Fuente: Resumen de estadísticas de la Junta de la Seguridad Social correspondiente al período 2009 ‑2021.

Consciente de los problemas a los que se enfrentaban las personas de edad, el Gobierno mejoró el Programa Nacional de Seguro Médico. En julio de 2020, como parte de las medidas de ahorro de costos del Gobierno de Belice, se recortó entre un 15 % y un 20 % del presupuesto del Programa. Dicho presupuesto se aumentó en 2021 hasta el importe previo a la pandemia, a saber: 17 millones de dólares beliceños (8,5 millones de dólares de los Estados Unidos). El Programa Nacional de Seguro Médico proporciona servicios de atención sanitaria básica gratuita a la población residente en las zonas donde opera, y forma parte de las iniciativas del Gobierno encaminadas a mitigar la pobreza, especialmente entre los grupos vulnerables, como las mujeres de edad. El Gobierno amplió la cobertura del Programa en 2007 a los distritos del sur. En 2009 se crearon modelos de servicio independientes para las zonas urbanas y rurales y, en 2013, se hizo extensiva la cobertura a otras zonas de Ciudad de Belice. El número de personas afiliadas al Programa en 2021 ascendía a 129.784.

Pese a los esfuerzos por mejorar la prestación de servicios de atención sanitaria a las personas de edad, diversos informes señalan que Belice carece de personal médico formado en atención geriátrica, lo que dificulta que los proveedores de atención sanitaria atiendan adecuadamente las necesidades de dichas personas, más aún en el caso de las mujeres de edad. Para subsanar esta carencia, el Programa Nacional de Seguro Médico sigue brindando apoyo a la Clínica Mercy Care, único centro de todo el país especializado en atención geriátrica.

Mujeres con discapacidad

En la Parte II, artículo 16, de la Constitución de Belice se establece la obligación de proteger a las personas frente a la discriminación por diversos motivos, si bien no se menciona explícitamente la discapacidad. De ahí que en la actualidad no exista una definición de discapacidad aprobada de manera oficial ni una protección jurídica explícitamente destinada a las personas con discapacidad. No obstante, en mayo de 2011, Belice firmó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El país aún está pendiente de firmar la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

Se calcula que en Belice viven unas 35.000 personas con discapacidad. El IEB llevó a cabo dos encuestas de indicadores múltiples por conglomerados con la ayuda del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). En las principales esferas abordadas en los correspondientes informes no se ofrecían datos desglosados por sexo, pero según las estimaciones de la encuesta de 2011, el 36,4 % de los niños de 2 a 9 años presentaba alguna deficiencia. En el análisis de la situación de las personas de edad realizado en 2010 se concluyó que una cuarta parte de las personas encuestadas tenía algún tipo de discapacidad. No obstante, era probable que dicha discapacidad obedeciera a un problema de salud o un accidente relacionado con el proceso de envejecimiento. Alrededor de un tercio de la población de edad tenía más probabilidades de verse en la obligación de ir en silla de ruedas.

Habida cuenta de esta información, en la respuesta frente a la violencia de género se contempla explícitamente a grandes rasgos una serie de mecanismos de apoyo a las personas con discapacidad. Por ejemplo, en el Marco Nacional de Desarrollo Horizonte 2030 se admite la necesidad de mejorar la situación de las mujeres con discapacidad. La Iniciativa Spotlight 2021 señaló la intención de ampliar el Proyecto de Atención al Desarrollo Infantil destinado a la primera infancia, ejecutado en colaboración con los Ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Humano y financiado anteriormente por el UNICEF, con el fin de brindar apoyo a las familias de niños con discapacidad.

La Iniciativa Spotlight está actualizando las directrices del sistema de derivación y contraderivación de casos de violencia contra las mujeres que se elaboró en el marco del Proyecto BA1 de 2014. Dicha actualización se considera importante, ya que en la Evaluación de la Salud Sexual y Reproductiva realizada en 2018 por el UNFPA se planteó la preocupación por el hecho de que las mujeres y los hombres con discapacidad estuvieran viéndose afectados por una alta tasa de relaciones sexuales forzadas. De ahí que la versión actualizada del sistema de derivación de casos vaya a abarcar a grupos sociales vulnerables, como las personas con discapacidad.

Belice puso de relieve la importancia de la situación de las personas con discapacidad al designar el cargo del Enviado Especial para la Mujer, la Infancia y las Familias para ejercer la función de portavocía principal. La persona nombrada a cargo de la Oficina del Enviado Especial desde 2008 es la cónyuge del Primer Ministro del país. Dicha Oficina sigue colaborando en la legislación nacional y encabezando campañas de concienciación. En 2014, la entonces Enviada Especial creó la organización no gubernamental Inspiration Centre, que ofrece servicios integrales terapéuticos y sanitarios a niños con discapacidad.

En 2021 se creó la Oficina de la Discapacidad dentro del Ministerio de Desarrollo Humano, Familias y Asuntos de los Pueblos Indígenas. Dicha Oficina ha defendido los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad a vivir con dignidad y participar de manera inclusiva en todas las esferas de la vida beliceña. También desarrolla una labor de concienciación sobre el uso del lenguaje inclusivo en la comunicación e información con fines de servicio público y está planificando la formación y certificación de intérpretes, contemplando la posibilidad de destinar a este tipo de profesionales a comisarías, tribunales y hospitales, en previsión de lo cual ha preparado un manual de formación en colaboración con el Ministerio de Educación. La Oficina en cuestión es responsable del seguimiento y la presentación de informes con respecto a la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y está elaborando una legislación y una política nacionales en materia de discapacidad.

Consciente de la obligación de mejorar los servicios prestados a las mujeres y niñas con discapacidad, el Gobierno de Belice mantiene sus alianzas con diversas organizaciones comunitarias y ONG. Por ejemplo, la ONG Community Agency for Rehabilitation and Education (CARE‑Belize) cuenta con oficiales de rehabilitación sobre el terreno que se ocupan de los niños con discapacidad desde su nacimiento hasta los 6 años de edad en los distritos de Toledo, Cayo, Belice y Orange Walk. Dicha organización presta servicio a unos 150 niños cada mes. La ONG Belize Association for Persons with Diverse Abilities cuenta con 600 miembros en todo el país, entre ellos, mujeres. Desde su creación, las mujeres constituyen la mitad del Comité Ejecutivo. Se trata de la organización de tipo federativo más activa en la defensa de los derechos de todas las personas con diversidad funcional.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 12

Plan operacional integral

Belice ha diseñado un plan de desarrollo a largo plazo (el Marco Nacional de Desarrollo Horizonte 2010‑2030), junto con una estrategia a medio plazo (la Estrategia de Crecimiento y Desarrollo Sostenible), con el fin de orientar las iniciativas encaminadas al cumplimiento de los ODS. El proyecto de la estrategia a medio plazo 2021‑2030 se encuentra en fase de elaboración. La Política Nacional de Género 2021‑2031 y proyectos como la Iniciativa Spotlight 2021 están subsanando las deficiencias en la recopilación de datos proporcionando financiación para sufragar equipos, formación y programas informáticos, así como apoyo técnico destinado a aumentar la capacidad de los ministerios y organismos estatales para generar datos desglosados por sexo, edad, región geográfica, situación de migración, región administrativa, etcétera. Tales inversiones también han incrementado la capacidad del mecanismo de género para seguir la repercusión de las políticas y los proyectos. La adopción de decisiones en materia de políticas con base empírica sigue viéndose dificultada por problemas que afectan a la calidad de los datos, la colaboración interinstitucional y el intercambio oportuno de datos.

Durante el período sobre el que se informa se aprobaron dos versiones de la Política Nacional de Género. En la Política de Género Revisada 2010‑2013 se establecían cinco esferas prioritarias: i) salud, ii) educación y formación práctica, iii) generación de riqueza y empleo, iv) situaciones generadoras de violencia y v) poder y adopción de decisiones. Se prometió aumentar la participación política de las mujeres en todos los ámbitos. En la Política en cuestión se contemplaba destinar los recursos humanos y financieros adecuados para atender eficazmente las cuestiones de género, así como mejorar la coordinación y colaboración interinstitucionales, además de crear un entorno propicio para la puesta en marcha de políticas y programas. En la versión correspondiente al período 2021‑2030 se analizaban las deficiencias y dificultades y se describía a grandes rasgos una serie de iniciativas más claras en materia, por ejemplo, de ejecución, seguimiento, evaluación, gestión de costos y responsabilidades compartidas. Se otorgó protagonismo al problema de la violencia de género y se añadió un sexto pilar: el fortalecimiento del sistema institucional.

Durante el período sobre el que se informa se elaboraron tres versiones del Plan de Acción contra la Violencia de Género, de carácter integral, para orientar las iniciativas nacionales multisectoriales al respecto. El primero fue el Plan de Acción Nacional contra la Violencia de Género 2010‑2013, que contó con el apoyo, inicialmente, del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y, posteriormente, de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU‑Mujeres).Su marco se fundamentaba en las conclusiones de dos evaluaciones realizadas en 2009: la evaluación nacional de las medidas para poner fin a la violencia contra las mujeres y la encaminada al fomento de la rendición de cuentas por parte del Estado con respecto a la actuación policial y el enjuiciamiento de las agresiones sexuales.

El segundo Plan de Acción Nacional contra la Violencia de Género para el período 2017‑2020 se diseñó gracias a la financiación aportada por el Proyecto BA1. En esta versión se establecieron cuatro esferas prioritarias: i) gobernanza eficaz y sostenibilidad, ii) prevención primaria de la violencia de género, iii) atención adecuada a las víctimas y iv) seguimiento y evaluación eficaces. El tercer y actual Plan de Acción Nacional contra la Violencia de Género abarca el período 2021‑2026 y está elaborado por la Comisión Nacional de la Mujer con la ayuda de la Iniciativa Spotlight. El actual Plan está en consonancia con la Política Nacional de Género 2021‑2030, por lo que en él se contemplan mecanismos de prevención bien coordinados y armonizados, así como la prestación de mejores servicios en materia de seguridad y recuperación. Además, en él se establece un conjunto interrelacionado de medidas para prevenir la violencia de género y proteger y apoyar tanto a las víctimas de todos los grupos de género como a sus hijos.

A día de hoy existen otros planes nacionales vinculados a la Política Nacional de Género o al Plan de Acción Nacional contra la Violencia de Género, a saber:

•La Agenda Nacional de la Infancia 2017‑2030, elaborada por el Comité Nacional para las Familias y la Infancia, que aboga por el desarrollo integral y la protección de los derechos de la población infantil y adolescente y admite la existencia de intersecciones entre la protección de la infancia y la violencia de género;

•El Proyecto de Política y Plan de Seguridad Ciudadana 2019, diseñado por la iniciativa gubernamental de recuperación RESTORE Belize, en el que se abordan distintos tipos de violencia, incluida la violencia de género;

•La Estrategia Policial contra la Delincuencia 2019‑2020, en la que se tratan cuestiones como el absentismo escolar, la disminución de los casos de homicidio y la violencia doméstica;

•La Política de Género para el Sector de la Conservación, impulsada en diciembre de 2020 por el Fondo Fiduciario de Conservación de Zonas Protegidas;

•La Agenda sobre las Mujeres y la Paz y la Seguridad, aprobada en 2020 por el Ministerio de Seguridad Nacional, que promueve la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y el ejercicio de sus derechos en el ámbito de las fuerzas nacionales de seguridad, es decir, la policía, las fuerzas de defensa y el cuerpo de guardacostas;

•La Agenda de las Mujeres 2020 del Plan para Belice, en la que se describen a grandes rasgos las medidas previstas por el Gobierno electo en 2020 para acelerar durante su mandato el logro de oportunidades económicas, así como de la igualdad de género, la equidad salarial y la asequibilidad de la tierra y la vivienda en beneficio de las mujeres;

•El Proyecto de Plan de Acción Nacional en materia de Género y Cambio Climático 2022‑2027, elaborado en 2021 por la Oficina Nacional sobre Cambio Climático con la ayuda del Proyecto Engender.

Pese a las considerables mejoras introducidas en el marco jurídico, que, por ejemplo, han dado a conocer a las mujeres los mecanismos de reparación existentes, acceder a asistencia y servicios jurídicos sigue siendo difícil y costoso para muchas de ellas. Las mujeres necesitan más acceso a servicios jurídicos para obtener reparación judicial.

Concienciación pública

Los programas orientados a promover el ejercicio de derechos por parte de las mujeres se dan a conocer mediante campañas públicas de presentación, tertulias nacionales y comunicados de prensa. La labor de concienciación se lleva a cabo en diversos entornos, como actos públicos y ferias de salud. Cada año se celebran dos grandes eventos conmemorativos de concienciación sobre los derechos de la mujer: el Mes de la Mujer (en marzo) y los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género (en noviembre). El Departamento de Apoyo a la Mujer y la Familia amplió en 2009 a un mes la semana de actividades organizadas con motivo del Día Internacional de la Mujer. Desde entonces, dicho Departamento se encarga, junto con el Gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y las entidades del sector privado, de llevar a cabo distintas actividades para celebrar el Mes de la Mujer. Tanto en los 16 días de Activismo como en el Mes de la Mujer se presenta un calendario de actividades para concienciar a la opinión pública sobre los derechos de la mujer, la equidad e igualdad de género y los correspondientes servicios en la materia.

Con el fin de subsanar la carencia de servicios y recursos, el Gobierno se ha aliado con una red de ONG, entre las que figuran Haven House, Child Development Foundation, Belize Family Life Association, Mercy Clinic, Productive Organization for Women in Action y Toledo Maya Women Council. Se están diseñando nuevas políticas y programas que se acompañan de planes de ejecución, seguimiento y evaluación para detectar las deficiencias de los servicios, determinar la responsabilidad compartida, informar de las repercusiones y decidir las inversiones necesarias de recursos. A través de la Iniciativa Spotlight, la ONG Child Development Foundation, la Comisión de Derechos Humanos de Belice y las ONG Belize Family Life Association y Productive Organization for Women in Action, el UNFPA puso en marcha en 2020 el Centro Móvil de Atención a Mujeres, que presta servicios de carácter vital proporcionando apoyo jurídico, apoyo y orientación psicosociales y servicios de salud sexual y reproductiva, así como difundiendo información sobre violencia de género y salud y derechos sexuales y reproductivos. El Ministerio de Desarrollo Humano, Familias y Asuntos de los Pueblos Indígenas comenzó a implementar en 2021 estos servicios fundamentales a través de la puesta en funcionamiento, por parte del Gobierno y la sociedad civil, de servicios destinados a las mujeres y niñas a las que más difícil resultaba acercar estos servicios.

Diversos organismos gubernamentales, como la Comisión Nacional de la Mujer, el Departamento de la Mujer y la Unidad de Salud Mental, además de organismos internacionales como el UNICEF y organismos no gubernamentales como Child Development Foundation, impulsaron durante la pandemia una serie de campañas de concienciación en varios idiomas sobre la violencia de género y el maltrato infantil. A través de blogs, anuncios publicitarios e infografías se difundió información sobre lugares donde obtener ayuda, salud mental, teléfonos de emergencia y sistemas orientados a garantizar un refugio seguro.

Entre las actividades organizadas anualmente cabe señalar la Cumbre de Mujeres y los diferentes paneles, mesas itinerantes, exposiciones y ferias para fomentar el debate sobre cuestiones relacionadas con el tema. Entre 2012 y 2021, el número de personas beneficiarias de este tipo de sesiones ascendió a 2.894. Desde 2009 se han puesto en funcionamiento, con la ayuda de profesionales locales del derecho, diversos centros de asistencia jurídica sobre cuestiones relativas a la familia y la violencia de género. Esta iniciativa ha contado con la participación de más de 17 profesionales de dicho ámbito desde su comienzo. Entre los temas de interés consultados figuran el divorcio, los derechos de propiedad, la separación legal, la manutención de los hijos, la custodia, la violencia doméstica y el acoso sexual. Unas 70 personas anualmente acceden a este tipo de servicios. Asimismo, se organiza un foro de forma rotativa en distintas zonas del país y una ceremonia de entrega de premios para reconocer la figura y la contribución de aproximadamente 20 mujeres beliceñas destacadas.

En todo el país se llevaron a cabo más de 60 actividades como, por ejemplo, la campaña ÚNETE para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres de 2009. También se procedió a la recogida de firmas en todo el territorio nacional, en el marco de las actividades de los 16 Días de Activismo, y su presentación a la oficina del PNUD en Belice. En los años 2010 y 2011, el departamento competente celebró dos foros sobre violencia sexual, creó material de educación pública y organizó una sesión informativa acerca de dicho tipo de violencia. Las sesiones sobre violencia sexual celebradas por todo el país en 2012 se orientaron prioritariamente a la participación de las mujeres rurales.

