28° período de sesiones

Acta resumida de la 613ª sesión

Celebrada en la Sede, Nueva York, el miércoles 2 de julio de 2003, a las 15.00 horas

Presidenta:Sra. Açar

más tarde:Sra. Shin (Vicepresidenta)

más tarde:Sra. Açar

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención (continuación)

Informe inicial e informes periódicos segundo y tercero combinados y cuarto info r me periódico de Costa Rica (continuación)

Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas.

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención (continuación)

Informe inicial e informes periódicos segundo y tercero combinados y cuarto informe periódico de Costa Rica (continuación) (CEDAW/C/CRI/1-3 y CEDAW/C/CRI/4)

Artículo 6

La Sra. Morvai expresa su consternación por la referencia que se hace en el cuarto informe periódico a la decisión del Consejo de Gobierno de garantizar, en la época de Navidad y fechas festivas, la atención a demandas de auxilio y protección especial que puedan hacer las víctimas de violencia en el hogar. Se pregunta si eso no se había hecho antes y dice que siempre debe concederse prioridad a la atención de esos incidentes. En ese contexto, señala que la práctica de realizar conciliaciones entre el agresor y la mujer maltratada (pág. 138) es incompatible con la recomendación general No. 9 del Comité. Desea saber si, además de las medidas cautelares, se ha adoptado alguna otra medida para poner fin a la violencia y evitar su reaparición, como por ejemplo el asesoramiento colectivo de hombres. También se pregunta si la violación por el marido está tipificada como delito. En cuanto a la penalización de las relaciones sexuales con niñas menores de edad (párr. 544), dice que supone que se trata de las niñas menores de 18 años.

2.La oradora se siente alarmada por el número de niñas de 12 a 14 años que quedan embarazadas y pide información sobre la edad de los padres, las medidas que se están adoptando para prevenir esos embarazos precoces y el procesamiento de los padres por estupro. En cuanto a la prostitución y la trata, dice que es lamentable que al parecer se hace hincapié solamente en los casos relacionados con niños y adolescentes. Sería conveniente recibir información sobre toda ley, reglamento o política destinada a prevenir esos fenómenos, así como sobre el número de procesos iniciados contra tales delitos.

3.La Sra. González Martínez indica que habría sido preferible concentrar en un solo capítulo toda la información relativa a la violencia contra la mujer. Aunque es importante tener programas para prevenir y eliminar la explotación sexual de las niñas, también deben establecerse programas de prevención de la explotación de los varones. Es preciso poner en marcha una amplia campaña de sensibilización dirigida no sólo a los trabajadores gubernamentales con el objetivo de eliminar ese flagelo y destacar sus efectos en las víctimas. Deben proporcionarse datos estadísticos sobre el número de niños de la calle afectados por la explotación y las medidas adoptadas para combatir la trata de adultos y niños, ya sea con fines de explotación sexual o con cualquier otro propósito.

Artículo 7

4.La Sra. Tavares da Silva dice que los impresionantes avances realizados en cuanto a la representación de la mujer en el plano político dan fe de la voluntad política del Gobierno de promover los derechos políticos de la mujer en lo que sigue siendo una sociedad conservadora. El modelo costarricense y la experiencia adquirida en ese contexto podrían servir de ejemplo en otras partes. Sin embargo, se pregunta si se prevén medidas a nivel local para aumentar el número de alcaldesas. También se pregunta si la representación relativamente insuficiente de la mujer en los niveles superiores de la judicatura responde sencillamente a razones de antigüedad o si se debe a que las mujeres tienen dificultades para ascender a categorías superiores.

5.Las medidas de reforma electoral propuestas por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) con vistas al Proyecto de Ley de Reformas al Código Electoral incluyen un impresionante número de medidas como la alternancia entre candidatos y candidatas, el uso de un lenguaje que no sea sexista, la financiación de la capacitación de la mujer y la utilización de estadísticas desglosadas por sexo para promover la representación equitativa de la mujer. Sin embargo, en el cuadro 6 del cuarto informe periódico se observa que las mujeres tampoco estaban debidamente representadas en los niveles superiores de las principales instituciones, y pide información sobre su representación en los niveles superiores de los sindicatos, las asociaciones y las cooperativas, así como en el sector económico privado. Por último, en lo que concierne al uso de las palabras “igualdad y equidad” respecto de los hombres en el artículo 48 del Código Electoral (párr. 285), subraya que debe hacerse hincapié en la plena igualdad y distribución de poderes entre hombres y mujeres, y no simplemente en la equidad.

