277.El artículo 20 del Código de Procedimiento Penal garantiza el derecho de los imputados, los acusados y los demandados a ser defendidos. Las personas encargadas de la investigación, (investigadores, fiscales y tribunales) tienen la obligación de garantizar que los imputados tengan la posibilidad de utilizar los medios legales para defenderse, así como garantizar la protección de sus derechos personales y reales.

278.Se autoriza la intervención del abogado defensor en los siguientes momentos: desde el momento en que se formulan los cargos; cuando la persona imputada de un delito es detenida, desde el momento en que se le lee la orden de detención; cuando una persona es detenida antes de que se le formulen cargos, como medida para garantizar su comparecencia ante el tribunal, desde el momento en que se le lee la resolución en que figura la medida y, en todo caso, a más tardar 24 horas después de la detención en los dos últimos casos. Si el abogado defensor elegido por el imputado o acusado no puede comparecer dentro de ese plazo, la persona encargada de la investigación (investigador o fiscal) está facultada para proponer que el imputado o acusado recurra a otra persona para defenderlo o garantice su defensa por conducto de una asesoría letrada. Los abogados y los representantes de los sindicatos y otras organizaciones públicas que se ocupan de las causas en que intervienen sus miembros pueden actuar como defensores. El tribunal o el juez puede decidir autorizar a un familiar cercano o un conocido del imputado, acusado o demandado a que se desempeñe como defensor.

279.El jefe de la Asesoría Letrada y el Consejo Ejecutivo del Colegio de Abogados tienen la obligación de asignar a un abogado para que defienda al imputado, acusado o demandado. El jefe de la Asesoría Letrada y el Consejo Ejecutivo del Colegio de Abogados, al igual que los órganos de investigación e instrucción previa, el fiscal y el tribunal competente están facultados, de conformidad con el procedimiento estipulado en la legislación nacional, a suspender total o parcialmente el pago de la asistencia letrada por el imputado, acusado o demandado. Si el pago es suspendido por el jefe de la Asesoría Letrada o el Consejo Ejecutivo del Colegio de Abogados, los servicios del abogado defensor se sufragan con cargo a los fondos del Colegio de Abogados y en los demás casos con fondos públicos. Cuando el pago de los servicios del abogado se efectúa por orden del Consejo de Ministros, el gasto se carga al presupuesto [del Estado], como se hace cuando se ha nombrado a un abogado para que participe en la investigación o la instrucción previa o en el juicio. En ese caso se puede ordenar al condenado que reembolse los gastos al Estado, teniendo debidamente en cuenta los dispuesto en el artículo 94 del Código de Procedimiento Penal.

280.La participación del abogado defensor en las vistas judiciales es obligatoria:

-en las causas en que esté involucrado el Estado o el ministerio público;

-en las causas de menores;

-en las causas en que intervengan personas mudas, sordas o ciegas, u otras personas que no puedan ejercer por sí mismas el derecho de defensa a causa de sus limitaciones físicas o mentales;

-en las causas en que intervengan personas que no dominen el idioma en que se tramitan las actuaciones;

-en las causas en que intervengan personas acusadas de delitos para los que pueda imponerse la pena de muerte; y

-en las causas en que intervengan personas con intereses contradictorios y una de ellas tenga abogado defensor.

281.En los casos estipulados en los apartados 2 a 4 del artículo mencionado la participación del abogado defensor es obligatoria durante la investigación, la instrucción previa y el proceso, de conformidad con el procedimiento previsto en la primera parte del artículo 29 del Código de Procedimiento Penal, así como en los casos previstos en el apartado 5 de ese artículo desde la formulación de los cargos. Cuando el abogado defensor no sea elegido por el imputado, acusado o demandado, por su representante legal u otras personas en su nombre, las personas encargadas de la investigación (investigador, fiscal y juez) tendrán la obligación de garantizar que un abogado defensor participe en la causa.

Artículo 10

282.Las personas condenadas por un tribunal a una pena privativa de libertad son enviadas a establecimientos de trabajo correccional. Los hombres cumplen su pena de la siguiente manera:

-los que han delinquido por primera vez por negligencia cumplen una pena de cinco años como máximo en una colonia-asentamiento;

-los condenados por primera vez a una pena privativa de libertad por un delito de menor cuantía cometido con premeditación, así como por un delito de gravedad relativamente menor, y los condenados a una pena privativa de libertad por delitos cometidos por negligencia, cumplen una pena de más de cinco años en una colonia de trabajo correccional de régimen ordinario;

-los condenados por primera vez a una pena privativa de libertad por delitos graves o particularmente graves cumplen su pena en colonias correccionales de régimen aumentado;

-los reincidentes que habían cumplido una pena privativa de libertad y los reincidentes peligrosos cumplen su pena en una colonia correccional de régimen estricto;

-los reincidentes especialmente peligrosos y los condenados a muerte cuya pena se ha conmutado mediante indulto cumplen su pena en colonias correccionales de régimen especial.

283.Las mujeres condenadas a una pena privativa de libertad cumplen su condena de la siguiente manera:

-las que han delinquido por primera vez por negligencia cumplen una pena de cinco años como máximo en una colonia o un asentamiento;

-las condenadas por delitos particularmente graves y las reincidentes particularmente peligrosas cumplen su pena en colonias de régimen estricto; y

-las demás condenadas cumplen su pena en colonias de régimen ordinario.

284.Los condenados a una pena privativa de libertad por un delito particularmente grave y los reincidentes particularmente peligrosos pueden ser condenados a cumplir parte de la pena en una cárcel, pero por un máximo de cinco años.

285.Los condenados a una pena privativa de libertad que tenían menos de 18 años al dictarse la sentencia son enviados a colonias de reeducación de régimen normal o aumentado.

286.Los tribunales pueden cambiar el tipo de establecimiento correccional al que son asignados los condenados, por los motivos establecidos en las leyes de la República y de conformidad con los procedimientos que éstas prevén.

287.En virtud del artículo 413 del Código de Procedimiento Penal, los condenados permanecen separados de los demás reclusos. De conformidad con el artículo 7 del Código de Trabajo Correccional de la República Kirguisa, los principales medios para reformar y reeducar a los condenados son el régimen de cumplimiento de la pena, el trabajo de utilidad social y el trabajo de educación social. En virtud del artículo 18 del Código de Trabajo Correccional se adoptan medidas para que en los establecimientos de trabajo correccional los menores y los adultos permanezcan separados

288.Los principios fundamentales de la justicia penal y el Código de Procedimiento Penal garantizan que la decisión de poner en prisión preventiva a los acusados de delitos sea fundada y legal. Los acusados deben permanecer separados de los condenados.

289.El artículo 5 del Código de Procedimiento Penal estipula que nadie podrá ser condenado sino por los motivos y de conformidad con el procedimiento establecido por la ley.

290.El artículo 332 del Código de Procedimiento Penal estipula las consecuencias de la interposición de un recurso de apelación o una impugnación. La presentación de un recurso o una impugnación contra una sentencia suspende su ejecución. Al expirar el período previsto para los recursos y las impugnaciones, el tribunal que dictó sentencia debe enviar la causa al tribunal de apelación, junto con los recursos o impugnaciones recibidos, y comunicar a los interesados el día en que el tribunal de apelación examinará el caso.

291El artículo 381 (capítulo 31 de la sección 6) (Verificación de la legalidad y el fundamento de los fallos, mandamientos y resoluciones judiciales que han adquirido autoridad de cosa juzgada) estipula que los fallos, mandamientos y resoluciones judiciales que han adquirido autoridad de cosa juzgada podrán revisarse en virtud de los procedimientos de supervisión. Esa revisión se autoriza únicamente en caso de impugnación presentada por un fiscal, el representante de un tribunal o el adjunto de éste, facultado a hacerlo por la legislación nacional. El Fiscal General y el Presidente del Tribunal Supremo y sus adjuntos están facultados a impugnar las sentencias y los mandamientos de los tribunales de distrito (municipales) del pueblo y las resoluciones de los jueces del pueblo, las resoluciones de los cuerpos colegiados de los tribunales del pueblo y de los cuerpos colegiados de los tribunales de provincia (oblast), los mandamientos o sentencias de los tribunales municipales o los consejos de guerra de la República y las resoluciones de los jueces de los tribunales municipales y de las oblast.

292.Es posible presentar impugnaciones contra los mandamientos y sentencias de las distintas salas del Tribunal Supremo y las resoluciones de los jueces de dicho tribunal. El Fiscal General y el Presidente del Tribunal Supremo pueden presentar impugnaciones contra las resoluciones del cuerpo colegiado (Presidium) del Tribunal Supremo.

293.El procedimiento para interponer recursos de apelación se rige por la Ley sobre el procedimiento para sustanciar los recursos de apelación presentados por los ciudadanos, lo que no limita en absoluto la posibilidad de que los ciudadanos que no hayan alcanzado la mayoría de edad presenten recursos de apelación directamente o por medio de un representante.

294.Los recursos de apelación contra las medidas de un organismo o funcionario de investigaciones se presentan directamente ante un fiscal, ya sea por medio de la persona que lleva a cabo la investigación o del funcionario de investigaciones cuyas medidas sean objeto del recurso de apelación. Los recursos pueden presentarse por escrito o verbalmente. En este último caso se levanta un acta, que es firmada por el recurrente. Dentro de un plazo de 24 horas las personas que llevan a cabo la investigación deben transmitir el recurso al fiscal, junto con sus propias explicaciones.

295.La recepción del recurso de apelación no suspende la aplicación de la medida objeto del recurso si la persona encargada de la instrucción, el investigador o el fiscal, según proceda, no lo consideran necesario (art. 20). La suspensión sólo puede decidirse al resolverse el recurso. Dentro de los tres días siguientes a la recepción del recurso, el fiscal está obligado a resolverlo y comunicar los resultados al recurrente. Si el recurso se desestima, el fiscal tiene la obligación de exponer los motivos por los que se consideró injustificado el recurso. La persona que lleva a cabo la instrucción, el investigador y el recurrente pueden apelar la resolución del fiscal ante un fiscal superior (CPP, art.20).

296.Las personas privadas de libertad permanecen en celdas comunes. En casos excepcionales y en virtud de una resolución motivada de la persona o el órgano competente, o bien del jefe del servicio de prisión preventiva, y con la autorización de un fiscal, esas personas pueden ser recluidas en celdas individuales.

297.Al recluir a personas en celdas, debe separárselas de la siguiente manera:

-los hombres de las mujeres;

-los menores de los adultos; en casos excepcionales, con autorización de un fiscal, se permite que haya adultos y menores en la misma celda;

-las personas que han cumplido una pena en centros de reclusión, de las personas que nunca han estado recluidas;

-normalmente, los acusados o imputados de delitos particularmente peligrosos contra el Estado de las demás personas;

-los reincidentes particularmente peligrosos de los demás reclusos;

-los condenados, de las demás personas recluidas y según el régimen del tipo de colonia de trabajo correccional que estipule la sentencia; y

-normalmente, los extranjeros y los apátridas de las demás personas.

298.Los imputados y los acusados en la misma causa deben permanecer separados si la persona o el órgano competente así lo ordena.

299.De conformidad con lo dispuesto en la parte 5 del artículo 8 del Reglamento de prisión preventiva, el Ministerio del Interior establecerá el procedimiento para enviar a una persona privada de libertad a la enfermería del centro en que se encuentra.

300.Las personas cuya comparecencia se garantiza privándolas de libertad deben permanecer en pabellones de aislamiento con fines de investigación. En algunos casos esas personas pueden ser recluidas en cárceles, centros de detención o cuerpos de guardia.

301.Nadie puede permanecer recluido más de tres días en un centro de detención. Si la persona no puede ser enviada a un pabellón de aislamiento con fines de investigación a causa de la distancia o por falta de comunicaciones apropiadas, podrá permanecer recluida por un período más prolongado pero no superior a 20 días. En esos casos, así como cuando la persona está encarcelada para garantizar su comparecencia, el régimen de privación de libertad se rige por el Reglamento de prisión preventiva y los artículos 406 a 424 del Código de Procedimiento Penal.

302.Si se inician acciones penales por otro delito contra una persona que está cumpliendo una condena en un centro de reclusión y se decide garantizar su comparecencia privándola de libertad, la persona o el órgano competente en la causa puede decidir mantenerla en el pabellón de aislamiento penal de una colonia de trabajo correccional o el pabellón de aislamiento disciplinario de una colonia de trabajo educacional.

303.En los establecimientos de trabajo correccional distintos de las colonias de asentamiento se adoptan las medidas necesarias para que los hombres estén separados de las mujeres y los menores de los adultos. Los hombres condenados por primera vez a una pena privativa de libertad permanecen separados de los que ya han cumplido una condena; los condenados por un delito de menor cuantía de los condenados por primera vez por un delito grave; y, normalmente, los condenados extranjeros o apátridas de los condenados kirguises.

304.Hay colonias de asentamiento separadas para las siguientes personas: los condenados por un tribunal a colonias de asentamiento para personas condenadas a una pena privativa de libertad; los condenados por un tribunal a colonias de asentamiento para personas firmemente comprometidas en su proceso de reeducación, de conformidad con el procedimiento estipulado por el artículo 72 del Código.

305.El requisito de que los condenados estén separados no se aplica en las enfermerías de los centros de reclusión ni en los establecimientos de trabajo correccional en que estén recluidos y reciban tratamiento condenados que tengan una enfermedad infecciosa. A las personas enviadas a las mencionadas colonias se les aplica el régimen del tipo de colonia elegido por el tribunal. A los condenados que se encuentran en esas colonias y en las enfermerías se les aplican las modalidades que determina el Ministerio del Interior.

306.Los principales métodos utilizados para reformar y reeducar a los condenados son el régimen de cumplimiento de la pena, el trabajo de utilidad social, la educación social y política, la educación general y la formación profesional. Al elegir las medidas de reforma y educación deben tenerse en cuenta la naturaleza del delito cometido y el alcance del peligro que plantea para la sociedad, la personalidad del condenado y su comportamiento y actitud respecto al trabajo.

307.La comunidad participa en la reforma y reeducación de los condenados y en la supervisión pública de la actividad de los establecimientos y órganos que se ocupan del cumplimiento de las penas privativas de libertad impuestas por los tribunales. El trabajo de educación social que se realiza con las personas privadas de libertad adopta principalmente las siguientes formas:

a)El trabajo individual, basado en un estudio detenido de la personalidad del condenado y en el que se tiene en cuenta el delito que ha cometido, su edad, nivel de educación y profesión, así como otras características;

b)Campañas, actividades de publicidad y experiencias culturales populares; y

c)La competencia en el trabajo.

308.El trabajo de educación social realizado con las personas privadas de libertad varía según el régimen del establecimiento de trabajo correccional. En las cárceles y los locales organizados como celdas, el trabajo de educación social se realiza principalmente en las celdas y consiste en conversaciones grupales o individuales.

309.En los establecimientos de trabajo correccional se organizan grupos recreativos de condenados, que funcionan bajo la dirección de la administración del establecimiento, para desarrollar las aptitudes grupales de los condenados que cumplen su pena en centros de reclusión, alentar las iniciativas positivas entre ellos y utilizar la influencia del grupo para reformarlos y reeducarlos. Los condenados que se incorporan a los grupos recreativos no están exentos de sus actividades productivas normales.

310.Hay consejos comunitarios de condenados, compuestos por personas cuyo comportamiento y recta actitud respecto al trabajo son ejemplares. En general, esos consejos se crean en las colonias de trabajo correccional de régimen general, aumentado o estricto, en las colonias‑asentamientos de todos los tipos y entre los condenados que, de conformidad con el artículo 16 del Código, permanecen en pabellones de aislamiento con fines de investigación o en cárceles para realizar tareas domésticas, así como entre los condenados trasladados desde los locales organizados como celdas a los pabellones de alojamiento normales de las colonias de régimen especial.

311.Los consejos comunitarios son elegidos en reuniones generales de los condenados o en reuniones de sus representantes. El jefe del establecimiento de trabajo correccional confirma la composición del consejo de representantes. Los consejos comunitarios informan periódicamente sobre su labor en las reuniones de condenados. El jefe del establecimiento de trabajo correccional confirma las decisiones adoptadas por el consejo. En las cárceles y entre los condenados recluidos en los locales organizados como celdas de las colonias de trabajo correccional de régimen especial hay consejos de jefes de equipo designados por la administración del establecimiento.

312.En los establecimientos de trabajo correccional se imparte educación secundaria general a los elementos más jóvenes. Los condenados mayores de 40 años y los inválidos de las categorías 1 y 2 se matriculan en los cursos de educación general con carácter voluntario. Se alienta la asistencia de los condenados a los cursos de educación general y dicha asistencia se tiene en cuenta al determinar el grado de su reforma y reeducación.

313.En las colonias de trabajo correccional se imparte educación profesional o formación profesional en el trabajo a los condenados que no tienen oficio. Los condenados inválidos de las categorías 1 y 2 se matriculan en los cursos de formación profesional o de formación profesional en el trabajo con carácter voluntario. En las colonias de trabajo educacional la formación profesional y la formación profesional en el trabajo se imparten durante la jornada laboral de los condenados.

314.En los establecimientos de trabajo correccional existen distintas formas de formación profesional en el trabajo para mejorar la competencia profesional de las personas privadas de libertad y enseñarles un nuevo oficio. Se alienta a los condenados a recibir formación profesional o formación profesional en el trabajo y mejorar su competencia profesional, y esos factores se tienen en cuenta al determinar el grado de su reforma y reeducación.

315.El comité ejecutivo de los consejos (keneshes) locales debe proporcionar trabajo a los presos puestos en libertad teniendo en cuenta su oficio en la mayor medida posible y dentro de los 15 días siguientes a la solicitud de asistencia para encontrar trabajo. De ser necesario, se les proporciona alojamiento. A su solicitud, los inválidos y los ancianos son colocados en los hogares que les están destinados. En caso necesario, los menores que no tienen padres son colocados en internados o bajo la custodia de un comité de menores.

