Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

44º período de sesiones

Acta resumida de la cuarta sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el martes 4 de mayo de 2010, a las 15.00 horas

Presidente:Sr. Marchán Romero

Sumario

Examen de los informes

a)Informes presentados por los Estados partes de conformidad con los artículos 16y 17 del Pacto (continuación)

Quinto informe periódico de Colombia (continuación)

Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas.

Examen de los informes

a)Informes presentados por los Estados partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto (tema 6 del programa) (continuación)

Quinto informe periódico de Colombia (E/C.12/COL/5); documento de antecedentes; observaciones finales del Comité sobre el cuarto informe periódico de Colombia (E/C.12/1/Add.74); lista de cuestiones que deben abordarse (E/C.12/COL/Q/5); respuestas del Gobierno de Colombia a la lista de cuestiones (E/C.12/COL/Q/5/Add.1, únicamente en español; traducción no oficial y abreviada al inglés de las respuestas del Gobierno de Colombia a la lista de cuestiones, documento sin signatura distribuido en la sala) (continuación)

1. Por invitación del Presidente, la delegación de Colombia vuelve a tomar asiento a la mesa del Comité.

Artículos 1 a 5 del Pacto (continuación)

2.El Sr. Piedrahita (Colombia), en respuesta a una pregunta relativa a la lucha contra la pobreza, dice que, en 2009, el crecimiento en Colombia ha sido del 0,4%, una cifra modesta, pero excepcional para un país de América Latina. El Objetivo de Desarrollo del Milenio relativo al desarrollo, de reducir la pobreza extrema para el año 2015, es el objetivo respecto del cual el país avanza más lentamente. En 2009, Colombia tenía 20 millones de pobres que vivían con 4,5 dólares o menos por persona y por día. Los cálculos en materia de pobreza son complejos, debido especialmente a un cambio introducido en la metodología. La tasa de desempleo, aunque es elevada, ha disminuido ligeramente en marzo de 2010, lo que permite prever una recuperación económica, a pesar del contexto de crisis internacional.

3.Con respecto a la cuestión de la modificación de la fiscalidad de la inversión empresarial, el Sr. Piedrahita explica que el establecimiento de un sistema de incentivos ha permitido aumentar rápidamente las inversiones en Colombia, lo que en el futuro compensará la disminución de los ingresos fiscales.

4.En lo que respecta al crecimiento del gasto público en materia social, el Sr. Piedrahita explica que, gracias a la decisión adoptada por el Gobierno en 2001, de no vincular el gasto público al crecimiento, sino a la inflación, esos gastos han aumentado en términos reales. La nueva fórmula tiene la ventaja adicional de ser más estable, ya que no hace que esos gastos fluctúen en función de los ingresos del Gobierno central.

5.El sistema de salud de Colombia es mixto y se basa al mismo tiempo en un régimen contributivo al que cotizan las personas que pueden hacerlo y que tienen un empleo en el sector estructurado (aproximadamente el 45% de la población) y en un régimen gratuito subvencionado por el Estado, que es un sistema reconocido internacionalmente como muy solidario y eficaz, a pesar de algunos problemas de calidad de la atención, que experimentan también muchos otros países. Aunque existe a veces incertidumbre con respecto a la continuidad de la financiación del régimen público, el objetivo del Gobierno de Colombia es poder abarcar al 100% de la población.

6.La Corte Constitucional, tras haber denunciado las desigualdades de la cobertura de los dos regímenes, en particular con respecto a la calidad de la atención prestada a los niños, ha exigido que se adopten medidas para remediar esta situación. Al mismo tiempo, las autoridades han declarado el estado de emergencia social y han adoptado medidas destinadas a aumentar los impuestos sobre el tabaco, el alcohol y los ingresos de los juegos de azar para financiar el sistema de salud y la política social. Aunque la Corte Constitucional ha dictaminado que no había una situación de emergencia que justificara esas medidas, respaldó sin embargo la adopción de las mismas.

7.La Sra. Bonoan-Dandan expresa su sorpresa por el carácter poco concreto de la información facilitada, especialmente con respecto a preguntas precisas que ella ha formulado en lo tocante a la participación de las poblaciones marginadas, en particular las comunidades indígenas, en los procesos de negociaciones comerciales. Por ejemplo, desea saber de qué forma los derechos económicos, sociales y culturales se tienen en cuenta en las políticas de desarrollo.

