Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

Información recibida de Italia relativa al seguimiento de las observaciones finales sobre su 21er informe periódico *

[Fecha de recepción: 8 de septiembre de 2025]

I.Introducción

1.Italia está en condiciones de responder a la solicitud del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de que el Estado Parte proporcione, en el plazo de un año a partir de la adopción de las observaciones finales, información sobre la aplicación de las recomendaciones formuladas en el documento CERD/C/ITA/CO/21, párrafo 45, de conformidad con el artículo 9, párrafo 1, de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.

II.Información de seguimiento relativa a las observaciones finales (CERD/C/ITA/CO/21)

A.Información relativa al párrafo 15 c)

2.Hace tiempo que Italia está comprometida con la promoción de medidas concretas para la inclusión social de las comunidades romaní, sinti y caminanti, con especial énfasis en las políticas de vivienda, entre otros fines para prevenir los desalojos forzosos.

3.La Estrategia Nacional para la Inclusión de los Romaníes, los Sinti y los Caminanti de 2012-2020 señaló como prioridad clave la necesidad de “superar definitivamente los enfoques de emergencia y los grandes asentamientos monoétnicos, respetando las oportunidades locales y la unidad familiar y promoviendo estrategias de reubicación equitativas”. Esta visión, propuesta inicialmente por las propias comunidades romaní y sinti, introdujo el concepto de “un abanico amplio de soluciones de vivienda” como medio de lograr unas condiciones de vida más sostenibles, inclusivas y dignas.

4.En 2022, Italia aprobó la Estrategia Nacional para la Igualdad, la Inclusión y la Participación de los Romaníes y los Sinti de 2021-2030, en consonancia con la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 12 de marzo de 2021 (2021/C 93/01), que instaba a adoptar medidas concretas para combatir la discriminación y promover la inclusión social y socioeconómica de las comunidades romaní y sinti.

5.En este contexto, Italia presta especial atención a la cuestión de los desalojos forzosos de las comunidades romaní, sinti y caminanti, reconociendo el impacto que estas prácticas tienen sobre los derechos fundamentales y las condiciones de vida. Uno de los objetivos clave de la Estrategia es garantizar el acceso a una vivienda adecuada y el derecho a la vivienda, de conformidad con las normas europeas e internacionales, y velar por que las políticas de vivienda contribuyan a la inclusión en lugar de a la segregación.

6.El eje de acción de la Estrategia centrado en la vivienda constituye una prioridad estratégica para superar las condiciones de marginación, segregación territorial y desventaja estructural que siguen afectando a una parte significativa de la población romaní y sinti. La Estrategia subraya la importancia de un enfoque estructural y a largo plazo, que combine la coordinación nacional y la implementación local, con un fuerte énfasis en el fomento de capacidades en las instituciones y la creación de un sistema de gobernanza multinivel y multipartito.

7.La nueva Estrategia se basa en las lecciones aprendidas de la anterior Estrategia Nacional para la Inclusión de los Romaníes, los Sinti y los Caminanti (2012-2020) y promueve la adopción de una planificación plurianual, el diálogo interinstitucional y la formulación de políticas con base empírica. Las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las que participan activamente en la Plataforma Nacional Romaní y Sinti creada por la Oficina Nacional contra la Discriminación Racial (UNAR) en 2017, han desempeñado un papel crucial a la hora de aportar conocimientos territoriales y apoyar el diseño de medidas, especialmente en relación con la vivienda.

8.Para superar esta compleja problemática, que requiere la participación activa de las autoridades locales, la UNAR promueve desde 2018 la elaboración de planes de acción locales (Piani di Azione Locale, P.A.L.) que sitúan la vivienda en el centro de las estrategias de intervención. Estos planes se han implementado a través de plataformas locales de diálogo y coordinación lideradas por municipios como Roma, Cagliari, Milán, Génova, Nápoles, Bari, Messina y Catania, con el objetivo de fomentar políticas integradas y promover la participación activa de las comunidades romaní, sinti y caminanti en la vida social, política, económica y cívica.

9.Paralelamente, la UNAR, en colaboración con la Conferencia de Regiones, puso en marcha los Planes de Acción Regionales (Piani di Azione Regionale – P.A.R.) para apoyar el diseño y la aplicación de medidas de inclusión social y vivienda. Estos planes proporcionan asistencia técnica y tienen como objetivo mejorar el acceso a los recursos financieros para las personas romaníes y sinti más vulnerables desde el punto de vista social.