6.La Sra. Belmihoub-Zerdani acoge con satisfacción el impresionante aumento registrado en la participación política de la mujer, pero alerta que es necesario continuar los esfuerzos y la vigilancia para asegurar tasas sostenidas de interés y participación a largo plazo. El mecanismo mediante el cual se alternan candidatos y candidatas (párr. 264) es un medio excelente de velar por una representación equitativa de la mujer, pero destaca la necesidad de seguir ejerciendo presión sobre las autoridades para que las mujeres estén equitativamente representadas en los cargos que no estén sujetos a elecciones en todas las esferas y niveles, sobre todo con el objetivo de aumentar su influencia a nivel regional. También debe lograrse la participación de los medios de comunicación como poderosos instrumentos para promover los derechos de la mujer y lograr así mayores avances. La situación de la mujer en Costa Rica podría servir incluso de ejemplo para las Naciones Unidas como tales.

7.La Sra. Chin (Vicepresidenta) asume la Preside n cia.

8.La Sra. Gaspard se pregunta si se pueden imponer sanciones a los partidos que no cumplan los requisitos jurídicos establecidos respecto de la representación de la mujer en el Código Electoral y la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, especialmente en lo que concierne a sus estructuras internas, como por ejemplo, si es posible o no reducir los fondos públicos que reciben, qué cantidad de fondos reciben y si existe un mecanismo para supervisar su uso. Aunque acoge con beneplácito la asignación de fondos a los partidos para la capacitación de la mujer, dice que probablemente los hombres también se beneficien de esa capacitación. Aprueba las medidas previstas en el Proyecto de Ley de Reformas al Código Electoral relativas al requisito de que el 40% de los cargos de importancia estén ocupados por mujeres, pero se pregunta cómo se hará cumplir dicho requisito y si cabe esperar que los partidos políticos lo cumplan. Pregunta si la no aprobación del proyecto de ley hasta el momento significa que esas medidas están encontrando resistencia.

Artículo 8

9.La Sra. Gabr acoge con satisfacción el aumento de la representación de la mujer en el servicio diplomático, como se observa en el cuadro 7 del cuarto informe periódico (pág. 85), aunque en dicho cuadro se incluye no sólo al personal diplomático, sino también a los cónsules honorarios y el personal administrativo y de apoyo. En el próximo informe debe hacerse hincapié en la representación de la mujer en el cuerpo diplomático y suministrarse información sobre la representación de la mujer en las delegaciones de Costa Rica a las conferencias internacionales. Por último, en cuanto a los subtítulos que aparecen en la página 86 del cuarto informe periódico, dice que el verdadero objetivo no es la equidad, sino la plena igualdad de la mujer en el cuerpo diplomático y entre los representantes para asuntos comerciales.

10.La Sra. Kapalata acoge con satisfacción la ratificación por Costa Rica de la Convención sin reservas y lo considera una señal de la voluntad política del Gobierno de promover los derechos de la mujer. Pide más información sobre los mecanismos utilizados para aumentar la representación de la mujer en el Ministerio de Relaciones Exteriores y espera que se pueda alcanzar la paridad en un lapso de cinco años. También pide más datos relacionados específicamente con la representación de la mujer en el servicio exterior.

Artículo 9

11.La Sra. Manalo toma nota del elevado número de mujeres inmigrantes, en particular nicaragüenses, en Costa Rica (pág. 88) y destaca que la Constitución otorga a todos los residentes el derecho a la igualdad de tratamiento y acceso a los servicios sociales. Las inmigrantes son vulnerables al abuso y la explotación y pregunta cuándo se formulará una política destinada a resolver esa situación, y si se trata de un problema de voluntad política, voluntad institucional o de falta de conocimiento especializado. Pide aclaraciones sobre el estatuto jurídico de los refugiados y los inmigrantes económicos, así como sobre las leyes o medidas existentes para mejorar su situación.