316.Las personas puestas en libertad condicional son colocadas bajo la observación de instituciones públicas y de sus compañeros de trabajo durante el resto del período al que han sido condenadas y se realiza con ellos un trabajo de educación social. El objetivo es contribuir a consolidar su reforma y su integración en el mundo del trabajo honesto.

317.Las comisiones supervisoras participan en la reforma y reeducación de los condenados y en el control público de la actividad de los establecimientos y órganos que se ocupan del cumplimiento de las penas privativas de libertad y de las condenas a trabajo correccional no privativas de libertad impuestas por los tribunales. El Reglamento de las comisiones supervisoras rige la organización de su labor, así como sus facultades y procedimientos. Las comisiones son formadas por las administraciones públicas locales, los gobiernos de las ciudades de Bishkek y Osh, y el Gobierno de la República.

318.Las comisiones supervisoras están compuestas por un presidente (subjefe de la administración pública local, jefe de gobierno de las ciudades de Bishkek y Osh o Viceprimer Ministro de la República Kirguisa), un vicepresidente, un secretario y por lo menos seis miembros. El número de miembros de cada comisión depende de su volumen de trabajo. En las comisiones hay diputados de los parlamentos (keneshes) locales y representantes de los sindicatos y de otras organizaciones públicas, así como de agrupaciones de trabajadores. Los empleados de los órganos de asuntos internos (milicia), de la fiscalía y de los tribunales, así como los abogados, no pueden ser miembros de las comisiones.

319.Las principales tareas de las comisiones supervisoras son:

a)Ejercer una supervisión pública permanente de las actividades de los establecimientos de trabajo correccional y los órganos que se ocupan del cumplimiento de las penas de trabajo correccional no privativas de libertad; de la aplicación por esos establecimientos y órganos del régimen y las condiciones de privación de libertad de los condenados; del correcto aprovechamiento de su trabajo y la organización de su educación general y formación profesional; de su educación social y la utilización apropiada de incentivos y sanciones en relación con los condenados, así como de la prestación de asistencia a esos establecimientos y órganos en la realización de la mencionada labor;

b)Supervisar la organización y realización de la labor de educación social en las empresas, instituciones y organizaciones que empleen a personas en libertad bajo fianza o condicional, personas que cumplan una pena no privativa de libertad, personas que hayan sido condenadas a una pena privativa de libertad en suspenso y personas que hayan cumplido su pena o hayan sido puestas en libertad condicional; y

c)Llevar un registro de los delincuentes reincidentes tras su puesta en libertad y realizar una labor de supervisión pública de su comportamiento en la vida diaria y el trabajo.

320.Para llevar a cabo esas tareas, las comisiones supervisoras están facultadas a:

a)Fiscalizar, dentro de los límites de sus facultades, las actividades de la administración de los establecimientos de trabajo correccional y los órganos que se ocupan del cumplimiento de las penas de trabajo correccional no privativas de libertad;

b)Solicitar a la administración de los establecimientos los documentos y la información necesarios para la labor de la comisión;

c)Ver a los condenados; consultar su expediente; y recibir y examinar sus propuestas, declaraciones y recursos;

d)Recibir los informes de la administración de los establecimientos y órganos sobre su labor de reforma y reeducación de los condenados; recibir informes de la dirección de las empresas, instituciones y organizaciones que actúen como patronos para los establecimientos de trabajo correccional; y proponer medidas para mejorar su labor;

e)Verificar la calidad de la labor de educación social que se lleva a cabo en las empresas, instituciones y organizaciones con las personas en libertad bajo fianza o condicional, las que cumplen una pena no privativa de libertad, las condenadas a una pena privativa de libertad en suspenso y las que han cumplido su condena o han sido puestas en libertad condicional;

f)Presentar solicitudes de indulto de conformidad con el procedimiento establecido;

g)En los casos previstos en la legislación nacional, comparecer ante los tribunales junto con los órganos que se ocupan del cumplimiento de las penas y presentar peticiones para obtener la libertad condicional de los condenados o la conmutación del resto de la pena;

h)Autorizar a la administración de los establecimientos de trabajo correccional a adoptar esas medidas;

i)Comparecer ante los tribunales presentando peticiones para obtener la modificación de las condiciones de reclusión de las personas condenadas a una pena privativa de libertad;

j)Autorizar a la administración de una cárcel a mantener a un condenado en régimen estricto durante un período determinado;

k)Autorizar a las condenadas a vivir fuera de la colonia mientras estén exentas de trabajar por motivos de embarazo, parto o crianza de un niño menor de dos años;

l)Conceder a los condenados el derecho a circular sin vigilancia fuera de una colonia;

m)Participar en las vistas judiciales cuando se estén examinando cuestiones relacionadas con los condenados, en los casos previstos por la ley; y

n)Presentar a los organismos locales competentes propuestas para mejorar la labor de los establecimientos de trabajo correccional y los órganos que se ocupan del cumplimiento de las penas de trabajo correccional no privativas de libertad; propuestas para mejorar la educación social de las personas en libertad bajo fianza o condicional, las que cumplen una pena no privativa de libertad, las condenadas a una pena privativa de libertad en suspenso y las que han cumplido su pena o han sido puestas en libertad condicional; y propuestas para el trabajo y la organización doméstica de los presos puestos en libertad.

321.Las comisiones supervisoras pueden crear subcomisiones especializadas en actividades de educación social; higiene y quehaceres domésticos; registro de los presos puestos en libertad y ayuda a éstos en su trabajo y organización doméstica; y otras actividades similares. Las subcomisiones están compuestas por miembros de la comisión supervisora y representantes de los sindicatos y las agrupaciones de trabajadores.

322.Las comisiones supervisoras cooperan en los asuntos de su competencia con otras comisiones de las administraciones públicas locales o los gobiernos de las ciudades de Bishkek y Osh, que se mantienen en estrecho contacto con los organismos encargados del cumplimiento de la ley, las organizaciones públicas y las agrupaciones de trabajadores, y la comunidad les presta apoyo en su labor.

323.La aplicación de las decisiones adoptadas por las comisiones supervisoras dentro de sus facultades es obligatoria. Dicha obligatoriedad guarda relación con el mejoramiento de la labor de los establecimientos de trabajo correccional y los órganos que se ocupan del cumplimiento de las penas de trabajo correccional sin privación de libertad, así como con el mejoramiento de la educación social de las personas en libertad bajo fianza o condicional, las que cumplen una pena no privativa de libertad, las que cumplen una pena privativa de libertad en suspenso y las que han cumplido su pena o han sido puestas en libertad condicional. La administración de esos establecimientos y órganos, así como la dirección de las empresas, instituciones y organizaciones, tienen la obligación de informar a la comisión supervisora, dentro de un plazo de dos semanas, acerca de las medidas adoptadas para aplicar sus decisiones.

324.La insuficiencia de recursos financieros para la manutención de los condenados menores de edad no permite cumplir plenamente las normas internacionales para el tratamiento de los condenados, enunciadas en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores ("Reglas de Beijing").

325.El Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Faltas Administrativas y el Reglamento de las Comisiones de Menores de la República Kirguisa prevén medidas especiales para la protección social de los menores. El Código Penal recientemente aprobado, que entrará en vigor a comienzos de 1998, dedicará por primera vez una sección completa a la responsabilidad penal de los menores. La incorporación de esa sección en el nuevo Código Penal satisface una de las principales exigencias de la Convención sobre los Derechos del Niño y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a saber, que ningún niño debe ser privado ilegal o arbitrariamente de su libertad. El alcance de la responsabilidad penal de las personas menores de 16 años que cometan un delito se ha calificado considerablemente. Los tribunales deben tener en cuenta la edad del acusado como circunstancia atenuante. A la vez, si se comete un delito contra un menor o con su participación, los tribunales podrán considerar que hay una circunstancia agravante. En virtud del Código Penal vigente las personas mayores de 16 años que cometen un delito pueden ser consideradas penalmente responsables. La edad para la responsabilidad penal en el caso de los delitos más graves es de 14 años.

326.Los tribunales, los fiscales y, con autorización de un fiscal, los investigadores, están facultados para absolver de responsabilidad penal a las personas menores de 18 años que hayan cometido un acto que contenga elementos de un delito pero no constituya un gran peligro para la sociedad, y enviar el caso a una comisión de menores para que ésta lo examine, por juzgar, por las circunstancias del caso y la personalidad del delincuente, que es posible reformar a esos menores sin imponerles una sanción penal. Los tribunales están facultados para imponerles medidas compulsivas de educación social, que no son sanciones penales.

327.Las comisiones de menores participan en la reforma y reeducación de los menores que cumplen una pena de trabajo correccional no privativa de libertad, así como en la supervisión pública de la labor de los establecimientos y órganos que se ocupan del cumplimiento de esas penas. Las comisiones pueden establecerse para que informen a los comités ejecutivos de los consejos (keneshes) de distrito, municipales (en las ciudades no divididas en distritos) y, excepcionalmente, rurales y de asentamiento. Las comisiones pueden establecerse asimismo para que informen a los comités ejecutivos de los consejos (keneshes) de provincia (oblast) y al Gobierno de la República. El reglamento de las comisiones de menores rige la organización de la labor de éstas, así como sus facultades y procedimientos.

328.Es posible mantener a los condenados en una colonia de trabajo educacional para que completen su pena después de cumplir los 18 años, pero como máximo hasta los 20, para afianzar su reforma y reeducación y para que completen su educación general o formación profesional. El régimen, las condiciones de trabajo, las raciones y los suministros para su bienestar y la vida diaria previstos para los condenados menores de edad se aplican a los condenados a los que se mantiene en colonias de trabajo educacional para que terminen de cumplir su pena. La decisión de dejar a un condenado en una colonia de trabajo educacional después de los 18 años se basa en una decisión fundada del jefe de la colonia, se acordará con una comisión de menores y deberá ser autorizada por un fiscal.

329.Se utilizan los servicios de educadores públicos para que éstos trabajen con los delincuentes menores de 18 años con miras a obtener los máximos resultados educacionales posibles en cada caso.

Artículo 11

330.El incumplimiento de obligaciones contractuales origina la responsabilidad civil prevista en el capítulo XX del Código Civil de la República y no se considera delito en virtud de la legislación penal, por lo que no entraña la privación de libertad. Los litigios originados en el quebrantamiento de obligaciones contractuales se resuelven en procesos civiles. La imposibilidad de una persona de cumplir una obligación contractual cualquiera no permite someterla a un proceso penal ni privarla de libertad.

Artículo 12

331.De acuerdo con la Constitución, todos tienen derecho a la libertad de circulación y a la libertad de elegir su lugar de residencia, así como el derecho a viajar al extranjero y a volver al país (art. 16). En virtud del artículo 17 de la Constitución, ésta y las leyes de la República autorizarán la imposición de restricciones al ejercicio de los derechos y libertades únicamente para garantizar los de otras personas y proteger la seguridad pública y el orden constitucional. En esos casos la esencia de los derechos y libertades constitucionales no se verá afectada.

332.El reglamento sobre el sistema de pasaportes de la República Kirguisa dispone que los ciudadanos tienen la obligación de registrarse según su lugar de residencia permanente o su domicilio temporal. Los órganos de asuntos internos efectúan el registro según el lugar de residencia permanente. El registro del domicilio temporal o permanente de los ciudadanos kirguises se realiza sobre la base de documentos que confirmen que se les ha transferido la posesión de una propiedad residencial o vivienda, o certifiquen que se ha puesto a su disposición una vivienda, con inclusión de acuerdos tales como los contratos de arrendamiento, subarrendamiento o arrendamiento con opción de compra, o que los faculten a mudarse a una vivienda por motivos distintos de los previstos en la legislación nacional.

333.Las siguientes personas deben registrarse según su lugar de residencia:

a)Los ciudadanos de la República que vivan en el país con carácter permanente;

b)Los ciudadanos de la República que residan en el extranjero con carácter permanente y estén de visita en el país por más de tres meses;

c)Los ciudadanos de la República que se hayan trasladado temporalmente a otra zona de su territorio por más de tres meses;

d)Los extranjeros y los apátridas que vivan en la República con carácter permanente; y

e)Los militares que no vivan en cuarteles.

334.Los extranjeros y los apátridas que visitan la República en viaje de negocios o privado son registrados de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley sobre las condiciones de estadía de los extranjeros en la República Kirguisa.

335.El registro por lugar de residencia se efectúa previa presentación de los siguientes documentos de identidad:

a)Ciudadanos kirguises mayores de 16 años que viven en el país con carácter permanente: pasaporte;

b)Niños menores de 16 años que viven separados de los padres o tutores: certificado de nacimiento;

c)Niños menores de 16 años que viven con los padres o tutores: parte de los pertinentes documentos de registro de uno de los progenitores, el tutor o el curador en que esté inscrito el menor;

d)Ciudadanos kirguises que residen en el extranjero con carácter permanente y están de visita en la República por más de tres meses: pasaporte o documento sustitutivo;

e)Extranjeros y apátridas que residen con carácter permanente en el República: permiso de residencia; y

f)Militares de las Fuerzas Armadas Conjuntas de la Comunidad de Estados Independientes: certificado extendido por su unidad o institución militar.

Las personas que deben registrarse tienen que presentar los documentos necesarios a los órganos competentes dentro de un plazo de siete días. Los documentos deben presentarse dentro de un plazo de cinco días a los órganos que efectúan el registro.

336.Al obtener el registro de la residencia se debe pagar un derecho fiscal cuyo monto se establece en la legislación nacional. El Ministerio del Interior prepara los formularios que deben utilizarse para dicho registro y que pueden adquirirse al precio fijado por el Gobierno.

337.Para salvaguardar la seguridad del Estado, proteger el orden público y garantizar la salud de la población el Gobierno de la República puede imponer restricciones respecto al lugar de residencia en algunas zonas de la República. No se autorizan otras restricciones. Para registrarse como residente permanente o temporal en las zonas pobladas sometidas a régimen especial (zonas administrativas y territoriales cerradas), los ciudadanos kirguises deben presentar un permiso obtenido de conformidad con el procedimiento establecido.

338.En las zonas en que el Gobierno ha impuesto restricciones residenciales, los ciudadanos son registrados con miras a su residencia permanente de la siguiente manera, cualesquiera sean esas restricciones:

a)El cónyuge en la vivienda de su cónyuge;

b)Los menores y los pupilos en la vivienda de sus padres o tutores;

c)Los jóvenes menores de edad sin familia y los menores solteros con hijos en la vivienda de sus padres;

d)Los padres en la vivienda de los hijos;

e)Los hermanos o hermanas menores de edad sin padres, así como los hermanos o hermanas discapacitados, cualquiera sea su edad, en la vivienda de un hermano o una hermana, si no tienen otros familiares;

f)Las personas que acaban de concluir el servicio militar en las Fuerzas Armadas, cuando hayan sido alistadas en la zona en que vivían, en la vivienda que ocupaban antes de efectuar la conscripción o en la de sus padres u otros familiares;

g)Los conscriptos con servicio prolongado dados de baja o incorporados en la reserva, los cabos, suboficiales y oficiales de las Fuerzas Armadas, así como sus familiares, que carezcan de vivienda, en la vivienda de sus familiares cercanos o de los familiares del cónyuge;

h)Las personas liberadas de un centro de reclusión o que hayan regresado del exilio, las personas liberadas de las restricciones relacionadas con la libertad condicional (pena privativa de libertad) con trabajo obligatorio y las personas en libertad vigilada que hayan salido de un centro de reclusión para trabajar en obras de construcción, en la vivienda que ocupan sus familiares o los familiares con los que vivían antes de su condena; e

i)Los ciudadanos que regresan tras un período de ausencia, si, en virtud de la legislación vigente, han mantenido el derecho a ocupar la vivienda.

339.Las restricciones mencionadas también se suprimen en el caso de las siguientes categorías de personas que residen en el lugar con carácter temporal:

a)Los estudiantes de los establecimientos educacionales que tengan categoría oficial de establecimientos de enseñanza superior o de enseñanza secundaria especializada; los estudiantes graduados, los estudiantes graduados en academias militares, los pasantes y los estudiantes de los cursos de formación y perfeccionamiento profesional (las restricciones se suspenden durante el período de estudios);

b)Los familiares de los estudiantes graduados, de los estudiantes graduados en academias militares, de los pasantes y del personal militar que asista a cursos en academias militares e institutos de enseñanza del Ministerio de Seguridad Nacional y el Ministerio del Interior que tengan categoría oficial de establecimientos de enseñanza superior (las restricciones se suspenden durante el período de estudios);

c)Los conscriptos con servicio prolongado dados de baja con carácter permanente o incorporados en la reserva, los cabos, suboficiales y oficiales de las Fuerzas Armadas y de los órganos del Ministerio de Seguridad Nacional y sus familiares. Se les permite residir en las zonas en que vivían antes de la conscripción o el alistamiento en el ejército hasta que se les proporcione una vivienda allí con arreglo al procedimiento establecido, a condición de que regresen a esas zonas dentro de los tres meses siguientes a la baja o la incorporación en la reserva; y

d)Los refugiados reconocidos como tales en virtud del procedimiento establecido.

340.Las siguientes personas son suprimidas del registro de los órganos de asuntos internos:

-las que se han mudado a otro lugar de residencia;

-los conscriptos que prestan servicio en las Fuerzas Armadas;

-las privadas de libertad en virtud de una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada;

-las que han sido privadas del derecho a ocupar una vivienda mediante orden judicial; y

-las que han fallecido.

341.Si en el momento de efectuarse el registro se violó el reglamento, otro instrumento legal de la República o un tratado internacional, el registro de la residencia puede ser cancelado por el órgano de asuntos internos que lo efectuó, un órgano superior de asuntos internos o un tribunal. La persona física o jurídica interesada puede exigir la cancelación del registro de la residencia dentro del período establecido por la ley.

