Comité de los Derechos del Niño
58º período de sesiones
Acta resumida de la 1650ª sesión
Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el lunes 26 de septiembre de 2011, a las 10.00 horas
Presidente :Sr. Zermatten
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados partes (continuación)
Informes periódicos tercero y cuarto combinados de Panamá acerca de la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño
Se declara abierta la sesión a las 10.00 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados partes (continuación)
Informes periódicos tercero y cuarto combinados de Panamá acerca de la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (C RC/C/PAN/3-4, CRC/C/PAN/Q/3-4 y Add.1)
1. Por invitación del Presidente, la delegación de Panamá toma asiento a la Mesa del Comité.
2.La Sra. Palacios (Panamá) dice que la protección de los derechos humanos es una prioridad de Panamá. El descenso de la población infantil y un crecimiento económico relativamente rápido han permitido al Estado reforzar la inversión social y la política de protección de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, persisten las grandes desigualdades que es preciso reducir. En respuesta a las anteriores recomendaciones del Comité, se ha preparado un proyecto de ley de protección integral de la niñez y la adolescencia con la participación de la sociedad civil que, aun cuando no ha sido aprobado, ha generado la creación de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, como también el establecimiento de políticas públicas para este grupo etario. Además, se está elaborando un nuevo proyecto de ley.
3.Se han aplicado varios programas generales de protección de los derechos del niño. Se han distribuido transferencias monetarias condicionadas y bonos familiares para la compra de alimentos a los habitantes de comarcas indígenas que constituyen el 30% del territorio de Panamá y en esas zonas se implementa la educación intercultural bilingüe. Entre los acontecimientos más recientes figura la presentación a la Asamblea Nacional de un proyecto de ley para que se pueda aplicar la categoría migratoria de residentes permanentes a las 975 personas víctimas de conflictos armados que se refugiaron en Panamá procedentes de países vecinos. Entretanto, gracias a los esfuerzos del Tribunal Electoral la proporción de nacimientos no registrados ha pasado desde 2009 de un 14% a un 4,5% aproximadamente.
4.Se han desarrollado programas dirigidos a respetar y preservar el derecho de todo niño a convivir con su familia. Entre esos programas cabe citar el Programa de padres y madres modelos, un programa especial para las familias disfuncionales y socialmente vulnerables y un programa destinado a restituir el derecho a la familia de todo niño y adolescente que se encuentre en presunto estado de abandono, a través de la tutela, la adopción y otras figuras jurídicas. Una unidad especial de supervisión y monitoreo de albergues asegura el respeto de los derechos y garantías fundamentales de los niños.
5.El censo del año 2010 registró más de 17.000 niños y niñas con algún tipo de discapacidad. Desde el año 2005 el Gobierno viene invirtiendo en infraestructuras materiales y equipo audiovisual para poner la política de inclusión social a disposición de las personas con discapacidad. En 2007 se creó la Secretaría Nacional de Discapacidad.
6.La atención de la salud de todos los niños menores de 5 años es gratuita. La tasa de mortalidad de niños menores de 5 años se ha reducido de 22 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en el año 2000 a 18 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en el año 2010. No obstante, Panamá está lejos de alcanzar la meta de reducir en dos terceras partes este indicador. Para enfrentar este problema se ha establecido una red de centros de atención primaria de salud que concentra sus esfuerzos en las áreas rurales e indígenas. El Programa nacional de tamizaje neonatal destinado a diagnosticar enfermedades congénitas y la participación en el esquema nacional de inmunizaciones son obligatorios. Los esquemas de inmunización han conseguido reducir el número de muertes por el sarampión e incluyen en la actualidad la vacuna de las niñas para prevenir el cáncer cervicouterino, siendo Panamá el primer país en que esta vacuna es obligatoria y gratuita.
7.Panamá ha logrado cumplir desde el año 2003 el Objetivo de Desarrollo del Milenio en cuanto al acceso a la educación primaria universal. Se ha conseguido también el acceso igualitario de la niña y la mujer a la educación primaria, media y superior y en 2010 la tasa de alfabetización llegó al 94,5%. El Gobierno centra ahora sus esfuerzos en la reducción de las tasas de deserción escolar y la mejora de la calidad curricular de la educación, para lo cual ha establecido como meta la inversión de 750 millones de dólares de los Estados Unidos en infraestructura y formación en el período 2009-2014.
8.El Ministerio de Desarrollo Social ha realizado una campaña para la generación de políticas para el desarrollo integral de los adolescentes a través de redes y organizaciones comunitarias que sirvan como espacio para que se escuche su voz y participen directamente en procesos de formulación e implementación de programas. Entre tanto, las asambleas juveniles que se llevan a cabo en la legislatura desde hace ocho años permiten a los estudiantes de todo el país participar en la discusión de importantes proyectos de ley sobre cuestiones tales como la ubicación de los centros de disposición de residuos, la regulación de la tarifa estudiantil en el transporte público y el programa de incentivos financieros para estudiantes universitarios.
