Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 18 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

Quinto informe periódico de los Estados partes

Adición

Canadá*

Introducción

* El informe inicial presentado por el Gobierno del Canadá figura en el documento CEDAW/C/5/Add.16, examinado por el Comité en su cuarto período de sesiones. El segundo informe periódico presentado por el Gobierno del Canadá, figura en el documento CEDAW/C/13/Add.11, examinado por el Comité en su noveno período de sesiones. El tercer informe periódico presentado por el Gobierno del Canadá figura en el documento CEDAW/C/CAN/3, examinado por el Comité en su 16° período de sesiones. El cuarto informe periódico presentado por el Gobierno del Canadá figura en el documento CEDAW/C/CAN/4, examinado por el Comité en su 16° período de sesiones. El presente documento no ha pasado por los servicios de la Secretaría.

La política canadiense en materia de eliminación de la discriminación de la mujer presenta múltiples facetas e incluye garantías constitucionales, legislación, educación pública, reformas institucionales, acciones a nivel comunitario e investigación. En su quinto informe periódico, el Canadá facilitó información sobre las medidas adoptadas en el período comprendido entre abril de 1994 y marzo de 1998 y aguarda con interés la oportunidad de comparecer ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para discutir el informe.

2.Dado el tiempo transcurrido desde el final del período a que se refiere el quinto informe, con el presente documento el Canadá desea informar de algunas importantes iniciativas emprendidas desde entonces, haciendo especial hincapié en las observaciones finales formuladas por el Comité en relación con sus informes tercero y

cuarto. En el próximo informe periódico se facilitarán detalles adicionales sobre éstas y otras medidas relacionadas con las disposiciones de la Convención. Aunque la información facilitada pone de relieve que los gobiernos trabajan incesantemente para mejorar la situación de la mujer en el Canadá, también debe reconocerse que, en algunos ámbitos, los avances no son tan rápidos como sería de desear y persisten importantes dificultades.

3.En 2000, el Gobierno del Canadá, tomando como base las medidas adoptadas en el marco del Plan federal para la igualdad entre los géneros (1995-2000), aprobó el Programa para la igualdad entre los géneros, que se aplicaría en todos los niveles de gobierno para promover la igualdad de la mujer. El Programa es una estrategia multianual, con financiación a cinco años, que utiliza un enfoque gradual, en el que cada iniciativa se basa en los logros alcanzados previamente. Entre sus elementos figuran la incorporación de una perspectiva de género en las políticas y los programas actuales y futuros, el cumplimiento acelerado de los compromisos en materia de análisis basado en el género, el fomento de la capacidad del sector del voluntariado, la participación sostenida y estructurada de los ciudadanos canadienses en el proceso de formulación de políticas, y el cumplimiento de los compromisos internacionales del Canadá y sus obligaciones adquiridas en virtud de tratados.

4.La estructura constitucional del Canadá establece funciones y responsabilidades específicas para la jurisdicción federal, las provincias y los territorios. Por ejemplo, las provincias son las principales responsables de la salud y la educación, mientras que, por regla general, el comercio internacional y la inmigración son de competencia del gobierno federal. Dentro de esta estructura, las experiencias y las iniciativas varían dependiendo de las jurisdicciones. Para reflejar la amplitud de la experiencia canadiense, se facilitan ejemplos de iniciativas destinadas a lograr una mayor igualdad entre los sexos. No obstante, lejos de ser exhaustivos, tales ejemplos constituyen una muestra de los diversos programas puestos en marcha por el gobierno federal, las provincias y los territorios.

Medidas legislativas

5.La Constitución del Canadá es la ley suprema del país e incluye la Carta de derechos y libertades del Canadá. En el artículo 15 de la Carta se prohíbe la discriminación por motivos de raza, origen nacional o étnico, color, religión, sexo, edad, y discapacidad mental o física. El Tribunal Supremo del Canadá ha declarado que la lista de motivos de discriminación prohibidos que se recoge en el artículo 15 no es exhaustiva y que también pueden tenerse en cuenta otras distinciones basadas en motivos análogos. La Carta se aplica a todos los gobiernos (federal, provincial, territorial y municipal). Asimismo, el gobierno federal y todos los gobiernos provinciales, así como los territorios de Yukón y del noroeste, han aprobado legislación sobre derechos humanos que prohíbe la discriminación basada en características como la raza, la nacionalidad y el origen étnico, el color, el sexo y la discapacidad. Recientemente, el gobierno del nuevo territorio de Nunavut aprobó legislación sobre derechos humanos que entrará en vigor en 2003.

6.El 31 de octubre de 2002, el Parlamento de Columbia Británica aprobó la Ley de enmienda del Código de Derechos Humanos, de 2002, que entrará en vigor a principios de 2003. La protección sustantiva que ofrece el Código de Derechos Humanos no cambiará. Lo que cambiará es la forma de proteger esos derechos. Con arreglo al nuevo sistema, el Tribunal de Derechos Humanos será directamente responsable de conocer de los litigios, mediar en ellos y dictar sentencia, y las garantías de los derechos humanos contenidas en el Código de Derechos Humanos serán más eficaces y eficientes. Este sistema pondrá a disposición de demandantes y demandados un procedimiento imparcial, independiente y centrado en la solución de las controversias. El Código contempla la creación de un programa de educación, investigación y consulta sobre derechos humanos y atribuye la responsabilidad de su puesta en marcha al Ministro. El gobierno de Columbia Británica velará por que la educación pública siga teniendo carácter prioritario y trabajará con organizaciones independientes para proporcionar asistencia jurídica gratuita a quienes la necesiten. El nuevo sistema de derechos humanos de Columbia Británica se atiene a los Principios de París, en la medida en que consiste en un tribunal de derechos humanos autónomo e independiente del Gobierno, integrado por miembros de distinta procedencia y dotado de un mandato amplio, poderes adecuados para resolver las denuncias y recursos suficientes.

7.Desde 1998, se han organizado numerosas actividades relacionadas con la Ley de derechos humanos del Canadá, que prohíbe la discriminación dentro de la jurisdicción federal. Con arreglo a dicha Ley, a la Comisión de Derechos Humanos del Canadá corresponde investigar, tramitar y resolver las denuncias individuales de discriminación, mientras que el Tribunal de Derechos Humanos del Canadá es competente para conocer de las denuncias que le remita la Comisión y pronunciarse sobre ellas.

8.Como parte del empeño del gobierno federal en convertir la Ley de derechos humanos del Canadá en un instrumento de promoción de los derechos humanos eficaz, rápido y eficiente, el Ministro de Justicia creó un grupo de trabajo independiente para examinar la Ley. El informe del grupo, titulado “Promoting Equality: A New Vision” y publicado en junio de 2000, contiene 165 recomendaciones. Actualmente, el Gobierno estudia el informe del grupo y tendrá en cuenta sus recomendaciones en futuras reformas.

9.Desde marzo de 1998 el Gobierno del Canadá ha adoptado una serie de medidas legislativas para salvaguardar los derechos de la mujer. Así, entre otras iniciativas, ha subsanado las lagunas de la Ley de inmigración y protección de los refugiados y ha incrementado el nivel de protección que el Código Penal del Canadá dispensa a la mujer.

10.Por ejemplo, en junio de 2002, se aprobó la nueva Ley de inmigración y protección de los refugiados, que tipifica la trata de personas como un nuevo delito relacionado con la inmigración. Dicha disposición enumera varias circunstancias agravantes específicas que los tribunales pueden tener en cuenta al determinar la correspondiente pena, como el hecho de someter a la víctima a explotación sexual o a tratos humillantes o degradantes en relación, por ejemplo, con las condiciones de trabajo o salud. El nuevo delito de trata de personas lleva aparejada una pena máxima de cadena perpetua, una multa de hasta 1 millón de dólares o ambas penas a la vez, lo que es testimonio de la importancia que el Canadá atribuye a la eliminación de la trata, que afecta especialmente a las mujeres y los niños. Se ha añadido una norma que impide que las disposiciones sobre adopción puedan ser utilizadas para amparar situaciones de trata de niños en el Canadá.

11.Se han aprobado nuevas disposiciones que refuerzan el Programa de Asistencia Doméstica para que los asistentes sean conscientes de sus derechos y responsabilidades antes de llegar al Canadá. Se establece el nuevo requisito de celebrar un contrato laboral en el que figuren las condiciones de trabajo, lo que permitirá recabar asistencia cuando surjan problemas relacionados con dichas condiciones y establecer normas más homogéneas. Los asistentes domésticos tendrán derecho a cambiar de empleadores y a seguir una trayectoria laboral discontinua dentro del programa, lo que repercutirá positivamente en las mujeres.

12.Asimismo, la Ley de inmigración y protección de los refugiados establece que las solicitudes de estatuto de refugiado presentadas por mujeres en situaciones de riesgo se tramiten con carácter prioritario, y contempla medidas para evitar patrocinios cuando el patrocinador sea incapaz de cumplir los requisitos legales relacionados con la familia o no esté dispuesto a ello. No podrán actuar como patrocinadores quienes hayan sido condenados por un tribunal por delitos contra la libertad sexual u otros previstos en el Código Penal contra uno de sus familiares o parientes o un familiar de su cónyuge o pareja, a no ser que haya sido perdonado o hayan transcurrido cinco años desde la prescripción de la pena impuesta por el delito.

13.Por otra parte, la Ley de inmigración y protección de los refugiados exige al Departamento de Ciudadanía e Inmigración que en su informe anual al Parlamento incluya un análisis de las repercusiones de la Ley desde el punto de vista del género. La presentación de dicho informe es un requisito que carece de precedentes en las leyes federales del Canadá y pone de relieve el empeño del Departamento en lograr la igualdad entre los sexos.

14.En 2002, se remitió al Parlamento el proyecto de Ley de gobierno de las Primeras Naciones, que tiene por objeto subsanar las carencias de la Ley sobre los indios, proporcionando a las Primeras Naciones los instrumentos necesarios para lograr mayores niveles de autosuficiencia, desarrollo económico y calidad de vida. La referida Ley contiene una serie de medidas para promover los derechos humanos de las mujeres de las Primeras Naciones, aumentar su capacidad para participar en el gobierno de sus comunidades, y ampliar la protección y las posibilidades de recurso de las mujeres aborígenes frente a la discriminación. Los cambios incluyen el derecho a ejercer el voto en relación con los códigos de gobierno, tanto para quienes viven en reservas como para los que residen fuera de ellas; a recurrir en apelación en asuntos electorales; a acceder a la información; a participar en la elaboración de las leyes, y a obtener reparaciones por los daños que sufran como consecuencia de decisiones administrativas. En el proyecto de ley también se incluye una modificación de la Ley de derechos humanos del Canadá para que ésta se aplique a todos los canadienses, incluidos los aborígenes, que actualmente no están plenamente amparados por dicha Ley.

15.Aunque el citado proyecto de ley no aborda directamente todas las cuestiones de interés para las mujeres de las Primeras Naciones, como su estatuto, el derecho de asociación, el régimen de propiedad del matrimonio y las situaciones de pobreza, se espera que permita una mayor participación de dichas mujeres en el gobierno de sus comunidades y en las decisiones que afecten al futuro de sus comunidades, en comparación con el actual régimen previsto en la Ley sobre los indios. También puede contribuir a reforzar la voz de las mujeres de las Primeras Naciones en un contexto político más amplio y concienciar a la opinión pública sobre determinados asuntos, requisito esencial para que se produzcan nuevos cambios.