Entre 2007 y 2012, el Departamento de la Mujer elaboró diversos manuales con fines de formación e información destinados a mujeres, hombres y proveedores de servicios y centrados en sus respectivos derechos y responsabilidades. En los manuales figuraba información sobre las obligaciones adquiridas por Belice en el marco de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y la Convención de Belem Do Pará (algunos de los cuales se tradujeron al español). Tales manuales son los siguientes:

•Women’s Rights Handbook (manual sobre los derechos de la mujer);

•Women’s Handbook on Domestic Violence (manual para mujeres sobre violencia doméstica);

•Men’s Handbook on Domestic Violence (manual para hombres sobre violencia doméstica);

•Manual sobre la violencia doméstica y sus efectos en la infancia;

•Manual de orientación entre iguales para mujeres y niñas acerca del VIH;

•Guía de formación para la facilitación de sesiones informativas sobre la relación entre el VIH y la violencia contra la mujer;

•Handbook on Sexual Violence: Resource Guide for Legislation, Policies, Services And More (manual sobre violencia sexual en el que se incluye una guía de recursos destinados a legisladores, agentes de policía y proveedores de servicios).

La Comisión Nacional sobre el Sida, la Oficina del Enviado Especial y el Ministerio de Desarrollo Humano apoyaron la campaña Vive y Deja Vivir lanzada en 2020.Esta campaña dirigida por la comunidad pone de relieve la experiencia de personas víctimas de discriminación, especialmente mujeres, personas con discapacidad y personas LGBTQI+, y ejerce una labor de concienciación sobre derechos mediante la difusión de información con fines de servicio público en inglés, lengua de señas estadounidense, quekchí, mopán y español a través de diferentes canales de televisión, emisoras de radio y medios sociales. Se trata de una de las pocas campañas con medición de índices de audiencia y repercusión. Gracias a ello, se calcula que su alcance entre la población beliceña fue del 70 %. Las encuestas al respecto miden la percepción de tales grupos sociales entre dicha población, así como el grado de aceptación, respeto, buena vecindad y rechazo de la discriminación. Los resultados de 2020 y 2021 muestran un incremento positivo en todas las esferas.

A través de la Cámara de Comercio de Belice, el sector privado colabora con el Departamento de la Mujer en las actividades de conmemoración del Mes de la Mujer. Varias empresas elaboran anuncios de televisión con motivo de este evento y ofrecen descuentos especiales a las mujeres.

Como ya se ha mencionado, los grupos confesionales y provida se oponen a la aprobación de políticas de género en Belice. La Política de Género Revisada 2010‑2013 se recibió con protestas sociales en todo el país (bajo el hashtag #killthebill en redes sociales) debido a la definición contemplada en ella de los conceptos de respeto a la diversidad y orientación sexual. El Ministerio de Desarrollo Humano, la Comisión Nacional sobre el Sida y la Oficina del Enviado Especial redactaron en 2020 el Proyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades, orientado a proteger a las personas frente a la discriminación. En dicho Proyecto de Ley se definía la discriminación y se señalaban 21 características que constituían motivos potenciales de discriminación, entre ellos, el género, el sexo, la edad y la discapacidad. Asimismo, se establecían los actos constitutivos de discriminación, así como las correspondientes multas impuestas a los infractores. Las facciones opositoras consideraban que tales definiciones promovían los derechos de las personas LBGT+ y que las multas contempladas en el Proyecto de Ley en cuestión eran demasiado severas y atentaban contra su derecho a la libertad de expresión. Basándose en las enseñanzas extraídas de esta experiencia y con el fin de frenar el recrudecimiento de esta oposición, el Gobierno de Belice está manteniendo reuniones con representantes de los correspondientes órganos opositores para tener en cuenta sus preocupaciones y recomendaciones en la redacción de este tipo de proyectos de ley. Las dos versiones de la Política Nacional de Género se acompañaron de un proceso de educación pública para reducir la oposición.

Los proyectos nacionales abarcan en la actualidad una serie de estrategias de comunicación o socialización. Por ejemplo, en el Proyecto BA1 de 2014 se contemplaba un plan de comunicación. Los productos del conocimiento se difundieron entre la población destinataria. También se incluye información sobre el marco jurídico en relación con la violencia de género, la masculinidad no violenta y las sanciones judiciales por comportamientos violentos. Dentro de la Iniciativa Spotlight 2021 se planteó la creación de campañas personalizadas de concienciación y educación públicas dirigidas a grupos sociales como víctimas o supervivientes, adolescentes, jóvenes, personal de los medios de comunicación y proveedores de servicios.

Durante el período sobre el que se informa, se llevaron a cabo varios cursos de formación. Desde 2010, el Departamento de la Mujer ha venido impartiendo formación sobre los derechos de la mujer a la policía judicial y a la magistratura. Ese mismo año, con el apoyo del Proyecto del Fondo Mundial, se celebró en todo el país el Campamento de Sororidad, orientado a mujeres jóvenes de 13 a 16 años. En el marco de dicha iniciativa se impartió formación como educadoras de iguales sobre violencia de género a 42 mujeres jóvenes que, a su vez, se encargaron de formar a 343 compañeras. En 2015 se organizó un taller orientado a profesionales del periodismo y la comunicación del ámbito comunitario e institucional. Esta formación abarcó la prevención y asistencia integradas a víctimas de violencia de género y mujeres en riesgo de sufrir violencia contra la mujer, trata de personas y feminicidio. A través de la Iniciativa Spotlight, en 2021 se impartió formación a 1.183 educadores de enseñanza primaria y secundaria en prevención, detección y atención de casos de violencia familiar.

Acceso a la justicia

Tanto en las versiones de la Política Nacional de Género de 2013 y 2021 como en las del Plan de Acción Nacional contra la Violencia de Género correspondientes a 2017 y 2021 se reconoce la necesidad de garantizar a las víctimas el acceso a la justicia, en particular la necesidad de representación legal. La Iniciativa Spotlight 2021 se centra principalmente en el acceso a la justicia de las personas supervivientes de la violencia familiar y ha detectado varias deficiencias en el sistema de apoyo, quedando patente la necesidad de contar con orientadores judiciales que ayuden a las víctimas. En la actualidad, los proveedores de servicios remiten a las víctimas a ONG locales, como Child Development Foundation y Haven House o Legal Aid. En Belice se ha detectado que los grupos sociales vulnerables, como las personas con discapacidad, LGBTQI+, migrantes y con barreras lingüísticas necesitan más ayuda para acceder a la justicia y manejarse con los trámites y procesos del sistema judicial.

El Departamento de Policía de Belice sigue operando con Unidades de Atención de Casos de Violencia Doméstica en los principales municipios. Por ahora, la Unidad de Atención de Casos de Violencia Familiar de Ciudad de Belice es la única que trabaja en turnos de 24 horas y cuenta con un asesor interno. Desde 2020, la Unidad de Gestión de Desastres mantiene operativos dos teléfonos de emergencia en Ciudad de Belice con un sistema de derivación de casos a las comisarías locales. En el resto de los municipios, los agentes especializados en casos de violencia doméstica trabajan de 8.00 a 17.00 horas, por lo que los días laborables, fuera de ese horario, son los agentes de policía normales quienes se encargan de atender tales casos. De ahí que el Departamento de la Mujer esté formando constantemente al personal del Departamento de Policía en la aplicación de protocolos y procedimientos de atención de casos de violencia de género, en el funcionamiento del sistema de derivación de casos, en la gestión de estos y en el manejo de pruebas para que puedan mejorar la calidad de su actuación.

La Unidad en cuestión recibe un promedio de 100 denuncias mensuales y la cifra se va incrementando constantemente, lo que se atribuye a la repercusión positiva de las iniciativas de concienciación sobre el problema de la violencia de género. Por consiguiente, las víctimas se sienten más seguras denunciando su situación a la policía, a lo que se suma la descentralización de los servicios, el aumento de la eficacia del sistema de respuesta, derivación de casos y apoyo y el incremento de la colaboración con el Departamento de Servicios Humanos. En 2021 se registraron 773 casos de violencia doméstica, 46 casos de relaciones sexuales ilícitas, 12 casos de violación y 11 casos de feminicidio.

A lo largo del período sobre el que se informa, el número de jueces apenas se incrementó anualmente por la escasez de personal cualificado en el país. Durante la mayoría de los años, hubo unos 12 jueces en el Tribunal de Primera Instancia y 3 en el Tribunal de Familia. Según los informes de la Presidencia del Tribunal Supremo, anualmente se mantiene un predominio de juezas en la composición de los tribunales inferiores. Por ejemplo, en 2015 había 12 jueces de los que 10 eran mujeres. Los tres puestos de juez de familia existentes en 2013 estaban, todos ellos, ocupados por mujeres. La escasez señalada afecta a todo el país y genera una serie de carencias en los Tribunales de Primera Instancia, en los que se juzgan los asuntos situados en el ámbito de aplicación de la Ley contra la Violencia Doméstica. Tales carencias tienen que ver con la emisión de órdenes de protección, órdenes de expulsión del agresor de la vivienda de la víctima, órdenes de arrendamiento y órdenes de sometimiento a terapia. Para subsanar esta carencia, los jueces de Ciudad de Belice ejercen como jueces invitados en los tribunales municipales al menos una vez a la semana.

En lo que respecta a fomentar la perspectiva de género dentro del sistema judicial, cabe mencionar una serie de avances importantes. En 2017 se puso en marcha el Proyecto de Reforma Judicial y Fortalecimiento Institucional (JURIST). Dicho Proyecto, que cuenta con el respaldo del Gobierno del Canadá, se creó con los objetivos de mejorar la gobernanza y la administración de los tribunales, así como de garantizar la inclusión social y la equidad e igualdad de género en la administración de justicia. El Proyecto JURIST culminó en la adopción por parte de Belice de las Directrices Modelo de Actuación frente a los Delitos Sexuales elaboradas en 2017 para la región del Caribe.

En 2018 se diseñó y aprobó el Protocolo de Igualdad de Género para Oficiales Judiciales, en el que se describen posibles maneras de que los miembros de la judicatura apliquen una perspectiva de género a la hora de juzgar los casos y gestionar las pruebas en las causas relacionadas con la custodia de los hijos y las víctimas de la violencia doméstica, la violencia sexual y la trata de personas. Dicho Protocolo engloba una serie de directrices para dictaminar la emisión de órdenes de protección y sirve de fundamento a los sistemas de apoyo puestos a disposición de las víctimas, en particular las pertenecientes a grupos de población vulnerable. Los miembros de la judicatura han recibido formación tanto sobre las correspondientes directrices como sobre el Protocolo en cuestión.

En 2021 la Iniciativa Spotlight elaboró, junto con los ministerios competentes del Gobierno, un manual de formación para funcionarios judiciales y de mentoría para jueces. Asimismo, se impartió formación para desarrollar la capacidad de prevención y respuesta frente a la violencia familiar a 25 funcionarios judiciales y 27 jueces.

Se fomentó la incorporación de las videoconferencias y conferencias virtuales y el uso de una pantalla protectora en los procedimientos judiciales de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Pruebas (en su versión modificada de 2017). Pese a que este tipo de medidas ya se contemplaban por ley, su uso se extendió de forma generalizada durante la pandemia de COVID‑19 en virtud de las Directrices sobre la Práctica de 2020 Aplicables tanto al Tribunal Supremo como a los Tribunales Inferiores (también denominadas Protocolo de Instrucciones de 2020 frente a la COVID‑19). En las directrices en cuestión se tuvo en cuenta el hecho de que tales medidas protegían la dignidad de la parte demandante, especialmente en el caso de las víctimas de violencia sexual, y permitían difundir información fundamental sin necesidad de que estuvieran presentes físicamente ni tuvieran que carearse con sus agresores.

Nociones de derecho de las mujeres

Como parte de su labor de concienciación pública y difusión de información, el Departamento de la Mujer elaboró un manual sobre los derechos de la mujer para aumentar el conocimiento de la legislación por parte de las mujeres. Asimismo, se llevaron a cabo varias campañas de concienciación pública para ampliar las nociones de derecho de este grupo de población. En colaboración con la Comisión Nacional de la Mujer y el Departamento de Servicios a la Juventud, la fundación RET International llevó a cabo en 2018 un seminario con jóvenes sobre la violencia doméstica, los derechos y las disposiciones de la Ley contra la Violencia Doméstica (2007). Dicho seminario abarcó un examen dirigido por jóvenes de la Ley en cuestión para buscar posibles maneras de hacer la información más accesible para ellos.

El Gobierno sigue brindando apoyo al Centro de Asistencia y Servicios Jurídicos de Belice, que depende de la Fiscalía General y cuenta con oficinas en dos zonas del país. El Centro ofrece asesoramiento jurídico a un costo considerablemente bajo. La comunidad de ONG, los organismos internacionales y el Colegio de Abogados han colaborado con el Centro de Asistencia y Servicios Jurídicos en cuestiones relacionadas con la violencia de género. Entre agosto de 2017 y abril de 2018, el Colegio de Abogados de Belice, con la financiación de la Unión Europea (UE), organizó un consultorio jurídico gratuito para todo el país. En los diferentes centros donde se prestaba este servicio se ofrecía, entre otras cosas, asesoramiento jurídico sobre cuestiones de trabajo, tierras, familia, testamentos, violencia doméstica, inmigración y asilo. Durante el período 2018‑2019 se habilitaron otros 16 consultorios. El Centro Móvil de Atención a Mujeres creó 12 consultorios que prestaron servicios jurídicos en 2020 y 2021 a 600 mujeres y niñas.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 14

Refuerzo de los mecanismos nacionales:

La Comisión Nacional de la Mujer nombró en 2008 a su primera Directora Ejecutiva y se encarga de asesorar al Gobierno, especialmente al ministerio competente en cuestiones de género y relativas a la mujer. También forma parte de varios de los principales comités gubernamentales. La Comisión está constituida por 13 representantes de organismos tanto gubernamentales como no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones confesionales.

La Secretaría de la Comisión se encarga del seguimiento y la presentación de informes en relación con la Convención y la labor de otros organismos que se ocupan de aplicarla. Pese a depender del Ministerio de Desarrollo Humano, Familias y Asuntos de los Pueblos Indígenas, dicha instancia está en proceso de convertirse en un órgano independiente establecido por ley, lo que debería dotarla de poderes más amplios para actuar y convencer a los organismos asociados de la necesidad de realizar un seguimiento de sus logros en la aplicación de la Convención y presentar informes al respecto. Además, la Comisión Nacional de la Mujer tiene el cometido de aplicar las diferentes versiones de la Política Nacional de Género y del Plan de Acción Nacional contra la Violencia de Género, así como de defender cuestiones relacionadas con la situación de las mujeres y las niñas y llevar a cabo campañas de concienciación pública junto con otros organismos. También se encarga de poner en marcha iniciativas como la formación de líderes políticos, la promoción de la educación pública en materia de equidad e igualdad de género en los centros educativos y la facilitación de grupos de apoyo a las mujeres en todos los distritos.

El Ministerio de Desarrollo Humano, Familias y Asuntos de los Pueblos Indígenas (anteriormente denominado Ministerio de Desarrollo Humano, Transformación Social y Mitigación de la Pobreza) constituye la principal entidad responsable de impulsar leyes, políticas y programas que promuevan el adelanto de la mujer en Belice. Dicho Ministerio estableció en 2021 los siguientes objetivos estratégicos:

•Reducir el número de casos de trata de personas y trabajo infantil;

•Garantizar que las estructuras administrativas resulten útiles y eficientes;

•Velar por que la población beneficiaria de su labor conozca y pueda ejercer sus derechos;

•Atender las necesidades específicas de las personas con discapacidad, la juventud y la población de edad;

•Velar por el respeto de los derechos y el bienestar de las personas indígenas;

•Garantizar y aumentar la calidad de los regímenes de la red de seguridad social;

•Mejorar los sistemas de protección social en general.

El citado Ministerio colabora con diversos organismos internacionales de los que también recibe financiación, como los organismos de las Naciones Unidas. Asimismo, coopera con organismos no gubernamentales que se ocupan de cuestiones relacionadas con el género y con aquellos dedicados al empoderamiento de las mujeres. Entre 2007 y 2012, las asignaciones presupuestarias en beneficio de las mujeres y las partidas referentes a cuestiones de género aumentaron considerablemente, si bien con posterioridad se mantuvieron invariables (excepto el año de la pandemia).

El Departamento de Apoyo a la Mujer y las Familias (también denominado “Departamento de la Mujerˮ) consta de tres secciones: los Servicios de Apoyo a las Familias, la Dependencia de Género y la Oficina de la Discapacidad. El Departamento colabora estrechamente con los Departamentos de Servicios Humanos y Rehabilitación Comunitaria, que dependen del Ministerio de Desarrollo Humano, Familias y Asuntos de los Pueblos Indígenas, y cuenta con ocho oficinas en todo el país (una por municipio). Durante el período sobre el que se informa, el personal participó en 18 cursos de formación de desarrollo profesional en relación con su cometido y con diversos temas de gestión. Entre los temas especiales abordados cabe señalar las cuestiones de género, las contribuciones determinadas a nivel nacional y el cambio climático, la Conferencia Especial sobre la Creación de Leyes Específicamente Destinadas a Proteger los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad, la relación entre las cuestiones de género y el comercio, la realización de entrevistas forenses y la prestación por parte de los profesionales de una atención que tenga en cuenta las situaciones traumáticas vividas. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) brindó asimismo formación jurídica y de procedimientos sobre cuestiones relacionadas con la migración, los derechos humanos, el género, la orientación sexual y la juventud migrante; asimismo, UK Aid impartió un curso de formación sobre la relación entre el comercio inclusivo y las cuestiones de género en el mundo posterior a la pandemia de COVID‑19.