342.Los ciudadanos kirguises entregan su pasaporte a los órganos de asuntos internos al prestar el servicio militar o renunciar a la nacionalidad de la República o perderla. Los órganos de investigación o instrucción previa y los tribunales pueden retirar el pasaporte a los ciudadanos kirguises en los casos previstos por la ley. El pasaporte de las personas detenidas o condenadas a una pena privativa de libertad con trabajo forzoso se retira y retiene en los establecimientos en que se cumple la pena. Los pasaportes se devuelven cuando los titulares son puestos en libertad o han cumplido su pena.

343.Se está preparando un proyecto de ley sobre la entrada al país y la salida de él. Las estadísticas indican que 10.813 kirguises hicieron viajes de negocios al extranjero en 1996 y 4.157 en 1997.

344.Los extranjeros deben entrar en la República con un pasaporte válido y los apátridas con un documento válido emitido por la autoridad competente del país en que tengan residencia permanente, que certifique su identidad y contenga un visado de entrada o de entrada y salida, a menos que en otros instrumentos legislativos o acuerdos con el país de que se trate se establezca un procedimiento de entrada o salida diferente.

345. Puede denegarse la entrada a los extranjeros en los siguientes casos:

a)Para garantizar la seguridad del Estado o proteger el orden público;

b)De ser necesario para proteger los derechos y los intereses legítimos de los ciudadanos de la República y otras personas;

c)Si se establece que durante su estadía anterior violó la condición jurídica o los procedimientos relacionados con los visitantes extranjeros, las normas aduaneras, las disposiciones cambiarias u otras disposiciones legales de la República;

d)Si da información falsa sobre sí mismo o no presenta los documentos necesarios al solicitar la entrada; y

e)Por otros motivos establecidos en la legislación nacional;

346.Los visados para entrar en la República (visados de entradas) y los visados para salir del país (visados de entrada y salida) son extendidos en el exterior a los extranjeros por la misión diplomática o la autoridad consular de la República, y en el territorio de ésta por los órganos competentes del Ministerio de Relaciones Exteriores. A petición de la organización anfitriona se extienden visados a los extranjeros para entradas múltiples en la República. Los Ministerios de Relaciones Exteriores, Seguridad Nacional e Interior establecen el procedimiento para el otorgamiento de visados múltiples.

347.Los visados para entrar en la República se extienden o su validez se prolonga de la siguiente manera:

a)Extranjeros que lleguen a la República bajo el patrocinio de una organización anfitriona o una misión extranjera permanente, sobre la base de una solicitud presentada por escrito por la organización o misión; y

b)Extranjeros que lleguen en viaje de negocios privado o con el propósito de establecerse con carácter permanente en la República, así como los extranjeros que residan con carácter permanente en la República y viajen al exterior en viaje de negocios privado o salgan para establecer su residencia en el extranjero con carácter permanente, sobre la base de un permiso otorgado por los órganos de asuntos internos a petición del interesado. Los extranjeros que atraviesan el territorio de la República lo hacen, en observancia de las normas sobre los viajes de tránsito, siguiendo el itinerario establecido que conduce al puesto fronterizo por el que han de salir del territorio. Pueden detenerse en el camino si tienen el correspondiente permiso extendido por las autoridades competentes. El Gobierno de la República establece las normas relativas al tránsito por el territorio.

348.Durante la estadía de los extranjeros en la República sus pasaportes se registran de conformidad con el procedimiento establecido en la presente ley. Los pasaportes extranjeros deben presentarse para su registro dentro de los tres días siguientes a la llegada a destino, con exclusión de los días feriados y los días de descanso. Las siguientes personas están exentas del registro del pasaporte:

a)Los jefes de Estado y de gobierno extranjeros, los miembros de las delegaciones parlamentarias y gubernamentales que llegan a la República por invitación del Presidente, el Parlamento Nacional (Zhogorku Kenesh) o el Gobierno de la República, el personal de apoyo de esas delegaciones y los familiares de todas esas personas.

b)Las personas que visitan la República con pasaportes extendidos por las Naciones Unidas.

c)Los extranjeros que visitan la República para pasar vacaciones o días de descanso o por un período máximo de tres días laborables y salen de la República dentro de ese plazo.

d)Los turistas extranjeros que realizan un crucero.

e)La tripulación de las aeronaves militares extranjeras que visitan la República de conformidad con el procedimiento establecido. El oficial superior de la guarnición da permiso a los miembros de la tripulación de la aeronave militar extranjera para circular por el territorio de la República de conformidad con los planes para recibir aviones militares visitantes; y

f)Los miembros de la tripulación de las aeronaves civiles pertenecientes a compañías aéreas internacionales cuando sus horarios figuren en los indicadores de los aeropuertos.

Los pasaportes de los extranjeros se registran en el lugar por el que éstos entran en la República.

349.La autorización para residir con carácter permanente en la República se otorga en forma de permiso de residencia extendido por los órganos de asuntos internos. Las solicitudes de los extranjeros que visitan la República para pedir permiso de residencia permanente deben presentarse directamente a los órganos de asuntos internos de la zona en que se encuentran y las de las personas que residen en el extranjero a la misión diplomática o la autoridad consular de la República. Los permisos de residencia son otorgados a los extranjeros mayores de 16 años por los órganos de asuntos internos en la zona en que viven y por el período de validez de su pasaporte, pero por un máximo de 5 años, y a las personas mayores de 45 años por todo el período de validez de su pasaporte. Los apátridas reciben un permiso de residencia de 5 años y los mayores de 45 años un permiso de validez ilimitada. Para obtener la renovación del permiso de residencia o un permiso nuevo los extranjeros deben presentar una solicitud a los órganos de asuntos internos de la zona en que viven a más tardar 10 días antes del vencimiento del permiso y, en caso de pérdida, inmediatamente.

350.Si un extranjero no presenta un documento nuevo o renovado dentro del año siguiente al vencimiento de su pasaporte, los órganos de asuntos internos le extienden un permiso de residencia para apátridas. Los nacionales de Estados con los que la República Kirguisa ha firmado un tratado internacional o cualquier otro acuerdo pertinente para impedir la doble nacionalidad puede obtener un permiso de residencia para apátridas previa presentación de un documento que certifique que los órganos competentes de ese Estado le permiten renunciar a su nacionalidad. El permiso de residencia para apátridas se sustituye por un permiso de residencia para extranjeros si el titular presenta un pasaporte válido a los órganos de asuntos internos.

351.Los extranjeros pueden circular por el territorio de la República y elegir un lugar de residencia de conformidad con el procedimiento establecido en la legislación nacional. Se autoriza la imposición de restricciones a la circulación y a la elección del lugar de residencia cuando ello se considera necesario para garantizar la seguridad del Estado y proteger el orden público, la salud y la moral de la población, así como para salvaguardar los derechos y los intereses legítimos de los ciudadanos de la República y otras personas. Los extranjeros pueden circular libremente en las zonas de la República que pueden visitar. La entrada y circulación en las zonas cerradas a las visitas de extranjeros es posible únicamente con la autorización de los órganos de asuntos internos. La autorización se otorga a las personas que efectúan una visita bajo el patrocinio de una organización anfitriona sobre la base de una solicitud presentada por escrito por la organización y a las personas que efectúan una visita bajo el patrocinio de una representación o en viaje de negocios privado, o que residen con carácter permanente en la República, sobre la base de una solicitud presentada por ellas por escrito. A petición de una organización anfitriona pueden autorizarse a los extranjeros entradas y viajes múltiples. Los visitantes extranjeros que cambian de dirección en la República en violación de la ley tienen la obligación de regresar a su domicilio anterior a petición de los órganos de asuntos internos. En algunos casos esos órganos pueden extender el visado correspondiente.

352.Los extranjeros no están autorizados a salir de la República:

a)Si hay motivos para iniciar acciones penales contra ellos, hasta la conclusión de las actuaciones;

b)Si han sido condenados por un delito, hasta que cumplan la pena o sean eximidos de ella;

c)Si su partida es incompatible con la seguridad del Estado, hasta que dejen de existir las circunstancias que constituían un obstáculo a su partida; y

d)Si hay otros obstáculos a su partida, por los motivos establecidos en la legislación nacional.

La partida de la República de un extranjero puede aplazarse hasta que éste pague las deudas patrimoniales que tenga con el Estado, con nacionales kirguises o con otras personas físicas o jurídicas.

353.Toda persona que no esté de acuerdo con una decisión oficial puede recurrirla iniciando una acción judicial.

Artículo 13

354.El artículo 24 de la Ley sobre la reglamentación de la estadía de extranjeros en la República Kirguisa dispone que los extranjeros podrán ser expulsados de la República:

a)Si sus actos son incompatibles con la seguridad del Estado o el orden público;

b)Si ello es necesario para salvaguardar la salud y la moral de la población o proteger los derechos y los intereses legítimos de los nacionales kirguises u otras personas;

c)Si ha violado reiteradamente y de manera manifiesta la legislación sobre la condición jurídica de los extranjeros y la reglamentación sobre su estadía en la República u otros instrumentos legales.

355.La decisión de expulsión es adoptada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior. Los extranjeros deben abandonar la República dentro del plazo indicado en la decisión. Los que no lo hacen pueden ser detenidos y expulsados por la fuerza, previa autorización de un fiscal. La detención se autoriza por el período necesario para concretar la expulsión. El extranjero que ha sido expulsado debe sufragar los gastos de la expulsión.

356.Los órganos de asuntos internos, en cooperación con los órganos de seguridad del Estado, supervisan el cumplimiento de la ley por los extranjeros, los apátridas, los funcionarios y otras personas.

357.De conformidad con la legislación nacional, los extranjeros son responsables si quebrantan las condiciones de su estadía, a saber, si fijan residencia sin tener un documento que les otorgue ese derecho o tienen un documento inválido, no respetan los procedimientos de registro, viaje y elección del lugar de residencia, prolongan su estadía sin autorización o no cumplen las normas de tránsito y viaje.

358.La cuestión de la responsabilidad de los extranjeros que disfrutan de los privilegios e inmunidades que les conceden la legislación y los instrumentos legales internacionales se resuelve por medios diplomáticos. La violación de la ley por las personas que están obligadas a cumplir sus requisitos, incluidas las que invitan a extranjeros a la República en viaje de negocios privado o les prestan servicios, origina responsabilidad de conformidad con la legislación nacional.

359.Los extranjeros que violan su condición jurídica de extranjeros y las condiciones de su estadía pueden ver reducida la duración de su estadía en la República. Esa duración también puede reducirse cuando los motivos para su prolongación han desaparecido. La decisión de reducir la duración de la estadía es adoptada por los órganos de asuntos internos y se la puede impugnar ante un tribunal.

Artículo 14

360.El artículo 7 de la Constitución dispone que uno de los principios en que se basa el poder del Estado es el de la división de los poderes en legislativo, ejecutivo y judicial, que funcionan en cooperación. El poder de la judicatura se extiende a todos los ámbitos de actividad de los poderes legislativo y ejecutivo, así como a la vida económica y la vida diaria del país.

361.En virtud del artículo 79 de la Constitución, la República Kirguisa tiene los siguientes tribunales: el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el Tribunal Económico Supremo y los tribunales locales (tribunales regionales, tribunales de la ciudad de Bishkek, tribunales de distrito y municipales, tribunales económicos regionales y tribunales militares). El Tribunal Constitucional es el garante de la legalidad y la equidad. Junto con todos los órganos judiciales constituye el tercer poder, independiente de los poderes legislativo y ejecutivo y ante los cuales no es responsable.

362.Los jueces del Tribunal Supremo son elegidos por diez años por la Asamblea de Representantes del Pueblo del Zhogorku Kenesh (Parlamento) a propuesta del Presidente. Los jueces de los tribunales locales son designados por el Presidente por un primer período de tres años y períodos subsiguientes de siete años. El Presidente presenta a la Asamblea Legislativa y la Asamblea de Representantes del Pueblo las candidaturas para el cargo de Presidente del Tribunal Constitucional y a la Asamblea de Representantes del Pueblo las candidaturas para los cargos de Presidente del Tribunal Supremo, Presidente del Tribunal Económico Supremo, y vicepresidentes y jueces del Tribunal Supremo y del Tribunal Económico Supremo.

363.Los tribunales militares sustancian únicamente las causas penales en que estén involucrados militares. Los demás tribunales mencionados sustancian causas civiles y penales.

364.Los jueces pueden ser destituidos por razones de salud, a petición suya, por haber cometido un delito sobre la base de una decisión judicial, o por otros motivos previstos por la ley. Los jueces de los tribunales locales también pueden ser destituidos de acuerdo con los resultados de los exámenes. Los jueces del Tribunal Supremo pueden ser destituidos, a propuesta del Presidente de la República (véase la Constitución, que no menciona al Presidente), por una mayoría no inferior a las dos terceras partes del total de diputados de la Asamblea de Representantes del Pueblo.

365.La justicia es administrada por los tribunales. Los jueces están subordinados únicamente a la Constitución y la ley y gozan de inmunidad.

366.La preocupación del Estado y de sus órganos legislativos y ejecutivos por fortalecer la legalidad se manifiesta en los siguientes objetivos:

a)Mejorar la legislación vigente y ampliar el alcance de la regulación legal al nivel que exige a un Estado de derecho;

b)Mejorar las garantías estatales y legales de legalidad;

c)Adoptar medidas para mejorar el funcionamiento de los tribunales, la fiscalía, los órganos de asuntos internos y otros órganos encargados del cumplimiento de la ley; y

d)Movilizar a la población para combatir la delincuencia y eliminar otros fenómenos negativos.

Al garantizar la supremacía de la ley, el resultado de esas medidas debe ser impulsar la constitución de un Estado de derecho. Ningún órgano del Estado, ningún grupo u organización pública, ningún funcionario o ciudadano, cualquiera sea su posición en la sociedad, está por encima de la ley.

367.En la República Kirguisa todas las personas son iguales ante la ley (Const., art. 15). La República garantiza la defensa judicial de todos los derechos y libertades de los ciudadanos enunciados por la Constitución y las leyes (Const., art. 38). Los ciudadanos tienen derecho a defender su dignidad y sus derechos ante la justicia en caso de acusación pública o de otro tipo; en ningún caso se les debe denegar ese derecho. Toda persona que participe en un juicio tiene derecho a ser escuchada (Const. art. 88). Al administrar justicia en una causa penal, los jueces son independientes y están sometidos únicamente a la ley (CPP, art. 17). El Código de Procedimiento Penal permite inhabilitar a un juez en una causa penal para que el juicio sea imparcial (arts. 42 a 46).

368.En virtud del Código de Procedimiento Penal los juicios se celebran públicamente en todos los tribunales, con excepción de los casos en que estén en juego secretos de Estado. Además, se permiten los juicios a puerta cerrada cuando el tribunal pronuncie una decisión fundada en relación con casos de delitos cometidos por personas menores de 16 años, en los casos de delitos sexuales o de otro tipo en que sea conveniente evitar la publicidad de la información relativa a la vida privada de los interesados, y en los casos en que ello sea necesario para garantizar la seguridad de la víctima, los testigos u otras personas involucradas, sus familiares o allegados (CPP, art. 19). La sentencia del tribunal se anuncia públicamente en todos los casos (CPP, art. 19).

369.Se garantiza a todos la presunción de inocencia (Const., art. 39; CP, art. 3).

370.El artículo 28 del Código de Procedimiento Penal dispone que el acusado tendrá derecho a conocer los cargos que se le formulen. Según el artículo 136 del Código, los cargos deben formularse al acusado dentro de las 48 horas siguientes a la aprobación de la resolución de formular los cargos y, en todo caso, a más tardar el día en que el acusado comparezca o sea llevado ante el tribunal. Sin embargo, el período puede prolongarse si el acusado elude la investigación. La persona encargada de la investigación le comunica la resolución en que figuran los cargos y le explica la naturaleza de éstos.

371.El artículo 28 del Código de Procedimiento Penal dispone que el acusado tendrá derecho a los servicios de un abogado defensor, cuya participación se autoriza en virtud del artículo 29 desde el momento en que se formulan los cargos. A partir del momento en que se autoriza su participación el abogado defensor tiene derecho, tras el interrogatorio inicial del acusado, a entrevistarse en privado con éste, sin restricción alguna del número o la duración de las visitas (CPP, art. 32).

372.El Código de Procedimiento Penal establece la duración de la investigación (art. 108) o instrucción preliminar (art. 124) y de la sustanciación de la causa por el tribunal a partir del momento en que se inician las actuaciones (arts. 221 y 235), y establece el procedimiento para extender esa duración. La ley crea pues las condiciones para que el acusado sea juzgado sin demoras injustificadas.

373.Según el artículo 28 del Código de Procedimiento Penal, el acusado tiene derecho a participar en la sustanciación de la causa en un tribunal de primera instancia. La causa se sustancia con la participación del acusado, cuya presencia es obligatoria (CPP, art. 241). Si el acusado no comparece, la causa debe postergarse (CPP, art. 242). El artículo 31 del Código de Procedimiento Penal prevé que el acusado o demandado designará al abogado defensor. De acuerdo con el artículo 32 del Código, el acusado o demandado tiene derecho a descartar al abogado defensor, lo que puede ocurrir únicamente a iniciativa del propio acusado o demandado. Si el abogado defensor es descartado, el acusado o demandado se hace cargo de su propia defensa. Sin embargo, en algunos tipos de causas, la participación del abogado defensor es obligatoria en virtud del artículo 30 del Código de Procedimiento Penal y el abogado defensor es designado por el funcionario encargado de la investigación o el tribunal por conducto del Colegio de Abogados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Código.

374.Según el artículo 88 de la Constitución, las personas sin recursos recibirán asistencia letrada y defensa con cargo al Estado. En virtud del artículo 29 del Código de Procedimiento Penal, si un acusado o demandado es eximido total o parcialmente del pago de la asistencia letrada, ésta es sufragada por el Colegio de Abogados o el Estado.

375.El artículo 281 del Código de Procedimiento Penal dispone que el acusado podrá interrogar a testigos y, según el artículo 2201 [sic] del Código, tendrá derecho a solicitar al juez que convoque a nuevos testigos.