16.En 2000, el Gobierno del Canadá modificó 68 leyes federales para extender la igualdad de trato a las parejas de hecho de sexo distinto y del mismo sexo mediante la Ley de modernización de determinados regímenes de prestaciones y obligaciones. Esta Ley garantiza que las prestaciones y las obligaciones federales aplicables a las personas casadas también se apliquen a los integrantes de parejas de hecho, tanto de sexo distinto como del mismo sexo. Por ejemplo, las prestaciones que los planes de pensiones del gobierno federal otorgan al cónyuge supérstite se extienden a la persona que, en el momento del fallecimiento, conviva con el contribuyente (de sexo distinto o del mismo sexo) en una relación análoga a la conyugal, siempre que el período de convivencia haya sido superior a un año. También se han extendido a los hijos de las parejas de hecho, integradas por personas del mismo sexo o de sexos distintos, las prestaciones y obligaciones aplicables a los hijos de parejas casadas.

17.Desde 1998, la legislación penal en materia de violencia contra la mujer se ha reformado en varias ocasiones para, entre otras cosas, procurar que la seguridad de las víctimas se tenga en cuenta cuando se adopten decisiones sobre libertad bajo fianza; facilitar el testimonio de las víctimas de delitos sexuales o violentos menores de 18 años limitando la posibilidad de que sean contrainterrogadas por los acusados que asuman su propia defensa; permitir la presencia de asistentes sociales para que ayuden a las víctimas o testigos menores de 14 años o que padezcan discapacidades mentales o físicas en asuntos de violencia sexual o contra la persona; ampliar la eficacia de las declaraciones de las víctimas; autorizar que se prohíba la publicación de información sobre la identidad de los denunciantes de delitos sexuales cuando sea necesario para la adecuada administración de justicia; facultar a los jueces de paz para que dicten órdenes de no comunicación para impedir comunicaciones no deseadas o prácticas de acoso desde que se produzca el arresto hasta que se tome la decisión sobre la libertad provisional del acusado, y elevar la pena máxima por acoso criminal (hostigamiento) de cinco a diez años.

18.El 5 de diciembre de 2002, el Ministro federal de Justicia, presentó el proyecto de Ley C-20, que introduce enmiendas al Código Penal que facilitan el testimonio de víctimas y testigos menores de 18 años, tipifican un nuevo delito de explotación sexual que protege a los jóvenes de entre 14 y 18 años, y elevan las penas máximas para los delitos relacionados con los niños. El proyecto también propone enmiendas al Código Penal para facilitar la ejecución de las órdenes de protección que se dicten en situaciones de violencia doméstica, y otras reformas que permitirán proteger a las víctimas de acoso criminal y abuso conyugal, por ejemplo, impidiendo que puedan ser contrainterrogadas por los acusados que asuman su propia defensa.

19.El 10 de diciembre de 2002, el Ministro federal de Justicia anunció la puesta en marcha de una Estrategia familiar para la protección de la infancia. En el marco de esta estrategia, el Ministro presentó el proyecto de Ley C-22, que introduce enmiendas a la Ley de divorcio, teniendo en cuenta el interés superior del niño, y atribuye nuevas responsabilidades a los progenitores en materia de atención a los hijos. En las enmiendas propuestas, la violencia familiar, incluida la de carácter conyugal, figura explícitamente en una lista de criterios que puede ser utilizada por los padres, los abogados y los tribunales para determinar cuál es el interés superior del niño. Además de los cambios legislativos, la Estrategia familiar para la protección de la infancia prevé la asignación adicional de 63 millones de dólares a las provincias y los territorios durante un período de cinco años, para financiar la prestación de servicios a las familias, en particular, servicios de mediación, educación para los padres y asistencia jurídica. El Ministro también anunció la concesión de 16,1 millones de dólares anuales para ampliar los Tribunales unificados de familia con el fin de acelerar los procesos judiciales y hacerlos más eficientes y simples.

20.Desde 1998, un gran número de provincias y territorios, entre ellos el territorio de Yukón (1999), la provincia de Manitoba (1999) y la provincia de Alberta (1999), han aprobado legislación contra la violencia doméstica que complementa lo dispuesto en el Código Penal y pone a disposición de las víctimas nuevas posibilidades de recurso más amplias que las contempladas en el Código o en otras leyes provinciales. Las provincias de Ontario (2000) y Nueva Escocia (2001) también han aprobado legislación en la materia, que está pendiente de ser promulgada.

21.Entre 1998 y 2002, Quebec adoptó o modificó alrededor de 15 leyes que afectan a los derechos y las condiciones de vida de las mujeres. Entre ellas destacan la Ley que modifica varias disposiciones legislativas relativas a las parejas de hecho, la Ley que modifica la Ley de centros para la primera infancia y otros servicios de guardería infantil, la Ley sobre parteras, la Ley de seguro parental, la Ley que modifica la Ley que facilita el pago de las pensiones alimentarias, la Ley de acceso a la igualdad de empleo en los organismos públicos y la que modifica la Carta de derechos y libertades de la persona y la Ley por la que se crea la unión civil y establecen nuevas normas de filiación.

22.La provincia de Saskatchewan ha aprobado o modificado legislación sobre la explotación sexual de los niños por la que se refuerza la capacidad de la policía y las organizaciones de protección de la infancia para actuar contra los delincuentes e intervenir activamente en casos de explotación sexual infantil mediante órdenes de alejamiento y de protección, y se facilita el acceso de niños y jóvenes a los servicios de ayuda a las víctimas a fin de que puedan personarse en los procedimientos judiciales contra los proxenetas o autores del delito.

Jurisprudencia

Desde marzo de 1998, el Tribunal Supremo del Canadá ha impartido orientación en relación con varias decisiones importantes vinculadas con la igualdad de derechos y, concretamente, la igualdad de la mujer. Si bien muchos de los casos no guardan relación directa con la discriminación por razones de sexo, son importantes para la igualdad de la mujer y son particularmente pertinentes a las mujeres que podrían ser objeto de discriminación por distintos motivos de desventaja debido a características personales como la discapacidad, el estado civil, la orientación sexual o la raza.

La resolución 497 (Law) dictada por el Tribunal Supremo del Canadá en el caso Law c. Canada (Ministro de Empleo y de Inmigración) [1999] es una de las decisiones más importantes sobre la igualdad de derechos emitida por ese Tribunal desde la entrada en vigor del artículo 15(1) de la Carta de Derechos y Libertades del Canadá en 1985. En su resolución, el Tribunal aclaró los términos del análisis que era preciso realizar en el marco del apartado 1) del artículo 15 de la Carta para determinar si se había producido una violación de la garantía sustantiva sobre igualdad contenida en la Carta. El Tribunal destacó la necesidad de tener en cuenta el contexto al conocer de las demandas interpuestas para hacer valer el derecho a la igualdad con arreglo al apartado 1) del artículo 15 de la Carta y cumplir los objetivos correctivos inherentes a la garantía de igualdad: promover el respeto mutuo, el interés y la consideración, así como la dignidad humana de todas las personas.

En dos decisiones recientes, el Tribunal Supremo del Canadá confirmó la constitucionalidad de las disposiciones del Código Penal que prevén importantes medidas de protección durante el proceso para las víctimas de agresión sexual. En su resolución 3 S.C.R. 668 dictada en el caso R. c. Mills, [1999], el Tribunal confirmó las disposiciones del Código Penal en las que se detalla el procedimiento por el cual los acusados pueden obtener los datos privados de los demandantes en poder de la Corona. Fundamentalmente el procedimiento limita el acceso a los antecedentes terapéuticos confidenciales a las situaciones en que ellos guardan relación con la defensa del acusado, según lo determine el tribunal, habida cuenta de los factores establecidos en el Código. Este criterio para la divulgación de información tiene por objeto prevenir solicitudes especulativas e infundadas de presentación de antecedentes confidenciales de la víctima.

En su resolución 2 S.C.C. 443, dictada en el caso R. c. Darrach, [2002], el Tribunal Supremo del Canadá confirmó la constitucionalidad de las disposiciones del Código Penal que reglamentan la admisibilidad en juicio de pruebas del comportamiento sexual anterior del demandante en procedimientos de agresión sexual. Una vez más, el Tribunal estableció un equilibrio entre el derecho del acusado a responder y defenderse plenamente, el derecho de la demandante a la privacidad y la igualdad, y la necesidad de salvaguardar la integridad del proceso mediante la exclusión de pruebas engañosas fundamentadas exclusivamente en mitos y estereotipos. Sobre esta base, el Tribunal convalidó la disposición legislativa aprobada por el Parlamento respecto de una decisión anterior del Tribunal Supremo en que se había dejado sin efecto una exclusión más amplia de pruebas relativas al comportamiento sexual anterior.

En otra causa reciente el Tribunal Supremo reconoció el impacto desproporcionado del sistema de justicia penal sobre los pueblos indígenas. En R. c. Gladue [1999] 1 S.C.R. 688, el tribunal reafirmó la validez del artículo 718.2 e) del Código Penal según el cual los jueces que dictan sentencia deben tener en cuenta las circunstancias particulares de los infractores aborígenes al imponer una pena de encarcelamiento.

En el caso British Columbia (Comité de Relaciones de Empleados de la Administración Pública) c. BCGSEU (Sindicato de Empleados Gubernamentales y Administrativos de Columbia Británica), [1999] 3 S.C.R. 3, el Tribunal sostuvo, en el contexto de la ley de empleo, que la norma establecida sobre entrenamiento aeróbico para los bomberos era de carácter discriminatorio contra las mujeres. La decisión representa una victoria para la igualdad de derechos de la mujer, en particular las mujeres que trabajan en profesiones dominadas por hombres. El Tribunal estableció también un criterio uniforme sobre discriminación con arreglo a las leyes sobre derechos humanos. En virtud de dicho criterio el empleador debe demostrar que la decisión o la norma calificada de discriminatoria, ya sea directamente o debido a su efecto adverso, fue adoptada con un propósito racionalmente vinculado con el desempeño del trabajo, que fue adoptada de buena fe y que es razonablemente necesaria para el cumplimiento de un objeto legítimo vinculado con el trabajo. Para demostrar que una norma es razonablemente necesaria, el empleador debe probar que sería imposible tener en cuenta a los distintos empleados que comparten las características del demandante sin ocasionar dificultades excesivas al empleador.

Eliminación de la violencia contra la mujer

La eliminación de la violencia contra la mujer es una prioridad del Gobierno del Canadá y ha dado lugar a la aprobación y la enmienda de leyes, políticas y programas. Si bien el Canadá ha hecho progresos en el ámbito de la violencia contra la mujer, lo que incluye una disminución generalizada de los uxoricidios en los últimos 25 años, la violencia contra la mujer sigue siendo un problema en el país. Las víctimas de agresiones sexuales contra adultos, agresiones conyugales y homicidios. Las mujeres menores de 25 años, las que mantienen relaciones consensuales, las mujeres en proceso de separación y las mujeres sometidas a maltrato emocional de sus parejas son las que corren mayor riesgo de violencia física o sexual en una relación íntima. Asimismo, las mujeres aborígenes tienen tres veces más posibilidades de ser víctimas de violencia conyugal que las mujeres no aborígenes o los hombres.

Según un informe publicado en diciembre de 2002 por los Ministros Federales, Provinciales y Territoriales Encargados de la Condición de la Mujer titulado “Asssessing Violence Against Women: A Statistical Profile”, la frecuencia y hasta la gravedad de la violencia conyugal contra la mujer parece haber disminuido ligeramente durante el último decenio. Al mismo tiempo, han aumentado las denuncias sobre violencia conyugal contra la mujer. Esto podría indicar una mayor confianza en la administración de la justicia penal y una menor tolerancia de la sociedad respecto de la violencia conyugal. Hay datos concretos que muestran una disminución general del número de uxoricidios en los últimos 25 años, especialmente durante el último decenio. En los últimos 25 años también se ha registrado un aumento significativo de la disponibilidad de refugios para mujeres maltratadas, de 18 en 1975 a 508 en 2000. La existencia y la mayor disponibilidad de refugios puede haber contribuido a la disminución de los uxoricidios. Además, en el informe se indica que la violencia conyugal contra las mujeres es motivo de preocupación para los canadienses, la mayoría de los cuales (72%) no cree que las agrupaciones de mujeres exageren la gravedad del problema.

