Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Séptimo período de sesiones

Acta resumida (parcial)* de la 67ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el martes 17 de abril de 2012, a las 15.00 horas

Presidente:Sr. McCallum

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 35de la Convención (continuación )

Informe inicial del Perú (continuación)

Se declara abierta la sesión a las 15 .00 horas. .

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud delartículo 35 de la Convención (continuación)

Informe inicial del Perú (continuación) (CRPD/C/PER/1; CRPD/C/PER/Q/1 y Add.1)

1. Por invitación del Presidente, la delegac ión del Perú toma asiento a la M esa del Comité.

2.La Sra. Yang Jia dice que, con arreglo al artículo 30 de la Convención, las personas con discapacidad no deben ser meros observadores, sino participar en la vida cultural. Teniendo en cuenta que las actividades deportivas facilitan la integración en la sociedad de las personas con discapacidad, desea saber más sobre la manera en que el Perú fomenta la participación de los jóvenes y adultos con discapacidad en este tipo de actividades. Por ejemplo, ¿cuál será la participación del país en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012?

3.La Sra. Caballero de Clulow (Perú), en respuesta a las preguntas formuladas anteriormente, dice que, en relación con el artículo 25 de la Convención, en el año 2010 casi 60.000 pacientes fueron atendidos en centros de rehabilitación de todo el país. De ellos, aproximadamente la mitad eran mujeres. Más de 14.000 de las mujeres atendidas en los servicios de rehabilitación pertenecían al grupo de edad de 20 a 64 años. Fueron atendidos unos 21.000 pacientes con discapacidades motoras, casi un tercio del total de pacientes atendidos en los servicios de rehabilitación, así como más de 13.000 pacientes con discapacidades físicas. Las estadísticas han sido facilitadas por el Ministerio de Salud, que tiene una base de datos nacional sobre los cuidados prestados a personas con discapacidad y sobre el número de pacientes.

4.De los 282 hospitales que brindan servicios de rehabilitación, 135 prestan servicios en régimen residencial, y 80 no, y 67 ofrecen atención médica. Unos 50 hospitales psiquiátricos atienden a adultos y ancianos, y existen 52 para niños y adolescentes. Los seguros privados no cubren a las personas con discapacidad si la discapacidad es considerada una condición preexistente.

5.A fin de garantizar que los servicios de salud estén lo más cerca posible de las propias comunidades de los beneficiarios y tengan en cuenta las cuestiones de género, de conformidad con los artículos 19 y 25 de la Convención, se ha promulgado legislación específica, como la Ley marco de aseguramiento universal en salud, y se han realizado esfuerzos por fortalecer los servicios de atención primaria. Además, el Ministerio de Salud emitió las Resoluciones ministeriales Nos 520 y 308 que aprueban la Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Medicina de Rehabilitación. El Gobierno debe seguir trabajando, junto con los sectores correspondientes, para que las leyes y las resoluciones mencionadas se traduzcan en actos y servicios concretos para las personas con discapacidad.

6.El Sr. Guzmán Jara (Perú) dice que el plan social no contributivo que permite a las personas con discapacidad el acceso a servicios de atención primaria de salud no se aplica en casos de discapacidad congénita. Sin embargo, el Gobierno tratará de que, en el futuro, el programa social "Crecer Juntos", que proporciona un pequeño apoyo a los ingresos, se extienda también a las personas con discapacidad. Además, el Perú lanzó un programa de pensiones no contributivas llamado "Pensión 65" y se está redactando una ley, con el apoyo del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), a fin de extender el programa a las personas con discapacidad grave que viven en la pobreza extrema. De conformidad con las normas técnicas nacionales de salud, todos los establecimientos de salud, incluidos los hospitales y los centros de investigación, deben contar con servicios o programas de rehabilitación. Este objetivo aún no se ha conseguido en todo el país, pero se está trabajando con este fin.

7.Con respecto a la esterilización forzada de las personas con problemas de salud mental, el Ministerio de Salud emitió la Resolución ministerial Nº 536 de 2005, actualmente en estudio, a fin de que se ajuste a lo dispuesto en la Convención. La esterilización forzada y el aborto forzado en las personas con discapacidad son conductas tipificadas como delito en el Código Penal.