8.El Sr. Herrera (Colombia) dice que, con respecto a las negociaciones comerciales que guardan relación con las políticas nacionales, el Gobierno central organiza reuniones de consulta con las comunidades indígenas. A nivel regional, se llevan a cabo reuniones con las poblaciones de la Amazonia, en las que se examinan todos los tipos de negociaciones y las políticas públicas. Si no se llevan a cabo estas consultas con las poblaciones, algunas leyes pueden ser declaradas inconstitucionales, como sucedió en el caso de una ley relativa al desarrollo rural y los bosques. La consulta previa con las comunidades indígenas constituye un derecho fundamental de esas comunidades. En lo tocante a los planes de desarrollo, las autoridades centrales tratan de colaborar con las autoridades departamentales y regionales —que son independientes y elaboran sus propios planes— para asegurarse de que en esos planes se incluyan los derechos humanos.

9.El Sr. Piedrahita (Colombia), con respecto a los motivos por los que los Estados Unidos no han firmado aún el tratado de libre comercio con Colombia, explica que uno de los obstáculos ha sido la seguridad de los dirigentes sindicales. No obstante, a la luz de los progresos alcanzados en esta materia por Colombia, los Estados Unidos considerarían la posibilidad de reanudar las negociaciones, pese a la fuerte oposición de algunos sectores sindicales y políticos internos. Es menester tener en cuenta que en la actualidad el Congreso de los Estados Unidos se muestra reacio con respecto a todo acuerdo comercial en el contexto de la crisis actual y habida cuenta del alto índice de desempleo. Las autoridades colombianas están convencidas de que la mejor manera de lograr progresos con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales en un país como Colombia consiste en comerciar con los países cuyas normas en este ámbito son más estrictas, y en incluir en los acuerdos disposiciones que permitan adoptar sanciones contra los países que no respeten sus obligaciones.

Artículos 6 a 9 del Pacto

10.El Sr. Abdel-Moneim observa con satisfacción que el párrafo 128 del quinto informe periódico del Estado parte informa acerca de 29 proyectos de cooperación internacional llevados a cabo en 2006, y se pregunta de qué forma esos proyectos se incluyen en el marco del derecho al trabajo. Refiriéndose a los párrafos 341 y ss. del informe que se examina, el orador acoge con beneplácito la cantidad de puestos de trabajo creados, pero desearía conocer su distribución entre las zonas urbanas y las rurales, y si existe un posible desequilibrio geográfico. Si el cuadro que figura en el párrafo 421 del informe muestra un aumento neto del número de afiliados a los dos regímenes de salud entre 2002 y 2005, sobre todo al régimen subvencionado, lo cierto es que 7 millones de colombianos siguen sin cobertura alguna; por lo tanto, el país debe hacer todo lo posible por remediar esta situación preocupante.

11.Después de leer una parte del primer párrafo de la respuesta del Gobierno de Colombia a la pregunta Nº 3 de la lista de cuestiones, el Sr. Abdel-Moneim estima que el punto de vista expresado —es decir, que las políticas de liberalización del comercio generan un círculo virtuoso de desarrollo debido a que los mayores flujos de comercio repercuten en el crecimiento económico, aumentan los niveles de empleo y contribuyen a incrementar el nivel de protección social de la población y a reducir la pobreza—, es solamente un postulado general, y que, cuando se trata de los derechos humanos, y en particular de los derechos económicos, sociales y culturales, conviene distinguir entre los efectos a corto, mediano y largo plazo.

12.En lo que respecta a la respuesta a la pregunta Nº 11 de la lista de cuestiones, el Sr. Abdel-Moneim se congratula por los buenos resultados económicos que se mencionan para el año 2006, excepto en lo relativo a la reducción de las desigualdades de ingresos, pero desea saber cuáles son las disposiciones del régimen fiscal que permiten una redistribución de la renta nacional.

13.La Sra. Bonoan-Dandan solicita datos adicionales acerca de la información en la que se señala que en los últimos años ha habido una disminución del número de asesinatos y secuestros de representantes sindicales, pero al mismo tiempo un aumento de los casos de acoso contra ellos. Pregunta asimismo si los trabajadores contratados pueden afiliarse a un sindicato y participar en negociaciones, y si gozan del derecho de huelga. En lo que respecta a las transferencias sociales (prestaciones y transferencias de otra índole), la oradora las acoge con satisfacción, pero no obstante confía en que no se trate solo de medidas paliativas, ya que esta fórmula, lejos de resolver los problemas, presenta incluso el riesgo de mantener la dependencia de los beneficiarios. También se pregunta cómo se financian esas transferencias.

14.El Sr. Kedzia observa con preocupación que la mayor parte de los empleos creados corresponden al sector no estructurado, que emplearía, según algunos informes, hasta el 60% de los trabajadores. Esto ciertamente tiene consecuencias para la seguridad social, y el orador desearía recibir algunas explicaciones a este respecto.