10.Una encuesta nacional realizada por la UNAR en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística de Italia (ISTAT) ha revelado un aumento del número de proyectos locales de inclusión en materia de vivienda, con 96 proyectos ejecutados entre 2012 y 2020. La misma encuesta puso de relieve dos tendencias positivas: el abandono de la práctica de crear nuevos asentamientos segregados y la reducción del número de desalojos forzosos que no cumplen las normas mínimas y se realizan sin ofrecer alternativas adecuadas. Cabe mencionar una tendencia a la disminución del número de personas presentes en los asentamientos (de unas 28.000 personas en 2015 a unas 14.000 en 2020).

11.La Estrategia también prevé una nueva encuesta específica realizada por el ISTAT, que se publicará en 2025, para evaluar la calidad de las vías de transición en materia de vivienda y comparar la situación de las personas romaníes y sinti que se benefician de dichos programas con la de aquellas que siguen viviendo en asentamientos informales o segregados. Esto permitirá obtener datos actualizados para monitorear el déficit de inclusión en materia de vivienda y el impacto general de las medidas adoptadas.

12.La Estrategia establece una serie de medidas interrelacionadas, entre ellas las siguientes:

Promoción de encuestas y actividades de investigación para componer un panorama constantemente actualizado de la situación de la vivienda y para contribuir a la evaluación de las medidas intermedias y del impacto de las intervenciones.

Fortalecimiento de la capacidad de actuación de las autoridades locales, incluidas iniciativas de fomento de la capacidad para mejorar su capacidad de diseñar y ejecutar proyectos de inclusión en materia de vivienda, especialmente mediante el apoyo al acceso a los instrumentos de financiación europeos pertinentes.

Iniciativas de mediación, asesoramiento y sensibilización, incluido el ofrecimiento de orientación a las familias romaníes y sinti para que accedan a oportunidades locales de vivienda, y campañas de información pública para combatir los prejuicios, reducir la discriminación, prevenir los conflictos y promover el derecho a la vivienda.

Actividades interinstitucionales, incluida la creación de una unidad interinstitucional específica encargada de promover el acceso a la vivienda y apoyar la aplicación de políticas públicas locales, regionales y nacionales, con el objetivo de mejorar la calidad y la eficacia de las medidas de acompañamiento y transición desde los asentamientos hacia soluciones de vivienda convencionales.

Elaboración de directrices para mejorar y armonizar los procedimientos de acceso a la vivienda pública en situaciones de especial vulnerabilidad, y para facilitar los procesos de asignación de viviendas.

Promoción y experimentación de modelos de vivienda alternativos e innovadores, como la vivienda social, la covivienda, la autoconstrucción, la autorrecuperación y la rehabilitación de edificios abandonados o infrautilizados (por ejemplo, estructuras rurales o agrícolas).

Creación de redes temáticas, también mediante memorandos de entendimiento específicos, en las que participen las autoridades públicas y las empresas para fomentar soluciones de vivienda coordinadas y sostenibles.

A través de estas medidas, la Estrategia se propone lograr que las comunidades romaní, sinti y caminanti dejen de estar excluidas de las oportunidades de acceso a la vivienda y que las políticas de vivienda se conviertan en un vehículo de inclusión social, en lugar de un factor de segregación o inestabilidad.

B.Información relativa al párrafo 17 c), d), e), f), g), h) e i)

13.En la legislación italiana está consagrado el principio de no devolución, que se aplica plenamente en la práctica. Cuando no se cumplen los requisitos para otorgar la protección internacional (reconocimiento de la condición de refugiado y protección subsidiaria), este principio queda garantizado mediante la concesión de tipos de protección complementaria, según proceda.

14.La Ley 176/2023, al modificar el artículo 2 (“Definiciones”) del Decreto Legislativo 25/2008, introduce el apartado h-bis para ampliar y mejorar la definición de personas vulnerables, que abarca en particular a los niños, los menores extranjeros no acompañados, las personas con discapacidad, las personas mayores, las mujeres, las familias monoparentales con hijos, las víctimas de trata, las personas que padecen enfermedades graves o trastornos mentales, las personas de las que se demuestre que han sufrido tortura, violación u otras formas graves de violencia psicológica, física o sexual y las víctimas de mutilación genital. La lista de vulnerabilidades está en consonancia con la legislación nacional y de la Unión Europea (UE) y se refiere a personas con necesidades especiales, tanto en términos de acogida como de procedimientos para el examen de la solicitud.