8.La Sra. Caballero de Clulow (Perú) dice que, a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional de 2006, el Gobierno está trabajando para revocar varios artículos de la Ley Nº 29737, que autoriza el internamiento forzoso de las personas con discapacidad mental. El Gobierno cree que el internamiento forzoso debería ser autorizado solamente cuando personas con discapacidad mental que no tienen capacidad jurídica corren el riesgo de causarse daño a sí mismas o de causarlo a otros, o de acuerdo con medidas de seguridad ordenadas tras haberse cometido una infracción intencionada. Así, la Ley Nº 29737 estaría plenamente en consonancia con las obligaciones internacionales asumidas por el Perú, incluido el artículo 14 de la Convención.

9.El Sr. Rojas Julca (Perú) dice que el Gobierno no escatima esfuerzos para combatir todas las formas de violencia contra las mujeres y los niños. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables cuenta con un viceministerio para las mujeres una de cuyas tareas principales es combatir la violencia contra ellas. Con este fin, se ha establecido en todo el Perú un sistema de centros de acogida o refugios para mujeres, con fondos suficientes para que funcionen las 24 horas del día. Estos centros apoyan a las mujeres durante su recuperación, con la ayuda de representantes de la policía nacional, la fiscalía, jueces, psicólogos y trabajadores sociales. También se llevan a cabo programas para promover la iniciativa empresarial y el empoderamiento económico de las mujeres, ya que su independencia financiera es una herramienta fundamental para combatir la violencia. La violencia contra las mujeres se castiga severamente. El Congreso aprobó una norma específica sobre el feminicidio que prevé la pena máxima estipulada en el Código Penal.

10.La Sra. Caballero de Clulow (Perú) dice que, de conformidad con el artículo 3 de la Ley general de la persona con discapacidad (Ley Nº 27050), la persona con discapacidad tiene iguales derechos que los que asisten a la población en general a participar en la vida política y pública, siendo el sufragio uno de ellos. La Ley orgánica de elecciones señala que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es la encargada de implementar las medidas que resulten necesarias para que las personas con discapacidad puedan emitir su voto. El Gobierno, a través del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), emitió la Resolución Nº 508 de 2011 que dispone la reincorporación de las personas con discapacidad intelectual al padrón electoral, y la instauración de los procedimientos necesarios para garantizar el derecho de voto en igualdad de condiciones.

11.El Sr. Guzmán Jara (Perú) dice que la Ley orgánica de gobiernos regionales (Ley Nº 27867), enmendada por la Ley Nº 17902, prevé la participación política de las personas con discapacidad, mientras que las directrices para las oficinas regionales y municipales destinadas a apoyar a las personas con discapacidad destacan la importancia de la participación de los ciudadanos. Además, según los artículos 80 a 98 del Código Civil, toda persona goza del derecho a la libertad de asociación; por consiguiente, las personas con discapacidad pueden establecer organizaciones, asociaciones y fundaciones sin fines de lucro.

12.En la actualidad, cinco miembros del Congreso tienen discapacidades físicas, al igual que uno de los miembros peruanos del Parlamento andino. Si bien la participación política de las personas con discapacidad ha mejorado en las elecciones generales y locales, aún se debe seguir progresando en este sentido.

13.La Ley del deporte (Ley Nº 28036) estableció un instituto peruano del deporte que rige la política deportiva del país; desde enero de 2002, el CONADIS está representado en el instituto. Según esta Ley, las instalaciones deportivas deben estar adaptadas a las personas con discapacidad. Aún no se ha logrado la participación total de las personas con discapacidad en todos los deportes, pero se está trabajando con este fin. Por ejemplo, el CONADIS decidió crear federaciones deportivas nacionales para personas con discapacidad, ya sea discapacidad física, visual o intelectual. El trabajo de las federaciones se financiará con cargo al presupuesto del instituto nacional del deporte.

14.La Sra. Caballero de Clulow (Perú) dice que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el marco de su programa para combatir la violencia doméstica y sexual, diseñó y ejecutó varias políticas y actividades a nivel nacional para cuidar, proteger y ayudar a las víctimas de la violencia sexual y doméstica. Los medios de protección para las mujeres con discapacidad incluyen políticas preventivas y refugios de emergencia para las mujeres.