15.El Sr. Kedzia desearía también disponer de información sobre la discriminación en el empleo que afecta a los miembros de las comunidades de ascendencia africana y de las comunidades indígenas debido al color de su piel, lo que fue objeto de denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El orador desearía que la delegación de Colombia facilitara algunos detalles respecto del acceso de los refugiados al mercado de trabajo, y especialmente acerca de la complejidad de los procedimientos de visado.

16.Por último, las violaciones de los derechos sindicales enérgicamente denunciadas por el Comité en sus observaciones finales sobre el cuarto informe periódico del Estado parte, siguen siendo evidentemente un problema muy preocupante respecto del cual elSr. Kedzia desearía recibir más información, ya que algunas fuentes sostienen que el número de sindicalistas asesinados en Colombia representa más de la mitad del número de sindicalistas asesinados en todo el mundo.

17.El Sr. Schrijver expresa su preocupación por la tasa de desempleo juvenil, que es dos veces mayor que la del resto de la población, y también por el desempleo de las comunidades indígenas y las personas de ascendencia africana. Le preocupa asimismo la importancia excesiva que tiene el sector no estructurado, que solo puede dar lugar a violaciones de las disposiciones del artículo 7 del Pacto, en particular en lo que respecta a los trabajadores rurales, dos tercios de los cuales ni siquiera recibirían el salario mínimo.

18.El Sr. Schrijver también desearía conocer las causas profundas de las violencias de que son víctimas los sindicatos y también saber si es cierto, como lo señala, por ejemplo, la Confederación Sindical Internacional en una investigación realizada en 2006, que agentes del Estado han participado en esas violencias. Por último, el orador pregunta qué medidas se han adoptado para poner fin a la impunidad.

19.El Sr. Sadi pide aclaraciones sobre el funcionamiento de la Ley Nº 599 y también desearía recibir más información acerca de los resultados del Plan Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil y del Plan de Protección de los Jóvenes Trabajadores, ya que al parecer el trabajo infantil sigue estando muy extendido en el Estado parte.

20.En lo que respecta al derecho de huelga, que está garantizado, salvo para los servicios públicos esenciales definidos en la legislación, entre ellos el sector bancario, el Sr. Sadi considera que esas restricciones son muy severas. Por último, ante el número muy elevado de sindicatos (6.078), se pregunta si esa fragmentación del movimiento sindical es un objetivo perseguido. También desea conocer las medidas adoptadas por las autoridades, aparte de las leyes ya promulgadas, para reducir la violencia contra los sindicalistas.

21.La Sra. Barahona Riera señala que la política de los grandes proyectos adoptada por el Gobierno y la necesidad de facilitar las inversiones han entrañado la modificación de una serie de leyes y la reducción de los derechos de los trabajadores. Desearía saber qué medidas ha adoptado el Gobierno de Colombia para restablecer esos derechos y los derechos de las comunidades indígenas, que no son consultadas con respecto al diseño de los proyectos, pese a lo dispuesto por la ley, y debido a ello se ven privados de sus derechos y de la protección legal.

22.La Sra. Ariza (Colombia) dice que, habida cuenta de las dificultades propias de un país en desarrollo, Colombia ha solicitado, desde hace largo tiempo, la cooperación técnica internacional. Por ejemplo, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) le ha proporcionado una valiosa ayuda para llevar a la práctica un programa de inspección del trabajo basado en la prevención, del que el Gobierno de Colombia ha retomado la dirección en 2008, haciendo participar a unos 200 funcionarios. Colombia también ha recibido en numerosas ocasiones la asistencia técnica de organismos multilaterales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, para elaborar programas destinados a fomentar el empleo, por ejemplo el empleo juvenil, que actualmente constituye un problema muy grave, o para reformular el sistema nacional de formación profesional. Actualmente, Colombia examina, con los organismos de cooperación técnica, la creación de un sistema nacional de seguro de desempleo.

23.El Sr. Piedrahita (Colombia) dice que las tres cuartas partes de la población colombiana vive en ciudades, y es allí donde la tasa de desempleo es más elevada. En 2009, la crisis se ha sentido con mucha más intensidad en los sectores industrial y comercial de las ciudades que en las zonas rurales, donde la tasa de desempleo se ha mantenido estable.

24.La Sra. Ariza (Colombia) expresa que los mercados de trabajo de las zonas urbanas y las rurales son muy diferentes y, por lo tanto, difíciles de comparar. Durante muchos años, Colombia ha aplicado una política de desarrollo de las agroindustrias. Esa política ha permitido crear numerosos puestos de trabajo, incluidos empleos no agrícolas —que han aumentado aproximadamente el 20%—, mejorar la calidad de los empleos rurales y vincular estos empleos a los sistemas de seguridad social, que se deberán adaptar a las particularidades del empleo rural para reducir gradualmente la brecha existente entre las zonas urbanas y las rurales.