9.En 2009 se estableció una política pública de atención integral a la primera infancia y se creó el Consejo Asesor de la Primera Infancia. Se reconoce a los niños menores de 6 años como sujetos de derecho que deben ser atendidos tomando en cuenta las tres áreas básicas de la personalidad: la biológica, la psicológica y la social. Todos los niños menores de 6 años reciben una alimentación balanceada a través de un menú tradicional fortificado, y existe un programa de alimentación complementaria destinado a los miembros de las familias pobres, rurales, indigentes y marginales, entre otros grupos vulnerables, que se aplica en los centros de salud.
10.Panamá ha iniciado investigaciones de los lamentables incidentes que se han producido con la participación de adolescentes en los centros de custodia y ha revisado y acelerado la ejecución de su plan de mejora de esas infraestructuras. Se han reconstruido y reparado los centros existentes y se procede a la construcción de un nuevo centro a un costo de 12.000.000 de dólares. Se imparte capacitación a los agentes de vigilancia y seguridad y se han diseñado nuevos programas de rehabilitación y capacitación para los detenidos.
11.El Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil ha formulado una estrategia integral dirigida a la no inserción de los niños y niñas en el ámbito laboral, concienciando así a niños, padres de familia, empresarios y trabajadores sobre las causas y consecuencias del trabajo infantil. El Plan Nacional para la erradicación del trabajo infantil y la protección de niños y niñas trabajadores 2011-2013 tiene por objeto eliminar las peores formas de trabajo infantil en 2015 y erradicarlo en su totalidad en 2020. La encuesta nacional de trabajo infantil realizada en 2010 reveló una disminución de poco más de 29.000 del número de niños trabajadores respecto a los poco más de 89.000 que registró la encuesta de 2008.
12.El Gobierno se ha comprometido a sostener y reforzar los derechos y el interés superior del niño y a redoblar su energía para conseguir las transformaciones de las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales necesarias para erradicar la violencia y la pobreza y construir una democracia en equidad e igualdad de oportunidades para niños y adolescentes.
13.El Sr. Cardona Llorens (Relator para el país) dice que el procedimiento de presentación de informes ofrece tres valiosas oportunidades a los Estados partes. En primer lugar, la preparación del informe del Estado parte brinda la oportunidad de sopesar los puntos débiles y los puntos fuertes de la realización de los derechos del niño en el país como base para futuras mejoras. Este proceso requiere la colaboración de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, y desea saber si el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con los niños en Panamá han participado en la preparación del informe del Estado parte (CRC/C/PAN/3‑4) y en sus respuestas por escrito a la lista de cuestiones del Comité (CRC/C/PAN/Q/3-4/Add.1). En segundo lugar, el diálogo con el Comité ofrece la oportunidad de obtener recomendaciones para la mejora de la promoción y la protección de los derechos del niño. Y en tercer lugar, esas recomendaciones abren la posibilidad de establecer un nuevo diálogo con todas las personas interesadas de Panamá y de aumentar el conocimiento de la Convención. A este respecto, desea saber si se han previsto actividades para promover el análisis y la discusión de las recomendaciones que surjan de la presente reunión y, en caso afirmativo, quiénes participarían en las mismas. Desea saber igualmente si el Estado parte se propone lanzar una campaña para promover y difundir información sobre los derechos del niño. Preocupa al Comité el hecho de que ciertos sectores y medios hayan propagado una percepción sesgada de la Convención como amenaza a la unidad familiar.
14.Desde 2005 se han considerado varios proyectos de ley de protección del niño, pero ninguno se ha aprobado y las respuestas por escrito del Estado parte sugieren más bien que Panamá examina por el momento la posibilidad de aprobar una ley de la familia. Sin embargo, lo que el Comité recomendó al Estado parte fue la adopción de un código general del niño que estuviera de conformidad con la Convención, pues la experiencia de otras naciones, incluidos diversos países de América Latina, ha demostrado que las leyes de ese tipo son más eficaces. Por consiguiente, el Comité desea saber si Panamá se propone elaborar un código general del niño ya que su inexistencia significa que por el momento, el Estado parte no dispone de una política general de protección del niño. Tampoco tiene un historial específico sobre la inversión económica y social del Estado en la infancia. La falta de una política coordinada sobre la infancia y la reglamentación dispersa de los derechos del niño crea problemas en diversos sectores básicos. Por ejemplo, aunque se considera niño a toda persona de edad inferior a 18 años, la edad para contraer matrimonio sigue siendo de 14 años para las niñas y 16 para los niños. Durante el examen periódico universal de principios de 2011, el Estado parte se comprometió a elevar la edad para contraer matrimonio y el Comité desea saber si así lo hará y cuándo, cuál será esa edad y si será la misma para ambos sexos.
