COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE

LA DISCRIMINACIÓN RACIAL

INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 9 DE LA CONVENCIÓN

Decimocuarto informe periódico que los Estados Partes

debían presentar en 1999

Adición

NUEVA ZELANDIA*

[4 de octubre de 2001]

_____________________

* El presente informe constituye los informes periódicos decimosegundo, decimotercero y decimocuarto de Nueva Zelandia, que debían presentarse el 22 de diciembre de 1995, 1997 y 1999, respectivamente, combinados en un documento único. Para los informes periódicos décimo y undécimo de Nueva Zelandia, presentados en un único documento, y las actas resumidas de las sesiones del Comité en que se examinaron esos informes, véanse los documentos CERD/C/239/Add.3 y CERD/C/SR.1106 y 1107.

La información de carácter general que constituye la primera parte de los informes de los Estados Partes figura en el documento de base HRI/CORE/1/Add.33/Rev.1.

Los anexos del informe presentado por el Gobierno de Nueva Zelandia pueden consultarse en los archivos de la Secretaría.

GE.01-45417 (EXT)

ÍNDICE

Párrafos Página

Glosario maorí 3

Introducción 1 - 3 4

I. CONSIDERACIONES GENERALES 4 5

II. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ARTÍCULOS 2 A 7

DE LA CONVENCIÓN 5 – 196 5

Política estatal y marco jurídico general 5 - 10 5

Características étnicas de la población neocelandesa 11 6

Artículo 2 12 – 133 9

Artículo 3 134 – 136 37

Artículo 4 137 – 147 38

Artículo 5 148 – 171 40

Artículo 6 172 – 177 45

Artículo 7 178 – 190 46

Niue 191 49

Tokelau 192 – 196 49

Lista de anexos 51

Referencias 52

GLOSARIO MAORÍ

Hangarau tecnología

Hapu subtribu

Hauora salud y bienestar físico

Hui reunión

Iwi tribu

Kaihautu jefe, representante

Kaitiaki guardianes

Kaitiakitanga custodia activa

Kaumatua ancianos

Kura kaupapa Maori escuela de inmersión en la lengua maorí (primaria, secundaria)

Mahinga kai lugar tradicional de recolección de alimentos

Mataitai reservas

Marae casa de juntas

Nga Toi las artes

Nohoanga permisos de acampada/vivienda

Pakeke/matua adultos/padres

Pangaru matemáticas

Pounamu piedra verde

Putaiao ciencia

Rangatahi adolescente

Rangatiratanga autoridad/jefatura

Rohe distrito

Taiapure pesquerías locales

Tamariki niños

Tangata whenua población autóctona, pueblo de la tierra

Taonga tesoros (materiales o no)

Taonga tuku iho patrimonio (tesoros recibidos)

Te Kohanga Reo nido (centro preescolar) de inmersión maorí

Te Ohu Kai Moana Comisión de Pesca del Tratado de Waitangi

Te Puni Kokiri Ministerio de Desarrollo Maorí

Te Reo Maori idioma maorí

Te Taura Whiri i te Reo Maori Comisión de la Lengua Maorí

Tikanga-a-iwi estudios sociales

Tikanga Maori protocolos maoríes

Topuni especialmente sagrado

Wahine pakari mujer fuerte y decidida

Wananga aprendizaje, seminario (whare wananga: institución terciaria)

Whanau familia

INTRODUCCIÓN

1. Éste es el texto de los informes periódicos decimosegundo, decimotercero y decimocuarto combinados que presenta Nueva Zelandia al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Se ha preparado en consonancia con las directrices generales del Comité, tal como fueron revisadas el 19 de marzo de 1993 y el 16 de agosto de 1999, y teniendo en cuenta también las directrices adicionales para la aplicación del artículo 7 aprobadas el 17 de marzo de 1982. El presente informe abarca el período comprendido entre el 1º de agosto de 1995 y el 31 de diciembre de 1999.

2. El informe abarca las principales medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole adoptadas en el período examinado para hacer efectivas las disposiciones de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Procede leer este texto conjuntamente con los informes presentados anteriormente por Nueva Zelandia en cumplimiento de la Convención y con el tercer informe periódico presentado por Nueva Zelandia en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (CCPR/C/64/Add.10). El Comité también puede consultar el cuarto informe periódico de Nueva Zelandia en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que se presentó en marzo de 2001, y el segundo informe periódico de Nueva Zelandia en el marco del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se presentó en agosto de 2001, pese a que en el momento de redactar este documento esos informes todavía no habían sido publicados como documentos de las Naciones Unidas. En el presente informe se describe asimismo la evolución de la situación en Niue y en Tokelau, a la que se aplican también las obligaciones aceptadas por Nueva Zelandia en virtud de la Convención.

3. En las observaciones finales del Comité (A/50/18) sobre el documento que constituye los informes periódicos décimo y undécimo combinados de Nueva Zelandia (CERD/C/239/Add.3, al que en adelante se hace referencia como "el último informe") se formulaban ciertas sugerencias y recomendaciones. En el cuerpo de este informe figuran las respuestas que se resumen a continuación:

- Disparidades sociales y económicas existentes entre los maoríes y los pueblos de las Islas del Pacífico y los no maoríes (párr. 16 de las observaciones finales): Aunque elogió las políticas y programas especiales destinados a remediar las disparidades sociales y económicas existentes, el Comité señaló también que esas disparidades seguían siendo motivo de preocupación. En el presente informe se destacan las inquietudes del Gobierno de Nueva Zelandia y sus esfuerzos por reducir esas disparidades. Véanse, entre otros, los párrafos 73 a 82, sobre el empleo, 83 a 89, sobre la educación, 104 a 117, sobre la salud, 118 a 123, sobre la vivienda, 126 a 133, sobre la justicia penal, 125, sobre la política social, y 149 a 154, sobre la reforma electoral;

- Sistemas de recopilación y evaluación de datos sobre la inmigración y suministro de información más exhaustiva para potenciar aún más un diálogo público sobre las políticas de inmigración del Gobierno (párr. 18): El Comité solicitó más información sobre los cambios propuestos en los sistemas de recopilación y evaluación de datos del Servicio de Inmigración y el suministro al público de información sobre la inmigración. En los párrafos 157 a 162 del presente informe se describe la situación actual;

- Continuación de la máxima atención que se presta a las inquietudes manifestadas en relación con las propuestas encaminadas a atender las reivindicaciones y reclamaciones de tierras de los maoríes, incluidas las que se refieren a la compatibilidad de aquéllas con las disposiciones del Tratado de Waitangi (párr. 19); y nuevos datos acerca de la Ley de 1992 sobre las reivindicaciones pesqueras en virtud del Tratado de Waitangi, la Te Ture Whenua Maori (Ley sobre las tierras maoríes) de 1993 y la Ley electoral de 1993 (párr. 20): En el período examinado se han producido novedades importantes en el proceso de resolución de las reclamaciones relativas a reivindicaciones históricas. La forma en que se han atendido las reclamaciones ha demostrado claramente a todos los habitantes de Nueva Zelandia, tanto maoríes como no maoríes, que, si bien en ocasiones genera polémicas y demoras, el proceso de resolución es eficaz y justifica el compromiso de los sucesivos gobiernos. Los acontecimientos que se han producido en el período examinado respecto de las reclamaciones se describen en los párrafos 21 a 26 del presente informe. Las ventajas que han obtenido los maoríes gracias a la aplicación de la Ley de 1992 sobre las reivindicaciones pesqueras en virtud del Tratado de Waitangi se tratan en los párrafos 56 a 63. En los párrafos 68 a 71 y 150 a 155, respectivamente, se ofrecen detalles sobre la Te Ture Whenua Maori (Ley sobre las tierras maoríes) de 1993 y sobre la Ley electoral de 1993;

- Nuevas medidas en relación con la aplicación del apartado b) del artículo 4 de la Convención (párrs. 17 y 21): La Ley sobre derechos humanos de Nueva Zelandia de 1993 contiene disposiciones en que se declaran ilegales las organizaciones que promuevan objetivos racistas. En los párrafos 145 y 146 se explica la situación actual; y

- Declaración prevista en el artículo 14 (párr. 3): Se está procediendo a un examen de la posición del Gobierno sobre esta cuestión con miras a formular la declaración.

I. CONSIDERACIONES GENERALES

4.Es conveniente referirse al documento de base sobre Nueva Zelandia (HRI/CORE/1/Add.33/ Rev.1). Cabe señalar como hecho pertinente en el período que abarca el presente informe que Nueva Zelandia fue gobernada por un Gobierno del Partido Nacional hasta las elecciones generales de 1996. El Gobierno de coalición instaurado en diciembre de 1996 fue disuelto en diciembre de 1998. Desde entonces hasta las elecciones generales celebradas en noviembre de 1999, el Partido Nacional gobernó en minoría. Después de esas elecciones se constituyó un Gobierno de coalición entre el Partido Laborista y el Partido de la Alianza. Así pues, al concluir el período al que se refiere el informe se estaban iniciando destacadas transformaciones políticas, a las que se irá haciendo referencia según proceda.

II. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ARTÍCULOS 2 A 7 DE LA CONVENCIÓN

Política estatal y marco jurídico general

5. En el período examinado, el Gobierno de Nueva Zelandia ha seguido firmemente decidido a oponerse a toda discriminación basada en el color, la religión, la raza o el origen étnico o nacional. La legislación de Nueva Zelandia prohíbe explícitamente la discriminación racial, y el Gobierno continúa empeñado firme y decididamente en promover la concordia racial.

6. De conformidad con el párrafo 4 del artículo 1 de la Convención, los sucesivos gobiernos de Nueva Zelandia han sostenido con toda firmeza que debe haber en el país igualdad de oportunidades sociales y económicas. Sólo así podrá mantenerse una sociedad mixta, libre de cualquier forma de discriminación racial y que reconozca la diversidad como un valor. El reconocimiento de la importancia para cada comunidad de sus valores culturales es parte integrante del objetivo de la igualdad. Se espera que el Gobierno y todos los sectores de la sociedad cooperen para encontrar soluciones que tengan en cuenta las diferencias culturales siempre que las barreras que crea una situación desfavorecida o de desventaja

puedan atribuirse al origen racial o étnico. Un elemento fundamental de todas las políticas del Gobierno es el empeño por eliminar las disparidades de que pueda ser víctima cualquier persona o grupo desfavorecido, independientemente de su extracción étnica.

7. Ha seguido aumentando el reconocimiento de la importancia de las relaciones entre la población maorí y no maorí en el marco general de las relaciones raciales en Nueva Zelandia. Se reconoce el lugar especial que ocupan los maoríes como tangata whenua (población autóctona o pueblo de la tierra) . Aunque no da respuesta a todas las inquietudes, el Tratado de Waitangi ha ido adquiriendo la condición de documento fundacional de Nueva Zelandia. Existe optimismo en cuanto a la posibilidad de resolver las reivindicaciones maoríes por injusticias pasadas, lo cual estimulará a su vez la plena realización del potencial económico, social y cultural de los maoríes. El Gobierno ha seguido progresando considerablemente en su respuesta a esas reivindicaciones, aunque la tarea no ha concluido en absoluto. Este progreso se describe en el presente informe.

8. El debate sobre la índole del biculturalismo en Nueva Zelandia sigue siendo un asunto candente para los neozelandeses, al igual que el futuro de Nueva Zelandia como sociedad multicultural. El debate sobre esta cuestión se ha visto alentado por los cambios en la política de inmigración que han llevado a Nueva Zelandia a un número cada vez mayor de personas de procedencias no tradicionales. El biculturalismo y el multiculturalismo no se consideran incompatibles. El Gobierno ha dedicado recursos a afrontar los desafíos que presenta esta compleja situación, pero tampoco pretende haber concluido esa tarea.

9. El presente informe, al igual que los informes anteriores de Nueva Zelandia, describe el contexto en que se abordan las cuestiones relativas a la eliminación, la prevención y la solución de todas las formas de discriminación racial. Entre otras cosas, enumera las iniciativas encaminadas a mejorar la situación social, económica y cultural de la población indígena, incluidas las novedades pertinentes en relación con el Tratado de Waitangi. Comprende además observaciones sobre la situación de otros grupos étnicos de la sociedad neozelandesa, en particular las personas que tienen su origen en las Islas del Pacífico.

10. La Ley sobre derechos humanos de 1993 proporciona el marco jurídico para la eliminación de la discriminación racial en Nueva Zelandia. En el presente informe se ofrece información sobre esa Ley en relación con el párrafo 1 del artículo 2 de la Convención. Los comentarios al respecto demuestran también el compromiso del Gobierno, consagrado en la Ley sobre derechos humanos, de seguir examinando todas sus leyes, políticas y prácticas administrativas a fin de descubrir y eliminar cualquier tipo de discriminación, incluida la discriminación racial.

Características étnicas de la población neozelandesa

11. En los párrafos 7 a 13 del documento de base se presenta una descripción estadística y cualitativa de las características étnicas de la población neozelandesa. La nueva metodología aplicada en los censos de población quinquenales ha permitido hacerse una idea más clara y sistemática de la diversidad étnica de Nueva Zelandia. El Comité tal vez desee remitirse a un informe publicado en 1999 por el Departamento de Asuntos Internos, titulado "Perfil estadístico de la diversidad étnica en Nueva Zelandia", que ofrece un análisis detallado por grupos étnicos de las estadísticas del censo de 1996. Además del material estadístico, contiene información sobre los factores socioeconómicos. Los dos gráficos procedentes de ese informe que se reproducen más adelante indican a) las proporciones étnicas de la población de Nueva Zelandia y b) los grupos principales que componen el sector étnico de la población neozelandesa . Además, para ampliar la información sobre las recientes pautas de inmigración se incluye un cuadro que muestra las llegadas a Nueva Zelandia de inmigrantes permanentes y de largo plazo. La información sobre las políticas de inmigración se presenta en el informe en relación con el artículo 5.

Gráfico 1

Gráfico 2

Cuadro 1

Inmigrantes permanentes y de largo plazo a

Por país de última residencia permanente, año concluido el 31 de marzo, 1993 a 1997

País	1993	1994	1995	1996	1997
Australia	12 107	12 850	12 999	12 993	12 520
Bangladesh	16	65	219	962	463
Canadá	836	860	1 063	1 130	1 381
China	775	892	1 895	4 052	3 858
Islas Cook	226	271	415	524	767
Egipto	19	16	93	307	319
Fiji	1 046	1 058	1 226	1 319	1 520
Francia	179	264	277	259	232
Alemania	475	605	821	757	784
Hong Kong	2 780	3 016	3 291	3 043	2 897
India	375	693	1 234	2 136	2 350
Indonesia	321	311	355	342	390
Iraq	8	45	134	652	445
Irlanda	93	143	163	160	339
Japón	2 460	2 684	3 460	3 854	4 346
Jordania	13	54	206	644	331
Corea, República de	1 430	2 474	3 370	3 927	2 649
Ex República Yugoslava de Macedonia	0	1	68	196	348
Malasia	1 967	1 920	2 036	2 293	1 869
Países Bajos	597	648	517	507	472
Papua Nueva Guinea	393	363	427	444	350
Filipinas	270	420	552	826	927
Rusia	0	97	188	460	455
Samoa Occidental	805	913	1 280	1 716	1 589
Singapur	469	636	622	744	646
Sudáfrica	422	2 054	2 638	2 046	2 648
Sri Lanka	124	271	408	866	859
Suiza	277	275	342	387	265
Taiwán	1 666	1 687	2 367	3 883	3 005
Tailandia	486	474	791	741	633
Tonga	383	400	436	460	532
Emiratos Árabes Unidos	38	96	217	357	280
Estados Unidos de América	2 378	2 578	2 853	3 000	2 958
Yugoslavia	133	121	833	711	487
Reino Unido	10 947	11 931	13 348	14 726	14 575
Otros	7 673	9 251	10 213	12 814	12 581
Total	49 562	57 257	67 591	80 288	76 896

aVisitantes extranjeros que llegan a Nueva Zelandia con el propósito de permanecer en el país durante un período de 12 meses o más (o de forma permanente), además de los ciudadanos neozelandeses que regresen después de una ausencia de 12 meses o más.

(Nota: En el cuadro se indican solamente los inmigrantes permanentes y de largo plazo en Nueva Zelandia. Además hay muchas personas que abandonan Nueva Zelandia de forma permanente o a largo plazo.)

Artículo 2

A. Información sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas

o de otra índole que sirvan para poner en práctica las disposiciones

del párrafo 1 del artículo 2

Ley sobre derechos humanos de 1993

12. La Ley sobre derechos humanos de 1993 entró en vigor del 1º de febrero de 1994 . Sustituyó a la Ley sobre relaciones raciales de 1971 y la Ley sobre la Comisión de Derechos Humanos de 1977, que quedaron refundidas en un único texto legislativo contra la discriminación. Una descripción completa de esa Ley figura en el último informe de Nueva Zelandia y en su tercer informe sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En resumen, la Ley sobre derechos humanos tipifica como delito la discriminación por 13 motivos, entre ellos la raza, el color y el origen étnico o nacional. Contempla un mecanismo de investigación, conciliación y, de ser necesario, enjuiciamiento respecto de las denuncias por discriminación ilícita y varias otras funciones y atribuciones que figuran en los artículos 5 y 6 de la Ley.

13.En virtud de la Ley, la Oficina del Conciliador para las Relaciones Raciales sigue siendo la principal organización encargada de afirmar y promover la igualdad racial en Nueva Zelandia. La Ley amplía las funciones del Conciliador para las Relaciones Raciales confiriendo a ese funcionario, en virtud de su artículo 11, el derecho de desempeñar las funciones enumeradas en los artículos 5 y 6 de la Ley. El Conciliador ejerce de forma general las funciones y atribuciones que le confieren esos artículos y desempeña las obligaciones correspondientes. El Conciliador para las Relaciones Raciales es miembro de la Comisión de Derechos Humanos, así como de la División de Quejas en materia de derechos humanos, dedicada particularmente, aunque no exclusivamente, a las denuncias por discriminación racial. El Conciliador está vinculado a la Comisión de Derechos Humanos, aunque ejerce sus funciones de manera autónoma.

14. En el período a que se refiere el informe se examinaron dos casos en virtud de las disposiciones de la Ley sobre derechos humanos. Uno era el referente a una denuncia presentada al Tribunal de Examen de Quejas en virtud del artículo 73 de la Ley, acerca de las medidas aplicadas por un instituto politécnico consistentes en reservar plazas en dos de sus cursos para maoríes o residentes en Nueva Zelandia procedentes de las Islas del Pacífico. Esta política fue impugnada por vulnerar la Ley sobre derechos humanos de 1993, la Ley sobre relaciones raciales de 1971 y la Ley sobre la Comisión de Derechos Humanos de 1977. El Tribunal falló que se habían vulnerado las tres leyes. En el segundo caso, el Conciliador para las Relaciones Raciales y el Comisionado de Derechos Humanos plantearon ante el Tribunal Superior el concepto de la discriminación indirecta en virtud del artículo 65 de la Ley, denunciando que una autoridad sanitaria regional había discriminado en favor de médicos que habían cursado estudios en Nueva Zelandia, en perjuicio de médicos registrados en Nueva Zelandia pero nacidos en otros países. El Tribunal dictaminó que la práctica era discriminatoria y que la autoridad sanitaria regional no había probado ante el Tribunal la inexistencia de otras medidas de carácter no discriminatorio para resolver el problema del exceso de médicos que había causado la discriminación. Entre otras referencias, se citó en el fallo la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

15. Los informes anuales del Conciliador para las Relaciones Raciales contienen información detallada sobre las actividades de la Oficina. Se adjuntan como anexo 3 los informes correspondientes a los años concluidos el 30 de junio de 1996 a 1998 * .