El Plan de Acción para la Integración de la Perspectiva de Género 2007‑2009 se elaboró con el fin de que todos los ministerios del Gobierno tuvieran en cuenta dicha perspectiva. La labor al respecto está dirigida por el Comité de Coordinación de Cuestiones de Género, presidido por la Comisión Nacional de la Mujer. Dicho Comité, compuesto exclusivamente por mujeres, mantiene una estrecha colaboración con el Departamento de la Mujer y está formado actualmente por 19 personas. Cada coordinadora recibe ese nombramiento de su correspondiente ministerio gubernamental.

La labor del citado Comité se guía por lo indicado en el Manual de Coordinación de Cuestiones de Género. El Comité permaneció inactivo durante varios años, debido a la rotación de personal y a la imposibilidad de encontrar personas con capacidad real de adopción de decisiones dentro de los ministerios que pudieran ejercer funciones de coordinación. En enero de 2011, con la ayuda del UNFPA, se reconstituyó el Comité y se localizaron nuevas coordinadoras. Asimismo, se procedió a la actualización tanto de su mandato como del contenido del mencionado Manual. Las coordinadoras siguen mejorando el sistema de respuesta del Gobierno y supervisando, además, los procesos de incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas, programas y planes del conjunto de los ministerios y departamentos gubernamentales.

Enfoque multisectorial

En 2008 se creó el Comité Nacional contra la Violencia de Género, que tiene carácter multisectorial, está presidido por el Departamento de la Mujer y engloba a representantes del Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Familia, el Departamento de Policía, el Departamento de Rehabilitación Comunitaria, el Ministerio de Salud y varios organismos de la sociedad civil, entre ellos, los centros de acogida. El mandato del Comité consiste principalmente en ayudar a la Comisión Nacional de la Mujer en la ejecución del Plan de Acción Nacional contra la Violencia de Género. El Comité contempla la aplicación de un enfoque integrado y multidisciplinario que mejore la aplicación de la ley, la sanidad, la formación judicial y la promoción comunitaria. También contribuye a modernizar los mecanismos de protección, la prestación de servicios, la justicia y la prevención de la violencia de género. A nivel de distrito, el Comité está presidido por un miembro representante del Departamento de la Mujer. Teniendo presentes las dificultades afrontadas con anterioridad, principalmente con respecto a la colaboración y la carencia de recursos, en el Plan de Acción Nacional contra la Violencia de Género 2017‑2020 se señalaron unos plazos bien definidos y se estableció a grandes rasgos un plan de movilización de recursos.

El Consejo contra la Trata de Personas tiene carácter multisectorial y una composición establecida por ley que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 6) de las correspondientes disposiciones, debe englobar las siguientes instancias:

•La Presidencia, a cargo de la Dirección General del Ministerio de Desarrollo Humano, Familias y Asuntos de los Pueblos Indígenas;

•Un miembro representante del Ministerio de Relaciones Exteriores;

•Un miembro representante del Ministerio de Seguridad Nacional;

•Un miembro representante de la Fiscalía General;

•Un miembro representante del Ministerio de Salud;

•Un miembro representante de la Dirección de Turismo de Belice;

•Un inspector de trabajo;

•Un comisario de policía;

•La Dirección de los Servicios de Inmigración y Nacionalidad;

•La Dirección de la Fiscalía;

•La Contraloría de Aduanas;

•Un máximo de tres personas más representantes de una organización no gubernamental o de cualquier otra organización competente con la experiencia, la especialización y los conocimientos adecuados en relación con el problema y las cuestiones de la trata de personas, en particular la garantía de protección y apoyo a las víctimas de esta práctica.

Según lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Prohibición de la Trata de Personas de 2013, el Consejo está facultado para formular políticas y brindar apoyo a las víctimas supervivientes. Gracias a la financiación aportada por la OIM, el Consejo elaboró y aprobó en 2012 el Plan de Acción Estratégico contra la Trata de Personas 2013‑2015, que posteriormente se actualizó con la elaboración de un plan estratégico similar para el período 2021‑2023. En dicho Plan se orienta la labor del Consejo destinada a garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales adquiridas por Belice, así como las disposiciones de la legislación, las políticas y los planes nacionales en relación con la trata de personas, y se analizan las funciones y responsabilidades de cada organismo.

La Comisión Nacional para las Familias y la Infancia es otra de las entidades multisectoriales existentes y se encarga de promover, vigilar y evaluar la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en Belice. Dicha Comisión, formada por 25 ONG, 16 organismos gubernamentales y 8 asociados internacionales, vela por que Belice cumpla con las obligaciones adquiridas en virtud de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en lo que respecta a la ciudadanía menor de 18 años, incluidas las niñas. La Comisión en cuestión aprobó la Agenda Nacional de la Infancia 2017‑2030 y el Plan de Acción Estratégico 2017‑2021 conexo, así como un sistema de seguimiento y evaluación. El Tablero de la Agenda Nacional de la Infancia permite a la Comisión recopilar datos y seguir los avances con respecto al alcance de los diferentes hitos y metas. Desde 2019, la Comisión ha venido organizando anualmente el Parlamento Nacional de la Infancia, en cuyo marco 31 jóvenes de ambos sexos exponen las cuestiones que les afectan.

En 2003 se creó el Consejo Nacional sobre el Envejecimiento, cuya principal función es promover y aplicar la Política Nacional en favor de las Personas de Edad y llevar a cabo el seguimiento y la evaluación de dicha aplicación. Dicho Consejo encabezó en 2010 el Análisis de la Situación de las Personas de Edad (véase el párrafo 34). El Consejo Nacional sobre el Envejecimiento está vinculado al Ministerio de Desarrollo Humano, Familias y Asuntos de los Pueblos Indígenas, si bien está dirigido por representantes de diferentes ministerios, organizaciones de personas de edad, grupos confesionales y organizaciones de la sociedad civil. Durante el período sobre el que se informa, el Consejo desempeñó una función esencial como oficina de asesoramiento y promoción para garantizar la igualdad de acceso de las mujeres de edad de Belice a los servicios y mejorar su calidad de vida.

Un requisito esencial para aplicar la Convención en Belice es la adopción de un enfoque multisectorial. Muchos organismos desempeñan funciones de apoyo dentro de los mecanismos de género, como el sector de la salud, los servicios jurídicos, etcétera. Tales alianzas son fundamentales para ayudar a subsanar la escasez de recursos humanos y materiales en todo el país. El sector de la salud, por ejemplo, se enfrenta constantemente a una escasez de personal médico para prestar servicios especializados a las personas de edad o con discapacidad. El Centro de Asistencia Jurídica presta servicios jurídicos en diversas causas tanto civiles como penales. La Defensoría del Pueblo atiende las quejas y denuncias con respecto a los obstáculos que encuentra la ciudadanía a la hora de acceder a los servicios estatales. La Defensoría amplía el espacio cívico para la interacción de la ciudadanía con el Estado y la aplicación de medidas correctivas. No obstante, la Defensoría solamente tiene presencia en Ciudad de Belice y los servicios no son accesibles para parte de la población más vulnerable, que reside en otras zonas del país.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 16

Igualdad de género y desarrollo nacional

A fin de promover y garantizar la protección de los derechos humanos de las mujeres en todos los programas de cooperación para el desarrollo, el Gobierno de Belice integró la igualdad de género como cuestión transversal en el plan de desarrollo a largo plazo de Belice titulado “Horizonte 2030: Marco Nacional de Desarrollo para Belice 2010‑2030”. En dicho plan se establecen estrategias y objetivos específicos para aumentar la capacidad de las mujeres de Belice. En el Marco Nacional de Desarrollo Horizonte 2030 se habla de promover la conciencia de género y las cuestiones de género a través de la educación, y se aborda la ampliación y el impulso de los programas de protección de la infancia y el empleo femenino. Asimismo, en dicho Marco se plantea la financiación de las organizaciones de la sociedad civil que prestan servicios de salud esenciales a mujeres, niños, niñas, adolescentes embarazadas, madres jóvenes y personas vulnerables frente al VIH y la violencia, reiterando también la inclusión de las mujeres en los procesos de desarrollo, especialmente en los niveles superiores del liderazgo político, y apoyando la adopción de medidas especiales de carácter temporal destinadas a aumentar el número de mujeres aspirantes a altos cargos políticos.

Dentro de la Estrategia de Crecimiento y Desarrollo Sostenible 2016‑2020 se contempla que todos los programas de cooperación para el desarrollo se centren más en promover y proteger los derechos humanos de las mujeres. El Ministerio de Desarrollo Económico se ocupó de ejecutar este plan a medio plazo como complemento del Marco Nacional de Desarrollo Horizonte 2030. En el plan en cuestión se señala el género como una de las cuestiones transversales. Ambas estrategias sirven de marco a la totalidad de las políticas nacionales de género, los planes sectoriales y los planes relacionados con cuestiones de género impulsados a partir de 2015 y fundamentan los programas en curso de aquí a 2030 y con posterioridad a esta fecha. Por consiguiente, la igualdad de género, la mitigación de la pobreza y el desarrollo sostenible constituyen temas recurrentes en el ámbito del desarrollo. Al mismo tiempo, es necesario hacer más hincapié en la promoción del derecho de las mujeres al desarrollo y su inclusión económica.

En la Estrategia y el Plan de Acción Nacionales para la Erradicación de la Pobreza 2009‑2013, aprobados por el Comité Consultivo Nacional de Desarrollo Humano en colaboración con el Ministerio de Desarrollo Humano, se establecen itinerarios de políticas claras para prestar servicio a las mujeres a través de medidas orientadas prioritariamente a los hogares encabezados por estas y a las mujeres de las zonas rurales y las comunidades indígenas, en particular las mujeres mayas. En el mencionado Plan se tienen en cuenta las obligaciones adquiridas por Belice en virtud de la Convención y se señala el género como cuestión transversal. Asimismo, se contemplan varias actividades y metas que ilustran a grandes rasgos la manera de hacer frente a la pobreza urbana y rural, así como los esfuerzos por reducir el alto grado de pobreza existente entre los grupos vulnerables, como las personas de edad, la población infantil y la juventud.

El Gobierno de Belice aprobó en 2014 el Plan de Acción para la Reducción de la Pobreza, en el que se resumían las medidas adoptadas en el país con esta finalidad en el marco del Fondo Fiduciario para la Atención de las Necesidades Básicas del Banco de Desarrollo del Caribe. La ejecución del Plan estuvo a cargo del Fondo de Inversión Social de Belice, organismo de ejecución del Gobierno beliceño que depende directamente de la Oficina del Primer Ministro. Dicho Plan de Acción pone de manifiesto la voluntad de aplicar la Convención por parte de Belice y está en consonancia con las estrategias nacionales de desarrollo. Su elaboración se fundamentó en políticas y estrategias nacionales como la Estrategia del Sector Educativo del Ministerio de Educación y la Política Nacional de Género. El Plan de Acción se diseñó teniendo en cuenta la dimensión de género de la pobreza tanto urbana como rural. Cuestiones de género como las relaciones de poder, la adopción de decisiones y los factores de vulnerabilidad constituyen aspectos contemplados habitualmente en los componentes relativos a la educación y el desarrollo de los recursos humanos.

Programas de cooperación para el desarrollo

Entre 2007 y 2021, el Gobierno beliceño afrontó el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por Belice en virtud de la Convención con la ayuda de los organismos de las Naciones Unidas, los organismos de cooperación regional, los organismos de desarrollo internacional y los organismos de financiación. En los acuerdos de cooperación concertados en este ámbito se abordan cuestiones sistémicas y socioeconómicas que conllevan una discriminación de la mujer (en los párrafos 21 a 27 se hace referencia a los programas de recuperación pospandémica).

El Proyecto BA1 se ejecutó entre octubre de 2014 y 2016. Puesto que Belice es miembro del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), el país fue beneficiario de este proyecto diseñado como parte del Plan de Seguridad Regional para Centroamérica de dicho Sistema. El componente del Proyecto BA1 se centró en la prevención de la violencia contra las mujeres, el feminicidio y la trata de personas.

El SICA se encarga de gestionar el Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa de Centroamérica (CENPROMYPE), que brindó apoyo al Servicio de Desarrollo del Comercio y la Inversión de Belice (BELTRAIDE, por sus siglas en inglés) en el diseño de la Estrategia Nacional de Emprendimiento para Belice. Dicha Estrategia está en consonancia con la Política de Microempresas y Pequeñas y Medianas Empresas de CENPROMYPE de 2008 y su Política Regional de 2012, y fomenta el emprendimiento en zonas tanto rurales como urbanas para impulsar sus modelos de negocio y crear empresas sostenibles. Esta colaboración se afianzó en 2018 gracias a la financiación aportada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, que culminó en el Programa de Emprendimiento Femenino.

Belice contaba en 2020 con 23 profesionales de enfermería por cada 10.000 habitantes, dato situado muy por debajo de la cifra de 105 recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El 95 % de los 600 profesionales de enfermería de Belice eran mujeres y el 5 %, hombres. Habida cuenta de la escasez de médicos especialistas y profesionales de la salud mental en el país, varios países están ayudando a Belice a través de acuerdos de cooperación en consonancia con el Plan Estratégico de Recursos Humanos de Belice para el período 2019‑2024. Mediante este tipo de acuerdos se ha conseguido que, anualmente, alrededor de 100 trabajadores sanitarios de Cuba presten servicio como voluntarios en Belice. Asimismo, entre 2017 y 2019 se registró como miembros del Consejo de Profesionales de Enfermería y Atención Obstétrica a 83 profesionales de Nigeria, 8 de Filipinas y 24 de Nicaragua. Además, se concedió una licencia de un año a 205 profesionales de Filipinas. Tales profesionales sanitarios están destinados en todas las zonas del país, tanto urbanas como rurales, y prestan diversos servicios a mujeres, niñas y personas vulnerables.

Mitigación de la pobreza

El Departamento de la Mujer lleva a cabo constantemente actividades de empoderamiento económico. Entre 2008 y 2010 se impartió formación en tecnología de la información y emprendimiento con la ayuda del Banco de Desarrollo del Caribe. La formación se centró en la incorporación de la tecnología de la información para mejorar la gestión empresarial. Más de 2.500 mujeres recibieron formación práctica en diversas esferas, en particular en tecnología de la información, contabilidad básica y gestión empresarial. Se llevó a cabo un programa de empoderamiento económico que culminó en la elaboración de un manual de emprendimiento para mujeres y su distribución a grupos de mujeres de todo el país. En total 142 mujeres de zonas tanto urbanas como rurales participaron en un curso de formación en emprendimiento en el que se abordaron los retos que supone crear una pequeña empresa y las estrategias para afrontarlos.

El plan de protección social de Belice Creación de Oportunidades para Nuestra Transformación Social (BOOST, por sus siglas en inglés) se puso en marcha en 2010 en respuesta a la evaluación de la pobreza del país de 2009, en la que se dejó constancia de un empeoramiento de la tasa de pobreza. Las mujeres de los hogares que cumplían los requisitos de acceso al plan recibieron una pequeña transferencia en efectivo por cada miembro del hogar (hasta un máximo de seis personas). La evaluación del programa de 2016 constató su repercusión positiva en términos de empoderamiento de las mujeres, acceso a mecanismos de ahorro formales y mitigación de la pobreza de 9.911 beneficiarias. En 2019 se puso en marcha el plan BOOST+ para abordar el problema de la pobreza multidimensional y la dinámica familiar, que incluía un componente de preparación para el empleo a través de la formación práctica, las actividades generadoras de ingresos y la aportación de conocimientos financieros básicos, así como un componente de servicios familiares. En la evaluación del programa correspondiente al período 2019‑2021 se señaló lo siguiente:

•El 98,3 % de las personas encuestadas observaron una repercusión positiva del programa en el hogar;

•El programa cubrió las necesidades de 85 hogares que pudieron abandonarlo satisfactoriamente;

•El Programa de Preparación para el Empleo concluyó satisfactoriamente para 56 hogares;

•El Programa de Mentoría Empresarial contó con la participación de 31 personas;

•Un total de 12 personas consiguió un empleo directo;

•Un total de 15 personas consiguió emprender un proyecto empresarial con éxito.

El Departamento de la Mujer y la Comisión Nacional de la Mujer pusieron en marcha un proyecto de apoyo a las víctimas y sus familias. La financiación corrió a cargo de la Iniciativa Spotlight y del Fondo de Recursos de Respuesta Rápida frente a la Crisis Provocada por la COVID‑19 del Proyecto ENGENDER. Se localizaron y equiparon seis espacios seguros alternativos y se ayudó a tres centros de acogida ya existentes sufragando el pago de salarios, aportando suministros, contribuyendo a actividades o proporcionando equipos de protección. Se distribuyeron kits de higiene femenina y paquetes de artículos de higiene a 394 mujeres, niñas, niños y personas de edad. Se entregaron 180 paquetes de alimentos a supervivientes y 90 estudiantes recibieron asistencia y material educativos. Asimismo, se llevaron a cabo 160 sesiones de atención psicosocial y se brindó apoyo en la gestión de casos.