En 1997 el Gobierno federal confirmó su compromiso de reducir la violencia familiar en el Canadá, en particular la violencia contra las mujeres y sus hijos, en virtud de la tercera fase de la Iniciativa contra la Violencia en la Familia. Esta Iniciativa está encabezada por Health Canada y participan en ella 12 ministerios, organismos y empresas de la Corona, a saber, Salud, Justicia, Canada Mortgage and Housing Corporation, Canadian Heritage, la Real Policía Montada del Canadá, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo de la Región Septentrional del Canadá, el Servicio Correccional del Canadá, el Departamento de Ciudadanía e Inmigración, Defensa Nacional, Statistics Canada y Human Resources Development Can a da.

Desde 1998, la Iniciativa contra la Violencia en la Familia ha logrado fomentar considerablemente la capacidad nacional de reunión y análisis de datos de importancia para la formulación de políticas, así como la capacidad de investigación y evaluación. Como resultado de ello, los encargados de la formulación de políticas, los investigadores y los grupos comunitarios están mejor preparados pues disponen de información oportuna, accesible y pertinente en apoyo de las medidas normativas y de programación. Las iniciativas incluyen actividades de investigación, como la reunión, el análisis y la divulgación de datos básicos de referencia y tendencias sobre la violencia familiar, así como estudios de investigación sobre cuestiones de política como las consecuencias para la salud de padecer o presenciar situaciones de violencia familiar, hostigamiento criminal y carencia de vivienda.

Se ha creado una serie de recursos e instrumentos para ayudar a las comunidades a abordar el problema de la violencia familiar, tales como directrices prácticas basadas en la experiencia adquirida, modelos de intervención, programas de capacitación y otros instrumentos creados para el personal de salud, los trabajadores sociales, la policía, los fiscales y los servicios de apoyo a las víctimas. Varios de estos recursos e instrumentos han sido evaluados y según los informes muchos de ellos gozan de excelente reputación y, lo que es más importante aún, se están utilizando para mejorar las prácticas y fortalecer las medidas adoptadas por la comunidad para prevenir la violencia familiar y hacerle frente. Por ejemplo, en 1999 Justice Canada, junto con asociados provinciales y territoriales, preparó y publicó un manual titulado A Handbook for Police and Crown Prosecutors on Criminal Harassment. En él se facilita un enfoque integrado de las prácticas policiales y de los fiscales sobre el acecho y otras formas de hostigamiento criminal en todo el país. El manual fue tan bien recibido que se está actualizando para su distribución futura.

El Shelter Enhancement Program (SEP) ofrece asistencia financiera para la reparación, renovación y mejora de los refugios existentes para mujeres, niños y jóvenes víctimas de violencia familiar así como la adquisición o construcción de nuevos refugios y viviendas para estadía más prolongada, cuando procede. En 1997, al renovarse la Iniciativa contra la Violencia en la Familia, el SEP adquirió carácter permanente y recibe 1,9 millones de dólares anuales durante cinco años. Además, durante el período 1999-2000 a 2002-2003, se asignaron otros 43 millones de dólares al SEP con cargo a la National Homelessness Initiative del gobierno federal. Desde 1995, se han aportado más de 55 millones de dólares en concepto de financiación en el marco del SEP para la creación o renovación de unos 10.000 refugios, de los cuales 6.000 se han comprometido desde 1998. Entre 1997-1998 y 2001-2002, se crearon 677 apartamentos adicionales y se repararon o mejoraron 380 refugios existentes con 2.100 apartamentos.

Según la evaluación del Shelter Enhancement Program realizada en 2001, el 70% de los refugios y las viviendas para estadía más prolongada han recibido financiación para reparaciones y mejoras, y el programa mencionado ha sufragado el 60% de todos los gastos de reparación de estos refugios. Estos gastos no sólo mejoraron considerablemente las condiciones materiales y la seguridad de los refugios sino que en una evaluación reciente del Shelter Enhancement Program realizada por Canada Mortgage and Housing también se comprobó que el programa había tenido efectos positivos sobre la utilización de los refugios por las mujeres y había contribuido al mejoramiento de los programas sobre violencia familiar. Una tercera parte de los refugios que recibió financiación del Shelter Enhancement Program para reparaciones informó que el número de mujeres que acudía a los refugios había aumentado y casi el 30% indicó que las mujeres permanecían más tiempo allí. Los refugios ya establecidos indicaron que el número de mujeres y niños atendidos había aumentado en 6%, es decir, en 5.567, en el año 2000 respecto de 1998, en tanto que la mayoría informó de que la mejora de los refugios había adyudado a las mujeres a enfrentar mejor los problemas de la violencia familiar y pasar a situaciones exentas de violencia.

En Columbia Británica, la financiación total para los programas de servicios de policía y comunitarios de ayuda a las víctimas se ha mantenido con arreglo a una nueva fórmula de financiación y de principios establecidos para garantizar el acceso equitativo a los servicios en toda la provincia. El programa de Coordinación Comunitaria para la Seguridad de la Mujer está abocado a la formulación y ampliación de la coordinación provincial de cuestiones relacionadas con la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja. Se está estableciendo una nueva línea telefónica para crisis, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, para prestar servicios a las víctimas de violencia familiar y sexual en situaciones de crisis.

La iniciativa sobre la Violencia contra la Mujer y el Niño pone de relieve el aspecto delictivo de la violencia en las relaciones y prevé las medidas necesarias para proteger a las mujeres y los niños expuestos a riesgo. Esta iniciativa constituye una parte significativa de la labor del Ministerio de Seguridad Pública y del Fiscal General con miras a la eliminación de la violencia mediante la modificación de las actitudes de la sociedad respecto de la violencia; el establecimiento de un sistema de justicia que haga efectiva la responsabilidad del infractor y reconozca los derechos tanto de la víctima como del infractor y proteja a todas las víctimas de la violencia y amplíe sus posibilidades de acción.

Quebec ha aplicado su política de intervención en materia de violencia conyugal adoptada en 1995 haciendo hincapié en las actividades de prevención, identificación de la violencia conyugal y coordinación de las actividades en los planos local y regional. Además, se ha emprendido una campaña de sensibilización sobre las diferentes formas de violencia dirigida a la población en general, así como a los adolescentes y las adolescentes de 13 y 14 años.

Además de las medidas de protección ya establecidas, en septiembre de 2002 el gobierno de Ontario anunció una mayor determinación de abordar la violencia en el hogar con miras a apoyar a las víctimas y hacer efectiva la responsabilidad de los autores. El gobierno ha utilizado un enfoque integrado por tres elementos principales: la protección y la acción judicial; el apoyo a las víctimas, y la prevención y la educación. En este sentido, las nuevas iniciativas en lo que hace a la acción judicial incluyen salas seguras y privadas de espera y de entrevistas para las víctimas y los testigos como parte de la ampliación del programa de los tribunales sobre violencia en el hogar; un programa especial de libertad bajo fianza para casos de violencia en el hogar que permita a la policía y los abogados de la Corona proteger mejor a las víctimas mediante audiencias previas a la concesión de libertad bajo fianza para determinar mejor el riesgo para las víctimas de violencia en el hogar y un Comité de Estudio sobre la Violencia en el Hogar que forma parte de la Dirección de Medicina Legal que reúne especialistas y expertos de la comunidad encargados de la investigación de todas las muertes violentas en los hogares.

En Alberta, el 31 de octubre de 2000 se dio a conocer un informe en el que se analiza el primer año de aplicación de la Protection against Family Violence Act en el marco del Mes para la Prevención de la Violencia Familiar en noviembre. El informe, preparado por una empresa consultora particular, abarca el proceso de aplicación y los primeros 15 meses de vigencia de la ley, desde que ésta entró en vigor el 1° de junio de 1999, hasta el 31 de agosto de 2000.

Las provincias y los territorios también han adoptado medidas para que los tribunales respondan con medidas efectivas a la violencia en el hogar. Por ejemplo, en el año 2000 se estableció en el Yukón la Domestic Violence Treatment Option of the Territorial Court. En virtud de ésta, los acusados de delitos de violencia en el hogar que han aceptado su responsabilidad respecto del delito tienen la opción de someterse a tratamiento con la estrecha supervisión del tribunal y los profesionales que administran el tratamiento. Asimismo, en 2000 se estableció en Alberta la sala sobre violencia en el hogar de Calgary, un proyecto experimental de cuatro años de duración. El objetivo de esta iniciativa es reducir la violencia en el hogar poniendo a la víctima y al infractor en contacto con los servicios especializados con más rapidez y eficacia. En vista del éxito inicial del proyecto de Calgary, en 2002 se emprendió un proyecto similar en Edmonton, Alberta.

Se ha adoptado una serie de medidas para abordar el problema de la explotación sexual de los niños en el Canadá, especialmente a la luz de la Declaración y el Programa de Acción del Primer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños celebrado en Estocolmo (Suecia) en 1996. En 1998 se celebró en Victoria, Columbia Británica, una cumbre complementaria de la de Estocolmo, titulada Out from the Shadows (salir de las sombras):Jornadas Internacionales sobre la Explotación de los Jóvenes. La cumbre sirvió de foro para que los jóvenes que habían sido objeto de comercio sexual pudieran analizar sus experiencias y determinar los ámbitos en que se requería la adopción de medidas y la participación gubernamental. En mayo de 1999, Save the Children Canada emprendió una iniciativa de tres años de duración titulada Out from the Shadows and into the Light para abordar la explotación sexual comercial de las niñas y los niños. El Ministerio de la Mujer ha aportado financiación para esta iniciativa, que tiene por objeto poner fin a la explotación sexual de las niñas mediante el apoyo a las estrategias de prevención, resolución y enseñanza pública.

Las provincias también han asumido un papel activo en la eliminación de la trata de mujeres y la prostitución infantil, así como en la reducción de la violencia contra las prostitutas. Por ejemplo, en la provincia de Saskatchewan se ha impartido capacitación especial a la policía sobre técnicas de investigación y se ha prestado apoyo a organismos de la policía para la elaboración de programas informáticos que permitan el almacenamiento de datos sobre comportamiento sospechoso en las zonas en que está difundida la prostitución. Saskatchewan también ha establecido viviendas seguras especiales para proteger o proveer santuario a los niños que ejercen la prostitución. En Columbia Británica, la Dependencia Provincial contra la Prostitución prepara a las comunidades para disuadir a los jóvenes de vivir en las calles, lo cual podría inducirlos a participar en el comercio sexual. La dependencia también elabora medios para reducir la violencia contra las prostitutas y aborda otros problemas relacionados con la prostitución. Los miembros de la dependencia trabajan con las comunidades en la formulación y coordinación de estrategias destinadas a asegurar el cumplimiento de la ley, la prevención y la educación.

El 15 de marzo de 2001 se promulgó en Alberta la versión enmendada de la Protection of Children Involved in Prostitution Act. Esta ley fue enmendada para reforzar el apoyo brindado a los menores que ejercen la prostitución (muchos de ellos niñas) y velar por la protección de sus derechos. En virtud de la ley enmendada, se puede recluir a un niño durante un período de cinco días. Un Director de Protección de Niños que Ejercen la Prostitución podrá solicitar luego un máximo de dos nuevos períodos de reclusión de hasta 21 días cada uno. Este período adicional permitirá a los trabajadores sociales estabilizar al niño, ayudarle a romper el ciclo de abuso y comenzar el proceso de recuperación en un medio seguro y protegido.