Ley sobre la Carta de Derechos de Nueva Zelandia de 1990

16.Cabe remitirse a los informes anteriores de Nueva Zelandia, donde se detalla la preparación de esta Ley. En el tercer informe periódico de Nueva Zelandia sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se describe la situación relativa a la Ley sobre la Carta de Derechos de Nueva Zelandia de 1990 y la jurisprudencia pertinente.

17. Dos artículos de la Ley sobre la Carta de Derechos guardan relación con los derechos contemplados en la Convención. En virtud del artículo 19, todo individuo tiene derecho a no estar sometido a discriminación alguna por los motivos de discriminación contemplados en la Ley sobre derechos humanos de 1993. Ello incluye el derecho a no estar sometido a discriminación por el color de la piel, la raza, la procedencia étnica o nacional o las creencias religiosas o éticas. En este artículo también se dispone que las medidas adoptadas para ayudar a las personas o grupos de personas desaventajados por el color de su piel, su raza, su procedencia étnica o nacional, su sexo, su estado civil o sus creencias religiosas o éticas no constituirán actos de discriminación. En virtud del artículo 20 se protegen los derechos de las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas a gozar de la cultura, a profesar y practicar la religión y a hacer uso de la lengua de la minoría de que se trate.

Ley de contratación de 1991

18. En el período examinado en el presente informe, otra vía para luchar contra la discriminación racial en el ámbito del empleo distinta del artículo 22 de la Ley sobre derechos humanos de 1993 era la prevista en la Ley de contratación de 1991, al amparo del artículo 28. Las reparaciones previstas en las disposiciones de la Ley relativas a las reclamaciones personales son el reembolso de los salarios, el restablecimiento en el puesto y la indemnización. Todos los contratos de empleo, tanto personales como colectivos, deben prever un procedimiento efectivo para la solución de reclamaciones personales que sea acorde con lo dispuesto en la Ley. En 1999 el Partido Laborista contemplaba una modificación importante de la legislación sobre las relaciones laborales. En el momento de redactar el presente informe, la legislación aplicable es la Ley sobre relaciones laborales .

Tratado de Waitangi

19.Como ya se ha señalado, las relaciones entre la población maorí y no maorí en la sociedad de Nueva Zelandia vienen definidas fundamentalmente, aunque no exclusivamente, por el Tratado de Waitangi. La forma en que evoluciona esta relación también influye en las futuras relaciones raciales en Nueva Zelandia y en el cumplimiento por el país de sus obligaciones en virtud de la Convención. Hay un animado debate sobre el significado actual del Tratado. Las dos partes en él, los maoríes y la Corona, consideran que este debate, y el impulso y la evolución constantes de la labor del Tribunal Waitangi, son medios fundamentales para resolver las reclamaciones por injusticias cometidas en el pasado contra el tangata whenua y para allanar el camino hacia la afirmación de un equilibrio cultural, social y económico justo que beneficie a la sociedad neozelandesa y a todas sus culturas en conjunto. El futuro exige una relación basada firmemente en el diálogo, el respeto y la cooperación.

20. Desde 1989 se han hecho progresos considerables en la labor de resolución de reclamaciones y en la incorporación de los principios del Tratado en el sistema jurídico de Nueva Zelandia. A continuación se ofrecen detalles de los cambios que se han producido desde que se presentó el último informe de Nueva Zelandia sobre las propuestas de la Corona para la resolución de las reclamaciones en virtud del Tratado de Waitangi ("las propuestas") y el conjunto de medidas fiscales, sobre las que el Comité manifestó un especial interés.

21. Las propuestas: Tras la publicación de las propuestas, en diciembre de 1994, se abrió un amplio proceso de consulta entre el Gobierno y los maoríes, basado en hui (reuniones). También se recibieron más de 1.800 ponencias presentadas por escrito, que fueron resumidas en el informe del Gobierno sobre las ponencias: propuestas de la Corona sobre las reclamaciones al amparo del Tratado de Waitangi (véanse los detalles en la sección de referencias). Dado que los maoríes no quisieron colaborar con la Corona para examinar la información obtenida en este proceso consultivo, la labor fue realizada por grupos de trabajo integrados por funcionarios, quienes informaron al Gobierno en julio de 1996. Esencialmente, las principales decisiones adoptadas por el Gobierno en ese momento consistieron en hacer más hincapié en la solución de las reivindicaciones históricas individuales al amparo del Tratado y en definir propuestas prácticas concretas para aumentar el control de los maoríes sobre sus propios asuntos. El Gobierno negó que las propuestas fueran contrarias a la intención de determinados artículos del Tratado de Waitangi, y ordenó que prosiguiera la labor sobre las políticas de resolución de reclamaciones, teniendo muy en cuenta las opiniones de los maoríes y de todos los interesados en el proceso de resolución de reclamaciones. Paralelamente a la formulación de políticas, el Gobierno decidió concentrarse en la solución de reivindicaciones históricas de determinadas comunidades demandantes, utilizando constructivamente como guía el proyecto de política. Desde que se adoptó esa decisión, grupos de demandantes de todo el país han planteado negociaciones con la Corona y se han logrado progresos significativos (véase más adelante).

22. El Gobierno también perfeccionó su proceso de resolución de reclamaciones. Estableció una separación de las reclamaciones por alquileres acumulados sobre tierras forestales de la Corona bajo licencia; y aceptó que el deber de la Corona de ofrecer reparación para la solución de reivindicaciones históricas en virtud del Tratado debía estar separado de la asistencia financiera disponible para los demandantes o sus agentes en el proceso de negociación.

23. El conjunto de medidas fiscales se propuso para resolver todas las reclamaciones históricas al amparo del Tratado de Waitangi en el marco de una asignación total de 1.000 millones de dólares neozelandeses en un período de diez años; es decir, que concluiría alrededor del año 2000. Esta decisión política se adoptó después de evaluar cuidadosamente las numerosas necesidades para las que se requerían recursos públicos. En las observaciones presentadas por los maoríes sobre las propuestas se criticaba tanto el concepto como la cuantía del conjunto de medidas. En 1996, el Gobierno de coalición respondió a esas inquietudes abandonando el conjunto de medidas fiscales. Sin embargo, la política modificada exigía que las soluciones futuras fueran justas y equitativas para los grupos demandantes y responsables desde el punto de vista fiscal. El Gobierno reconoció también que no era práctico establecer un plazo para la solución de todas las reivindicaciones históricas. Para que las soluciones fueran duraderas la Corona debía ir avanzando a la velocidad que deseara progresar la comunidad demandante.

24. Resolución de reclamaciones: El Gobierno siguió progresando en la resolución de reclamaciones, concentrándose especialmente en la solución definitiva de todas las reivindicaciones históricas (anteriores a 1992) de grandes agrupaciones naturales de intereses tribales, como la iwi (tribu). Un objetivo fundamental de la resolución es superar las reivindicaciones pasadas y sentar las bases para una mejor relación entre la Corona y los maoríes en el futuro. Por este motivo, los derechos dimanantes del Tratado de Waitangi, los títulos aborígenes y los derechos consuetudinarios que no quedan abarcados en la definición de reivindicaciones históricas no están afectados por la resolución. En general, los grupos demandantes entablan negociaciones después de que se hayan celebrado audiencias en el Tribunal Waitangi y después de que la comunidad demandante haya designado negociadores. No obstante, los grupos demandantes tienen también la opción de entablar negociaciones directas con la Corona sin que se haya producido una audiencia del Tribunal Waitangi. Toda solución acordada entre la Corona y los negociadores de los demandantes debe ser ratificada por la comunidad demandante mediante un proceso de votación que haya recibido una considerable publicidad. Las resoluciones sólo serán definitivas si reciben el apoyo de una mayoría considerable de la comunidad demandante.

25. Al 31 de diciembre de 1999, la Corona había seguido adelante con la resolución de reclamaciones con 11 grupos de demandantes que suponían indemnizaciones por valor de 529 millones de dólares neozelandeses (véase el cuadro 2 infra). Entre los casos había dos de especial importancia. El primero fue la resolución en 1995 de la reclamación de las iwi de Waikato/Tanui, que comprendía la disculpa de la Corona, instrumentos legislativos para reconocer los intereses especiales de los Tanui respecto de lugares y especies particulares y una indemnización de 170 millones de dólares neozelandeses por las tierras confiscadas en el siglo XIX. El segundo caso se refería a la iwi Ngai Tahu de la Isla Sur. En 1996 se alcanzó un acuerdo de principio con los Ngai Tahu para resolver su extensa reivindicación histórica, que abarcaba gran parte de la Isla Sur. Fue seguido a fines de 1997 por una solución definitiva que consistía en una descripción histórica acordada, una disculpa de la Corona, instrumentos legislativos para reconocer los intereses especiales de los Ngai Tahu respecto de lugares y especies particulares y una indemnización de 170 millones de dólares neozelandeses. La resolución de este caso dio lugar a la elaboración en curso de instrumentos de reparación para otorgar reconocimiento a lugares o zonas particulares en tierras de propiedad de la Corona y a recursos naturales con los que una iwi o una hapu (subtribu) tengan una relación especial. En cada uno de los casos mencionados el acuerdo negociado fue ratificado por una clara mayoría de la comunidad demandante y entró en vigor mediante la promulgación por el Parlamento de las leyes correspondientes.

26. En otros lugares de todo el país se han seguido haciendo progresos considerables en las negociaciones con grupos demandantes. A fines de 1999 siete grupos demandantes habían llegado a acuerdos de principio con la Corona (véase el cuadro 3 infra). Los acuerdos de principio incluían, además de una indemnización financiera, una disculpa de la Corona por quebrantamiento del Tratado, la transferencia de propiedades de la Corona e instrumentos legislativos para reconocer las asociaciones culturales que las comunidades demandantes tienen con determinados lugares y elementos naturales.

Cuadro 2

Casos resueltos desde el 21 de septiembre de 1992

Grupo demandante	Año de la resolución	Valor de la indemnización (en dólares neozelandeses)
Pesquerías	1992-1993	170000000
Ngati Whakaue	1993-1994	5210000
Ngati Rangiteaorere	1993-1994	760000
Hauai	1993-1994	715682
Tainui Raupatu	1994-1995	170000000
Waimakuku	1995-1996	375000
Rotoma	1996-1997	43931
Te Maunga	1996-1997	129032
Ngai Tahu	1996-1997	170000000
Ngati Turangitukua	1998-1999	5000000
Pouakani	1999-2000	7675000
Total de las indemnizaciones		529908645

Cuadro 3

Acuerdos de principio alcanzados al 31 de diciembre de 1999

Grupo demandante	Año del acuerdo	Cantidad acordada
Ngati Awa	1998-1999	42 390 000
Ngati Ruanui	1999-2000	41 000 000
Ngati Tama	1999-2000	14 500 000
Ngati Mutunga	1999-2000	14 500 000
Te Uri o Hau	1999-2000	15 250 000
Rangitaane o Manawatu	1999-2000	8 500 000
Te Atiawa	1999-2000	34 000 000

El Tribunal Waitangi

27.El Tribunal ha seguido desempeñando un papel decisivo en el proceso de resolución de reclamaciones referentes al Tratado. En el período que se examina el Tribunal ha informado sobre 15 nuevas actuaciones. Varias tratan de cuestiones tan importantes como la condición de un grupo urbano maorí no tribal en virtud del Tratado de Waitangi; los derechos de propiedad y la potestad consuetudinaria maorí sobre los ríos sagrados; los derechos de los maoríes a una proporción equitativa de las frecuencias de radio y la obligación de la Corona en virtud del Tratado de financiar las instituciones maoríes de educación terciaria de la misma forma que financia las instituciones para la población general.

28. Las 15 actuaciones sobre las cuales ha informado el Tribunal son las siguientes: el informe sobre las tierras de los ferrocarriles de Te Maunga, 1994; el informe sobre la opción electoral maorí, 1994; el informe sobre la comercialización de la fruta del kiwi, 1995; el informe sobre reclamaciones subsidiarias de los Ngai Tahu, 1995; el informe Te Whanganui-a-Orotu, de 1995; el informe sobre la población de Turangi, de 1995; el informe Taranaki: Kaupapa Tuatahi, de 1995; el informe sobre las tierras Muriwhenua, de 1997; el informe sobre reparaciones de Te Whanganui-a-Orotu, de 1998; el informe sobre las reparaciones de la población de Turangi, de 1998; el informe sobre los ríos Te Ika Whenua, de 1998; el informe sobre Te Whanau o Waipareira, de 1998; el informe sobre el río de Whanganui, de 1999; el informe sobre el establecimiento de la capital Wananga, de 1999; y el informe final sobre la gestión y desarrollo del espectro radiofónico, de 1999.

29. Las conclusiones del Tribunal ayudan a la Corona a hacer progresar las negociaciones en todo el país. En 1993 el Tribunal había puesto en marcha el programa de investigación denominado Rangahaua Whanui (Investigación Amplia), consistente en un estudio de los tipos principales de perjuicios o reivindicaciones históricas plasmados en los cientos de reclamaciones presentadas al Tribunal. En mayo de 1997 se publicó el informe nacional general de Rangahaua Whanui (véanse las referencias para conocer más detalles). Sus tres volúmenes abarcan posibles estrategias para atender reclamaciones históricas en virtud del Tratado de Waitangi; un estudio de 20 temas nacionales; y un resumen de las características principales de la enajenación de tierras en los 15 distritos en que se realizó la investigación.

30. En noviembre de 1999 la Corona publicó una guía para las reclamaciones en virtud del Tratado de Waitangi y las negociaciones directas con la Corona, titulada "Superar el pasado, construir el futuro" (véanse las referencias). El propósito de ese libro era ofrecer a los grupos demandantes una guía práctica para la negociación directa y la resolución de reivindicaciones históricas en el marco del Tratado de Waitangi.

31. En 1998 el Parlamento promulgó la Ley de enmienda del Tratado de Waitangi, con el propósito de modificar los criterios aplicados para designar al Presidente del Tribunal.

Te Puni Kokiri (Ministerio de Desarrollo Maorí)

32.En el último informe de Nueva Zelandia se trató de la reestructuración de la cartera de asuntos maoríes y el establecimiento de Te Puni Kokiri (Ministerio de Desarrollo Maorí) en 1991. También se describió el importante cambio normativo relativo a la diversificación. Ésta ha seguido siendo una estrategia fundamental en todo el período examinado.

33. En el marco de la estrategia de diversificación, los programas que antes eran administrados por un único organismo (el Organismo de Transición Iwi) se transfirieron a las entidades públicas centrales que prestaban servicios a los sectores correspondientes. De forma general, el propósito de esta política es

eliminar las disparidades entre los maoríes y la población en general mejorando el acceso de los maoríes a los servicios prestados por todos los organismos públicos, en vez de procurar atender las necesidades de los maoríes principalmente a través de un solo organismo. Los organismos diversificados se ocupan de los programas pero tienen también la posibilidad de establecer acuerdos con las iwi en los casos en que se haya determinado que la iwi es el conducto más apropiado y eficaz para la prestación de servicios a los maoríes. La participación de los propios maoríes en la prestación de servicios a ese sector de la población es, efectivamente, un tema fundamental del presente informe.

34.Te Puni Kokiri es el organismo especializado que desempeña la función principal de asesoramiento sobre las relaciones de la Corona con los maoríes y sobre las principales políticas públicas en la medida en que afectan a los maoríes. Sus objetivos son contribuir al logro de soluciones justas y duraderas para las reivindicaciones históricas de los maoríes en virtud del Tratado de Waitangi y a la formulación de políticas encaminadas a lograr la equidad en la condición social y económica de los maoríes y los no maoríes. Promueve el aumento del nivel de realizaciones de los maoríes en todos los sectores. Supervisa la adecuación de los servicios prestados a los maoríes por otros departamentos y presta al Gobierno y a los organismos públicos sectoriales asesoramiento estratégico sobre el mejoramiento de la situación de los maoríes. Facilita la comunicación entre la Corona y los maoríes y proporciona al Gobierno una indicación temprana de las cuestiones de nivel local que probablemente tendrán efectos en las relaciones entre la Corona y los maoríes.

Comisiones de Desarrollo Maorí

35.El acuerdo de coalición adoptado por los dos partidos que constituyeron el Gobierno a raíz de las elecciones generales de 1996 contemplaba el establecimiento de cuatro Comisiones de Desarrollo Maorí encargadas de formular políticas y procesos que contribuyeran a superar las diferencias económicas y sociales entre la población maorí y no maorí. Esos grupos de reflexión tenían la labor de formular iniciativas que pudieran integrarse en los programas generales con el objetivo de acelerar el desarrollo maorí en los campos de la educación, la salud, el desarrollo económico, el empleo y la capacitación. Las Comisiones constituyen además una fuente adicional de asesoramiento no vinculante sobre cuestiones relativas al desarrollo maorí. Dos de las Comisiones, las que se ocupan de la salud y la educación, fueron establecidas en julio de 1997. La Comisión de desarrollo económico y la de empleo y capacitación fueron establecidas en febrero de 1998.

36. En el presupuesto correspondiente a 1999 se incluyeron fondos para iniciativas basadas en la labor y en las recomendaciones de las cuatro Comisiones, entre ellas programas integrados en la labor de los organismos sectoriales generales o de Te Puni Kokiri, por lo que debían ser examinados por el Ministro competente para autorizar los gastos. Tres ejemplos de iniciativas de este tipo, enmarcadas en el programa denominado Voto: Salud, son las relativas a la ayuda para las madres maoríes y sus hijos, los servicios integrados de atención médica y dental para los niños maoríes y un proyecto de dos años de duración para el desarrollo de los servicios de salud mental dirigidos a los maoríes. En relación con la iniciativa denominada Voto: Educación se han comprometido 6,5 millones de dólares neozelandeses, que se desembolsarán durante tres años, para recursos educativos destinados a la población maorí y se ha lanzado una campaña de tres años de duración por valor de 12,7 millones de dólares neozelandeses para mejorar el rendimiento educativo de los maoríes. En relación con la iniciativa denominada Voto: Asuntos maoríes se han comprometido 8,2 millones de dólares neozelandeses, que se desembolsarán durante tres años, para alentar el aprovechamiento productivo de las tierras maoríes y para estimular la creación de nuevas actividades empresariales maoríes, y se ha formulado un programa de capacitación basado en la industria y destinado a los maoríes, que se ejecutará con carácter experimental en los dos años siguientes.

Tribunal de la Tierra Maorí

37. El Tribunal de la Tierra Maorí es una de las instituciones jurídicas más antiguas y más importantes de Nueva Zelandia. El Tribunal y su administración mantienen una estrecha relación con los maoríes, particularmente en cuanto a las cuestiones de tierras. El Tribunal es un foro en el que pueden resolverse las controversias y los problemas que surgen entre los propietarios de tierras maoríes. Los deseos de los propietarios de tierras maoríes pueden determinarse y hacerse efectivos, los propietarios de tierras maoríes pueden ser informados de propuestas relativas a sus tierras y debatir dichas propuestas y pueden promoverse soluciones prácticas para los problemas derivados del aprovechamiento o la ordenación de tierras maoríes. La administración del Tribunal de la Tierra Maorí refleja la importancia de la información sobre las tierras maoríes que, al igual que la propia tierra, es un taonga (tesoro) del pueblo maorí y debe conservarse. El Tribunal de la Tierra Maorí presta servicios esenciales tanto al Gobierno como al tangata whenua mediante su registro de los títulos de tierras (registro de la propiedad y de los títulos sobre tierras maoríes); un registro mercantil (administración de sociedades y fondos maoríes); un registro judicial (que se ocupa del apoyo judicial y de la tramitación de causas); y un amplio archivo de datos genealógicos e históricos de particular importancia para los maoríes.