25.El Sr. Piedrahita (Colombia) explica que el régimen de salud subvencionado, que incluía a 11,4 millones de personas en 2002, protegía a 23,9 millones en 2009; en cuanto al régimen de salud contributivo, esas cifras fueron de 11,4 millones y 17,8 millones de personas, respectivamente. Tres millones y medio de personas, es decir, el 7% de la población, carece de seguro de salud, pero la cobertura universal está prevista en el presupuesto de 2010.

26.Según las estimaciones del Gobierno de Colombia, la brecha de ingresos que se debe colmar para que las personas abandonen la situación de pobreza es de aproximadamente 14.500 millones de dólares de los Estados Unidos. Los programas de asistencia social que benefician a estas personas representan aproximadamente 8.400 millones de dólares anuales. La redistribución lograda mediante la fiscalidad representa aproximadamente el 58% de la brecha de ingresos.

27.Aunque los efectos a corto plazo de los acuerdos de libre comercio son raramente muy positivos, Colombia debe integrarse imperativamente en la economía mundial, aunque solo sea para poder competir con los países de la región respecto del mercado de los Estados Unidos, por ejemplo, pero también por los resultados positivos que se prevén a largo plazo. Sin perjuicio de ello, Colombia dispone desde hace muchos años de una red de seguridad que se sigue fortaleciendo y que ayudará a atenuar algunos de los efectos negativos de esos acuerdos. Por otra parte, los acuerdos concertados contienen cláusulas que prevén una asistencia para la reconversión industrial de los sectores que puedan resultar perjudicados.

28.Según la Sra. Gaviria (Colombia), el Gobierno colombiano ha puesto en marcha amplios programas para eliminar la violencia, dedicando especial atención a la prevención y la protección, y a poner fin a la impunidad. También ha adoptado programas específicos para proteger a los responsables sindicales. Recordando el acuerdo tripartito en favor de la libertad de asociación y la democracia, firmado en junio de 2006, la Sra. Gaviria explica que existe en el Ministerio de Protección Social un servicio dedicado completamente a investigar los casos de violaciones de la libertad sindical, y facilita algunas cifras: antes de 2002 hubo únicamente 2 condenas, mientras que se registraron 83 en 2009 y 7 en el primer trimestre de 2010. El programa de protección de los sindicalistas, administrado por el Ministerio del Interior y de Justicia, ha recibido más de 92 millones de dólares entre 2001 y 2009, y dispondrá de 57 millones de dólares en 2010. No obstante, la Sra. Gaviria señala que no todos los homicidios de sindicalistas están vinculados a las actividades sindicales de las víctimas. Las estadísticas indican que más de la mitad de esas muertes han afectado a los maestros. En 2009, de 25 sindicalistas asesinados, 15 eran maestros. Por ello, el Ministerio de Educación interviene también muy activamente en la esfera de la prevención, y se ha promulgado una ley específica para proteger a esta categoría profesional.

29.Cabe asimismo mencionar las medidas legislativas adoptadas en la esfera de la protección del empleo, que ha consistido en poner la legislación colombiana en conformidad con los convenios internacionales de la OIT ratificados por el país, en la promulgación de leyes, incluida una que aumenta las penas aplicables a los autores de agresiones contra sindicalistas, así como una ley que pone fin a una serie de divergencias con las normas de la OIT.

30.El Sr. Piedrahita (Colombia) explica que las transferencias en efectivo se destinan a las familias que se encuentran en situaciones de dificultad y tienen hijos de menos de 18 años de edad; esas familias reciben ayudas hasta que sus hijos terminan sus estudios secundarios. La asignación, que asciende a unos 40 dólares por mes, no es muy alta, pero se suma al subsidio de asistencia sanitaria y otras ayudas sociales, y se ha constatado que las familias que están en el límite entre la economía estructurada y la no estructurada suelen mantenerse en el sector no estructurado para no perder sus beneficios y tener que pagar las cotizaciones de seguridad social. El futuro de este programa, que beneficia a 2,5 millones de familias, se debe sopesar cuidadosamente, ya que las evaluaciones muestran que tiene efectos muy positivos para los niños.