Artículo 10

12.La Sra. Achmad dice que al parecer todavía se hace resistencia al objetivo de la igualdad de género entre los profesionales de la enseñanza. Se pregunta si el Gobierno prevé incorporar la perspectiva de género en los planes de estudio de los centros de formación de maestros con el objetivo de aumentar la conciencia de esos profesionales en ese sentido y capacitarlos para tratar las cuestiones de género. Sería conveniente recibir más información sobre la medida en que se prepara a los maestros para utilizar manuales en que se tengan en cuenta consideraciones de género o adaptar materiales didácticos más tradicionales a la perspectiva de género.

13.También es importante que las instituciones de formación y capacitación de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, como la policía, los fiscales y los magistrados, incorporen la perspectiva de género a fin de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la Convención. Las organizaciones no gubernamentales podrían ayudar a eliminar la resistencia de la comunidad al avance en materia de género y el Gobierno debe promover el diálogo con dirigentes tradicionales, culturales y religiosos.

14.Asimismo, es preciso educar a los padres en cuanto a la obligación moral y jurídica que tienen de compartir las responsabilidades que les corresponde en el seno de la familia como parte de su compromiso mutuo y con las generaciones futuras. El Decenio de las Naciones Unidas para la Educación sobre Derechos Humanos constituye una oportunidad ideal para aumentar la conciencia respecto de la Convención como uno de los instrumentos de derechos humanos ratificados por Costa Rica, sobre todo porque el Estado parte ratificó la Convención y su Protocolo Facultativo sin reservas.

15.La Sra. Manalo dice que elogia a Costa Rica por aumentar la participación de la mujer en el sistema de educación. En la actualidad las mujeres y las niñas superan en número a los varones en el nivel secundario. Sin embargo, desea saber qué medidas se están tomando para alentar a las niñas y niños a tomar cursos que no son tradicionales. La práctica de usar maestras para las niñas y maestros para los varones no contribuye a la incorporación de las niñas en esferas en que tradicionalmente predominan los hombres. Desea saber si es correcta la información que posee de que no existen mujeres en cargos con atribuciones de adopción de decisiones en las administraciones de las escuelas. De serlo, desea saber qué medidas está tomando Costa Rica para promover la presencia de la mujer en tales puestos.

16.También desea saber qué medidas está adoptando el Gobierno para que se imparta educación sexual en las escuelas, de conformidad con la Convención, así como para garantizar una enseñanza adecuada a los jóvenes discapacitados, especialmente las niñas.

Artículo 11

17.La Sra. Khan dice que desea saber por qué las trabajadoras domésticas reciben una paga tan baja, teniendo en cuenta que trabajan muchas más horas que otros trabajadores y se les niegan prestaciones que reciben otros trabajadores. Se pregunta, en ese sentido, si las trabajadoras domésticas constituyen una categoría especial en el Código Laboral o si simplemente se les considera parte del sector no estructurado. También desea saber cómo se determinan los salarios de los trabajadores agrícolas y si éstos reciben prestaciones de seguridad social y seguro de desempleo. Sería útil saber, en particular, si las trabajadoras agrícolas que realizan la misma actividad que los hombres reciben igual salario y si existe discriminación entre el hombre y la mujer y, por ejemplo, entre las trabajadoras inmigrantes y los trabajadores locales.

18.Además, en el Proyecto de Ley sobre Equidad en Materia de Género, que se examina en el párrafo 357 del informe inicial y los informes segundo y tercero combinados, se tratan cuestiones como la edad laboral y el trabajo nocturno, pero no se menciona medida alguna para asegurar la igualdad de oportunidades. Desea saber cómo el Consejo Nacional de Salarios determina los salarios mínimos y sobre qué base, qué mecanismos existen para vigilar el cumplimiento de esos salarios y qué sanciones se aplican en caso de incumplimiento.

19.Asimismo desea saber cuál es el mandato concreto de la Comisión Interinstitucional sobre los Derechos Laborales de las Mujeres y, en particular, qué está haciendo esa Comisión para potenciar esos derechos. Por último, pregunta qué servicios de cuidados del niño están a disposición de las mujeres que trabajan en el sector no estructurado.