38. Los anteriores sistemas de registro de las tierras maoríes entrañaban riesgos, ya que los registros podían perderse, dañarse o ser destruidos. Por lo tanto, se ha otorgado considerable prioridad a lograr un elevado nivel en las prácticas de archivo, incluida la utilización de tecnologías de la información para conservar y mantener los registros pasados y futuros de las tierras maoríes. Ello aumentará la disponibilidad de información en los registros de tierras maoríes, a fin de contribuir con eficacia al proceso de las reclamaciones presentadas en virtud del Tratado.

39. El Tribunal de la Tierra Maorí administra la Ley Te Ture Whenua Maori, de 1993. (Véanse los párrafos 67 y siguientes)

Otros grupos raciales

40.De conformidad con el compromiso de Nueva Zelandia de cumplir sus obligaciones en virtud del párrafo 4 del artículo 1 de la Convención, también se presta mucha atención a los miembros de otras comunidades cuya plena participación en la sociedad civil puede verse inhibida por una situación de desventaja social y económica. En los casos en que para eliminar disparidades pueden requerirse programas destinados a los miembros de poblaciones minoritarias, el Gobierno sigue dedicado a formular soluciones culturalmente apropiadas, basadas en los valores y en la diversidad de la población de que se trate, y a fomentar la participación de ésta en los programas de asistencia.

El Ministerio de Asuntos de las Islas del Pacífico

41.En anteriores informes se hacía referencia al establecimiento del Ministerio de Asuntos de las Islas del Pacífico y de los cambios estructurales ulteriores. En el período examinado se produjeron nuevos cambios para mejorar el logro de los objetivos del Ministerio. Su función sigue siendo la de procurar eliminar las disparidades entre los pueblos del Pacífico y la población en general, particularmente en los ámbitos de la educación, la salud, la vivienda, la justicia social y los asuntos económicos. Efectúa un seguimiento de los efectos de las políticas estatales en los pueblos del Pacífico y promueve el reconocimiento de los valores culturales y las aspiraciones de las Islas del Pacífico. Otro objetivo de los cambios era fortalecer la función del Ministerio como principal asesor normativo del Gobierno respecto de la población de las Islas del Pacífico residente en Nueva Zelandia.

42. En 1995 se revisó la función del Ministerio relativa a la prestación de servicios junto con otros organismos de carácter general, mientras que en 1997 se revisaron los recursos públicos dedicados a los pueblos del Pacífico. Gracias a ello, el Ministerio ha integrado gradualmente sus divisiones normativa y operacional y ha adaptado su estructura de organización y de gestión. Sus funciones prioritarias se definieron como la prestación de asesoramiento normativo, la comunicación y la difusión de información, el asesoramiento sobre servicios de carácter general y el diseño y ejecución experimental de programas. Sus actividades operacionales se redujeron, pero se hicieron más específicas. Dedicó más atención a encontrar medios para que el sector público respondiera mejor a las necesidades de las comunidades del Pacífico. La relación del Ministerio con el Fondo para el Desarrollo Empresarial de las Islas del Pacífico (ubicado en el Departamento de Trabajo) se concentró más en las estrategias de colaboración en el campo del desarrollo económico y empresarial. El Consejo Consultivo del Ministro sigue siendo el vehículo de comunicación con la comunidad.

43. El Ministerio ha firmado protocolos con los Ministerios o Departamentos de Salud, Educación, Desarrollo Maorí y Trabajo y con la Dependencia de Prevención del Delito del Departamento del Primer Ministro y del Gabinete. Todos ellos son aspectos decisivos para mejorar la situación de la población del Pacífico. Los protocolos establecen el marco para la celebración de consultas periódicas y para planificación estratégica. También permiten al Ministerio prestar asistencia a los otros organismos estatales para integrar en sus políticas las perspectivas de la comunidad del Pacífico.

Reestructuración del Servicio de Asuntos Étnicos

44.En el último informe de Nueva Zelandia se incluía información sobre la constitución del Servicio de Asuntos Étnicos. Según el censo levantado en el período que se examina (1996) había en Nueva Zelandia más de 50 grupos étnicos, que constituían aproximadamente el 8% de la población étnica minoritaria, sin incluir a las comunidades del Pacífico y a los maoríes. El Servicio de Asuntos Étnicos fue establecido como canal de comunicación entre el Gobierno y los grupos de esas comunidades étnicas.

45. El Departamento de Asuntos Internos fue reestructurado en 1997. El Servicio de Asuntos Étnicos fue desmantelado y sus funciones se integraron, en el marco del Departamento, en un nuevo Grupo de Políticas sobre la Constitución, el patrimonio, los asuntos étnicos y la identidad. Además, el Grupo de Desarrollo Comunitario del Departamento también proporciona de manera permanente contactos, apoyo, información y asistencia a las comunidades étnicas y a otros organismos competentes. Por ejemplo, prestó asistencia en la planificación y organización de la Quinta Conferencia Mundial de Juventudes Indígenas en una marae (casa de juntas) maorí en septiembre de 1998.

46. En el período 1997-1999, el Grupo de Políticas proporcionó asesoramiento e información acerca de cuestiones relacionadas con los asuntos étnicos tanto al Gobierno como a los grupos de las comunidades étnicas. Se siguió publicando un boletín trimestral, cuya tirada se incrementó, y desde 1995 se ha venido publicando anualmente un calendario en el que se indican las fechas de importancia cultural que hay que conmemorar. En la publicación titulada "High Hopes: a survey of qualifications, training and employment issues for immigrants in New Zealand" (1996) se presentaba una serie de estudios monográficos sobre temas de interés para los nuevos inmigrantes étnicos. El Servicio publicó también el estudio titulado "Ethnic diversity in New Zealand: a statistical profile", al que se ha hecho referencia en el párrafo 11 del presente informe. En 1996, las competencias relativas al registro de comunidades étnicas mencionado en el último informe se transfirieron a la Oficina de Relaciones Raciales y al Servicio de Inmigración del Departamento de Trabajo.

B. Información sobre las medidas especiales y concretas tomadas en las esferas social, económica, cultural y en otras esferas para asegurar el adecuado desenvolvimiento y protección de ciertos grupos raciales o de personas pertenecientes a estos grupos, con el fin de garantizarles en condiciones de igualdad el pleno disfrute de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 2 de la Convención

47.Ya se han descrito las bases jurídicas y estructurales de las relaciones étnicas en Nueva Zelandia. En los años transcurridos tras la presentación del último informe de Nueva Zelandia se ha observado una continuación de las principales transformaciones económicas y sociales que se produjeron a raíz de la reestructuración y modernización de la economía a fines del decenio de 1980 y comienzos del de 1990. La reestructuración del modelo de servicios asistenciales del Estado, que es una parte del proceso de reforma, supuso nuevas presiones para los grupos más vulnerables. Reconociendo este hecho, el Gobierno se comprometió a mantener los servicios y prestar apoyo a los grupos más vulnerables de la sociedad. El proceso de diversificación descrito en otra parte del presente informe se convirtió en el vehículo para mejorar y orientar de forma más específica la prestación de servicios.

48. Las secciones siguientes tratan ampliamente de las cuestiones relativas al desarrollo maorí, destacando en particular la legislación pertinente. Es apropiado que sea así, habida cuenta de la posición especial de los maoríes en la sociedad de Nueva Zelandia como tangata whenua , o población autóctona. También es apropiado en tanto que, pese a las mejoras graduales de la situación de los maoríes en algunos ámbitos de la vida económica y social de la nación, siguen apareciendo disparidades en las estadísticas relativas al nivel educativo, el empleo y los ingresos, la salud, la delincuencia y la dependencia del Estado.

49. También se brinda información sobre las medidas encaminadas a mejorar la situación de las personas de otros grupos étnicos en Nueva Zelandia.

Desarrollo económico y social maorí

50.La resolución de las reclamaciones formuladas en virtud de la Ley del Tratado de Waitangi de 1975 siguieron siendo un objeto importante de las políticas públicas relacionadas con los maoríes. Esta cuestión se describe en otras secciones del presente informe, al igual que la política de diversificación de los servicios prestados a los maoríes. El desarrollo económico es fundamental para el progreso social y cultural de la población maorí. La filosofía en que se han basado en general las políticas económicas y sociales del Gobierno durante el período que se examina hace hincapié en la importancia de estimular la autosuficiencia. En relación con su política orientada a los maoríes, aprovechar y mejorar la base de recursos económicos de esta comunidad mediante la resolución de las reclamaciones presentadas en virtud del Tratado fue una parte importante de ese objetivo.

La Ley sobre la gestión de los recursos, de 1991

51.La Ley sobre la gestión de los recursos, de 1991, es el principal texto legislativo que regula la ordenación del medio ambiente de Nueva Zelandia. En el último informe se presentaba una descripción completa de esa Ley. Como se señalaba allí, la Ley tiene una particular importancia para los maoríes debido a sus cláusulas en las que se reconocen conceptos de cultura, tradición y derechos indígenas, y a su requisito de que en las decisiones sobre el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y físicos se tengan en cuenta los principios del Tratado de Waitangi. El requisito de consultar con los maoríes en materia de gestión del medio ambiente y de los recursos ha ganado aceptación entre los no maoríes, aunque existe cierta inquietud acerca de los costos adicionales que ello supone. Una enmienda de la Ley, efectuada en el período a que se refiere el informe y que era muy pertinente para los intereses maoríes, fue

la modificación de la definición de kaitiakitanga (ejercicio de custodia) para aclarar que se trata de la custodia ejercida por el tangata whenua de una zona.

52. En el período examinado continuó el interés de los maoríes por la planificación y gestión del medio ambiente. En dicho período las inquietudes de esa comunidad también se reflejaron en reclamaciones presentadas ante el Tribunal Waitangi y en actuaciones en el Tribunal sobre el medio ambiente. Las reclamaciones al amparo del Tratado de Waitangi relativas a la aplicación de la Ley sobre la gestión de los recursos se centraban en las escasas oportunidades de los maoríes para participar de forma significativa en la ordenación de los recursos hídricos. El Tribunal recomendó considerables cambios en la Ley y en la forma en que los maoríes habían de participar en la ordenación de los recursos hídricos. La Corona empezó a abordar esas inquietudes tanto mediante la resolución de reclamaciones presentadas en virtud del Tratado como por conducto del programa de trabajo del Ministerio del Medio Ambiente.

53. Tanto el Ministerio del Medio Ambiente como el Departamento de Conservación cuentan con programas para promover los intereses maoríes. El Ministerio del Medio Ambiente, que tiene la responsabilidad de supervisar la aplicación de la Ley sobre la gestión de los recursos, llevó a cabo estudios de su aplicación, ofreció asesoramiento y proporcionó financiación a grupos maoríes para iniciativas de gestión del medio ambiente. En 1998 se publicó un informe sobre las interacciones del gobierno local y las organizaciones maoríes, titulado " He Tohu Whakamarama " (anexo 1) * , que se basaba en un estudio de dicha interacción al aplicar los procesos de la Ley. En el estudio se pusieron de relieve varios problemas relacionados con la aplicación de la Ley, como la capacidad de las iwi para participar en los procesos correspondientes, la capacidad de las autoridades locales para cumplir sus obligaciones respecto de los maoríes y la falta de claridad con respecto al significado de determinadas disposiciones de la Ley. El Ministerio del Medio Ambiente puso en marcha entonces un programa para incrementar la capacidad de los maoríes para participar más en la gestión del medio ambiente, que incluía la financiación de varios proyectos. En el marco de uno de ellos se elaboró un plan de ordenación ambiental de Ngati Porou (una iwi de la costa oriental de la Isla Norte). En otro se produjeron un folleto, un vídeo y un curso de capacitación para presentar y explicar la Ley sobre la gestión de los recursos a los maoríes.

54. Un proyecto de enmienda de la Ley sobre la gestión de los recursos presentado al Parlamento en julio de 1999 provocó cierta preocupación entre los maoríes, en particular con respecto a los cambios propuestos de las definiciones de "medio ambiente" y de ciertos procesos. En el proyecto de ley también se proponen enmiendas para facilitar la transferencia de funciones de gestión a las organizaciones maoríes y aumentar el grado de importancia concedida a los planes de gestión de las iwi . El proyecto de ley se ha tramitado en la comisión correspondiente y está a la espera de su examen por el pleno del Parlamento.

Ley de 1992 sobre las reivindicaciones pesqueras en virtud del Tratado de Waitangi

55. Después de la resolución general de las reivindicaciones pesqueras maoríes frente a la Corona en 1992 y la aprobación de la Ley de 1992 sobre las reivindicaciones pesqueras en virtud del Tratado de Waitangi, los maoríes se han convertido en los principales agentes de la industria pesquera comercial de Nueva Zelandia y controlan bastante más de la mitad de la cuota pesquera comercial.

56. En cumplimiento de la Ley de 1992 sobre las reivindicaciones pesqueras en virtud del Tratado de Waitangi se estableció la Te Ohu Kai Moana (Comisión de Pesca del Tratado de Waitangi, a la que en adelante se hace referencia como la Comisión), en sustitución de la Comisión de Pesca Maorí. Su función

es la de mantener, administrar y desarrollar los bienes de pesca comercial asignados a los maoríes por la Corona en la resolución. También debe disponer la distribución de esos bienes y rendir cuentas de ello a los maoríes. Su establecimiento constituyó una fase importante del reconocimiento oficial de los derechos pesqueros de los maoríes por la Corona, y proporcionó a los maoríes acceso permanente a las pesquerías comerciales de Nueva Zelandia. Entre la fecha de la resolución, en 1992, y el final del período examinado, la base de recursos aumentó de alrededor de 180 millones a aproximadamente 650 millones de dólares neozelandeses. En ese momento la Comisión administraba más del 30% del total de la cuota pesquera comercial de Nueva Zelandia, y ello la convertía en el principal participante en la industria pesquera neozelandesa.

57. La tarea principal de la Comisión en virtud de la Ley es ayudar a los maoríes a participar en "el negocio y la actividad pesqueros" y en su desarrollo. Ha establecido una estrategia de capacitación y desarrollo por valor de 5 millones de dólares neozelandeses con el propósito de dar a los maoríes los conocimientos técnicos necesarios para explotar sus recursos pesqueros. La estrategia comprende un programa de becas para seguir cursos tanto en el país como en el extranjero y un curso de gestión basado en la iwi , cuyo objeto es proporcionar a los maoríes las técnicas de gestión empresarial necesarias para alcanzar el máximo nivel de competencia en el funcionamiento de las actividades pesqueras.

58. En su papel de administrador provisional, en nombre de los maoríes, de los recursos comerciales derivados de la resolución de la reclamación, la Comisión aplica un proceso de arriendo anual para conceder cupos a las iwi. Se ha aplicado un plan de arriendo con tasas rebajadas para ayudar a los maoríes a participar en actividades pesqueras o en su desarrollo.

59. Se ha llevado adelante la tarea de la Comisión consistente en establecer un método para asignar a los maoríes los bienes que administra, de conformidad con las disposiciones de la Ley y de la resolución. De forma general, esos bienes se dividen en los que son anteriores a la resolución (anteriores a 1992) y los posteriores a ella (adquiridos como consecuencia de la resolución y la compra de la empresa Sealord). En el período examinado la Comisión, conjuntamente con las iwi , se ha dedicado a establecer un plan para la asignación de los bienes anteriores a la resolución. El proceso de adopción de decisiones requerido antes de que pueda comenzar la asignación es complejo, ya que supone la aprobación tanto de las iwi como del Ministerio encargado de la pesca, que debe estar convencido de que la asignación es acorde con la Ley y con las condiciones de la resolución. Un plan para la distribución de los bienes posteriores a la resolución seguirá a la formulación del modelo de asignación de los bienes anteriores a la resolución, y se plasmará en un nuevo proyecto de Ley sobre pesca maorí que elaborará la Comisión en consulta con las iwi .

60. Durante el período a que se refiere el informe, el proceso se ha visto demorado por contenciosos relativos a cuestiones de asignación y a la función de la Comisión. Un problema importante ha sido una cuestión de interpretación, a saber, si los maoríes que no viven en su zona tribal y/o no han mantenido sus vínculos iwi (tribales) pueden acceder a las ventajas de la resolución. Esos contenciosos todavía continúan.

61. En otra demanda, la Comisión inició en 1996 un procedimiento contra el Ministro de Pesca ante el Tribunal Superior en relación con la gestión de la pesquería de ostras del estrecho de Foveaux. Se afirmaba que al levantar la veda en esa zona pesquera sin tener en cuenta la participación de los maoríes en ella, el Ministro había vulnerado las condiciones de resolución. Por último este caso se resolvió sin recurrir a los tribunales en febrero de 1997. Se acordó que a partir del 1º de junio de 1997, la pesquería se

administraría sobre la base de cupos personales transferibles; y que a partir del 1º de junio de 1998 la pesquería sería administrada con arreglo al sistema de cupos y que un 20% de los cupos se asignarían a los maoríes.

62. Al mismo tiempo que resolvía la cuestión de fondo, la Corona reafirmó su compromiso con las condiciones de resolución y con la política de introducir todas las especies en el sistema de cupos en el plazo más breve posible. El 1º de octubre de 1998 se introdujeron nueve especies nuevas en el sistema. Se asignó a la Comisión el 20% del total de las capturas comerciales permitidas de todas esas especies, y se le asignará el mismo porcentaje de cualesquiera otras nuevas especies que se introduzcan en el sistema. Se ha puesto en marcha a nivel local una iniciativa, en la que participan los intereses comerciales y los intereses consuetudinarios maoríes, para administrar la pesquería de anguilas de la Isla Sur, con objeto de facilitar la introducción de esta especie en el sistema de cupos.

Ley de pesca de 1996

63. La Ley de pesca de 1996 reconoce al tangata whenua como uno de los grupos de interesados fundamentales en la pesca de Nueva Zelandia, y contempla sus aportaciones y su participación en los procesos de adopción de decisiones sobre la explotación de las pesquerías. La aplicación de las disposiciones de la Ley deben ser perfectamente acordes con las disposiciones de la Ley de 1992 sobre las reivindicaciones pesqueras en virtud del Tratado de Waitangi. El proceso anual de determinación de medidas sostenibles incluye amplias consultas en todo el país, en las que participa el tangata whenua .

64. La Ley permite el desarrollo de taiapure (pesquerías locales). Su propósito es definir mejor la rangatiratanga (autoridad de los jefes) en relación con las zonas de las aguas pesqueras de Nueva Zelandia que tradicionalmente han tenido una importancia especial para las iwi o las haipu o bien como fuente de alimentos o bien por motivos espirituales o culturales. El Ministro designa comités de taiapure para administrar la pesquería, que pueden hacer recomendaciones al Ministro sobre las reglamentaciones que habrá que aplicar para explotar la zona de conformidad con el propósito del taiapure .

65. En virtud de lo dispuesto en la Ley, pueden establecerse normas que reconozcan y contemplen la recolección tradicional de alimentos por los maoríes. Se han establecido normas que reconocen y contemplan la relación especial entre el tangata whenua y los lugares de importancia para la recolección tradicional de alimentos (en la medida en que esa recolección no se haga para fines comerciales ni con fines de lucro o de intercambio). En la Isla Sur, la resolución de la reclamación de Ngai Tahu (véanse los párrs. 25 y 71) permitió la introducción inmediata de normas elaboradas en virtud de la Ley de 1996. El Reglamento sobre pesca (pesca tradicional en la Isla Sur) de 1999 y el Reglamento sobre pesca (pesca tradicional Kaimoana ) de 1998 prevén que todos los tangata whenua instauren regímenes de autogestión para la pesca tradicional en las aguas de Nueva Zelandia. Con arreglo a esas normas, los tangata whenua pueden designar kaitiaki (guardianes) para administrar la autorización de la pesca tradicional en la zona que se halla bajo su jurisdicción. También pueden designar mataitai (reservas) en las que no podrá haber actividades de pesca comercial y en las que el kaitiaki se encargará de administrar la zona de manera sostenible y acorde con las costumbres locales.

