Acta resumida de la 1570ª sesión (Sala B)
Celebrada en el Palacio Wilson, Ginebra, el jueves 23 de septiembre de 2010 a las 15.00 horas
Presidente:Sr. Zermatten (Vicepresidente)
Sumario
Examen de los informes de los Estados partes (continuación)
Cuarto informe periódico de Nicaragua sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (continuación)
Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas.
Examen de los informes de los Estados partes (tema 4 del programa) (continuación)
Cuarto informe periódico de Nicaragua sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC/C/NIC/4; CRC/C/NIC/Q/4; CRC/C/NIC/Q/4/Add.1) (continuación)
Por invitación del Presidente, la delegación de Nicaragua vuelve a tomar asiento como participante a la mesa del Comité.
El Sr. Filali pregunta qué medidas se han adoptado para favorecer el acceso a la educación de los niños refugiados y de los menores no acompañados y para luchar contra la tasa de deserción escolar, que es particularmente elevada en ese grupo de población. Resultaría útil saber si la enseñanza impartida en la educación primaria y secundaria es de buena calidad; si los profesores cuentan con el nivel pedagógico necesario y si reciben un salario digno; si se dispone de una cantidad suficiente de manuales escolares; si las adolescentes embarazadas tienen derecho a continuar sus estudios; si las comunidades indígenas que viven en la costa atlántica tienen la posibilidad de cursar sus estudios en su idioma materno, tal como prevé la Constitución; y si las minorías tienen, en términos generales, acceso a la educación y figuran en los manuales escolares como parte del patrimonio cultural del país.
La delegación podría indicar si cabe la posibilidad de revisar las penas previstas para los detenidos de entre 16 y 18 años y si los centros de internamiento para menores, que son privados en su mayoría y que parecen proliferar en el país, están sometidos a algún tipo de supervisión.
La delegación podría explicar, asimismo, cómo se asegura el Estado parte de que los niños que trabajan en los cafetales familiares no estén expuestos a las peores formas de trabajo, en particular en cuanto al número de horas de trabajo o a la necesidad de manipular plaguicidas tóxicos. El orador pregunta, además, si el Estado parte cuenta con una ley disuasoria del turismo sexual o tiene previsto promulgarla, y si realiza controles en los aeropuertos a fin de erradicar esa práctica.
El Presidente pregunta si todas las personas que trabajan en el sistema de justicia de menores y los funcionarios de policía reciben formación sobre los derechos del niño y qué recursos técnicos, financieros y humanos se asignan a ese sector. Agradecería recibir información adicional sobre las disposiciones penales que rigen la justicia restitutiva para los menores de entre 13 y 18 años de edad.
El Sr. López (Nicaragua) dice que el Consejo Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia (CONAPINA) coordina la acción en favor de la juventud que llevan a cabo las instituciones y otros organismos públicos y que, en virtud de un decreto presidencial, está presidido por la coordinadora del sistema de protección social, que agrupa a los representantes de las entidades nacionales encargadas, entre otras esferas, de la sanidad, la educación, el saneamiento, el acceso al agua y las instalaciones. Los programas en favor de la juventud se elaboran desde un enfoque transversal y ocupan un lugar predominante en las políticas públicas. Se han aplicado numerosos programas dirigidos a los niños y a los adolescentes en los últimos cuatro años, en particular en los ámbitos de la educación, la sanidad y la nutrición, la reducción de la mortalidad materna y la promoción de la lactancia materna.
La Sra. Maurás Pérez (Relatora para el país) pregunta si la sociedad civil sigue teniendo voz en el CONAPINA en la elaboración de las políticas relativas a la infancia y cuál es en la actualidad la función del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez a ese respecto, pues teme que la integración del CONAPINA en el sistema de protección social conduzca a la derogación de las disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia de 1998, en virtud del cual se creó ese organismo.