20.La Sra. Patten pregunta si el Instituto Nacional de las Mujeres recibe apoyo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en qué medida recibe ese apoyo y si existe una coordinación estrecha entre ambas entidades. También desea saber qué convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha ratificado Costa Rica, en particular, el Convenio relativo a la protección de la maternidad de 2000 (No. 183). Además, desea saber si existen estadísticas sobre el número de hombres y mujeres que trabajan en los sectores público y privado.

21.En el cuadro 9, relacionado con el párrafo 347 del cuarto informe periódico, se indica que el 42% de las mujeres costarricenses trabaja en servicios sociales y comunitarios y el 27% en el comercio. El Estado parte debe explicar con términos precisos qué representan esas categorías. También desea recibir información sobre los progresos realizados en la aplicación de la Agenda de la Política Nacional sobre Mujeres, Trabajo y Empleo y la Iniciativa Centroamericana, así como sobre programas de asistencia directa como los cupones para el pago de la vivienda y servicios de microcrédito.

22.El examen presentado en los párrafos 408 a 412 del informe está lleno de buenas intenciones. No obstante, desea saber qué medidas concretas Costa Rica prevé tomar para facilitar el acceso de la mujer a los recursos, los empleos, los mercados y el comercio, así como para promover su participación en trabajos que requieren gran calificación y cargos administrativos de categoría superior. Por último, pregunta si el Gobierno tiene previsto adoptar medidas especiales temporales a corto y mediano plazos, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención.

23.La Sra. Ferrer Gómez toma nota de las observaciones de la delegación de que se deben adoptar medidas para contrarrestar los efectos negativos de los Acuerdos de Libre Comercio en el trabajo y la calidad de vida de la mujer y desea saber de qué acuerdos se trata y qué medidas, en opinión de la delegación, podrían tomarse en ese sentido.

24.Además, desea saber cuáles son los resultados de la Agenda de la Política Nacional sobre Mujeres, Trabajo y Empleo y, en particular, si el Gobierno ha evaluado los efectos de sus cinco componentes estratégicos. También desea saber qué resultados ha alcanzado la Dependencia de Cuestiones de Género del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y si se han realizado actividades de evaluación y seguimiento.

25.En el párrafo 376 del cuarto informe periódico se indica que quedó vetada una reforma legislativa destinada a acercar el régimen laboral del trabajo doméstico a las normas de salario mínimo generales. Tiene entendido que posteriormente una asociación de trabajadoras domésticas pidió que se aprobara un proyecto de ley que reformaría la ley pertinente. Las trabajadoras domésticas comprenden un total de 80.000 mujeres y 70.000 niñas, muchas de las cuales son inmigrantes nicaragüenses. La oradora desea saber cuál es la posición del Gobierno al respecto.

26.Por último, desea saber si los derechos laborales de las mujeres difieren de los otorgados a los hombres y en qué sentido, ya que las mujeres opinan, según las organizaciones de mujeres, que las leyes laborales no las ayudan.

Artículo 12

27.La Sra. Schöpp-Schilling dice que la mayoría de las observaciones de Costa Rica en materia de salud se refieren solamente a la salud reproductiva. Se pregunta qué medidas están tomando el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de las Mujeres para resolver ese problema. Se ha hecho mención de un nuevo Hospital de las Mujeres y desea saber si se han asignado fondos para actividades de investigación y qué mecanismos existen para garantizar que los resultados se pongan a disposición de los médicos en los servicios de salud públicos y privados. Se siente preocupada por la ausencia de una política de género en el hospital geriátrico, sobre todo porque la mayoría de las personas de edad son mujeres. Las leyes relativas a las personas de edad tampoco tienen una perspectiva de género. El Gobierno debe explicar qué medidas está tomando para incorporar una política de género en los servicios de salud.

28.La oradora desea saber cuál es el mandato de la Primera Dama, si su labor tiene una base jurídica, si recibe honorarios o fondos para su trabajo, si la mayor parte de sus actividades están relacionadas con la mujer y si se coordina su labor con la del Instituto Nacional de las Mujeres.