Tratamiento de mujeres infractoras

El Servicio Correccional del Canadá es responsable de todos los infractores que cumplen sentencias federales. Numerosos informes y estudios han demostrado que las mujeres delincuentes tienen requisitos y necesidades especiales. En consecuencia, el Servicio Correccional del Canadá ha formulado una serie de iniciativas destinadas a atender a las necesidades de esas mujeres. Por ejemplo, el Servicio ha formulado una estrategia nacional para atender a las necesidades de las mujeres de alto riesgo y grandes necesidades. Desde diciembre de 2001, funcionan en cada establecimiento regional viviendas en el marco del programa de entorno estructurado en las que se alojan prisioneras de seguridad mediana y mínima con problemas de salud mental que requieren una intervención más intensiva. Disponen de programas especiales y del apoyo y la supervisión del personal durante las 24 horas del día. Actualmente, se están efectuando modificaciones y mejoras en las condiciones de seguridad de estas viviendas a fin de proporcionar un mayor grado de organización y control para las reclusas de seguridad máxima.

El Gobierno del Canadá ha tomado nota de la preocupación del Comité en relación con la situación particular de las mujeres indígenas alojadas en cárceles. El número de mujeres indígenas que ingresan en el sistema correccional no guarda relación con su proporción dentro del total de la población. Por ejemplo, en tanto la población indígena representa sólo el 3% de la población del Canadá, más del 20 por ciento de las mujeres que cumplen sentencias federales es de ascendencia indígena.

Para tratar de aliviar esa preocupación el Servicio Correccional del Canadá ha formulado y puesto en marcha una serie de políticas, programas y servicios para la población indígena que tienen por objeto atender a las necesidades concretas de las mujeres indígenas. Por ejemplo, el Servicio construyó un Aboriginal Healing Lodge para las mujeres delincuentes que desean llevar una forma de vida indígena tradicional. Además, se han creado programas para ayudar a esas mujeres a reintegrarse a la comunidad dándoles la oportunidad de adquirir conocimientos sobre su cultura, su idioma y su historia.

Mejoramiento de la salud de las mujeres

Se sabe que las mujeres representan la mayoría (el 80%) de los profesionales de la salud en el Canadá, que utilizan frecuentemente los servicios de atención de la salud y que a menudo se encargan del cuidado de miembros de la familia de manera informal. Por ello, es importante que el sistema de salud siga de cerca y tenga en cuenta el impacto del género como factor determinante de la salud, y evalúe la forma diferente en que las mujeres pueden verse afectadas por los distintos programas y políticas. Si bien la salud es un ámbito que recae principalmente dentro de la jurisdicción provincial, en la sección siguiente se ponen de relieve algunos logros federales en relación con la salud de la mujer entre 1998 y 2002 y se da un ejemplo de la provincia de Saskatchewan de algunos de los programas de atención de la salud administrados por las provincias.

La Women’s Health Strategy de Health Canada (iniciada el 8 de marzo de 1999) se ajusta a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979), a los principios de la Plataforma de Acción de Beijing (1995) y al Plan federal para la igualdad entre los géneros (1995). Además, en 2000 Health Canada formuló su Gender-based Analysis (GBA) Policy. En la estrategia y la política mencionadas se reconoce la necesidad de incorporar una perspectiva de género en las políticas y los programas de salud en todos los niveles, y se estipula que todos los nuevos programas o políticas de Health Canada sean evaluados en función de su posible impacto sobre la salud de las mujeres. La estrategia también tiene en cuenta las cuestiones de la diversidad y reconoce que la discapacidad, la raza, los antecedentes étnicos y culturales y la orientación sexual ejercen distinto tipo de influencia sobre la salud de la mujer así como sobre su interacción con el sistema de salud.

En enero de 2002 el Ministro de Salud renovó el compromiso de Health Canada en relación con el Programa de Contribuciones a la Salud de la Mujer hasta el 31 de marzo de 2008. Cuando fue establecido en 1995, el Programa dispuso que los Centros de Excelencia para el Programa de Salud de la Mujer y la Red de Salud de Mujeres Canadienses y otras organizaciones llevaran a cabo investigaciones sobre políticas pertinentes a la salud de la mujer y las dieran a conocer, para que el sistema de salud respondiera mejor a las necesidades de la mujer en materia de salud. El Programa continuará prestando apoyo a iniciativas multifacéticas, multidisciplinarias y multisectoriales. Comprende asociaciones entre académicos, organizaciones de base comunitaria y encargados de la formulación de políticas.

Más recientemente, en 2000 se establecieron trece institutos canadienses de investigaciones de salud. El Institute of Gender and Health apoya las investigaciones destinadas a determinar la forma en que el sexo (los factores biológicos) y el género (las experiencias socioculturales) interactúan con otros factores que ejercen influencia sobre la salud para crear condiciones y problemas que son únicos, más frecuentes, más graves o diferentes en relación con los factores de riesgo o con las intervenciones efectivas para la mujer y el hombre.

En 1999, se amplió el Prenatal Nutrition Program. En virtud de este programa se promueven las actividades destinadas a mejorar la salud de las mujeres embarazadas, entre ellas las mujeres de las Primeras Naciones y las mujeres Inuit y sus hijos lactantes hasta la edad mínima de seis meses y en algunos casos 12 meses. Esta ampliación comprende nuevas actividades para impedir los efectos del síndrome fetal debido al alcohol y los efectos del alcoholismo sobre el feto.

El 9 de mayo de 2002, el Ministro de Salud presentó un proyecto de ley sobre la reproducción humana asistida. En virtud de esta ley los canadienses que utilicen métodos de reproducción asistida podrán hacerlo sabiendo que su salud, seguridad y privacidad estarán protegidos. La ley, que tendrá en cuenta las preocupaciones de muchos canadienses, en particular las organizaciones de mujeres, velará por que las investigaciones potencialmente beneficiosas que podrían dar origen a nuevos tratamientos contra la esterilidad y las enfermedades graves se realicen en condiciones reglamentadas y dentro de límites éticos.

Uno de los propósitos principales de la ley es proteger la salud y la seguridad de los canadienses, especialmente las mujeres y de los niños que nacen mediante procedimientos de reproducción humana asistida y velar por que las tecnologías reproductivas estén exentas de peligro y que los canadienses puedan adoptar decisiones al respecto con conocimiento de causa. El proyecto de ley se propone lograr que las investigaciones prometedoras que podrían contribuir a descubrir tratamientos contra enfermedades graves como el mal de Alzheimer, o la enfermedad de Parkinson y el cáncer, que afectan tanto a hombres como mujeres, se realicen en un marco reglamentado y dentro de límites éticos.

El gobierno de Saskatchewan está poniendo en práctica una iniciativa especialmente provechosa para las mujeres y las familias, que consiste en un sistema integrado de servicios de salud disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, mediante redes y equipos de proveedores de servicios de salud. El plan de Saskatchewan mejorará el acceso a los servicios básicos de salud y permitirá una mayor integración y coordinación de los servicios de salud dentro de las comunidades. En virtud de la iniciativa, enfermeras especialmente capacitadas para evaluar los síntomas de los pacientes y proveer información y asesoramiento sobre salud responderán a los llamados que se hagan a través de una línea telefónica gratuita que funcionará en toda la provincia. Saskatchewan también ha puesto en marcha un nuevo Programa de prevención del cáncer cervical centrado en el reclutamiento y la educación de mujeres de grupos demográficos de “alto riesgo”, entre otros, las mujeres de bajos ingresos, las que habitan en zonas rurales, las mujeres de edad y las mujeres de las Primeras Naciones. El Programa de detección de cáncer de mama de Saskatchewan ya no estará limitado al grupo de edad de 50 a 69 años, sino que incluirá a las mujeres que corren riesgo especial de contraer cáncer y son mayores de 69 años o menores de 50. Aproximadamente otras 20.000 mujeres mayores de 40 años tendrán derecho a someterse a exámenes anuales para la detección del cáncer de mama.

Situación de las mujeres indígenas

El Canadá ha tomado nota de las inquietudes expresadas por el Comité respecto de la situación de las mujeres indígenas en el Canadá. La situación de las mujeres indígenas en el Canadá sigue mejorando en términos generales, aunque persisten varios retos. Las mujeres indígenas del Canadá han conseguido avances apreciables en el sector de la educación en los últimos 15 años, tanto en términos de resultados académicos como de participación en la administración de programas educativos. Desafortunadamente, sigue habiendo diferencias entre ellas y las demás canadienses. A título de medida positiva concreta en pro de la educación de las Primeras Naciones, en junio de 2000 el Ministro de Asuntos Indígenas y Desarrollo de la Región Septentrional nombró un grupo de trabajo nacional sobre educación integrado por 13 especialistas indígenas de todo el Canadá, incluidas seis educadoras. El cometido del Grupo es averiguar cómo promover más eficazmente, en colaboración con las Primeras Naciones, la excelencia en lo referente a su educación, celebrar algunos de los logros en la educación de las Primeras Naciones y contribuir a reducir las diferencias inaceptables entre los resultados académicos de los estudiantes de las Primeras Naciones y los demás estudiantes canadienses.

Sigue habiendo diferencias apreciables entre el índice y la clase de la participación en la fuerza de trabajo y el índice de pobreza de las mujeres indígenas y los de otros grupos de la población. Por ejemplo, si bien los índices de desempleo de las mujeres indígenas son inferiores a los de los hombres indígenas, se concentran desproporcionadamente en las ocupaciones menos especializadas y con sueldos más bajos. En respuesta a esto, el Ministro Federal y los ministros provinciales y territoriales de asuntos indígenas y los dirigentes indígenas nacionales han acordado concentrarse en el período 2002-2003 en fortalecer la participación indígena en la economía, con especial énfasis en las mujeres y los jóvenes. Se ha encargado a funcionarios que estudien medidas para incrementar la participación de las mujeres indígenas en la economía, en particular medidas que potencien su capacidad empresarial. Una de las iniciativas nuevas va dirigida a preparar una guía de planificación de empresas dirigida a las mujeres indígenas y una guía práctica de los programas y servicios de empleo y desarrollo de la capacidad empresarial para mujeres indígenas.

Los grupos de mujeres indígenas alegan que las desigualdades históricas derivadas de la Ley sobre los indios siguen ocasionando problemas de resultas de la falta de protección de los derechos de las mujeres de las Primeras Naciones sobre los bienes raíces matrimoniales en las reservas indias. En respuesta a estas preocupaciones, el Ministerio de Asuntos Indígenas ordenó que se preparase un documento de debate para examinar la distribución de los bienes raíces matrimoniales en las reservas. El correspondiente estudio se publicó en noviembre de 2002 a fin de sensibilizar y promover un debate. El Gobierno del Canadá está procurando hallar medios de resolver estas cuestiones.

Además, las mujeres indígenas han recurrido a los tribunales alegando que a pesar de las enmiendas introducidas a la Ley sobre los indios en 1985 para revocar sus disposiciones discriminatorias, la Ley se sigue aplicando en forma discriminatoria a algunas mujeres indígenas y sus hijos.

El Ministerio de la Mujer está colaborando con investigadores indígenas para incrementar su participación en actividades de investigación sobre políticas a fin de determinar las lagunas en materia de investigación sobre políticas y establecer redes que promuevan investigaciones basadas en el género con investigadores indígenas. En 2002 se celebró una conferencia sobre investigaciones en materia de políticas indígenas en la que participaron encargados de la adopción de políticas, investigadores y grupos de la comunidad, para poner de relieve investigaciones sobre políticas relacionadas con cuestiones indígenas y las perspectivas holísticas de las culturas aborígenes. El Ministerio de la Mujer destacó y promocionó investigaciones basadas en el género sobre políticas y publicaciones referentes a cuestiones de política indígena durante la conferencia.

La determinación del Canadá de mejorar la situación de las mujeres indígenas se manifiesta también en sus actividades internacionales. En el documento titulado Northern Dimension of Canada’s Foreign Policy, publicado en junio de 2000, se fijan los objetivos principales de la política exterior canadiense respecto del Ártico y se traza un plan de acción para alcanzarlos. Las mujeres desempeñan un papel clave en esta iniciativa.