En el último trimestre de 2020, la Iniciativa Spotlight ─en colaboración con el Ministerio de Desarrollo Humano, Familias y Asuntos de los Pueblos Indígenas, los organismos de las Naciones Unidas (el UNICEF, el UNFPA y el PNUD) y las organizaciones de la sociedad civil Productive Organization for Women in Action, Belize Family Live Association, Human Rights Commission of Belize y Child Development Foundation─ habilitó seis centros móviles de atención a mujeres en diversas aldeas del sur y el norte de Belice, en los que se proporcionaron a casi 398 personas (mujeres en su mayoría), servicios de salud sexual y reproductiva (entre ellos, servicios de planificación familiar y realización de citologías vaginales), servicios jurídicos (por ejemplo, atención de consultas sobre la condición de migrante, casos de divorcio y casos de violencia doméstica y reparto de bienes), apoyo psicosocial, asesoramiento terapéutico, información sobre violencia de género, servicios de prevención del VIH y consultas de derivación a otros servicios. Ante la abrumadora demanda de servicios de salud sexual y reproductiva, la organización Belize Family Life Association recurrió al apoyo de la Iniciativa Spotlight y sus asociados para prestar servicio a 300 mujeres, la mayoría de ellas residentes en zonas rurales de Belice. Además, el UNICEF ayudó a los equipos móviles de atención sanitaria a vacunar a la población infantil, dado que en 2020 se había observado una disminución de la tasa de vacunación del 95 % al 71 %.

Al principio de la pandemia, el Gobierno de Belice puso en marcha un programa de mitigación del desempleo dirigido a personas afectadas por la pérdida de ingresos, el cual se orientó inicialmente al sector turístico (cuya mano de obra estaba compuesta aproximadamente en un 46 % por mujeres), así como a los sectores del transporte y los servicios. En total se aprobaron 44.552 solicitudes. El Ministerio de Desarrollo Humano creó en 2020 el Programa de Transferencias en Efectivo para Mitigar las Consecuencias de la COVID‑19 (BCCAT, por sus siglas en inglés), que contó con una financiación de 12,2 millones de dólares beliceños (6,4 millones de dólares de los Estados Unidos) aportada por el Banco Mundial. Dicho Programa estaba destinado a 10.500 hogares, otorgando prioridad a las mujeres embarazadas, la población infantil, las personas de edad y las personas con discapacidad. Los requisitos de admisión se determinaron mediante un instrumento de evaluación de la pobreza. Asimismo, se recurrió a un programa de asistencia alimentaria frente a la COVID‑19. Gracias a un préstamo sufragado por el Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional por importe de 20 millones de dólares beliceños (10 millones de dólares de los Estados Unidos) y al apoyo del UNICEF, dicho programa suministró entre junio y noviembre de 2020 cestas de alimentos por valor de más de 150 dólares beliceños (75 dólares de los Estados Unidos). En 2021 se llevaron a cabo dos rondas más de suministro con financiación del Gobierno. Más de 39.000 hogares recibieron ayuda a través de una red de 200 tiendas de alimentación de todo el país.

El programa de protección social de Belice Creación de Oportunidades para Nuestra Transformación Social (BOOST, por sus siglas en inglés) recibió en 2020 del Gobierno del Canadá una financiación por importe de 200.000 dólares beliceños (100.000 dólares de los Estados Unidos). Los fondos se destinaron a crear espacios virtuales seguros y redes de ayuda, así como servicios de apoyo psicosocial, para las víctimas de la violencia de género. También sirvieron para ayudar a cuidar a personas de edad y con discapacidad, entre ellas, mujeres.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó en 2021 la concesión de un préstamo de 30 millones de dólares beliceños (15 millones de dólares de los Estados Unidos) para fomentar la sostenibilidad de casi 200 microempresas y pequeñas y medianas empresas (mipymes), especialmente las dirigidas por mujeres. Se calcula que las mujeres son propietarias del 40 % de las mipymes afectadas por las medidas de salud pública, especialmente en los sectores de la creación y la cultura, los agronegocios y la pesca. Los fondos ayudarán a las empresas de los sectores de la agricultura, la pesca y el turismo a superar las dificultades provocadas por la pandemia. Asimismo, servirán para fomentar que la Corporación Financiera de Desarrollo sea más capaz de tener en cuenta las cuestiones de género e impartir a los oficiales de préstamos formación destinada a aumentar la conciencia de género.

A la hora de posibilitar una mayor protección de los derechos de la mujer en toda la labor de cooperación para el desarrollo, el Gobierno de Belice encabezó una serie de iniciativas en favor de la recuperación económica y la estabilidad social tras la pandemia mediante el incremento de la capacidad institucional, la formación práctica de las mujeres, la prestación de servicios de asesoramiento y capacitación a las empresarias y la orientación a las mipymes en materia de ayudas a empresas. En concreto, en 2021 se firmó un acuerdo con el Fondo de Cooperación Internacional y Desarrollo de Taiwán para financiar un programa de cooperación técnica dirigido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior e Inmigración, a través del proyecto titulado “Fomento del Empoderamiento Económico de las Mujeres de América Latina y el Caribe en la Era Posterior a la Pandemia de COVID‑19: Asistencia Técnica para el Empleo, el Emprendimiento y la Inclusión Financiera de las Mujeresˮ. Dicho proyecto, con una dotación presupuestaria de 3,7 millones de dólares beliceños (1,85 millones de dólares de los Estados Unidos), se engloba en otro de carácter regional destinado a aumentar la capacidad de formación de las instituciones proveedoras de servicios de empoderamiento económico, orientación y formación profesional a mujeres y jóvenes emprendedores. Hasta la fecha, un total de 115 mujeres ha concluido su formación profesional en diversas esferas. Nueve mipymes dirigidas por mujeres han recibido financiación inicial. Asimismo, se han llevado a cabo cursos de creación de capacidad destinados a 100 profesionales y se han construido dos infraestructuras, entre ellas, una incubadora móvil de mipymes.

Mujeres del medio rural y mujeres indígenas

El Gobierno ha emprendido programas específicamente orientados a hacer frente a las consecuencias de la pobreza para las mujeres del medio rural, incluidas las de las comunidades indígenas. Entre 2006 y 2011, el Ministerio de Finanzas y Desarrollo Económico ejecutó el Programa de Desarrollo Rural de Belice, financiado por la UE. El proyecto se centró en promover el crecimiento económico y reducir la incidencia de la pobreza en las zonas rurales del país. Uno de los principales componentes de este proyecto de la UE, con una dotación presupuestaria de 8 millones de dólares, era la creación de empresas rurales. Aplicando un enfoque participativo, mujeres, hombres y jóvenes contribuyeron por igual a determinar las prioridades de desarrollo y adoptar decisiones en el plano comunitario. Los participantes señalaron una serie de empresas y proyectos destinatarios de financiación y apoyo. El proyecto superó la meta establecida en términos de población beneficiaria, según la cual se requería que al menos el 30 % de los beneficiarios fueran mujeres y jóvenes, habiéndose alcanzado un 68 % al concluir el proyecto. Aunque estaba previsto que entre 1.000 y 1.500 empresas rurales productivas se acogieran al proyecto, 3.290 hogares fueron beneficiarios directos de los subproyectos ejecutados en todo el país, de los cuales el 67,9 % eran hogares encabezados por mujeres.

Además, a la hora de orientar los programas de mitigación de la pobreza específicamente a las mujeres rurales, el Programa de Desarrollo Rural de Belice aportó una financiación de 900.000 dólares beliceños (450.000 dólares de los Estados Unidos) a la asociación no gubernamental cristiana de mujeres jóvenes Young Women’s Christian Association (YWCA). Ello permitió a esta organización ejecutar el Programa de Garantía de Medios de Vida Rurales Sostenibles con Perspectiva de Género entre 2006 y 2010 en la zona central y en las comunidades indígenas del sur. En el programa se inscribió y formó a 150 mujeres y jóvenes de zonas rurales que asistieron a cursos de formación práctica impartidos por YWCA en materia de hostelería, preparación de alimentos y cuidado infantil. El proyecto facilitó el acceso a microsubvenciones. Tras esta exitosa fase, se inició en 2012 el Proyecto de Ampliación de las Oportunidades Económicas mediante el Emprendimiento y el Desarrollo de Mercados. Además de formación práctica, las mujeres rurales recibieron servicios de mentoría empresarial y apoyo técnico para crear o mejorar su empresa y acceder al mercado. En 2012 se modernizó el Punto de Venta de Ciudad de Belice y, un año después, se inauguró el Centro Nacional de Desarrollo Empresarial en Belmopán.

El Fondo de Inversión Social de Belice recibió en 2014 una financiación de más de 51.000 dólares beliceños (25.500 dólares de los Estados Unidos) del Banco de Desarrollo del Caribe para sufragar un proyecto de formación en confección de prendas de vestir. Dicho proyecto se ejecutó en el marco del plan de mitigación de la pobreza de Belice. Se invirtió en la adquisición de máquinas de coser y telas, así como en la formación práctica de 26 mujeres de dos comunidades rurales del norte.

El Gobierno de Belice firmó en noviembre de 2018 un acuerdo de 16 millones de dólares beliceños (8 millones de dólares de los Estados Unidos) con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) para financiar el Programa de Resiliencia Rural de Belice, de seis años de duración. El Ministerio de Desarrollo Económico y el Ministerio de Agricultura se están encargando de ejecutar dicho Programa, que se centra en reducir los efectos del cambio climático y las perturbaciones económicas en la población rural vulnerable, incluidas las mujeres. La actuación se centra principalmente en la creación de cadenas de valor resilientes al clima. El proyecto en cuestión fomenta el acceso sostenible al mercado de frutas, verduras y productos derivados de la miel de categoría selecta. El Programa de Resiliencia Rural de Belice aspira a mejorar las condiciones de vida de 6.000 hogares rurales, es decir, aproximadamente unas 30.000 personas. El 40 % de los beneficiarios seleccionados son mujeres y el 20 %, jóvenes.

En el marco del Proyecto BA1, el Departamento de la Mujer firmó en 2015 un memorando de entendimiento con el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas de BELTRAIDE y su Centro de Formación y Empleo de Belice para proporcionar formación práctica y microfinanciación a 250 mujeres de zonas urbanas y rurales en riesgo de convertirse en víctimas de violencia de género o trata de personas.

BELTRAIDE lleva ejecutando desde 2018 el Programa de Emprendimiento Femenino con la ayuda del Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa de Centroamérica (CENPROMYPE). El Programa se centra en el empoderamiento social y económico y el desarrollo de la capacidad de liderazgo de 25 mujeres de zonas rurales y urbanas. La correspondiente capacitación abarca la transferencia de conocimientos, la formación práctica, la mentoría y el emprendimiento con el fin de fomentar la penetración en el mercado y las ventas. El Programa organizó en mayo de 2019 el Evento de Establecimiento de Redes de Contactos SHEMentors, que culminó en la creación de la Red de Mentoras de Belice. Dicha Red constituye un espacio de apoyo y contacto entre las empresarias.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 18

Medidas especiales de carácter temporal

Durante el período sobre el que se informa se celebraron cuatro elecciones nacionales (en los años 2008, 2012, 2015 y 2020). En todas ellas, las mujeres pugnaron por convertirse en miembros electos del Parlamento, compuesto por 31 escaños. En 2008 presentaron su candidatura a las elecciones solamente tres mujeres, sin que ninguna resultara elegida. En 2012 volvieron a presentarse 3 mujeres, resultando 1 de ellas electa. De las 90 candidaturas presentadas en 2015, 10 correspondían a mujeres, de las cuales 2 resultaron electas. De las 83 candidaturas presentadas en 2020, 14 correspondían a mujeres, de las que resultaron elegidas 4. Pese a que no se modificó la legislación, cada administración amplió las funciones de liderazgo administrativo nombrando a más mujeres en cargos directivos superiores. Ejerciendo sus poderes ejecutivos, el Primer Ministro nombró a mujeres en puestos del Gabinete y el Senado o como Directoras Generales y directoras de órganos establecidos por ley.

En la Agenda de las Mujeres del Partido Popular Unido para el período 2003‑2008 se abogaba por que al menos el 30 % de los cargos públicos estuvieran ocupados por mujeres, si bien no se adoptaron medidas oficiales para ello. En el Plan Belice de 2020 se hacía referencia al liderazgo de las mujeres, pero no se establecían cuotas de representación en puestos de liderazgo político. En los cuatro comicios celebrados, los partidos considerados como “tercera opción” contaban con más mujeres en sus filas. Por ejemplo, el Frente Popular de Belice, partido considerado como “tercera opción”, está dirigido por mujeres. En las elecciones de 2020 pugnó por lograr 13 escaños. El Partido Democrático Unido contaba en 2019 con dos candidatas al nombramiento como Líderes Adjuntas de dicha formación. No obstante, ninguna de ellas logró que su candidatura triunfase.

En 2009 se aprobó la Política Nacional de Administración Local, en la que se hace hincapié en la equidad de género en el ámbito del gobierno local. Durante el período sobre el que se informa se celebraron cinco elecciones municipales (en los años 2009, 2012, 2015, 2018 y 2021). Ningún partido político adoptó medidas especiales en la Administración local, por lo que, considerando todos los ciclos electorales en conjunto, solamente el 24 % de las candidaturas correspondieron a mujeres. A lo largo del período en cuestión, únicamente el 10 % de las que presentaron su candidatura resultaron electas.

En las elecciones de 2021 es donde se registraron los mayores avances. Aunque las mujeres representaban menos de la mitad del total de candidaturas, hubo un aumento patente del número de candidatas. En municipios como Belmopán, San Pedro y Orange Walk, cerca de la mitad de las candidaturas correspondían a mujeres. Tanto en estos tres municipios como en Ciudad de Belice, la mitad de las mujeres que presentaron su candidatura resultaron electas. En el período al que se hace referencia, cuatro mujeres ocuparon puestos de alcaldía. En Ciudad de Belice, la Alcaldesa ejerció como tal durante dos mandatos. En San Pedro, la Alcaldesa ocupó el cargo durante tres mandatos.

El módulo sobre el liderazgo de las mujeres incorporado a la encuesta para la elaboración del Censo de 2010 ayudó a la Comisión Nacional de la Mujer a comprender las percepciones culturales que restringen la participación de las mujeres en la esfera política. Las conclusiones extraídas sirvieron para determinar las deficiencias que debían subsanarse a nivel nacional. Los resultados indicaron que la mayoría de la población beliceña estaba a favor de que las mujeres ocuparan altos cargos. Los miembros encuestados de 31.875 hogares declararon que les gustaría que las mujeres ocuparan cargos como el de Primer Ministro, y 21.959 respaldaron que las mujeres asumieran cargos ministeriales. No obstante, las personas encuestadas creían que, para que ello se materializase, las mujeres que se presentaban como candidatas a las elecciones necesitaban formación, educación, apoyo familiar y apoyo de los partidos políticos. Las conclusiones del Censo de 2022 ofrecerán un panorama actualizado de la cuestión.

Gracias a la financiación del PNUD, la Comisión Nacional de la Mujer llevó a cabo en 2012 un análisis de la situación en materia de género y política en Belice. Las correspondientes conclusiones pusieron de manifiesto que las mujeres desempeñaban un papel activo en la política de su partido, si bien solían hacerlo principalmente desde puestos de rango inferior. Dentro de su comunidad, las mujeres ocupan puestos de liderazgo en su juventud (antes de tener hijos) o con edades bien entradas en los 40 o 50 años (una vez que sus hijos ya son mayores). Las personas encuestadas se mostraron a favor de las medidas especiales de carácter temporal y las consideraban un paso necesario por el bien de las mujeres y el bien del país, ya que los hombres no iban a cederles ese espacio (Lewis, 2012, pág. 80). En resumen, la escasa participación política obedece a una serie de obstáculos tanto culturales como sistémicos, por lo que los esfuerzos siguen centrándose en cambiar las actitudes culturales y aumentar la capacidad.

Formación y creación de capacidad

La Comisión Nacional de la Mujer siguió organizando sesiones de capacitación política orientadas a mujeres. Gracias a la financiación del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), la Comisión puso en marcha en 2009 el Proyecto Mujeres en Política, que se diseñó como programa de creación de capacidad destinado a mujeres aspirantes a ocupar cargos políticos. La primera cohorte de beneficiarias estaba constituida fundamentalmente por mujeres jóvenes e indígenas que ejercían una labor política a escala local y nacional o aspiraban a hacerlo. Entre 2009 y 2017 participaron en el programa tres cohortes formadas por un total de 100 mujeres. La formación impartida se centró en los convenios y campañas internacionales, así como en los retos relacionados con el liderazgo y la adopción de decisiones por parte de las mujeres en Belice. Se concienció a las participantes acerca de la contribución de los aspectos de género y la desigualdad de género a la desigualdad en la participación política. Tales participantes recibieron información sobre los procedimientos parlamentarios, la gestión y financiación de campañas, los medios de comunicación y la difusión de mensajes políticos.

La ONG Women Issues Network‑Belize (WIN‑Belize), actualmente desaparecida, dirigió en 2017 el Programa de Aumento de la Representación de las Mujeres en los Puestos Nacionales de Liderazgo de Belice, financiado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia. En el marco del Programa se formó a 72 mujeres aspirantes a participar en las elecciones municipales y a los consejos de aldea, en particular mujeres rurales e indígenas. La formación abarcó temas como el género y la política, el sistema político de Belice, la promoción dentro de los partidos políticos, la financiación y la realización de campañas, la presencia en los medios de comunicación, etcétera. El principal objetivo del Programa era incrementar la participación política de las mujeres y su capacidad de liderazgo.