29.La Sra. González pregunta si la Comisión Interinstitucional sobre Derechos Reproductivos y Sexuales que se menciona en el párrafo 420 del cuarto informe periódico y la Consejería en Salud y Derechos Reproductivos y Sexuales que se menciona en el párrafo 421 son la misma institución o si se trata de dos instituciones diferentes, y si se ocupan de la cuestión de los derechos como tal o sencillamente de cuestiones de salud.

30.Como el aborto es ilegal, la cuestión de los anticonceptivos es importante. Existen normas que rigen el consentimiento de la mujer para el procedimiento de esterilización; pocas mujeres se someten a la vasectomía. Es preciso realizar una amplia campaña informativa dirigida al público general en la que se haga hincapié en la responsabilidad compartida del hombre y la mujer en la planificación de la familia, el uso de anticonceptivos y la esterilización, especialmente en lo que respecta al papel del hombre.

31.Se está prestando mucha atención a las cuestiones relacionadas con el cáncer del cuello uterino, del útero y de mama. Desea saber qué medidas está adoptando el Gobierno para combatir el virus del papiloma humano, cuyos síntomas, aunque es portado por el hombre, sólo son visibles en la mujer.

32.La Sra. Khan dice que acoge con interés saber que las trabajadoras sexuales están obligadas a portar una tarjeta en que se indica que están libres de enfermedades transmisibles. La cuestión está en saber por qué los clientes masculinos no están obligados a portar una tarjeta similar. Desea saber si las trabajadoras sexuales tienen derecho a pedir a sus clientes que usen condones. Sería útil saber si el Gobierno ha puesto en marcha algún programa relacionado con el VIH/SIDA, ya que sigue aumentando el número de mujeres infectadas.

33.El Comité de los Derechos del Niño ha observado que un gran número de niños y niñas adolescentes que viven en la calle están usando drogas e inhalando pegamento para mitigar la sensación de hambre. Los trabajadores bananeros, de los cuales el 50% son mujeres, están expuestos a altos niveles de plaguicidas peligrosos para su salud. Sería conveniente recibir más información sobre ambas cuestiones. Por último, desea saber qué cantidad de tabaco consumen las mujeres costarricenses.

34.La Sra. Ferrer Gómez dice que le ha resultado interesante saber que las fuerzas conservadoras en Costa Rica están obstaculizando el ejercicio de los derechos reproductivos e intentando poner fin a la educación sexual, la cual resulta decisiva en ese país con una elevada tasa de embarazo precoz. Pregunta qué medidas está adoptando el Gobierno para hacer frente a ese problema, qué está haciendo para divulgar información sobre los procedimientos anticonceptivos, para distribuir anticonceptivos y proporcionar servicios de salud reproductiva a los jóvenes de ambos sexos. También desea saber en qué medida están disponibles los anticonceptivos actualmente, y si el Gobierno ha considerado la posibilidad de permitir el aborto en el caso de las niñas menores de 13 años y las víctimas de violación.

Artículo 13

35.La Sra. Saiga dice que el informe no contiene mucha información relacionada con el artículo 13. Al observar los obstáculos que tienen que vencer las mujeres al solicitar créditos (CEDAW/C/CRI/1-3, párrs. 458 y 461), pregunta sobre la aprobación de enmiendas de las leyes actuales y sus efectos, así como sobre la situación en que se encuentran las iniciativas como el establecimiento de un Fondo Nacional de Avales y Garantías (CEDAW/C/CRI/4, párr. 574). Además, desea saber si se ha consultado a los círculos empresariales respecto de alguna de esas iniciativas.

36.La Sra. Kwaku elogia los muy palpables intentos del Estado parte por eliminar la discriminación de la mujer. Espera que en el próximo informe periódico se presenten datos concretos sobre la etapa inicial de algunas de las iniciativas puestas en marcha y que el término “políticas y programas de promoción de la equidad de género” se convierta en “políticas de promoción de la igualdad de género”.