66. Otra disposición de la Ley es que el Ministro podrá adoptar medidas provisionales, como el cierre de una zona, o la restricción o prohibición de un método de pesca en una zona, por motivos que pueden incluir permitir la explotación y las prácticas de ordenación del tangata whenua en el ejercicio de sus derechos de pesca no comercial.

La Ley Te Ture Whenua Maori de 1993 (Ley sobre las tierras maoríes de 1993)

67. La Ley de 1993 se describía en el último informe de Nueva Zelandia. Esa Ley se basa en el Tratado de Waitangi y reconoce que la tierra maorí es un taonga tuku iho (patrimonio) de significado especial para el pueblo maorí. Por consiguiente, el principio fundamental de la Ley es asegurar que los propietarios de tierras maoríes, y sus hapu y whanau (familias) conserven la tierra de forma que pueda ser legada a las generaciones futuras. Otros principios en que se basa la Ley comprenden la facilitación de la ocupación, el aprovechamiento y la explotación de las tierras maoríes en beneficio de sus propietarios (y de sus whanau y hapu ), el mantenimiento de un Tribunal de la Tierra Maorí y el establecimiento de mecanismos para ayudar al pueblo maorí a aplicar los principios de la Ley.

68. El Tribunal de la Tierra Maorí debe actuar de la forma que mejor promueva esos principios. En la práctica, ello significa que el Tribunal ha tenido que equilibrar el principio de conservación con los principios de ocupación, aprovechamiento y explotación. Los tribunales han reafirmado que el principio supremo es el de la conservación. Ello ha creado a menudo ciertas tensiones entre los propietarios que desean explotar la tierra pero que al hacerlo crean un riesgo de que ésta se pierda. Por tanto, si bien muchos maoríes están satisfechos con las disposiciones de la Ley en materia de conservación, y las utilizan, muchos otros maoríes se sienten frustrados en sus intentos de aprovechar, ocupar y explotar la tierra.

69. En este contexto, en mayo de 1998 se anunció una revisión de la Ley. Su objetivo principal era determinar la forma de hacer que la Ley fuera más útil y eficaz, y en particular que hiciera más fácil conservar, ocupar, aprovechar y explotar las tierras maoríes. El mandato requería una evaluación de los resultados que había obtenido la Ley en cuanto a promover los principios y, por tanto, el estudio de soluciones que permitieran que los principios de explotación/aprovechamiento y conservación coexistieran y se complementaran. Las consultas supusieron la participación de maoríes de toda Nueva Zelandia y extensas aportaciones de ese grupo de población.

70. En octubre de 1999 se presentó al Parlamento un proyecto de enmienda de la Ley y se fijó como fecha límite para la presentación de propuestas el mes de abril del año siguiente. Las enmiendas propuestas abordan muchas cuestiones de peso que se plantearon en el proceso consultivo; algunas de ellas son las relativas a simplificar y aclarar unas normas y procedimientos complejos, particularmente los que se refieren a la enajenación de tierras maoríes, permitir que el Tribunal de la Tierra Maorí ordene un acceso razonable a las tierras sin litoral sin que se necesite el consentimiento de los propietarios adyacentes, y definir mejor las disposiciones que establecen la forma en que los grupos maoríes deben estar representados en las actuaciones. No obstante, el principio rector subyacente a las enmiendas es que donde mayor sea el peligro de pérdida de tierras maoríes más importancia tendrá la función de supervisión del Tribunal. Por ejemplo, cuando exista una propuesta de venta o enajenación de tierras (que signifique la pérdida total de la tierra), la propuesta deberá ser confirmada por el Tribunal.

Ley de resolución de Ngai Tahu, de 1998

71. Después de seis años de negociación sobre el informe de 1991 del Tribunal Waitangi sobre la cuestión, la reclamación de Ngai Tahu se resolvió con la promulgación de la Ley de resolución de Ngai Tahu, de 1998. Como se ha señalado en otra parte del presente informe, la Ley estableció importantes precedentes legislativos con respecto al reconocimiento de las aspiraciones económicas, culturales y espirituales de los maoríes. El conjunto de medidas reconocía la posesión tradicional de pounamu (piedra verde) por los Ngai Tahu. Restablecía el acceso de los Ngai Tahu a los mahinga kai (lugares tradicionales de recolección de alimentos) y protegía los vínculos históricos, culturales y espirituales de los Ngai Tahu

con lugares y parajes específicos de todo su rohe (distrito). Las nuevas medidas comprendían el reconocimiento oficial de la asociación especial de los Ngai Tahu con un lugar, zonas topunui (particularmente sagradas) que crean la obligación de consultar con los Ngai Tahu sobre las actividades que pueden realizarse en ellas, nohoanga (permisos de acampada) para los lugares de pesca tradicional, y la transferencia de propiedad de ciertas islas, lagos y reservas. La Ley Ngai Tahu (de concesión de pounamu), de 1998, que transfería a los Ngai Tahu los derechos sobre la pounamu de propiedad de la Corona que se encontraba en el rohe , procede de las disposiciones del Acuerdo de Resolución de Ngai Tahu.

Silvicultura comercial maorí

72. Se han iniciado proyectos financiados por el Gobierno que, si bien no contemplan de forma explícita y exclusiva a los maoríes, encierran el potencial de beneficiar la economía y el empleo de los propietarios de tierras maoríes. En el marco del proyecto forestal de la costa oriental, que promueve la silvicultura comercial para luchar contra la erosión del suelo de la región, se sembraron 25.854 hectáreas hasta el año 2000. Las tierras maoríes de propiedad múltiple representaron el 33% de la zona aprobada, y una empresa basada en una iwi obtuvo financiación del Gobierno para el 70% de las propuestas en el marco del proyecto. El Gobierno también estudió en 1997 el futuro de 52.000 hectáreas de bosques comerciales plantados por la Corona en los decenios de 1960 y 1970 en tierras arrendadas a propietarios maoríes y aceptó negociar la venta o la transferencia de los bosques a los maoríes sobre una base comercial. A fines de 1999, los intereses de la Corona en dos de esos arriendos se habían vendido a arrendatarios maoríes, y el plazo de otro arriendo se había reducido a una rotación de cultivos, con restitución al control maorí de la tierra replantada.

Empleo

73.El censo de población de 1996 indicó que la tasa de desempleo de los neozelandeses de origen europeo era del 5,2% y que la tasa de desempleo general era del 7,7%. Según los datos del censo, las tasas de desempleo más elevadas eran las de las comunidades asiática y del Oriente Medio.

74. La encuesta por hogares sobre la fuerza de trabajo correspondiente al trimestre de septiembre de 1995 indicó que el 15,2% de la mano de obra maorí y el 14,1% de la mano de obra de la población de las Islas del Pacífico en Nueva Zelandia estaba desempleada, en comparación con un 5,9% de la mano de obra total. En el trimestre de septiembre de 1999, la tasa de desempleo entre los maoríes era del 14,8%, y la correspondiente a los pueblos del Pacífico era del 15%, mientras que la tasa general de desempleo era del 6,6%.

75. Las cifras señaladas representan una imagen tomada en un momento preciso. En el caso de la población maorí y del Pacífico son mejores que en el momento en que se presentó el último informe de Nueva Zelandia, ya que se referían a un período de reestructuración económica. Sin embargo, por diversos motivos, las personas de origen étnico no europeo tal vez sigan estando desfavorecidas en el campo del empleo, al igual que algunos grupos de inmigrantes más recientes de procedencias no tradicionales. En el caso de estos últimos, por ejemplo, puede haber problemas para conseguir que se reconozcan la competencia profesional y las cualificaciones de otros países. Algunos, particularmente los que se dedican a trabajos no especializados, pueden encontrarse con condiciones laborales poco satisfactorias. A algunos tal vez les resulte difícil obtener información acerca de los impuestos, las prestaciones y cuestiones conexas.

76. Hasta fines de 1998 la asistencia se seguía orientando a los grupos prioritarios por conducto del Departamento de Trabajo. En el marco del Departamento, el Servicio de Empleo de Nueva Zelandia mantenía contactos con los desempleados de larga data, la población maorí y del Pacífico, los nuevos inmigrantes, los jóvenes y las mujeres que buscaban trabajo; al mismo tiempo, su Grupo para el Empleo Comunitario trabajaba con las comunidades del Pacífico, los maoríes, las mujeres y las comunidades rurales y urbanas aisladas. Esas funciones, junto con la coordinación del apoyo a los ingresos y al empleo local, se integraron en un nuevo Departamento de Trabajo e Ingresos a fines de 1998. La función básica del Departamento es ayudar a las personas a encontrar empleo y/o recibir capacitación, y pagar pensiones y prestaciones de seguridad social.

77. En sus observaciones finales sobre el último informe de Nueva Zelandia, el Comité tomó nota (párr. 10) del informe oral de Nueva Zelandia sobre el establecimiento en 1994 del Grupo especial sobre el empleo, dependiente del Primer Ministro. El Grupo especial tiene la tarea de determinar los problemas relativos al empleo y emprender un proceso de consulta general en todo el país con propuestas para la acción.

78. En junio de 1995, el Grupo Multipartidista (integrado por tres partidos políticos, a saber, el Partido Nacional, el Partido Laborista y el Partido de la Alianza) respondieron al Grupo especial con un memorando de entendimiento sobre el camino que había que seguir. La respuesta final del Gobierno a esos informes, contenida en un documento titulado "Focus on Employment", aplicaba varias iniciativas nuevas para mejorar las oportunidades de empleo de todos los neozelandeses, particularmente los más desfavorecidos en el mercado de trabajo. Los elementos fundamentales eran los que tenían por objetivo proporcionar ayuda personalizada intensa a las personas de entre 16 y 20 años de edad que hubieran estado desempleadas durante 13 semanas o más como parte de una estrategia para lograr que todos los miembros de este grupo se integraran en la educación, la capacitación profesional o el trabajo; y los encaminados a ayudar a todos quienes hubieran estado desempleados durante dos o más años a encontrar trabajo mediante el programa de acción para el empleo. Otras medidas incluían cambios importantes del sistema de reducción de prestaciones a fin de mejorar considerablemente los incentivos para quienes recibían beneficios especiales y deseaban un empleo a tiempo parcial; y una mejor coordinación de la asistencia para el empleo a nivel local.

79. Los programas tenían también el objetivo de asegurar que la política de empleo en su conjunto atendiera las necesidades de las poblaciones maorí y del Pacífico. Se estableció una estrategia para el mercado laboral maorí que combinaba programas especiales orientados particularmente a los maoríes con las propuestas generales, lo que produciría una estrategia global para abordar el problema de la desventaja de los maoríes en el mercado de trabajo. Análogamente, Vaka Oku , la estrategia sobre el mercado laboral para las Islas del Pacífico, tenía el propósito de abordar de forma global la desventaja sufrida por la comunidad de las Islas del Pacífico en el mercado de trabajo mediante una serie de iniciativas de empleo y educación.

80. A continuación figuran algunos ejemplos de programas en el marco de la estrategia sobre el mercado laboral maorí:

- Un programa de acción para el empleo que entrañaba la subcontratación de algunos cursos de capacitación a proveedores maoríes a fin de mejorar el contenido y la presentación del programa a maoríes que hubieran estado buscando empleo durante mucho tiempo;

-Un programa para jóvenes maoríes orientado a personas de entre 16 y 24 años que buscan empleo, en el cual se hace hincapié en los aspectos de la autoestima, la capacidad de autoadministración, los hábitos de trabajo y la capacidad de evaluar opciones profesionales y de capacitación apropiadas antes de ser remitido a nuevas actividades. (En la evaluación de un programa experimental se determinó el éxito de esta iniciativa y el programa siguió adelante);

- Un programa experimental destinado a ofrecer a las comunidades maoríes acceso a las subvenciones al salario denominadas "Job Plus", para trabajo temporal de grupos maoríes en relación con proyectos que entrañan el desarrollo económico o de otro tipo de recursos de propiedad maorí;

- Programas para mujeres, como Wahine Pakari (mujeres fuertes), un programa de capacitación en técnicas empresariales para mujeres maoríes encaminado a mejorar sus oportunidades y perspectivas de empleo incrementando su participación en el empleo autónomo, los negocios, otros tipos de empleo o la educación y la capacitación, y Wahine Ahuru (punto de inflexión), diseñado especialmente para mujeres maoríes que se reintegraran al mercado de trabajo; y

- Tane Atawhai , un seminario diseñado para ayudar a hombres maoríes que hubieran permanecido fuera de la fuerza de trabajo durante algún tiempo.

81. Entre las iniciativas de la estrategia sobre el mercado laboral para la población de las Islas del Pacífico figuraba el nombramiento en 1996 de un Coordinador para el empleo de la población de las Islas del Pacífico, con sede en la zona de Nueva Zelandia que tiene la mayor población de esta comunidad (Auckland meridional). La tarea del Coordinador es mejorar la coordinación y la capacidad de respuesta de los programas y servicios del Servicio de Empleo para los miembros de la comunidad de las Islas del Pacífico que buscan empleo. En Auckland meridional el Coordinador recibe asistencia de un grupo de coordinación para el empleo local. Otra iniciativa era la denominada Tama Tane , consistente en un seminario de información sobre el empleo, de cinco días de duración, diseñado para ayudar a los hombres de la comunidad de las Islas del Pacífico mayores de 35 años, un grupo que presenta desventajas desde el punto de vista de las cualificaciones y del idioma, para que pudieran reintegrarse a la fuerza de trabajo. El Gobierno también presta asistencia a posibles suministradores de empleo de las Islas del Pacífico para que puedan cumplir los criterios de licitación exigidos para obtener contratos con el Servicio de Empleo de Nueva Zelandia. El Gobierno se ha hecho cargo de la financiación de Anau Ako Pasifika , un programa de apoyo a los padres con el que se han obtenido muy buenos resultados.

82. Para hacer frente a algunos de los problemas mencionados en el párrafo 75 supra, en 1996 el Servicio de Empleo sufragó los gastos de la capacitación en inglés como segundo u otro idioma para 500 personas desempleadas de larga data. Este programa tenía el propósito de ayudar a los inmigrantes recientes, generalmente de procedencias no tradicionales, que tenían un buen nivel de cualificaciones y experiencia pero cuyos escasos conocimientos de inglés limitaban gravemente sus perspectivas de empleo.

Educación

83. La eliminación de diferencias de nivel educacional entre los grupos que constituyen la comunidad neozelandesa es fundamental para eliminar las disparidades sociales y económicas basadas en las características raciales y para que las personas puedan decidir su propio futuro. La desigualdad del nivel alcanzado por los maoríes y los no maoríes sigue siendo motivo de preocupación, ya que es a la vez consecuencia y causa de un complejo ciclo de desventaja. Los desafíos son considerables y no todas las respuestas están en el sistema educativo.

84. En los últimos años, sucesivos gobiernos de Nueva Zelandia han abordado aspectos problemáticos en todos los sectores de la educación a la luz de sus respectivas políticas, incluidas las que señaló el Comité en sus observaciones finales (párr. 8) sobre el último informe.

85. Las estadísticas continúan poniendo de manifiesto una diferencia en cuanto a participación y nivel educativo entre maoríes y no maoríes en la enseñanza preescolar, los niveles de enseñanza obligatoria y los sectores terciarios. Los maoríes están insuficientemente representados (per cápita) en la población de la enseñanza preescolar y en el porcentaje de niños que permanecen en la escuela después de los 16 años de edad. También tienen menos probabilidades de tomar los exámenes escolares que los no maoríes. A nivel terciario, el porcentaje de estudiantes maoríes ha aumentado del 11,9% en 1997 al 13,4% en 1999. Sin embargo, los maoríes están excesivamente representados en los cursos de primer nivel (por ejemplo las diplomaturas) y en las estadísticas de abandono: sólo el 58% de los estudiantes maoríes que iniciaron estudios terciarios en 1999 permanecieron en la misma institución terciaria, en comparación con el 75% de los estudiantes no maoríes.

86. Para mejorar el nivel educacional de la población maorí es fundamental un enfoque estratégico del Gobierno sobre la educación de este grupo. En 1997, el Gobierno instruyó al Ministerio de Educación y a Te Puni Kokiri (Ministerio de Desarrollo Maorí) que consultaran con los maoríes y prepararan una estrategia educativa para este grupo, con los objetivos de hacer las disposiciones educativas existentes más eficaces para los maoríes, hacer que el sistema respondiera mejor al estilo de aprendizaje de los maoríes, y hacer participar más a los padres maoríes en la educación de sus hijos. En 1998 se publicó un informe sobre esas consultas públicas, titulado "Making Education Work for Maori" (anexo 2) * , que llevó a una reestructuración de las políticas encaminadas a lograr los objetivos señalados. Al final del período de examen, el Gobierno recién elegido planteó un nuevo cambio de dirección estratégica, basado en los tres principios consistentes en intensificar la autoridad de las iwi, hapu, whanau y las comunidades maoríes en la educación; mejorar la capacidad de respuesta del sistema educativo a las necesidades de los maoríes; y apoyar la demanda de educación en idioma maorí . Este último aspecto incluye a los dos anteriores sin limitar la participación de los maoríes en la educación general que se imparte en inglés.

87. La participación de la comunidad en la adopción de decisiones es un componente decisivo de las estrategias del Gobierno para la educación de la comunidad maorí y desempeña un papel fundamental en la futura educación de los jóvenes maoríes. Unas mejores relaciones en el hogar, la escuela y la comunidad contribuirán a mejorar los resultados y los logros de los maoríes a todos los niveles. Una importante iniciativa a este respecto fue la que se puso en marcha en 1999 con la planificación del proyecto Whakaaro Matauranga. Un elemento de este proyecto debía ser una estrategia de información orientada a las iwi, hapu y whanau con el fin de crear conciencia en las comunidades acerca del sistema educativo y de la forma en que puede accederse a él en beneficio de los niños. El segundo elemento entrañará la designación de un equipo de enlace que actúe como canal de información entre el Ministerio de Educación y los proveedores de servicios educativos y la comunidad a fin de incrementar la participación y los logros de los maoríes.

88. La planificación efectuada en el período de cambio de Gobierno también sirvió para poner en marcha el diseño de otros proyectos para ayudar a la comunidad, como la elaboración de las directrices tituladas "Mejores relaciones para un mejor aprendizaje", cuyo propósito era facilitar un mayor nivel de participación y consulta entre las escuelas y las comunidades maoríes; y los programas de "trabajadores sociales en las escuelas", que apoyan tanto a las familias como a las escuelas de la comunidad. Entre los proyectos previstos orientados a las whanau figuraban el titulado "Fortalecimiento de las familias", dedicado a mejorar la coordinación entre los organismos dedicados a la salud, la educación y los servicios sociales, y el denominado "Los padres son los primeros maestros", un proyecto de educación en la primera infancia que entraña visitas a los hogares para ayudar a los padres a desarrollar el aprendizaje de sus hijos de entre 0 y 3 años de edad.

89. La participación a nivel de las iwi y de toda la comunidad maorí también fue una prioridad del nuevo Gobierno a fines de 1999. Se hallaban en fase de planificación "asociaciones iwi" de carácter oficial entre el Ministerio de Educación y grupos tribales y de toda la comunidad maorí, a fin de permitir que esa comunidad influyera más directamente a la hora de impartir educación y mejorara el rendimiento escolar y los resultados educacionales de los maoríes. Se reconoció, por ejemplo, que pese a los intentos de enseñar el idioma maorí en las escuelas es poco probable que te reo Maori (idioma maorí) prospere a menos que se hable en la comunidad. Al final del período examinado, el Ministerio y las iwi colaboraban para apoyar la enseñanza y el aprendizaje del idioma maorí a nivel de la comunidad.