Organizaciones no gubernamentales como Toledo Mayan Women Council han venido creando capacidad de liderazgo y aumentando la participación política entre las mujeres de las comunidades indígenas de las zonas rurales. Dicha organización formó a mujeres indígenas aspirantes a liderar los consejos de aldea o a convertirse en alcaldesas, funciones tradicionalmente reservadas a los hombres. Los alcaldes ocupan una posición social importante en las comunidades indígenas del sur del país, siendo responsables de mantener la ley y el orden. Hasta 2021, solamente seis mujeres habían ocupado este cargo. En 2019 se eligió por primera vez a una mujer para ocupar un cargo directivo en la Asociación de Alcaldes de Toledo.

Los organismos regionales han contribuido a fomentar la capacidad de las mujeres beliceñas para asumir puestos de liderazgo. Veinte de ellas participaron en junio de 2010 en el programa de capacitación de la organización Caribbean Institute for Women in Leadership denominado “Promoción del Liderazgo Transformador en favor de la Justicia de Género en la Región del Caribe”. Este curso de 15 días de duración constó de 5 días de formación “virtual”, seguidos de 10 días de formación in situ. Esta formación interactiva y participativa estuvo facilitada por docentes y especialistas de prestigio procedentes de las instancias gubernamentales, la sociedad civil y las Naciones Unidas. De las 20 mujeres seleccionadas, 2 habían finalizado previamente su participación en el Proyecto Mujeres en Política.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 20

Aplicación de la Ley contra la Violencia Doméstica y vigilancia de su cumplimiento

Para garantizar que el Estado priorice al máximo la lucha contra todas las formas de violencia contra la mujer, en 2008 entró en vigor la versión revisada de la Ley contra la Violencia Doméstica, en la que se exige poner a disposición de las supervivientes de este tipo de violencia una serie de recursos jurídicos rápidos y equitativos y se establecen las sanciones aplicables por abusos de carácter físico, emocional, psicológico, sexual y financiero. Los casos de violencia doméstica o incumplimiento de órdenes de protección se remiten a la correspondiente Unidad de Atención de Casos de Violencia Doméstica o Familiar. Dicha Unidad especializada colabora con el Departamento de la Mujer para brindar más apoyo y fomentar la derivación de casos a los servicios adecuados. Los Agentes para el Desarrollo de la Mujer reciben formación para registrar denuncias, informar a las usuarias sobre sus derechos, remitirlas a otros servicios y ofrecerles orientación básica, dado que suelen ser el primer punto de contacto. A través de las Unidades de Atención de Casos de Violencia Doméstica, el Departamento de la Mujer y el Ministerio de Salud, y en colaboración con diversas organizaciones de la sociedad civil (OSC) especializadas, el Estado ha respaldado un sistema que anima a las mujeres a denunciar los casos de violencia. Los datos sobre la prevalencia y la incidencia de la violencia contra las mujeres se recopilan a partir de este sistema de apoyo y la mayoría de ellos se almacenan en los archivos del Ministerio de Salud. Al mismo tiempo, las diversas oficinas administrativas (Departamento de Policía de Belice, Ministerio de Desarrollo Humano, Ministerio de Salud y tribunales) siguen estando en posesión de los datos administrativos. Los datos de los tribunales permanecen almacenados de manera rudimentaria, mayoritariamente en formato impreso.

El Tribunal de Familia conoce de asuntos relacionados con el entorno familiar como casos de violencia doméstica, separación legal, manutención de hijos y cónyuges y delincuencia juvenil. Con respecto a los delitos sexuales, los contemplados en la Ley contra la Violencia Doméstica se consideran en Belice una cuestión de derecho civil sometida a la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia (tribunal de rango inferior). El resto de casos de delitos sexuales de carácter penal se someten a un juez del Tribunal Supremo. Las mujeres pueden ser víctimas de ambos tipos de delitos simultáneamente. La transición de los Tribunales de Primera Instancia al Tribunal Supremo suele dar lugar a un escaso número de sentencias condenatorias o a la “anulación” del proceso por problemas relacionados con la prueba. De ahí que se esté impartiendo formación en aplicación de protocolos. Pese a su gravedad, los delitos penales contra las mujeres en el entorno doméstico tienden a reducirse a la categoría de maltrato en el hogar o englobarse en ella, lo que hace que sean exclusivamente competencia de los tribunales inferiores y no conlleven la imputación de cargos penales. Por consiguiente, es menos probable que las mujeres obtengan justicia si son víctimas de actos delictivos a manos de su pareja.

Como ya se ha mencionado, con la modificación del Código Penal de 2013 se aumentaron las penas aplicables por delitos sexuales cometidos contra la población infantil y se elaboró una lista más amplia de este tipo de delitos.

Entre las modificaciones introducidas en la Ley contra la Violencia Doméstica figura la potestad del tribunal para ordenar al agresor la devolución de bienes, la indemnización de la víctima, el pago de la manutención de los hijos, el sometimiento a terapia u orientación y la entrega de armas a la policía. Las versiones revisadas de la Ley contra la Violencia Doméstica aumentaron las sanciones por incumplimiento de órdenes judiciales en casos de violencia doméstica e impusieron una pena de cinco años en el supuesto de dictarse una sentencia condenatoria posteriormente. En el caso de los delincuentes sin antecedentes penales, la Ley permite dictar una orden de rehabilitación en lugar de imponer una pena. Este tipo de órdenes exigen que el delincuente se someta a un programa de rehabilitación y realice servicios comunitarios durante un año.

Consciente de la necesidad de aplicar un enfoque integral y de tener en cuenta al agresor en las correspondientes actuaciones llevadas a cabo, el Departamento de la Mujer estableció un Programa de Intervención con Maltratadores. Gracias al apoyo brindado por ONU‑Mujeres a través de su Programa de Asociadas por la Paz, en 2010 se puso en marcha con carácter experimental un programa psicoeducativo de prevención de la violencia de 16 semanas de duración que se mantuvo en funcionamiento hasta 2012. La participación en dicho programa venía ordenada en las sentencias dictadas por los tribunales. El primer ciclo comenzó en 2010 con ocho personas, de las cuales solamente siete finalizaron el programa. El segundo ciclo tuvo lugar en 2011 y contó con la participación de siete personas. La Oficina Regional de las Américas y el Caribe de ONU‑Mujeres evaluó el programa en 2020 y, en la actualidad, tiene previsto reactivarlo en diversas jurisdicciones, entre ellas, Belice.

Una de las medidas adoptadas para la aplicación de un enfoque integral es la elaboración de un procedimiento de derivación de casos dirigido a las entidades intervinientes en las iniciativas nacionales de respuesta. El Departamento de la Mujer examinó este sistema en el marco del Proyecto BA1 de 2014. Dicho examen culminó en la mejora del itinerario de derivación de casos. En la evaluación se señaló que la mayoría de los casos se remitían en primer lugar al Departamento de Policía, seguido del Departamento de la Mujer, si bien otros organismos actuaban también como puntos de contacto para la primera denuncia. No obstante, muchos casos no se denunciaron, especialmente en las comunidades rurales y entre las mujeres indígenas, lo que se atribuye a actitudes culturales y a la centralización de los servicios en las zonas urbanas; de ahí que el sistema de derivación de casos incorpore a día de hoy a quienes desarrollan su labor en el plano comunitario, como los trabajadores sociales, los trabajadores de la salud y los líderes comunitarios.

Concienciación pública

En Belice se llevan a cabo continuamente campañas de concienciación pública para transmitir el mensaje de que la violencia contra las mujeres es inaceptable. Las iniciativas de concienciación se exponen a grandes rasgos en diversos planes de acción y proyectos nacionales. El objetivo del Plan de Acción Nacional contra la Violencia de Género 2017‑2020 es concienciar a la población a través de estrategias intensivas de promoción y comunicación a nivel nacional. En las dos últimas versiones del Plan de Acción Nacional contra la Violencia de Género se hizo hincapié en el apoyo de los hombres como aliados y la figura de estos como destinatarios de las campañas de prevención. La información facilitada por el Departamento de la Mujer señala un aumento del conocimiento, por parte de la comunidad, de la Ley contra la Violencia Doméstica y los servicios disponibles. No obstante, se observa la necesidad de concienciar más a las comunidades rurales en este sentido. De ahí que la Iniciativa Spotlight preste atención a los grupos rurales y multilingües.

El Gobierno de Belice conmemora varios días internacionales en colaboración con diferentes organismos de las Naciones Unidas y organizaciones locales. Mediante los actos organizados con este fin, dicho Gobierno reitera su determinación de defender los derechos de las mujeres y protegerlas frente a toda forma de violencia. Tales actos ponen de relieve las cuestiones emergentes. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Humano, Familias y Asuntos de los Pueblos Indígenas de Belice conmemoró por primera vez, en junio de 2021, el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, en colaboración con el Consejo Nacional sobre el Envejecimiento y la ONG HelpAge Belize. La necesidad de hacerlo surgió cuando los organismos se percataron de que se trataba de un problema cada vez mayor y de que lo esperable era que solamente 1 de cada 24 incidentes se denunciasen a las autoridades. Las personas de edad fueron víctimas del 4 % de los casos de violencia doméstica registrados en 2020 durante la pandemia. Los medios de comunicación y el material de concienciación hacen hincapié actualmente en el carácter inaceptable de la violencia contra las personas de edad en todas sus formas.

La Oficina del Enviado Especial lanzó en 2013 la campaña “Mi cuerpo es precioso”. Esta campaña de concienciación pública contra el abuso y la explotación sexual infantil se centró en niños y niñas de 6 a 10 años. Además de material de concienciación orientado a adultos, la campaña recurrió a múltiples formatos de participación activa para captar la atención de la población infantil y adolescente, entre los que figuran dos libros, videoclips, representaciones dramatizadas y un tema musical en inglés, maya y garífuna.

El Departamento de la Mujer organiza anualmente una serie de sesiones de sensibilización en los centros educativos. Más de 7.278 jóvenes participaron entre 2012 y 2021 en tales sesiones (lo que supone un promedio anual de más de 500 participantes). En total 2.559 jóvenes participaron en el Programa de Concienciación sobre Cuestiones de Género y Fomento de Escuelas Seguras, llevado a cabo en 22 centros de educación primaria y secundaria. La campaña “El amor no debería doler” logró llegar a 1.745 alumnos de siete centros de educación secundaria de todo el país. Durante el período sobre el que se informa, 7.578 personas asistieron a diversas sesiones de concienciación y formación sobre los distintos tipos de violencia, la solución de conflictos, la salud sexual y reproductiva y los derechos de la mujer.

El Ministerio de Administración Pública se alió en 2021 con la Iniciativa Spotlight y la Cámara de Comercio e Industria de Belice para poner en marcha el programa del Sello de Igualdad de Género y Diversidad, orientado a contribuir al logro de los Objetivos 5, 8, 10 y 17. La finalidad es reducir la brecha de género y promover la igualdad de género y la competitividad, con miras a garantizar un crecimiento justo, inclusivo y sostenible. Un total de 25 organizaciones de los sectores público y privado han empezado a trabajar en esta iniciativa, que promoverá la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres abordando las cuestiones que más contribuyen a la desigualdad de género en el lugar de trabajo. En el marco del citado programa, está previsto que la Comisión Nacional de la Mujer amplíe esta iniciativa a otras esferas.

Formación y creación de capacidad

El Departamento de Policía actualizó en 2010 su Protocolo contra la Violencia Doméstica y su Protocolo contra la Violencia Sexual para armonizarlos con la Ley contra la Violencia Doméstica. El Departamento de la Mujer ha venido organizando desde 2010 una serie de sesiones anuales de capacitación sobre dicha Ley y la legislación conexa orientadas a los reclutas de la Academia de Formación de la Policía y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de todo el país. Un total de 117 agentes recibieron en 2011 formación sobre el Protocolo en cuestión. La formación de miembros de la judicatura y profesionales del derecho se ha abordado anteriormente en varios párrafos.

En cuanto a los trabajadores sociales, los que están contratados por el Departamento de la Mujer tienen la obligación de recibir educación permanente en materia de violencia de género, ya que tienen encomendada la función de facilitadores de capacitación. El Departamento de Servicios a la Juventud impartió en 2017 formación a 30 trabajadores sociales sobre diversos temas, entre ellos, el trauma por violencia sexual. El Departamento de la Mujer apoyó en 2016 el evento de concienciación titulado “Poner freno a la violencia de género a través de las artes expresivas” organizado por la Asociación de Trabajadores Sociales de Belice.

El Departamento de la Mujer vela por hacer partícipes a los agentes de salud comunitarios de la formación sobre violencia doméstica, ya que se trata de personal de primera línea en las zonas rurales. Entre 2010 y 2020, la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud llevó a cabo un Programa de Formación en Epidemiología de Campo con la ayuda del Centro de Control de Enfermedades. Cada año, diez participantes reciben formación sobre diversos temas, entre ellos, la violencia doméstica y el embarazo en la adolescencia. A finales de 2020, 93 personas habían finalizado el nivel básico, de las cuales 11 pasaron a niveles superiores.

Garantía de apoyo y protección a las víctimas

La Ley contra la Violencia Doméstica aumentó la capacidad de los tribunales para dictar órdenes de protección y amparar a las víctimas de maltrato a manos de su pareja, definición que se amplió para que abarcase a las parejas de hecho y no casadas, así como a quienes tenían hijos en común o mantenían una relación con visitas (cónyuge de facto).

Los mecanismos nacionales de género aplican un enfoque de tolerancia cero contra la violencia de género. Los centros de acogida siguen constituyendo una esfera con deficiencias dentro del sistema de respuesta integral. En todo el país solamente existen tres centros de acogida operativos: Haven House, Mary Open Doors y House of Dorcas. Marla’s House es un centro de atención a largo plazo situado en Belmopán en el que se acoge específicamente a niños y niñas que han sufrido violencia. Anualmente se aloja en él a un promedio de 20 niños y niñas. La ONG Hope Haven Belize inauguró en 2021 en San Pedro su Centro de Atención de Proximidad de Casos de Violencia Doméstica. Ese mismo año, el Departamento de la Mujer ayudó a estos centros de acogida con la elaboración de sus políticas y procedimientos.

Entre 2010 y 2012 se ejecutó un proyecto titulado “Aumento del Acceso a la Justicia y a los Servicios de Atención Psicosocial y Rehabilitación en Beneficio de las Víctimas de Explotación Sexual Comercial y Maltrato en el Hogarˮ, que constituía una iniciativa colaborativa del Ministerio de Desarrollo Humano, el Departamento de la Mujer y las ONG Youth Enhancement Services (YES), Haven House y WIN‑Belice y contaba con la financiación de la Embajada de los Estados Unidos de América. El proyecto se centró en la colaboración interinstitucional y el apoyo a las víctimas de explotación sexual comercial y maltrato en el hogar. Un total de 68 víctimas y familiares recibieron atención psicosocial y apoyo jurídico en el marco de esta iniciativa. Asimismo, el Plan de Acción Nacional contra la Trata de Personas 2018‑2020 incorporó el apoyo psicosocial a su mandato, además del apoyo a las víctimas de la trata mediante servicios de protección y acogida.

Los hospitales y policlínicas de todo el país ofrecen servicios de salud mental atendidos, en su mayoría, por profesionales de enfermería especialistas en psiquiatría. La unidad correspondiente brinda apoyo a la Unidad de Atención de Casos de Violencia Doméstica e imparte formación al personal médico. No obstante, en el sector de la salud mental se denuncia continuamente la carencia de terapeutas, profesionales de la psicología clínica, especialistas en salud mental y personal de apoyo de diversa índole, por lo que la derivación de casos a los servicios de las ONG resulta fundamental. Los organismos gubernamentales remiten a las víctimas a otros organismos como la ONG Child Development Foundation, que cuenta con la única persona de todo el país que ejerce como terapeuta especialista en terapia centrada en el trauma. Este tipo de colaboración ayuda a mitigar la escasez de recursos. Para subsanar estas carencias, la Iniciativa Spotlight 2021 pretende formar al equipo de respuesta inicial de la comunidad en técnicas básicas de orientación.

Habida cuenta de las posibles barreras lingüísticas a las que se enfrentan las mujeres migrantes a la hora de manejarse con los trámites y procesos del sistema judicial, tales barreras se han señalado como un problema de atención prioritaria dentro de la administración de justicia. Por ello, los tribunales ofrecen actualmente servicios de traducción durante las actuaciones judiciales en caso de que los jueces lo consideren necesario. La figura del Juez Superior vela por que los traductores reciban formación lingüística continua en español.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 22

Trata de personas y prostitución

La Ley de Prohibición de la Explotación Sexual de los Niños con Fines Comerciales de 2012 y la Ley de Prohibición de la Trata de Personas de 2013 ofrecen más protección a las víctimas de estos delitos. Ambas se elaboraron para cumplir con los tratados internacionales. En la Ley de Prohibición de la Explotación Sexual de los Niños con Fines Comerciales se incluyó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Se ha modificado el Código Penal para plasmar las disposiciones de estos dos textos legislativos. En 2021 se dictaron en Belice las dos primeras sentencias condenatorias en virtud de la Ley de Prohibición de la Explotación Sexual de los Niños con Fines Comerciales desde su aprobación.