37.La oradora se interesa por conocer los progresos realizados en la aplicación del Sistema Financiero de Desarrollo Rural propuesto a que se hace referencia en el cuarto informe periódico, el cual contempla condiciones especiales para las productoras rurales, y en qué medida las mujeres de las zonas rurales se benefician del Programa de Crédito Rural, mediante el cual se garantiza la flexibilización de los requisitos para que ellas puedan tener acceso en condiciones de equidad a los programas de financiación (CEDAW/C/CRI/4, párrs. 589 y 592). También sería interesante saber si las mujeres y los jóvenes de las zonas rurales ya tienen acceso a los créditos en el marco del Plan de Acción Sectorial Agropecuario y Rural del Ministerio de Agricultura y Ganadería, o si próximamente se firmarán convenios a tal efecto con los bancos (CEDAW/C/CRI/4, párr. 593).

Artículo 15

38.La Sra. Gnacadja acoge con satisfacción la promulgación de la Ley de Paternidad Responsable y los avances esbozados por el Estado parte en el párrafo 619 de su cuarto informe periódico, en particular la eliminación de la naturalidad y aceptación social de hechos en contra de las mujeres y la creación de instrumentos jurídicos innovadores. En ese contexto, resulta preocupante el surgimiento en los últimos dos años de una serie de grupos neoconservadores como los libertarios y los movimientos de padres separados. El Estado parte debe combatir las persistentes concepciones androcéntricas que subyacen en la fuerte resistencia que oponen los legisladores, jueces y magistrados a los distintos proyectos de ley y otras medidas jurídicas relacionados con la discriminación, la ausencia de sanciones contra las partes que incumplen las leyes y medidas en vigor y los recursos de inconstitucionalidad y filibusterismo contra las reformas jurídicas presentados por varios legisladores o miembros del Parlamento. Desea saber por qué no se ha aprobado aún el proyecto de ley de penalización de la violencia contra las mujeres mayores de edad y por qué el 70% de las decisiones de los tribunales en causas relativas a actos de violencia contra mujeres son simplemente medidas provisionales que no son condenas ni tienen poder disuasorio. Además, la Cámara Constitucional ha contradicho sus propios precedentes jurídicos al declarar que la participación de la mujer en la vida no es más que un compromiso de las autoridades públicas y los partidos políticos, y no un derecho fundamental previsto en la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer. Cabe preguntarse qué pueden esperar en la práctica las mujeres costarricenses cuando existe tanta resistencia incluso en las más altas instancias del Gobierno.

39.Al parecer, los servicios de policía judicial y los magistrados no están plenamente empeñados en garantizar la igualdad entre el hombre y la mujer ante la ley. En ocasiones, la policía incluso se niega a aceptar denuncias y, en general, no resulta efectiva. Preocupa el hecho de que el comportamiento sexual y emocional de los hombres costarricenses está vinculado a la prevalencia de patrones androcéntricos y patriarcales que legitimizan la infidelidad como uno de los derechos naturales del hombre. La oradora desea recibir seguridades de que los magistrados (que constituyen la mayoría respecto de las magistradas) son receptivos ante las denuncias presentadas por las mujeres y aplican la ley de buena fe en esos casos. También desea saber si las leyes, las penas y los procedimientos de prueba son iguales para ambos sexos en caso de adulterio o si las mujeres deben presentar pruebas adicionales. También sería importante saber si los magistrados son imparciales e imponen penas en los casos de femicidio. En general, desea saber qué diferencias existen entre las leyes y la práctica.

Artículo 16

40.El Sr. Flinterman se interesa por el número de mujeres de 15 a 17 años que llegan al matrimonio con el consentimiento de sus padres (CEDAW/C/CRI/1-3, párr. 532) y las posibles enmiendas legislativas para establecer para ambos sexos la misma edad mínima requerida para contraer matrimonio. Desea saber cuánto falta para que se apruebe el Proyecto de Ley de Equidad de Género en el Código de Familia, en virtud del cual ambos cónyuges estarían obligados a sufragar los gastos de la familia en forma solidaria y proporcional (CEDAW/C/CRI/1-3, párr. 534). El orador desea saber si el Estado parte contempla enmendar sus leyes de manera que hombres y mujeres gocen de igualdad de jure y de facto al procurar el divorcio (CEDAW/C/CRI/1-3, párr. 538). Si bien elogia la aprobación de la Ley de Paternidad Responsable en marzo de 2001, se siente consternado ya que en 1999 el 58,9% de los niños no tenían padres declarados, y ese número sigue aumentando.Deberían adoptarse medidas enérgicas para resolver esa situación.