376.La Constitución establece que el idioma oficial de la República será el kirguis. Sin embargo, la violación de los derechos y libertades de los ciudadanos por falta de conocimiento y dominio del idioma oficial no está autorizada (Const., art. 5). Según el Código de Procedimiento Penal, los juicios deben celebrarse en kirguis o en el idioma hablado por la mayoría de la población de la zona de que se trate. Las personas involucradas en una causa que no dominen el idioma en que se sustancien las actuaciones tienen derecho a utilizar los servicios de un intérprete. Los documentos relativos a la investigación y el juicio se facilitan al acusado en una traducción a su idioma nativo o a otro idioma que domine (CPP, art. 18). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 del Código de Procedimiento Penal, los honorarios del intérprete son costas que sufraga el Estado.

377.En virtud del artículo 21 del Código de Procedimiento Penal, está prohibido obtener pruebas del acusado o demandado mediante violencia, amenazas u otros medios ilícitos. El Código Penal prevé sanciones en caso de que la persona que lleva a cabo la investigación obligue al interrogado a proporcionar pruebas durante su interrogatorio mediante amenazas, chantaje u otros medios ilícitos, empleando la violencia o humillándolo (art. 325).

378.En las causas de menores el tribunal está facultado a hacer intervenir en el juicio a representantes de las empresas, instituciones u organizaciones en que el menor estudie o trabaje, comisiones u organismos de supervisión de menores, o de otras organizaciones de ser necesario (CPP, arts. 246 y 250).

379.Según el artículo 83 del Código Penal, el menor de edad que haya cometido por primera vez un delito que no sea grave o un delito de gravedad relativamente menor podrá ser absuelto de responsabilidad penal si se considera que es posible reformarlo imponiéndole medidas compulsivas con fines educacionales. El artículo 86 del Código Penal dispone que el menor de edad que haya cometido por primera vez un delito que no sea grave podrá ser absuelto de responsabilidad penal y el expediente podrá enviarse a una comisión de menores para que ésta lo examine, si, dada la naturaleza del hecho, la personalidad del culpable y otras circunstancias del caso, es posible reformarlo sin imponerle una pena. Además, el tribunal podrá, si existe alguno de los motivos estipulados en la parte 1 del artículo 86 del Código Penal, eximir de pena y de la imposición de medidas compulsivas al menor de edad que haya cometido por primera vez un delito que no sea grave (CP, art. 86).

380.Si, tras sustanciar la causa, el tribunal concluye que la persona menor de 18 años que ha cometido un delito que no constituya una amenaza grave para la sociedad puede ser reformado sin que se le imponga una sanción penal, pronunciará un veredicto de culpabilidad sin prescribir una sanción penal y le impondrá una de las medidas educacionales compulsivas previstas (CP, arts. 10 y 57; CPP, art. 302).

381.Toda persona condenada por un delito tiene derecho a que su sentencia sea revisada con arreglo a los procedimientos de apelación (CPP, art. 327).

382.Cuando una persona es absuelta y la absolución entra en vigor, sus derechos se restablecen plenamente y se le indemnizan todos los gastos causados por la instrucción previa y el juicio.

383.Con arreglo al artículo 6 del Código de Procedimiento Penal, no pueden iniciarse acciones penales y, si se han iniciado, se las debe dar por concluidas, contra una persona respecto a la cual ya se haya dictado sentencia por el mismo cargo o en relación con la cual haya una orden judicial pendiente o un fallo por el que se ordene dar por concluidas las actuaciones por las mismas causales. Esto se aplica igualmente a la persona con respecto a la cual haya una decisión pendiente, adoptada por un órgano de investigación, un funcionario de investigaciones o un fiscal, para dar por concluidas las actuaciones por el mismo cargo.

384.El juez está sujeto únicamente a la Constitución y a la ley. Goza de inviolabilidad e inmunidad y cuenta con garantías sociales, materiales y de otro tipo para salvaguardar su independencia, en correspondencia con su condición. En la práctica, de resultas de las deficientes prestaciones materiales, los jueces en ocasiones terminan dependiendo de organismos estatales o de particulares. Por ejemplo, en las provincias la asignación de los locales para los tribunales y de las viviendas para los jueces corre a cargo de los órganos que detentan poder ejecutivo. El sueldo promedio de los jueces locales es de 45 a 50 dólares de los EE.UU. y el de los jueces del Tribunal Supremo de 60 a 70 dólares de los EE.UU.

Artículo 15

385.Según el artículo 7 del Código Penal, el delito y la pena se definen por la ley vigente en el momento de la comisión del acto. Las leyes que establecen el carácter punible de un acto, aumentan la pena o agravan de alguna manera la situación del individuo no tienen efecto retroactivo, es decir, no pueden aplicarse a actos cometidos antes de su promulgación.

386.La ley que abroga el carácter punible de un acto o reduce su pena tiene efecto retroactivo, es decir, se aplica a quienes hayan cometido ese acto antes de la entrada en vigor de la ley, incluidos los que en ese momento estén cumpliendo condena o los que, habiéndola cumplido, tengan ese antecedente penal.

Artículo 16

387.De conformidad con el artículo 52 del Código Civil, todos los ciudadanos son iguales en cuanto a su capacidad de poseer derechos y deberes civiles. El artículo 56 del Código Civil establece que todos los ciudadanos tienen la misma capacidad transaccional. Toda persona está dotada desde su nacimiento de la capacidad para poseer derechos y deberes civiles. La totalidad de sus derechos y deberes le permiten, dondequiera que se encuentre, actuar como persona investida con derecho en todos los casos en que sus derechos e intereses lícitos se conculquen.

388.El período de prescripción de acciones comienza en el momento en que una persona se percata de la conculcación de sus derechos, o en el momento en que debiera haberse percatado.

Artículo 17

389.La Constitución de la República Kirguisa garantiza a toda persona la protección contra la injerencia arbitraria o ilegal en su vida privada y familiar y contra la violación del secreto de la correspondencia y la conculcación del propio honor y dignidad, y asimismo protege la inviolabilidad de la vivienda (art. 39). Es deber del Estado y de todos sus órganos y funcionarios proteger los derechos y libertades de los ciudadanos (art. 38).

390.La legislación civil rige las relaciones asociadas a la realización y protección de los derechos humanos inalienables y las libertades y de otros beneficios intangibles (artículos 1, 17, 18, 20 y 21 del Código Civil). Los tribunales protegen los derechos civiles conculcados o que son objeto de litigio (artículo 10 del Código Civil).

391.El Código Penal contiene un capítulo dedicado a los delitos contra los derechos humanos y constitucionales y las libertades de los ciudadanos, en que se establecen penas para:

-los delitos contra la igualdad jurídica de los ciudadanos (art. 134);

-la conculcación de la inviolabilidad de la vida privada de la persona (art. 135);

-la violación del secreto de la correspondencia y de las conversaciones telefónicas, y de las comunicaciones postales, telegráficas o de otro tipo (art. 136);

-la conculcación de la inviolabilidad de la vivienda (art. 137);

-la negativa a proporcionar información a los ciudadanos acerca de sus derechos y libertades civiles (art. 138);

-la obstrucción al ejercicio del sufragio (art. 139);

-el soborno de votantes (art.140);

-la falsificación de documentos electorales y de referéndum, o el recuento incorrecto de votos (art. 141);

-la violación de la protección que ofrece la normativa laboral (art. 142);

-la conculcación de la legislación laboral (art. 143);

-la denegación injustificada de empleo a una mujer embarazada o con hijos menores de tres años, o su despido injustificado por esos motivos (art. 144);

-la divulgación de información médica confidencial (art. 145);

-la obstrucción al ejercicio de la libertad de conciencia y de religión (art. 146);

-la invasión de la personalidad y los derechos de los ciudadanos so pretexto de realizar un rito religioso (art. 147);

-la obstrucción a la celebración de una asamblea, reunión, manifestación, procesión o piquete, o a la participación en ellas (art. 148);

-el incumplimiento de la ley sobre la enseñanza universal obligatoria (art. 149);

-la conculcación del derecho de autor, de otros derechos conexos y de los derechos de los titulares de patentes (art. 150);

-la obstrucción al ejercicio lícito de la profesión periodística (art. 151);

-la utilización de recursos financieros destinados a salarios, pensiones, prestaciones y otros gastos públicos (art. 152).

392.El Código Civil de la República Kirguisa establece que la vida y la salud, la dignidad del individuo, la inmunidad personal, el honor, la reputación personal y profesional, la inviolabilidad de la vida privada, la confidencialidad de los asuntos personales y familiares, la libertad de circulación, la libertad de elección del lugar y las características de la vivienda, así como otras prerrogativas intangibles, gozan de la protección de la ley. Asimismo, se establece el ejercicio y la protección de los derechos no patrimoniales personales de conformidad con la ley.

393.En el nuevo Código Penal se amplía la responsabilidad penal por la conculcación de la inviolabilidad de la vida privada:

a)El acopio ilícito de información acerca de la vida privada de una persona ‑información de carácter confidencial sobre el interesado o su familia obtenida sin su consentimiento‑ con la finalidad de divulgarla, o la difusión de dicha información mediante una declaración pública, una obra difundida en público o a través de los medios de información, y que suponga un daño para los derechos e intereses lícitos de la víctima, se castigará con una multa de hasta 50 veces el salario mínimo mensual.

b)La violación del secreto de la correspondencia, de las conversaciones telefónicas, de las comunicaciones postales, telegráficas o de otro tipo entre los ciudadanos se castigará con una multa de entre 50 y 100 veces el salario mínimo.

c)El mismo acto cometido por una persona con abuso de su cargo o mediante un equipo especial concebido para obtener información secretamente está castigado con una multa de entre 100 y 300 veces el salario mínimo mensual, o con la prohibición de que el infractor ocupe determinados cargos o desempeñe determinadas funciones por un período de hasta cinco años, o con la detención por un período de hasta tres meses. Además, el Código Penal tipifica como delito punible la organización de una asociación que suponga una invasión de la persona o los derechos de los ciudadanos (art. 259).

394. El artículo 13 del Código de Procedimiento Penal estipula la inviolabilidad de la vivienda de los ciudadanos. Nadie tiene derecho a entrar en una vivienda en contra de la voluntad de las personas que en ella residen sin una justa causa. El registro, la incautación, la inspección de locales privados, la detención e incautación de correspondencia en las oficinas de correos y telégrafos, la escucha de conversaciones telefónicas o de otro tipo y su registro sólo está permitido por los motivos y de conformidad con los procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento Penal.

395.Según la Ley sobre los organismos de seguridad del Estado, en la prevención de delitos cuya investigación competa por ley a dichos organismos, y en la persecución de personas sospechosas de haber cometido delitos tales que un retraso pueda poner en peligro la vida o la salud de los ciudadanos, los funcionarios de esos organismos tienen derecho a acceder sin trabas a las viviendas y otros locales particulares, y al territorio y locales de empresas, instituciones y organizaciones. Los organismos de seguridad del Estado informan de esos casos al procurador y reciben su aprobación para proceder en un plazo de 24 horas.

Artículo 18

396.De conformidad con el artículo 16 de la Constitución de la República Kirguisa, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Según la Ley sobre la libertad de religión y organizaciones religiosas, la libertad de religión garantizada por la Constitución comprende el derecho de todo ciudadano de definir libre e independientemente su actitud ante la religión, profesar cualquier religión individualmente o conjuntamente con otros, o no profesar ninguna, cambiar sus creencias religiosas y expresar y difundir convicciones relacionadas con su actitud ante la religión (art. 3).

397.El ciudadano determina su propia actitud ante la religión, su profesión o rechazo de la religión, y su participación en el culto público, en ritos y ceremonias religiosos y en la enseñanza de la religión, y no está permitido ningún tipo de coacción en relación con estas opciones (artículo 3 de la Ley sobre la libertad de religión y organizaciones religiosas).

398.El Código Penal castiga:

-la obstrucción al ejercicio del derecho a la libertad de conciencia y de religión (art. 146);

-la invasión de la personalidad y los derechos del ciudadano so pretexto de realizar un rito religioso (art. 147).

399.Según la Ley sobre la libertad de religión y organizaciones religiosas, las únicas restricciones a la libertad de profesar creencias religiosas y de actuar en consonancia con ellas son las que se precisen para salvaguardar la seguridad y el orden públicos, la vida, la salud y la moral, y los derechos y libertades de los demás ciudadanos.

400.La libertad de religión garantizada por la Constitución comprende el derecho de todo ciudadano de definir libre e independientemente su actitud ante la religión, profesar cualquier religión individualmente o conjuntamente con otros, o no profesar ninguna, cambiar sus creencias religiosas y expresar y difundir convicciones relacionadas con su actitud ante la religión. Los padres, o las personas que hagan las veces, tienen derecho, sobre la base del mutuo consentimiento, a educar a sus hijos de acuerdo con su propia actitud ante la religión.

401.Las organizaciones religiosas inscritas en el territorio de la República Kirguisa tienen derecho a pedir a los tribunales que protejan sus derechos en caso de conculcación.

402.El Código Penal no prevé responsabilidad civil en relación con las creencias religiosas.

403.En la Constitución de la República Kirguisa está consagrada la libertad de conciencia, de credo y de culto. Estos conceptos adquirieron auténtica importancia sólo después de la independencia y en una situación de democracia. Después de unos 70 años bajo un régimen de ateísmo militante, en que se atribuyó un valor más alto a la ideología comunista que a la conciencia y en que el pensamiento y la actividad estuvieron sometidos a un control total, la población de Kirguistán tuvo la oportunidad de volver a las fuentes de la fe. En 1990 se celebraban cultos en alrededor de 36 mezquitas y en 25 iglesias y parroquias ortodoxas rusas, mientras que hoy día funcionan más de 1.500 mezquitas, 39 iglesias y parroquias ortodoxas rusas y otros 150 templos protestantes. Sólo en los últimos cinco años se han establecido docenas de instituciones docentes religiosas, entre las que figuran el Instituto Islámico, la Facultad de Teología de la Universidad Estatal de Osh, y madrazas para la enseñanza secundaria en las ciudades de Karakol, Osh, Kara‑Balta, Talas, Tokmak y Khaidarkan. Centenares de jóvenes, entre hombres y mujeres, están estudiando en centros religiosos en Turquía, Egipto, Arabia Saudita y otros países musulmanes. Las organizaciones y asociaciones religiosas cristianas, budistas y judías tienen sus propias instituciones y centros docentes, como la Escuela Bíblica "Ruta de la Seda", de las Iglesias Evangélicas Cristianas Unidas, el centro docente "Emmanuel" de Bishkek, de la Iglesia presbiteriana, el centro docente budista, bajo los auspicios del templo budista de Bishkek, y la escuela privada judía de Bishkek.

404.Teniendo en cuenta la importancia de la religión y de las organizaciones religiosas para el desarrollo de la sociedad, el Estado ha aplicado en los últimos cinco años una política muy estudiada al respecto. La intervención del Estado en los asuntos religiosos se ha limitado a la inscripción de las organizaciones religiosas como entidades jurídicas en el sistema judicial. El artículo 8 de la Constitución establece que la religión y todas las sectas se mantendrán separadas del Estado. De acuerdo con este principio constitucional, no hay injerencia del Estado en cuestiones relacionadas con la opción de los ciudadanos respecto de la religión, ni en las actividades de las organizaciones religiosas si no van en contra de la ley ni confieren a las organizaciones religiosas funciones del gobierno, central o local. En la República Kirguisa se respeta plenamente la libertad de los padres y de los tutores para educar a sus hijos o pupilos de acuerdo con sus creencias religiosas y morales.

405.A tenor de la Constitución, el Estado garantiza a todo ciudadano la libertad de conciencia, de credo y de culto, así como la igualdad completa de derechos y responsabilidades independientemente de su actitud ante la religión y la igualdad de las organizaciones religiosas ante la ley, y protege las actividades lícitas de las organizaciones religiosas y los derechos de los creyentes a satisfacer sus necesidades y deberes religiosos. Además, los órganos oficiales prestan a las organizaciones religiosas la asistencia necesaria que soliciten para resolver cuestiones de orden organizativo, jurídico, social, gestorial o de otro tipo.

406.A tenor del artículo 8 de la Constitución, la organización de partidos políticos por motivos religiosos no está permitida. Los miembros de las organizaciones religiosas no pueden inmiscuirse en la labor de los órganos del Estado. Las organizaciones religiosas no pueden proponerse metas ni tareas políticas. Sin embargo, esas disposiciones no tienen por objeto restringir los derechos de los creyentes, incluido el clero, a participar en pie de igualdad con los demás ciudadanos en la gestión de los asuntos del país, en la elección de los órganos del Estado y del gobierno autónomo, y en la labor de las asociaciones públicas.

407.De conformidad con esas disposiciones gubernamentales, las organizaciones religiosas:

-no deben constituir una amenaza para la seguridad del Estado y pública, ni para la salud o la moral de la población;

-no deben participar en la solución de problemas políticos;

-deben basarse en la supremacía de la ley y en el pluralismo.

Puede considerarse que esta normativa da una idea general de las relaciones entre el Estado y las organizaciones religiosas.

408.Últimamente, representantes de la ciudadanía y de las principales confesiones religiosas de la República (la islámica y la ortodoxa) han expresado preocupación por la creciente actividad de varias misiones y misioneros y por las actividades de distintas sectas, que utilizan la religión como pantalla y constituyen una amenaza para la salud y la moral de la población. Esos grupos utilizan la ayuda económica y otros tipos de ayuda para penetrar en todas las esferas de nuestra vida e incrementar el número de sus seguidores (esto se aplica a nuevas tendencias religiosas tales como la Iglesia de la Asociación Moon). Muchos acusan al Gobierno de adoptar una actitud indiferente ante esos problemas.

409.A partir de la situación existente y con el objetivo de aplicar una política estatal en materia de religión y velar por la libertad de conciencia y de religión de los ciudadanos, a principios de 1996 se estableció una Comisión Estatal de Asuntos Religiosos, que rinde informes al Gobierno de la República. Se trata de un órgano especial del poder ejecutivo, encargado de formular propuestas para la elaboración de una política estatal en materia de religión y de actuar de vínculo entre los órganos estatales y las organizaciones religiosas.

