención de drogas en 17.000 centros educativos, 1.000 centros juveniles y 14universidades públicas, y ha organizado 270 campamentos de jóvenes. Ha ampliado su red de jóvenes voluntarios hasta alcanzar los 30.000 miembros en el ámbito de la prevención de las drogas y ha creado centros de voluntariado en cuatro universidades.

Legalización del aborto:El Código Penal permite el aborto en casos de peligro médico extremo que suponga una amenaza para la vida de la madre y el feto, con el fin de preservar el derecho a la vida del feto y cumplir con el deber que tiene el Estado de proteger a la madre embarazada, así como de velar por los principios constitucionales que protegen la inviolabilidad del cuerpo. No obstante, se puede practicar el aborto para salvar la vida de la mujer embarazada por motivos de necesidad, o si la vida o la salud de la madre corren peligro, o si el feto presenta anomalías congénitas. Los médicos reciben capacitación para tratar con las víctimas de violencia contra las mujeres.

El Ministerio de Sanidad reconoce la necesidad de adoptar medidas preventivas contra el embarazo en los casos de violación denunciados. A las mujeres víctimas de violación se les administran los medicamentos adecuados. Como se ha indicado, esos medicamentos están disponibles en las dependencias de “mujeres seguras” de los hospitales universitarios afiliados al Consejo Nacional de la Mujer. El Ministerio de Sanidad, en coordinación con CNV, ofrece servicios seguros y eficaces a un precio asequible a las mujeres en edad reproductiva, es decir, de 15 a 49 años de edad. Los anticonceptivos y el asesoramiento correspondiente se proporcionan de forma gratuita, junto con el tratamiento para las infecciones de transmisión sexual y los efectos secundarios que puedan derivarse del uso de esos métodos. Se toman medidas para sensibilizar sobre cuestiones relacionadas con la salud reproductiva y para ofrecer a las mujeres diversos métodos anticonceptivos a precios subvencionados con el fin de satisfacer las necesidades que no cubren los servicios de salud reproductiva gratuitos del Estado.

Observación formulada en el párrafo 42

Asignar recursos suficientes para garantizar el acceso de las mujeres de los sectores informales a los programas nacionales de seguridad social

El Gobierno presentó sus programas de protección social Takaful y Karama en 2015. El programa Takaful es un plan de transferencias en efectivo condicionadas que ofrece ayudas económicas a las familias pobres con hijos menores de 18 años. Para participar en el programa, los niños deben asistir a la escuela con regularidad y hacer uso de los establecimientos de salud. El programa está dirigido especialmente a las mujeres y las familias desfavorecidas y facilitar transferencias en efectivo incondicionales a las personas sin recursos, a las personas mayores (mayores de 65 años) y a las personas con discapacidad grave. En el ejercicio 2014/15, fueron beneficiarias de esos programas 2,5 millones de familias en total, es decir, 9,3 millones de personas, con un costo de 6.700 millones de libras egipcias. Para 2024, esta cifra había aumentado hasta alcanzar los 5,3 millones de familias, lo que supone un total de 22 millones de personas, con un costo de 41.000 millones de libras egipcias. El 60 % de los beneficiarios están inscritos en el programa Takaful y el 40 % en Karama.

En una iniciativa conexa, se ha creado una base de datos de familias pobres en Egipto en la que figuran actualmente 11,8 millones de familias, es decir, 42,5 millones de ciudadanos, mientras que se presta asistencia en efectivo de forma irregular a 4,5 millones de familias con dificultades, con un promedio mensual de 400 libras egipcias. Además, durante el ejercicio fiscal 2023/24, 500.000 familias recibieron ayuda económica de organizaciones pertenecientes a la Alianza Nacional de Acción Civil para el Desarrollo.