El Sr. López (Nicaragua) dice que el CONAPINA sigue existiendo, al igual que el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez y las Comisarías de la Mujer y la Niñez. En virtud del mencionado Código de la Niñez y la Adolescencia, el Estado debía crear un mecanismo encargado de articular las políticas sociales a todos los niveles del Gobierno —nacional, departamental, regional y municipal—, y lo ha hecho instaurando el sistema nacional de protección social. Las cuestiones relativas a la infancia, que anteriormente eran competencia del CONAPINA, un organismo pequeño compuesto por un secretario ejecutivo y cuatro o cinco miembros, ocupan en la actualidad un lugar central en la labor de varios ministerios. Además, el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez sigue elaborando y aplicando programas que se ocupan, entre otras cuestiones, de los niños con discapacidad, los niños en situación de riesgo, los niños que trabajan y las jóvenes embarazadas.
La Sra. Maurás Pérez (Relatora para el país) dice que el problema radica en que el sistema de protección social no se ocupa del desarrollo humano ni de los derechos humanos, sino de la asistencia a las personas vulnerables, entre las que se encuentran las personas de edad o con discapacidad, los niños en situación de riesgo y los grupos marginados y desfavorecidos, mientras que la acción del CONAPINA se centraba exclusivamente en los menores. Por consiguiente, es necesario saber si, en el marco del nuevo sistema de protección social, la sociedad civil desempeña una función particular y si se tienen en cuenta las cuestiones relativas al desarrollo humano y a los derechos humanos. Asimismo, sería necesario disponer de información adicional sobre el Plan de Acción Nacional para la Niñez y la Adolescencia 2002-2011.
El Sr. González (Nicaragua) dice que las cuestiones relativas a la infancia ya no se examinan desde una perspectiva sectorial, sino desde un enfoque holístico, y que el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez ha desempeñado una función primordial al centralizar los programas relativos a la infancia y consultar a diversas instituciones y a la sociedad civil con objeto de obtener resultados rápidos y concretos en ese ámbito.
La Sra. Morales Mazún (Nicaragua) dice que el sistema nacional de protección social persigue también el objetivo de fomentar el desarrollo y los derechos humanos y aborda las cuestiones relativas a la infancia desde un enfoque transversal. Por ejemplo, en el marco de una acción concertada llevada a cabo por diversos ministerios para favorecer la escolarización de los niños, se pueden adoptar medidas encaminadas a alentar a los padres a escolarizar a sus hijos y, al mismo tiempo, a mejorar las carreteras a fin de facilitar su acceso a los centros escolares.
El Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez ha elaborado dos programas en favor de la infancia: el Programa Amor y el Programa “Amor para los más Chiquitos”. El primero se ocupa de los niños pobres, de los niños que se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad extremas, de los niños de la calle, de los niños con discapacidad, de los hijos de padres infectados por el VIH, enfermos de SIDA o encarcelados. En ese contexto, se han creado guarderías en las que las madres trabajadoras pueden dejar a sus hijos durante la jornada laboral, así como centros de desarrollo infantil en las zonas rurales y urbanas. El segundo programa, que ha sido elaborado en aplicación de una recomendación relativa a la atención a la primera infancia formulada por el Comité sobre la base del tercer informe periódico de Nicaragua, está dirigido a niños de 0 a 6 años de edad y concede prioridad a la enseñanza preescolar y, en particular, al desarrollo personal de esos niños y al aprendizaje de la lengua.
El Presidente pregunta qué relación existe entre el Programa Amor, el Plan Nacional de Desarrollo Humano y el Plan de Acción Nacional para la Niñez y la Adolescencia.
El Sr. Filali pregunta qué recursos se han destinado al Programa Amor y sobre la base de qué criterios se han establecido las prioridades, habida cuenta de que, sobre el terreno, algunas necesidades pueden resultar más urgentes que otras.
La Sra. Maurás Pérez (Relatora para el país) pregunta cómo se coordina la acción llevada a cabo en el marco del Programa “Amor para los más Chiquitos” con la actividad de los ministerios sectoriales y de las autoridades locales y municipales, como, por ejemplo, las Comisarías de la Mujer y la Niñez, y qué presupuesto se ha asignado a dicho programa.
El Sr. López (Nicaragua) dice que existe una estrecha relación entre los programas nacionales específicos, como el Programa Amor, y el Plan Nacional de Desarrollo Humano. De su aplicación se encargan tanto las autoridades centrales como las Comisiones Municipales de la Niñez y la Adolescencia. La red de defensorías de los niños garantiza la coordinación general.