90. El Marco Nacional de Planes de Estudios, esbozado en el último informe, amplió también su dimensión relacionada con los maoríes. El Marco fija objetivos de resultados para los estudiantes de distintos niveles y se aplica tanto a los estudiantes maoríes como a los no maoríes, así como a los estudiantes cuyo aprendizaje se efectúa principalmente en idioma maorí. Al final del período a que se refiere el informe se habían publicado cinco versiones en idioma maorí de las siete asignaturas esenciales, a saber: te reo Maori (idioma maorí), pangarau (matemáticas), putaiao (ciencias), tikanga - a-iwi (estudios sociales) y hangarau (tecnología); mientras que otras dos, nga toi (las artes) y hauora (salud y bienestar físico, en la que se reconoce la filosofía maorí sobre la salud) debían formularse poco después a partir de un paradigma maorí, a diferencia de algunas de las anteriores, que habían consistido básicamente en una traducción del plan de estudios en idioma inglés .

91. Aumentar el acceso a los recursos es fundamental para mejorar los resultados de todos los estudiantes, y éste es el objetivo al que está dedicado el Gobierno. En el período a que se refiere el informe, las escuelas de las comunidades que presentaban mayores desventajas socioeconómicas tenían niveles más elevados de gastos en recursos de aprendizaje y enseñanza per cápita que otras escuelas. A nivel terciario, los estudiantes de tiempo completo que siguen cursos de 12 semanas o más y proceden de familias de bajos ingresos pueden recibir asistencia en forma de subvenciones para estudios. En 1999, 6.400 (3%) estudiantes maoríes recibieron esta ayuda; 21.866 estudiantes maoríes (58,2%) también se beneficiaron de un plan de becas para estudiantes terciarios que abarca los gastos de matrícula y la manutención. Como parte de su esfuerzo por aumentar el progreso de los maoríes hacia la educación superior, el Gobierno supervisa las tendencias que presentan los maoríes en la educación terciaria y alienta a las instituciones terciarias a informar por separado de sus resultados anuales con respecto a la participación y los logros de los maoríes.

92. Por su parte, el Ministerio de Educación proporciona recursos para apoyar la investigación sobre los factores asociados con el rendimiento educacional de los maoríes. Reconoce asimismo que tanto los educadores como los encargados de la formulación de políticas deben estar preparados para reconocer y comprender las perspectivas biculturales y multiculturales en la labor que realizan y en la comunidad en general. Con respecto a los educadores, el Ministerio asigna prioridad a la promoción profesional y al aumento de la oferta de educadores de calidad que conozcan bien te reo Maori , al aumento de la variedad de materiales educativos en idioma maorí y a la calidad de los programas de capacitación. En octubre de 1998, el Gobierno hizo público el documento titulado "Educación interactiva: una estrategia de tecnologías de la información y la comunicación para las escuelas". Un resultado de ese informe fue la adopción durante el período examinado de una política para generar recursos de enseñanza en línea y el inicio de su aplicación . Con respecto a los encargados de la formulación de políticas, se ofrecen posibilidades de promoción profesional para los funcionarios del campo de la educación de todos los niveles y en todas las subdivisiones del Ministerio de Educación, para asegurar que se comprendan y respeten las perspectivas biculturales. La promoción del aprendizaje de te reo Maori entre los funcionarios, el apoyo a los funcionarios maoríes para que mejoren su nivel y el requisito de que los administradores de políticas consulten con el Grupo Maorí durante la formulación de políticas son algunas de las medidas aplicadas.

93. El apoyo de la demanda de educación en idioma maorí, que es el tercero de los principios esbozados en el párrafo 86 supra, se basa en la convicción de los maoríes de que la revitalización de su idioma es decisiva para elevar el rendimiento educativo de los niños de esa comunidad. El Gobierno ha seguido apoyando a los maoríes a este respecto. A nivel preescolar, sólo el 42,8% de los niños maoríes reciben algún tipo de educación para la primera infancia. De ellos, más del 36% asisten a kohanga reo (escuelas de inmersión en idioma maorí), lo que convierte a esa clase de escuelas en las más populares para los niños maoríes de entre uno y cuatro años de edad. Los maoríes representaban el 20% de la población estudiantil en los niveles de escolarización obligatoria (144.738 de un total de 727.396 estudiantes) en 1999. Aproximadamente 28.000 de esos estudiantes maoríes participan en alguna forma de educación basada en la inmersión en idioma maorí, y alrededor de 10.000 de ellos lo hacen en condiciones de inmersión completa. También aumentó el interés por los wananga , o establecimientos de educación terciaria en idioma maorí. Tres de ellos funcionaban como instituciones terciarias en toda regla y el número de estudiantes maoríes había aumentado desde unos 550 en 1997 a casi 2.600 a fines del período a que se refiere el informe. En total, aproximadamente un 20% de los estudiantes maoríes participaban en la educación en idioma maorí en uno u otro nivel. Para fortalecer las iniciativas en idioma maorí, se proporcionaron nuevos fondos o se incrementaron los existentes para recursos en idioma maorí, así como para kohanga reo y kura kaupapa Maori (escuelas en idioma maorí), para 0programas de inmersión en idioma maorí de nivel superior y para la formación profesional en el empleo en idioma maorí para maestros.

Educación para la población de las Islas del Pacífico

94.Los obstáculos que existen para los maoríes en cuanto a alcanzar un nivel apropiado en el sistema educativo han afectado igualmente a muchas personas de las Islas del Pacífico. Los miembros de esas comunidades, de los cuales casi la mitad tienen menos de 20 años de edad y dos tercios viven en la zona de Auckland, son parte integrante de la población total y de la población escolar del país. Entre 1991 y 1996, según los censos de esos dos años, aumentó con rapidez el número de niños de las Islas del Pacífico a los que se impartía educación preescolar. En los niveles de escuela primaria y secundaria, la matrícula correspondía desde el punto de vista demográfico a la de otros grupos étnicos. Sin embargo, el rendimiento de los estudiantes de las Islas del Pacífico a nivel de la escuela superior es significativamente inferior al de otros estudiantes y a menudo los estudiantes de las Islas del Pacífico abandonan la escuela con cualificaciones inferiores a las de otros estudiantes. También ellos pueden superar las barreras sociales y económicas participando plenamente en el sistema educativo y adquiriendo cierto grado de conocimientos técnicos que les capaciten para el empleo, así como cultivando su idioma y su cultura.

95. En 1996, el Ministerio de Educación puso en marcha el Ko e Ako ´a e Kakai Pasifika , un plan para la educación de la población de las Islas del Pacífico desde la primera infancia hasta la enseñanza terciaria, de manera que por primera vez se abordaba globalmente toda la labor relativa a la educación de ese grupo.

En 1998 el Ministerio presentó un informe contrario a la aplicación del plan y en 1999 comenzó su examen para determinar si seguía siendo apropiado para los pueblos del Pacífico. Al igual que sucedió con la educación maorí, el cambio de Gobierno que se produjo a finales del período examinado supuso una modificación de la orientación estratégica de este examen . Los objetivos y metas del Gobierno con respecto a la educación para los niños del Pacífico tienen el propósito de reducir las disparidades y aumentar el bienestar de los pueblos del Pacífico en el sistema educativo de Nueva Zelandia y de procurar que los niños del Pacífico crezcan con las mismas oportunidades educativas que todos los demás niños neozelandeses. En el próximo período de examen se comunicarán progresos considerables en relación con la educación para los niños del Pacífico.

Otros grupos

96.Entre los alumnos que constituyen un importante grupo que corre el riesgo de no poder aprovechar las oportunidades educacionales disponibles figuran los pertenecientes a comunidades que no tienen como idioma materno el inglés y que tienen una escasa competencia en ese idioma. Desde 1989, el Ministerio de Educación ha venido reuniendo información acerca de los estudiantes de esos grupos a fin de determinar la necesidad de incluir en el sistema educativo programas especiales de idioma inglés para ellos. De los 63.500 estudiantes de esos grupos que había en 1996, más del 75% vivía en Auckland. Alrededor de 14.900 de esos estudiantes, es decir, una cuarta parte del total, no necesitaba ningún apoyo adicional en materia de idioma inglés además del que pudiera proporcionar el maestro ordinario. Ello incluía a 8.400 niños en la escuela primaria.

97. Para atender las necesidades de aprendizaje de inglés de ese grupo de estudiantes, el Ministerio de Educación puede asignar discrecionalmente a las escuelas fondos suplementarios adicionales a la base de financiación ordinaria per cápita. Esos recursos discrecionales se orientan a la enseñanza del inglés como segundo u otro idioma para estudiantes que tienen más necesidades de aprendizaje en cuanto a instrucción en inglés oral básico o a lectura y escritura. En los próximos años se aplicarán progresivamente incrementos de la financiación, acompañados por varios cambios normativos, a fin de asegurar una orientación más precisa de las actividades. También se dispone de otros recursos para estudiantes con necesidades especiales, algunos de los cuales son utilizados por las escuelas para ayudar a los estudiantes que no tienen el inglés como idioma materno. Los maestros de esos estudiantes también tienen acceso a los recursos de Learning Media, el Centro de Recursos Educativos para las Islas del Pacífico y el Centro de Recursos Educativos Multicultural de Wellington. Nuevos coordinadores en materia de inmigración y multiculturalismo asignados a cada una de las escuelas normales (institutos de capacitación de maestros) colaboran con los maestros y los grupos comunitarios.

98. Los efectos de todas las iniciativas son supervisados atentamente por el Ministerio de Educación a fin de determinar el potencial y el impacto efectivo en los grupos minoritarios. La investigación, la evaluación y el seguimiento estadístico son actividades encaminadas a lograr la eliminación de la discriminación racial.

Idioma

99. En las políticas de Nueva Zelandia están adquiriendo más importancia las cuestiones idiomáticas. Ello es consecuencia del renacimiento del idioma maorí, de los idiomas que los nuevos inmigrantes procedentes de países de habla no inglesa han llevado a la sociedad en los últimos años y del deseo de mantener los idiomas de las comunidades étnicas. Los obstáculos que plantean las dificultades idiomáticas en relación con los resultados académicos se han tratado en los párrafos anteriores, al igual que las medidas adoptadas para atender las dificultades a que se enfrentan los nuevos inmigrantes en la sociedad de Nueva Zelandia, muchos de los cuales obedecen a problemas con el idioma inglés.

100. El Gobierno reconoce que, en virtud del Tratado de Waitangi, la Corona y los maoríes tienen el deber de adoptar todas las medidas razonables para hacer posible la supervivencia del maorí como idioma vivo. Por consiguiente, en 1987 se aprobó la Ley sobre el idioma maorí, que convertía este idioma en idioma oficial de Nueva Zelandia.

101. En virtud de la Ley sobre el idioma maorí de 1987 se estableció un organismo público denominado Te Taura Whiri i te Reo Maori (Comisión de la Lengua Maorí). Te Taura Whiri promueve el idioma maorí y contribuye a su desarrollo y mantenimiento como medio de comunicación vivo y de amplia utilización. Ha insistido muy especialmente en elevar el nivel del idioma maorí. También ha ejercido la función que le corresponde de certificar la homologación de intérpretes y traductores de idioma maorí. Ha continuado su función de elaborar nueva terminología y ha publicado unas 5.500 nuevas palabras, muchas de ellas en campos como la ciencia, las matemáticas y la salud, para satisfacer las necesidades de las escuelas de inmersión en idioma maorí, los organismos del sector público, los deportes, la radio y la televisión y los grupos comunitarios. Te Taura Whiri ha publicado un diccionario maorí, He Kohinga Kiwaha , lo que ha entrañado recoger expresiones idiomáticas y coloquiales maoríes en todo el país, explicarlas y brindar ejemplos de su uso.

102. En el artículo 4 de la Ley sobre el idioma maorí de 1987 se detallan los derechos de cualquier miembro o participante en una corte o tribunal a hacer uso del maorí en las actuaciones jurídicas, independientemente de si puede o no entender el inglés. Tanto el Tribunal Superior como los tribunales de distrito tienen sus propias normas que permiten que los maoríes pidan que los documentos se traduzcan al idioma maorí. El Parlamento de Nueva Zelandia ha dispuesto en su reglamento que cualquier miembro puede intervenir en inglés o en maorí.

103. El Gobierno ha aclarado el propósito de la Ley al declarar el idioma maorí idioma oficial ordenando a todos los departamentos del servicio público que antes de julio de 2000 hayan establecido normas sobre el idioma maorí y que a continuación las vayan aplicando progresivamente. Además, una encuesta sobre el idioma maorí iniciada en 1995 llevó a la formulación de una estrategia nacional sobre el idioma maorí, cuyo propósito es asegurar ante todo que los organismos del sector público, como los relacionados con la educación, la radiodifusión y los servicios del sector público, presten apoyo activo al proceso .

Salud

104.En el último informe de Nueva Zelandia se describían los cambios considerables efectuados en el sector de la salud de Nueva Zelandia. En el período que abarca el presente informe se han producido nuevos cambios importantes. Bajo el Gobierno de coalición constituido después de las elecciones generales de octubre de 1996 se mantuvo la separación entre la entidad encargada de sufragar la atención sanitaria y los proveedores de servicios de salud, pero a partir de julio de 1997 las autoridades sanitarias regionales se combinaron en un único órgano de adquisición, la Autoridad Sanitaria de Transición. Esto se hizo para eliminar las duplicaciones, reducir los costos de transacción y promover un enfoque más coherente. En julio de 1998, la Autoridad de Financiación de los Servicios de Salud sustituyó a la Autoridad Sanitaria Provisional, mientras que las empresas de salud de la Corona se convirtieron en entidades de servicios hospitalarios y de salud, que funcionaban como empresas sin fines de lucro.

105. La plena realización del potencial humano depende de la salud y del acceso a los servicios sanitarios. Al igual que en otros ámbitos de los servicios sociales públicos, una preocupación constante ha sido la de mantener la protección para los grupos más vulnerables de la sociedad. En particular, es probable que los maoríes y los pueblos del Pacífico tengan la impresión de que los sistemas de salud sólo les servirán si se basan en la consulta con la comunidad y las aportaciones de ésta, especialmente en cuestiones de prácticas culturales.

106. Si bien el estado de salud de los maoríes sigue mejorando, todavía es insatisfactorio en relación con la mayor parte del resto de la población. La información estadística sobre la salud de los maoríes que figuraba en los anteriores informes de Nueva Zelandia sigue siendo válida en gran medida. En el período comprendido entre 1995 y 1997, la esperanza de vida al nacer del conjunto de la población de Nueva Zelandia era de 74,3 años para los hombres y 79,6 años para las mujeres. Esto representa avances de 1,4 años para los hombres y de 0,9 años para las mujeres respecto de los niveles comunicados anteriormente para el período 1990-1992. En el caso de los maoríes, en el período 1995-1997 la esperanza de vida al nacer era más de ocho años inferior que en el caso de los no maoríes de uno y otro sexo (67,2 para los hombres maoríes y 71,6 para las mujeres maoríes, en comparación con 75,3 años para los hombres no maoríes y 80,6 años para las mujeres no maoríes). Dado que en septiembre de 1995 se modificó la forma de registrar la información relativa al origen étnico en los formularios de registro de la mortalidad, no es posible determinar si las mejoras en la esperanza de vida para los maoríes han continuado a lo largo del decenio de 1990.

107. La tasa global de mortalidad infantil de Nueva Zelandia es relativamente alta en comparación con otros países del grupo de la OCDE, y un motivo particular de preocupación es la elevada tasa de mortalidad infantil de los maoríes en comparación con los no maoríes. Las tasas de mortalidad infantil del conjunto de la población se redujeron en un 66% en el decenio comprendido entre 1988 y 1997. En 1996 la tasa era de 7,3 muertes por 1.000 nacidos vivos, y desde entonces comenzó a disminuir abruptamente, al 6,7 por 1.000 de 1997 y al 5,7 por 1.000 de 1998. En 1996 la probabilidad de muerte para los niños maoríes era el doble de la del resto de la población, con 11,6 muertes por 1.000 nacidos vivos en comparación con 5,3 por 1.000 para los no maoríes. Sin embargo, los datos correspondientes a 1997 y 1998 ponen de manifiesto reducciones significativas en las tasas de mortalidad infantil de los maoríes, al 10,7 por 1.000 en 1997 y al 9,5 por 1.000 en 1998.

108. El síndrome de muerte infantil súbita fue la causa del 33% de la mortalidad infantil maorí en 1997, en comparación con el 21% en el caso de la población general. La constante reducción de la mortalidad por esta causa es motivo de optimismo. También es un indicador del éxito del programa nacional de prevención de la muerte en la cuna, cuyo objetivo es reducir la prevalencia de cuatro factores de riesgo que, según se ha determinado, están asociados con el síndrome de muerte infantil súbita.

109. Las estadísticas confirman que todavía es necesario asignar prioridad a la atención de la salud de la comunidad maorí. A partir del 1º de agosto de 1997, la Autoridad Sanitaria Provisional/Autoridad de Financiación de los Servicios de Salud tiene la obligación de adquirir servicios que sean apropiados y accesibles para los maoríes. Los datos estadísticos sobre la salud de los maoríes se incluyen como factor en la fórmula de financiación de los servicios de salud basada en el conjunto de la población, de forma que las necesidades sanitarias de los maoríes, que son más elevadas, reciban una financiación suficiente. La Autoridad Sanitaria Provisional/Autoridad de Financiación de los Servicios de Salud también debe comprometerse a diseñar y proporcionar servicios culturalmente eficaces como parte integrante del conjunto de servicios relacionados con la salud y la discapacidad. Esto se reconoce como un derecho maorí en virtud del Tratado de Waitangi.

110. Para poder mejorar la situación de salud de la comunidad maorí se necesita una combinación de estrategias, que van desde las iniciativas de desarrollo comunitario, las estrategias de consulta, el incremento de los servicios proporcionados por los maoríes y las relaciones de colaboración entre las organizaciones maoríes/iwi y la Autoridad Sanitaria Provisional/Autoridad de Financiación de los Servicios de Salud hasta la identificación de recursos específicos para el mejoramiento de la salud de la comunidad maorí y las garantías de protección de su cultura en las prácticas y procedimientos sanitarios. Algunas de esas medidas se describen brevemente a continuación. La Comisión Sanitaria Maorí, establecida 1997, y el Plan de Desarrollo de Proveedores Maoríes son algunos de los enfoques adoptados.

111. Aunque algunos servicios de salud prestados a los maoríes, incluidos los servicios preventivos y de promoción de la salud, están a cargo de proveedores generales de servicios, hay más de 230 proveedores maoríes subcontratados para prestar toda una serie de servicios a su comunidad. Un ejemplo de una oportunidad de reforma creada y adoptada por los maoríes es la de Te Raukura Hauora o Tainui , un servicio global de atención primaria de salud en las zonas de Waikato y de Auckland meridional totalmente administrado por los grupos tribales de esas zonas.

112. Los servicios de reclamaciones de los consumidores (establecidos en 1997), que brindan a las personas la oportunidad de presentar reclamaciones acerca de los servicios y de hacer oír su voz, ofrecen procesos como el de whanau hui (reuniones de las familias extensas). También es posible suministrar intérpretes para atender las necesidades especiales de personas como los kaumatua (ancianos).