El Gobierno también ha presentado programas destinados a proteger los derechos de los trabajadores del sector informal, con la introducción en 2018 del certificado de seguridad, cuyo objetivo principal es proporcionar cobertura de seguro y garantizar la estabilidad familiar en caso de fallecimiento de los trabajadores eventuales y de temporada, los trabajadores que carecen de ingreso fijo y las mujeres solteras. Se ha creado un fondo para proteger a los trabajadores en situación irregular frente a diversos tipos de riesgos. Su objetivo es conceder a esas personas ayudas, denominadas “subsidios de compensación de ingresos”, cuando sus ingresos se vean interrumpidos debido a circunstancias económicas extraordinarias o epidemias, así como subsanar las deficiencias del seguro de desempleo para los trabajadores irregulares y los pequeños empresarios. El fondo también tiene la finalidad de asistir a las personas de las que el Ministerio de Solidaridad Social dispone de datos detallados, pero que no cumplen los criterios para incorporarse a los programas Takaful y Karama.

El Gobierno está aumentando la partida de gasto público destinada a la protección social: ha pasado de 327.700 millones de libras egipcias en el ejercicio fiscal 2019/20 a 635.900 millones de libras egipcias en el presupuesto para el ejercicio fiscal 2024/25, lo que supone un incremento del 94 %. Los programas de protección social incluyen subsidios de alimentos, seguros sociales y de salud, vivienda social y programas de transferencias en efectivo (Takaful y Karama).

Las mujeres constituyen el 89 % de los beneficiarios de los programas de protección social. El presupuesto de los programas Takaful y Karama ha aumentado un 235 %. Las mujeres representan el 65 % de los beneficiarios de los programas de capacitación para empleados públicos.

Observación formulada en el párrafo 44

Hacer cumplir la Ley núm. 219 (2017) a fin de garantizar la protección de los derechos de las mujeres rurales a la herencia y a la propiedad de la tierra

El Gobierno está trabajando para hacer cumplir de manera efectiva las disposiciones de la Ley núm. 219 (2017), en virtud de la cual se endurecen las penas por el delito de privar a las mujeres de su parte legítima de la herencia. Se han tomado varias medidas para garantizar que las mujeres rurales puedan ejercer sus derechos, como la implantación de mecanismos simplificados para recibir denuncias en dependencias especializadas de las fiscalías y los cuerpos de seguridad; la investigación y el enjuiciamiento expeditivos de los responsables y la imposición de las sanciones correspondientes; y la reparación para las víctimas, incluido el restablecimiento de sus derechos materiales y económicos, así como una indemnización adecuada. Se están desplegando esfuerzos para sensibilizar a la sociedad en el sentido de que privar a las mujeres de sus derechos sucesorios es un asunto grave que infringe sus derechos constitucionales y legales.

Adoptar y aplicar medidas jurídicas y de política para que las mujeres del medio rural tengan acceso efectivo a la educación, la atención de la salud, el empleo, la microfinanciación y el microcrédito a bajos tipos de interés

Además de lo expuesto en los párrafos 91 a 97 en relación con el artículo 14, cabe señalar que la Agencia para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas ha contribuido a apoyar y empoderar a las mujeres con la concesión de fondos por un monto de 18.000 millones de libras egipcias a lo largo de 11 años para financiar microempresas y pequeñas empresas dirigidas por mujeres en todas las provincias. Esa financiación ha contribuido a crear al menos 1,2 millones de puestos de trabajo. El Fondo trabaja para capacitar a las mujeres con el fin de que puedan aprovechar todos los servicios y productos financieros y no financieros que ofrece la Agencia.

Gracias a las medidas adoptadas para alentar a las mujeres del medio rural a utilizar los servicios bancarios, las tasas de inclusión financiera de las mujeres han aumentado a un ritmo del 252 %. En la versión actualizada de la Visión de Egipto 2030 se ha incluido la economía del cuidado, que constituye uno de los principales motores del empoderamiento de las mujeres. En la provincia de Sohag se ha presentado la primera marca colectiva para mujeres emprendedoras, Tali Shandaweel.