15.Las modificaciones legislativas introducidas no han alterado el marco general de protección de quienes huyen de la persecución, la pena de muerte o la tortura en su propio país o cuya vida corra peligro en un conflicto armado. El derecho de asilo conserva íntegro su valor constitucional.

16.Como prueba adicional del gran énfasis que se pone en la protección de los derechos humanos, cabe señalar que la legislación italiana establece lo siguiente: “La expulsión no podrá efectuarse en ningún caso si el extranjero pudiera ser perseguido en el país de destino por motivos de raza, sexo, idioma, nacionalidad, religión, opinión política, situación personal o social, o si corre el riesgo de ser devuelto a otro Estado en el que no esté protegido contra la persecución” (art. 19, párr. 1, Texto Refundido sobre Inmigración).

17.En cumplimiento del principio de no devolución (non-refoulement), las comisiones territoriales de protección internacional (en adelante, “las comisiones territoriales”) pueden otorgar una protección, complementaria a la protección internacional, denominada “protección especial”, que se concede cuando, en determinadas condiciones, no es posible reconocer la condición de protección internacional.

18.La Comisión Nacional de Asilo pone al día cada año las actividades de formación de los funcionarios de las comisiones territoriales, organizadas en cooperación con la Agencia de Asilo de la Unión Europea (AAUE, anteriormente EASO). Esta última prepara módulos sobre entrevistas a personas vulnerables y víctimas de violencia de género. Se han elaborado directrices/manuales específicos para todos los agentes institucionales pertinentes (por ejemplo, la Herramienta de ACNUR-CDI para identificar la vulnerabilidad – Identificar y abordar la vulnerabilidad: Una herramienta para sistemas de asilo y migración, 2016; Guía Práctica de la EASO: Requisitos para el reconocimiento de la protección internacional, abril de 2018; Guía práctica de la EASO: Valoración de las pruebas, marzo de 2015; Guía Práctica de la EASO: Entrevista personal, diciembre de 2014, que ponen énfasis en la identificación de solicitantes vulnerables y salvaguardias especiales).

19.Se está llevando a la práctica un amplio conjunto de iniciativas de carácter regulatorio y administrativo para aumentar hasta niveles adecuados la dotación de funcionarios con competencias en la materia y otro personal con funciones de apoyo administrativo, además de para formarlos de manera adecuada. Es importante supervisar la calidad de los procedimientos de asilo, es decir, velar por que esos procedimientos sean justos y eficaces y se apliquen de manera transparente, de conformidad con las normas del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA). El control de calidad está a cargo de la Unidad de Calidad de la Comisión Nacional de Asilo, en la que participan funcionarios de la Comisión, la AAUE y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que elaboran y difunden herramientas y buenas prácticas de apoyo a los procedimientos de asilo.

20.El 19 de mayo de 2022, el Ministro del Interior aprobó la Directiva sobre los Criterios de Organización y Gestión de los Centros de Detención para la Repatriación (CPR) con el fin de establecer normas para que la función de esos centros sea más clara, homogénea y uniforme. El artículo 1 estipula que la persona que se encuentre en un CPR recibirá la asistencia necesaria y gozará del pleno respeto de sus derechos fundamentales.

21.En junio de 2023, se publicó el Manual para la Detección, Remisión y Atención de Migrantes con Vulnerabilidades, que proporciona orientación sobre los trámites en todas las fases de la acogida, además de instrucciones operacionales, preparadas en el Grupo de Trabajo sobre la Vulnerabilidad, presidido por el Departamento de Libertades Civiles e Inmigración del Ministerio del Interior, con la participación del Ministerio de Salud, el Instituto Nacional para la Salud, la Migración y la Pobreza, el Departamento de Seguridad Pública, el ACNUR, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la AAUE, Frontex, Europol, Guardia Costera, Cruz Roja Italiana y otras organizaciones internacionales.