410.A comienzos de 1997 se creó por orden del Gobierno un Consejo Interdepartamental de Asuntos Religiosos, integrado por representantes de todos los ministerios y departamentos interesados, del Zhogorku Kenesh y también de las principales confesiones religiosas. Su finalidad principal es fomentar la aplicación del derecho constitucional de los ciudadanos a la libertad de religión y la armonía entre los intereses del Estado y los de las organizaciones religiosas. Dada la sociedad multiconfesional que de hecho existe, el Estado tiene interés en alentar el pluralismo religioso y la tolerancia entre las distintas confesiones.

411.La política gubernamental de garantizar la libertad en la esfera religiosa se lleva a efecto en el marco de la Ley de libertad de religión y organizaciones religiosas, de 16 de diciembre de 1991. Además, el 14 de noviembre de 1996 el Presidente de la República firmó un Decreto "sobre medidas en aplicación del derecho de los ciudadanos de la República Kirguisa a la libertad de conciencia y de religión". Este Decreto estableció el registro de las organizaciones religiosas, de las misiones de organizaciones religiosas extranjeras y de las instituciones docentes religiosas, lo que proporciona una base jurídica y una serie de garantías a sus actividades religiosas en la República.

412.Sobre la base de lo anterior se está entablando un intenso diálogo y se están elaborando normas para colaborar activamente y por igual con todas las confesiones religiosas sobre todos los asuntos de su interés. En el futuro la labor consistirá en desarrollar y ampliar la base de leyes y estatutos existente que regula las relaciones religiosas y en perfeccionarla y liberalizarla aún más. En la Asamblea Legislativa del Zhogorku Kenesh se está trabajando en una nueva versión de la Ley de libertad de religión y organizaciones religiosas, en que se desarrollarán aún más los principios y las garantías de la libertad de conciencia. De esta manera, todas las creencias religiosas gozan de libertad de acción en Kirguistán y ninguna de ellas se considera el credo dominante o la religión oficial.

413.El servicio alternativo (no militar) se rige por la Ley sobre el servicio alternativo (no militar) de la República Kirguisa. A tenor del artículo 1 de la mencionada Ley, todo ciudadano en edad de reclutamiento militar tiene derecho a alistarse para realizar un servicio alternativo si es miembro de una organización religiosa inscrita que prohiba el uso de las armas y el servicio en las Fuerzas Armadas. En 1996, 35 personas fueron llamadas a realizar un servicio alternativo (no militar) por razones religiosas; en la primavera de 1997, esa cifra era de 43.

Artículo 19

414.A tenor del artículo 16 de la Constitución, toda persona tiene el derecho de expresar y difundir libremente sus pensamientos, ideas y opiniones. En la República Kirguisa existen leyes en materia de medios de información, garantías y libertad de acceso a la información, y protección de la actividad profesional de los periodistas. El artículo 151 del Código Penal tipifica como delito penal la obstrucción a la actividad profesional lícita de los periodistas al obligarles a difundir o no difundir información.

415.A tenor del artículo 5 de la Ley de medios de información, de fecha 2 de junio de 1992, tienen derecho a crear un medio de información social los órganos del Estado, las asociaciones públicas, las cooperativas de trabajadores y los ciudadanos de la República. Un medio de información social puede ser creado por uno o varios fundadores. Pero no se permite que un órgano del Estado cree un medio de información social conjuntamente con una asociación pública, cooperativa de trabajadores o ciudadano privado. A tenor del artículo 8 de la Ley de medios de información, la labor de un medio de información social puede interrumpirse o cesar por iniciativa del fundador o, si ha habido violación de la ley, por sentencia de un tribunal; en este último caso, la sentencia puede ser apelada de conformidad con el procedimiento establecido por la ley. A tenor del artículo 6 de la Ley de medios de información, la solicitud para inscribir un medio de información social se tiene que presentar al órgano estatal correspondiente de la República, acompañada de los documentos necesarios. El organismo apropiado es el Ministerio de Justicia, según consta en el Reglamento del Ministerio de Justicia, confirmado por la decisión gubernamental Nº 129, de 7 de marzo de 1997.

416.El hecho de que en el país estén inscritos unos 400 órganos informativos es prueba del grado de libertad de prensa que existe.

417.Cabe destacar que el Gobierno y los funcionarios oficiales pueden ser criticados abiertamente por los medios de información.

418.A tenor del artículo 127 del Código Penal, el libelo, o sea, la difusión de información que se sabe falsa y que es difamatoria para el honor y la dignidad o la reputación de otra persona, es delito penal. Esa información difamatoria, pronunciada en público, expuesta en una obra o publicada en los medios de información, constituye un delito penal.

419.Han sido objeto de gran publicidad, tanto dentro como fuera de la República, los juicios a algunos periodistas. Conviene señalar que el poder ejecutivo no intervino en el proceso judicial, ya que la Constitución garantiza el principio de la independencia judicial. Las decisiones de los jueces se tomaron de acuerdo con la ley.

420.En un caso, el 23 de mayo de 1997, Zamira Sydykova, redactora del periódico Res Publica, fue condenada a 18 meses de privación de libertad, en una colonia para mujeres en régimen ordinario, por libelo en la persona de A. Sarygulov. Tras una denuncia del ciudadano D. I. Sarygulov, el 17 de febrero de 1997 la Procuraduría de la ciudad de Bishkek incoó un proceso penal contra Z. B. Sydykova, redactora jefa del periódico Res Publica, M. I. Sivasheva, redactora jefa adjunta, y A. M. Alyanchikov y B. I. Shamshiyev, periodistas, por cargos tipificados en la parte 2 del artículo 128 y en el artículo 129 del Código Penal. La averiguación previa indicó que el 2 de julio de 1992 las mencionadas personas habían publicado con dolo directo en el periódico Res Publica una serie de invenciones difamatorias y noticias falsas acerca de D. Sarygulov, presidente de la empresa estatal "Kyrgyz Altyn", en contravención de la Ley de medios de información. Se habían violado los artículos 20 y 23 de dicha ley, que establecen que los periodistas tienen la obligación de comprobar la autenticidad de sus informaciones y no deben permitir que en los medios de información se atente contra el honor y la dignidad individuales. El tribunal de distrito de Pervomaisk declaró culpables a Z. Sydykova y A. Alyanchikov, a los que condenó, a tenor de la parte 2 del artículo 128 y del artículo 129 del Código Penal, a un año y seis meses de privación de libertad, castigo que cumplirían en una colonia para condenados, prohibiéndoles ejercer el periodismo durante ese mismo período. En cuanto a M. Sivasheva y B. Shamshiyev, a tenor de los mismos artículos y con arreglo a las sanciones disponibles, en vista de sus buenas referencias, fueron multados con 150 soms cada uno, quedando privados del derecho a ejercer el periodismo durante un año y seis meses. El 5 de agosto, el Tribunal Supremo revisó las condenas haciendo uso de sus facultades de supervisión y puso en libertad a Z. Sydykova, liberándola también de las otras penas. En el caso de A. Alyanchikov se aplicó el párrafo 1 del artículo 41 del Código Penal, indultándosele un año. La misma resolución anuló la condena dictada por el tribunal de distrito de Pervomaisk en Bishkek el 23 de mayo de 1997, en relación con M. Sivasheva y B. Shamshiev.

421.En cuanto a Yryspek Omurzakov, se celebró un juicio del 3 al 5 de julio de 1996. En virtud del artículo 128 (libelo en forma impresa), se falló que debía ser privado de libertad durante dos años y cumplir la condena en una colonia de trabajo correccional en régimen ordinario. El 31 de julio, el tribunal del oblast de Narynsk, habiendo examinado la apelación del periodista, decidió indultarle los dos años. Omurzakov fue puesto en libertad, con la obligación de registrarse en la oficina del comandante especial.

422.Las organizaciones internacionales no gubernamentales muy a menudo evalúan algunos acontecimientos de Kyrguistán sobre la base de información procedente exclusivamente de organizaciones no gubernamentales, sin comprobar la autenticidad de los hechos solicitando información oficial al Gobierno de Kirguistán.

423.El 1º de enero de 1998 entró en vigor un nuevo Código Penal. Representa un instrumento jurídico de alta calidad, que recoge los aspectos positivos de la experiencia anterior en la administración de la justicia, subsana las deficiencias acumuladas en la esfera del derecho penal y refleja las nuevas realidades sociales y económicas de la vida actual. Asimismo, incorpora las recomendaciones jurídicas de las Naciones Unidas y tiene en cuenta los instrumentos jurídicos internacionales ratificados por nuestro país. De hecho, el Código anterior no se repite mucho en el nuevo Código Penal. Sin embargo, este último ha heredado un artículo defectuoso, la parte 3 del artículo 127, que sustituye al artículo 128 (libelo) que se aplicaba anteriormente y mantiene (en la parte 3) la privación de libertad de hasta tres años.

424.Los órganos estatales están actualmente examinando la cuestión de derogar el castigo penal por libelo cometido en forma impresa.

Artículo 20

425.A tenor del artículo 65 del Código Penal, toda forma de apología de la guerra está castigada con la privación de libertad por un período de tres a ocho años.

426.El Código Penal estipula el castigo por acciones encaminadas a crear hostilidades nacionalistas, raciales o religiosas; a rebajar la autoestima nacional; y a proclamar la exclusividad, superioridad o inferioridad de los ciudadanos sobre la base de sus creencias, su nacionalidad o su raza, si esos actos se realizan de modo público o por conducto de los medios de información (art. 299).

Artículo 21

427.Según el artículo 16 de la Constitución, toda persona tiene el derecho de reunirse pacíficamente y de celebrar reuniones y manifestaciones sin restricción alguna. El Código Penal establece penas para quienes obstaculicen la celebración de asambleas, reuniones, manifestaciones, procesiones y piquetes, o la participación en ellos (art. 148). En el artículo 30 de la Constitución se trata del derecho de los ciudadanos a la huelga.

428.La Constitución estipula que toda persona en la República tiene el derecho a la libertad de reunión, a reunirse pacíficamente sin armas y a celebrar asambleas y manifestaciones sin restricción alguna. A tenor del Decreto del Presidium del Soviet Supremo de la URSS sobre el procedimiento para organizar y realizar asambleas, reuniones y procesiones y manifestaciones por las calles de conformidad con los intereses de la nación, los ciudadanos de la República Kirguisa tienen garantizada la libertad de asamblea, reunión y celebración de procesiones y manifestaciones en las calles. Para asegurar el ejercicio de esas libertades políticas, los trabajadores y sus organizaciones pueden utilizar edificios públicos, calles, plazas y otros lugares.

429.Las solicitudes para celebrar asambleas, reuniones, y procesiones o manifestaciones por las calles deben presentarse por escrito a más tardar diez días antes de la fecha del acto. En la solicitud se declararán el objetivo y la forma del acto, su lugar o recorrido, el horario del comienzo y el fin, el número previsto de participantes, los apellidos, nombres y patronímicos de los representantes y organizadores, su lugar de residencia y de trabajo y la fecha de la solicitud. El Comité Ejecutivo del Consejo de Diputados del Pueblo examina la solicitud y transmite su decisión a los representantes a más tardar cinco días antes de la fecha del acto indicada en la solicitud. Si fuera necesario, el Comité Ejecutivo tiene la prerrogativa de proponer a los solicitantes otro lugar y horario para la celebración del acto. Es posible apelar una decisión ante un órgano ejecutivo o administrativo superior, de conformidad con el procedimiento establecido en la legislación. El Comité Ejecutivo indica las condiciones necesarias para la celebración de la asamblea, la reunión o la procesión o manifestación en las calles.

430.Las asambleas, reuniones, y procesiones y manifestaciones en las calles deben celebrarse de acuerdo con los objetivos indicados en la solicitud y en el horario y lugar designados. Durante esos actos, los organizadores y demás participantes deben respetar la ley y el orden público. Está prohibido el porte de armas o de objetos especialmente preparados o adaptados que puedan producir la muerte o daños a personas, o causar daños materiales a organizaciones estatales o públicas o a los ciudadanos.

431.Si se cumplen los procedimientos establecidos, ni las organizaciones estatales o públicas, ni los funcionarios ni los ciudadanos tienen derecho a obstaculizar esos actos. El Comité Ejecutivo prohibirá toda asamblea o reunión cuyas finalidades estén en desacuerdo con la Constitución o representen una amenaza para el orden público y la seguridad de los ciudadanos. Asimismo, el acto debe suspenderse si no se ha pedido autorización, si se tomó la decisión de prohibirlo, si se viola el procedimiento durante la celebración del acto, si surgen peligros para la vida o la salud de los ciudadanos o si hay violación del orden público. Las personas que incumplan el procedimiento para la celebración de un acto serán consideradas responsables, de conformidad con la legislación de la República.

432.Los procedimientos descritos no se aplican a las asambleas y reuniones de las corporaciones de trabajadores o de las organizaciones públicas, que se celebran de conformidad con sus cartas y reglamentos y con la legislación en vigor.

Artículo 22

433.A tenor del artículo 16 de la Constitución de la República, toda persona tiene el derecho de asociación. Según la Ley de asociaciones públicas, el derecho de reunión es un derecho humano y cívico inalienable, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y consagrado en la Constitución. La República Kirguisa garantiza a los ciudadanos el derecho a crear asociaciones públicas. A tenor de la Ley de asociaciones públicas, dichas asociaciones son entidades voluntarias que se crean mediante el ejercicio de la libre voluntad de los ciudadanos de la República de asociarse sobre la base de una unidad de intereses, objetivos y principios en que se fundamenta su actividad.

434.A tenor del artículo 8 de la Constitución, podrán fundarse en la República partidos políticos, sindicatos y otras asociaciones públicas sobre la base de la libre voluntad y la unidad de intereses. El Estado garantiza el respeto de los derechos e intereses legítimos de las asociaciones públicas.

435.De acuerdo con el artículo 14 del Código de Derecho Laboral, los trabajadores tienen el derecho, con el fin de mantener y promover sus intereses, de crear sindicatos u otros órganos que representen sus intereses en la empresa y de adherirse a organizaciones existentes. Los acuerdos que intenten limitar u obstruir este derecho no son válidos y las medidas que se adopten con esa finalidad van en contra de la ley.

436.Los sindicatos u otros órganos que representen a los trabajadores de una empresa tienen derecho a negociar colectivamente con los empleadores, los grupos de empresas y las asociaciones de empleadores. Los trabajadores tienen derecho a ejercer presión colectiva, con inclusión del derecho efectivo de huelga en el caso de conflicto de intereses, siempre que ello no esté en desacuerdo con las obligaciones derivadas de su contrato [de empleo].

437.Los derechos de las asociaciones y sindicatos

-Los sindicatos son organizaciones públicas de carácter voluntario basadas en la unidad de intereses en el trabajo, tanto en los sectores manufactureros como no manufactureros, con el fin de proteger los intereses laborales, sociales y económicos de sus afiliados.

-Los trabajadores, sin distinción alguna, tienen derecho a fundar voluntariamente un sindicato por decisión propia y sin autorización previa, y a afiliarse a sindicatos siempre que respeten sus estatutos.

-Los trabajadores tienen derecho a fundar sindicatos en empresas, instituciones, organizaciones y otros lugares de trabajo, con independencia de su forma de propiedad.

-Los sindicatos serán independientes en su actividad y sólo estarán sometidos a la legislación de la República Kirguisa. No estarán sujetos a la supervisión de los órganos estatales ni de la administración, empleadores, partidos políticos u otras organizaciones públicas, ni habrán de rendirles cuentas. Toda injerencia de cualquier tipo que pudiera restringir u obstaculizar el ejercicio de los derechos sindicales estará prohibida, salvo que la ley disponga otra cosa.

-La pertenencia o no pertenencia a un sindicato no entrañará restricción alguna a los derechos laborales, sociales, económicos, políticos y personales ni a las libertades cívicas garantizados por la Constitución. Estará prohibido utilizar la pertenencia, la afiliación o la baja en un sindicato como motivo para contratar, ascender o despedir a un trabajador.

438.Los sindicatos pueden fusionarse en federaciones, y éstas, a su vez, en organizaciones dirigentes (uniones). Las federaciones y las uniones dirigentes gozan de los derechos de los sindicatos. Los sindicatos pueden afiliarse a organizaciones sindicales internacionales.

439.Los sindicatos protegen el derecho al trabajo de sus afiliados, participan en la elaboración de la política de empleo nacional, ejercen la supervisión pública de los niveles de empleo de los ciudadanos y del cumplimiento de la legislación vigente en materia de trabajo y empleo, y proponen medidas, definidas mediante acuerdos colectivos basados en la legislación, encaminadas a la protección social de las personas que despiden las empresas por exceso de plantilla.

440.Si los lugares de trabajo son reducidos, o las condiciones laborales resultan perjudicadas por las medidas que se enumeran a continuación, esa última solución puede aplicarse sólo a condición de que los sindicatos pertinentes reciban una notificación con tres meses de antelación como mínimo y se celebren negociaciones con ellos sobre la manera de respetar los derechos e intereses de los trabajadores. Las medidas en cuestión son las siguientes: cambios en la forma de propiedad, liquidación, reorganización de una empresa y de sus subdivisiones estructurales, cese total o parcial de la producción por iniciativa del empleador, el propietario o el órgano gestor que lo representa.

441.Los representantes de los sindicatos tienen derecho a acceder sin restricción alguna a las empresas y lugares de trabajo donde están empleados sus afiliados a fin de realizar sus tareas oficiales y ejercer sus derechos. Los sindicatos y sus órganos tienen derecho a entablar negociaciones y concertar contratos y acuerdos colectivos en nombre de los trabajadores a nivel de la República en su conjunto, en el ramo de la industria y a nivel territorial. Asimismo tienen derecho a entablar negociaciones con otros órganos representantes de los trabajadores de las empresas y a difundir su material publicitario. Los sindicatos tienen derecho a tomar las medidas oportunas para que sus afiliados participen en huelgas, con arreglo a la legislación.