Recomendación expuesta en el párrafo 46

Garantizar el acceso de las mujeres y las niñas con discapacidad a la educación inclusiva, el empleo, la justicia, los servicios públicos y una atención médica adecuada

El Gobierno ha adoptado una serie de medidas para empoderar a las mujeres con discapacidad en los ámbitos de la educación, el empleo y la participación en la comunidad. En el ámbito de la educación, el Ministerio de Educación sigue aplicando un plan de formación inclusivo que posibilita la integración de niñas y niños con discapacidad en los centros escolares y las universidades, al tiempo que ofrece ajustes razonables, como planes de estudio accesibles y tecnología de apoyo. El Instituto Público de Educación de Adultos ejecuta programas de alfabetización orientados a las mujeres con discapacidad, especialmente en zonas rurales y remotas, con el fin de que puedan aprender a leer y escribir y refuercen sus competencias básicas. El Gobierno ha creado becas universitarias destinadas a alumnas con discapacidad que obtengan buenos resultados académicos con el fin de que puedan inscribirse en la educación superior, y les ofrece además alojamiento universitario adaptado a sus necesidades.

En el ámbito económico, el Ministerio de Solidaridad Social y el Ministerio de Trabajo organizan programas de formación profesional para mujeres con discapacidad con el fin de dotarlas de competencias profesionales competitivas. El Gobierno también concede préstamos a bajo interés para financiar pequeñas empresas gestionadas por mujeres con discapacidad, que en algunos casos están exentos del pago de intereses para contribuir a la sostenibilidad de esas empresas. En colaboración con el sector privado, se organizan ferias de empleo especializadas en mujeres con discapacidad con el fin de que conozcan las oportunidades laborales disponibles y alentar a los empleadores a contratarlas. En lo que respecta al empoderamiento político y social, se ha puesto en marcha una campaña nacional que promueve la participación política de las mujeres y las anima a participar en la vida pública. La campaña incluye talleres y programas de sensibilización sobre los derechos de las mujeres con discapacidad.

El Gobierno garantiza que las mujeres con discapacidad estén debidamente representadas en la Cámara de Representantes, con arreglo a la cuota del 5 % que asigna la Constitución a las personas con discapacidad en los órganos electivos. Se les ofrece asistencia jurídica gratuita en dependencias especializadas diseñadas para orientar a las mujeres con discapacidad sobre las opciones legales de que disponen para hacer valer sus derechos u obtener las prestaciones que les corresponden. El Gobierno no ha pasado por alto los aspectos de salud y culturales de la cuestión. El Ministerio de Salud está trabajando para ofrecer servicios de salud reproductiva adecuados a las mujeres con discapacidad, con el apoyo de programas de divulgación que tienen en cuenta sus necesidades específicas. El Ministerio de Cultura fomenta iniciativas artísticas, como el teatro inclusivo, para garantizar que las mujeres con discapacidad puedan participar en actividades culturales y artísticas. En conjunto, esas medidas reflejan la determinación firme y constante de Egipto de promover y protegerlos derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad, empoderarlas en diversos ámbitos y velar por que tengan igualdad de oportunidades.

El Gobierno se compromete a garantizar que las personas con discapacidad, incluidas las mujeres y las niñas, tengan un acceso equitativo y asequible a todo tipo de servicios de atención de la salud. Se ha emitido una tarjeta de servicios integrados cuyos titulares pueden acceder a servicios de atención de la salud, incluidos los que no cubre el seguro médico. Los titulares están exentos del pago de la comisión médica que se cobra por la obtención de vehículos exentos de impuestos y tasas. Se ha creado una base de datos nacional de salud especializada. Entre 2019 y 2024 se entregaron más de 37.000 prótesis y se prestaron servicios de fisioterapia a precios asequibles.

Acceso a instalaciones y servicios públicos: Se está aplicando la normativa de ingeniería en los edificios públicos y en el diseño de las vías públicas con el fin de garantizar que se disponga de aceras y pasarelas adaptadas para personas con discapacidad. Se ha aplicado el código en 14 estaciones de tren y 35 estaciones de metro, a las que se ha dotado de equipamiento como sillas de ruedas, escaleras mecánicas y ascensores. Se han aplicado descuentos en los billetes de metro. También se ha aplicado el código en 24 nuevos juzgados y en todas las instalaciones públicas de la Nueva Capital Administrativa. En los centros tecnológicos que prestan servicios al público se han instalado ventanillas adaptadas a las necesidades de las personas con discapacidad.