15.La legislación penal del Perú fue reforzada para mejorar la protección del derecho a la vida, la salud y el honor de los niños y los adolescentes. Dentro de las disposiciones modificadas del Código Penal sobre delitos de violencia sexual, el artículo 172 señala como circunstancia agravante de una violación sexual el hecho de que el agresor tenga conocimiento de que la víctima sufre una anomalía psíquica o una discapacidad intelectual, o es incapaz de resistir. En ese caso la pena privativa de la libertad será de entre 20 y 28 años. El Código Penal también contiene una serie de penas, de la cual la más grave es la cadena perpetua para la persona que tiene acceso carnal con un menor de 10 años. Si la víctima tiene entre 10 y 14 años de edad, la pena de cárcel será de entre 30 y 35 años, y si la víctima tiene entre 14 y 18 años, la pena de cárcel será de entre 25 y 30 años. Otros artículos del Código Penal reprimen y castigan la explotación sexual infantil en el ámbito del turismo, con penas que incluyen la privación de la libertad y, en el caso de tratarse de funcionarios públicos, maestros o cuidadores, el despido.

16.El Instituto Nacional de Bienestar Familiar brinda refugios temporales para los niños abandonados, las mujeres víctimas de abusos, los ancianos, las personas con discapacidad y las personas indigentes. Los hospitales psiquiátricos reciben personas con discapacidad o que necesitan una supervisión constante.

17.El Sr. Rojas Julca (Perú) dice que el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley que prohíbe toda forma de castigo que viole la integridad física o psicológica de los menores, y que será sometido al Congreso a su debido tiempo. El proyecto de ley no impedirá que los padres corrijan a sus hijos pero prohibirá todo tipo de castigo abusivo en el hogar, la escuela o cualquier otro lugar.

18.El Sr. Guzmán Jara (Perú) dice que el Gobierno procura lograr la mayor participación posible de la sociedad civil en sus consultas y en la formulación de sus políticas, y que reconoce el alcance y el valor de la contribución de la sociedad civil al desarrollo en general, así como a los avances concretos logrados en el Perú. Este reconocimiento se ve reflejado en varias medidas y disposiciones. Por ejemplo, la Ley general de la persona con discapacidad, en su forma enmendada, señala expresamente que la sociedad civil debe participar en el desarrollo, la evaluación y la aplicación de políticas y programas sociales relativos a la discapacidad. Además, las organizaciones de la sociedad civil tienen la posibilidad de tomar parte en los Consejos de Presupuesto Participativo de las más de 1.800 autoridades locales y regionales de todo el país. Así, se garantiza que las personas con discapacidad sean escuchadas en las decisiones relativas a la asignación de recursos, en particular recursos para el desarrollo de infraestructuras. Se estableció una comisión multisectorial para vigilar la aplicación de la Convención, y el CONADIS se encargará de las actividades de supervisión junto con la Defensoría del Pueblo, la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos en los meses venideros.

19.En el Perú, el tráfico de órganos está prohibido en todas las circunstancias, y ocurre solamente en el marco de la delincuencia organizada.

20.El Sr. Rojas Julca (Perú) dice que, según una directiva sobre defensa civil de 2010, las autoridades deben adoptar medidas específicas destinadas a garantizar la protección y la seguridad de las personas con discapacidad en casos de desastres naturales, y asegurarse de que tengan prioridad en los planes de emergencia y evacuación. Como país ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, el Perú reconoce la necesidad de fomentar una cultura de gestión de riesgo, prevención y preparación para casos de desastre a todos los niveles del Gobierno y de la sociedad, además de hacer todo lo posible por garantizar la protección de los más vulnerables.

21.La Sra. Cab a llero de Clulow (Perú) dice que el mejor vehículo para sensibilizar al público sobre las cuestiones relativas a la discapacidad en el Perú es el programa de radio Sin Barreras, que transmite noticias y reportajes sobre temas relacionados con la atención médica, el empleo, la accesibilidad, las artes, el deporte y la ciencia, entre otros. Otras actividades de sensibilización importantes incluyen los eventos organizados para celebrar el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, el 16 de octubre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre, y el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, el 2 de abril.