113. Un proceso de consulta entre la Comisión de Salud Pública (que más tarde se integró en el Ministerio de Salud) y la comunidad maorí llevó a la realización de " He Matariki : un plan estratégico para la salud pública maorí" (1995). En él se fija un conjunto de objetivos del Ministerio para la salud pública de la comunidad maorí, que ha de utilizarse como marco para progresar en la solución de problemas de particular importancia para los maoríes. La labor relacionada con esos objetivos ha procurado basarse en un enfoque aplicado "por los maoríes para los maoríes" como medio de contribuir a un mejoramiento sostenible a largo plazo de la salud de esa comunidad. Los objetivos generales en materia de salud pública incluyen la reducción de la ingesta de grasas, la práctica del ejercicio físico, la inmunización, el síndrome de muerte infantil súbita, la pérdida de audición en los tamariki (niños) menores de cinco años, la promoción de la salud mental, la reducción de las tasas de suicidio entre los rangatahi (adolescentes), la reducción de las tasas de mortalidad y discapacidad de los pakeke/matua (adultos o padres) debidas al cáncer y el mejoramiento del mantenimiento del apoyo social a los kaumatua .

114. El estímulo de una participación activa y eficaz de los maoríes es una estrategia fundamental para el mejoramiento de la salud de esa comunidad. Esto se aplica especialmente a la promoción de la salud, a la intervención temprana y a la asistencia primaria de la salud prestada en la comunidad. Como medio de lograr una mayor participación de los maoríes, la Dependencia de Salud Pública del Ministerio publicó en 1996 " He Taitai i te Ara , Directrices para el desarrollo de los recursos sanitarios maoríes". El objetivo del manual es ayudar a la elaboración y producción de recursos sanitarios eficaces que sean accesibles y culturalmente apropiados para los maoríes.

115. La población procedente de las Islas del Pacífico, que crece rápidamente en Nueva Zelandia, también se enfrenta a problemas de salud especiales. Estadísticamente, el estado de salud de este grupo suele situarse entre el de los maoríes y el de los no maoríes. Las tasas de hospitalización están por encima

de la media nacional para uno y otro sexo. Las comunidades del Pacífico presentan las tasas de aborto más elevadas y los niños de ese grupo presentan una proporción destacada de enfermedades que podrían prevenirse con vacunas, debido a las bajas tasas de inmunización. Se han determinado desigualdades significativas en la prestación de servicios de salud a los pueblos del Pacífico y una brecha de comunicación/información entre los encargados de la formulación de políticas y los proveedores de servicios y la comunidad. Desde 1996 existe el requisito de que los servicios de salud prestados a las personas de las Islas del Pacífico han de ser culturalmente apropiados. Los datos estadísticos se utilizan para liberar más recursos financieros de apoyo en materia de salud y discapacidad a fin de atender las necesidades de ese grupo. Se ha contado con la participación de las comunidades del Pacífico en la formulación de un plan estratégico para mejorar la planificación (incluidas las cuestiones de acceso y de elección), la aplicación y la supervisión de la prestación de servicios a sus comunidades. Se ha fortalecido la coordinación entre los proveedores de todos los servicios a los pueblos del Pacífico de forma que los servicios de salud estén mejor equipados para atender las diferencias lingüísticas, culturales, sociales y religiosas que existen entre los distintos países del Pacífico representados en el conjunto de la comunidad.

116. Los inmigrantes a Nueva Zelandia deben tener la residencia permanente o un permiso de entrada que les autorice a permanecer en el país dos años o más para poder recibir los servicios en materia de salud y discapacidad financiados públicamente de la misma forma que los residentes. En virtud de una directriz de 1997 se confirmó que los refugiados tenían la posibilidad de recibir esos servicios en plano de igualdad con los residentes. Como se indicó anteriormente, los principales problemas de salud de los refugiados como grupo son la tuberculosis, la hepatitis B y las enfermedades de transmisión sexual. Muchos otros padecen depresión y estrés postraumático. Las revisiones médicas que se hacen a los refugiados de cupo a su llegada incluyen un tratamiento limitado y la remisión a especialistas de salud. Existen servicios de asesoramiento en salud mental específicos para refugiados, dedicados a los supervivientes de torturas y situaciones traumáticas, y se financian algunos programas de educación para salud en la comunidad específicos para los refugiados (por ejemplo, sobre la tuberculosis y el VIH/SIDA). La dislocación de la familia es un importante problema de salud mental para las familias de refugiados. Se está trabajando para atender este y otros problemas de la salud física y mental de los refugiados.

117. Los problemas idiomáticos pueden complicar la comunicación entre el paciente y el profesional de la salud y las intervenciones sanitarias pueden toparse con dificultades culturales complejas, como problemas relativos a la donación de órganos en caso de fallecimiento. Los servicios de reclamaciones de los consumidores a que se ha hecho referencia en el párrafo 112 supra también deben prestar servicios a esta comunidad atendiendo a consideraciones de transparencia (por ejemplo, hay que facilitar los servicios de intérpretes siempre que sea necesario) y teniendo en cuenta las necesidades personales.

Vivienda

118.El derecho a una vivienda adecuada es una expectativa fundamental de la sociedad de Nueva Zelandia. En el último informe se indicaban los principales cambios en la normativa que había establecido el Gobierno para ayudar a quienes padecen una desventaja socioeconómica. Esos cambios suponían una división de las responsabilidades -política, gestión de las 59.000 viviendas de alquiler de propiedad pública, programas especiales de préstamo inmobiliario y asistencia financiera- entre cuatro organismos públicos. Los objetivos centrales de esas estrategias del Gobierno eran orientar los servicios a quienes los necesitaban, lograr un trato coherente y equitativo, mejorar las posibilidades de elección y estimular la autosuficiencia. Esas políticas siguieron vigentes durante todo el período examinado, hasta las elecciones generales de noviembre de 1996, cuyos resultados presagiaban importantes cambios políticos.

119. En la Ley de alquileres de 1986 se declara ilegal cualquier discriminación en materia de contratos de alquiler que contravenga la Ley sobre derechos humanos de 1993. Pueden presentarse reclamaciones al Tribunal de alquileres tanto al amparo de la Ley de alquileres como de la Ley sobre derechos humanos, en primera instancia por conducto de la División de Reclamaciones de la Oficina de Derechos Humanos. En el período examinado el Tribunal de alquileres ha recibido 33 denuncias por discriminación; en esas cifras no se distingue entre la discriminación racial y otros tipos de discriminación.

120. En un estudio hecho en 1993 por el Departamento de Justicia se concluyó que la legislación para luchar contra la discriminación en Nueva Zelandia era tan amplia como la que existía en otros países, y que resultaría aún más fortalecida por las modificaciones de la nueva Ley sobre derechos humanos. Para determinar la eficacia de las disposiciones legislativas, en el mismo año se llevó a cabo un estudio sobre la discriminación en el mercado de la vivienda de alquiler. Si bien los conocimientos sobre la protección legislativa eran lamentablemente bajos, un resultado positivo fue el escaso nivel de preocupación entre los inquilinos (6%) acerca de la discriminación en materia de vivienda por motivos raciales, mientras que un número aún más bajo (4%) de propietarios decía que tenía en cuenta consideraciones raciales al elegir a sus inquilinos. Para resolver el problema del desconocimiento se adoptaron medidas para dar publicidad a la legislación de lucha contra la discriminación, a fin de aclarar los conductos apropiados para que quienes creen que han sido víctimas de discriminación encuentren soluciones, y a fin de reducir la renuencia pública a presentar reclamaciones acerca de la discriminación en la vivienda.

121. Las obligaciones dimanantes de la relación entre la Corona y los maoríes en virtud del Tratado de Waitangi requieren que el Ministerio de Vivienda preste especial atención a las necesidades de ese grupo. Hay varios factores que perjudican el acceso de los maoríes a la vivienda, como los ingresos, el desempleo, el tamaño de las familias superior a la media y la estructura de edad relativamente joven de la población maorí. La tasa de propiedad de la vivienda es más baja entre los maoríes que entre la población general.

122. En el período examinado se aplicaron una serie de mecanismos para prestar asistencia a los maoríes. Debido a que su ingreso medio per cápita es relativamente bajo, es probable que los maoríes recurran más que la población general al Complemento de Vivienda. (Éste es el medio de apoyo básico para superar la brecha entre los ingresos y los gastos de vivienda, que puede utilizar cualquier persona, ya sea arrendataria, huésped o propietaria de una vivienda, que cumpla las condiciones requeridas para recibir asistencia del Estado.) Las viviendas de alquiler administradas por Te Puni Kokiri (Ministerio de Desarrollo Maorí) se vendieron a las autoridades de las iwi locales, y se concedieron préstamos hipotecarios de distintas formas. Además de la asistencia prestada por los organismos de carácter general, otras fuentes de crédito fueron el programa experimental de crédito rural para personas con depósitos bajos (que se inició en 1995 y está previsto que continúe hasta mediados de 2001), que proporciona financiación en forma de préstamos a miembros de la población rural de bajos ingresos, especialmente maoríes, para mejorar su nivel de vivienda. También existen préstamos para tierras maoríes de propiedad múltiple, y un programa para la construcción en grupo de la propia vivienda. Éste se estableció en 1998 como programa experimental para ayudar a grupos de familias de bajos ingresos motivadas, en especial maoríes, para colaborar en la construcción de sus propios hogares bajo la supervisión apropiada.

123. En 1999 se publicó un informe sobre la situación de la vivienda de los pueblos del Pacífico en Nueva Zelandia. Datos anteriores habían puesto de manifiesto que era más probable que los miembros de este grupo tuvieran viviendas de alquiler y no fueran propietarios de sus hogares, y que era más probable que esas viviendas de alquiler fueran públicas y no privadas.

La Ley sobre los niños, los adolescentes y sus familiares de 1989

124. La Ley sobre los niños, los adolescentes y sus familiares de 1989 contempla servicios culturalmente apropiados para los niños, los adolescentes y sus familiares, reconociendo especialmente las necesidades particulares de los maoríes, la población de las Islas del Pacífico y otras minorías étnicas. En 1998 se elaboraron y aprobaron unas normas provisionales para la autorización de servicios sociales culturalmente apropiados para la población de las Islas del Pacífico. Esas normas se prepararon en consulta con los proveedores y las comunidades de los pueblos del Pacífico. Las normas para la aprobación de los servicios sociales en las iwi están en vigor y se ha autorizado a proveedores de servicios sociales maoríes o de las iwi a prestar toda una serie de servicios a los niños y jóvenes maoríes y a sus familiares. Se han hecho grandes esfuerzos para colocar en familias a un mayor número de niños y adolescentes que necesitan atención en vez de recurrir al cuidado institucional.

Servicios sociales

125.El apoyo a los ingresos constituye una red de protección social fundamental para las personas que, por cualquier motivo, no puedan alcanzar un nivel de vida básico con sus propios recursos. Esta ayuda fue prestada por el Servicio de Apoyo a los Ingresos de Nueva Zelandia hasta fines de 1998, cuando esta entidad se fundió con otros organismos (véase el párr. 76) para constituir el Departamento de Trabajo e Ingresos. La población maorí y de las Islas del Pacífico es cliente importante de este servicio, por los motivos que se han indicado en este mismo informe. En el período a que se refiere el informe se llevó a cabo un examen de los servicios prestados a los maoríes con el objetivo de lograr una reducción de las disparidades socioeconómicas entre maoríes y no maoríes.

Sistema de justicia penal

Tribunales

126. En Nueva Zelandia, en virtud del apartado g) del artículo 24 de la Carta de Derechos de Nueva Zelandia de 1990, toda persona acusada de un delito tiene derecho a interpretación a su idioma si la necesita. En la práctica, esto incluye la utilización de los idiomas indígenas y la presentación y archivo de los documentos en maorí. Los tribunales también respetan las diferentes tradiciones de los grupos étnicos que utilizan el sistema. La Ley de justicia penal de 1985 dispone que toda persona declarada culpable de un delito, así como sus familiares, whanau y jefes de la comunidad, puedan intervenir en la corte para poner de manifiesto los antecedentes culturales o étnicos del delincuente, lo cual podrá ser tenido en cuenta al dictar la sentencia. A fines de 1996 se dio a conocer esta disposición mediante la publicación de un folleto en inglés, maorí, maorí de las Islas Cook y los idiomas de Tonga y Samoa. En 1999 también se iniciaron investigaciones sobre la forma de incrementar el uso de esta disposición.

127. Dos ámbitos en los que podría producirse discriminación contra grupos étnicos en Nueva Zelandia merecen una atención especial. Los jurados se seleccionan sin ningún tipo de prejuicio. Sin embargo, los maoríes están insuficientemente representados en las listas de votantes, que constituyen la base para la selección de los jurados. El segundo factor que puede afectar a los posibles jurados es que, debido a su origen étnico o nacional, algunas personas no tengan la "buena comprensión" del inglés que se requiere en el impreso de convocatoria para formar parte de un jurado.

Programas para los presos y atención al problema de la reincidencia

128.En Nueva Zelandia los maoríes continúan estando excesivamente representados en el sistema de justicia penal, tanto entre los delincuentes como entre las víctimas. Habida cuenta de los cambios pronosticados en la población de Nueva Zelandia, y si persisten las tasas actuales de condenas y

sentencias, en el año 2013 estarán en prisión otros 1.850 maoríes. Otros 5.470 maoríes serían sentenciados a penas en la comunidad. En contraste, se reduciría el número de europeos y de miembros de otros grupos étnicos en prisión y cumpliendo sentencias en la comunidad.

129. La magnitud del problema, así como sus características y causas, hacen que el problema de la delincuencia entre los maoríes constituya un capítulo aparte de otros aspectos que debe tener en cuenta el Gobierno al formular estrategias generales de lucha contra el delito. Se requiere un enfoque coordinado a nivel normativo entre las organizaciones de los campos jurídico, social, económico y cultural. Por consiguiente, existe una mayor colaboración y cooperación interdepartamental entre los organismos públicos. Además, la consulta con los maoríes y la inclusión de las opiniones de sus comunidades son aspectos importantes en todas las etapas del proceso de justicia penal. Los organismos del sector de la justicia también procuran adaptar el proceso de formulación de políticas de forma que se incluya a la población maorí y del Pacífico que tal vez necesite colaborar con miembros de sus grupos respectivos en el sector de la justicia penal. Ello permite hacer una aportación culturalmente apropiada a las nuevas iniciativas. Este enfoque cooperativo entre los organismos del sector de la justicia y las comunidades de Nueva Zelandia tiene el propósito de romper el ciclo de delincuencia penal y de reincidencia.

130. Un ejemplo de la integración de las aportaciones maoríes son los incrementos previstos en el presupuesto de 1999 para financiar el Fondo Mahi Tahi, con el propósito de atraer y capacitar a profesionales y proveedores de servicios maoríes. Otras medidas adoptadas para atender las necesidades de los delincuentes maoríes y reducir las tasas de reincidencia son el establecimiento de programas concretos relativos a los Tikanga Maori (Protocolos maoríes) que puedan aplicarse en las prisiones y en los métodos correccionales basados en la comunidad. Los programas tienen sus raíces en la filosofía, los valores, los conocimientos y las prácticas maoríes y su propósito es transformar la mentalidad y la conducta de los delincuentes maoríes. Otra iniciativa es el establecimiento en las prisiones de dependencias especiales maoríes, que se ocupan específicamente de los delincuentes maoríes; la tercera de esas dependencias se inauguró en 1999-2000. En 1998-1999 comenzó la labor sobre una iniciativa importante encaminada a reducir la reincidencia. Este proyecto de gestión integrada de los delincuentes incluye varios métodos e instrumentos que permiten determinar los aspectos de los factores criminógenos (es decir, las necesidades que llevan a una persona a delinquir) relacionados con la cultura maorí. La complicidad en el delito, por ejemplo, especialmente si el cómplice es whanau , podría ser una de esas necesidades, teniendo en cuenta las obligaciones culturales maoríes relacionadas con las whanau . La utilización del índice de necesidades culturales relacionadas con los maoríes, que es uno de los instrumentos mencionados, permite realizar intervenciones culturalmente específicas.

131. Los aspectos relativos a la justicia de menores son también una prioridad para el Gobierno. Actualmente se está efectuando un seguimiento de la realización en curso de programas e intervenciones orientados especialmente a los maoríes, entre ellos el denominado Family Start, los programas escolares experimentales de servicios generales (Fondo Te Whanau O Waipareira) y el desarrollo de servicios sociales en las iwi.

132. Los miembros de la población del Pacífico también están excesivamente representados en el sistema de justicia penal, especialmente por lo que se refiere a los delitos violentos. Debido a la estructura demográfica, que presenta un gran número de jóvenes, y al incremento de la población del Pacífico de Nueva Zelandia, se prevé que esas estadísticas empeorarán. Siguiendo el mismo modelo y los mismos plazos aplicados a los maoríes en el párrafo anterior, podría haber otras 450 personas de las Islas del

Pacífico en prisión en el año 2013, y otras 1.660 cumpliendo sentencias basadas en la comunidad. El enfoque aplicado por el Gobierno al problema de la delincuencia de los pueblos del Pacífico incluye procesos que reconocen la diversidad y las características singulares de los numerosos grupos de población del Pacífico. La prioridad del Gobierno respecto de los pueblos del Pacífico comprende la formulación de nuevas iniciativas y programas experimentales en las comunidades del Pacífico que análogamente tendrán en cuenta, según proceda, consideraciones culturales.

133. Aparte de los maoríes, los pueblos del Pacífico y los europeos, los otros grupos étnicos representan tan sólo el 1% de los sentenciados a penas de reclusión, y se prevé una disminución de las tasas de condena y de cumplimiento de sentencias. Por consiguiente, los recursos se han concentrado en otras esferas prioritarias distintas de los programas de rehabilitación y reintegración para esos grupos étnicos. En la prisión, las personas que no hablan inglés pueden pedir el apoyo de un servicio de traducción y, si son nacionales extranjeros, ejercen los derechos normales de contacto consular.

Artículo 3

A. Información sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que sirvan para poner en práctica las disposiciones del artículo 3 de la Convención, especialmente en lo que respecta a la condena de la segregación racial y del apartheid y para cumplir el compromiso de prevenir, prohibir y eliminar en los territorios bajo la jurisdicción del Estado que presente el informe todas las prácticas de esta naturaleza

B. Información sobre la situación de las relaciones diplomáticas, económicas y de otra índole entre el Estado que presente el informe y el régimen racista del África meridional, tal como lo pidió el Comité en su Recomendación

general III, de 18 de agosto de 1972, y en la decisión 2 (XI),

de 7 de abril de 1975

134.Nueva Zelandia es miembro de las Naciones Unidas y del Commonwealth, por lo que sus relaciones con Sudáfrica reflejaron los notables cambios que hizo posible el desmantelamiento del sistema de apartheid en ese país. Nueva Zelandia, como los demás países del Commonwealth, levantó todas las sanciones comerciales, a la inversión y financieras impuestas a Sudáfrica en 1993; y acogió a Sudáfrica de nuevo en las Naciones Unidas y en el Commonwealth tras la celebración de elecciones democráticas en ese país en 1994. Nueva Zelandia contribuyó de forma significativa a la preparación y a la supervisión de esas elecciones.

135. Se establecieron relaciones diplomáticas plenas con Sudáfrica por primera vez el 19 de enero de 1994, con la acreditación recíproca de representantes en Harare y Canberra. Nueva Zelandia nombró un cónsul honorario en Ciudad del Cabo en enero de 1995 y estableció una embajada en Pretoria en 1996, trasladando allí la acreditación diplomática que tenía en Harare. Se han intercambiado visitas de Jefes de Gobierno; en el caso de Sudáfrica esto se produjo en el contexto de la reunión de Jefes de Gobierno del Commonwealth celebrada en Nueva Zelandia en 1995.