El Sr. González (Nicaragua) dice que el Plan Nacional de Desarrollo Humano, que es un plan global que abarca numerosos ámbitos y centraliza la acción de los poderes públicos para el fomento del desarrollo humano, está basado en un modelo de participación ciudadana directa: en todo el territorio, se invita a la población a participar en su ejecución y a formular propuestas encaminadas a fomentar el desarrollo humano, ya que se parte de la base de que corresponde a los ciudadanos decidir sobre su propio futuro y transmitir sus problemas a las autoridades locales y nacionales. En el marco del Programa “Hambre Cero”, los ciudadanos definen las prioridades y participan directamente en la ejecución del programa. Ya se han obtenido excelentes resultados en diversos ámbitos.
Por ejemplo, Nicaragua cuenta con una de las tasas de inmunización más elevadas de América Latina. El índice de analfabetismo, que se ha reducido considerablemente en los últimos años, afecta solo al 3,6% de los habitantes. En el sector de la sanidad, y habida cuenta de que la atención y los servicios sanitarios estaban disponibles principalmente en los grandes centros urbanos, Nicaragua ha adoptado medidas para suprimir los costes de acceso al sistema sanitario y para desarrollar y mejorar las infraestructuras, con el objetivo de ampliar la cobertura. Se han puesto en marcha brigadas móviles en todo el territorio del país, en particular en la región del Caribe, en la que el acceso a la atención sanitaria era muy deficiente. También se ha adoptado un nuevo modelo de atención familiar y comunitaria en el sector de la sanidad. Nicaragua no ha escatimado esfuerzos para ofrecer a todos sus ciudadanos, incluso a aquellos que residen en zonas alejadas, acceso a medicamentos esenciales y para capacitar al personal médico. Se ha impartido capacitación en obstetricia y ginecología a más de 500 enfermeras. En la actualidad, más del 70% de los partos tienen lugar en algún tipo de centro médico.
La Sra. Herczog, apoyada por el Sr. Koompraphant, señala que, según algunas fuentes, se impide abortar a las jóvenes que han quedado embarazadas tras haber sido violadas por miembros de su familia. Muchas de ellas dan a luz en condiciones sanitarias pésimas que ponen en riesgo su vida y la de su hijo.
La Sra. Maurás Pérez (Relatora para el país) pregunta si Nicaragua aplica una política de fomento de la salud sexual y reproductiva y, en particular, qué tipo de educación sexual se imparte en las escuelas y fuera de ellas. Por lo que respecta a los embarazos producidos tras una violación, desea saber por qué Nicaragua se opone de manera tan radical al aborto, incluso al aborto terapéutico.
El Sr. González (Nicaragua) dice que el problema de los embarazos adolescentes no es solo de índole médica y que el Estado concede prioridad a la prevención. Los centros de enseñanza secundaria reciben visitas de especialistas en salud sexual y reproductiva para concienciar a los jóvenes de los riesgos que conllevan los embarazos precoces. El Estado no desea imponer una política única en cuestiones sensibles, sino que prefiere ceder una amplia autonomía a las regiones, con el objetivo, sobre todo, de respetar las características culturales de la población.
El Sr. López (Nicaragua) dice que, tras haber adoptado numerosas políticas sociales entre 2000 y 2006, el Gobierno de Nicaragua ha decidido aplicar programas más pragmáticos, que contengan objetivos claros y estén dotados de recursos importantes. En octubre de 2008, Nicaragua creó una estrategia nacional de salud sexual y reproductiva que ya ha logrado que se reduzca la tasa de mortalidad materna.
El Sr. González (Nicaragua) dice que la sociedad nicaragüense se ha manifestado diametralmente en contra del aborto, sin contemplar ninguna excepción. La ley prohíbe todos los tipos de aborto, pero se ha consultado a la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua para que determine si dicha ley es plenamente conforme con la Constitución.