Refugiadas, solicitantes de asilo y trabajadoras migrantes: se ha promulgado una nueva ley, la Ley núm. 164 (2024), por la que se regula el asilo de los extranjeros. La nueva ley es compatible con las obligaciones internacionales de Egipto y con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y garantiza que esas personas estén protegidas y disfruten de todos los derechos y libertades que les reconoce la Convención. La Ley establece un comité nacional encargado de gestionar los asuntos relacionados con los refugiados y resolver las solicitudes de asilo caso por caso dentro de los plazos establecidos, con supervisión judicial plena. Se da prioridad a la tramitación de las solicitudes presentadas por personas con discapacidad, personas de edad, mujeres embarazadas, menores no acompañados y víctimas de trata de personas, tortura y violencia sexual. La Ley incluye disposiciones explícitas que prohíben la deportación forzosa o la devolución de refugiados a lugares en los que correrían peligro y garantiza el derecho a regresar voluntariamente al país de nacionalidad o residencia, a reasentarse voluntariamente en otro país o a obtener la nacionalidad egipcia.

Expedición y renovación de documentación oficial y permisos de residencia para mujeres refugiadas, solicitantes de asilo y trabajadoras migrantes: El Ministerio del Interior otorga permisos de residencia por motivos laborales por un período de uno a tres años para ciudadanos extranjeros que trabajen en el Gobierno, el sector empresarial, empresas afiliadas, organismos públicos, entidades de gobierno local y empresas contratadas por ministerios u organismos públicos, sobre la base de una carta del organismo público pertinente. A los extranjeros que trabajan en los sectores privado y de inversión se les conceden permisos de residencia para trabajar por un período de uno a tres años, previa presentación de un permiso de trabajo. Se concede un permiso de residencia laboral por un período de cinco años a los extranjeros que presenten ante el Instituto Público de Inversiones una solicitud para el estudio de la viabilidad de un proyecto de inversión; una vez aprobado el proyecto, se los considera inversores. Los extranjeros que trabajan en zonas económicas especiales reciben el mismo trato que los inversores y se les concede la residencia por un período de cinco años. A los cónyuges e hijos de los inversores y trabajadores extranjeros también se les concede la residencia en las mismas condiciones. El padre y la madre del inversor y los miembros de su familia también pueden obtener un permiso de residencia no turístico por un período renovable de un año. El Ministerio del Interior está comprometido a ayudar a los extranjeros a obtener todos los documentos de identidad necesarios.

Egipto, país en el que residen 10,7 millones de extranjeros —entre los que hay migrantes, refugiados y solicitantes de asilo de 62 nacionalidades—, tiene la determinación de velar por que esas personas tengan acceso a los servicios básicos y se integren en la sociedad, en lugar de verse obligadas a permanecer en campamentos o centros de refugiados. Los migrantes y refugiados que residen en el país, así como sus hijos menores de edad, tienen acceso a los sistemas de salud y educación en igualdad de condiciones. Tienen cobertura total en los servicios de atención primaria y están incluidos en las campañas y los programas de salud de alcance nacional.

Prestación de asistencia adecuada a las mujeres y niñas que son víctimas de violencia de género y trata de personas o corren el riesgo de serlo: En virtud de la Ley sobre Migración Ilegal y Tráfico Ilícito de Migrantes, se adoptó la Decisión del Primer Ministro núm. 396 (2023), por la que se regula el fondo destinado a combatir la migración ilegal y se protege a los migrantes y a los testigos, y se adoptó también la Decisión del Primer Ministro núm. 349 (2024), por la que se regula el fondo de asistencia a las víctimas de trata de personas. Ambos fondos financian programas de atención y rehabilitación para migrantes víctimas de la trata, así como de asistencia médica y psicológica para mujeres y niños, en particular menores no acompañados, con el fin de protegerlos de toda forma de violencia y explotación.