31.La Sra. Ariza (Colombia) dice que el Gobierno de Colombia ha reexaminado el programa "Familias en Acción" hace algunos años, con el objeto de determinar la forma de garantizar su viabilidad financiera y hacer sostenibles los efectos para las familias beneficiarias. Ese examen dio lugar a la creación de una red de protección social contra la pobreza extrema ("Red Juntos"), cuyo objetivo principal consiste en ayudar a esas familias a acceder al resto de los mecanismos de protección social del país. Este programa pretende dar respuesta de forma integrada a las necesidades de las familias, más allá del aspecto pecuniario de la pobreza. Por ejemplo, puede tratarse de apoyar a las familias cuyos hijos desean seguir estudios superiores o técnicos, acompañando esa ayuda de la posibilidad de que la madre pueda ejercer una actividad remunerada y de la posibilidad de que todos los miembros de la familia gocen de protección social.

32.El Sr. Piedrahita (Colombia) expresa que, desde el punto de vista del Gobierno de Colombia, el interés que presentan esos programas consiste en mejorar el capital humano. Por ejemplo, un niño que crece en mejores condiciones de salud tendrá más posibilidades de aprovechar las oportunidades que se le presenten a lo largo de su vida.

33.Con respecto a la importancia del sector no estructurado, el Sr. Piedrahita señala que una de las maneras eficaces para medirla consiste en determinar la proporción de personas que cotizan directamente al sistema de salud y aquéllas cuya contribución es subsidiada (actualmente el 45% y el 55% de los beneficiarios, respectivamente). El sector no estructurado se estima basándose en las empresas que emplean a menos de diez personas, pero este método de cálculo, que se utiliza por razones de comodidad, puede no ser exacto porque algunas de esas empresas quizá pertenecen en realidad al sector estructurado. Para el Gobierno de Colombia, es importante que un número mayor de personas se integre en el sector estructurado, no solo para aumentar los ingresos de la población, sino también para incrementar los ingresos fiscales y el número de quienes cotizan al sistema de salud. También es indispensable para mejorar la situación del mercado de trabajo.

34.El Sr. Ayala Meléndez (Colombia) dice que la Experta independiente en la cuestión de los derechos humanos y la extrema pobreza ha expresado su interés por las políticas llevadas a cabo en Colombia contra la extrema pobreza y ha solicitado realizar una visita, que podría tener lugar durante el presente año.

35.El Sr. Piedrahita (Colombia) dice a este respecto que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se ha puesto en contacto con su Gobierno para determinar la asistencia que Colombia podría prestar a países africanos en la aplicación de estrategias semejantes al programa Red Juntos. El Gobierno de Colombia examina esta posibilidad con sumo interés.

36.El Sr. Herrera (Colombia) dice que la disposición constitucional que reserva dos escaños del Senado a candidatos elegidos por las comunidades indígenas (artículo 171 de la Constitución) no impide prever una disposición similar para la elección a la Cámara de Representantes, a la que los candidatos indígenas, obviamente, pueden ser elegidos mediante la votación ordinaria. Además, el Congreso está examinando una ley que establece cuotas para la designación de personas indígenas y afrocolombianas en puestos de la administración pública.

37.La Sra. Fonseca Jaramillo (Colombia) señala que se está elaborando una política pública relativa a la cuestión de la discriminación contra los indígenas y los afrocolombianos, con el fin de abordar esta cuestión de manera integrada, especialmente en lo relativo a los derechos económicos, sociales y culturales.

38.El Sr. Kedzia cree entender que, según se desprende de algunas informaciones, las personas que buscan trabajo en Colombia, y especialmente los refugiados, ya deben tener un trabajo seguro para poder obtener un visado, por lo que resulta poco probable que el procedimiento tenga éxito.

39.El Sr. Piedrahita (Colombia) dice que la llegada de inmigrantes a Colombia, que no es tradicionalmente un país de inmigración, constituye un fenómeno que data de pocos años. El régimen de visados que se aplica es por ello restrictivo, incluso para los cargos de personal directivo. Las autoridades colombianas son conscientes de este problema. Es necesario y deseable que se introduzcan cambios, en la medida en que la economía del país se internacionaliza cada vez más.

40.El Sr. Piedrahita reconoce que el número de muertes por homicidio es muy elevado en Colombia en proporción con el total de la población. Se están dedicando medios materiales y financieros importantes para la protección de algunas categorías particulares, como los sindicalistas, los jueces o los periodistas. También ha mejorado significativamente la situación en lo que respecta al número de casos llevados a juicio.

41.Ante el elevado nivel del desempleo juvenil, se ha puesto en práctica una serie de estrategias. Se ofrecen incentivos fiscales a las empresas que contratan a aprendices que representen al menos una vigésima parte de su personal. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se ha desarrollado considerablemente y propone una amplia gama de servicios de aprendizaje y de enseñanza técnica. Actualmente se está examinando una medida destinada a garantizar inicialmente a los aprendices que ingresan en el mercado de trabajo un sueldo equivalente al 75% del salario mínimo, que posteriormente llegará al 100%.