Promoción de la autonomía económica de la mujer

Las mujeres canadienses representan la mitad de la fuerza de trabajo remunerada y la mayor parte de ellas trabajan a tiempo completo. Su grado de instrucción sigue aumentando y la enorme mayoría de las trabajadoras se reintegran al trabajo a más tardar dos años después de tener hijos y muchas de ellas, sobre todo las trabajadoras por cuenta propia, lo hacen mucho antes. No obstante, las mujeres siguen realizando la mayor parte de las tareas no remuneradas, sobre todo la de cuidar a los hijos. Predominan en los puestos de trabajo precarios y a tiempo parcial y les puede resultar más difícil aprovechar las posibilidades existentes en los sectores de sueldos altos y crecimiento de la economía.

El número de familias canadienses que dice tener dificultades para compatibilizar el empleo con los deberes familiares va en aumento. La mayor parte de las familias con hijos tienen dos fuentes de ingresos y para las personas con bajos ingresos ambas son esenciales para atender a las necesidades económicas de la familia. Los padres sin pareja, la mayor parte de los cuales trabajan, porque les resulta más difícil ganar lo suficiente para atender a las necesidades de la familia, siguen siendo muy vulnerables a la pobreza. Desde 1998 los gobiernos de todo el Canadá han seguido adoptando medidas o reforzando las medidas vigentes para mejorar la situación de las mujeres que realizan trabajos remunerados a fin de ayudar a las familias a reunir los ingresos que necesitan, a armonizar el trabajo y las tareas familiares y a acceder a otros recursos económicos, como viviendas asequibles. Erradicar la pobreza sigue siendo un reto, sobre todo para los niños y las madres sin pareja, pero los datos más recientes indican que en cuatro años, a contar de 1997, los índices de pobreza en el Canadá tendieron a bajar en forma sostenida.

El Gobierno del Canadá está decidido a erradicar la pobreza infantil. La estrategia del Gobierno descansa en parte en fortalecer el Sistema nacional de prestaciones para la infancia en beneficio de las familias pobres. La finalidad del Sistema, una iniciativa conjunta del gobierno federal, los gobiernos provinciales y territoriales y las Primeras Naciones del Canadá es suministrar ayudas a las familias de bajos ingresos y prevenir y reducir la pobreza infantil. En julio de 1998 el Sistema estableció prestaciones complementarias para los niños de las familias de bajos ingresos que se sumaron a las ayudas básicas de la Prestación Fiscal Canadiense para la Infancia instituida en 1997. En conjunto, las ayudas otorgadas a las familias con hijos ascendieron a un total estimativo de 7.900 millones de dólares en 2001-2002, suma que incluyó unos 2.500 millones de dólares desembolsados por el Sistema nacional de prestaciones para la infancia. Desde 2000 la Prestación Fiscal Canadiense para la Infancia se ha venido indizando en función de la tasa de inflación para velar por que las ayudas aumenten en la misma proporción y en el período 2002-2003 la mayor parte de las familias recibirán un máximo de 2.444 dólares por el primer hijo, 2.238 por el segundo y 2.240 por cada hijo adicional.

La mayor parte de las provincias, territorios y Primeras Naciones están ajustando sus prestaciones de asistencia a los ingresos para compensar los aumentos de las prestaciones complementarias del Sistema nacional de prestaciones para la infancia. El propósito de estos ajustes es velar por que las prestaciones de las familias que reciben asistencia asciendan como mínimo a un monto equivalente a las existentes antes del establecimiento del Sistema nacional de prestaciones para la infancia. Las provincias, los territorios y las Primeras Naciones están reinvirtiendo las correspondientes economías y haciendo nuevas inversiones en programas y servicios nuevos o ampliados para las familias de bajos ingresos con hijos. Gracias a la flexibilidad de la iniciativa del Sistema nacional de prestaciones para la infancia las provincias y los territorios pueden instituir o fortalecer programas que responden mejor a sus necesidades y prioridades y promover al mismo tiempo el logro de las metas del Sistema. Se calcula que hasta la fecha las provincias y territorios y las Primeras Naciones han invertido 734,7 millones de dólares en los programas y servicios del Sistema, que se dividen en cinco categorías, a saber, prestaciones para la infancia/prestaciones para complementar los ingresos; servicios de guardería; prestaciones médicas complementarias; servicios para niños de corta edad/en situación de riesgo; y otros programas.

En el Informe sobre la labor del Sistema nacional de prestaciones para la infancia correspondiente a 2001, publicado en mayo de 2002, se da cuenta de los efectos que el Sistema está teniendo en la prevención y reducción de la pobreza infantil. En 1999 aumentaron los ingresos de aproximadamente 1,2 millones de familias con 2,1 millones de niños; los ingresos de las familias de bajos ingresos con niños aumentaron en 775 dólares por término medio; el número de familias de bajos ingresos con hijos disminuyó un 2,4% aproximadamente (cerca de 16.500 familias con unos 33.800 hijos); y la diferencia entre los ingresos de las familias de bajos ingresos y los umbrales de ingresos bajos del Servicio de Estadística del Canadá se redujo un 6,5%. Aun cuando estos no son umbrales oficiales de pobreza, muchos organismos les dan importancia como medidas de pobreza que toman en consideración el tamaño de las familias y el tamaño de la localidad o zona rural donde residen.

En 1998 el Programa de Ayuda Preescolar para los Aborígenes, establecido en 1995 para promover el desarrollo de los niños aborígenes residentes en centros urbanos y grandes comunidades septentrionales y prepararles para asistir a la escuela, se amplió en 1998 mediante el establecimiento de un programa de ayudas en las reservas dotado de un presupuesto de 100 millones de dólares para un período de cuatro años a contar de 1998/1999 y de 25 millones de dólares anuales para los años siguientes.

En cumplimiento de lo estipulado en la Ley de Divorcio, en abril de 2002 el Ministro de Justicia presentó al Parlamento un informe titulado Children C o me First: A Report to Parliament Reviewing the Provisions and Operation of the Federal Child Support Guidelines (Los niños ante todo: Informe al Parlamento sobre las disposiciones y la aplicación de las directrices federales sobre pensiones alimentarias para los niños). En él se analizan a fondo las disposiciones de las Directrices federales sobre mantención del niño y su aplicación en los cinco años transcurridos desde su aprobación y se concluye que han sido muy eficaces y que se han promocionado sus objetivos. Las Directrices han favorecido a hombres, mujeres y niños pues la cuantía de las pensiones alimenticias es más equitativa, más previsible y coherente, lo que asegura que los niños cuenten con el respaldo financiero que necesitan de ambos padres divorciados. Las Directrices han reducido los conflictos, la tirantez y los posibles desequilibrios de poder entre los padres haciendo posible calcular el monto de las pensiones alimenticias con mayor objetividad. Esto, a su vez, ha incrementado la eficiencia del proceso jurídico y hoy la mayor parte de los padres están fijando el monto de las pensiones alimenticias sin recurrir a los tribunales.

En lo que atañe a la lucha contra la pobreza, en junio de 2002 Quebec presentó un proyecto de ley de lucha contra la pobreza y la exclusión social encaminado a promover la equidad social y económica entre el hombre y la mujer toda vez que la situación de las jefas de familia sigue siendo motivo de preocupación. El proyecto de ley se enmarca en una Estrategia global de lucha contra la pobreza, que contempla un conjunto de medidas, incluida la continuación de las actividades del Fondo de lucha contra la pobreza creado en junio de 1997. Según lo previsto, el proyecto de ley se aprobará a más tardar en diciembre de 2002.

En Alberta, las enmiendas al Reglamento de Asistencia Social, concebidas para alentar a los padres que reciben prestaciones de apoyo a la autonomía a conseguir y mantener empleos, entraron en vigor el 1° de diciembre de 2001. Dado que hay muchas madres solteras entre los beneficiarios de estas prestaciones, las enmiendas revisten especial interés para las mujeres. En virtud de las reformas los padres solteros que trabajan podrán percibir 230 dólares mensuales sin que se reduzcan sus prestaciones de apoyo a la autonomía y los ingresos de los jóvenes que trabajan y asisten a la escuela no se tomarán ya en consideración al calcular el monto de las prestaciones familiares de apoyo a la autonomía. Las ayudas para conservar el empleo concedidas a los padres beneficiarios de prestaciones de apoyo a la autonomía que trabajan a tiempo parcial o completo contribuyen a sufragar gastos relacionados con la conservación del empleo, como ropa de trabajo y gastos de transporte, y los ingresos netos derivados de actividades comerciales autónomas de carácter doméstico de los beneficiarios de ayudas de renta asegurada del programa de ayudas de apoyo a la autonomía no se tienen en cuenta a los efectos de estas prestaciones.

El Acuerdo de Vancouver, firmado en marzo de 2000 por el Gobierno del Canadá, el Gobierno de Columbia Británica y la Ciudad de Vancouver, representa un intento sin precedentes de incrementar la cooperación entre los tres niveles de gobierno respecto de un amplio abanico de problemas locales. Se trata de un compromiso sin financiación especial de acción conjunta en apoyo del desarrollo económico, social y de la comunidad de Vancouver. Si bien el Acuerdo se aplica a toda la ciudad, inicialmente se concentrará en el depauperado sector este de la zona céntrica, donde una serie de problemas interconectados de pobreza, explotación sexual, delincuencia, viviendas deficientes y estancamiento económico hacen necesaria una respuesta global e integrada de los gobiernos. El Ministerio de la Mujer, uno de los 16 ministerios federales participantes, está elaborando una estrategia para la mujer en el marco del Acuerdo, en la que se prestará especial atención a las realidades de las mujeres indígenas.

El Canadá es consciente de las preocupaciones expresadas por el Comité respecto de los efectos que los acuerdos económicos regionales e internacionales tienen en las mujeres en general y en las mujeres desfavorecidas en particular. En los últimos cinco años los acuerdos económicos regionales e internacionales han puesto en marcha un importante proceso de cambio en la economía canadiense que trae consigo oportunidades y dificultades para las mujeres canadienses. Desde 2000 el Ministerio de la Mujer ha lanzado varias iniciativas para examinar los efectos de la globalización y la liberalización del comercio en las mujeres. Estas iniciativas van dirigidas a informar mejor a los encargados de la adopción de políticas, los docentes, las organizaciones de mujeres y al público en general, y a estudiar medios de ayudar a las mujeres a adaptarse a los cambios estructurales. Las iniciativas sobre género y comercio comprenden la financiación de una serie de documentos de debate sobre políticas y la orden de preparar una bibliografía anotada sobre las investigaciones en curso en el Canadá y en el plano internacional. En 2002 el fondo de investigaciones sobre políticas del Ministerio de la Mujer, que apoya investigaciones independientes, financió siete proyectos de investigación sobre el tema de la mujer y los acuerdos comerciales. El Ministerio ha respaldado también iniciativas de fomento de la capacidad de organizaciones de mujeres y organizaciones no gubernamentales en lo referente al comercio internacional.

Igualdad de remuneración

En el período comprendido entre 1998 y 2002 varios importantes empleadores del sector federal se han visto enfrascados en procesos en torno a la igualdad de remuneración sustanciados por tribunales canadienses, comprendido el Tribunal de Derechos Humanos. En algunos casos, las partes han llegado a soluciones favorables para los sindicatos que asumieran la representación de trabajadoras que alegaban haber sido discriminadas sistemáticamente en materia de salarios. En el caso más importante el Gobierno del Canadá abonó 3.600 millones de dólares por concepto de sueldos con efecto retroactivo a unos 230.000 trabajadores que ocupan puestos de trabajo dominados por las mujeres en la administración pública federal.