Observación formulada en el párrafo 48

Adoptar y aplicar medidas para mejorar las condiciones de los centros de detención

En virtud de la Ley núm. 14 (2022), por la que se enmiendan determinadas disposiciones de la Ley núm. 396 (1956), que regula los centros penitenciarios, varias prisiones pasaron a denominarse centros de reforma y rehabilitación, el departamento penitenciario del Ministerio del Interior se convirtió en el departamento de protección de la comunidad y los presos pasaron a denominarse internos. La Ley establece que los internos de los centros de reforma y rehabilitación tienen derecho a presentarse a exámenes y a que se les hagan llegar directamente —en lugar de por mediación del director del centro— los documentos legales y judiciales, de los que pueden enviar una copia a la persona que elijan. Esas enmiendas legislativas reflejan un cambio en la filosofía disciplinaria del Ministerio del Interior, ya que la nueva Ley tiene por objeto consolidar el principio de los derechos de los internos, garantizar su protección social y facilitar su reinserción en la sociedad.

El Ministerio del Interior ha supervisado la ejecución de proyectos de desarrollo de centros de reforma y rehabilitación mediante planes por fases, que dieron comienzo en 2021 y han conllevado la construcción de centros nuevos en cinco complejos y el cierre de 26prisiones antiguas. Entre esos complejos hay centros para mujeres que prestan diversos tipos de atención médica necesaria, y en particular se han construido cinco nuevos hospitales equipados con los últimos dispositivos y equipos médicos. Se proporcionan equipos para la detección precoz del cáncer de mama, y se ofrece a las internas la oportunidad de realizar trabajos manuales para obtener ingresos. Se distribuyen periódicamente artículos de higiene personal como asignación mensual, de manera similar a las asignaciones para alimentos y bebidas. Uno de los motivos principales del aumento del número de internas es la difícil situación económica, que obliga a muchas mujeres a endeudarse para satisfacer las necesidades de la familia. La medida más destacable que se ha tomado para reducir el hacinamiento es la iniciativa presidencial “Egipto sin mujeres endeudadas”, en virtud de la cual se ha concedido la libertad a 5.784 mujeres endeudadas en los últimos tres años, con un costo de 224 millones de libras egipcias, y el Gobierno ha liquidado una parte significativa de la deuda de esas mujeres en el marco de un plan más amplio que contempla la prestación de apoyo económico para garantizar que no vuelvan a endeudarse. Las exinternas de centros de reforma y rehabilitación reciben apoyo social y psicológico y participan en programas de reinserción social.

Se han creado 13 centros de detección y prevención del VIH y la hepatitis, y se llevan a cabo pruebas de detección exhaustivas de la hepatitis C. En los hospitales se realizan intervenciones quirúrgicas diversas, incluidos algunos procedimientos muy especializados, como la cirugía cardíaca. A los internos e internas se les conceden períodos diarios de ejercicio físico y reciben visitas periódicas de sus abogados y familiares sin discriminación alguna. Se han creado seis guarderías y un centro de acogida en los que residen actualmente 57 niños junto con sus madres, que están autorizadas a amamantar a sus bebés y vivir con ellos hasta que cumplan cuatro años. Se proporciona asistencia médica durante todo el embarazo, así como todos los cuidados necesarios para los niños, incluso alimentación, ropa, vacunas y asistencia médica.

Atención de la salud en prisiones y centros de detención

Entre septiembre de 2024 y junio de 2025, el Ministerio del Interior prosiguió con sus esfuerzos por mejorar la calidad de la atención de la salud y las condiciones de vida en los centros de reforma y rehabilitación. En lo que respecta a la disponibilidad de medicamentos y suministros médicos, se facilitó a los hospitales y clínicas de esos centros de todo el país productos por un valor total de unas 97.862.650 libras egipcias. Se realizaron reconocimientos médicos a los nuevos internos y se crearon los historiales médicos correspondientes. También se sometió a reconocimiento médico en los hospitales y clínicas de los centros a los internos que padecían diversas enfermedades. Se proporcionó el tratamiento necesario y se vacunó a los internos contra enfermedades infecciosas. En los hospitales del Departamento de Protección Comunitaria se llevaron a cabo diversas intervenciones quirúrgicas.