La Sra. Herczog señala que, en lo referente al aborto, Nicaragua es el país de América Latina que lleva más retraso, pues lo prohíbe sin excepciones, aunque la vida de la madre esté en peligro o el embarazo sea resultado de una violación, máxime si se tiene en cuenta que la violencia sexual en las familias sigue siendo un fenómeno muy extendido en el país.
La Sra. Morales Mazún (Nicaragua) dice que la ley del aborto fue aprobada en 2006 tras una movilización masiva, en especial de las mujeres, para prohibir todos los tipos de aborto. El aborto terapéutico se empleaba a menudo como excusa. La mayoría de los nicaragüenses consideran que el feto es un ser vivo completo y titular de derechos; sin embargo, los hospitales siguen un protocolo que establece claramente que la vida de la madre es prioritaria.
Por norma general, las hijas jóvenes violadas son retiradas de la unidad familiar por decisión de la justicia. Cabe mencionar que, según las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de esa cuestión, las jóvenes embarazadas desean quedarse con sus hijos aun habiendo sido violadas. Muchas de ellas pueden seguir programas de educación y de orientación profesional destinados a ayudarlas a encontrar un trabajo remunerado tras el parto.
Se suspende la sesión a las 16.30 horas y se reanuda a las 16.45 horas.
El Sr. González (Nicaragua) dice que el Plan Estratégico Nacional de Lucha contra las ITS/VIH/SIDA incluye programas para la concienciación de la población, la prevención y el tratamiento de los enfermos. El número de enfermos atendidos ha ascendido de 300 a 1200 en tres años. Los poderes públicos se esfuerzan por fomentar la cooperación interinstitucional a fin de canalizar las estrategias de prevención a través de las organizaciones locales y de alcanzar a todos los estratos de población incluso en las regiones más alejadas.
El país sufre un grave retraso en los ámbitos sanitario y social y trabaja activamente para capacitar a personal médico especializado e invertir en tecnologías modernas. El presupuesto destinado a la sanidad ha aumentado considerablemente en los últimos años y el país se vale cada vez más de sus propios recursos financieros y cada vez menos de la ayuda extranjera.
La Sra. Maurás Pérez (Relatora para el país) desea saber qué proporción de la ayuda financiera procedente de los países de América Latina y, en particular, de Venezuela (República Bolivariana de) en el marco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) se destina a la educación y a la sanidad y si el Estado parte ha elaborado una política presupuestaria destinada a reducir las fuertes desigualdades sociales y territoriales.
El Sr. González (Nicaragua) dice que el Instituto Nacional de Seguridad Social asume el 18% de los gastos derivados de la sanidad pública. La contribución financiera de los países integrantes de la ALBA se destina principalmente a la adquisición de medicamentos y a la inversión en tecnología médica moderna. La aportación a ese esfuerzo de Venezuela (República Bolivariana de) supone una gran ayuda: cerca del 17% de las personas infectadas por el VIH/SIDA reciben tratamiento gracias a los fondos procedentes de ese país.
A la mejora de la situación sanitaria del país ha contribuido también la participación de la colectividad, que puede prestar un gran apoyo en la difusión y la promoción de las campañas de prevención y en la modificación de las actitudes sociales. Así, la reducción de la mortalidad materna ha sido un éxito: gracias a las redes de los servicios sociales y a la apertura de nuevos centros de maternidad, se han podido mejorar los servicios de asistencia para las mujeres y se ha reducido drásticamente la mortalidad materna y en la niñez.
El país ha realizado esfuerzos considerables en aras de la alfabetización, de la mejora del sistema educativo y del incremento de la tasa de escolarización mediante campañas de concienciación financiadas con fondos propios y con ayuda extranjera, y gracias a la contribución de aproximadamente 25.000 trabajadores sociales voluntarios. De aquí a 2012, los poderes públicos se proponen elevar la edad media de formación a fin de que toda la población estudie al menos hasta el sexto curso de primaria, y el objetivo para 2015 es que se llegue hasta el noveno curso. Con ese fin, el Estado ha creado un programa de distribución de material escolar para los alumnos, un amplio programa de suministro de complementos alimentarios, un programa de desarrollo de la capacidad y de formación del personal docente y ha realizado inversiones en infraestructuras con el objetivo de reparar los destrozos ocasionados por el huracán de 2007.