El Gobierno está aplicando un enfoque proactivo y preventivo junto con las ONG asociadas para hacer frente al problema de la utilización de niños en el turismo sexual. Dado que las leyes relativas a la explotación sexual de los niños carecen de cobertura en otros territorios, tales leyes se están sometiendo a un proceso de revisión. La Dirección de Turismo de Belice, organismo que forma parte del Consejo contra la Trata de Personas, sigue ateniéndose al Código de Conducta para Acabar con la Prostitución Infantil y la Trata de Niños, que abarca distintos tipos de explotación sexual de la infancia, como la prostitución, la pornografía, la venta y la trata de niños. Dicha Dirección admite su responsabilidad de concienciar y proporcionar herramientas y apoyo al sector turístico para prevenir la explotación sexual de la infancia, ya que existe una alta probabilidad de que este tipo de delitos se cometa en instalaciones y servicios turísticos.

Como se menciona en el párrafo 60, el Consejo contra la Trata de Personas desempeña un papel esencial en la supervisión y coordinación de las iniciativas nacionales contra la trata sexual y laboral. El Consejo presenta informes periódicos al Gabinete y, en 2011, revisó el Plan Estratégico Nacional contra la Trata de Personas. Asimismo, el Consejo elaboró en 2012 sus Procedimientos Operativos Estándares. Tales documentos proporcionan orientación para la gestión de los casos de trata de personas, desde la forma de operar y la recopilación de información hasta la detección de las víctimas de la trata. En ellos también se describen los procesos de investigación y preparación de causas judiciales.

La División Especial del Departamento de Policía de Belice, unidad encargada de la recopilación de información, lleva a cabo las correspondientes investigaciones y operaciones y mantiene una presencia permanente en todos los puntos de entrada. No obstante, el Departamento de Inmigración y Nacionalidad realiza controles a los ciudadanos extranjeros que llegan al país para detectar a posibles víctimas de trata. El Centro de Coordinación Conjunta de Inteligencia recopila y almacena los datos relativos a la trata de personas. Esta información se transmite al Consejo contra la Trata de Personas, que la compila y elabora informes periódicos de los que cabe extraer los siguientes datos:

•Durante el período 2010‑2013 se llevaron a cabo tres grandes operaciones y una labor de vigilancia;

•Siete personas resultaron detenidas y acusadas de un total de ocho cargos de trata de personas, tentativa de trata de personas, violación y agresión con agravantes;

•Entre 2018 y 2021 se identificó a 61 víctimas potenciales. Las víctimas son personas tanto inmigrantes como con ciudadanía beliceña, la mayoría de ellas, mujeres. Las personas detenidas por infracciones relacionadas con la trata eran hombres y mujeres de ciudadanía tanto beliceña como extranjera.

•En 2021 se confirmaron tres víctimas de prostitución forzada y trata laboral;

•El informe de 2021 sobre las peores formas de trabajo infantil publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indicaba que las niñas procedentes de entornos empobrecidos, la población infantil migrante y la infancia LGBTQI+ eran los grupos de población más vulnerables tanto a la trata como a la explotación sexual de los niños con fines comerciales. De ahí que las iniciativas de prevención, protección y concienciación estén dirigidas a estos grupos vulnerables.

En la parte III de la Ley contra la Trata de Personas se exige al Gobierno que investigue los casos y que a) adopte todas las medidas necesarias para identificar a las víctimas de la trata; b) proporcione una protección razonable a dichas víctimas para evitar su recaptación; y c) adopte medidas razonables para garantizar la seguridad de la familia de la víctima frente a las amenazas y actos de intimidación por parte de los tratantes. Nunca se arresta o detiene a las víctimas, sino que se les ofrece atención y protección a cargo del Departamento de Servicios Humanos. Las medidas en este sentido abarcan desde velar por su seguridad las 24 horas hasta el acogimiento familiar. Nueve víctimas recibieron protección del Gobierno en 2021. El Gobierno colabora con padres y madres de acogida, centros de acogida o centros de atención de gestión pública para facilitarles alojamiento.

Desde su interrogatorio por parte de la División contra la Trata de Personas de la policía hasta el cierre de su caso, la víctima suele contar con el acompañamiento de un trabajador social vinculado al Departamento de Servicios Humanos. El Gobierno admite que la limitación de recursos supone un problema, especialmente por lo que respecta a aquellos casos de larga duración en los que las víctimas necesitan ayuda en su transición al mercado laboral y al sistema educativo, así como para acceder a una vivienda. No obstante, dicho Gobierno vela por la disponibilidad de recursos humanos para el enjuiciamiento de los casos. En el caso de las víctimas internacionales, las necesidades básicas y de alojamiento están totalmente cubiertas mientras duren las actuaciones penales. El Departamento de Inmigración les concede la residencia temporal o permanente. Si es necesario, se prestan servicios especializados, como interpretación en lengua de señas, traducciones, etcétera.

Concienciación pública

Con la ayuda de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Comité de Información y Educación del Consejo contra la Trata de Personas puso en marcha en 2012 una campaña de concienciación e intercambio de conocimientos sobre la trata. El Comité recurrió a los medios de comunicación, carteles y otros medios de educación pública. En la campaña, dirigida a víctimas potenciales, se ponían de relieve los indicios de trata de personas y se señalaba dónde podían obtener ayuda las víctimas. Se calcula que la campaña de 2012 llegó a cerca del 70 % de la población por su cobertura de ámbito nacional y su enfoque multimedia y multilingüe (con contenido en inglés, español, hindi y mandarín). La labor de concienciación pública se realiza de forma constante.

La Oficina del Enviado Especial celebró en 2010 en Belice un Simposio Nacional sobre la explotación sexual de los niños con fines comerciales con el título “Preservar la inocencia y la dignidad”. Los participantes del Simposio determinaron que las medidas debían centrarse en sensibilizar al Consejo de Ministros, a los medios de comunicación y a la población infantil sobre el problema de dicho tipo de explotación sexual, además de en fomentar la colaboración con las correspondientes partes interesadas del sector turístico.

La Dirección de Turismo de Belice lanzó sus campañas públicas en los años 2010 y 2011. Un total de 150 estudiantes de educación secundaria y terciaria recibieron información sobre la explotación sexual de los niños con fines comerciales y la utilización de niños en el turismo sexual. La Dirección se alió con la ONG Youth Enhancement Services (YES) para organizar una sesión de sensibilización comunitaria en la ciudad de San Pedro, que constituye uno de los mayores centros turísticos del país. Asimismo, incorporó a partir de 2011 el tema de la explotación sexual de los niños con fines comerciales a su Programa Nacional de Formación de Guías de Turismo.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 24

Igualdad de acceso a la educación

En 2011 se revisó la Ley de Educación y Formación de Belice, que constituye la principal legislación reguladora del funcionamiento de los centros educativos del país. En el correspondiente documento revisado se reafirma que no se denegará la admisión a ninguna persona en ningún centro educativo por motivos de religión, raza, etnia, idioma o afiliación política, estableciéndose, además, la obligación de que los centros educativos estén libres de prejuicios sexistas (exceptuando los centros educativos no mixtos). En dicho texto se reitera que los administradores deben mostrar sensibilidad hacia los niños con “necesidades excepcionales de aprendizaje”, como los que tienen necesidades especiales y los procedentes de grupos socioeconómicamente desfavorecidos. También se vuelve a plantear la asistencia obligatoria de los niños de 6 a 14 años, así como la imposición de multas a los padres que incumplan la ley. Los esfuerzos de seguimiento y aplicación de la citada Ley garantizan que los niños y las niñas asistan a los centros educativos.

En la Estrategia del Sector Educativo 2011‑2016 se señalaba la desigualdad en el acceso a la educación y se afirmaba que el lugar de residencia y, en cierta medida, el género, la etnia y, sobre todo, la situación económica influían mucho en las correspondientes oportunidades de acceso, especialmente en los niveles preescolar y posprimario (pág. 7). La educación no es gratuita en los niveles superiores. De ahí que en la Estrategia se recomendaran medidas como garantizar la educación gratuita empezando por los centros educativos de las zonas marginales de las ciudades, así como aumentar los sistemas de apoyo y diseñar un plan de estudios basado en competencias que suscitase más interés. El Gobierno de Belice concede desde 2015 una pequeña subvención de 150 dólares de los Estados Unidos por año al 60 % de los estudiantes, con el fin de ayudar a sufragar gastos como los derivados de la compra de uniformes y libros. Actualmente, el Ministerio de Educación está creando un programa experimental de educación gratuita orientado a los centros de enseñanza secundaria de la zona sur de Ciudad de Belice.

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (anteriormente denominado Ministerio de Educación, Juventud y Deporte) aprobó en 2011 la Estrategia del Sector Educativo 2013‑2016 y, más recientemente, el Plan del Sector Educativo de Belice 2021‑2025. En ambos documentos se plasman los principios de acceso y equidad, poniéndose de manifiesto la voluntad por parte de dicho Ministerio de garantizar el acceso universal, tal como se establece en la Constitución. En el Plan se reitera la obligación de mantener el principio de equidad en el conjunto del sistema educativo, desde la educación preescolar hasta la universidad. De ahí que se contemple el objetivo de conseguir un sistema educativo libre de disparidades de género de aquí a 2030. Este objetivo se traduce en que los grupos sociales vulnerables, como las personas con discapacidad, los Pueblos Indígenas y la población infantil en situación de vulnerabilidad, tengan igualdad de acceso a todos los niveles de educación, incluida la formación profesional. Además, se pretende garantizar que los grupos desfavorecidos puedan disponer de un entorno y unas infraestructuras educativas que tengan en cuenta la discapacidad y el género.

El Gobierno beliceño, a través del Ministerio de Educación, instauró en 2015 el Programa de Reforma del Sector Educativo de Belice. Gracias a una financiación de 44 millones de dólares beliceños (22 millones de dólares de los Estados Unidos) aportada por el Banco de Desarrollo del Caribe, el Programa pretendía aumentar la tasa de escolarización en todos los niveles educativos y ofrecer a la población infantil de todo el país acceso equitativo a una educación básica de calidad. Las correspondientes actividades se armonizaron con la Estrategia del Sector Educativo 2011‑2016, el Marco Nacional de Desarrollo Horizonte 2030 y la Estrategia de Crecimiento y Desarrollo Sostenible. En el Programa se abordaban cuestiones institucionales que influían en la baja tasa de escolarización, por ejemplo, la disponibilidad de programas de estimulación temprana, aprendizaje emergente y alimentación escolar, así como de un sistema de detección temprana de niños con riesgo de fracaso escolar.

Los datos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología correspondientes al año académico 2020‑2021 indican que, de los estudiantes escolarizados, 16.068 son estudiantes de zonas urbanas, mientras que solamente 6.692 proceden de zonas rurales. De estos últimos, 3.417 son hombres y 3.275, mujeres. Pese a la existencia de un mismo número de centros educativos en las zonas rurales y urbanas, el transporte constituye un factor determinante. De ahí que el citado Ministerio ofrezca transporte gratuito a la mayoría de las comunidades rurales para que los estudiantes puedan acudir al centro más cercano.

Belice recibió en 2020 un préstamo de 10 millones de dólares de los Estados Unidos para financiar la Fase II del Programa de Aumento de la Calidad de la Educación, cuya finalidad es aumentar la calidad de la enseñanza y la equidad de género en la educación primaria y secundaria en todo el país. Aunque los datos de 2020 relativos al Objetivo 4 señalan una tasa neta de escolarización en la enseñanza primaria del 98,95 %, la baja tasa de retención y la alta tasa de repetición entre los alumnos varones sigue constituyendo un problema. Esos mismos datos sitúan la tasa de finalización de la educación secundaria en el 69,47 %. La mayor disparidad de género se da en la educación terciaria, donde la proporción es de 62 mujeres por cada 38 hombres (Ministerio de Educación, 2013). De ahí que, entre otras metas, el Programa en cuestión se proponga subsanar este tipo de disparidades.

Los niños y niñas con discapacidad tienen más probabilidades de encontrar dificultades para asistir a los centros educativos. En 2012 se modificó el Reglamento de Educación, en cuya sección 2 se incluía a la población infantil con discapacidad en la categoría de “población excepcional”. El Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva, dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, vela por que los niños y niñas con discapacidad asistan a los centros de educación primaria y secundaria. Dicho Centro cuenta con un equipo de 11 agentes itinerantes de recursos en todo el país. Tales agentes disponen de la formación necesaria para detectar al alumnado con necesidades excepcionales de aprendizaje. Este tipo de alumnado puede escolarizarse en un centro de educación especial, integrarse en las clases habituales o asistir a un centro ordinario que tenga una unidad independiente de educación especial operativa. En el Análisis de la Situación de la Población Infantil con Discapacidad de 2011 se señaló que solamente un 13 % de los centros educativos de todo el país contaba con instalaciones (por ejemplo, instalaciones de aseo) adaptadas a niños y niñas con discapacidad física. De ahí que, a día de hoy, se incluyan rampas de acceso en el diseño de los nuevos centros educativos.

Embarazo y parto

El sistema educativo se rige por un modelo de gestión conjunta entre el Estado y las instituciones eclesiásticas, estando un 62 % de los centros educativos gestionados por organizaciones confesionales, según los datos correspondientes al período 2020‑2021. Ello supone que tales instituciones pueden ejercer su influencia en cuestiones relacionadas con el embarazo. No obstante, el Ministerio de Educación defiende sistemáticamente al alumnado expulsado temporal o permanentemente de los centros educativos por determinados motivos como su peinado, su expresión cultural, religiosa o étnica o sus circunstancias personales. En las reuniones mantenidas con el Consejo de Iglesias de Belice quedó claro que la mayoría de los centros educativos gestionados conjuntamente por el Estado y las instituciones eclesiásticas permitían a las niñas embarazadas retomar sus estudios tras dar a luz. No obstante, la actitud existente desde el punto de vista cultural hacia las niñas embarazadas en los centros educativos genera otra serie de problemas. Sus padres suelen hacer que abandonen sus estudios, o bien son los padres de otros alumnos quienes solicitan al centro educativo que las expulse. No se han documentado casos de centros educativos que exijan abandonar los estudios por motivos de embarazo, si bien existen indicios aislados de que ello ocurre.

Las jóvenes que quizá no deseen volver a un centro educativo ordinario pueden optar por asistir a una escuela nocturna o de formación técnica o profesional, o bien por acceder a un programa de formación práctica como el Programa de Ayuda en Casos de Abandono Escolar Temprano de YWCA. Además de asistir a cursos académicos básicos y recibir formación práctica, las alumnas asisten a cursos de competencias para la vida centrados en su desarrollo social y personal. Los centros de aprendizaje para adultos (las denominadas Escuelas Nocturnas) también constituyen una opción habitual.

No hay datos que confirmen que se esté expulsando a las docentes de sus lugares de trabajo por quedarse embarazadas estando solteras. Desde el caso de Maria Roches c. la Dirección de Escuelas Católicas registrado en 2004 no se ha documentado ningún otro caso. La reforma de la Ley de Trabajo de 2011 protege a las mujeres frente al despido improcedente por motivos como el embarazo u otros motivos relacionados con este o con la licencia de maternidad. Además, en 2010 se crearon la Comisión de Enseñanza de Belice y el Tribunal de Apelaciones del Servicio Docente de Belice para supervisar la gobernanza eficaz de los servicios docentes. Las medidas disciplinarias impuestas al personal docente están sancionadas por la Comisión, no por la dirección de los centros. El personal docente puede presentar un recurso ante dicho Tribunal u otros tribunales si considera que una determinada decisión le está causando un perjuicio injusto.

Diversificación de la educación

Los centros de enseñanza y formación técnica y profesional permiten la matriculación de alumnado de cualquier género en sus programas. No obstante, el Ministerio competente es consciente de que el número de varones matriculados es muy superior. En la Ley de Educación y Formación de 2010 se establecía a grandes rasgos la creación del Consejo Nacional de Enseñanza y Formación Técnica y Profesional para asesorar al sector y subsanar sus carencias. A raíz de ello, se elaboró el Plan Estratégico 2017‑2020. En el año académico 2020‑2021 se matricularon 639 hombres y 185 mujeres. Esta disparidad es un fenómeno que viene de lejos. Con el fin de aumentar el acceso a la formación profesional, diversos asociados proporcionan ayudas, como la Junta de la Seguridad Social, que ofrece unas 17 becas anuales.

En 2020, coincidiendo con el cambio de Gobierno, el Ministerio de Educación amplió su denominación para abarcar las competencias en ciencia y tecnología, lo que ilustra su determinación de priorizar las cuestiones de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM). El Plan del Sector Educativo de 2021 respaldó la creación del Fondo de Educación Prioritaria para financiar los programas de CTIM. Asimismo, el Fondo debería poner en marcha un programa de becas y nuevos programas de formación profesional.

Los fondos aportados por la Fase II del Programa de Aumento de la Calidad de la Educación de 2020 se destinarán a la enseñanza de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (CTIAM). En Ciudad de Belice se está creando una escuela laboratorio de CTIAM en la que está previsto que se matriculen 300 estudiantes, en particular niñas. Se espera que dicha escuela abra sus puertas a sus primeros 75 alumnos en agosto de 2023.El plan de estudios y el diseño se están elaborando conjuntamente con el Instituto Tecnológico de Massachusetts y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 26

Emprendimiento

En los párrafos 69 a 79 se aborda la cuestión del emprendimiento de las mujeres. Asimismo, durante el período sobre el que se informa, el Departamento de la Mujer impartió formación práctica a 682 mujeres de zonas rurales y urbanas a través de más de 30 programas de emprendimiento y adquisición de competencias.