15.En 1996 diversas decisiones del Tribunal Supremo introdujeron en la ley constitucional el principio fundamental de la primacía del interés superior del niño. Sin embargo, según el informe del Estado parte la ausencia de una ley general que proteja los derechos del niño de conformidad con la Convención y la persistencia del criterio de la "tutela" en el Código de la Familia significan que el principio no se suele aplicar en las decisiones de los tribunales. El Código autoriza a separar de sus familias e internar en centros de asistencia a los niños considerados socialmente en riesgo, que son unos 2.000 de los 4.000 niños actualmente internados en esos centros, lo que sugiere que es preciso intensificar los esfuerzos de apoyo a las familias para que sus hijos puedan seguir con ellas.
16.En una aplicación similar del criterio de la "tutela", el Gobierno parece haber optado por sacar de la calle a los niños como medida de protección, en vez de luchar contra la delincuencia y respetar las libertades. Además, la introducción del toque de queda parece discriminar contra ciertos barrios y grupos étnicos. Se agradecerían datos desglosados sobre las personas sometidas a tutela. En este momento, el Estado parte promueve prejuicios contra la población afropanameña y la población indígena con la imposición del toque de queda, y el orador desea saber si se propone combatir esos prejuicios mediante campañas de concienciación.
17.Aunque el derecho del niño a ser oído está protegido por ley, no se ha hecho ningún estudio sobre el tema y el Estado parte ha afirmado que ni la familia ni los tribunales juveniles son foros idóneos para los niños. Desea saber si se ha tomado alguna medida para poner remedio a la situación.
18.La Sra. Maurás Pérez (Relatora para el país) manifiesta su preocupación por las señales de retroceso que se advierten en la protección legal e institucional de los derechos del niño en ciertos ámbitos como la adopción, la justicia y la discriminación. La falta de prevención del embarazo de las adolescentes y el clima negativo contra los niños que se ha generado a partir de ciertas declaraciones públicas sobre los derechos de los niños y los derechos de los padres son también preocupantes.
19.Desea saber por qué ha desaparecido el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia y se han creado en cambio la Secretaria Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, que no cuenta ni con la autoridad ni los recursos ni la cobertura geográfica suficientes para ser el ente coordinador para la aplicación de la Convención, y el Consejo de la Primera Infancia. Pregunta qué entidad asume ahora la coordinación interinstitucional de alto nivel de la promoción y protección de los derechos de todos los niños menores de 18 años a fin de llenar el vacío político e institucional provocado por el cambio. Se pregunta también cuál es la función del Despacho de la Primera Dama a este respecto.
20.El Comité desearía saber si hay un plan integral para el cumplimiento de la Convención y, de no haberlo, cómo procede el Estado parte, en ausencia de una ley integral y en ausencia de una institucionalidad que abarque todos los derechos de todos los niños. También agradecería recibir más detalles sobre las instituciones públicas descentralizadas que se han creado para coordinar políticas nacionales, y cómo remplazan la responsabilidad del Estado en materia de niñez y adolescencia.
21.Sería útil disponer de información más detallada sobre las consignaciones presupuestarias para la salud, la vivienda y la educación de los niños y los adolescentes. Más concretamente, ¿qué porcentaje del presupuesto destinado a la educación y del PIB representan los 750 millones de dólares de los Estados Unidos que se prevé invertir en el período 2009-2014? La oradora acoge con satisfacción el cumplimiento de la recomendación del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas a la tierra en relación con el proyecto hidroeléctrico Chan-75 y otros protocolos medioambientales conexos. Sin embargo, se pregunta si, en el marco de la Ley Nº 41/2007, la protección de los derechos humanos y el medio ambiente o las consultas con las poblaciones indígenas no son requisitos previos para la concesión de licencias a las empresas multinacionales basadas en Panamá.
22.Preocupan particularmente al Comité los efectos negativos del toque de queda impuesto en Panamá, Colón y San Miguelito, que infringe los derechos civiles de niños y adolescentes. Más de la mitad de los menores detenidos estaban simplemente en la calle y sin embargo tuvieron que pagar multas para ser liberados. ¿Hay recintos especiales para ellos? Sería útil conocer su origen, su barrio o la etnia a que pertenecen, así como si había consideraciones de seguridad pública que justificaran esas medidas.
23.La Sra. Lee agradece la aceptación por el Estado parte de la mayoría de las recomendaciones formuladas durante el último examen periódico universal. Sin embargo, persisten las insuficiencias en la recogida de datos, en particular datos desglosados sobre las poblaciones vulnerables. El Comité comparte la preocupación evocada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en cuanto a la fiabilidad de los datos de los censos que no facilitan información sobre la composición de la población afrodescendiente. Se pregunta si se prevé levantar un nuevo censo, qué se hace para asegurar la disponibilidad de datos desglosados en el futuro y si el Estado parte considera tomar medidas en respuesta a la recomendación de que busque asistencia técnica para mejorar la obtención de datos. Agradecería más detalles sobre la inscripción de nacimientos en las comunidades indígenas y afrodescendientes. Ante la repetición de incendios en los centros de detención de menores, ¿se ha procedido a una investigación exhaustiva de cada caso? ¿Son exactos los informes sobre el exceso de confianza del personal de seguridad de los centros de detención? ¿En qué situación se encuentran los informes iniciales pendientes sobre los dos Protocolos facultativos?