El Sr. Krappmann desearía obtener información pormenorizada sobre el contenido del cuadro que aparece en las respuestas por escrito del Estado parte en el que se indica la cantidad a la que ascienden los créditos presupuestarios destinados a la infancia entre 2006 y 2009.
El Sr. González (Nicaragua) dice que en ese cuadro se resumen los esfuerzos financieros de varios ministerios, en particular del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez y del Ministerio de Educación, además del Ministerio de Salud.
Las medidas adoptadas en el marco de la estrategia nacional para la educación comprenden, asimismo, una reforma de los programas destinados a mejorar la adaptación de la educación y la formación a las necesidades del país, incluida la región del Caribe, cuya diversidad étnica hace necesario adoptar un enfoque específico.
El Presidente pregunta cuáles son los criterios con arreglo a los cuales se asignan los créditos presupuestarios a los municipios.
El Sr. González(Nicaragua) dice que los fondos se destinan a los municipios en función de diversos criterios, como, por ejemplo, la población de la comuna, el nivel de desarrollo de las infraestructuras o el coste de la vida. Siempre se procura repartir los recursos equitativamente en función de las necesidades. Los municipios también disponen de sus propios recursos, que destinan a la protección de los niños y a la mejora de la atención sanitaria a nivel local, con arreglo a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Humano. Algunos municipios han firmado acuerdos de hermandad con comunidades europeas, que les facilitan, por ejemplo, ayuda social o técnica.
El Presidentepregunta de qué modo se reúnen y se emplean los datos estadísticos.
El Sr. López (Nicaragua) explica que el país cuenta en la actualidad con un Sistema de Información sobre Niñez y Adolescencia (SINA) que depende del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez y que centraliza los datos cuantitativos y cualitativos y, en especial, los datos extraídos de los indicadores de desarrollo establecidos por los instrumentos internacionales en los que Nicaragua es parte. Los datos, desglosados en función del sexo, la edad y el origen étnico, se pueden consultar a través de Internet y son accesibles a todos los agentes principales a nivel nacional o internacional. Los datos, que se actualizan con regularidad, proceden de diversas fuentes, entre las que se incluyen las universidades y órganos de derechos humanos.
La Sra. Maurás Pérez (Relatora para el país) desea saber qué relación existe entre el sistema de información SINA y el sistema nacional de estadística, y pregunta si ambos realizan la misma tarea por duplicado.
El Sr. López (Nicaragua) explica que el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) recaba todos los datos relativos al desarrollo, a la demografía y al nivel de vida, entre otros, mientras que el sistema SINA se dedica exclusivamente a las cuestiones relativas a los niños y permite disponer de datos precisos y actualizados. Ambos sistemas son complementarios y se alimentan mutuamente, lo que facilita una visión de conjunto de la situación social del país.
El Presidente solicita información sobre la lucha contra el trabajo infantil.
El Sr. López (Nicaragua) dice que la ley prohíbe que los niños de hasta 14 años trabajen y permite que los niños de entre 15 y 18 años lo hagan, si bien en unas condiciones estrictamente reguladas. Nicaragua ha ratificado los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) núm. 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo y núm. 182 sobre las peores formas del trabajo infantil. El Código del Trabajo estipula que los adolescentes de 16 años no pueden trabajar más de seis horas al día, frente a las ocho horas que trabajan los adultos, y establece taxativamente los tipos de trabajos que pueden ejercer los menores, siempre a la luz del principio de que toda actividad remunerada desempeñada por un adolescente no puede, bajo ningún concepto, impedirle realizar con sus estudios. Los empleadores que no respetan esas normas son sancionados con multas elevadas. El Ministerio de Trabajo ha elaborado una lista de todos los empleos que se consideran peligrosos o perjudiciales para la salud de los adolescentes.
El Sr. Filali pregunta qué medios se utilizan para supervisar la aplicación de la ley sobre el trabajo de los menores en las empresas familiares, en especial en las agrícolas, así como en el sector no estructurado.