41.La Sra. González Martínez elogia la labor y los progresos realizados por las organizaciones de mujeres de Costa Rica, observa que los laboratorios de pruebas de ADN no se encuentran funcionando aún (CEDAW/C/CRI/4, párr. 649) y pregunta cómo el Estado parte ha podido prever con precisión la reducción de 5.200 nacimientos entre 2001 y 2002.

42.La Sra. Patten pide aclaraciones respecto de los derechos jurídicos en las uniones de hecho que se exponen en el párrafo 543 del documento CEDAW/C/CRI/1-3. En particular, desea saber qué circunstancias pueden impedir que quienes vivan en unión de hecho contraigan matrimonio, dando por sentado que sus matrimonios anteriores hayan quedado legalmente disueltos. Agradecería recibir información sobre los derechos jurídicos de las mujeres que viven en uniones de hecho debidamente reconocidas, en particular, si tienen derecho a recibir pensión en caso de fallecimiento de su marido. La delegación debería especificar si Costa Rica cuenta con un tribunal de familia y si la preferencia concedida a la madre en materia de custodia responde a disposiciones concretas del Código de Familia o si se trata sencillamente de la práctica judicial. Confía en que la judicatura haya recibido una capacitación adecuada que le permita aplicar todas las enmiendas hechas recientemente en el Código de la Familia. Sería interesante saber cuál es la actitud asumida por los tribunales en relación con la patria potestad (CEDAW/C/CRI/1-3, párr. 547) y si siguen predispuestos a favor de los padres por razones financieras o de otro tipo. La delegación debería presentar información sobre el acceso de las mujeres al sistema de justicia y los criterios que se aplican para la obtención de asistencia letrada, así como estadísticas sobre el número de mujeres que se benefician de asistencia letrada en procedimientos relacionados con la familia.

43.La Sra. Tavares da Silva se refiere a una contradicción que observa en el informe. Por una parte, se indica que todo hombre y toda mujer pueden contraer matrimonio a partir de los 15 años y, por la otra, que la edad para contraer matrimonio es a partir de la mayoría de edad, los 18 años, con las excepciones de las mujeres mayores de 15 años y menores de 17 años, quienes requieren del asentimiento de quienes ejerzan la patria potestad (CEDAW/C/CRI/1-3, párrs. 529 y 532). Le preocupa que la formulación de algunas leyes costarricenses, por ejemplo el artículo 51 de la Constitución, en que se hace referencia a las mujeres como “grupo vulnerable” (CEDAW/C/CRI/1-3, párr 542) y se les otorga la custodia de los hijos sobre la base de lo que se considera algo “natural”, pueda dar lugar a discriminación y estereotipos. Eso contribuye poco a alentar a los padres a que asuman la parte de responsabilidad que les corresponde en la educación y atención de sus hijos. Además de la Ley de Paternidad Responsable, en el cuarto informe periódico no se hace mención de otros esfuerzos por ajustar las leyes para eliminar tales actitudes discriminatorias y estereotipos.

44.La Sra. Rocío Sáenz (Costa Rica) dice que responderá a las preguntas de varios miembros del Comité en su calidad de Ministra de Salud. En primer lugar, después de celebrarse un debate a nivel nacional, se determinó que la violencia contra la mujer es una cuestión de derechos de la mujer y no un asunto de salud pública. La abrupta reducción del número de nacimientos entre 2001 y 2002 (7,8% en relación con sólo el 2% anteriormente, incluso cuando la planificación de la familia se encontraba en su punto más alto en el decenio de 1980) está relacionada directamente con la promulgación de la Ley de Paternidad Responsable, la cual está provocando cambios en las actitudes y el comportamiento de los hombres. Aunque la ley garantiza la prestación de servicios de atención médica a todos los ciudadanos, es cierto que en la práctica el acceso de los inmigrantes y las poblaciones indígenas y rurales a esos servicios sigue siendo más difícil. Por último, en cuanto a la salud sexual y reproductiva, en el cuarto informe periódico no quedaron expuestos con total claridad el derecho a la salud reproductiva y la labor que realmente realiza la Comisión Interinstitucional sobre Derechos Reproductivos y Sexuales.

Se levanta la sesión a las 17.00 horas.