442.A tenor del artículo 21 del Código de Derecho Laboral, los sindicatos tiene derecho a representar los derechos e intereses legítimos de sus afiliados en los tribunales, en cualquier fase de proceso legal. Y según el artículo 73, las partes en un litigio laboral colectivo son el empleador (empleadores, asociaciones de empleadores) y el sindicato u otro órgano representante de los trabajadores de una empresa (o sus asociaciones).

443.En Kirguistán existen actualmente 20 sindicatos industriales a nivel de toda la República, cinco sindicatos territoriales de oblast y 59 comités sindicales municipales y de distrito.

444.No están permitidas la creación ni las actividades de asociaciones públicas que tengan los objetivos y métodos de trabajo siguientes: el derrocamiento y el cambio violento del orden constitucional; la violación de la unidad del territorio de la República; la apología de la guerra, la violencia y la crueldad; el fomento de las disensiones sociales, raciales, nacionales y religiosas; el desprestigio del ejército y de los organismos encargados de la aplicación de la ley; la perpetración de otros actos punibles. La ley persigue la creación y las actividades de asociaciones públicas que invaden la salud y la moral de la población, los derechos de los ciudadanos y sus intereses protegidos por la ley (artículo 3 de la Ley de asociaciones públicas). El Código Penal considera delito punible la organización de una asociación religiosa o pública que invada la persona o los derechos de los ciudadanos (art. 259).

445.A tenor del artículo 165 del Código Civil, las organizaciones comerciales pueden acordar fusionarse en asociaciones con el fin de coordinar sus actividades empresariales y de representar y proteger sus intereses patrimoniales comunes. Las asociaciones son organizaciones no comerciales. Según el artículo 86 del Código Civil, las asociaciones tienen que quedar inscritas por instituciones judiciales, de conformidad con el procedimiento definido por la ley sobre la inscripción de personas jurídicas. Los actos de la inscripción en el registro estatal figuran en un único registro de personas jurídicas, al que el público puede acceder libremente. La violación del procedimiento establecido por la ley para la constitución de una persona jurídica o el hecho de que los artículos de la asociación no sean conformes a la ley entraña la denegación de la inscripción estatal de la asociación en calidad de persona jurídica. No se puede rechazar la inscripción de una persona jurídica por el hecho de que parezca inconveniente. Existe la posibilidad de apelar ante los tribunales contra tal denegación, así como contra la anulación de dicha inscripción. Una persona jurídica se considera creada desde el momento de su inscripción en el registro estatal (art. 86).

446.En la República funcionan oficialmente 16 partidos políticos. Los partidos pueden participar en los asuntos del Estado sólo de las siguientes maneras: presentando candidatos para la elección del Zhogorku Kenesh, para cargos gubernamentales y para órganos autónomos locales; y constituyendo fracciones dentro de los órganos representativos. La religión y todas las sectas están separadas del Estado. No se permite la fusión de instituciones estatales y de partidos ni la subordinación de las actividades gubernamentales a los programas y decisiones de los partidos, así como tampoco la creación o la actuación de organizaciones de partidos dentro de las instituciones estatales. Los funcionarios públicos tienen derecho a participar activamente en un partido fuera de su actividad profesional.

447.En Kirguistán están inscritas alrededor de 800 organizaciones no gubernamentales. Las asociaciones públicas abarcan organizaciones juveniles e infantiles. A tenor de la legislación vigente, el Estado presta apoyo material y financiero a las organizaciones juveniles e infantiles, asegura que se les aplique una política fiscal preferencial y otorga a las asociaciones infantiles el derecho a utilizar gratuitamente o en condiciones de favor los locales escolares, las instituciones extraescolares, los clubes y centros de recreación y el equipo deportivo y de otro tipo. Está prohibido formar partidos políticos y religiosos en las instituciones docentes.

448.Además de los consejos escolares tradicionales, en los que participan los niños en pie de igualdad con representantes de los profesores, los padres y el público, se están creando nuevas formas de autonomía democrática ("Manás", "Semetei", "Seitek") aprobadas por la Decisión del Gobierno de fecha 23 de diciembre de 1996 "sobre la labor de la administración estatal del oblast de Osh para educar a la generación joven de conformidad con los valores de la epopeya de Manás". Está en marcha el proceso de creación de diversas organizaciones infantiles (de tipo jurídico, ambiental, de scouts, etc.). En los institutos de enseñanza superior hay consejos de estudiantes, asociaciones académicas y consejos de colegios mayores.

Artículo 23

449.La Constitución de la República Kirguisa establece que la familia es la unidad fundamental de la sociedad. La familia, la paternidad, la maternidad y la infancia interesan a toda la sociedad y son objeto de una protección preferencial por parte de la ley. El cuidado de los hijos y su crianza constituyen un derecho natural y un deber cívico de los padres. Los hijos mayores de edad aptos están obligados a prestar ayuda a sus padres.

450.El Gobierno se hace cargo de la asistencia material, la crianza y la educación de los huérfanos y de los niños privados del apoyo de sus padres. El Estado cuida de la familia mediante la creación y el desarrollo de una amplia red de maternidades, guarderías, jardines de infancia y otros servicios y organizaciones para la infancia; mejora de los servicios municipales y sociales y de los servicios de comidas; el pago de subsidios por el nacimiento de un hijo, la concesión de prestaciones y privilegios a las madres solteras y a las familias numerosas, y otros tipos de prestaciones y de ayuda familiar.

451.Todo ciudadano está obligado, a tenor de la Constitución, a ocuparse de la crianza de sus hijos. La legislación de la República Kirguisa sobre el matrimonio y la familia define los deberes de los padres y la responsabilidad que les incumbe en el desarrollo físico y la educación de sus hijos. También establece el marco jurídico de las relaciones entre padres e hijos. Con miras a salvaguardar los intereses de los hijos, la legislación establece límites a los derechos de los padres, que sólo pueden ejercerse en interés de los hijos.

452.Las relaciones familiares se rigen por el Código del Matrimonio y la Familia (CMF). Sus objetivos son los siguientes:

-fortalecer aún más a la familia, crear relaciones familiares sobre la base de un vínculo conyugal voluntario entre un hombre y una mujer y de un sentimiento de amor mutuo y de amistad y respeto entre los miembros de la familia, ajeno a todo cálculo material;

-criar a los hijos en armonía con la educación pública en los valores de la lealtad hacia la patria;

-salvaguardar por todos los medios los intereses de la madre y el hijo y asegurar que todo niño tenga una infancia feliz;

-acabar eliminando de la vida familiar las costumbres dañinas y los vestigios del pasado.

453.En todos los niveles existen órganos que se ocupan de los problemas de la familia, de la mujer y de los niños. En la Asamblea Legislativa del Zhogorku Kenesh hay una comisión sobre asuntos relativos a la mujer, la familia y la educación de los jóvenes, que en los debates parlamentarios sobre la nueva legislación se preocupa por la protección jurídica de los intereses de la familia, de las mujeres y de los menores.

454.La Ley de atención de salud pública establece las bases generales jurídicas, económicas y sociales en que se fundamenta dicha atención. Los ciudadanos tienen el derecho constitucional de recibir la atención de salud y utilizar gratuitamente la red estatal de instituciones de salud pública. La situación de la atención sanitaria es difícil por el momento. Los recursos del presupuesto resultaron insuficientes para la aplicación de todas las medidas contenidas en el programa "Nación Sana". En estas circunstancias, en 1996 el Ministerio de Salud Pública utilizó préstamos por un monto superior a 7 millones de dólares de los EE.UU., otros préstamos exentos de interés por valor de 9 millones de dólares y ayuda humanitaria equivalente a 2,3 millones de dólares. El Banco Mundial proporcionó préstamos en condiciones favorables por valor de 18,5 millones de dólares de los EE.UU. Existen planes para comenzar la construcción de una fábrica farmacéutica en Bishkek con una línea de crédito gubernamental del Pakistán. El presupuesto de salud se ha fijado este año en 678,2 millones de soms, el 15% más que en 1996.

455.La maternidad goza de la estima y el respeto generales y está protegida y alentada por el Estado. Los intereses de la madre y el niño están protegidos de distintas maneras: mediante medidas especiales de salvaguardia de las mujeres que trabajan y de la salud de la mujer; la creación de condiciones que les permitan combinar el trabajo y la maternidad; y la defensa jurídica y el apoyo material y moral de la maternidad y la infancia, incluida la combinación de la licencia de maternidad y el mantenimiento de la maternidad, además de otros privilegios (capítulo 1 del artículo 5 del Código del Matrimonio y la Familia).

456.El consentimiento libre y pleno es una condición necesaria para contraer matrimonio (artículo 17 del Código del Matrimonio y la Familia). El Estado adopta todas las medidas legislativas necesarias para asegurar que los cónyuges tengan iguales derechos y deberes. El matrimonio contraído bajo coacción a una o ambas partes puede anularse (CMF, art. 58). El Código Penal establece penas por obligar a una mujer a contraer matrimonio o por impedírselo (art. 155). Dentro de la familia, hombres y mujeres gozan de iguales derechos y tienen iguales responsabilidades (CMF, art. 22).

457.Los matrimonios se contraen en la oficina del registro civil. La inscripción del matrimonio se establece tanto en interés del Estado y del público como para proteger los derechos personales y patrimoniales y los intereses de los cónyuges y de sus hijos. Sólo el matrimonio contraído en la oficina del registro civil crea los derechos y obligaciones conyugales.

458.Las personas que desean contraer matrimonio deben comunicarlo a la oficina del registro un mes antes de su celebración. El Registrador podrá, si hay razones válidas, prorrogar el período de aviso, hasta un máximo de tres meses.

459.Para que el matrimonio pueda celebrarse, los interesados deben dar su consentimiento y tener la edad de contraer matrimonio (art. 17), que se ha fijado en 18 años (CMF, art. 18).

460.El matrimonio no está permitido:

-entre personas casadas, o entre un casado y un soltero;

-entre parientes ascendientes o descendientes en línea directa, entre hermanos o hermanas y hermanastros o hermanastras, y entre padres e hijos adoptivos;

-a las personas que un tribunal haya reconocido como incapaces por enfermedad mental o imbecilidad.

461.Los derechos y obligaciones conyugales se originan cuando el matrimonio queda inscrito en el registro civil.

462.Los derechos derivados de las relaciones maritales y familiares están protegidos por la ley, salvo cuando el uso que se hace de esos derechos va en contra de su finalidad. Los miembros de la familia no pueden ejercer sus derechos en detrimento del público o del Estado, ni de los derechos de los demás ciudadanos. En el ejercicio de sus derechos y obligaciones, los ciudadanos deben observar la ley, respetar los principios morales de la sociedad y contribuir a consolidar la familia por todos los medios (CMF, art. 6.1).

463.Los derechos derivados de las relaciones maritales y familiares están protegidos por los tribunales, los servicios de protección de la infancia y las oficinas del registro. Esos derechos también están protegidos por las cooperativas laborales, los sindicatos y otras organizaciones públicas en los casos previstos en la legislación y de conformidad con los procedimientos establecidos.

464.El Código del Matrimonio y la Familia establece el procedimiento y las condiciones para contraer matrimonio, rige las relaciones personales y patrimoniales que se crean dentro de la familia entre los cónyuges, los padres y los hijos y otros miembros de la familia; las relaciones que se crean mediante la adopción, la tutela y la crianza de los hijos de otros; el procedimiento y las condiciones para disolver matrimonios; y el procedimiento para efectuar cambios en el estado civil.

465.Los cónyuges deben apoyarse mutuamente en lo material. El marido que no puede trabajar, o la mujer durante el embarazo y los tres primeros años después del parto, tienen derecho a demandar ante los tribunales a la otra parte para obtener una pensión alimenticia, si la parte en cuestión puede proporcionarla pero no quiere hacerlo.

466.El matrimonio puede terminar por la defunción de un cónyuge o por la declaración de defunción de un cónyuge mediante un proceso judicial. El matrimonio puede disolverse durante la vida de los cónyuges mediante el divorcio, a solicitud de uno o de ambos cónyuges. El marido no tiene derecho a iniciar un proceso de divorcio sin el consentimiento de su esposa si ésta está embarazada o en los primeros 18 meses después del parto. Los matrimonios se disuelven por proceso judicial o, en los casos especificados en los artículos 48 y 49 del Código, en una oficina del registro (CMF art. 40). Los tribunales examinan las solicitudes de disolución de matrimonios a tenor del procedimiento establecido por el Código de Procedimiento Civil. Al examinar una solicitud, el tribunal debe establecer los motivos de la misma y tomar medidas para lograr una reconciliación de los cónyuges. El tribunal tiene derecho a aplazar la audiencia y a declarar un período de reconciliación.

467.En caso de disolución del matrimonio, el artículo 43 del CMF protege los intereses de los hijos y del cónyuge que no pueda trabajar. Cuando un tribunal disuelve un matrimonio toma las medidas necesarias para proteger los intereses de los hijos menores y del cónyuge impedido para trabajar. En caso de desacuerdo entre los cónyuges respecto de con cuál de ellos quedarán los hijos después de la disolución del matrimonio y cuál de ellos deberá pasar la pensión alimenticia para los hijos, de qué manera y en qué cantidad, el tribunal debe especificar al disolver el matrimonio qué hijos quedan con cuál de los padres y quién tiene que pagar la pensión alimenticia y su monto.

468.En el artículo 33 se establece que un cónyuge conserva el derecho a la pensión alimenticia tras la disolución del matrimonio. El derecho de un cónyuge necesitado, que no puede trabajar, a recibir la pensión alimenticia del otro cónyuge continúa después de la disolución del matrimonio si la persona ya era inepta para el trabajo antes de la disolución, o pasa a serlo en el plazo de un año a partir de ella. En el caso de un matrimonio que haya durado mucho tiempo, el tribunal tiene derecho a ordenar el pago de los alimentos al cónyuge divorciado necesitado si en los cinco años posteriores a la disolución del matrimonio llega a la edad de jubilación. La esposa conserva el derecho a recibir la pensión alimenticia de su marido durante el embarazo y en los tres años posteriores al nacimiento del hijo, si la concepción tuvo lugar antes de la disolución del matrimonio. La cantidad que haya de pagarse en concepto de alimentos se determina en función de las circunstancias materiales y familiares de ambos cónyuges, consiste en una suma fija de dinero y se paga mensualmente desde el momento en que se entabla el proceso contra el cónyuge en cuestión (CMF, art. 34).

469. Un tribunal puede liberar a un cónyuge de la obligación del pago de alimentos al otro cónyuge, o limitar temporalmente esa obligación, en los casos en que:

-la pareja haya estado casada por un breve período de tiempo;

-el cónyuge que solicite la pensión alimenticia se comporte de manera indigna;

-el cónyuge necesitado quede imposibilitado para trabajar de resultas del abuso de alcohol o de drogas, o de haber cometido un delito (art. 36).

470.El derecho de un cónyuge a la pensión alimenticia prescribe si dejan de darse las condiciones que constituyeron la base para recibir los alimentos a tenor de los artículos 32 y 33 del Código. Lo mismo se aplica si el cónyuge divorciado que recibe la pensión vuelve a casarse. Cuando las circunstancias materiales o familiares de los [antiguos] cónyuges cambian, cualquiera de ellos puede solicitar al tribunal que modifique la suma que tiene que pagar como pensión alimenticia. Un cónyuge puede quedar liberado, por decisión del tribunal, de la obligación de mantener al cónyuge necesitado o inepto para el trabajo, o esa obligación puede tener una limitación temporal.

471.Los derechos y obligaciones recíprocos de los padres y los hijos se basan en la filiación, certificada según el procedimiento establecido por la ley (CMF, art. 62). La filiación de los hijos nacidos de padres casados entre sí se establece por la partida de matrimonio de los padres, en tanto que la de los hijos nacidos de padres no casados entre sí se establece mediante la presentación conjunta por el padre y la madre de una solicitud a la oficina del registro civil. Si no se presenta esa solicitud conjunta, la filiación puede establecerse mediante un proceso judicial a solicitud de uno de los padres, del tutor del niño, de la persona que lo tenga a su cargo o del propio niño si tiene la edad requerida. Al establecer la filiación, el tribunal tiene en cuenta si la madre del niño y el demandado vivían juntos y compartían un hogar antes del nacimiento del niño, si juntos lo criaron o lo mantuvieron, y cualesquiera otras pruebas que confirmen definitivamente la filiación.

472.En caso de fallecimiento de la madre o de pérdida de su patria potestad, la persona inscrita como padre del niño, o la persona que de facto sea su padre, tiene derecho a impugnar la anotación registral en el plazo de un año desde el momento en que sepa de tal anotación o en que debía saberlo. Si en esa fecha la persona registrada como padre es menor de edad, el período de un año comienza en el momento en que cumple los 18 años. La persona registrada como padre por haber presentado una solicitud a título personal o conjuntamente con la madre del niño no tiene derecho a impugnar la paternidad si en el momento de presentar la solicitud sabía que realmente no era el padre de ese niño. El marido que otorga el permiso para la inseminación artificial de su esposa con semen de donante queda registrado como padre del niño que nazca y no tiene derecho a impugnar la anotación registral (art. 68).

473.En el caso de los hijos de madres solteras, si los padres no presentan una solicitud conjunta y el tribunal no emite un fallo que establezca la paternidad, en el registro de nacimientos figurará el apellido de la madre en la entrada correspondiente al padre, y constarán como nombre y patronímico del niño los que desee ponerle la madre (CMF, art. 70).

474.Los padres tienen el derecho y el deber de criar a sus hijos, cuidar de su salud y de su desarrollo físico, espiritual y moral, ocuparse de su educación, prepararlos para que desempeñen un trabajo socialmente provechoso y lleguen a ser miembros útiles de la sociedad. La patria potestad no puede ejercerse en contra de los intereses del niño. Incumbe a los padres la responsabilidad de proteger los derechos e intereses de sus hijos menores.

475.Cuando los padres (o uno de ellos) no desempeñan debidamente sus obligaciones respecto de la crianza de sus hijos o abusan de su patria potestad, los hijos tienen derecho a solicitar la defensa de sus derechos e intereses a los servicios de protección de la infancia.