22.La estrategia migratoria de Italia se centra en tres pilares principales, a saber: reforzar la lucha contra la trata de personas, el tráfico de personas y las organizaciones delictivas; afianzar y ampliar las vías legales y seguras de migración; y eliminar las causas subyacentes.

23.El Decreto-Ley 20 de 2023 modificado por la Ley 50, introdujo los procedimientos acelerados en frontera para el examen de las solicitudes de protección internacional. Estos procedimientos se aplican a quienes intentan entrar de forma irregular en Italia eludiendo los controles de fronteras y a quienes proceden de un país de origen considerado seguro. Los procedimientos se ajustan al marco normativo europeo establecido en virtud de la Directiva 32 de 2013. El solicitante podrá permanecer retenido en un centro el tiempo que sea necesario para completar el procedimiento acelerado.

24.El Decreto-Ley 20 de 2023 prevé determinadas excepciones a la aplicación de los procedimientos acelerados en frontera. En particular, el procedimiento acelerado no se puede aplicar a los menores no acompañados ni a los solicitantes de protección internacional que tengan necesidades especiales, tal como se definen en el artículo 17 del Decreto Legislativo 142, de 2015. A modo de ejemplo, pueden considerarse situaciones especiales de vulnerabilidad las siguientes: los problemas de salud física o mental o el hecho de pertenecer a un grupo social especialmente vulnerable, como las mujeres, las personas LGBT+ o las personas mayores. En cualquier caso, la denegación de la protección internacional puede ser objeto de una revisión judicial exhaustiva.

25.En este marco, cabe mencionar también el Decreto-Ley 145 de 2024, que, en el ámbito de la migración regular, estableció la creación de una nueva forma de permiso de residencia, el denominado permiso para víctimas de la explotación laboral y el caporalato, expedido por el questore.

26.En el ámbito de la inmigración y la protección internacional, el citado decreto introdujo la obligación de colaborar con las autoridades para la comprobación de la identidad enseñando o presentando los elementos que obren en poder del extranjero en relación con la edad, la identidad, la nacionalidad y el o los países en los que haya permanecido o por los que haya transitado.

27.También se introdujo la posibilidad de que el questore repatriara a aquellos extranjeros detectados durante los servicios de vigilancia fronteriza, tal y como se menciona en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/399, que no cumplan los requisitos para entrar en el territorio del Estado. Esta nueva disposición permite denegar la entrada o proceder a la repatriación directamente en las zonas fronterizas a las personas que hubieran sido trasladadas a dichas zonas tras haber sido encontradas en operaciones de búsqueda y salvamento en el mar, durante actividades de vigilancia en las fronteras exteriores de la UE. La enmienda aclara que, también en tales casos, se prevén procedimientos para impugnar la decisión. El objetivo del retorno voluntario asistido es ayudar a los migrantes que, por no desear o no poder permanecer en territorio italiano, tienen la intención de regresar voluntariamente a su país de origen, mediante la implementación de una vía de integración socioeconómica, respaldada por servicios de acompañamiento específicos. El nuevo proyecto, puesto en marcha en enero de 2024, prevé el retorno voluntario asistido con reintegración de 2.500 nacionales de terceros países, que se llevará a cabo a lo largo de tres años, a partir del inicio de las actividades. En diciembre de 2024 había 274 beneficiarios.

28.Los centros en zonas críticas, como el de Lampedusa, se crearon para responder a las necesidades de primeros auxilios y asistencia, y allí se lleva a los migrantes cuando cruzan irregularmente la frontera interna o externa o cuando llegan a Italia tras una operación de rescate en el mar.

29.En estos puntos también se llevan a cabo operaciones fotodactiloscópicas y de identificación, y se proporciona información sobre el procedimiento de protección internacional, el programa de reubicación y la posibilidad de retorno voluntario asistido.

30.En general, cabe recordar la aplicación de las directrices contenidas en el Vademécum sobre Vulnerabilidades aprobado por el Ministerio del Interior.

31.Las comisiones de protección internacional examinan cada caso de forma individual, incluidos los que se tramitan por procedimiento acelerado.