Acceso al crédito

El Proyecto de Desarrollo Rural de Belice (BRDP) distribuyó varias subvenciones en colaboración con organismos como las cooperativas de crédito y las ONG Belize Enterprise for Sustained Technology, Citrus Growers Association e YWCA. Se hicieron esfuerzos intencionados por atender prioritariamente a grupos desfavorecidos, como mujeres con discapacidad, jóvenes, solteras y desempleadas. A finales de 2012 se había concedido un total de 681 microsubvenciones a familias rurales pobres, destinadas principalmente a hogares encabezados por mujeres y a grupos o cooperativas de mujeres. El 73 % de los 2.411 beneficiarios directos del componente de subvenciones fueron mujeres y jóvenes, con la consiguiente mejora de las condiciones de vida de 3.092 personas pobres.

La Dependencia de Gestión de Programas, en representación del Ministerio de Finanzas y Desarrollo Económico, ejecutó el Programa de Financiación Rural de Belice entre 2011 y 2016. El proyecto estuvo financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Gobierno de Belice. Teniendo en cuenta los aspectos de género de la vida rural, dicho proyecto promovió el empoderamiento socioeconómico de las mujeres. Asimismo, el proyecto en cuestión se alió con diversos organismos de crédito, como las cooperativas de crédito, para garantizar que las mujeres del medio rural y las distintas cooperativas y agrupaciones de mujeres pudieran acceder al crédito a tipos de interés asequibles. Las personas destinatarias de los préstamos recibieron formación para aumentar su capacidad de organización y gestión con el fin de supervisar sus inversiones productivas. De los 2.800 préstamos concedidos entre 2011 y diciembre de 2015, el 60 % iban destinados a mujeres.

Empleo

El salario mínimo aumentó en 2012 de 3,10 a 3,30 dólares beliceños la hora. El 1 de enero de 2023 entrará en vigor su incremento a 5,00 dólares beliceños la hora. Como ya se ha mencionado, Belice actualizó la Ley de Trabajo en 2011. Las disposiciones de dicha Ley hacen referencia a las condiciones de empleo, las instalaciones básicas para los trabajadores, los salarios, las horas extraordinarias, las cuestiones de salud y seguridad, las vacaciones, la jubilación, la rescisión de contratos y el despido. En su versión modificada se establece la creación de un Tribunal de Denuncias Laborales para atender y resolver las denuncias de los trabajadores, así como el incremento de las prestaciones en favor de estos, lo que incluye mejores disposiciones en materia de igualdad salarial e indemnización por despido. En 2020 se revisó la Ley de Igualdad Salarial (capítulo 302:01 de la legislación de Belice), en la que se establece la obligación de garantizar igual salario por trabajo igual sin distinción de ningún tipo entre trabajadores y trabajadoras por razón de sexo.

El Departamento de la Mujer ayudó en 2021 a 20 personas a darse de alta en el Sistema del Servicio de Empleo (SSE) del Departamento de Trabajo, prestándose servicios de activación para el empleo a 90 personas dadas de alta (68 de zonas urbanas y22 de zonas rurales). Entre 2012 y 2021 se ayudó a un total de 87 personas fomentando su empleo directo o inserción laboral. En colaboración con la Liga de Cooperativas de Crédito de Belice, 10 miembros del personal del Departamento y 4 del Programa de Fomento de la Autoestima, Solución de Conflictos, Gestión de la Ira y Adquisición de Competencias para la Vida Independiente recibieron formación de formadores en conocimientos financieros básicos. El personal dispone actualmente de técnicas de formación para promover la educación financiera e incorpora esta en sus servicios de gestión de casos y apoyo a las familias. Un total de 175 beneficiarios finalizaron el programa de aprendizaje, obtención de ingresos y parentalidad ejecutado por la ONG local Love Foundation como parte de su programa de preparación para el empleo. Dentro del programa en cuestión cabe destacar las sesiones de desarrollo profesional destinadas a la adquisición de competencias integrales de preparación para el empleo con el fin de aumentar la funcionalidad en el lugar de trabajo.

El Departamento de Trabajo colaboró en 2020 con la Cámara de Comercio e Industria de Belice, que constituye el organismo oficial de representación de los empleadores ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El Departamento de Trabajo se coordinó con dicha Cámara dentro del Órgano Tripartito y la Junta Consultiva de Trabajo, dos órganos esenciales encargados de adoptar decisiones relativas a los empleados, y contribuyó a la revisión de leyes, políticas, convenios y propuestas fundamentales relacionadas con la mujer. La citada Cámara presentó un documento de posición al Ministerio de Trabajo sobre el trabajo infantil, la administración laboral y la relación entre mujeres y trabajo. Tales esfuerzos han afianzado las relaciones con el sector privado y concienciado a los empleadores sobre este tipo de cuestiones.

Prestaciones por maternidad

En la Ley de Trabajo Revisada de 2011 se mantuvo el derecho de las trabajadoras a una licencia de maternidad de 14 semanas con sueldo íntegro. Ello coincide con lo dispuesto en la Ley de Seguridad Social, en la que se establece que el 80 % del importe de las prestaciones por maternidad se sufraga con cargo a la Seguridad Social, corriendo la diferencia a cargo del empleador. En la Ley en cuestión se reitera que, en el caso de aquellas mujeres que no cumplan los requisitos para optar a prestaciones por maternidad de la Seguridad Social, tales prestaciones tendrán que estar sufragadas por el empleador. Las mujeres que sufran complicaciones a raíz del parto pueden solicitar prestaciones por enfermedad en caso de no poder reincorporarse al trabajo tras el vencimiento de la licencia de maternidad.

Acoso sexual

En el período 2008‑2009, el Departamento de la Mujer consideró que la Ley de Protección contra el Acoso Sexual (1996) estaba infrautilizada y obsoleta, por lo que emprendió su correspondiente revisión. Entre los agentes responsables de dicha revisión figuraban organismos gubernamentales, la policía, jueces, magistrados, la Universidad de Belice y diversas organizaciones de mujeres. Un experto en asuntos jurídicos y la Inspección de Trabajo se encargaron de analizar las correspondientes constataciones, que pusieron de manifiesto ciertos aspectos ineficaces de la Ley que podían explicar la razón de que no se hubieran interpuesto demandas judiciales. Entre las razones señaladas para no denunciar el acoso sexual figuraba el temor al despido sin indemnización. El examen sugirió la necesidad de que los empleadores adoptasen medidas prácticas, como colocar carteles con un determinado contenido obligatorio en emplazamientos claramente visibles del lugar de trabajo y distribuir entre los empleados ejemplares de la política aplicada. También se plantearon a raíz de dicho examen las consecuencias de la victimización y el aumento de las sanciones hasta un máximo de 50.000 dólares beliceños (25.000 dólares de los Estados Unidos). La Ministra de Desarrollo Humano mencionó hace poco que se estaba planeando la revisión y actualización de la citada Ley en el marco de una iniciativa que la Comunidad del Caribe (CARICOM) tenía previsto emprender próximamente.

En el Reglamento de la Función Pública de 2014 se describen a grandes rasgos la política y los procedimientos contra el acoso sexual aplicables en el marco de la actividad del funcionariado. Organismos oficiales como la Universidad de Belice, la Corporación Financiera de Desarrollo y la empresa de telecomunicaciones Belize Telemedia Limited tienen su propia política contra el acoso sexual, armonizada con lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley de Protección contra el Acoso Sexual (1996). En el caso de la Universidad de Belice, la política contra el acoso sexual y los procedimientos de denuncia de la institución figuran en su manual del estudiante. Las Fuerzas de Defensa de Belice aprobaron en 2020 su correspondiente política contra el acoso sexual.

Concienciación pública

Actualmente no existe en Belice ninguna entidad de seguimiento con respecto al problema del acoso sexual, que constituye una de las preocupaciones planteadas en los centros de asistencia jurídica. Puesto que las normas culturales normalizan el acoso sexual en numerosos ámbitos, no cabe duda de que se trata de una cuestión que afecta a las mujeres y niñas del país. Aunque ninguna entidad ha llevado a cabo campañas nacionales contra el acoso sexual, esta cuestión suele formar parte de los programas de formación y abordarse durante las distintas ediciones de la campaña 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 28

Salud sexual y reproductiva

El Ministerio de Salud y sus asociados siguieron orientando su labor en función del Plan de Acción sobre Salud Sexual y Reproductiva 2006‑2010. Este Plan se diseñó para aplicar la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de 2002 y se armonizó con la Agenda de Salud de Belice 2006‑2011. En dicha Agenda se establecían varios objetivos, entre ellos, la prestación de servicios integrales de salud sexual y reproductiva. Aunque el Plan de Acción no se ha actualizado, se ha procedido a la aprobación del Plan Estratégico Nacional sobre la Salud de los Adolescentes 2019‑2030, centrado en el grupo de edad de 10 a 19 años y encaminado a facilitar mejor información en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos. En el Plan Estratégico se señala la futura elaboración de un instrumento reglamentario sobre la salud sexual y reproductiva de los adolescentes a través del fortalecimiento institucional y el marco jurídico.

En 2014 entró en vigor el Plan Estratégico del Sector de la Salud 2014‑2024, en el que se insistía en la prestación de servicios integrales de salud sexual y reproductiva teniendo en cuenta, no obstante, los principales retos a los que se enfrentaba el mencionado sector. En dicho Plan Estratégico se considera el género como un importante determinante social de la salud y se contempla un sistema de atención sanitaria basado en los principios de equidad y accesibilidad. Por consiguiente, en el Plan se preveían mejoras en diversos ámbitos, como la adopción de decisiones con base empírica, la colaboración, la subsanación de carencias de recursos humanos, las infraestructuras y el uso eficaz de los recursos.

Reducción de la mortalidad materna

La mortalidad materna disminuyó durante el período que abarca el informe. En 2009 se aprobó la Política de Aumento de la Calidad de la Atención de la Salud Materna y Neonatal. Esta medida englobaba una política de acompañamiento en el parto para atender la salud mental o psicológica de la futura madre y posibilitar la participación de la familia durante el parto, el alumbramiento y el posparto. Los datos incluidos en el cuadro de mando de 2013 relativo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio señalaban que gran parte del descenso de la mortalidad materna podía obedecer al incremento del 20 % del número de partos atendidos por personal médico cualificado. En 2011 no se registró ningún caso de muerte materna. En 2017, la tasa de mortalidad se situó en 36. Ese año, el 94 % de las mujeres había dado a luz con la asistencia de personal cualificado para atender partos. La cobertura de la atención prenatal fue del 85 %, aunque solamente el 14 % de las mujeres accedieron a este tipo de servicios en el primer trimestre. Los datos de seguimiento relativos a los ODS indican que Belice sigue realizando considerables progresos en la reducción de la mortalidad materna. Los trastornos hipertensivos del embarazo constituyen actualmente la principal causa de muerte materna.

El acceso a los servicios se facilita a través del Programa de Salud Maternoinfantil que está ejecutando el Ministerio de Salud. Este Programa garantiza el acceso, la cobertura y la calidad de la atención básica proporcionada a madres e hijos. La atención sanitaria integrada prenatal y posnatal se adapta a las necesidades específicas de salud reproductiva de las personas. Ello abarca el seguimiento y la gestión del embarazo normal, la atención de las patologías ginecológicas y obstétricas y los servicios de salud sexual y reproductiva. Tales servicios se prestan a través de una red constituida por 8 centros de salud situados en zonas urbanas y 37 centros de salud rurales. El éxito del citado Programa hizo que el Ministerio de Salud resultase galardonado con el Premio de las Américas 2010 en la categoría de mejora de la salud materna. La Asesora Técnica de la Unidad de Salud Maternoinfantil recibió en 2018 el Premio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS a la Gestión y al Liderazgo en los Servicios de Salud, como reconocimiento a su labor en el establecimiento de este modelo.

Otros dos programas ayudaron a reforzar los servicios esenciales de atención de la salud materna y neonatal de Belice. La Iniciativa Salud Mesoamérica 2012‑2017 impulsó el aumento de la calidad de la atención de la salud maternoinfantil. Dicha Iniciativa se llevó a cabo con un presupuesto de 1,2 millones de dólares beliceños (600.000 dólares de los Estados Unidos) financiados por el Gobierno de Belice y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El programa prestó servicio a más de 30.000 mujeres en edad de procrear y niños y niñas menores de cinco años. En 2015, 105 trabajadores sanitarios recibieron formación en salud maternoinfantil. Se crearon 20 equipos sanitarios en todo el país para mejorar el acceso a los servicios de planificación familiar y a los suministros destinados a la prestación de servicios de atención de la salud neonatal y atención obstétrica en el ámbito de su correspondiente establecimiento de salud. En 2017 se registró un aumento del número de mujeres usuarias de métodos de planificación familiar tras el parto, cuyo porcentaje alcanzó el 90,3 %.

En 2014 se inició otro proyecto financiado por la OPS y la UE. Este proyecto conjunto de la OPS, la Oficina Regional de la OMS para Europa y el Ministerio de Salud, de 30 meses de duración, se centró en la atención sanitaria a madres y niños y niñas menores de cinco años. Una de las características del proyecto era la consolidación de la red de prestación de servicios sanitarios. Gracias a ello se mejoró el acceso a la atención sanitaria en todo el continuo constituido por la salud materna, perinatal y neonatal, así como la calidad de dicha atención.

Leyes sobre el aborto

Aunque no se ha modificado el Código Penal por lo que respecta al aborto, la interrupción legal del embarazo sigue siendo posible en determinados supuestos. En primer lugar, debe practicarla un profesional de la medicina. Otros dos profesionales médicos deben corroborar que la continuación del embarazo supone un mayor riesgo para la vida de la embarazada o perjuicio para su salud física o mental o la de los hijos que ya tuviera que en caso de no practicar dicha interrupción. Un segundo supuesto es la existencia de un riesgo considerable de que el futuro bebé padezca algún tipo de anomalía física o mental que le pueda suponer una discapacidad grave. Belice recibió financiación en 1999 correspondiente al Fondo para la Práctica del Aborto Seguro, si bien es la ONG Belize Family Life Association quien administra dicha financiación. La organización comunitaria Productive Organization for Women in Action apoyó la ejecución del proyecto, que hizo hincapié en la concienciación pública sobre la legislación que permite el aborto, la creación de anuncios para su colocación en vallas publicitarias, la divulgación a través de los medios sociales, la formación de médicos y profesionales de la farmacología y el proceso de derivación de casos, abarcando la cobertura del proyecto a 1.000 jóvenes de 16 a 20 años.

Los obispos católicos y las ONG Evangelical Association, Jubilee Ministries y Voices for Life (organización beliceña provida), presentaron en 2009 una propuesta en la que solicitaban la eliminación de todas las excepciones a la penalización del aborto. En dicha propuesta se recomendaba, además, recuperar la Ley de Delitos contra las Personas instaurada por el gobierno colonial en 1861. A raíz de ello, en 2009 se creó un grupo de trabajo nacional dentro del programa de promoción de WIN‑Belice para presentar un documento de posición. Dicho grupo rebatió la postura planteada, afirmando que la Ley de 1861 no debía reinstaurarse, ya que tendría efectos graves y perjudiciales para los derechos de las mujeres, los derechos humanos, la morbilidad y mortalidad de las mujeres y la salud y los derechos sexuales y reproductivos en Belice. Por consiguiente, no se introdujeron modificaciones en el Código Penal vigente.

Educación sexual de jóvenes y adolescentes

La educación sexual se imparte en los centros educativos de Belice a través del Plan de Estudios de Educación para la Salud y la Vida Familiar, que constituye un programa integral basado en la adquisición de competencias para la vida y centrado en el desarrollo integral de la persona. Dicho programa aborda esferas como el bienestar personal y social y la adopción de decisiones saludables en distintos ámbitos. El citado Plan de Estudios se integra en otras asignaturas o se imparte como asignatura independiente. No obstante, no forma parte de la oferta de algunos centros educativos, concretamente los confesionales. En cuanto a la educación sexual, se pretende aumentar la capacidad del alumnado para adoptar decisiones y practicar un comportamiento social y sexual de carácter responsable. Para que la información sobre salud sexual y reproductiva llegue a todos los centros educativos, la Iniciativa Spotlight 2021 tiene previsto ampliar los programas conjuntamente con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y las ONG dedicadas a este ámbito. El programa en cuestión aplicará un enfoque de educación sexual integral que se sirve del Plan de Estudios de Educación para la Salud y la Vida Familiar, el Plan de Estudios de Desarrollo Juvenil Positivo y el Plan de Estudios Todo Va Unido. La iniciativa se dirigirá también a las niñas no escolarizadas y a aquellas con discapacidad.