42.El Sr. Ayala Meléndez (Colombia) dice que los criterios utilizados para determinar las categorías y los sueldos aplicables a los refugiados se han flexibilizado recientemente a raíz de una recomendación del Comité de Derechos de los Trabajadores Migrantes.

43.La Sra. Ariza (Colombia) dice que en 2008, con la participación de todas las instituciones nacionales competentes de empleadores y de los sindicatos, se aprobó una ley que prevé la eliminación de las peores formas de trabajo infantil. Esta estrategia abarca el período 2008-2015 y se refiere en particular a la explotación sexual con fines comerciales y al trabajo infantil en el sector de la minería.

44.En materia de lucha contra el trabajo infantil, uno de los principales problemas reside en lograr la evolución de algunos comportamientos arraigados en la cultura colombiana, y en hacer comprender a las familias que los niños son vulnerables y que lo que está en juego es su futuro. Así, en el marco del programa Red Juntos se organizan visitas de asistentes sociales. Por ejemplo, en el sector del café, algunas familias no consideran que hacer trabajar a sus hijos presenta riesgos. Por consiguiente, este tipo de medidas es necesario para explicar los riesgos y sensibilizar a las familias.

45.También se está llevando a cabo un esfuerzo importante ante las autoridades locales para incitarlas a actuar en el plano político con el objeto de poner fin al trabajo infantil. Es muy difícil detectar las peores formas del trabajo infantil a nivel nacional porque el Estado central dispone de muy pocos investigadores. Por lo tanto, la contribución de las autoridades locales es indispensable para identificar las causas y las características de este fenómeno. En este sentido, el Gobierno colombiano coopera estrechamente con el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la OIT.

46.Desde 2001, el Gobierno central realiza cada dos años una encuesta sobre el trabajo infantil, en el marco de la encuesta general dedicada a las cuestiones de empleo. Si bien esa encuesta no permite detectar los casos en que los niños son sometidos a las peores formas de trabajo, permite al menos conocer de modo general cuántos niños trabajan, durante cuántas horas por día y si el trabajo es o no remunerado. Según la última encuesta, efectuada en 2009, el trabajo infantil ha disminuido del 10% al 4% desde 2001. El Gobierno también es consciente de la magnitud de la tarea necesaria para poner fin definitivamente a las peores formas de trabajo infantil.

47.La Sra. Gaviria (Colombia), refiriéndose a las organizaciones sindicales, dice que Colombia respeta el derecho de asociación y no lleva a cabo ninguna política hostil hacia los sindicatos. El derecho de huelga está garantizado, pero existen restricciones en el caso de los servicios públicos esenciales, que se aplican, pues, al personal del Banco Central, de conformidad con una ley de 1992. La delegación de Colombia pone a disposición de los miembros del Comité la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, así como las distintas leyes relativas a este tema.

48.La Sra. Ariza (Colombia) indica que, en virtud de una ley promulgada en 2008, que constituyó un hito, el Gobierno nacional no puede pronunciarse sobre la legalidad de una huelga. La ley atribuye esa competencia a los jueces, lo que permite que se adopten decisiones más objetivas.

49.El Sr. Piedrahita (Colombia) dice que los proyectos llevados a cabo en las zonas económicas especiales no solo son proyectos en gran escala, sino que también pueden tener un ámbito más reducido. Se ofrecen incentivos, especialmente fiscales y arancelarios, a las empresas que aportan una cierta cuantía de inversiones o crean un determinado número de puestos de trabajo, pero no existe ninguna derogación del derecho laboral o de la legislación relativa al medio ambiente, que las empresas beneficiarias deben respetar escrupulosamente.

50.El Sr. Herrera (Colombia) ofrece detalles sobre los procedimientos de consulta previa con los grupos étnicos. Por ejemplo, se organizan consultas cuando se examina una ley o un acto administrativo de alcance nacional. En el caso de los proyectos destinados a la prospección o explotación de recursos naturales en una parte del territorio, es menester una autorización del Ministerio del Interior, que debe verificar si existen grupos étnicos en la zona de ejecución del proyecto y, en su caso, se debe organizar un proceso de consultas previas con las poblaciones y sus representantes.