476.Los padres son los representantes legales de sus hijos menores y pueden salir en defensa de sus derechos e intereses ante todas las instituciones, inclusive las judiciales, sin necesidad de una autorización específica.

477.Si los padres no viven juntos debido a la disolución del matrimonio o por otras razones, su decisión acordada establece con cuál de ellos deben vivir los hijos menores. Si no se llega a un acuerdo, el asunto pasa a un tribunal, que decidirá a partir de los intereses del niño y teniendo en cuenta sus deseos. Los padres que viven alejados de sus hijos tienen el deber de participar en [los costos de] su crianza y el derecho de estar en contacto con ellos. El progenitor con el que viva el niño no tiene derecho a impedir al otro participar en la crianza o mantenerse en contacto con él.

478. Los servicios de protección de la infancia pueden privar a un padre separado de su hijo del derecho a mantenerse en contacto con él durante un período específico de tiempo, si ese contacto está impidiendo el desarrollo normal del niño o le produce efectos dañinos. Si los padres no pueden llegar a un acuerdo sobre la manera en que el progenitor que vive separado de los hijos debe compartir su crianza, los servicios de protección de la infancia deciden un arreglo, con la participación de los padres y en función de los intereses de los niños. En caso de que los padres no acaten la decisión de dichos servicios, éstos tienen derecho a recurrir a los tribunales para que sean ellos los que decidan. Este derecho lo tiene también cada uno de los progenitores. Si se hace caso omiso del fallo del tribunal, al progenitor responsable se le aplicarán las medidas especificadas en el Código de Procedimiento Civil. Cuando dolosamente se hace caso omiso del fallo de un tribunal, el progenitor que vive separado tiene derecho, si ello va en interés del niño, a iniciar un proceso judicial para el traspaso del niño.

Artículo 24

479. En consonancia con el artículo 26 de la Constitución, los niños interesan a toda la sociedad y están protegidos por la ley. La República Kirguisa se adhirió a la Convención sobre los Derechos del Niño el 6 de octubre de 1994; en el informe presentado al Comité de los Derechos del Niño figura información más detallada sobre los derechos y la condición jurídica de los niños en Kirguistán.

480. El 1º de enero de 1997 vivían en la República Kirguisa 1.984.309 niños y adolescentes de menos de 18 años de edad, como se especifica en el siguiente cuadro:

Edad, en años	Total
0	106.090
1 a 6	689.244
0 a 16	1.894.435
0 a 17	1.984.309

481. El cuidado y la crianza de los propios hijos es un deber constitucional de todo ciudadano. El Código del Matrimonio y la Familia define las obligaciones de los padres y su responsabilidad respecto del desarrollo físico y la educación de sus hijos. Asimismo, establece el procedimiento legislativo que rige las relaciones entre padres e hijos y el fundamento de sus derechos y deberes. Con miras a proteger los intereses del niño se imponen límites a la patria potestad, que sólo puede ejercerse en interés del niño. A tal fin, está previsto que el Parlamento estudie la redacción de proyectos de ley sobre los derechos del niño y sobre el procedimiento para la adopción en otro país de un niño que es ciudadano de la República Kirguisa.

482. La legislación interna especifica una serie de medidas para impedir la separación de los hijos de sus padres, salvo en circunstancias especiales. Esta disposición queda garantizada en primera instancia por el derecho preferente de los padres de criar a sus hijos, incluso en los casos en que el matrimonio esté disuelto.

483. Todo niño tiene derecho a tener un nombre (artículo 71 del Código del Matrimonio y la Familia). A tenor del artículo 54 del Código Civil, el nombre que se le dé a un ciudadano al nacer tiene que inscribirse.

484. En la legislación interna falta todavía una definición especifica de niño como entidad independiente con una clara personalidad jurídica. Sin embargo, la condición jurídica de un ciudadano cuya edad corresponde a la descripción de "niño" que figura en la Convención se rige por distintas leyes. Teniendo en cuenta la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de la República Kirguisa, en el artículo 1 del proyecto de ley sobre la defensa y protección de los intereses de los menores, aprobado por la Decisión gubernamental Nº 386, de 30 de junio de 1997, y enviado al Parlamento para su examen, figura la siguiente definición: "En la República Kirguisa se considera que una persona es menor hasta que haya cumplido la edad de 18 años". A tenor del Código Civil, la capacidad jurídica pasiva de poseer derechos y deberes civiles comienza al nacer y expira con la muerte, mientras que la capacidad de adquirir activamente derechos civiles y de ejercerlos, así como la de crear deberes civiles para sí mismo y cumplirlos se lleva a efecto en plenitud sólo cuando la persona alcanza la mayoría de edad, es decir, a los 18 años. A título excepcional, pueden adquirir la plena capacidad civil las personas que contraen matrimonio antes de los 18 años de edad, y las que han cumplido 16 años y trabajan con un contrato de empleo o, con el consentimiento de los padres, de los padres adoptivos o de los tutores, se ocupan en una actividad comercial.

485. La legislación kirguisa no prevé una edad mínima para obtener asesoramiento jurídico o médico sin el consentimiento de los padres. En cuanto ciudadano, el menor puede recabar independientemente asesoramiento jurídico de los servicios de protección de la infancia, de la Comisión para Menores y de otros servicios del Estado.

486. Está prohibido emplear a menores de 15 años. Tampoco puede emplearse a menores para realizar trabajos pesados, en condiciones que sean perjudiciales o peligrosas para la salud, en turnos de noche o para horas extraordinarias, los fines de semana o los días festivos oficiales, o si la naturaleza del trabajo les impide recibir la enseñanza básica. Sin embargo, un nivel de vida insuficiente está obligando a los niños y adolescentes a abandonar la escuela para ganar dinero, en detrimento de su desarrollo intelectual. En la práctica, encuentran empleo en trabajos no especializados, que, en algunos casos pueden ser peligrosos para su crecimiento, y por lo general en el sector privado, donde lamentablemente no siempre se respetan los requisitos de la ley.

487. El Código de Derecho Laboral garantiza a todo ciudadano el derecho a un trabajo que tenga en cuenta su instrucción, sus deseos y su capacidad; concede varios privilegios a los menores y prohíbe que se les emplee en condiciones peligrosas para la salud o en trabajos cuya naturaleza les impida recibir la enseñanza básica (CDL, art. 13).

488. Se consideran con responsabilidad penal las personas que cometen un delito después de haber cumplido los 16 años. Los individuos de edades comprendidas entre los 14 y los 16 años son penalmente responsables sólo en los siguientes casos: asesinato, lesiones corporales intencionales resultantes en un menoscabo de la salud, violación, robo con violencia, hurto, matonismo, destrucción o daño intencionales de bienes estatales, públicos o personales con consecuencias graves, robo de armas de fuego, municiones o explosivos, y robo de estupefacientes, así como actos intencionales que puedan provocar el descarrilamiento de un tren. Las personas que cometan un delito antes de haber cumplido los 18 años no pueden ser condenadas a una pena superior a diez años de cárcel.

489.Los jóvenes cumplen sus condenas en colonias de reeducación por el trabajo, y las jóvenes en colonias separadas o en colonias para mujeres condenadas. El Código de Procedimiento Penal y el Código Penal respetan la presunción de inocencia y protegen los derechos de los niños acusados de un delito penal estableciendo que los menores sometidos a investigación deben contar con defensa desde el momento de su detención. Los padres, o quienes hagan las veces, tienen derecho a estar presentes en cualquiera de las etapas del proceso penal, siempre que ello no vaya en contra de los intereses del menor. Un menor puede ser citado ante el tribunal como testigo en una causa civil o penal.

490.Los tribunales tienen en cuenta las opiniones de los niños de 10 años de edad o más al dirimir litigios entre los padres acerca de dónde residirán y de su crianza. Al cumplir los 16 años de edad el ciudadano puede cambiar su apellido, nombre y patronímico (artículos 13 a 20 de la Ley de ciudadanía). En los párrafos 147 y 148, relativos al artículo 3 del presente informe, se describe cómo los niños adquieren la ciudadanía.

491.La Ley de libertad de religión y organizaciones religiosas garantiza el derecho constitucional a la profesión de una fe; a la protección de los derechos e intereses, independientemente de la creencia religiosa; y al acceso a distintos tipos de educación, al margen de la actitud que se tenga ante la religión.

492.La adopción y la tutela son los medios prioritarios para cuidar de los niños privados de la atención de los padres. Ha aumentado algo el número de los hogares infantiles de tipo familiar en los que se acogen de cinco a diez huérfanos. Una ventaja de esas formas de atención para los niños privados del apoyo de los padres es que los menores van creciendo en un ambiente familiar con una excelente adaptación social a la comunidad y al trabajo. Sin embargo, como esos hogares corren a cargo del presupuesto de las administraciones locales, actualmente están sufriendo considerables dificultades económicas. El Código del Matrimonio y la Familia y la Decisión gubernamental Nº 825 de 13 de noviembre de 1994, por la que se aprueba el reglamento sobre el procedimiento de adopción de menores privados de la atención de sus padres, establecen el procedimiento para la adopción de niños por parte de ciudadanos de la República y para la adopción en otro país. En 1996 fueron adoptados 9.431 niños, en comparación con 8.742 en 1995.

493.El Código Penal castiga la violación de la confidencialidad de la adopción contra la voluntad del padre adoptivo con una pena de hasta dos años de trabajo correccional o una multa.

494.La Asamblea Legislativa del Zhogorku Kenesh, junto con los órganos competentes de la República, ha preparado un proyecto de Código de la Familia de la República Kirguisa, que incluye un nuevo capítulo sobre la "Familia de adopción". Se trata de una nueva disposición del derecho de familia de Kirguistán, al poner a los niños al cuidado de una familia sobre la base de un acuerdo entre los servicios de protección de la infancia y los padres adoptivos. Hasta la entrada en vigor del Código de la Familia, rige el reglamento sobre los hogares infantiles de tipo familiar (familias adoptivas), aprobado por la decisión del Gobierno Nº 598, de 13 de noviembre de 1993.

495.En los casos de inobservancia de los requisitos y formalidades jurídicas, y cuando los intereses del niño hayan sido perjudicados, existe un procedimiento para anular o poner fin a la adopción. Tal anulación o terminación sólo puede llevarse a efecto por orden de un tribunal.

496.Los niños colocados en familias adoptivas (junto con los que se hallan en régimen de tutela) representan del 75 al 80% del número total de niños de los que se sabe que han quedado privados de la atención de los padres.

497.Los ciudadanos con capacidad civil activa pueden ser nombrados padres adoptivos o tutores, salvo las personas que han sido privadas de la patria potestad o de los derechos de tutela o las que han sido exoneradas de sus deberes de tutela por no cumplirlos apropiadamente. El acceso a la información sobre la familia biológica está limitado sólo al efecto de mantener confidencial la adopción. Al menos dos terceras partes del patrimonio de una persona, independientemente del contenido de su testamento, corresponden por herencia a sus hijos menores o que no puedan trabajar, incluidos los hijos adoptivos nacidos después del fallecimiento de dicha persona.

498.Existen ciertas limitaciones a la capacidad de los niños menores de 14 años para llevar a cabo independientemente transacciones patrimoniales, que sólo pueden realizarse con la participación de sus representantes legales.

499.Es obligatorio inscribir la adopción en la oficina del registro de la zona donde se dictó la adopción en el plazo de un mes de haberse dictado.

500.A tenor de la legislación interna, los niños en situaciones de emergencia, en particular los niños refugiados y los afectados por conflictos armados y desastres naturales que necesitan recuperación física y psicológica y reintegración social, reciben asistencia material, médica y de otro tipo y, en los casos necesarios, se colocan en hogares o dispensarios infantiles. En 1997, alrededor de 70 niños refugiados que sufrían diversas afecciones fueron enviados para su tratamiento a un campamento sanitario del distrito de Alamudun, del oblast de Chui. Cada año, alrededor de 6.000 niños pasan sus vacaciones y se recuperan en campamentos infantiles organizados por el Gobierno y la Federación Sindical de la República Kirguisa. Esos niños proceden principalmente de familias numerosas.

501.En el Código Penal figura un capítulo dedicado al castigo de los delitos contra la vida, la salud, la libertad y la dignidad de la persona. Además, el Código establece penas para el homicidio premeditado del neonato por parte de la madre, el hecho de sustraerse a la responsabilidad de cuidar de un hijo o de pagar los alimentos, y el abuso de autoridad del tutor. Con miras a proteger la vida y la dignidad del niño, el Código Penal define el delito, fija la pena y establece la responsabilidad de las personas declaradas culpables de hacer participar a los niños en actividades penales, la mendicidad o la prostitución, de reducirlos a un estado de intoxicación, o de inducir a niños o adolescentes al consumo de medicamentos y otras sustancias de efectos narcóticos con fines no médicos. El Código del Matrimonio y la Familia establece la responsabilidad de los padres y de las personas que hacen sus veces por malos tratos, falta de atención y abuso de sus derechos, lo que puede llevar a la privación de la patria potestad.

502.En caso de amenaza directa a la vida o a la salud del niño, los servicios de protección de la infancia pueden decidir su separación inmediata. El Código Civil exige el pago de una indemnización, en efectivo o en especie, por haber infligido una daño moral personal (sufrimiento físico o moral). La presentación de denuncias se rige por la legislación de la República Kirguisa sobre el procedimiento para examinar propuestas, solicitudes y denuncias de los ciudadanos. En ella no se prevé ninguna restricción a la posibilidad de que un menor interponga una denuncia, ya sea directamente o mediante su representante.

503.El Código del Matrimonio y la Familia establece penas tales como la privación de la patria potestad para los padres que no cumplan sus deberes, abusen de sus derechos o tengan un comportamiento amoral o antisocial. En 1996 quedaron privados de la patria potestad por esos motivos un total de 36 padres. Cuando resulta peligroso que los niños estén con sus padres, el tribunal puede decidir separarlos y entregarlos a los servicios de protección de la infancia, independientemente de la privación de la patria potestad. En casos excepcionales, cuando hay una amenaza directa a la vida o la salud del niño, las autoridades pueden decidir la separación temporal inmediata del niño de sus padres o de otras personas de las que estuviera a cargo. En la República Kirguisa, el número de niños registrados como carentes de la atención de los padres está aumentando de año en año. En 1996, el número de niños colocados en régimen de tutela o curaduría fue de 6.056, en comparación con 5.715 en 1995.

504.En los casos necesarios, y cuando no es posible colocar en una familia a los huérfanos y los niños privados de la atención de los padres, se toman medidas para crear las condiciones necesarias en internados infantiles que aseguren el pleno desarrollo físico, intelectual y espiritual del menor . En la República Kirguisa hay seis hogares infantiles y cuatro internados para esa categoría de niños, que albergan un total de 1.238 niños, de los cuales 824, o el 78,4%, tienen padres pero están privados de su atención, y 214, o el 20,6%, son huérfanos.

505.Las escuelas de los hogares infantiles y los orfanatos están hacinadas. En 1996-1997 se inauguraron tres internados para huérfanos y niños privados de la atención de sus padres. Sin embargo, hay un grave problema para abrir hogares infantiles en los oblasts de Talas y Naryn. Lamentablemente, dada su grave situación financiera y material, las instituciones, no siempre puede admitir a los niños que lo necesitan. De resultas de la crisis económica en la República Kirguisa existe una situación especialmente difícil en los hogares infantiles y en los internados especiales para niños discapacitados, donde las instalaciones materiales y técnicas son obsoletas y hay escasez de equipo médico y de medicamentos para el tratamiento y la rehabilitación de los niños.

506.Un niño discapacitado supone una pesada carga para la familia, especialmente para las de bajos ingresos, cuyo número ha aumentado marcadamente en los últimos años debido al empeoramiento de la situación social que ha provocado la crisis económica. Así pues, no es raro que los padres abandonen a sus hijos o los envíen a hogares infantiles, desentendiéndose totalmente de ellos. Organizaciones internacionales tales como el UNICEF y el PNUD están prestando considerable asistencia a los niños en la esfera de la atención de salud. En 1996 y 1997, el Patronato de la Infancia de la República Kirguisa y la Fundación Internacional Meerim trabajaron activamente, con la asistencia y el respaldo financiero de SOS Kinderhof‑International, en la elaboración de medidas para organizar aldeas de niños para niños abandonados, y en cada oblast de la República se estableció un centro infantil. Por conducto del PNUD se está desembolsando alrededor de un millón de dólares de los EE.UU. para la construcción de un centro para niños abandonados. La alcaldía de Bishkek ha reservado una parcela de terreno para esos fines, y ya ha colocado una piedra conmemorativa en el lugar donde se va a construir la aldea infantil.

Artículo 25

507.A tenor de la Constitución, los ciudadanos de la República Kirguisa:

a)Participan en el gobierno del país, tanto directamente como por medio de sus representantes (art. 23);

b)Eligen al Presidente, los diputados del Zhogorku Kenesh y sus representantes ante los órganos del Gobierno autónomo local, por sufragio universal e igual y por voto secreto (art. 1);

c)Tienen igual acceso a las funciones públicas (art. 23).

508. Varios instrumentos legislativos de la República regulan detalladamente esas facultades. Según la Ley sobre la elección del Presidente de la República Kirguisa, está prohibido imponer cualquier tipo de restricción directa o indirecta al sufragio de los ciudadanos por razones de origen, raza o nacionalidad (parte 3, art. 2). A tenor de la Ley sobre la elección de los diputados del Zhogorku Kenesh, está prohibido imponer cualquier tipo de restricción directa o indirecta al sufragio de los ciudadanos por motivos de origen, raza o nacionalidad (parte 4, art. 2). Según el Reglamento para la elección de diputados de los Keneshes locales de nivel primario, todos los ciudadanos de la República Kirguisa tienen igual derecho a elegir a sus representantes para los órganos gubernamentales locales, así como a ser elegidos. Está prohibido imponer cualquier tipo de restricción directa o indirecta al sufragio de los ciudadanos por motivos de origen, raza o nacionalidad (artículo 2 del Reglamento). Además, en el caso de un referéndum realizado sobre la base del sufragio igual, está prohibido imponer cualquier tipo de restricción directa o indirecta a los derechos de los ciudadanos a participar en el referéndum por motivos de origen, raza o nacionalidad (parte 3, artículo 3 de la Ley de referéndums. El Código Penal establece penas por obstrucción al ejercicio del sufragio y a la labor de las comisiones electorales (art. 139).