24.El Sr. Kotrane se pregunta si las convenciones internacionales han sido invocadas alguna vez en los tribunales. La cuestión es particularmente pertinente a la luz de la aparente regresión de la protección de los derechos del niño en la legislación de Panamá y de las discrepancias entre el derecho interno y, por ejemplo, el Convenio Nº 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la edad mínima de admisión al empleo. Se pregunta cuál es la situación del proyecto de código de los derechos del niño, estancado en la Cámara Legislativa desde 2007.
25.El Sr. Pollar dice que se necesita información complementaria sobre las disposiciones legales que extienden la libertad de expresión a los niños, sobre los mecanismos existentes para proteger ese derecho y los recursos disponibles cuando se viola. ¿Existe un órgano de supervisión que pueda evaluar el grado de respeto de esa libertad? ¿Ha identificado el Estado parte alguna actitud tradicional o social que obstaculice el disfrute de la libertad de expresión? Desearía saber si los niños pueden expresarse a través de los medios de comunicación, si los niños indígenas o pertenecientes a minorías pueden ejercer su derecho a jugar y si los niños con discapacidad tienen la libertad de expresar su opinión. Se pregunta si, a tenor del artículo 13 de la Convención, las leyes definen explícitamente la libertad de expresión de los niños y si establecen condiciones o restricciones de la misma.
26.Desea saber si existe algún conflicto entre el ejercicio de la libertad de pensamiento, conciencia y religión por una parte y las prácticas religiosas tradicionales en Panamá, por otra. Se pregunta cómo gestionan las escuelas el tema de las restricciones dietéticas o el atuendo religioso, si la educación obligatoria prevé la libertad de religión, si ciertas religiones reciben subvenciones preferenciales del Estado y si se respeta el derecho de los niños a la intimidad en lo que se refiere a la revelación de su religión. ¿Pueden los niños internados en centros de custodia ejercer plenamente su derecho a la libertad de religión? Se pregunta igualmente si las instituciones religiosas reciben información sobre los problemas de la discapacidad.
27.El Sr. Madi advierte que la inscripción de nacimientos continúa planteando problemas a los grupos indígenas y a las poblaciones situadas en zonas rurales, remotas o fronterizas. Una proporción inaceptablemente elevada de nacimientos en la región de Ngöbe Bugle no se registró en 2009 debido a problemas de logística y de traducción. Es frecuente que tampoco se registren los hijos de los refugiados porque los funcionarios no poseen conocimientos suficientes de las leyes de nacionalidad. Se pregunta qué medidas adicionales va a tomar el Estado parte para superar estos problemas.
28.La Sra. Al-Shehail acoge con satisfacción las diversas políticas y las nuevas instituciones establecidas para combatir la discriminación, pero es consciente de que, en la práctica, las poblaciones afrodescendientes e indígenas siguen encontrando dificultades considerables para ejercer sus derechos y de que la tasa de delincuencia de los niños afrodescendientes es desproporcionadamente elevada. Se mantiene la desigualdad en el disfrute de los derechos económicos y sociales, en particular los derechos a la educación, a la salud y al acceso a la electricidad, el agua y el saneamiento. Los niños siguen sufriendo tratos crueles y degradantes en las zonas fronterizas con Costa Rica y Colombia. ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para mitigar estas situaciones?
29.La Sra. Al-Asmar lamenta la aparente exclusión de los niños discapacitados de la vida pública y desea más detalles sobre las medidas tomadas para conseguir que los niños puedan hacer oír su voz y tengan acceso a la información. El Estado parte es digno de elogio por haber establecido escuelas para los niños indígenas, en las que se les imparte la enseñanza en su propia lengua. ¿Tienen los niños no indígenas interesados en ingresar en esas escuelas y en estudiar lenguas indígenas la oportunidad de hacerlo? Se pregunta si los principios de la Convención se respetan en los programas escolares y en qué medida se contemplan a nivel universitario en esferas tales como la medicina y el derecho. ¿Se ha traducido la Convención a idiomas indígenas? Sería útil saber si el Gobierno se propone iniciar un nuevo plan una vez evaluado el vigente Plan Nacional de Acción de la niñez y la adolescencia.
30.La Sra. Sandberg pide información complementaria sobre las denuncias de que el Gobierno compra y retira publicidad según la postura que adopten determinados periodistas sobre el Gobierno. Agradecería también que se actualizara la situación de las medidas jurídicas incoadas contra periodistas por el Gobierno anterior, que parecen todavía pendientes. Aunque esas preocupaciones se refieren en general a la libertad de expresión, el ejercicio de esa libertad por los niños se vería también claramente limitado por tales prácticas. Desea saber si existe algún plan para reconsiderar la política de no ofrecer información sobre la salud sexual y reproductiva en las escuelas o en los centros de salud a ningún niño que no esté acompañado por un adulto.