El citado Plan de Estudios va acompañado de una serie de recursos destinados a las divisiones inferior, intermedia y superior. La información se actualiza periódicamente y está redactada en un lenguaje adecuado a la edad. Se está formando al cuerpo docente en la impartición del Plan de Estudios de Educación para la Salud y la Vida Familiar. A lo largo de un cuatrienio, 52 docentes expertos finalizaron dicha formación. El Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas ayudó en 2015 a formar a otro grupo de docentes expertos. Tales docentes se encargan de formar a sus homólogos como parte de las actividades anuales de desarrollo profesional continuo organizadas por el Ministerio de Educación, que se llevan a cabo en todo el país durante el mes de agosto y están dirigidas a más de 5.000 profesores. Desde 2011, la ONG local GoBelize ha venido ejecutando programas y prestando servicios diversos, así como ejerciendo su influencia en la elaboración de políticas de salud sexual y reproductiva. GoBelize aplica un enfoque de educación sexual integral. Se recurre a diversos métodos y medios didácticos para educar sobre cuestiones como la infección por el VIH, los embarazos imprevistos, la identidad de género y la orientación sexual. GoBelize formó a 19 profesores de educación primaria y a 10 proveedores de servicios para integrar sus recursos y herramientas en el Programa o Plan de Estudios de Educación para la Salud y la Vida Familiar.

Los embarazos de adolescentes siguen suponiendo un problema en Belice. No obstante, los datos relativos a los ODS indican que la situación ha mejorado. En 2010 se registraron 1.392 casos y la tasa de fecundidad entre las adolescentes se situó en 64. Aunque esta tasa se incrementó a 74 en 2014, terminó disminuyendo hasta la cifra de 58,2 en 2019. En cuanto al acceso a anticonceptivos, y pese a que la Encuesta de Comportamiento Sexual de 2009 reveló que solamente el 47 % de la población juvenil era capaz de señalar correctamente las maneras de prevenir la transmisión sexual del VIH, nada menos que el 71,7 % de los jóvenes de 15 a 24 años declaró en aquel momento haber utilizado preservativo durante su última relación sexual con una pareja no habitual. La Encuesta sobre Conocimientos, Prácticas y Actitudes en relación con el Comportamiento Sexual y el VIH en Belice, realizada en 2014 por el Instituto de Estadística de Belice y la Comisión Nacional sobre el Sida, indicó que dicho porcentaje había disminuido hasta el 61,4 % (25.995 casos). La probabilidad de utilizar preservativo en la primera relación sexual era mayor entre los jóvenes de las zonas urbanas (un 70,2 %) que entre los de las zonas rurales (un 52,9 %). Las recomendaciones formuladas a raíz de estos resultados reiteran la necesidad de incluir un componente educativo y de concienciación integral en el Plan de Estudios de Educación para la Salud y la Vida Familiar.

VIH/Sida

La OPS y la OMS publicaron en 2010 un informe sobre el VIH y la violencia contra las mujeres en Belice cuyas conclusiones ayudaron a los organismos competentes a determinar una serie de esferas de actuación. En el informe se puso de manifiesto la existencia de una estrecha relación entre el VIH y la violencia contra las mujeres, quedando demostrado que la experiencia de la violencia plantea obstáculos para acceder a los servicios, tal como ilustran los siguientes datos:

•De cada 10 mujeres que vivían con el VIH, 5,7 declaraban haber sufrido violencia física por parte de su pareja;

•De cada 10 mujeres que vivían con el VIH, 3 declaraban haber sufrido violencia sexual;

•De cada 10 mujeres que vivían con el VIH, 3,5 habían sufrido lesiones derivadas de maltrato físico o abuso sexual;

•De cada 10 mujeres que vivían con el VIH, 2,2 declaraban que tenían que pedir permiso a su pareja antes de acudir a los servicios de salud.

Durante el período sobre el que se informa, Belice mejoró sus sistemas de información y gestión sanitaria con respecto al VIH/sida y sus esfuerzos de seguimiento y evaluación a través del Sistema de Información Sanitaria de Belice. La Unidad de Epidemiología recopila datos en el marco del Programa Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis, el Virus de la Inmunodeficiencia Humana y otras Infecciones de Transmisión Sexual, lo que permite a los organismos competentes adoptar decisiones programáticas más eficaces. El componente de seguimiento y evaluación recibió apoyo extra por medio del Programa de Fomento de la Resiliencia a través de la Innovación y la Rendición de Cuentas Nacional para la Respuesta frente al VIH y la Tuberculosis en Belice, que comenzó en 2019 con la ayuda del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. La Comisión Nacional sobre el Sida contrató en 2021 a un agente de seguimiento y evaluación.

La citada Comisión rinde cuentas directamente a la Oficina del Primer Ministro y constituye la principal entidad coordinadora de proyectos, políticas, leyes e iniciativas de promoción en materia de VIH/sida. La Comisión recibe anualmente el apoyo financiero del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, está formada por 18 organismos y cuenta con comités en cada distrito. En el Plan Estratégico Nacional de Belice sobre el VIH y las Infecciones de Transmisión Sexual, la Hepatitis Vírica y la Tuberculosis 2021‑2025 se describen a grandes rasgos las responsabilidades de la Comisión en materia de violencia de género y violencia sexual. La Comisión señala la importancia de la educación y la concienciación sobre el VIH y el sida, especialmente entre los grupos vulnerables de mujeres, como las mujeres lesbianas o bisexuales, las mujeres trans, las trabajadoras sexuales y aquellas que ejercen actividades sexuales con fines comerciales. Estos dos últimos grupos, junto con el de los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, representan más del 85 % del número anual de nuevos casos de infección por el VIH. En el mencionado Plan 2021‑2025 se sigue reconociendo la importancia de concienciar a la comunidad, formar a los trabajadores de la salud para prestar servicios que tengan en cuenta los aspectos culturales que atañen a las víctimas de la violencia y contar con un sistema de derivación de casos. Asimismo, en el Plan se explica que las víctimas de violencia sexual empezarán a recibir profilaxis posexposición frente al VIH y las infecciones de transmisión sexual si cumplen los requisitos contemplados en las directrices de validez reconocida en la materia.

Belice sigue ofreciendo asesoramiento y pruebas voluntarias con carácter gratuito en 14 centros de pruebas distribuidos por todo el país. La Comisión Nacional sobre el Sida organiza anualmente una jornada de realización de pruebas a través de sus comités de distrito. En 2012, 8 de los centros mencionados estaban gestionados por el Ministerio de Salud y 6, por la organización Belize Family Life Association. Gracias a estas medidas, en Belice se registraron menos de 250 nuevos casos de infección en un solo año, algo que no se había documentado desde el año 2000.El grupo de edad de 20 a 49 años sigue siendo el más afectado, registrándose las cifras más elevadas en el intervalo de 25 a 29 años.

Políticas y programas con perspectiva de género

Belice ha mantenido su programa de prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH, en cuyo marco se ofrecen pruebas gratuitas del VIH a todas las embarazadas. La cobertura de los servicios de realización de pruebas del VIH en 2010 alcanzó al 93,2 % de las 6.631 embarazadas registradas entonces. Se detectó a 53 mujeres seropositivas para el VIH. El número de mujeres seropositivas para el VIH y embarazadas disminuyó en torno a un 10 % en comparación con años anteriores, si bien casi el 50 % de los embarazos eran repetidos y no planificados. Todas las embarazadas seropositivas para el VIH reciben tratamiento en los dispensarios de salud maternoinfantil. También reciben profilaxis antirretrovírica y medicamentos antirretrovíricos en el momento del parto. Los bebés nacidos de madres seropositivas para el VIH reciben profilaxis en el momento del parto si el personal encargado de atender este conoce el estado serológico del progenitor. Se proporciona atención de seguimiento tras el parto, lo que incluye la prestación de servicios de planificación familiar para evitar posteriores embarazos no deseados.

El Ministerio de Trabajo elaboró en 2007 una política con respecto al VIH y el sida en el lugar de trabajo, en colaboración con la Cámara de Comercio e Industria de Belice, la Comisión Nacional sobre el Sida y el Congreso Nacional de Sindicatos de Belice. Dicha política pretendía reflejar el respaldo del país a la declaración formulada en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General acerca del control y la reversión de la epidemia del VIH para 2015. La política en cuestión sigue vigente en la actualidad.

Consciente de la importancia de tener en cuenta las cuestiones de género a la hora de hacer frente a la epidemia del VIH y el sida, el Ministerio de Salud encargó un análisis de género del Plan Estratégico Nacional contra el VIH 2006‑2011, que sirvió para detectar una serie de deficiencias del Plan. En el correspondiente informe se señaló la necesidad de incorporar a la programación tanto la dimensión de género como una formación con perspectiva de género. A raíz de ello, el Ministerio de Salud abordó la cuestión de la violencia de género en sus políticas y planes operacionales, subrayando la necesidad de integrar la perspectiva de género en sus principales programas nacionales en materia de VIH. Estas recomendaciones se tuvieron en cuenta tanto en el Plan Estratégico Nacional contra el VIH 2012‑2016 como en las versiones de los Planes Estratégicos Nacionales contra el VIH y la Tuberculosis correspondientes a los períodos 2016‑2020 y 2021‑2025, respectivamente, en los que las cuestiones de género se situaron en primer plano.

El Ministerio de Educación y la Comisión Nacional sobre el Sida llevaron a cabo en 2012 un ejercicio de incorporación de la perspectiva de género con el apoyo técnico de ONU‑Mujeres. La finalidad era determinar las esferas políticas y programáticas que debían abordarse en términos de género, derechos y concienciación sobre el VIH dentro del sector educativo. Se revisaron e incorporaron los documentos existentes de programas y políticas, como el Plan Estratégico Nacional, el Plan de Estudios de Educación para la Salud y la Vida Familiar, el correspondiente plan operacional y el plan de estudios en general.

En octubre de 2009 concluyó un proyecto quinquenal del Fondo Mundial titulado “Mejora de la Respuesta Multisectorial de Belice frente al VIH y el Sida”. El Departamento de la Mujer fue uno de los siete destinatarios secundarios del proyecto, que se centró en reducir la vulnerabilidad de las mujeres y la población joven frente al VIH y el sida. Como parte del proyecto, el Departamento elaboró diversos productos del conocimiento para empoderar a las mujeres en edad de procrear y concienciarlas con respecto al vínculo de la violencia doméstica o de género con el VIH y el sida.

Durante el período sobre el que se informa se establecieron alianzas entre el Ministerio de Salud, la Comisión Nacional sobre el Sida, el Comité Nacional para las Familias y la Infancia, diversos organismos gubernamentales y ONG dedicadas a los ámbitos de la salud sexual y reproductiva y el VIH y el sida. Como se ha mencionado anteriormente en varios párrafos, este tipo de colaboraciones culminó en la formulación de políticas, especialmente proyectos de leyes contra la discriminación, así como en la mejora de los servicios destinados a grupos de población clave. La Comisión Nacional sobre el Sida colaboró hasta 2013 con la Cruz Roja de Belice en el programa de educación entre iguales sobre el VIH y el sida Juntos Podemos, en el que participaron mujeres jóvenes entre otros grupos de población. El programa en cuestión, financiado por el PNUD, pretendía acabar con el estigma del VIH y el sida entre la población joven y reducir el número de infecciones en dicha población. En agosto de 2013, la Cruz Roja de Belice colaboró con el Ministerio de Educación en la organización de un taller para formar a 26 docentes encargados de impartir competencias para la vida y orientadores educativos en materia de VIH y sida.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 30

Igualdad de las mujeres del medio rural

A raíz de las preocupaciones manifestadas por el Comité en relación con las mujeres del medio rural, el Departamento de la Mujer creó en 2010 una Oficina para el Desarrollo de la Mujer Rural, encargada de brindar apoyo a los grupos de mujeres del entorno rural en sus iniciativas de establecimiento de redes de contactos y creación de capacidades. Desde entonces se han establecido varias alianzas. Por ejemplo, en el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas de BELTRAIDE, mujeres de diversas agrupaciones rurales recibieron formación en temas como mercadotecnia, producción y control de calidad. Entre las beneficiarias figuraban las integrantes de agrupaciones rurales como el Grupo de Tapiceras del Norte de San Narciso, en el distrito de Corozal, y el Grupo de Mujeres Xucaneb de San Pedro Colombia, agrupación constituida por 12 mujeres indígenas. La agrupación de mujeres Rising Stars de San Víctor, en el distrito de Corozal, colaboró con el Ministerio de Salud en la confección de 250 equipos de protección personal de cuerpo entero para su uso por los trabajadores de primera línea de las distintas policlínicas durante la pandemia.

La Comisión Nacional de la Mujer y el Departamento de Apoyo a la Mujer y la Familia pusieron en marcha en 2021 el Programa de Defensoras de las Cuestiones de Género, con el apoyo del UNICEF. Habida cuenta de la escasa tasa de denuncia de la violencia de género en las zonas rurales, tales defensoras ayudarán a mejorar los servicios prestados en las zonas rurales, fomentar la denuncia de casos y recopilar datos, así como a mejorar los sistemas de apoyo a las víctimas y supervivientes residentes en el entorno rural. Se ha contratado y formado a un total de 17 defensoras, que brindarán asistencia a 18 comunidades rurales de todo el país.

El Departamento de la Mujer empezó a conmemorar el Día Internacional de las Mujeres Rurales en 2011, para lo cual llevó a cabo una serie de actividades en las zonas rurales de Toledo, Stann Creek y Corozal. Entre dichas actividades cabe señalar el desarrollo económico y de la capacidad de liderazgo, así como el fomento de la capacidad de cálculo de costos y redacción de propuestas. En todo el país se celebraron varias sesiones de los Foros de Salud de la Mujer Rural, en los que se abordaron temas como la violencia de género y la salud sexual y reproductiva.

El Ministerio de Agricultura colaboró en 2017 con la oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Belice en el emprendimiento de una iniciativa de itinerarios de aprendizaje. La iniciativa en cuestión estuvo financiada por el FIDA y PROCASUR Corporation, y formaba parte del programa de la FAO titulado “Aumento de las Oportunidades de Empleo Decente para Mujeres y Hombres Jóvenes en el Caribe”. En el proyecto participaron 16 personas jóvenes procedentes de comunidades rurales (8 de ellas, mujeres). A través de dicho proyecto, se ofreció a los jóvenes una perspectiva de las oportunidades de inversión y empleo existentes en el sector agroalimentario de las zonas rurales de Belice, así como de su contribución potencial a mitigar la pobreza, garantizar la seguridad alimentaria y reducir el desempleo juvenil.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 32

Edad mínima para contraer matrimonio

No se han introducido cambios en la Ley de Matrimonio desde su modificación en agosto de 2005. En aquel momento, la edad mínima para contraer matrimonio se aumentó de 14 a 16 años para ajustarla a la edad de consentimiento sexual establecida en Belice.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 34

Identidad

Entre enero de 2011 y 2013 se puso en marcha la campaña de registro de nacimientos Haz que tu Hijo Cuente. Con la ayuda del Fondo de Capital Inversión, el UNICEF colaboró con el Ministerio de Salud, la Unidad de Estadísticas Vitales, la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Oficina del Enviado Especial y la Junta de la Seguridad Social de Belice para subsanar las deficiencias en materia de registro de nacimientos y emisión de partidas de nacimiento. El proyecto en cuestión revisó y reforzó la estructura de gobernanza y el marco de políticas con respecto al registro de nacimientos. La campaña recurrió a material radiofónico, videográfico e impreso para instar a los padres y madres a registrar el nacimiento de sus hijos, aludiendo al derecho de los niños a la identidad y a la importancia de dicho registro. En el marco de la campaña se puso en marcha un servicio de registro móvil en 28 comunidades urbanas y rurales de todo el país con el objetivo de registrar el 100 % de los nacimientos. No obstante, en el informe sobre las estadísticas vitales de 2018 se señaló que, según datos estimativos, existía aún un 4 % de la población sin registrar, lo que en esencia colocaba a dichas personas en situación de apatridia.

La Unidad de Estadísticas Vitales se alió con el ACNUR y el UNICEF en noviembre de 2015 para solucionar el problema del 4 % restante de personas sin registrar, a raíz de la firma en 2014, por parte de Belice, de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961. Se creó un Comité Directivo Nacional sobre el Registro de Nacimientos y se adoptaron medidas para detectar las deficiencias de las iniciativas emprendidas anteriormente. Se calcula que más de la mitad de los nacidos vivos en el distrito más meridional de Toledo aún no están registrados debido a las distancias y a problemas logísticos. A aproximadamente un 14 % de las personas registradas no se le había expedido la correspondiente partida de nacimiento. Es probable que los hijos de padres migrantes indocumentados que puedan sentir temor ante el hecho de acudir a un centro de registro o puedan carecer de la documentación necesaria para hacerlo (pasaporte, seguridad social o documento de identidad) no estén registrados. Por ello, en 2020 se puso en marcha una nueva campaña de oficinas móviles de registro en diversas zonas de Belice. Hasta el momento, se ha prestado servicio a 30 comunidades y se ha registrado a 201 niños y niñas. Los esfuerzos siguen centrándose en las comunidades rurales del distrito de Toledo con el fin de alcanzar el objetivo del 100 %.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 38

Con respecto a la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cabe señalar que, en el período transcurrido desde la presentación del último informe estatal al Comité, Belice ratificó el citado instrumento el 9 de marzo de 2015. Pese a dicha ratificación, el Estado aún tiene pendiente la presentación de su primer informe.