La Sra. Maurás Pérez (Relatora para el país), subrayando que la prevención también es importante en la lucha contra el trabajo infantil, desea saber si la ayuda social concedida a los padres está condicionada al respeto de determinadas obligaciones, en particular la de enviar a sus hijos a la escuela, tal como se hace en otros países de la región.
El Sr. López (Nicaragua) responde que se han fortalecido las instituciones de supervisión y vigilancia del trabajo infantil y se las ha dotado de medios humanos y presupuestarios adicionales. Dichas instituciones velan por que las empresas públicas y privadas no empleen a niños y por que respeten la normativa en vigor si contratan a adolescentes. También se supervisa el sector no estructurado, si bien el Estado deberá invertir en la contratación de inspectores para que se pueda supervisar todo el sector de la producción. El Ministerio de Trabajo organiza sesiones informativas sobre protección de los niños a fin de evitar que se les emplee para trabajar en minas, canteras o zonas francas. Se ha armonizado la política económica global y la política destinada a suprimir el trabajo infantil, pues es bien conocido que el trabajo infantil disminuye a medida que aumentan el empleo y los ingresos. La política económica de redistribución aplicada por Nicaragua ha conducido a una disminución del trabajo infantil. En breve, se realizará una investigación nacional con el objetivo de determinar el número de niños que trabajan. En 2005, se calculaba que trabajaban 238.000 niños, es decir, el 17% de la población activa; sin embargo, esa cifra debería haberse reducido gracias a los diversos programas sociales mencionados.
El Sr. González (Nicaragua) señala que el Estado colabora estrechamente con el sector privado a fin de solucionar el problema de la vivienda y que esa colaboración se ha ampliado a otros sectores, lo que ha tenido una repercusión positiva en las condiciones de vida de los niños. Por ejemplo, el Programa “Usura Cero” concede una ayuda a las mujeres cabeza de familia, es decir, al 30% de las familias de Nicaragua, lo que permite que los niños permanezcan escolarizados.
La Sra. Morales Mazún(Nicaragua) aclara que los poderes públicos y las empresas privadas han firmado un acuerdo sobre vivienda en virtud del cual cada parte se compromete a aportar 45 millones de dólares de los Estados Unidos para la construcción de viviendas sociales. Se mantiene un diálogo permanente con los empresarios a fin de recordarles sus responsabilidades sociales. En algunos sectores, como la educación, el Estado ha solicitado la colaboración técnica de empresas de telefonía o de informática. Ese tipo de colaboración, que es habitual en otros países de América Latina, se encuentra en sus albores en Nicaragua.
El Presidente solicita información pormenorizada sobre los niños con discapacidad.
El Sr. González(Nicaragua) dice que, desde octubre de 2009, el Gobierno realiza un estudio exhaustivo para analizar las causas de la discapacidad, evaluar la situación actual y diseñar los programas pertinentes. Se ha pasado de un enfoque estrictamente médico de la discapacidad a una visión mucho más amplia de la cuestión. De los primeros datos que arroja el estudio se desprende que el 3,2% de la población padece alguna discapacidad y que el 25% de las personas con discapacidad presenta una discapacidad mental. Varias instituciones privatizadas del sector sanitario han vuelto a incorporarse al sector público y se dedican a la producción de prótesis y aparatos ortopédicos. El Gobierno colabora, además, con organizaciones no gubernamentales a fin de garantizar la atención a las personas con discapacidad, si bien la cobertura todavía no es completa. En el ámbito de la educación, se intenta integrar en el sistema educativo ordinario a los niños que padecen alguna discapacidad intelectual. Se abren centros especializados en función de las necesidades. Muchos nicaragüenses han perdido algún miembro durante la guerra, pero, por motivos económicos, nunca han recibido una prótesis, debido a la privatización del sistema. Según las estimaciones, entre 8.000 y 10.000 personas necesitan una prótesis, y resulta muy difícil hacer frente a esa situación con medios limitados.
La Sra. Herczog solicita información adicional sobre la situación de los niños adoptados o colocados en una familia de acogida, incluidos los niños con discapacidad.
La Sra. Maurás Pérez(Relatora para el país) solicita información adicional sobre la adopción y la organización de los centros y las familias de acogida.