31.La Sra. Aidoo dice que el Estado parte merece todo elogio por haber concedido subvenciones por un total de 2,6 millones de dólares a unas 70 organizaciones no gubernamentales que aplican programas para niños y adolescentes. Agradecería información más detallada sobre la participación de la sociedad civil en las campañas de sensibilización sobre los derechos del niño y en la formulación de políticas y la supervisión y evaluación de programas. Agradecería también precisiones sobre la forma en que el Gobierno coopera con las asociaciones locales para determinar las necesidades de los afrodescendientes y los grupos indígenas y para diseñar políticas y programas para ellos. ¿Qué función han desempeñado las organizaciones no gubernamentales en la redacción del informe y de las respuestas por escrito?
32.Lamenta que no se hayan hecho progresos claros desde 2004 en la erradicación del castigo corporal, pese a las numerosas recomendaciones formuladas a lo largo del tiempo a tal efecto. A la vista del aumento documentado de los malos tratos de niños y adolescentes, ¿existe algún proyecto de ley de erradicación de los castigos corporales y de imposición de las penas oportunas? Pregunta si se van a aplicar medidas o estrategias para dar a entender que los castigos corporales constituyen una violación de los derechos del niño y para sensibilizar a todos los estratos sociales sobre los beneficios de las formas no violentas de disciplina.
33.El Sr. Gastaud pide información sobre el seguimiento de las recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo. Se pregunta si el nuevo Código de Procedimiento Penal ha entrado en vigor y si contiene disposiciones aplicables a los menores.
34.La Sra. Varmah acoge con satisfacción las reformas contenidas en las Leyes Nº 31/2006 y 17/2007 y la realización de campañas a escala nacional para la inscripción de los nacimientos. Sin embargo, persisten los obstáculos con que tropiezan los pueblos afrodescendientes, los grupos indígenas y las poblaciones que viven en zonas rurales o remotas a la hora de acceder a los registros de nacimiento. Pregunta si existen planes para ampliar la formación de los funcionarios de los registros, en particular en lo referente a las leyes de nacionalidad, y si el Estado parte tiene el proyecto de introducir unidades móviles de registro en las zonas rurales y remotas.
35.La Sra. Wijemanne se pregunta si se ha revisado en algún momento la edad legal del consentimiento sexual establecida en 14 años, dado que según la Convención se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad.
Se suspende la sesión a las 11.20 horas y se reanuda a las 11.45 horas.
36.La Sra. Lozano de Díaz (Panamá) dice que si bien las propuestas iniciales de un código del niño no han sido aprobadas, en 2009 se aprobó una ley muy general destinada a promover el fortalecimiento institucional y consolidar el sistema integral de protección de los derechos del niño en Panamá. El sistema está compuesto de una serie de estructuras administrativas y judiciales que promueven los derechos de los niños y de los adolescentes mediante políticas y programas públicos en los que también participan miembros de la sociedad civil y ciudadanos panameños.
37.El Presidente, volviendo a una pregunta anterior, desea saber si el Estado parte ha cesado en sus intentos de aprobar una ley integral sobre la protección del niño. Parece que se ha separado a los niños de menos de 5 años de los demás niños y que se ha perdido la oportunidad de promulgar una ley integral para todas las edades y problemas.
38.La Sra. Lozano de Díaz (Panamá) dice que la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) es la más alta autoridad administrativa de su país en cuestiones de la infancia y que coordina la aplicación de todas las políticas y programas para niños y adolescentes. Tiene también a su cargo la creación de estructuras interinstitucionales y de mecanismos de coordinación, así como la cooperación con instituciones públicas y privadas para promover actividades descentralizadas destinadas a asegurar el disfrute de los derechos de los niños, los adolescentes y la familia. Diversos ministros participan en la SENNIAF, incluidos los Ministros de Finanzas, Trabajo y Educación. La estructura de la SENNIAF es la misma que la del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia que dejó de reunirse en 2006, y tanto la composición como las funciones de los dos organismos son tan similares que la SENNIAF fue virtualmente la sustitución directa del Consejo Nacional. De hecho, la SENNIAF está representada en el Consejo Asesor de la Primera Infancia.
39.Panamá tiene realmente la intención de aprobar un código integral del niño que abarque en su totalidad el marco jurídico para niños y adolescentes con el consenso de la sociedad civil y otras partes interesadas.
40.El Presidente pregunta por qué se han separado los servicios de la primera infancia de los demás servicios, lo cual plantea un problema no solo en la teoría sino también en la práctica en términos de coordinación. El Consejo Asesor de la Primera Infancia es el único servicio relacionado con los niños que depende del Despacho de la Primera Dama, y se pregunta cuáles son las funciones del Despacho de la Primera Dama.
41.La Sra. Lozano de Díaz (Panamá) dice que quizá resulte confusa la forma en que se ha explicado el plan integral para la primera infancia. El Despacho de la Primera Dama ha promovido políticas sociales que han llevado a la creación de un plan nacional centrado en los niños de pocos años; el Ministerio de Desarrollo Social está encargado de promover los servicios para los niños en el marco del plan.