22.La labor del CONADIS, según lo estipulado en el artículo 8 de la Ley general de la persona con discapacidad, abarca el asesoramiento a entidades de los sectores público y privado sobre programas de atención, previsión e integración social de personas con discapacidad, y la imposición y administración de multas ante el incumplimiento de lo dispuesto en dicha Ley. A fin de promover el cumplimiento de la Ley, así como de los tratados y convenciones internacionales relativos a la discapacidad, el CONADIS viene impulsando convenios interinstitucionales con ministerios del Gobierno, asociaciones profesionales, gobiernos regionales, autoridades locales y la sociedad civil. Habitualmente también organiza, con apoyo ministerial, jornadas de la sociedad civil para brindar asesoramiento jurídico, atención médica y acceso a dispositivos motorizados, así como talleres y seminarios para promover los derechos de las personas con discapacidad y proporcionar un foro para velar por el respeto de estos derechos en los sectores público y privado. Además, se sigue trabajando para fortalecer las oficinas regionales y municipales que se ocupan de las personas con discapacidad, y hacerles cumplir las normas legales nacionales e internacionales.

23.El Sr. Guzmán Jara (Perú) dice que se han promulgado muchas leyes para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, y que el CONADIS debe ahora invertir la misma energía para lograr que los órganos estatales proporcionen los recursos financieros necesarios para que el progreso legislativo se convierta en una realidad práctica. Para este fin, son fundamentales las iniciativas de sensibilización y formación destinadas a educar a las autoridades del Gobierno y a la sociedad en general. Existen alrededor de 2.500 órganos autónomos con sus propios recursos presupuestarios que, con el estímulo adecuado, podrían contribuir al aumento necesario de la inversión pública.

24.Es importante que los funcionarios públicos a todos los niveles del gobierno sean conscientes de la necesidad de lograr un desarrollo que integre la discapacidad. El Perú ha gozado de un crecimiento sostenido de alrededor del 7% anual en los diez últimos años, y el Gobierno actual sigue apostando con firmeza por el crecimiento económico como pilar del desarrollo. Sin embargo, también está decidido a garantizar el desarrollo humano a través de mejoras en la atención médica, la educación, el empleo, el acceso al agua potable y la electrificación a fin de beneficiar a todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad. Como la participación política es un elemento fundamental del desarrollo humano, resulta esencial que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de participar directamente en los asuntos públicos como ciudadanos.

25.El Sr. Ríos Espinosa pregunta si son exactos los informes sobre la administración de medicamentos narcolépticos a pacientes con discapacidad psicosocial internados en el hospital psiquiátrico Víctor Larco Herrera. También desearía recibir observaciones de la delegación peruana acerca de los términos despectivos y el contenido discriminatorio de la Ley de extranjería, que impone restricciones para conseguir la nacionalidad peruana a las personas con discapacidad.

26.El Sr. Al-Tarawneh observa que, si bien según el informe del Estado parte menos del 10% de la población peruana tiene una discapacidad, globalmente, según el Informe mundial sobre la discapacidad publicado en 2011 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial, alrededor del 15% de la población vive con algún tipo de discapacidad. En vista de esta divergencia, se pregunta si el Gobierno tomó en cuenta las estadísticas de este último documento al compilar las estadísticas detalladas en su propio informe.

27.El Sr. Kim Hyung Shik, refiriéndose al artículo 32 de la Convención, pregunta qué medidas específicas se han adoptado para que las personas con discapacidad participen en la elaboración y aplicación de políticas para lograr un desarrollo que integre la discapacidad, cómo se comparten las buenas prácticas y qué han hecho las autoridades para alentar las investigaciones sobre tecnologías de apoyo. También agradecería ejemplos de alianzas para la cooperación internacional en las que colaboren personas con discapacidad.

28.La Sra. Peláez Narváez solicita información sobre las medidas tomadas para velar por la protección de los niños con discapacidad del abuso sexual, la explotación y el tráfico de órganos, medidas que el Estado parte reconoció como necesarias en sus respuestas a la lista de cuestiones (CRPD/C/PER/Q/1/Add.1). Observando que en esas respuestas también se menciona que hay unos 145 niños con discapacidad en centros de atención residencial del país, pregunta qué está haciendo el Estado parte para brindar asistencia dentro de la familia extensa, o dentro de la comunidad, en un entorno familiar, en los casos en que la familia inmediata no pueda atender a un niño con discapacidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, párrafo 5, de la Convención. Por ejemplo ¿se incluye a los niños con discapacidad en los programas de adopción nacionales e internacionales?