136. Desde que se normalizaron las relaciones, el comercio bilateral se ha ampliado de manera alentadora. Se ha establecido un modesto programa neozelandés de asistencia para el desarrollo internacional, que se concentra en programas educacionales en la provincia oriental del Cabo, con objeto de mejorar la situación de grupos que se hallaban desfavorecidos económica y socialmente en la era del apartheid. A finales de 1998 se celebró en Pretoria la reunión inaugural de la Comisión de Relaciones Bilaterales Nueva Zelandia/Sudáfrica, que trató de varias cuestiones, entre ellas las relaciones comerciales y el estrechamiento de los vínculos culturales. La Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelandia ha mantenido contactos oficiosos con su departamento homólogo de Sudáfrica desde que éste fue establecido en 1996. Los comisionados y funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica asisten regularmente a las reuniones del Foro Regional de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de Asia y el Pacífico, que desde sus inicios en 1996 ha sido coordinado por la Comisión de Nueva Zelandia. Nueva Zelandia y Sudáfrica también comparten intereses y cooperan en muchas organizaciones internacionales.

Artículo 4

A. Información sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que sirvan para poner en práctica las disposiciones del artículo 4 de la Convención, y en especial las medidas encaminadas a cumplir el compromiso de tomar medidas inmediatas y positivas destinadas a eliminar toda incitación a la discriminación racial o actos de tal discriminación

1.Medidas adoptadas para declarar como acto punible conforme a la ley toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial así como todo acto de violencia o toda incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico, y toda asistencia a las actividades racistas, incluida su financiación

137. Como se indicó en el último informe de Nueva Zelandia, el artículo 61 de la Ley sobre derechos humanos de 1993 prohíbe la promoción de la discordia racial. En virtud del párrafo 1 de dicho artículo, se declara ilegal publicar, distribuir o difundir por radio o televisión contenidos de carácter amenazador, injurioso o insultante o utilizar en lugares públicos palabras de este tipo. Además, los contenidos o palabras que den lugar a quejas deben poder incitar a la hostilidad o entrañar un desprecio contra cualquier grupo por motivos de color, raza u origen étnico o nacional. La Oficina de Relaciones Raciales recibe un número considerable de quejas al amparo del artículo 61. En el período examinado una parte notable de ellas se refería a los medios de comunicación, por ejemplo a comentarios hechos por participantes en tertulias radiofónicas, a la cobertura de campañas electorales en que la inmigración era una cuestión central, o a respuestas locales a conflictos en el extranjero, como los de la ex Yugoslavia. Otros ponían de manifiesto casos de contenidos ofensivos desde el punto de vista racial que eran distribuidos por correo, fax, correo electrónico y, cada vez más, en sitios en la Web. El Conciliador invocó con éxito las disposiciones del artículo 61 contra un grupo que a fines de 1995 fomentaba sentimientos contrarios a la inmigración.

138. El párrafo 2 del artículo 61 dispone que las informaciones de los medios de comunicación no se considerarán ilegales en virtud del párrafo 1 del artículo 61 si la información transmite correctamente la intención de la persona que publicó o distribuyó el material o que transmitió por radio o televisión o utilizó las palabras en cuestión. El Conciliador invocó con éxito las disposiciones del artículo 61 contra un grupo que a fines de 1995 fomentaba sentimientos contrarios a la inmigración.

139. De conformidad con el artículo 131 de la Ley sobre derechos humanos constituye delito incitar a la discordia racial. Ese delito se aplica tanto a las personas como a los grupos. El artículo 134 de la Ley tipifica como delito negar a cualquier persona acceso a un lugar público o a cualquier servicio público por motivos de color, raza, origen étnico o nacional o creencia religiosa o ética. Se requiere el consentimiento del Fiscal General para iniciar procedimientos en virtud de esos artículos, cuyas disposiciones raramente se invocan. En el período examinado, el Conciliador consideró la posibilidad de invocar el artículo 131 respecto de quejas sobre la aparición de grupos fascistas y neonazis que recibían mucha publicidad y que promovían una ideología de "superioridad de la raza blanca", al tiempo que se producía también un aumento de la incidencia de ataques contra inmigrantes de color. Sin embargo, esos grupos se dispersaron.

140. El artículo 63 de la Ley sobre derechos humanos de 1993 tipifica como delito el hostigamiento racial en todos los ámbitos en que la discriminación racial está prohibida por la Ley. La mayoría de denuncias de hostigamiento que se reciben se refieren al empleo.

141. En 1996, el Conciliador inició una campaña pública sobre el racismo con la que se logró intensificar el debate público sobre los problemas y la condena pública de los ataques racistas.

142. En el presente informe, en relación con los artículos 5 y 6, se ofrece más información sobre el número y las características de las denuncias de que se ocupó la Oficina de Relaciones Raciales en el período examinado.

2. Medidas adoptadas para declarar ilegales y prohibir las organizaciones, así como las actividades organizadas de propaganda y toda otra actividad de propaganda, que promuevan la discriminación racial e inciten a ella, y para reconocer que la participación en tales organizaciones o en tales actividades constituye un delito penado por la ley

143.Las observaciones hechas en anteriores informes de Nueva Zelandia siguen siendo pertinentes. Las disposiciones correspondientes de la Ley sobre relaciones raciales de 1991 y de la Ley sobre la Comisión de Derechos Humanos de 1977 se integraron en la Ley sobre derechos humanos de 1993.

3. Medidas adoptadas para no permitir que las autoridades ni las instituciones públicas nacionales o locales promuevan la discriminación racial o inciten a ella

144.La Ley sobre derechos humanos de 1993 es vinculante para la Corona, las autoridades locales, las instituciones públicas y las organizaciones empresariales y no gubernamentales, así como para todos los grupos y personas. No obstante, el párrafo 1 del artículo 151 de la Ley sobre derechos humanos estipula que ninguna de las disposiciones de la Ley limita ni afecta las disposiciones de cualquier otra ley o reglamento actualmente vigente en Nueva Zelandia. En el momento de su promulgación en 1993, la Ley sobre derechos humanos contemplaba la expiración del artículo 151 el 31 de diciembre de 1999. Ese plazo se amplió al 31 de diciembre de 2001 en la Ley sobre derechos humanos revisada, de 1999.

B. Información sobre las medidas pertinentes tomadas para poner en práctica la Recomendación general I, de 24 de febrero de 1972, en la cual el Comité recomendaba que los Estados Partes en cuyas legislaciones hubiera omisiones en relación con las normas del artículo 4 estudiaran, por medio de los procedimientos legislativos imperantes en los respectivos países, la cuestión de incorporar a su legislación normas acordes con los requisitos de los incisos a) y b) del artículo 4 de la Convención

145. En sus observaciones finales sobre el último informe de Nueva Zelandia (párr. 21), el Comité invitó a Nueva Zelandia a considerar la posibilidad de adoptar nuevas medidas en relación con la aplicación del apartado b) del artículo 4 de la Convención.

146. Los artículos 61 y 63 de la Ley sobre derechos humanos de 1993, que tratan de la discordia racial, el hostigamiento sexual y el hostigamiento racial, contienen prohibiciones que se aplican a "toda persona". Como cuestión de interpretación legislativa (en virtud de la Ley sobre interpretación de las leyes, de 1924, y la ley que la sustituyó, la Ley sobre interpretación de 1999), la palabra "persona" se refiere tanto a grupos y organizaciones como a individuos. La Ley sobre derechos humanos no prohíbe el establecimiento de organizaciones como tal. No obstante, en virtud de los artículos 61 y 63, es ilícito que cualquier organización publique o distribuya material racista o que practique conductas racistas o el hostigamiento racial. Además, cualquier persona u organización puede ser acusada, en virtud del artículo 131 de la Ley, del delito de incitar a la discordia racial. Por consiguiente, no es lícito que las organizaciones promuevan objetivos racistas. El artículo 131 de la Ley sobre derechos humanos corresponde al artículo 25 de la Ley que la precedió, la Ley sobre relaciones raciales de 1971. Cuando se estaba estudiando la Ley de 1971, se adoptó la opinión de que su artículo 25, que corresponde al artículo 131 de la Ley sobre derechos humanos, cumplía satisfactoriamente las obligaciones relativas al apartado b) del artículo 4 de la Convención.

C. Información de conformidad con la decisión 3 (VII), adoptada por el Comité el 4 de mayo de 1973

147.La legislación penal interna que tiene como objetivo concreto dar cumplimiento a las disposiciones de los apartados a) y b) del artículo 4 es, en el período a que se refiere el informe, el artículo 131 de la Ley sobre derechos humanos de 1993.

Artículo 5

Información sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que sirvan para poner en práctica las disposiciones del artículo 5 de la Convención; en particular, las medidas tomadas para prohibir la discriminación racial en todas sus formas y para garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color u origen nacional o étnico, particularmente en el disfrute de los derechos que se enumeran en los párrafos a) a f) del artículo 5 de la Convención

148. En lo tocante a la información sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole adoptadas en Nueva Zelandia, cabe citar los informes periódicos primero y tercero de Nueva Zelandia y las partes pertinentes del presente informe que se refieren al artículo 2. El Comité también puede consultar los informes presentados por Nueva Zelandia como Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Ley sobre derechos humanos de 1993 mantiene plenamente las disposiciones de la Ley sobre relaciones raciales de 1971 y de la Ley sobre la Comisión de Derechos Humanos de 1977 que guardan relación con el artículo 5.

La Ley electoral de 1993: cuestión de la representación maorí

149.En las observaciones finales sobre el último informe de Nueva Zelandia (párr. 20), y en el contexto de su interés por la relación entre la Corona y los maoríes, el Comité solicitó nuevos datos acerca de la Ley electoral de 1993, que se describía en ese informe. Cabe señalar que las elecciones generales de 1996, celebradas después del examen del último informe, fueron las primeras en que se aplicó el sistema de representación proporcional mixta instaurado por esa Ley.

150. En virtud de ese sistema, cada votante emite dos votos en las elecciones generales. Uno es para elegir a un candidato concreto que ocupará el cargo correspondiente a la circunscripción general o maorí en que esté registrado el votante. (En las elecciones generales de 1996 había 60 escaños generales y cinco escaños maoríes; en las elecciones generales de 1999, las cifras correspondientes eran 61 y seis. Esto se explicará más adelante.) Esos escaños se obtienen por mayoría simple, y no pueden transferirse a otros candidatos del mismo partido. El segundo voto se concede a cualquier partido que decida el votante. Este voto es el que determina la parte proporcional del total de escaños parlamentarios que ocupará cada partido político. Con la condición de que un partido debe obtener o bien un escaño electoral general o un escaño maorí, o bien un 5% del total de los votos emitidos para los partidos, se añaden escaños de la primera lista a los escaños que haya obtenido cada partido, lo cual arrojará su parte proporcional del total de escaños en el Parlamento. Esos escaños correspondientes a los partidos se asignan a los candidatos por

orden con arreglo a su lugar en las listas de su partido, que se determinan y se publican antes de las elecciones.

151. Se produjeron explicaciones del sistema de representación proporcional mixta en diez idiomas (incluido el inglés) en 1996 y en siete idiomas (incluido el inglés) en 1999, y se les dio una amplia difusión. Se ha procurado especialmente realizar campañas educativas específicas para las comunidades maorí y de los pueblos de las Islas del Pacífico.

152. Tras celebrar extensas consultas sobre el proyecto de ley de reforma electoral (mencionado en el último informe), en su forma definitiva la Ley electoral seguía contemplando una representación maorí separada. Los maoríes conservan la opción de inscribirse para votar en las listas maoríes o en las listas generales. Esa opción se ejerce al inscribirse inicialmente en la lista (a los 18 años de edad) y en intervalos de cinco años mediante un "período de opción maorí" que sigue al censo nacional. Se pide a todos los votantes maoríes registrados que indiquen la lista de su elección. En el anterior sistema electoral basado en los candidatos que hubieran obtenido más votos, el número de escaños maoríes se había fijado en cuatro. En el marco del nuevo sistema, el número no es fijo sino que viene determinado al final del período de opción por una fórmula basada en la proporción de votantes maoríes que opten por cada una de las dos listas. Por consiguiente, puede aumentar o disminuir. En un período especial de opción maorí celebrado en 1994, se calculó el número de escaños maoríes en el primer Parlamento elegido con el sistema de representación proporcional mixta, que quedó fijado en cinco.

153. La realización de la opción maorí en 1994 fue impugnada por tres organizaciones maoríes ante el Tribunal Waitangi y la justicia ordinaria. Pese a que se falló que había aplicado correctamente el procedimiento de la opción maorí, el Gobierno atendió las recomendaciones de dar más publicidad a la opción y más tiempo para que los maoríes estudiaran las diversas posibilidades. Se celebraron amplias consultas sobre la forma de aplicar la opción maorí. Mediante una enmienda de la Ley electoral, el período de la opción maorí se amplió de dos a cuatro meses. En 1997, con una opción maorí abierta durante cuatro meses se logró que se registraran más personas y que se produjeran transferencias en ambas direcciones entre las listas. Preponderantemente, las transferencias se hicieron hacia la lista maorí. Las nuevas proporciones fijaron en seis el número de escaños maoríes para las elecciones generales de 1999. Si todos los maoríes hubieran optado por registrarse en la lista maorí habrían tenido derecho a un total de hasta 13 escaños. Al mismo tiempo sigue siendo posible, y así sucede en la práctica, que se elija para ocupar escaños en el Parlamento a maoríes independientemente de que se presenten para un escaño general o para uno correspondiente a la lista maorí. Después de las elecciones generales de 1999 había 16 miembros del Parlamento de origen maorí, de los cuales nueve ocupaban escaños electorales y siete escaños basados en la lista.

154. En lo tocante a otros grupos étnicos, en 1999 fueron elegidos tres miembros del Parlamento de los pueblos de las Islas del Pacífico y uno de origen asiático. Entre los partidos políticos inscritos en la Comisión Electoral para participar en todas las elecciones generales siempre hay varios que representan específicamente a los maoríes o a otros grupos étnicos.

Empleo

155.En el año 1996/1997, la Oficina de Relaciones Raciales recibió 49 denuncias relacionadas con el empleo, que suponen el 9% del total de las denuncias. En los dos años siguientes las cifras fueron 88 (19% del total) y 101 (15% del total). El incremento del número de denuncias puede atribuirse en parte al aumento del número de nuevos inmigrantes (incluidos los refugiados) que buscan trabajo. Muchos de quienes presentaron denuncias creían que su imposibilidad de obtener empleo obedecía a algún tipo de discriminación basada en su raza o país de origen. Los incrementos también obedecen en parte a la insatisfacción entre los no maoríes por las iniciativas adoptadas para emplear a un mayor número de

maoríes en el sector público. Las denuncias relacionadas con el empleo han sido siempre una de las cuatro principales categorías de denuncias en el período examinado, pero no han constituido la categoría más amplia.

Educación

156.La Oficina del Conciliador sobre Relaciones Raciales investigó una denuncia de racismo presentada contra el segundo proyecto de plan de estudios nacional sobre ciencias sociales elaborado por el Ministerio de Educación. Las ciencias sociales incluyen la enseñanza de cuestiones relacionadas con la cultura y el patrimonio y son una asignatura obligatoria que se enseña a todos los niveles de la educación obligatoria. La Oficina no encontró motivos para la denuncia, pero ayudó al Ministerio a formular un nuevo proyecto que atendía las inquietudes que el Conciliador sobre Relaciones Raciales había expresado acerca del marco original para la enseñanza de las ciencias sociales.

Inmigración

157.En el último informe de Nueva Zelandia se ofrecía una actualización a este respecto, con particular referencia a los cambios producidos a raíz de la Ley de inmigración revisada de 1991. El propósito de esos cambios era atraer a un mayor número de inmigrantes cualificados de un grupo más amplio de países, y su consecuencia ha sido la aprobación de un número considerablemente mayor de inmigrantes de países que, con arreglo a las anteriores políticas de inmigración, se habrían considerado procedencias no tradicionales, especialmente de Asia. En conjunto, los países de origen de los inmigrantes son hoy en día muy diversos. En el año civil de 1999 se aprobó la residencia permanente de 37.250 personas de 147 países. Los inmigrantes permanentes y de largo plazo de Asia constituían el 39% del total. Las disposiciones con arreglo a las cuales se evalúan las solicitudes de permisos de residencia (y también los visados) incluyen, normalmente, la exclusión de personas de las que se sabe que se han dedicado a actividades que, de haberse realizado en Nueva Zelandia, habrían vulnerado los artículos 61 y 63 de la Ley sobre derechos humanos de 1993.

158. En el último informe también se esbozaban las cuatro categorías generales para la inmigración permanente derivadas de la Ley de inmigración revisada de 1991. Son la general, la de inversión empresarial, la familiar y la humanitaria. En octubre de 1995, y de nuevo en mayo y octubre de 1998, se produjeron varios cambios en la normativa para facilitar la transición de los inmigrantes al mercado de trabajo de Nueva Zelandia. Entre ellos figuraban cambios de las disposiciones relativas al idioma inglés y un número superior de puntos para los solicitantes con especializaciones técnicas y artesanales. Más adelante se incluyó una definición más general de la experiencia laboral previa, que permitía obtener más puntos. Esas medidas permitieron ampliar la variedad de competencias y contrarrestaron la tendencia a un conjunto de cualificaciones más restringido que había producido originalmente la norma de 1991. Un examen del marco nacional de cualificaciones incluía como objetivo un mayor reconocimiento de las cualificaciones internacionales de alto nivel. Otros cambios han facilitado las condiciones para que los estudiantes extranjeros obtengan la residencia permanente Nueva Zelandia. También se liberalizaron las condiciones para la categoría de inversión empresarial.

159. En 1999 se aprobó una nueva revisión de la Ley de inmigración, que contenía disposiciones para agilizar y fortalecer los procesos de inmigración. Los párrafos pertinentes en relación con la Convención se refieren a los derechos y obligaciones de las personas que exceden del tiempo de residencia permitida en Nueva Zelandia, la introducción de un permiso para finalidades limitadas concebido para las personas consideradas como un riesgo marginal y una revisión de los derechos y obligaciones en virtud del reconocimiento de la condición de refugiado (véase más adelante).

160. En su último informe, Nueva Zelandia señaló las inquietudes que se habían expresado en algunos sectores de la sociedad neozelandesa acerca de las modificaciones de la política de inmigración y su potencial de perturbar la armonía racial. El Comité expresó interés en los sistemas que se estaban aplicando para mejorar la reunión y la evaluación de datos y para ofrecer información más amplia sobre los efectos de la inmigración y la situación de los inmigrantes a fin de facilitar un diálogo público fundamentado sobre las políticas de inmigración del Gobierno.

161. En octubre de 1997, el Servicio de Inmigración de Nueva Zelandia aplicó el sistema de gestión de solicitudes a nivel mundial y su sistema de información sobre gestión conexo. Esos sistemas han mejorado considerablemente la disponibilidad de datos sobre las corrientes de inmigración y los inmigrantes. Esta información se utiliza principalmente en operaciones cotidianas, en la formulación de políticas y como insumo para las investigaciones.

162. La cuestión de la información sobre los efectos de la inmigración y los resultados del establecimiento de inmigrantes está siendo abordada por el Servicio de Inmigración de Nueva Zelandia a través de su programa de investigación. Muchos de los informes de investigación ya están disponibles en el sitio del Servicio en la Web. El estudio longitudinal producirá datos que podrán utilizarse a partir de 2005. En los estudios se reunirá importante información, por ejemplo, sobre los vínculos entre las personas que acuden a Nueva Zelandia de forma temporal y las que ulteriormente reciben la residencia permanente; y sobre los efectos fiscales de los inmigrantes en comparación con la población autóctona. También se abordarán indicadores y factores relativos al asentamiento que puedan ayudar a los inmigrantes a establecerse. Otro estudio, que concluirá en 2007, generará datos que permitirán investigar la forma en que los resultados y las experiencias varían entre grupos de inmigrantes en función de distintos criterios de selección y factores de asentamiento. La información obtenida en el estudio se utilizará para determinar los beneficios netos de la inmigración y para mejorar los procesos de inmigración.

Refugiados

163.La información que figura a continuación es una actualización de la que se brindó en el anterior informe de Nueva Zelandia con respecto al número de refugiados que viven en el país y las políticas de reasentamiento del Gobierno.