Artículos 10 a 12 del Pacto

51.El Sr. Pillay, citando el artículo 13 de la Constitución de Colombia, que obliga al Estado a proteger a las personas y los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pregunta si las estrategias de reducción de la pobreza que se están aplicando se refieren concretamente a esas personas y grupos, y si incluyen los derechos económicos, sociales y culturales. Refiriéndose a la Observación general Nº 7 del Comité, sobre el derecho a una vivienda adecuada, el Sr. Pillay pregunta asimismo si las personas y los grupos expulsados de sus tierras durante la ejecución de proyectos de gran amplitud han tenido acceso a otras tierras o, en su defecto, a una vivienda o a una indemnización justa. En el mismo sentido, pregunta si se aplica alguna estrategia nacional destinada a hacer frente a la escasez de viviendas, a promover la seguridad de la tenencia y a evitar los desalojos forzosos.

52.El Sr. Pillay desea asimismo que la delegación colombiana informe al Comité acerca de las medidas adoptadas para solucionar el problema de las personas que carecen de vivienda —teniendo en cuenta especialmente que los subsidios de vivienda a menudo se dedican a la alimentación—, e informe asimismo si se ha previsto construir en el país viviendas sociales. Por último, pide a la delegación de Colombia que facilite información sobre los aspectos señalados en la pregunta Nº 28 de la lista de cuestiones que siguen sin respuesta.

53.El Sr. Riedel observa que, en el quinto informe periódico del Estado parte, los progresos mencionados en materia de vacunación y de mortalidad infantil parecen beneficiar principalmente a las poblaciones urbanas. De manera más general, se carece de información sobre la evolución de la situación durante los últimos cinco años, ya que las cifras que figuran en las comunicaciones más recientes, tanto en el informe que se examina como en las respuestas del Gobierno de Colombia a la lista de cuestiones, datan de 2005.

54.De igual modo, en las respuestas a la pregunta Nº 24 de la lista de cuestiones, se mencionan algunas medidas concretas (centros de investigación de los casos de violencia sexual y atención integral a las víctimas, especialmente la Ley Nº 975 de 2005), sin que se haga ninguna mención del resultado de esas iniciativas. Por último, desde la perspectiva del derecho a la salud y el acceso al agua potable y el saneamiento, el Sr. Riedel desearía que el Estado parte informase al Comité de los resultados, aunque fueran parciales, del Programa de modernización de las empresas, establecido en 1998.

55.El Sr. Dasgupta, teniendo en cuenta las alarmantes tasas de malnutrición infantil y de anemia nutricional de las mujeres embarazadas de que ha informado el Estado parte en su quinto informe periódico, pregunta qué medidas ha previsto adoptar el Gobierno para dar solución a estos problemas. También desearía conocer las razones por las que, por una parte, no se ha adoptado ningún plan para suceder al Plan nacional de alimentación y nutrición (1996-2005) y, por otra parte, saber por qué los senadores partidarios del Gobierno se han opuesto a la aprobación del proyecto de ley de 2003 de crear un marco jurídico en materia de seguridad alimentaria.

56.Refiriéndose a la política gubernamental de aliento a la conversión de tierras productoras de alimentos en cultivos para la fabricación de biocarburantes —hecho que, al parecer ha contribuido al problema de la malnutrición en el país—, el Sr. Dasgupta pregunta si, cuando se refiere a una explotación más productiva de las tierras, la delegación de Colombia se refiere a la "rentabilidad comercial", excluyendo en la práctica cualquier consideración relativa al derecho a la alimentación de las poblaciones desfavorecidas.

57.La Sra. Barahona Riera hace notar que las cifras relativas a la violencia contra las mujeres son aún muy elevadas en el Estado parte y desea conocer detalles con respecto a los eventuales resultados de los numerosos programas y medidas mencionados en la respuesta del Gobierno de Colombia a la pregunta Nº 24 de la lista de cuestiones. En lo tocante a la trata de seres humanos, desearía saber cuál es la legislación vigente y cuál es la tipificación penal de la explotación de mujeres y niños con fines de transporte de drogas (mulas). Pregunta asimismo cuáles son las políticas llevadas a cabo para luchar contra el consumo de drogas, que va en aumento en el país.

58.La Sra. Barahona Riera acoge con satisfacción las medidas de educación y de prevención adoptadas en materia de higiene sexual y salud reproductiva, pero de todos modos observa que las cifras relativas a los embarazos precoces, los abortos y las enfermedades de transmisión sexual siguen siendo elevadas, y que el sistema sanitario no presta gratuitamente al conjunto de la población los servicios básicos que se necesitan en esta materia. Lamenta asimismo la semiprivatización de la enseñanza primaria gratuita, que constituye una regresión en materia de derechos económicos, sociales y culturales en el país.