32.En lo que respecta a los servicios prestados, en particular en el centro de acogida en zona crítica situado en Lampedusa, la gestión de la acogida se ha encomendado al Comité Nacional de la Cruz Roja Italiana y, por lo tanto, se rige por un convenio especial. Los servicios incluyen: asistencia sanitaria; apoyo en la identificación de personas vulnerables; mediación lingüística y cultural; distribución de productos básicos; restablecimiento de los vínculos familiares; servicios de transporte; comidas; actividades específicas para la acogida de menores no acompañados; preparación de la documentación de salida e información sobre los procedimientos de salida. Se entiende que la acogida en el centro de Lampedusa dura lo estrictamente necesario para preparar el traslado a otras instalaciones.

33.Hay centros de acogida en zona crítica en: Augusta; Catania; Isola di Capo Rizzuto; Lampedusa; Messina; Pantelleria; Porto Empedocle y Pozzallo-Modica, donde hay alrededor de 130 plazas para personas que son objeto de procedimientos fronterizos acelerados; Reggio Calabria; Roccella Jonica; Taranto; Vibo Valentia.

34.En términos más generales, los servicios de los centros en zonas críticas incluyen: información y orientación jurídicas; servicio de apoyo psicológico; comidas; transporte; lavandería; productos de higiene personal; kit de primera entrada, con ropa; un teléfono SCHEDA; y una pequeña asignación en efectivo o en especie.

35.Italia recopila datos sobre la vulnerabilidad de los solicitantes de protección internacional en “Vesta.net” mediante el registro del formulario modelo C3, en la questura. En este formulario figuran, entre otras cosas, preguntas que el entrevistador formula al solicitante para detectar vulnerabilidades. Los procedimientos acelerados no se aplican a los solicitantes vulnerables. En el caso de los solicitantes vulnerables, se prevé la eventual presencia de personal de apoyo en la entrevista y sus solicitudes se consideran prioritarias.

36.En cuanto a las vulnerabilidades debidas a patologías, las comisiones territoriales pueden, por ley, conceder un permiso “para tratamiento médico” si el solicitante, aunque no pueda optar a la protección internacional, presenta afecciones de salud derivadas de patologías especialmente graves certificadas por un centro de salud pública y no puede ser tratado adecuadamente en el país de origen. Las comisiones territoriales, a través de las prefecturas, firman acuerdos con centros especializados en lo que respecta a la salud de los migrantes, además de protocolos para la derivación de casos que requieran investigaciones e intervenciones medicolegales. Si durante la entrevista en la comisión territorial surgen indicios de tortura o malos tratos e indicadores de grave sufrimiento psicoemocional, el funcionario que realiza la entrevista evalúa si conviene proponer al solicitante una reunión con psicoterapeutas especializados. También se han firmado protocolos entre las comisiones territoriales y los centros hospitalarios especializados en etnopsiquiatría. Asimismo, se han establecido colaboraciones con laboratorios forenses universitarios para la evaluación médica de casos de tortura o malos tratos.

37.En 2023, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional financió iniciativas de organismos de las Naciones Unidas en los principales países de origen y tránsito, con 33 millones de euros (29 millones en el continente africano). Las actividades se centran en el fomento de la capacidad de las autoridades locales en la lucha contra el tráfico y la trata de personas y en el control del territorio y las fronteras; la organización de repatriaciones voluntarias asistidas de migrantes varados en países de tránsito; la promoción de oportunidades alternativas a la migración a través de la formación y la creación de empleo; la realización de campañas de información sobre los riesgos de la migración irregular, y el desarrollo de vías legales.

38.Se están ultimando proyectos por valor de 38 millones de euros para 2024. El Fondo de Migración ha asignado más de 415 millones a organismos de las Naciones Unidas desde 2017; y a partir de 2019, más de 70 millones, a través del Fondo Premium.

39.Desde 2015, Italia ha puesto en marcha vías de entrada para posibles beneficiarios de protección internacional (reasentamientos, corredores humanitarios y evacuaciones), que permiten el ingreso de unos 10.000 refugiados. La principal característica de esta vía es la participación directa de las organizaciones de la sociedad civil en la selección de los beneficiarios y en el proceso de acogida en Italia. Las operaciones se rigen por los memorandos de entendimiento firmados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, el Ministerio del Interior, las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones internacionales pertinentes (por ejemplo, la Organización Internacional para las Migraciones y el ACNUR). Otras iniciativas son la creación de corredores para estudiantes universitarios y corredores para estudiantes refugiados menores de edad. Los primeros se pusieron en marcha a raíz de la iniciativa del ACNUR de subsanar la bajísima tasa de acceso de los refugiados a la educación universitaria (5 %). Para seguir desarrollando vías legales innovadoras, en 2021 se activó una vía complementaria de entrada en Italia, con el proyecto “Pagella in Tasca”.