509.A tenor del artículo 23 de la Constitución, los ciudadanos de la República Kirguisa tienen igual acceso al empleo en la administración pública. Según el Reglamento que se ocupa de los fundamentos de la administración pública, ésta se basa en los siguientes principios:

-el carácter prioritario de los derechos humanos y civiles, las libertades y los intereses lícitos (punto 5, párr. c));

-el igual acceso a la administración pública en función de la formación profesional, la competencia y las dotes personales y profesionales (punto 5, párr. d)).

Según el artículo 5 del proyecto de ley sobre la administración pública de la República Kirguisa, la administración pública se basa en el principio de que todos tienen igual acceso a ella.

510.De conformidad con la legislación vigente, los ciudadanos extranjeros no pueden ser empleados en la administración pública de la República Kirguisa, ni votar para la elección de los integrantes de los órganos gubernamentales, así como tampoco a ser elegidos, ni pueden participar en una votación nacional (referéndum).

Artículo 26

511.Según el artículo 15 de la Constitución de la República Kirguisa, todas las personas son iguales ante la ley. A todo ciudadano de la República Kirguisa se le garantiza una asistencia jurídica efectiva y la defensa de sus derechos y libertades (artículo 40 de la Constitución). El Código de Procedimiento Civil otorga derechos iguales a las partes, sin ningún tipo de discriminación.

512.La persona que comete un acto punible a tenor del derecho penal tiene la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa. Si el veredicto es de condena, el tribunal impone un castigo dentro de los límites establecidos por la ley [pertinente], teniendo en cuenta las circunstancias atenuantes y agravantes, entre las que no figuran la raza, el color de la piel, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas y de otra índole, el origen nacional o social, la situación patrimonial, etc. En las partes del presente informe que se dedican a los artículos 2 y 14 figura información detallada a este respecto.

Artículo 27

513.Debido a su situación geopolítica y a sus circunstancias históricas, la República Kirguisa nació como Estado multiétnico con una población compleja que abarca varios grandes grupos étnicos además de la nación titular. Al 1º de enero de 1997, la población se componía de más de 80 nacionalidades, de las cuales la más numerosa era la de los kirguises (el 60,8%), seguidos por los rusos (el 15,3%), los uzbekos (el 14,3%), los ucranios (el 1,5%) y los tártaros (el 1,2%). Otros grupos étnicos componen menos del 1% de la población de la República. En algunas ciudades y distritos los kirguises son superados en número por otras nacionalidades. Los kirguises se encuentran en minoría en el oblast de Chuy, donde constituyen el 40% de la población, y en Bishkek, con el 34,57%. Solamente se ofrecen cifras respecto de algunas de las nacionalidades más numerosas en el conjunto de la República.

	Población (en miles)	Como proporción del total (porcentaje) 1
1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Todas las nacionalidades, de las cuales 2	4.389,5	4.451,8	4.469,3	4.429,9	4.450,7	4.512,4	4.574,1	100	100	100	100	100	100	100
Kirguises	2.371,6	2.450,4	2.526,4	2.595,7	2.656,1	2.720,8	2.781,1	54,0	55,0	56,5	58,6	59,7	60,3	60,8
Rusos	905,4	888,7	840,5	756,3	720,0	707,5	698,1	20,6	20,0	18,8	17,1	16,2	15,7	15,3
Uzbekos	580,3	593,3	604,2	613,6	625,4	640,0	653,3	13,2	13,3	13,5	13,8	14,1	14,2	14,3
Ucranios	104,4	101,1	93,3	81,2	75,7	73,1	70,9	2,4	2,3	2,1	1,8	1,7	1,62	1,5
Tártaros	72,3	71,5	68,2	59,3	55,6	54,2	53,2	1,7	1,6	1,5	1,3	1,2	1,2	1,2
Dunganos	38,2	39,6	40,8	41,9	42,8	43,8	45,2	0,87	0,8	0,89	0,9	0,9	1,0	1,0
Uigures	38,0	39,0	39,9	40,6	41,3	42,3	42,8	0,9	0,88	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Kazakos	39,5	40,9	41,4	41,2	41,6	42,0	42,4	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Tayikos	34,7	35,2	35,5	36,2	36,9	37,9	38,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Turcos	21,6	22,1	23,0	23,7	24,3	24,9	25,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6
Alemanes	70,0	56,3	44,4	33,7	26,1	20,9	17,3	1,6	1,3	1,0	0,8	0,6	0,5	0,4
Azerbaiyanos	15,4	16,1	16,9	17,4	17,9	18,5	19,0	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,42
Coreanos	18,5	18,7	18,6	18,1	17,9	17,7	17,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Belarusos	9,0	8,8	8,1	7,3	7,0	6,8	6,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,16	0,15	0,15
Armenios	3,9	3,8	3,8	3,7	3,6	3,6	3,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Moldovos	1,9	1,9	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Judíos	4,2	3,6	3,0	2,4	1,9	1,5	1,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,04	0,03	0,03
Georgianos	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Turcomanos	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Lituanos	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Estonios	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Letones	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,01	0,01	0,01	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros	57,6	57,8	56,5	53,2	52,2	52,6	52,8	1,31	1,3	1,3	1,3	1,3	1,1	1,1

1 No se dan cifras de las nacionalidades que constituyen menos del 0,01% de la población total.

2 Salvo en el caso de los kirguises, las nacionalidades se enumeran por su tamaño, en orden descendente, en 1996

514.La República Kirguisa garantiza la protección, la igualdad y el desarrollo y uso sin restricciones de todas las lenguas en que se expresa su población (artículo 5 de la Constitución),. así como el desarrollo sin restricciones de las lenguas de otros grupos nacionales que viven en la República (artículo 4 de la Ley de la lengua del Estado). Todo ciudadano tiene derecho a elegir libremente una lengua en la que comunicarse (Ley de la lengua del Estado, art. 6).

515.Además de la lengua del Estado, las autoridades locales de las zonas con alta concentración de habitantes miembros de grupos étnicos (uzbekos, tayikos, alemanes, dunganos, uigures, etc.) tienen derecho a utilizar sus lenguas autóctonas. Se proporcionan servicios de traducción a toda persona que no pueda expresarse en esas lenguas (Ley de la lengua del Estado, art. 16). El idioma principal utilizado en la cultura, los medios de información, la información pública y la publicación de libros es la lengua del Estado. Al mismo tiempo, se presta la debida atención a los intereses culturales de las personas que viven en la República y que hablan ruso y otros idiomas (Ley de la lengua del Estado, art. 24).

516.En las zonas con alta concentración de habitantes miembros de grupos étnicos (uzbecos, tayikos, alemanes, dunganos, uigures, etc.) la enseñanza y el material escolar se ofrecen en sus lenguas autóctonas y se favorece el desarrollo de las culturas étnicas (Ley de la lengua del Estado, art. 25).

517.En otoño de 1992 se inauguró la Universidad Kirguiso-Rusa (Eslava); se tomaron medidas para introducir la responsabilidad penal por la discriminación contra los ciudadanos por motivos de nacionalidad.

518.En 1992 se formaron las primeras organizaciones de base étnica dedicadas a proteger los intereses de los grupos étnicos y a defender su identidad lingüística y cultural; en 1994, había ya más de 20. El 7 de diciembre de 1993, los dirigentes de 11 de esas organizaciones sugirieron que el Presidente de la República convocase un kurultai (consejo) del pueblo de Kirguistán para debatir problemas comunes, buscar soluciones e idear formas de superar la crisis que afectaba al país con el fin de fortalecer la concordia interétnica. El Presidente hizo suya la sugerencia y publicó un decreto por el que se estableció un comité encargado de organizar la celebración de un kurultai para debatir cuestiones relativas al fortalecimiento de la concordia y la amistad interétnicas entre los pueblos de Kirguistán.

519.El 22 de enero de 1994 se celebró el primer kurultai, que decidió convocar una Asamblea del Pueblo de Kirguistán, una organización pública de base comunitaria cuya función es dar expresión a los intereses nacionales de los grupos étnicos que componen el pueblo de Kirguistán y velar por la solidaridad a escala nacional. La celebración de la Asamblea del Pueblo de Kirguistán fue una fórmula nueva y, como lo ha demostrado el tiempo, eficaz de dar forma a un sistema social y gubernamental para promover la concordia interétnica y la paz civil en la República. En efecto, la Asamblea se ha convertido en un parlamento popular excepcional que otorga a todos y cada uno de los grupos étnicos que viven en Kirguistán el derecho a ser escuchados, un auténtico Hogar de la Amistad entre los Pueblos.

520.La esfera de actividades y los objetivos de la Asamblea están establecidos en su Carta: promover el fortalecimiento de la concordia interétnica, la paz civil y la unidad en la población de Kirguistán por todos los medios posibles; defender los intereses de las minorías nacionales que, junto con los kirguises, componen la población del país; conciliar esos intereses con los intereses de los kirguises, la mayoría étnica; congregar a todos los grupos étnicos de Kirguistán e imbuirlos de valores humanísticos universales; evitar las situaciones de conflicto y combatir la aparición de enfrentamientos y extremismos en las relaciones interétnicas. Teniendo presentes esos fines, la Asamblea:

-promueve la asimilación en la conciencia pública del carácter colectivo del destino histórico y los intereses a largo plazo de todos los grupos étnicos que constituyen el pueblo de Kirguistán, y favorece la interacción y el enriquecimiento mutuo de sus culturas;

-promueve las actividades de los grupos y asociaciones públicos de cultura étnica;

-promueve, de conformidad con los procedimientos democráticos apropiados y las normas internacionales, el ejercicio por parte de las minorías nacionales de su derecho a participar en la vida pública y nacional, especialmente en las cuestiones que afectan a sus intereses;

-puede establecer diversas organizaciones educativas, culturales, religiosas y de derechos humanos para preservar y promover las identidades étnicas, lingüísticas, culturales y religiosas de las minorías nacionales;

-idea, ejecuta y, cuando procede, señala a la atención del Presidente, del Zhogorku Kenesh y del Gobierno, actividades para preservar y promover la salud espiritual, moral y física de cada grupo étnico, la identidad étnica, cultural, lingüística y religiosa de las minorías nacionales y su lengua, su autoestima, su moral y sus costumbres, y para abordar los problemas especiales de los kirguises relacionados con la conservación de su patrimonio cultural y el desarrollo de su lengua autóctona;

-estudia la situación de los problemas étnicos e interétnicos y formula propuestas a las autoridades locales sobre los medios para resolverlos;

-representa los intereses de los grupos étnicos que viven en la República Kirguisa dentro de las organizaciones internacionales no gubernamentales que se ocupan de cuestiones étnicas.

521.La Asamblea ha participado en deliberaciones sobre una amplia gama de propuestas legislativas, entre ellas un proyecto de ley sobre la protección de los derechos de las minorías nacionales; ha preparado proyectos de enmienda de la Ley de asociaciones públicas y ha propuesto enmiendas a la Ley electoral. Esas enmiendas tienen por objeto aumentar el papel de la Asamblea y del pueblo de Kirguistán en la representación de los intereses de todos los grupos étnicos y la protección de los derechos de las minorías nacionales.

522.Un resultado peculiar de esta fase de la actividad en la labor de la Asamblea fue iniciar la labor sobre un decreto presidencial titulado "Rango Jurídico del Consejo de la Asamblea del Pueblo de Kirguistán", que fue firmado por el Presidente el 14 de enero de 1997. El decreto reconoce al Consejo de la Asamblea el rango de órgano asesor y consultivo del Presidente sobre relaciones interétnicas y política en materia de nacionalidades.

523.Desde su comienzo, la Asamblea ha prestado mucha atención a promover el renacimiento y el desarrollo de las culturas y lenguas nacionales, apoyando los esfuerzos encaminados a ese fin desplegados por los Centros de Culturas Nacionales. Gracias a sus actividades, muchos de éstos han conseguido alcanzar una representación y un ámbito nacionales. Han tomado parte en celebraciones panétnicas y han sido especialmente activos en las celebraciones del milenario de la epopeya de Manás y los aniversarios de personalidades públicas destacadas, personalidades del mundo de la cultura e intelectuales de los diversos pueblos que viven en Kirguistán.

524.En la política cultural se observa una tendencia a pasar de la promoción de gustos estéticos y acontecimientos culturales masivos a un enfoque universal del desarrollo de la cultura: educación de base étnica, medios de información de base étnica y potencial intelectual de grupos étnicos particulares.

525.El Centro de Información e Investigación de la Asamblea se creó en enero de 1996. En ese mismo año el Centro inició un programa de seminarios internacionales sobre la protección de los derechos de las minorías nacionales y sobre las relaciones interétnicas, bajo los auspicios de la Asamblea del Pueblo de Kirguistán y con el apoyo del Alto Comisionado de la OSCE para las Minorías Nacionales, Sr. van der Stoel.

526.La adopción del concepto nacional de desarrollo humano estable exige el análisis de determinados problemas que constituyen el carácter peculiar de Kirguistán y que requieren una mayor concentración de atención y de esfuerzos para destacar su importancia. Uno de esos problemas podría ser ciertamente el conjunto de cuestiones que lleva aparejados el logro de un desarrollo étnico estable y la mejora de las relaciones interétnicas. El concepto de desarrollo humano estable en un Estado multiénico debe necesariamente apuntar a lo siguiente:

-garantizar la observancia de los derechos y libertades de las minorías nacionales;

-desarrollar y aplicar un sistema adecuado de índices para medir el nivel de desarrollo étnico y sus tendencias;

-adoptar medidas oficiales para asegurar que los diferentes grupos étnicos tengan oportunidades de lograr la plena realización social y una mayor igualdad, en particular los grupos que anteriormente hayan sido tratados injustamente;

-prestar apoyo oficial a los grupos nacionales en el desarrollo de sus culturas y lenguas;

-tener en cuenta las necesidades nacionales específicas, los intereses de los diferentes grupos étnicos, etc.

527. El artículo 16 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Según la Ley de libertad de religión y organizaciones religiosas, la libertad de religión garantizada por la Constitución abarca el derecho de todo ciudadano a determinar libre e independientemente su actitud ante la religión, profesar cualquier religión por su cuenta o junto con otros, o no profesar ninguna, así como expresar y difundir convicciones en relación con su actitud ante la religión (art. 3).

528. El Gobierno, con arreglo a su programa nacional "Kirguistán, nuestro hogar común" ha tomado medidas para crear centros de culturas nacionales con miras a garantizar la libertad de comunicación en cualquier idioma y el derecho a la educación, el trabajo y la participación en condiciones de igualdad en la vida pública y política; ha creado escuelas de base étnica, instituciones infantiles e instituciones de enseñanza superior (la Universidad Eslava, la Universidad Kirguiso-Uzbeka).

529. La República cuenta ahora con centros de culturas nacionales en funcionamiento; grupos étnicos que viven en comunidades compactas (dunganos, alemanes, uigures y otras nacionalidades) tienen sus propios periódicos y escuelas que imparten la enseñanza en sus idiomas, y tienen derecho a emitir programas en la televisión y la radio estatales; todas las minorías nacionales y grupos étnicos tienen los mismos derechos y responsabilidades que el resto del pueblo de Kirguistán en lo que se refiere a la satisfacción de sus necesidades y exigencias religiosas. Actualmente se está debatiendo si se da carácter oficial a la lengua rusa. Pese a la conmoción que produjo el desmembramiento de la antigua Unión Soviética en 1991, que entrañó la división de la población y de las antiguas repúblicas de la Unión, en Kirguistán siguen coexistiendo pacíficamente pueblos de diferentes nacionalidades.

530. El Gobierno colabora estrechamente con el Alto Comisionado de la OCSE para las Minorías Nacionales, que presta cooperación y asistencia técnica para acometer los problemas que entraña el logro de la concordia interétnica en el país y proteger los derechos de las minorías nacionales.

Conclusión

531. La República Kirguisa tenía que crear un mecanismo eficaz para cumplir las obligaciones contraídas en virtud de su adhesión al Pacto. A tal fin, y también para apoyar al Presidente de la República en el ejercicio de sus facultades como garante de los derechos humanos y civiles, y las libertades mediante un Decreto presidencial de fecha 5 de julio de 1997 se constituyó una Comisión de Derechos Humanos, que rinde informes al Presidente. Las tareas de dicha Comisión son las siguientes:

a)Crear las condiciones para que el Presidente de la República pueda ejercer sus facultades como garante de los derechos humanos y civiles y las libertades;

b)Prestar asistencia para perfeccionar los mecanismos encaminados a garantizar y proteger los derechos humanos y civiles y las libertades;

c)Fomentar la colaboración con las organizaciones internacionales y con las organizaciones públicas y no gubernamentales que trabajan en el exterior en la esfera de los derechos humanos y las libertades.

532. Al igual que en todos los países civilizados, los jueces, en todos los niveles, deben formar parte de un mecanismo eficaz para proteger los derechos humanos y asegurar el cumplimiento de los pactos internacionales de derechos humanos. Últimamente, los jueces de la República Kirguisa han sido objeto de una evaluación, iniciativa que es de esperar será calificada como de vanguardia, y en el futuro próximo se aprobará una ley que no sólo garantizará la absoluta independencia de los jueces sino también su competencia y ecuanimidad.

533.Kirguistán está adoptando medidas apropiadas para a llevar a la práctica los derechos humanos y las libertades. Se está avanzando en la redacción de nuevos proyectos de ley, de conformidad con las disposiciones contenidas en el Pacto. El Parlamento de la República está estudiando un proyecto de ley sobre la institución del cargo de Comisionado para los Derechos Humanos, con miras a disponer de un mecanismo eficaz para la protección de los derechos humanos.

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