Reconociendo la necesidad de determinar claramente cómo poner en práctica la igualdad de remuneración, incluida la metodología para comparar y evaluar trabajos, en junio de 2001 el Gobierno del Canadá anunció el establecimiento de un Grupo de Tareas encargado de examinar la legislación federal sobre igualdad en materia de remuneración. El Grupo de Tareas presentará un informe a los Ministros de Justicia y Trabajo que contendrá recomendaciones para mejorar el artículo 11 de la Ley Canadiense de Derechos Humanos, en el que se estipula que la práctica de pagar sueldos distintos a hombres y mujeres por un trabajo de igual valor es discriminatoria.

En la mayor parte de las provincias y territorios existen leyes o políticas sobre igualdad de remuneración para asegurar la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Algunos modelos provinciales, incluidos los de Ontario y Quebec, son proactivos en vez de descansar en denuncias. El carácter proactivo del modelo significa que los empleadores tienen el deber de tomar la iniciativa de instituir la igualdad de remuneración, en vez de aguardar a que se presente una denuncia formal por incumplimiento de este deber.

Quebec ha continuado aplicando la Loi sur l’équité salariale promulgada en 1996 para corregir las diferencias entre sueldos como resultado de la discriminación sistemática basada en el sexo de las personas que ocupan puestos de trabajo dominados por las mujeres. Cerca del 47% de las empresas con 10 a 49 asalariados han informado de que han empezado a implantar la igualdad de remuneración (8%) o acabado de hacerlo (39%). Cerca de un tercio de las empresas que han acabado de hacerla efectiva han ajustado los sueldos un 8,1% por término medio.

Empleo

El Gobierno del Canadá ha tomado nota de la observación del Comité de que la Ley de equidad en el empleo se aplica en escaso grado. La nueva Ley de equidad en el empleo, que entró en vigor en 1996, faculta a la Comisión de Derechos Humanos del Canadá para realizar auditorías e inspecciones y conseguir que se acaten las normas sobre equidad en el empleo. Desde octubre de 1997 la Comisión ha verificado o comenzado a verificar las cuentas de 235 empleadores, lo que representa el 50% del total. Hasta el 31 de marzo de 2002 se había comprobado que 78 empleadores estaban en regla, si bien se comprobó que sólo ocho lo estaban al término de la auditoría inicial. La mayor parte de los demás empleadores suscribieron informes provisionales en que se comprometieron a ponerse en regla, pero la segunda auditoría no se ha llevado a cabo aún.

La administración pública federal, comprendida ahora en el ámbito de aplicación de la Ley de equidad en el empleo, sigue consiguiendo progresos respecto de la representación de todos los grupos designados. En el ejercicio económico comprendido entre el 1° de abril de 2000 y el 31 de marzo de 2001 las mujeres representaron el 52,1% de todos los empleados, lo que supuso un ligero aumento respecto del año anterior; el 50,5% de todos los empleados con contrato de duración indeterminada eran mujeres, en comparación con el 49,7% en el ejercicio anterior; y cerca de uno de cada tres empleados de categoría ejecutiva eran mujeres, lo que supuso un aumento al 30% con respecto al 28,4% del ejercicio anterior.

La representación marcadamente insuficiente de hombres y mujeres de las minorías visibles en el gobierno federal llevó al Consejo del Tesoro del Canadá a establecer el Grupo de Tareas sobre participación de estas minorías. El Grupo de Tareas dio a conocer su informe, Embracing Change in the Federal Public Service, en abril de 2000, que contiene una serie de recomendaciones para ayudar al Gobierno a introducir mejoras, muchas de ellas estrechamente vinculadas a estrategias amplias en materia de recursos humanos que ya se estaban ejecutando, como de contratación, retención y bienestar en el lugar de trabajo, así como de aprendizaje y desarrollo. El Gobierno ha hecho suyo el informe y sus planes para avanzar en este terreno comprenden índices de referencia para departamentos determinados y mecanismos de control para facilitar la evaluación y el logro de progresos en materia de representación de las minorías visibles en la fuerza de trabajo. Se ha fijado un índice de referencia global de contratación de nuevos funcionarios públicos de uno en cinco para 2003, que se empleará también hasta 2005 para los nombramientos de categoría ejecutiva.

En 2001 y 2002 un comité del Parlamento examinó la Ley de equidad en el empleo y en junio de 2002 se dio a conocer un informe que contiene 29 recomendaciones para fortalecer los programas de equidad. El Gobierno del Canadá está evaluando las consecuencias de las recomendaciones del Comité. Se prevé que este proceso de examen y la respuesta ulterior del Gobierno a las recomendaciones fortalezcan la Ley enunciando más claramente varias prescripciones fundamentales que han de cumplir los empleadores.

En Quebec, la aprobación en diciembre de 2000 de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans les organismes publics et modifiant la Charte des droits et libértés de la personne ha hecho posible adoptar un conjunto de medidas para que grupos determinados, comprendidas las mujeres, puedan acceder a la equidad en el empleo en unos 700 organismos públicos con una plantilla de 100 o más personas. Con todo, cabe subrayar que los programas de acceso a la igualdad para las mujeres existen desde hace ya unos 10 años.

Las prestaciones de empleo y medidas de apoyo federales ayudan a los canadienses a reincorporarse a la fuerza de trabajo, así como a prepararse para conseguir y mantener un empleo. Las prestaciones de empleo ayudan a los canadienses desocupados a conseguir experiencia de trabajo, a perfeccionarse o a poner en marcha nuevas actividades comerciales y alientan a los empleadores a ofrecerles oportunidades de adquirir experiencia de trabajo. Las medidas de apoyo financian a organizaciones, empresas y comunidades que prestan servicios de empleo a personas desocupadas.

Según el 2001 Employment Insurance Monitoring and Assessment Report, que abarca el período comprendido entre el 1° de abril de 2000 y el 31 de marzo de 2001, las mujeres participaron en el 45,5% de todas las intervenciones efectuadas en el marco de prestaciones de empleo y medidas de apoyo federales. Este porcentaje, representativo de la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo del Canadá, ha venido aumentando desde que se puso en funcionamiento el nuevo régimen de seguro de empleo. En 2000/2001 era más probable que las mujeres participaran en intervenciones a corto plazo que a largo plazo. La representación de la mujer ascendió a 49,0% en aquéllas y 38,8% en éstas. A la inversa, era más probable que los hombres participaran en intervenciones a largo plazo que a corto plazo. El componente de aprendizaje de las prestaciones de adiestramiento, en que históricamente las mujeres han tenido una participación baja, afecta fuertemente a la representación de la mujer en las intervenciones a largo plazo. Cabe hacer notar que cuando los aprendices se excluyen del análisis la representación de las mujeres en las intervenciones a largo plazo aumenta en forma apreciable (aproximadamente al 46%).

Para ayudar a los empleadores a elaborar políticas de lucha contra el hostigamiento, en 2001 la Comisión de Derechos Humanos del Canadá, en cooperación con los Ministerios de Desarrollo de los Recursos Humanos y de la Mujer, elaboraron una guía para empleadores titulada Anti-harassment Policies in the Workplace. La Comisión de Derechos Humanos del Canadá resolvió, por mediación y conciliación, una serie de denuncias de discriminación relacionadas con el embarazo, acosos sexuales y discriminación basada en el sexo en el lugar de trabajo.

Crear oportunidades económicas para las mujeres es una de las más altas prioridades del Gobierno de Ontario. Por ejemplo, en febrero de 2002 anunció que asignaría 1,6 millones de dólares a nueve programas de adiestramiento en toda la provincia para ayudar a mujeres a capacitarse para ejercer oficios especializados y de esa manera superar los obstáculos que enfrentan para establecerse en ellos. La finalidad del programa es brindar a las mujeres la oportunidad de realizar trabajos bien remunerados para los que hay escasez de personal calificado. El Programa de formación de obreras especializadas, el primero de esta clase del Canadá, capacita a mujeres de bajos ingresos para convertirse en aprendices de tareas como maquinado, mecanizado, moldeado y mecánica industrial. El programa provincial, iniciado en 1999, combina la capacitación técnica y la colocación en puestos ofrecidos por empleadores locales en el sector del automóvil. Se espera que para 2005 unas 600 mujeres estén trabajando como aprendices industriales inscritas, lo que supondría un aumento apreciable respecto de las 140 inscritas en 1998.

La provincia de Ontario ha elaborado programas de apoyo a la incorporación de mujeres en otros sectores, como el de la tecnología de la información, capacitando a mujeres de bajos ingresos y recién inmigradas. Este programa, en el que colaboran el Gobierno de Ontario y los sectores privado y voluntario, imparte capacitación especializada financiada con fondos públicos a mujeres de bajos ingresos.

La provincia de Ontario está promoviendo también iniciativas para reducir los obstáculos a la incorporación de inmigrantes altamente especializados en el mercado de trabajo, incluso poniendo a punto medidas para facilitar el ejercicio de profesiones y oficios por personas formadas y adiestradas fuera del Canadá. Por ejemplo, el Ministerio de Formación y de Colegios y Universidades está respaldando un proyecto para facilitar esto a enfermeras formadas en el extranjero. Una asociación de empleadores, instituciones de enseñanza y organismos de la comunidad está elaborando un programa que ayudará a los participantes que cumplan los requisitos para presentarse al examen de licenciatura a adquirir los conocimientos exigidos por Ontario y a aprobar el examen.

Actividad empresarial y empleo por cuenta propia

Las empresas pequeñas y medianas (PYMES) de propiedad de mujeres representan una parte importante de la economía del Canadá. En 2000, el 45% de todas las PYMES eran de propiedad total o parcial de mujeres; el 19% eran de propiedad de hombres y mujeres por igual; y el 15% eran de propiedad mayoritaria de mujeres. Los estudios realizados indican que muchos de los desafíos a que se enfrentan las mujeres empresarias son similares a los que hacen frente todos los trabajadores por cuenta propia y las microempresas. Además, entre las empresarias y los empresarios existen diferencias diversas, que reflejan la función y posición concretas de los hombres y las mujeres en la economía del Canadá. Por ejemplo, las empresas de propiedad de mujeres tienden a ser más nuevas y pequeñas que las de propiedad de hombres. En 2002, el 87% de las empresas pequeñas y medianas de propiedad de mujeres tenían menos de cinco empleados, mientras que lo mismo ocurría en el 81% de las empresas pequeñas y medianas de propiedad de hombres. Las empresas de propiedad de mujeres tienden a estar en una etapa de desarrollo empresarial caracterizada por el crecimiento lento, lo que refleja la tendencia prevaleciente en las industrias en las que predominan. Existe un menor número de empresas de propiedad de mujeres constituidas en sociedades anónimas, y un menor número de mujeres procura obtener financiación de instituciones financieras, pese a que las mujeres que la solicitan tienen tanta probabilidad de recibirla como los hombres.

El empleo por cuenta propia constituye un elemento creciente de la actividad empresarial de las mujeres del Canadá. En 2002, más de 750.000 mujeres, o el 11% de todas las mujeres en la fuerza laboral, eran trabajadoras por cuenta propia. Las mujeres representan el 34% de todos los trabajadores por cuenta propia, y el crecimiento del empleo por cuenta propia entre las mujeres es mucho más acelerado que entre los hombres. Las dos terceras partes de las mujeres que trabajan por cuenta propia son trabajadoras independientes, sin empleados, y la mitad de ellas dirige negocios desde su domicilio. El Gobierno del Canadá continúa observando esa importante tendencia y busca nuevas vías de resolver los problemas a que se enfrenta ese grupo de trabajadoras.

En noviembre de 2002 el Primer Ministro del Canadá anunció la creación del Grupo de Trabajo del Primer Ministro sobre las mujeres empresarias, que examinará los problemas especiales que enfrentan las empresarias y asesorará al Primer Ministro sobre la forma en que el Gobierno federal puede impulsar la contribución de las empresarias a la economía canadiense. El Grupo de Trabajo celebrará consultas con parlamentarios, expertos y otras importantes partes interesadas y presentará un informe al Primer Ministro a más tardar en mayo de 2003.