40.La formación siempre ha tenido una importancia especial en el marco de las iniciativas del Observatorio para la Salvaguardia contra los Actos Discriminatorios (OSCAD).

41.Solo mediante una planificación cuidadosa de las actividades de formación es posible lograr una sensibilización, formación y actualización más eficaces y generalizadas del personal policial, lo cual es esencial para aumentar su capacidad de respuesta operacional, empezando por el reconocimiento del componente discriminatorio del delito (lucha contra el déficit de denuncias) y, sobre todo, para transmitir de manera inequívoca el mensaje de que una cultura de respeto de los derechos humanos y una eficacia cada vez mayor en la prevención y la lucha contra los delitos discriminatorios son prioridades estratégicas de la acción gubernamental.

42.Para que la oferta educativa esté actualizada y sea multidisciplinar, se han establecido y potenciado cada vez más las acciones conjuntas con las instituciones implicadas y las partes interesadas de la sociedad civil para planificar y llevar a cabo actividades de formación.

43.A 31 de mayo de 2025, habían recibido formación 12.600 personas en modalidad presencial y en línea a través de seminarios organizados directamente por la secretaría del OSCAD; 26.309 personas a través de personal formado por la secretaría del OSCAD, de forma presencial (formación de formadores y posterior formación en cascada); y más de 32.523 personas a través de módulos en línea creados por el OSCAD, lo que supone un total de más de 71.432 operadores formados.

44.Con el objetivo de mejorar constantemente la oferta de formación, de acuerdo con la Inspección Escolar, a partir de 2017 se acordó una revisión de los planes de estudio de los cursos básicos para las distintas funciones de la Policía del Estado. En los cursos para inspectores adjuntos, con la introducción de la asignatura “Pedagogía intercultural – Derechos humanos – Delitos por motivos de discriminación”, de 6 períodos lectivos iniciales se ha pasado a 27, mientras que en los cursos para agentes en prácticas, los períodos lectivos han aumentado de 6 a 8.

45.Como parte de la planificación de las actividades relacionadas con el desarrollo profesional del personal de la Policía del Estado para 2012 y 2017, los temas de interés para el OSCAD —a saber, la prevención y la lucha contra los delitos de odio y el papel del Observatorio— se han incluido entre los denominados “temas de interés general” para todo el personal de la Policía del Estado, de acuerdo con la Dirección Central de Instituciones Educativas. En 2021 se organizó una jornada de formación de interés general titulada “Cuando el odio se convierte en delito”, durante la cual se ofrecieron módulos de formación específicos del OSCAD.

46.Además de los tres módulos diseñados como parte del proyecto “Afrontar todos los hechos” (“¿Qué es un delito de odio?”, “Indicadores de sesgo” y “Víctimas vulnerables”), hay un cuarto módulo dedicado al perfilamiento étnico-racial discriminatorio, fenómeno por el cual las personas pertenecientes a minorías étnicas o religiosas son objeto de controles y registros policiales de manera desproporcionada, con el riesgo de generar desconfianza, conflictos y, en ocasiones, enfrentamientos violentos entre esas comunidades y las fuerzas policiales. Con el fin de realizar actividades de formación, tanto presenciales como en línea, se ha propuesto lo siguiente: seminarios de formación para formadores destinados a los agentes e inspectores que prestan servicio en las academias de la Policía del Estado (2018 y 2023); preparación y actualización de módulos de formación en línea en las plataformas Daitnet (para la Policía del Estado) y SISFOR (interfuerzas).