29.Preocupa a la oradora saber que el texto revisado del Código Penal estipula que la trata de niños con fines de explotación sexual es un delito sujeto a enjuiciamiento penal solamente cuando la víctima tiene 14 años o menos. Como el turismo sexual y otras formas de abuso sexual continúan más allá de esta edad, no debería existir este límite. Desearía, pues, saber si el Estado parte prevé remediar esta deficiencia y garantizar el respeto de los derechos fundamentales.

30.También desea saber si los programas nacionales destinados a los niños y los adolescentes toman en cuenta las necesidades específicas de los niños con discapacidad. Sobre todo, agradecería información sobre las medidas adoptadas para facilitar el diagnóstico temprano y asegurarse de que los niños con discapacidad cuentan con todas las oportunidades para desarrollar su pleno potencial y gozar de la mejor calidad de vida posible. Además, desearía recibir aclaraciones sobre algunas incoherencias en la información sobre la esterilización forzada: si bien la esterilización forzada está expresamente prohibida en el Código Penal, se reconoce que algunas mujeres con discapacidad psicosocial son a veces sometidas a este tipo de procedimientos.

31.Por último, observando con satisfacción las enmiendas legislativas recientes que legalizan el aborto para las víctimas de incesto, la oradora pregunta de qué manera procura el Gobierno garantizar que las mujeres con discapacidad que hayan sufrido este tipo de abuso reciban la asistencia y la orientación jurídicas necesarias para ejercer sus derechos y gozar de un acceso efectivo a la justicia.

32.El Sr. Langvad dice que desearía conocer de qué manera las organizaciones de la sociedad civil relacionadas con las personas con discapacidad participan en la planificación y la toma de decisiones relativas a la cooperación internacional. En varias oportunidades, se ha hecho referencia a estadísticas; se pregunta si el Gobierno tomó en cuenta el paso de un modelo de discapacidad médico a otro social, establecido en la Convención, al compilar los datos y calcular las estadísticas relativas a las personas con discapacidad.

33.La Sra. Cisternas Reyes dice que, aunque se dieron ejemplos de participación de alto nivel de mujeres con discapacidad en la vida pública, desearía saber si se mide la participación de las mujeres con discapacidad a nivel local y regional. Sería de gran utilidad recibir más información sobre el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia, y saber si dicho plan incluye a los niños con discapacidad indígenas y afrodescendientes, y qué porcentaje de niños con discapacidad de estas comunidades participa en la vida pública.

34.El Sr. Ben Lallahom solicita más información sobre los programas estratégicos del Ministerio de Economía y Finanzas relativos a la nutrición infantil, la alfabetización, la atención neonatal y posnatal.

Se suspende la sesión a las 16.10 horas y se reanuda a las 16 .30 horas.

35.El Sr. Rojas Julca (Perú) dice que la Ley general de la persona con discapacidad, en su forma enmendada, facilita la participación de las personas con discapacidad en la vida pública y cultural, entre otras cosas concediéndoles un 50% de descuento en los billetes para eventos organizados por el Estado.

36.Todas las sustancias psicotrópicas administradas a los pacientes del hospital psiquiátrico Víctor Larco Herrera están legalmente registradas. Los pacientes son tratados de acuerdo con el plan para pacientes psiquiátricos para el período 2012-2022, cuyo objetivo es prestar cuidados, junto con apoyo familiar y comunitario.

37.Se reconoce que la Ley de extranjería, promulgada hace varios decenios, es obsoleta y el Gobierno está intentando modernizar las disposiciones relativas a la adquisición de la nacionalidad peruana para que se ajusten a la legislación internacional.