42.La Sra. Aidoo dice que la participación de la Primera Dama plantea cuestiones sobre la sostenibilidad institucional del Consejo Asesor, puesto que el Consejo parece estar adscrito tanto al Despacho de la Primera Dama como al Ministerio de Desarrollo Social.
43.La Sra. Nores de García pregunta qué responsabilidades asigna la Constitución de Panamá al Despacho de la Primera Dama, si el Despacho tiene su propio presupuesto, qué tipos de asesores posee y cuál es su condición.
44.La Sra. Palacios (Panamá) dice que la Constitución de Panamá no define las funciones de la Primera Dama, que ha contribuido a elevar el perfil de los programas en favor de la primera infancia. El Consejo Asesor está presidido por el Despacho de la Primera Dama pero administrado por el Ministerio de Desarrollo Social. El presupuesto del Consejo se incluye en el del Ministerio de Desarrollo Social, lo cual asegura su continuidad. El Plan para la primera infancia, que cubre todo el país, incluidos los afropanameños y los pueblos indígenas, se centra en la prestación de cuidados a los niños menores de 5 años y está destinado a mejorar sus oportunidades y su calidad de vida.
45.Se han conseguido progresos visibles en la eliminación de la discriminación contra los niños indígenas y los afrodescendientes. Por ejemplo, en el censo de 2010 el 9,2% de los panameños se identificaron como afrodescendientes, porcentaje que está dentro de las tasas de omisión censal consideradas aceptables por las Naciones Unidas. Se ha creado una secretaría para la etnia negra, que se encarga de intensificar los esfuerzos por combatir la discriminación, y existe un órgano de coordinación de las políticas públicas orientadas a esa comunidad.
46.Los niños de las tres regiones indígenas —Ngöbe Bugle, Emberá y Kuna Yala— reciben una educación intercultural, que incluye la enseñanza de su lengua materna a nivel preescolar y primario. Se ha progresado también en la aplicación del plan del Gobierno para mejorar la educación y la salud y reducir la pobreza de las regiones indígenas. El plan se centra en diversos sectores clave, tales como la seguridad alimentaria, la educación bilingüe e intercultural y la infraestructura.
47.La Sra. Maurás Pérez se pregunta si el plan del Gobierno para la comunidad indígena se centra solo en las tres regiones indígenas recientemente citadas o si se extiende a toda la población indígena. Los afrodescendientes, independientemente de su proporción en el seno de la población, son un importante grupo social y se debe poner fin a la discriminación de que son objeto. La información presentada al Comité da a entender que el censo de 2010 no contiene datos sobre los grupos étnicos. Se agradecerían aclaraciones al respecto.
48.La Sra. Palacios (Panamá) dice que el plan para los pueblos indígenas se está ejecutando en las tres regiones indígenas existentes; las dos regiones más nuevas son de hecho parte integrante de las regiones Kuna Yala y Emberá, y los miembros de esas comunidades locales participan en la ejecución del plan. Reunir información sobre el tamaño de la población afrodescendiente ha sido el primer paso de la elaboración de políticas destinadas a aumentar la visibilidad de los afropanameños y asegurar la efectividad de sus derechos. Diversas iniciativas tienen por objeto regularizar la residencia de los niños nacidos de padres no panameños y mejorar las tasas de inscripción de los nacimientos en las zonas indígenas. Gracias a un proyecto conjunto con el UNICEF se ha reducido significativamente la no inscripción.
49.La Sra. Maurás Pérez desea detalles más precisos sobre las pruebas que se consideran suficientes para inscribir a un niño nacido en Panamá de padres no panameños.
50.La Sra. Palacios (Panamá) dice que ya no son cinco sino tres los testigos exigidos para confirmar que el nacimiento se ha producido en Panamá. Todos los niños nacidos en Panamá se consideran panameños. Los niños cuyos padres se encuentran en el país en situación irregular reciben ayudas para regularizar su propia residencia y disfrutan de los mismos derechos que los demás niños del país.
51.La Sra. Lozano de Díaz (Panamá) dice que la SENNIAF, en cooperación con otras organizaciones, ha distribuido información sobre los derechos del niño y que entre 2009 y 2011 más de 9.000 niños han participado en talleres relacionados con los derechos del niño. Las reuniones celebradas con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el marco de un acuerdo bilateral han dado también a los dos países la oportunidad de intercambiar experiencias y mejores prácticas sobre los derechos del niño en el contexto de la aplicación de la Convención. En los próximos días se iniciará en Panamá una campaña en gran escala a través de los medios de comunicación para explicar los derechos del niño. Su país celebra activamente el Día Universal del Niño y los medios de comunicación se han ocupado extensamente de las actividades organizadas en conmemoración del 20º aniversario de la Convención, que han ido acompañadas de la distribución puerta a puerta de información sobre la Convención.