47.Desde 2014, el OSCAD se ha centrado de manera específica en el perfilado discriminatorio en la labor policial como parte de su formación sobre delitos de odio. El módulo tiene como objetivo proporcionar una definición de perfilado étnico y racial discriminatorio, ilustrando los mecanismos de dicho fenómeno. También se proporcionan elementos para la reflexión mediante la presentación de casos prácticos reales. Se analizan las razones que llevaron a los agentes a incurrir en el perfilado y se proporciona información útil con el objetivo de crear conciencia sobre los riesgos asociados a este fenómeno, y se presta especial atención a las sanciones civiles, penales y administrativas que pueden recaer sobre los funcionarios públicos responsables de dicha conducta. El módulo en línea está disponible en la plataforma interinstitucional SISFOR (sistema de formación en línea para las fuerzas del orden) y se ha incluido en el programa de desarrollo profesional para 2021. Todos los agentes del orden interesados pueden acceder actualmente a él en la citada plataforma.

C.Información relativa a los párrafos 21 d) y e)

48.El Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales promueve programas para la inclusión sociolaboral de los más vulnerables. Financiadas con fondos de la UE, estas intervenciones reúnen a los servicios de empleo, el sistema de acogida y las empresas, ofreciendo servicios especializados (orientación y apoyo al empleo) y períodos de prácticas. Entre 2019 y 2023, en el marco del proyecto PUOI se asistió a cerca de 3.000 personas para promover su autonomía. El proyecto Percorsi tiene como objetivo facilitar el acceso al mercado laboral de los menores no acompañados y los jóvenes migrantes mediante la coordinación de la formación profesional y la protección social. Por lo que respecta al primero, se diseñó una intervención para ofrecer servicios integrados de apoyo, que incluyen aprendizaje, cursos de italiano y orientación laboral. Por su parte, el segundo se encuentra actualmente en su cuarta edición, habiéndose prestado apoyo hasta la fecha a unos 3.000 menores y jóvenes migrantes. La inclusión sociolaboral de los migrantes vulnerables en el sistema de acogida es otro de los objetivos de un memorando de entendimiento suscrito entre el Ministerio de Trabajo, el Ministerio del Interior y los interlocutores sociales (asociaciones de empresarios y sindicatos) en el sector de la construcción; el propósito es ofrecer 3.000 cursos de formación e inserción laboral en empresas de construcción de todo el país. Se está ultimando un memorando de entendimiento similar con el sector turístico.

49.En este marco, en diciembre de 2024, el Ministerio de Trabajo, junto con su agencia interna Sviluppo Lavoro Italia, puso en marcha el proyecto PUOI PLUS. Este programa nacional tiene como objetivo promover la integración social y laboral de los refugiados y otros migrantes vulnerables, como, por ejemplo, los solicitantes de asilo, los menores extranjeros no acompañados, las víctimas de la trata, las víctimas de la violencia de género y las víctimas de la explotación laboral. Esta iniciativa integral implica a diversas partes interesadas, entre ellas entidades públicas y privadas del mercado laboral, centros de acogida y empleadores, con el fin de crear trayectorias hacia la autonomía adaptadas a los grupos destinatarios. En el marco de PUOI PLUS, cada beneficiario puede acceder a subvenciones individuales, financiadas por la UE, para recibir servicios de empleo y apoyo. Estos servicios abarcan actividades como la evaluación de aptitudes, la preparación del curriculum vitae, la formación para entrevistas de trabajo y la asistencia en la búsqueda de empleo. Además, los participantes tendrán la oportunidad de realizar períodos de prácticas ofrecidos por empresas y empleadores. Basándose en el exitoso modelo desarrollado por el anterior proyecto PUOI, el proyecto PUOI PLUS velará por un aporte ininterrumpido de subvenciones. El programa también incluirá el fomento de la capacidad y otras acciones destinadas a fortalecer la gobernanza multinivel y las redes de entidades públicas, privadas y sin ánimo de lucro que participan en las trayectorias (véase: https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Dettaglio-progetto/id/63/PUOI-PLUS).

50.El Sistema de Acogida e Integración (SAI) (segundo nivel de acogida) está constituido por una red de autoridades locales que acceden, entre otros, al Fondo Nacional de Políticas y Servicios de Asilo para la puesta en marcha de proyectos integrados de acogida, dentro de los límites de los recursos disponibles.

51.A nivel territorial, las autoridades locales, con el valioso apoyo del tercer sector, garantizan unas intervenciones integradas de acogida que, además de proporcionar servicios de alojamiento y manutención, ofrecen medidas complementarias de información, acompañamiento, asistencia y orientación mediante la creación de itinerarios individuales de integración socioeconómica.