El Gobierno del Canadá ofrece una amplia gama de programas y servicios relativos a la capacidad y el desarrollo empresariales, entre ellos varios concebidos específicamente para mujeres empresarias. Por ejemplo, el Organismo de diversificación económica de la región occidental del Canadá, uno de los cuatro organismos regionales de fomento económico financiados por el Gobierno federal, puso en marcha en 1994 la Iniciativa para mujeres empresarias, que proporciona servicios diversos y acceso a la financiación. En 2001-2002, esa Iniciativa concedió a mujeres empresarias 88 préstamos por un valor total de 2,5 millones de dólares. El 3 de octubre de 2002 el Organismo de fomento económico de la región del Atlántico, otro organismo regional de desarrollo económico, anunció su Iniciativa para mujeres de negocios, valorada en 17 millones de dólares. Esa iniciativa está encaminada a aumentar el crecimiento y la competitividad de las empresas de propiedad de mujeres, así como su representación en los nuevos sectores de crecimiento de la región del Atlántico del Canadá. La Iniciativa para mujeres de negocios se ocupa principalmente de fortalecer la capacidad de gestión y los conocimientos empresariales de las propietarias de empresas, mejorar su acceso al capital y a los servicios de apoyo a las empresas y aumentar la participación de las empresas de propiedad de mujeres en las exportaciones y en las industrias basadas en los conocimientos.

El Business Development Bank of Canada (BDC), institución financiera de propiedad exclusiva del Gobierno del Canadá, desempeña una función rectora en la prestación de servicios financieros y de consultoría a las pequeñas empresas canadienses. En 2002 el BDC concedió a empresas de propiedad de mujeres más de 1.300 préstamos por un importe total de casi 300 millones de dólares. El BDC también está elaborando actualmente programas concretos para apoyar a las empresarias y mejorar sus oportunidades de establecer redes de contacto.

En 2002 el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional puso en marcha una versión mejorada y ampliada de su sitio en la web Businesswomen in Trade (Las mujeres de negocios y el comercio), que es visitado por más de 3.500 personas al mes. Asimismo, el Ministerio publicó un número del boletín CanadExport Supplement titulado Going Global: World Markets for Women Entrepreneurs (Las mujeres empresarias a la conquista de los mercados mundiales), en que se presentaron empresarias canadienses que habían logrado éxitos en el sector de las exportaciones. En 1999, la Trade Research Coalition (Coalición para la investigación comercial) preparó, bajo la dirección de 20 mujeres de negocios, académicas y representantes del Gobierno del Canadá, un documento titulado Beyond Borders: C a nadian Businesswomen in International Trade (Más allá de las fronteras: Las mujeres de negocios canadienses y el comercio internacional), que es el primer documento publicado en el Canadá en que se presentan datos cuantificados sobre las actividades y actitudes en materia de exportación de este creciente sector del mercado.

Desde 1997 el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional ha patrocinado, en colaboración con Industry Canada, una serie de misiones comerciales de mujeres canadienses (Team Canada Women’s Trade Missions). Desde la puesta en marcha de esa iniciativa se han enviado delegaciones comerciales de empresarias a los Estados Unidos, el Reino Unido y Australia. Las mujeres empresarias han participado también en misiones comerciales virtuales llevadas a cabo por medios electrónicos, utilizando tecnologías desarrolladas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional. En enero de 2003 se iniciará una misión comercial virtual de nueve meses de duración para empresarias del Canadá y de Australia. La misión culminará en el otoño de 2003 con la visita al Canadá de empresarias australianas en misión comercial real.

Equilibrio entre el empleo y las responsabilidades familiares

Reconociendo la importancia de que los padres permanezcan con sus hijos recién nacidos durante el primer y más importante año de sus vidas, el Gobierno del Canadá amplió las prestaciones de atención de los hijos de 10 a 35 semanas, con efecto a partir de diciembre de 2000, lo que da como resultado un período combinado de prestaciones de maternidad y atención de los hijos de un año. Se eliminó el período de espera de dos semanas que anteriormente se aplicaba a los padres que solicitaban prestaciones de atención de los hijos y se redujo de 700 a 600 el número de horas necesarias para poder recibir prestaciones especiales (maternidad, atención de los hijos y enfermedad). Asimismo, se permite tanto a los padres como a las madres trabajar mientras reciben las prestaciones, cambio que se prevé ayude a las madres a reincorporarse gradualmente al puesto de trabajo, si así lo desean, después de la licencia por maternidad.

En otras jurisdicciones responsables de la concesión de licencias para atención de los hijos (disposiciones que permiten a los padres tomar un tiempo libre para atender a sus hijos y, a la vez, conservar la protección de su empleo) se han promulgado nuevas medidas para que los padres se beneficien del período federal de prestaciones más prolongado. En Alberta, por ejemplo, la Ley de enmienda del Código de Normas de Empleo, de 2001, concede a las madres y los padres biológicos y adoptivos el derecho a disfrutar de 37 semanas de licencia para atención de los hijos. La ley establece también el plazo que tiene el empleado para enviar el aviso previo al empleador. Esas modificaciones reglamentarias se basan en las recomendaciones formuladas por el Comité sobre concesión de licencias para atención de los hijos, establecido en diciembre de 2000. El Comité está compuesto por representantes de los empleadores, empleados, organizaciones sindicales y otros grupos interesados.

Los resultados observados en 2001, tras el primer año de aplicación de las mejoras de las prestaciones por maternidad y atención de los hijos amparadas por el seguro del empleo, indican que se produjo un aumento considerable del número de madres y padres trabajadores que permanecían en casa con sus hijos recién nacidos. En 2001 alrededor de 216.000 canadienses obtuvieron prestaciones por atención de los hijos, mientras que en 2000 las habían recibido casi 174.000, lo que representó un brusco aumento del 24,3%. Además, el número de hombres que solicitó acogerse a prestaciones por atención de los hijos aumentó en casi un 80%, pasando de 12.010 en 2000 a 21.530 en 2001, indicio de que las nuevas regulaciones dan a los padres la oportunidad de compartir el cuidado de los hijos durante el primer año de vida.

La Ley del seguro del empleo fue objeto de nuevas modificaciones que entraron en vigor a partir de abril de 2002. Los dos cambios principales fueron los siguientes: en primer lugar, si el hijo al que se refiere la licencia para atención de los hijos fuera hospitalizado durante el período que abarca la prestación, se aumentará dicho período en la cantidad de semanas de hospitalización hasta un máximo de 104 semanas. En segundo lugar, el período de prestación máximo concedido a los padres que solicitan prestaciones combinadas por maternidad, atención de los hijos y enfermedad (en caso de enfermedad de la madre o del padre) se aumentará hasta un total de 65 semanas. Anteriormente, los solicitantes tenían derecho a recibir prestaciones especiales por un período máximo combinado de 50 semanas. Esa medida dio origen a varias reclamaciones por discriminación, pues algunas madres biológicas que solicitaban prestaciones por enfermedad durante el embarazo o mientras recibían prestaciones por atención de los hijos, no podían reclamar todos los derechos a prestaciones por enfermedad, atención de los hijos o ambas, que les correspondían en virtud del seguro del empleo.

En relación con la licencia para la atención de los hijos, en algunas provincias se adoptaron también medidas adicionales y complementarias del programa federal, a fin de ayudar a conciliar la familia con el trabajo. En ese sentido, Quebec aprobó en 2001 la Ley de seguro parental.

Algunas jurisdicciones también están adoptando medidas relativas al embarazo en la adolescencia y a los efectos económicos que puede tener a largo plazo. En Quebec, por ejemplo, la tasa de adolescentes embarazadas menores de 15 años oscila actualmente entre 10 y 20 por cada 1.000 y ha permanecido estable durante muchos años. Si bien en Quebec la situación es menos alarmante que en otros lugares, las autoridades dieron prioridad a las medidas para hacer frente a ese problema en su Programme d’action 2000-2003. L’égalité pour toutes les Québécoises (Programa de Acción para 2000-2003. La igualdad para todos los quebequenses).

Acceso a la vivienda

El Gobierno del Canadá proporciona asistencia en materia de subsidios de vivienda, equivalente a más de 1.900 millones de dólares anuales, a unos 640.000 núcleos familiares de bajos ingresos del país, principalmente mediante programas de viviendas de interés social. En 2000-2001 los gastos federales, provinciales y territoriales por concepto de vivienda alcanzaron un total de 3.600 millones de dólares. Aunque esos programas no estaban orientados específicamente a las mujeres, una parte significativa de los subsidios de vivienda benefician a las mujeres. Ello se debe a que es desproporcionadamente alto el número de mujeres, tanto madres solteras como mujeres cabeza de familia o que viven solas o en otras situaciones, que integran los grupos beneficiarios de esos programas de viviendas de interés social.

En ese sentido, recientemente se adoptaron medidas que beneficiarán a las mujeres de bajos ingresos. En noviembre de 2001, los ministros responsables de vivienda en los niveles territorial, provincial y federal acordaron unánimemente un marco para una nueva iniciativa para construir viviendas asequibles, valorada en 1.360 millones de dólares. Se habían firmado acuerdos bilaterales con la gran mayoría de las provincias y territorios que garantizaban casi el 95% de los fondos para dicha iniciativa. Los ministros también ratificaron su compromiso de estudiar las formas de crear condiciones generales más favorable para la inversión en el sector de las viviendas asequibles a más largo plazo. Se creó un grupo de trabajo para examinar cuestiones como la tributación, la financiación de viviendas, el marco reglamentario municipal y las iniciativas de subsidios de apoyo a los ingresos.

En relación con la población indígena, el Gobierno federal tiene la responsabilidad de las viviendas dentro de las reservas. Por conducto del Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo de la Región Septentrional y de la Canada Mortgage and Housing Corporation, el Gobierno federal sigue haciendo inversiones en las viviendas existentes y la construcción de otras nuevas. Los gastos previstos para el bienio 2001-2002 ascienden a 354 millones de dólares aproximadamente. Gracias a esas iniciativas, la situación de la vivienda en las reservas sigue mejorando. En 2001 las condiciones de alrededor del 56% de todas las viviendas se consideraron adecuadas, es decir, un 10% más que a mediados del decenio de 1990. En 2001 el 98% de las viviendas tenían abastecimiento de agua y el 94% tenía sistemas de eliminación de desechos, en comparación con el 96% y 90%, respectivamente, en el bienio 1995-1996. Sin embargo, se reconoce que muchas de las Primeras Naciones todavía se enfrentan a un gran atraso en materia de viviendas y sus miembros viven hacinados en casas inferiores a la norma.

En diciembre de 1999 el Gobierno del Canadá anunció que invertiría 753 millones de dólares para contribuir a mitigar y prevenir la falta de vivienda en todo el país y colaborar con las provincias y los territorios en la formulación y aplicación de la iniciativa. Desde 1999 la Iniciativa de colaboración para apoyar a las comunidades, principal programa de la Iniciativa nacional de lucha contra la falta de vivienda, ha hecho inversiones para ayudar a las comunidades a hacer frente a las necesidades especiales de las mujeres sin hogar y de las que corren el riesgo de quedarse sin hogar. En total se han asignado 423 millones de dólares a comunidades de todo el Canadá en las diez grandes ciudades más afectadas por la falta de vivienda. Las mujeres solteras y las familias encabezadas por mujeres representan una proporción creciente de las personas sin hogar, y la violencia conyugal y la pobreza son factores importantes que contribuyen a la falta de vivienda.