52.El Sr. Cardona Llorens se pregunta si los programas escolares y universitarios, especialmente en las facultades de derecho, magisterio y periodismo, incluyen la instrucción sobre los derechos del niño. Desea saber si se imparte una formación específica a todos los profesionales que trabajan en la protección de los derechos del niño.
53.La Sra. Lozano de Díaz (Panamá) dice que el Colegio Judicial organiza seminarios y cursos de capacitación a lo largo del año sobre los derechos humanos en general y los derechos del niño en particular. La Unidad de Policía Nacional y de Policía Juvenil recibe capacitación sobre todos los aspectos de los derechos del niño. Continúan las conversaciones sobre la posible inclusión de la Convención sobre los Derechos del Niño como tema curricular independiente.
54.La Sra. Palacios (Panamá), en respuesta a las preocupaciones expresadas por el Comité sobre la asignación de recursos a las inversiones sociales, dice que el 46% del presupuesto nacional se dedica a programas sociales, entre ellos el programa "Red de oportunidades" que ofrece subvenciones, bonos para alimentos, vitaminas y suplementos minerales y educación dietética a las comunidades más pobres. Panamá es plenamente consciente de la necesidad de reforzar las medidas destinadas a garantizar los derechos del niño y no escatima esfuerzos por cumplir su compromiso a este respecto.
55.La Sra. Maurás Pérez dice que el 46% es un porcentaje impresionante, pero desea saber cómo se pueden determinar con precisión los efectos de esa inversión en los niños y adolescentes. Pregunta qué medidas se están tomando para crear un proceso específico para niños y adolescentes, como prevé la Convención. El problema reside en que sin una política integral y sin un plan nacional para la infancia es difícil crear un presupuesto específico para ella. Pide información sobre las diferentes asignaciones presupuestarias a vivienda, saneamiento, agua y educación.
56.La Sra. Palacios (Panamá) dice que es importante trabajar en favor de la adopción de un código integral del niño y de situar todas las iniciativas bajo un marco presupuestario único de manera que pueda verse con exactitud la cantidad que se invierte en la infancia. En cuanto a preguntas anteriores sobre la libertad de expresión, conviene señalar que se han iniciado varios programas en esta esfera, tales como la apertura de una línea telefónica para que los niños puedan expresar sus preocupaciones, y las asambleas juveniles, en las que se reúnen los jóvenes para intercambiar información y expresar sus preocupaciones al Gobierno. De hecho, gracias a la labor de las asambleas juveniles los estudiantes han obtenido tarifas especiales en el transporte público y bonos de incentivos para el ingreso en las universidades particulares y oficiales.
57.El Presidente invita al Comité a que formule preguntas sobre las medidas especiales de protección de la familia, el medio, la educación y la salud.
58.La Sra. Maurás Pérez pregunta qué proporción de la población que vive en la pobreza está cubierta por la Red de oportunidades. Una subvención de 50 dólares de los Estados Unidos es insuficiente para la familia media de siete personas y, en todo caso, un programa basado únicamente en subvenciones no puede producir un cambio sostenible en los niveles de pobreza. Desea saber qué medidas estructurales se han adoptado además de la Red de oportunidades para abordar las causas profundas de la pobreza. Pregunta si la atención básica de salud gratuita se puede extender a todas las mujeres y niños y si todas las comunidades pobres tienen acceso al agua potable y a una vivienda adecuada. El Comité desearía saber qué medidas se están adoptando para reducir la tasa de deserción escolar y facilitar el paso de los estudiantes a la escuela secundaria y a continuación a la formación profesional o a la universidad. Pregunta si se concede especial atención a los niños que viven en zonas urbanas. En general, ¿satisface la infraestructura actual las necesidades del programa?
59.Panamá es un país de origen, destino y tránsito de la trata de mujeres y niños, que desemboca en muchos casos en la prostitución forzada. Sin embargo, la trata no ha sido prohibida todavía por la legislación de Panamá. Sería útil conocer la situación en que se encuentra el proyecto de ley de prohibición de la trata de seres humanos, actualmente ante la Asamblea Nacional. Se agradecerían también aclaraciones sobre si, pese al número aparentemente elevado de personas víctimas de la trata, el número de casos enjuiciados y cerrados con una sentencia condenatoria ha disminuido. Pregunta qué medidas se han tomado para prevenir la explotación sexual de niños en la industria turística y eliminar el trabajo infantil, particularmente en la agricultura informal y en las plantaciones de café. Sería interesante disponer de más información sobre la Unidad de Policía Juvenil.
60.El Sr. Cardona Llorens dice que la legislación panameña sobre la adopción, actualmente en curso de reforma, se adapta en su conjunto a las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional. No obstante, convendría disponer de aclaraciones sobre ciertos sectores en los que parece que la legislación interna tiene prioridad sobre la Convención e incluso contradice a la propia Constitución de Panamá. ¿Qué diferencias hay entre los procedimientos nacionales y los procedimientos internacionales de adopción?