52.Entre los servicios que los proyectos territoriales garantizan figuran los siguientes: mediación lingüística e intercultural; condiciones materiales de acogida; formación profesional y reciclaje profesional; orientación y acompañamiento para el empleo, la vivienda y la integración social; y acompañamiento jurídico y protección psicosocial y sanitaria. El SAI ofrece también servicios específicos adicionales a los menores extranjeros no acompañados.

53.La labor de seguimiento del Servicio Central del SAI tiene como objetivo asegurarse de que las actividades relacionadas con estos proyectos son implementadas en la práctica por las autoridades locales y corregir cualquier elemento crítico en cumplimiento de las disposiciones del Decreto Ministerial relativo al Funcionamiento del SAI y las directrices ministeriales pertinentes.

54.Durante las visitas de seguimiento se mantienen entrevistas con los beneficiarios. En lo que respecta al SAI, en noviembre de 2024 disponía de un total de casi 40.000 plazas (39.704 plazas) activas, y el número de ingresos supera los 36.000 (36.678).

55.El Decreto-Ley 20 de 2023 (modificado por la Ley 50 de 2023) intervino en varios ámbitos:

Restableció la planificación trienal de los cupos máximos de extranjeros que pueden ser admitidos en el territorio del Estado con fines laborales, aumentando el número de entradas y ampliando las categorías profesionales y los sectores productivos en cuestión.

Fortaleció el uso de la formación profesional como vía de acceso “premium” para los trabajadores extranjeros, basándose en las necesidades profesionales expresadas por el mercado laboral italiano.

Los trabajadores extranjeros que hayan asistido en el extranjero a programas de formación profesional y civicolingüística aprobados por el Ministerio de Trabajo pueden entrar en Italia y ser contratados en cualquier momento del año, independientemente de los cupos de entrada laboral autorizados por el Gobierno mediante los correspondientes decretos. Hasta la fecha, se han aprobado 28 proyectos de formación (en diversas fases de desarrollo) en los que participan ciudadanos de 15 países no pertenecientes a la UE.

Promovió el uso de campañas de sensibilización en la lucha contra la trata de personas, con la asignación de cupos de entrada reservados a los trabajadores de los Estados que, en cooperación con el Estado italiano, promuevan campañas mediáticas dirigidas a sus ciudadanos sobre los riesgos para la seguridad personal que conlleva la participación en el tráfico ilícito de migrantes.

56.El Proyecto-Plan de Acción INCAS, destinado a apoyar a las autoridades locales en el contexto de los procesos de inclusión de ciudadanos extranjeros y las intervenciones para combatir la explotación laboral en la agricultura y el caporalato (trabajo forzoso), se ha ampliado ahora a todos los sectores relacionados con el trabajo.

57.En el marco de este proyecto, llevado a cabo por la Asociación Nacional de Municipios Italianos (ANCI) en colaboración con Cittalia y financiado por el Ministerio de Trabajo, se realizó el primer mapeado nacional destinado a obtener información precisa sobre el fenómeno de la explotación laboral en la agricultura en los distintos contextos locales y se llevaron a cabo actividades de campo en las que participaron nueve administraciones locales de especial interés (Albenga, Castel Volturno, Corigliano – Rossano, Lavello, Porto Recanati, Rovigo, Saluzzo, San Severo y Siracusa). Estos municipios recibieron el apoyo de la ANCI y Cittalia y, gracias a procesos, métodos y herramientas de elaboración específicos, se consiguió formular y aprobar planes multisectoriales locales para la lucha contra la explotación laboral en la agricultura y contra el caporalato, concebidos como herramientas concretas para la aplicación integrada del plan trienal de lucha contra la explotación laboral en la agricultura y el caporalato.

58.Para el año 2024-2025, este proyecto tiene como objetivo aprovechar lo desarrollado en el bienio anterior, tanto en términos de metodología como de contenido, a través de dos actividades específicas: 1) seguir desarrollando las actividades de sondeo y recogida de datos, ampliando su horizonte de referencia; 2) difundir las competencias necesarias para la implementación de planes multisectoriales locales destinados a combatir la explotación laboral en la agricultura y el caporalato (trabajo forzado), mediante el desarrollo de actividades de formación específicas.