59.La Sra. Bonoan-Dandan recuerda la petición formulada por el Comité en el párrafo 45 de sus observaciones finales sobre el cuarto informe periódico del Estado parte, relativa al aborto. Después de haber buscado en vano elementos de respuesta en el quinto informe periódico, solicita a la delegación colombiana que informe al Comité acerca de la situación existente en este ámbito. A continuación, la oradora plantea, desde la perspectiva del derecho a la alimentación, el problema de los acuerdos comerciales bilaterales vigentes, que, en la práctica, perjudican a los pequeños agricultores y les impiden acceder al crédito indispensable para su actividad, ya que se ha preferido orientar las políticas agrícolas hacia la exportación.

60.El Sr. Schrijver se refiere a la cuestión de los niños como titulares de derechos, en particular los niños soldado, los que viven formando parte de fuerzas armadas irregulares y los numerosos niños de la calle, y pide a la delegación de Colombia que confirme que los niños no son vistos como un motivo de preocupación sino como sujetos de derechos, consagrados tanto por las leyes del país como por los instrumentos internacionales, entre ellos el Pacto.

61.El Sr. Kedzia desea que la delegación de Colombia indique si la ley aprobada sobre las cuotas, que garantiza una proporción del 30% de mujeres en puestos de la administración pública, ha modificado la situación y en qué medida lo ha hecho. También desea que se aclare la diferencia entre la alentadora evaluación del Banco Mundial sobre la situación existente en el país y la proporción muy insuficiente de mujeres activas que pueden acceder a un plan de pensiones (solamente el 40%). El orador menciona a continuación la edad mínima para contraer matrimonio, sumamente baja (12 años para las niñas y 14 para los niños), la tasa del 20% de nacimientos no inscritos y la violencia conyugal y familiar, y pregunta cuáles son los recursos de que disponen las víctimas, en particular las personas pertenecientes a minorías. El Sr. Kedzia también pide aclaraciones sobre la situación en materia de acceso a Internet, en particular en los establecimientos de enseñanza y en la vida cotidiana en general.

62.El Sr. Sadi, recordando que en 2006 el Comité de los Derechos del Niño recomendó al Estado parte que elevara la edad mínima para contraer matrimonio y que velara por la inscripción de los nacimientos, espera que las autoridades colombianas hayan adoptado medidas a este respecto en estos cuatro años. Plantea el problema de los niños reclutados no solo por grupos paramilitares sino también por el Gobierno, que los destinaría a obtener información, y pregunta a la delegación que confirme o niegue esa información. Por último, pregunta si existe un plan de acción regional destinado a luchar contra la trata de personas y el turismo sexual.

Artículos 13 a 15 del Pacto

63.El Sr. Dasgupta señala una contradicción entre la tasa de cobertura de la educación básica (100%) comunicada por la delegación de Colombia, y los resultados más modestos que se mencionan en los párrafos 861, 877 y 893 del informe que se examina. Pide que se aclaren las razones por las que no todos los niños tienen todavía acceso a la educación básica y una parte de la población aún es analfabeta, y solicita en particular que el Estado parte proporcione datos desglosados que permitan evaluar los progresos alcanzados por las comunidades indígenas y afrocolombianas.

64.El Sr. Riedel desea que el Estado parte informe ulteriormente al Comité acerca de los progresos realizados con respecto al ejercicio del derecho de toda persona a beneficiarse del progreso científico y sus aplicaciones, y sobre los resultados concretos de las diversas loables medidas mencionadas en el párrafo 940 del informe que se examina.

65.El Presidente, hablando en su calidad de miembro del Comité, pregunta si el Estado parte ofrece a las comunidades indígenas algún régimen de protección y de propiedad intelectual de sus conocimientos tradicionales, aparte del marco habitual de las convenciones internacionales, con las que esas comunidades no siempre desean estar vinculadas.

66.La Sra. Bonoan-Dandan pide a la delegación de Colombia que indique en qué medida la enseñanza primaria es gratuita y obligatoria, y cuáles son exactamente los años de escolaridad previstos. También desea conocer el lugar que ocupa la educación en materia de derechos humanos en los programas escolares y en la capacitación impartida a la policía, la judicatura y las autoridades públicas. Pide asimismo a la delegación que presente una respuesta a la pregunta Nº 41 de la lista de cuestiones, ya que el concepto de participación y de acceso a la vida cultural no puede confundirse con la cuestión de la diversidad cultural a la que se refiere la pregunta Nº 42.

67.Por último, en lo que respecta a la propiedad intelectual y el derecho a la salud, la Sra. Bonoan-Dandan pide que se faciliten detalles sobre el acuerdo de libre comercio que está a punto de ser firmado entre los Estados Unidos de América y el Estado parte. Ese texto incluye disposiciones relativas a la propiedad intelectual que pueden entrañar un aumento del 40% en el precio de los medicamentos y privar de medicamentos, en 2020, a 5 millones de personas.

Se levanta la sesión a las 18.00 horas.