61.Panamá ha reforzado su sistema de justicia penal juvenil, con el resultado de que la tasa de delincuencia juvenil no se ha elevado en los diez últimos años. ¿Por qué se han introducido medidas más estrictas para los adolescentes en conflicto con la ley pese a estas cifras positivas? ¿Se ha conseguido mejorar la situación? Quizá fuera mejor abordar las causas profundas de la marginación.
62.Se agradecería una explicación de la discrepancia existente entre el número de niños con discapacidad en 2010 que aparece en la declaración de apertura y la cifra que aparece en el informe del Estado parte, que es más del doble. Como al parecer solo el 29% de los niños con discapacidad asisten a la escuela convencional, sería interesante saber qué disposiciones se han tomado para la educación del 71% restante.
63.La Sra. Nores de García dice que es necesario conceder al Despacho de la Primera Dama una función prominente en la promoción y coordinación de las políticas de la primera infancia precisamente porque Panamá carece de un código integral del niño.
64.En cuanto a las minorías indígenas de Panamá, corresponde al Estado garantizar reparaciones adecuadas en el caso de que sean desplazadas como consecuencia de proyectos de desarrollo y que el Estado debería proporcionar servicios de agua potable, saneamiento, atención de salud, educación y empleo a las comunidades desplazadas. Aunque el desarrollo económico es bienvenido en todas las partes del mundo convendría conceder el debido respeto a las personas que viven en o cerca de los polos de desarrollo. Además, habría que intensificar los esfuerzos para proporcionar educación bilingüe a los niños indígenas pues en la actualidad solo tres de las siete comunidades indígenas del país disponen de escuelas bilingües y el 45% de los niños quedan fuera del sistema escolar. Existe una elevada tasa de alumnos repetidores en las escuelas a causa de la pobreza, la falta de infraestructuras y la escasez de maestros bilingües capacitados. La inscripción de nacimientos ha aumentado en las comunidades indígenas pero no se autoriza el uso del nombre en el idioma materno. Es imprescindible adoptar medidas esenciales para mejorar el aprovisionamiento en agua potable y el suministro de servicios de saneamiento a fin de reducir la elevada incidencia de la mortalidad materna e infantil en las comunidades indígenas, provocada por infecciones respiratorias y parasitarias. Se debería prestar atención especial a las comunidades que viven a lo largo de la frontera con Colombia y Costa Rica para evitar el trabajo forzoso de los niños en las plantaciones de café, el narcotráfico y el comercio sexual. También es preciso abordar la elevada tasa de discapacidad que se registra en las comunidades indígenas.
65.La Sra. Herczog pregunta qué disposiciones se han tomado para la organización de programas de preparación a la paternidad para jóvenes y para las víctimas de abusos y negligencias. En caso afirmativo, ¿se han evaluado los resultados de esos programas? Desearía igualmente saber si se ha establecido un mecanismo de seguimiento de los niños cuando abandonan los centros de acogida.
66.El Sr. Koompraphant desea saber las medidas que el Estado parte se propone tomar para supervisar las condiciones de trabajo de los niños y adolescentes y asegurar su protección y bienestar, especialmente en el caso de los que trabajan en plantaciones. ¿Qué medidas se han tomado para proteger a los niños que trabajan con sus padres, en particular los niños indocumentados? Desea saber qué medidas se han adoptado para proteger a los niños víctimas de abusos sexuales, especialmente los que han sido vendidos. A este respecto ¿cómo se ha aplicado realmente el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía? Se pregunta sobre las obligaciones legales de los padres cuando los abusos sexuales se producen en el hogar. ¿Qué medidas se han tomado para detectar los abusos sexuales en el seno de la familia?
67.El Sr. Madi dice que pese a las mejoras introducidas en la legislación sobre los refugiados, persisten profundas lagunas tales como la falta de apoyo estatal a las familias durante el largo período de tramitación de la solicitud de la condición de refugiado, como resultado de lo cual muchos niños viven en condiciones poco adecuadas, y sobre la ausencia de una política que permita a los niños presentar solicitudes individuales. Existe un mecanismo de tutela que en teoría permite el nombramiento de un tutor legal que presenta la solicitud en nombre de un niño separado o no acompañado pero, por falta de fondos, el mecanismo no funciona en la práctica. Es también escasa la coordinación entre los órganos públicos responsables de la infancia y los que supervisan el sistema de asilo. Además, la ley no concede por el momento a los solicitantes de asilo el derecho a trabajar mientras se tramitan sus solicitudes, lo que significa también que sus hijos viven en condiciones inferiores a las normales y son más vulnerables. ¿Qué asistencia podría el Gobierno proporcionar a los solicitantes de asilo y sus familias mientras se tramita su solicitud?
68.En cuanto al desplazamiento de las comunidades indígenas, resulta preocupante el recurso en algunos casos a la violencia, incluso contra los niños, para disolver las manifestaciones contra los proyectos de desarrollo en gran escala. Pregunta qué función ha desempeñado el Gobierno en las negociaciones sobre la reubicación y la indemnización celebradas entre las empresas privadas y los grupos indígenas.
Se levanta la sesión a las 13 .00 horas.