Las investigaciones que se realizan con el apoyo de la Iniciativa nacional de lucha contra la falta de vivienda procuran determinar los factores estructurales y sistémicos que propician ese problema y las características sociales y demográficas de las personas que de forma crónica o periódica quedan sin hogar, incluidas las de importantes subgrupos de población como las mujeres. En las investigaciones se tienen en cuenta cada vez más las diferencias significativas en los problemas que enfrentan las mujeres sin hogar. Esos estudios se vienen realizando en paralelo con una labor de recopilación de datos sobre el número y las características sociales y demográficas de las personas que utilizan los refugios en el Canadá, incluidos datos desglosados por sexo.

Actividades internacionales

El Gobierno del Canadá recientemente ratificó o se adhirió a diversos instrumentos que promueven y protegen los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Tras apoyar enérgicamente la adopción de un Protocolo Facultativo eficaz de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y celebrar las consultas necesarias dentro del país, el Gobierno del Canadá depositó, el 18 de octubre de 2002, el instrumento de adhesión al Protocolo Facultativo de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El 14 de diciembre de 2000 el Canadá firmó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada y sus dos protocolos complementarios, incluido el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que ratificó el 14 de mayo de 2002. En noviembre de 2001, el Canadá firmó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y está celebrando consultas previas a la ratificación con las provincias y los territorios.

En 1998 el Canadá desempeñó una función decisiva en la elaboración del Estatuto de Roma, asegurando que se tuvieran en cuenta las cuestiones de género, y abogó firmemente por la inclusión de cláusulas en los documentos complementarios de la Corte Penal Internacional, los Elementos del Crimen y las Reglas de Procedimiento y Prueba. En septiembre de 2000 el Canadá inició una campaña de sensibilización sobre la Corte Penal Internacional, que incluyó la creación de un sitio web con una sección sobre las cuestiones de género (www.icc.gc.ca) y el patrocinio de varias actividades temáticas dedicadas específicamente a las mujeres, la justicia internacional y la Corte Penal Internacional.

El Canadá continúa promoviendo los derechos humanos de las mujeres y la igualdad entre los géneros en los foros internacionales, incluidos las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y la Cumbre de las Américas, el Commonwealth, el Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), el Consejo de Europa, la Organización Internacional de la Comunidad de Habla Francesa y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

El Canadá ha desempeñado un papel decisivo en la creación de mecanismos encargados de las cuestiones de igualdad entre los géneros en las organizaciones internacionales. Como resultado de una resolución impulsada por el Canadá en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1994, se nombró una Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, encargada de reunir información sobre la violencia dirigida contra las mujeres, recomendar medidas para eliminar la violencia contra la mujer y sus causas y remediar sus consecuencias. La Relatora Especial cumple actualmente su tercer mandato y esa iniciativa de la Comisión de Derechos Humanos impulsada por el Canadá recibe un apoyo cada vez mayor y ya cuenta con más de 70 copatrocinadores de todos los grupos regionales. En 2001, el Consejo de la OCDE estableció un nuevo puesto de Coordinador de las cuestiones de género por un período de un año. El Canadá apoyó decididamente la creación de ese puesto e hizo una contribución financiera para su establecimiento.

En las conferencias internacionales y mundiales y en las conferencias de examen, incluidas las de las Naciones Unidas, como la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia; el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre el VIH/SIDA, titulado “Crisis mundial-Acción mundial”; el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre la infancia (Cumbre Mundial en favor de la Infancia: examen de fin de decenio), el Canadá sistemáticamente ha hecho hincapié en la igualdad entre los géneros y los derechos humanos de la mujer.

El Gobierno del Canadá contribuyó activamente a facilitar la participación de organizaciones femeninas en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia. Entre otras actividades, inició amplias consultas nacionales y regionales en las que dio cabida a una gama de organizaciones representativas de las perspectivas de las mujeres, las poblaciones indígenas, las minorías étnicas y raciales y los jóvenes. Ese diálogo público nacional permitió llevar adelante el programa nacional del Canadá de lucha contra la discriminación, pues sensibilizó a la opinión pública sobre las cuestiones relativas a la raza y las respuestas comunitarias y facilitó el debate sobre esos temas, incluidos los obstáculos sistémicos que enfrentan las mujeres en las situaciones en que convergen la raza y el género. El Gobierno del Canadá dio participación en las actividades preparatorias, tanto nacionales como internacionales, a organizaciones no gubernamentales que representaban los puntos de vista de las mujeres y financió su participación en la Conferencia Mundial y en sus reuniones preparatorias.

El Gobierno sigue prestando apoyo a la incorporación de la perspectiva de género en las organizaciones internacionales. En 2001, por ejemplo, el Canadá codirigió una iniciativa para promover la aplicación de las conclusiones convenidas 1997/2 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas sobre la incorporación de la perspectiva de género, así como la decisión del Consejo de incluir en su programa sustantivo un subtema relativo a la incorporación de la perspectiva de género. Por conducto del Ministerio de la Mujer, el Canadá marcha a la vanguardia de la integración de las cuestiones de género en el Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico y sigue firmemente resuelto a apoyar esa labor, concretamente mediante la aplicación del Marco para la integración de la mujer en ese Foro. En el Canadá, por ejemplo, se publicó en 2001 un folleto titulado Gender Mainstreaming: Good Practices in the Asia-Pacific Region (Incorporación de la perspectiva de género: prácticas eficaces en la región de Asia y el Pacífico) y en 2002 un examen completo titulado Review of Gender Integration in APEC (Examen de la integración de las cuestiones de género en el APEC) que sentó las bases para establecer la orientación futura de la incorporación de la perspectiva de género en el Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico.

Las actividades que lleva a cabo el Canadá para promover la igualdad de la mujer en los foros internacionales se complementan con la aplicación en el país de los compromisos contraídos en ellos. Por ejemplo, después de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada del 8 al 12 de abril de 2002, el Ministerio de Salud emprendió un examen de los programas y las políticas gubernamentales para garantizar la aplicación del Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento aprobado en Madrid. Como resultado de ese proceso, se formulará un plan de acción federal sobre el envejecimiento.

Después de la presentación del quinto informe periódico, la cuestión de las mujeres y las niñas en situaciones de conflicto armado siguió siendo un asunto prioritario para el Gobierno del Canadá. En toda su labor en las Naciones Unidas, el Canadá ha prestado atención prioritaria a la protección de los civiles, incluidas las mujeres. En el Consejo de Seguridad (1999-2000), las gestiones del Canadá propiciaron, entre otras cosas, que se negociaran dos resoluciones fundamentales sobre ese tema. En 2001-2002, el Canadá cofinanció una evaluación de la aplicación de las Directrices para la protección de la mujer refugiada, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que llevó a cabo la Comisión de Mujeres para las Mujeres y los Niños Refugiados. En junio de 2002, el Canadá asignó un consultor que trabajaría con el ACNUR como parte del seguimiento de su plan de acción para investigar las denuncias de explotación sexual y violencia en los campamentos de refugiados del África occidental.

En el quinto informe del Canadá se proporcionó información sobre la preparación por parte del Canadá y del Reino Unido de un programa de capacitación para los participantes en operaciones de mantenimiento de la paz. Tomando como base la Iniciativa de concienciación en relación con el género para los participantes civiles y militares en las operaciones de paz, en 2002 se organizó un curso experimental en que participaron organizaciones no gubernamentales y representantes del Gobierno y de la policía nacional.

Por conducto del Programa de Seguridad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, se han financiado varios proyectos concebidos para hacer frente a la situación de los niños y jóvenes en el plano internacional, y en los que las niñas son participantes imprescindibles. En febrero de 2002, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional y el Ministerio de la Mujer organizaron una reunión de planificación de dos días de duración celebrada en Ottawa para debatir una iniciativa canadiense encaminada a elaborar directrices para proteger a las mujeres afectadas por conflictos armados. Las directrices tendrían por objeto definir las normas internacionales de protección jurídica y física de las mujeres y las niñas que se encuentren en situaciones de conflicto armado. En esa reunión de expertos internacionales participaron representantes del sistema de las Naciones Unidas, de círculos académicos y organizaciones no gubernamentales, así como de gobiernos que tienen una participación activa en la cuestión de las mujeres y los conflictos armados.

En 1999 el Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) actualizó su política de promoción de la igualdad entre los géneros (Policy on Gender Equality) de manera que estuviera centrada en la igualdad, basada en los derechos y orientada a los resultados. En esa norma se centra la atención especialmente en la igualdad entre el hombre y la mujer como un objetivo de la cooperación para el desarrollo y se aclaran los vínculos entre la igualdad entre los géneros y el mandato del CIDA en materia de desarrollo sostenible, su objetivo primordial de reducción de la pobreza y demás prioridades.

Para cumplir el compromiso planteado en ese documento de aplicar la gestión basada en los resultados, se está elaborando un marco de examen de los resultados de la política de promoción de la igualdad entre los géneros del CIDA para medir el progreso alcanzado por ese organismo en la aplicación de tres resultados institucionales: promover la participación de las mujeres, en pie de igualdad con los hombres, en la adopción de decisiones sobre la concepción del desarrollo sostenible de sus sociedades; apoyar a las mujeres y a las niñas en la realización de sus derechos humanos plenos; y reducir las desigualdades entre mujeres y hombres en el acceso a los recursos y beneficios del desarrollo y el control sobre ellos.

La igualdad entre los géneros es una de las seis prioridades de la asistencia oficial para el desarrollo que presta el Canadá, así como una prioridad intersectorial de todas las políticas y los programas y proyectos del CIDA. En el bienio 2001-2002, el CIDA apoyó las inversiones en todas las ramas encaminadas a lograr la igualdad entre los géneros. En el próximo informe periódico del Canadá se dará mayor información sobre los proyectos; sin embargo, en esta etapa, desearíamos señalar a la atención del Comité los proyectos que demuestran que se han registrado avances notables en el logro de los objetivos de la política del CIDA de promoción de la igualdad entre los géneros.

En Camboya, el Fondo de iniciativas para la sociedad civil, del CIDA, contribuyó a aumentar la representación de las mujeres en cargos de influencia y dirección. De las 5.527 mujeres que participaron en el proyecto Empowerment of Women in Politics (Potenciación del papel político de las mujeres), 3.371 se presentaron como candidatas en las elecciones municipales de febrero de 2002 y, entre éstas, 933 fueron elegidas miembros de los consejos municipales.

En África, el CIDA financió el proyecto Droits et citoyenneté des femmes en Afrique francophone (Los derechos y la ciudadanía de las mujeres en el África de habla francesa), que ha venido prestando apoyo a la red regional de organizaciones femeninas y a las redes locales de cuatro países con el fin de presionar a los gobiernos para que incorporen un protocolo sobre los derechos de la mujer en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y promover los derechos de las mujeres, con inclusión de actividades de promoción contra la mutilación genital femenina y la obtención de documentos de identidad.

En Colombia, se utilizó el Fondo para la promoción de la equidad entre los géneros para capacitar a las mujeres en esferas claves de la política, a fin de fomentar su capacidad de postularse como posibles candidatas en las elecciones. En las comunidades que contaron con la asistencia del Fondo, la participación política de las mujeres en los niveles local y estatal aumentó en un 50%.

Los estudios realizados por el Canada-China Women´s Law Project (Proyecto del Canadá y de China relativo a la ley sobre los derechos de las mujeres), financiado por el CIDA, ayudaron a la Federación Panchina de Mujeres y a otras organizaciones femeninas a promover más eficazmente las reformas legislativas durante la revisión de la Ley sobre el matrimonio. Ello trajo como resultado que en la Ley sobre el matrimonio revisada se prohibiera de manera específica la violencia en el hogar, un cambio radical para China y un avance significativo en la promoción de los derechos jurídicos de la mujer.

Conclusión

El Canadá mantiene firmemente su compromiso de promover la igualdad entre los géneros y proseguirá en su empeño por eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer. El Canadá reconoce que, si bien se han hecho progresos significativos en el logro de la igualdad entre los géneros, aún queda mucho por hacer. Aguardamos con interés sus opiniones sobre las formas de alcanzar ese objetivo.

Diciembre de 2002