38.El Sr. Guzmán Jara (Perú) dice que, según el censo más reciente, un 10,9 % de la población vive con alguna discapacidad, aunque esta cifra fue revisada a un 15% tras la publicación del Informe mundial sobre la discapacidad de 2011. El Gobierno prevé efectuar una encuesta nacional especializada sobre discapacidad con una muestra de 230.000 familias. Se utilizará una nueva metodología más amplia que el modelo médico de discapacidad. El objetivo es elaborar nuevos protocolos basados en los resultados de la encuesta especializada y en el censo que se levantará en la región de Tumbes, a fin de poder tener en cuenta una mayor variedad de temas en las futuras investigaciones sobre discapacidad, como la educación, la salud, la accesibilidad, la reintegración en el mercado laboral y la pobreza.

39.El Gobierno recibió poca ayuda financiera de fuentes internacionales para la aplicación de la Convención, aunque las organizaciones peruanas de la sociedad civil tuvieron más éxito a este respecto. Por consiguiente, el Gobierno hace un llamamiento a la comunidad internacional para que aplique plenamente las disposiciones de la Convención sobre cooperación internacional.

40.Algunos grupos étnicos en el Perú continúan eliminando a los niños nacidos con discapacidad mediante la inanición, el abandono o prácticas similares. Se necesitan recursos financieros para estudiar el alcance de este problema y cambiar las actitudes hacia los niños con discapacidad. A este respecto, el orador observa que la comunidad internacional parece considerar legítimo el aborto si la continuación del embarazo tiene como resultado el nacimiento de un niño con discapacidad.

41.Existe un plan nacional para el período 2011-2016 destinado a luchar contra el tráfico de órganos y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual o de empleo. Sin embargo, el plan debería centrarse específicamente en las personas con discapacidad, particularmente vulnerables a esos fenómenos.

42.La Sra. Caballero de Clulow (Perú) dice que la protección de la inviolabilidad personal de los niños, sobre todo de los niños con discapacidad, es una prioridad para el Gobierno. En cuanto a las penas aplicables por violencia sexual contra los niños, la legislación en la materia divide a los niños víctimas en tres grupos: los niños menores de 10 años, los niños de 10 a 14 años, y los niños de 14 a 18 años. Todos los menores de 18 años gozan de la mayor protección posible contra la violencia sexual, pero las penas exactas impuestas a los infractores varían según la edad de la víctima; las penas más duras se imponen a los autores de delitos contra las víctimas más jóvenes.

43.El Sr. Guzmán Jara (Perú) dice que el aborto está tipificado como delito en el Código Penal. Sin embargo, por el Decreto ministerial Nº 536 de 2005, se permite la esterilización forzada de personas con discapacidad psicosocial. El Gobierno y el CONADES se comprometen plenamente a remediar esta situación.

44.El Perú se encuentra en un momento de crecimiento económico y desarrollo incluyente. Dispone de un presupuesto basado en los resultados para tomar medidas de apoyo a las personas con discapacidad. El presupuesto contempla una importante financiación de programas relativos a la educación especial e inclusiva, la intervención temprana, la salud y la accesibilidad. El presupuesto global asignado para las personas con discapacidad en 2012 fue de 180 millones de nuevos soles, y se prevé un aumento del 1% en 2013, como en todas las asignaciones presupuestarias. Se espera poder establecer un centro de investigación sobre la discapacidad que facilite información en línea sobre la igualdad de oportunidades, la Convención, los recursos locales, y los programas y políticas relacionados con las personas con discapacidad.

45.En el pasado, muchos de los programas sociales del país no abordaron la cuestión de la inclusión de las personas con discapacidad. Para resolver ese problema, el CONADIS se está ocupando de supervisar la inclusión. Los esfuerzos realizados para garantizar la cobertura de las personas con discapacidad en el plan "Pensión 65", el Programa de Complementación Alimentaria y el plan no contributivo de atención básica de salud para los más pobres son ejemplos de los progresos realizados en este ámbito.

46.El Sr. Rojas Julca (Perú) dice que el diálogo con el Comité ha sido una oportunidad para aprender muchas cosas que merecen una profunda reflexión. El Perú continuará dando lo mejor de sí para cumplir sus obligaciones internacionales y el Gobierno espera con interés las recomendaciones del Comité.

47.El Presidente agradece a la delegación las respuestas exhaustivas y detalladas a las preguntas del Comité, y observa que el Comité y el Gobierno están trabajando con el mismo objetivo de mejorar las vidas de las personas con discapacidad.

El debate abarcado por el acta concluye a las 16.50 horas.