ElSr. López(Nicaragua) dice que, en el pasado, se colocaba a muchos niños en centros de acogida porque los padres no contaban con los medios necesarios para hacerse cargo de ellos, pero en la actualidad se considera que la familia constituye el principal marco de protección y de reconocimiento de los derechos de los niños. El número de niños asignados a ese tipo de centros ha disminuido de 4.000 a algo más de 1.000 desde la llegada del nuevo Gobierno, gracias a la política de reintegración de los niños en sus familias.
La Sra. Herczog pregunta qué atención reciben los niños que son separados de sus familias.
El Sr. López(Nicaragua) explica que esos niños son colocados en centros de acogida o en hogares solidarios, en donde pueden recibir apoyo psicológico mientras se realiza una investigación para determinar si se encuentran en situación de riesgo en su familia de origen, a la que son devueltos en la medida de lo posible, pues el Código de Familia estipula que no debe separarse a los niños de sus padres. Si se determina que el niño se encuentra en situación de riesgo, puede iniciarse un proceso de adopción. Se da prioridad a la adopción nacional frente a la adopción internacional, para evitar que los niños sean desarraigados de su entorno. La Ley de adopción contiene disposiciones destinadas a proteger a los niños contra los abusos y la trata. Un grupo de diputados considera que esa ley garantiza una protección superior a la exigida en el Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción de menores, lo que no implica que ese Convenio no vaya a ratificarse.
El Presidentesolicita información sobre la situación de los niños que permanecen en el país y cuyos padres residen en el extranjero, de los niños refugiados y de los niños de la calle.
El Sr. López (Nicaragua) dice que los niños de la calle son atendidos en el marco del Programa Amor.
Se ha elaborado un conjunto de medidas con el objetivo de volver a escolarizar a esos niños, de mejorar su estado nutricional y de reforzar sus vínculos familiares y comunitarios. Muchos niños han sido devueltos a sus familias. El Ministerio de Educación ha emprendido una serie de reformas y elaborado programas flexibles destinados a volver a escolarizar a los niños de la calle y a los niños que trabajan. El Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez lleva a cabo una campaña de concienciación de las familias a fin de disuadirlas de que hagan trabajar a sus hijos. Se pueden aplicar sanciones en última instancia, en especial a los padres que utilicen a sus hijos para que ejerzan la mendicidad.
Tras la reforma constitucional de 1995, se creó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y el primer titular de ese puesto ocupó el cargo en 1999. El Ombudsman es nombrado por el Parlamento por mayoría cualificada a partir de una lista de nombres propuestos por los partidos representados en la Asamblea Nacional y por la sociedad civil. El Ombudsman es independiente del poder ejecutivo, supervisa que tanto el poder ejecutivo como todos los órganos públicos respeten los derechos humanos y nombra a sus delegados. El delegado del Ombudsman para la Niñez y la Adolescencia vela por el respeto de los derechos humanos, realiza inspecciones, en particular en las escuelas y los centros de salud y redacta informes en los que formula recomendaciones, como, por ejemplo, la supresión de los castigos corporales en las escuelas o la prohibición de la discriminación por razón de la orientación sexual en los centros de salud, recomendaciones que han sido refrendadas por decretos ministeriales.
El Sr. Filaliconsidera que las recomendaciones formuladas por el Ombudsman deberían aplicarse mediante leyes y no mediante decretos ministeriales.
El Sr. López(Nicaragua) responde que las disposiciones constitucionales y legislativas en vigor a ese respecto se han presentado en informes anteriores. Esos decretos, programas y planes han reforzado el régimen jurídico para garantizar de forma coherente y efectiva los derechos de los niños.
El Presidente señala que, según algunas fuentes, el Ombudsman carece de medios técnicos y financieros.
El Sr. López(Nicaragua) responde que, efectivamente, el Ombudsman debería disponer de recursos adicionales para cumplir su mandato, pues, a modo de ejemplo, el presupuesto que le ha sido asignado solo le permite financiar el sueldo de sus delegados en nueve departamentos, si bien debería existir un delegado del Ombudsman en cada departamento.
Se levanta la sesión a las 18.00 horas.