En el marco de los esfuerzos por proporcionar una atención integral de la salud a los menores internados en el centro de reforma juvenil de Marg, se ha mejorado el sistema médico del centro en colaboración con el Ministerio de Sanidad y Población, la Sociedad Egipcia de la Media Luna Roja y varias organizaciones asociadas. El objetivo es promover la salud física y mental de los niños y ofrecer un entorno propicio que contribuya a su rehabilitación y reintegración en la sociedad. El sistema de salud del centro incluye medidas preventivas y terapéuticas integradas, y los casos que requieren intervención externa se derivan a hospitales especializados.

En 2025 se ejecutaron varios programas de asistencia médica en el centro, en colaboración con la Sociedad Egipcia de la Media Luna Roja y otras organizaciones médicas. Los programas abarcaron diversas especialidades y ofrecieron servicios de diagnóstico y tratamiento a un gran número de internos. También se organizaron charlas para sensibilizar sobre cuestiones de salud.

Investigar con prontitud todos los presuntos casos de violencia contra las mujeres detenidas: la Fiscalía investiga todos los casos penales y es la única autoridad que tiene competencia para presentar cargos e iniciar causas ante la justicia. Cabe señalar que, según el Código Penal, no es necesario presentar una denuncia o un informe para que se investiguen los delitos de tortura y malos tratos. El Ministerio del Interior examina las denuncias de tortura recibidas de diversos organismos nacionales (entre ellos, el sistema armonizado de denuncias del Consejo de Ministros, los consejos nacionales especializados, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia) y ha adoptado diversas medidas, como el establecimiento de líneas directas para denunciar violaciones de los derechos humanos y la investigación de las denuncias y la reacción rápida e imparcial. El Ministerio también ha creado dependencias especializadas en derechos humanos en todos los departamentos y comisarías de policía del país y ha destinado a agentes para atender las denuncias de los ciudadanos. En el período 2021-2025, el Ministerio del Interior realizó investigaciones y adoptó procedimientos disciplinarios en relación con 949 incidentes en los que estuvieron implicados empleados del Ministerio y que conllevaron, entre otras cosas, el uso excesivo de la fuerza, la detención ilegal, la exhibición de fuerza, los malos tratos y el abuso de autoridad. Se remitieron 668 de esos casos a los tribunales disciplinarios y 281 a la Fiscalía.

El Ministerio del Interior tiene la determinación de promover una cultura de derechos humanos mediante la impartición de cursos al respecto en la Academia de Policía que abarquen todos los temas pertinentes a todos los niveles, así como con cursos de formación especializada y programas de posgrado. El Ministerio organiza numerosos seminarios y conferencias sobre derechos humanos para su personal y ofrece formación sobre las Reglas Nelson Mandela al personal de los centros de reforma y rehabilitación. En el período 2021‑2025, organizó 151 actividades de formación para el personal del Ministerio en coordinación con la Organización Internacional para las Migraciones, la UNODC y el Comité Internacional de la Cruz Roja en los ámbitos de la protección de los derechos de los migrantes, la lucha contra los delitos relacionados con la migración irregular y la trata de personas, y la sensibilización sobre los principios y normas del derecho internacional humanitario.

Observación formulada en el párrafo 50

Igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares

Véanse los párrafos 99 a 105, en relación con el artículo 16.

Observación formulada en el párrafo 52

Ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención.

Véase el párrafo 149 del presente informe.

Observación formulada en el párrafo 53

Poner en práctica la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y seguir evaluando la realización de los derechos consagrados en la Convención

En el marco del compromiso del Gobierno de vincular la Convención con la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, a 25 años de su aprobación, se han adoptado diversas medidas y políticas integradas. Todas esas iniciativas, que comprenden reformas legislativas, programas de divulgación y estrategias nacionales, se recogen en el informe Beijing+25 y constituyen ejemplos de medidas prácticas que reflejan el compromiso de Egipto con la reducción de la desigualdad de género y el logro de la igualdad sustantiva en el matrimonio y las relaciones familiares. Egipto ha elaborado un informe sobre los avances en relación con la Plataforma de Acción de Beijing entre 2019 y marzo de 2024 (véase el anexo 4).