164. Desde 1944 Nueva Zelandia ha prestado asistencia en las situaciones de crisis en todo el mundo aceptando refugiados. La admisión de refugiados sigue siendo una prioridad humanitaria presente en la política de inmigración de Nueva Zelandia, y se lleva cabo tanto con arreglo al programa de cupos de reasentamiento del Gobierno como en virtud de sus procedimientos para el examen de las solicitudes presentadas por personas que ya se encuentran en Nueva Zelandia a fin de obtener la condición de refugiado. (Éstas se tratan en la sección siguiente.)

165. A lo largo de los años se ha ido desarrollando y perfeccionando el programa de reasentamiento de refugiados. Con su sistema de trabajadores voluntarios de apoyo y la estrecha participación de la comunidad, el programa garantiza que la entrada de refugiados corresponda a la disponibilidad de recursos y que el asentamiento se logre con relativa facilidad. El programa de cupos, independientemente del reconocimiento de la condición de refugiado, representa una entrada global máxima de 750 refugiados al año (lo que supone una reducción respecto de la cifra de 800 en 1997 debida a la transferencia al Gobierno de Nueva Zelandia de los costos de los viajes de los refugiados del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)). Los Ministros pueden aumentar el cupo anual si en un año determinado surgen nuevas situaciones de refugiados. En el cupo anual se establecen categorías amplias, por ejemplo, las categorías fijadas por el ACNUR como las mujeres en peligro, los discapacitados por

motivos médicos y los casos de protección. Los refugiados son presentados por el ACNUR con arreglo a directrices internacionalmente aceptadas que tienen en cuenta las necesidades de protección física y jurídica, así como consideraciones de reunificación familiar.

166. En el cuadro siguiente figura el número de refugiados aceptados para su reasentamiento en Nueva Zelandia en el marco del programa de cupos en el período comprendido entre julio de 1995 y fines de junio de 1999.

Cuadro 4

Refugiados aceptados para su reasentamiento

1995-1996	780
1996-1997	527 a/
1997-1998	677
1998-1999	726
Julio-diciembre de 1999	400

a/La disminución experimentada en 1996-1997 obedeció a demoras en el proceso de selección de refugiados durante un período de negociaciones entre el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Servicio de Inmigración de Nueva Zelandia con respecto a la financiación de los viajes de los refugiados.

167. Desde comienzos del decenio de 1990 se ha venido ampliando el enfoque aplicado en Nueva Zelandia con respecto a los refugiados con fines de reasentamiento. En el período examinado procedían en un número considerable de Burundi, el Afganistán, Eritrea, Etiopía, el Irán, el Iraq, Laos, Somalia, Sri Lanka, el Sudán, Vietnam y Yugoslavia. Los refugiados que llegan en el marco del programa de reasentamiento son acogidos durante seis semanas en el centro de recepción de refugiados establecido en Mangere (Auckland). Allí el Servicio de Inmigración de Nueva Zelandia colabora con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para aplicar diversos programas de asistencia para los refugiados, así como con el Ministerio de Salud (véase el párr. 116). La Universidad Tecnológica de Auckland coordina el programa de idioma inglés y de orientación para adultos. También proporciona servicios de atención para niños, apoyo de educación especial y clases de enseñanza primaria y secundaria que preparan a los alumnos para las escuelas neozelandesas. Una entidad denominada Centro para los Refugiados como Supervivientes cuenta con un equipo multidisciplinario que ofrece un servicio de asesoramiento postraumático, así como actividades terapéuticas para adultos y niños. El Servicio para los Refugiados y Migrantes, subcontratado por el Servicio de Inmigración de Nueva Zelandia, presta servicios sociales (que incluyen trabajadores bilingües/multiculturales) y coordina la capacitación de trabajadores voluntarios de apoyo para ayudar a los refugiados con las necesidades corrientes de asentamiento y su acceso a los servicios generales.

168. La administración de la Política de Alquileres Especiales está a cargo de Housing New Zealand, una empresa estatal. Con arreglo a esa política, las organizaciones benéficas y comunitarias pueden obtener viviendas en arriendo para ayudar a grupos que se hallan en una situación de desventaja en el mercado de la vivienda, incluidos los refugiados recién llegados.

169.Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial se han establecido en Nueva Zelandia más de 20.000 refugiados y personas desplazadas, sin que ello haya tenido efectos negativos significativos en la armonía racial. No obstante, ahora que hay refugiados de una variedad cada vez mayor de procedencias nacionales, religiosas y étnicas, el Gobierno reconoce la existencia de un elemento de riesgo para la armonía social. En consecuencia, la orientación impartida a los refugiados incluye el conocimiento de las disposiciones de la Ley sobre derechos humanos de 1993 y de las distintas situaciones sociales que los recién llegados pueden esperar encontrar.

La condición de refugiado

170. Los procedimientos de Nueva Zelandia para determinar la condición de refugiado se describían en el último informe. En virtud de la Ley de inmigración revisada de 1999, a la que se ha hecho referencia en el párrafo 159 supra, el sistema de reconocimiento de la condición de refugiado tiene carácter de Ley. Ello incluye el establecimiento por ley de un órgano independiente de apelación sobre la condición de refugiado y la fijación de normas para efectuar las determinaciones correspondientes en la Ley de inmigración y los reglamentos conexos. A los efectos prácticos, esas medidas aseguran que, aunque naturalmente las decisiones del órgano de apelación pueden ser impugnadas, el propio sistema de determinación de la condición de refugiado no está abierto a apelación. Ahora existe también una clara interrelación con la política de inmigración. La Convención sobre los refugiados se incluye en un apéndice de la Ley, el párrafo x) de su artículo 129, para dar cumplimiento a la obligación de no devolución establecida en la Convención.

171. El número de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado ha aumentado en los últimos años, de 560 en 1996-1997 a 2.003 en 1998-1999 . La tasa de aprobación en la determinación inicial fue de 100 en 1997-1998 y de 232 en 1998-1999. Los solicitantes de asilo en espera de que se dictamine acerca de sus solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado reciben asistencia especial del Gobierno en los ámbitos del empleo, el bienestar social, la educación, la salud y la asistencia jurídica para la presentación de sus casos ante el órgano de apelación sobre la condición de refugiado.

Artículo 6

A. Información sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que sirvan para poner en práctica las disposiciones del artículo 6 de la Convención, y en especial las medidas adoptadas para asegurar a todas las personas que se hallen bajo la jurisdicción del Estado que presente el informe protección y recursos efectivos ante los tribunales nacionales competentes y otras instituciones del Estado contra todo acto de discriminación racial que viole sus derechos humanos

y libertades fundamentales

172.Los sucesivos Conciliadores sobre Relaciones Raciales han considerado que la tramitación de las denuncias y las investigaciones era uno de los aspectos más importantes de la labor de su Oficina. Ello ofrece a las personas y a los grupos una vía de recurso con arreglo a la Ley respecto de la discriminación por motivos de color, raza u origen étnico o nacional. Las denuncias también constituyen un barómetro sobre los asuntos de discriminación racial que preocupan a los neozelandeses. La entrada en vigor de la Ley sobre derechos humanos de 1993 generó un incremento considerable del número de denuncias ante la Oficina del Conciliador sobre Relaciones Raciales. Gran parte de este incremento puede atribuirse a las disposiciones de nuevo cuño relativas al hostigamiento racial.

173.Los procedimientos para tramitar las denuncias en virtud de la Ley sobre derechos humanos de 1993 (anteriormente esas disposiciones estaban contenidas en la Ley sobre relaciones raciales de 1971) se

han descrito en los anteriores informes de Nueva Zelandia al Comité. Puesto que los recursos disponibles siguen siendo los mismos, el modelo para la tramitación de denuncias se ha ido perfeccionando para aumentar su eficacia y facilitar el acceso, así como para reducir el tiempo que lleva la resolución de las denuncias. Cada vez es más frecuente que las denuncias se resuelvan gracias a un proceso de arreglo basado en la mediación. Se trata de adoptar un enfoque positivo y evitar procedimientos excesivamente legalistas. De este modo se ha reducido el número de denuncias que pasan de un período de información al siguiente, aunque el número global haya seguido aumentando.

174. En el año que concluyó el 30 de junio de 1996, la Oficina del Conciliador sobre Relaciones Raciales investigó un total de 497 denuncias, de las cuales el 14,5% seguían su curso al final del año. En el año que concluyó el 30 de junio de 1997 se recibió un total de 533 denuncias. Al final del año continuaban los procedimientos relativos al 20% de los casos. En el año concluido en junio de 1998, la Oficina recibió 449 denuncias y de ellas el 81,5% se había resuelto dentro del año. En el año concluido en junio de 1999 se recibieron 658 denuncias, todas las cuales, excepto 49, se habían resuelto en el período pertinente.

175. Un segundo objeto de la atención del Conciliador son las actividades educativas. Una mayor eficiencia del sistema de denuncias e investigación permite liberar algunos recursos adicionales para esta labor. Al mismo tiempo, el Conciliador es consciente de que ese aumento de la eficiencia no debe lograrse a expensas de una reducción de las oportunidades de recurso de los ciudadanos que han recibido un trato discriminatorio; y considera que ha podido lograr el equilibrio apropiado entre las dos funciones dentro de las limitaciones de recursos.

B. Información sobre las medidas adoptadas para asegurar a toda persona el derecho a pedir a esos tribunales satisfacción o reparación justa y adecuada por todo daño de que pueda ser víctima como consecuencia de tal discriminación

176. No se han producido novedades de las que informar a este respecto en el período que se examina.

C. Información sobre la práctica y las decisiones de los tribunales y otros órganos judiciales y administrativos en los casos de discriminación racial tal como se define en el artículo 1 de la Convención

177.Se ofrece información detallada sobre la práctica y las decisiones del Conciliador sobre Relaciones Raciales en los informes de su Oficina correspondientes a los años concluidos en el mes de junio, de 1996 a 1999, que figuran como anexo.

Artículo 7

Información sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que sirvan para poner en práctica las disposiciones del artículo 7 de la Convención, la Recomendación general V, de 13 de abril de 1977, y la decisión 2(XXV),

de 17 de marzo de 1982, en virtud de la cual el Comité aprobó

las directrices adicionales para la aplicación del artículo 7

Educación y enseñanza

178. La información sobre los programas de educación para los maoríes, los pueblos del Pacífico y los miembros de otras minorías étnicas figura en el presente informe en relación con el apartado b) del artículo 2. Se destaca el objetivo de asegurar que los encargados de la formulación de políticas y los administradores, los educadores y los encargados de impartir educación y las propias comunidades

participen en el esfuerzo encaminado a proporcionar a todos los jóvenes plenas oportunidades de participar en las opciones educativas más apropiadas para ellos, y para lograr un alto nivel educativo independientemente de su raza o de su condición socioeconómica. Por otra parte, se remite al Comité a los párrafos 159 a 164 del último informe de Nueva Zelandia, donde se presenta una descripción de los cambios económicos y sociales experimentados en Nueva Zelandia que constituyen el contexto de las iniciativas encaminadas a ofrecer planes de estudios que respondan tanto a la identidad bicultural de Nueva Zelandia como a su composición multicultural. En el presente informe se señala la elaboración en curso de un plan de estudios que responda a las necesidades de los maoríes. En el documento de base de Nueva Zelandia también figura información sobre los programas encaminados a fomentar el respeto y la observancia de los derechos humanos mediante la educación y la publicidad. Están a disposición del público los informes presentados por Nueva Zelandia en cumplimiento de los distintos convenios y pactos internacionales en materia de derechos humanos.

Cultura

179.Si se desea obtener más información pertinente para esta sección, se remite al Comité a las respuestas que figuran en el presente informe en relación con los apartados a) y b) del artículo 2, que tratan de las funciones de los organismos oficiales y las instituciones comunitarias en cuanto a la conservación y el fomento de las culturas y tradiciones de Nueva Zelandia en toda su variedad y al fomento de la aceptación mutua.

180. El Ministerio de Cultura y Patrimonio proporciona de forma ordinaria asesoramiento en relación con los derechos sobre los bienes culturales y su protección. Entre las principales cuestiones en que ha participado en el período que se examina figuran la preparación de un proyecto de ley para garantizar la justa propiedad maorí sobre los artefactos maoríes que se encuentren y su aportación al proyecto de ley sobre la protección de los Taonga (tesoros) maoríes . También ha participado en la elaboración de una estrategia nacional sobre el patrimonio cultural basado en la tierra y en cuestiones relativas a los derechos de propiedad intelectual con particular referencia a los intereses maoríes. La transferencia al Ministerio de las competencias relativas a la Sociedad de Artes Escénicas Tradicionales Maoríes Aotearoa en 1998 y de la Fundación sobre Lugares Históricos, que incluye el Consejo del Patrimonio Maorí, en 1999, confirmaron además el significado cultural de esas entidades y mejoraron la capacidad del Gobierno para prestar un asesoramiento normativo coherente sobre cuestiones culturales maoríes.

181. La Ley sobre el Museo de Nueva Zelandia Te Papa Tongarewa de 1992 estipula que el Museo "deberá tener presente la diversidad étnica y cultural del pueblo neozelandés... y procurar que el Museo exprese y reconozca la valía de las tradiciones maoríes, europeas y de otras grandes culturas, y proporcionar los medios necesarios para que cada una de ellas esté debidamente representada en el Museo como afirmación de la identidad neozelandesa". La cultura y la tradición maoríes siempre ocuparán en él un lugar prominente. El cargo de Director encargado del desarrollo bicultural ha sido sustituido por el cargo más elevado de Kaihautu (jefe o controlador), que equivale al de ejecutivo principal. Te Papa está dedicado a la conservación y el reconocimiento de la cultura maorí en todas sus actividades. Una característica importante del nuevo edificio del Museo, que se inauguró en febrero de 1998, es un marae para todos los neozelandeses, que se ha incorporado como parte integrante del diseño museístico.

182. Creative New Zealand (el Consejo de Artes de Nueva Zelandia), sucesor del Consejo de Artes Reina Isabel II, mencionado en el informe anterior, actúa con arreglo a las disposiciones de la Ley sobre el Consejo de Artes de Nueva Zelandia Toi Aotearoa, de 1994. Su estructura comprende dos juntas para la distribución de financiación. Una de ellas, Te Waka Toi , está dedicada específicamente al arte maorí, mientras que la otra, la Junta para las Artes, se ocupa del arte de todos los neozelandeses. En la Junta para las Artes hay también un Comité para las Artes de las Islas del Pacífico. En general, la estructura de Creative New Zealand, establecida por ley, contempla la evaluación y la financiación autónomas de las obras maoríes, de manera que se refleje mejor que en la legislación anterior el importante papel de los maoríes en las artes de Nueva Zelandia.

Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo

183. Te Puni Kokiri, el Ministerio de Desarrollo Maorí, tiene la responsabilidad principal de la aplicación del programa nacional de acción de Nueva Zelandia para el Decenio. En 1996 se estableció un Fondo del Decenio para distribuir a grupos comunitarios fondos para proyectos tendentes a promover los objetivos del Decenio, incluyendo especialmente la promoción del idioma maorí. Al comienzo del Decenio se estableció una Comisión Nacional de Coparticipación, integrada por representantes del Congreso Maorí, el Consejo Maorí de Nueva Zelandia, la Liga para el Bienestar de las Mujeres Maoríes de Nueva Zelandia, la Comisión de la Lengua Maorí ( Te Taura Whiri I Te Reo Maori ) y el propio Ministerio. Se han desembolsado subvenciones por un valor de 1,5 millones de dólares neozelandeses.

184. La observancia en Nueva Zelandia de la primera mitad del Decenio se centra principalmente en la iniciativa denominada He Taonga Te Reo Maori (El idioma maorí es un tesoro). El resto del Decenio se dedicará especialmente a la iniciativa denominada He Taonga Tuku Iho na Nga Tipuna (Los tesoros transmitidos por los antepasados). Se financiaron varias destacadas conferencias, publicaciones, grabaciones y recursos lingüísticos como medio de mejorar la imagen y el conocimiento de los objetivos del Decenio. Te Puni Kokiri prosigue con su programa de traducir los principales instrumentos internacionales a te Reo Maori como contribución al Decenio, y también dirige el examen que efectúa el Gobierno de su posición con respecto al Convenio Nº 169 (1989) de la OIT.

Información

185. El acceso a los medios de comunicación en idiomas indígenas se reconoce como una cuestión esencial, ya que proporciona el "nivel de comodidad" que permite a las comunidades sentirse integradas como participantes plenos e iguales en la sociedad civil. Además, en virtud del Tratado de Waitangi, el Gobierno tiene la obligación de promover y proteger el idioma maorí mediante la radiodifusión. Con ese propósito se han adoptado varias iniciativas.

186. El Organismo de Radiodifusión Maorí, Te Mangai Paho , establecido en 1993 con objeto de financiar servicios de radiodifusión para promover el idioma y la cultura maoríes, continuó su labor durante todo el período que se examina. Te Mangai Paho recibe anualmente unos 30 millones de dólares neozelandeses para este fin y financia 21 emisoras de radio de las iwi. Para obtener financiación, las emisoras de radio deben cumplir el requisito de ofrecer un contenido mínimo en idioma maorí, y se proporciona como incentivo financiación adicional para niveles más elevados de contenido en ese idioma. La supervisión que efectúa Te Mangai Paho pone de manifiesto que la mayoría de estaciones de las iwi emiten por encima del nivel básico de tres horas. Además, Te Mangai Paho financia dos servicios de noticias radiofónicas en maorí ( Ruia Mai y Mana News).

187. El Gobierno ha reservado frecuencias radiofónicas en todo el país para las estaciones de las iwi a condición de que emitan en idioma maorí. Además, se han reservado frecuencias de UHF apropiadas para emisiones de televisión para un canal de televisión maorí de alcance nacional, que serán suficientes para ir

incorporando las novedades técnicas en cuanto a emisiones de televisión en el futuro previsible. En 1998, el Gobierno aprobó la instauración de un canal de televisión maorí y proporcionó fondos considerables para los gastos iniciales y de funcionamiento, así como para los costos de encargar la realización de programas de televisión en maorí. Se ha establecido un patronato para gestionar las operaciones del canal y para administrar sus bienes.

188. En virtud de la Ley de radiodifusión de 1989, el organismo denominado New Zealand On Air tiene la responsabilidad de asegurar que haya una variedad de emisiones que respondan, entre otros, a los intereses de las minorías de la comunidad, incluidas las minorías étnicas, y de promover una serie de emisiones que reflejen las distintas creencias religiosas y éticas de Nueva Zelandia. Hay en toda Nueva Zelandia 11 emisoras de Access Radio que prestan servicios a una población de más de 50.000 personas. Ofrecen a los grupos étnicos y comunitarios la oportunidad de recibir emisiones periódicas en sus propios idiomas y un contenido pertinente para sus intereses. La financiación procede de New Zealand On Air y de patrocinadores privados o de la adquisición de tiempo de programación por los realizadores de los programas. Dos emisoras radiofónicas de la comunidad de las Islas del Pacífico, en Auckland y en Wellington, reciben financiación de conformidad con la política de New Zealand On Air consistente en apoyar servicios de radio específicos para la población de las Islas del Pacífico en las zonas donde ésta presenta una mayor densidad.

189. New Zealand On Air proporciona financiación para programación general maorí, que incluye reportajes, temas y perspectivas maoríes, es producida en buena medida por los propios maoríes y se dirige a un público general que incluye a los maoríes. New Zealand On Air también subvenciona a Radio New Zealand para que emita, entre otras cosas, programación sobre el idioma y la cultura maoríes en la radio nacional. En cuanto a la emisora New Zealand Music, New Zealand On Air vela por que las obras de cantantes y músicos maoríes estén representadas en la pantalla (en vídeos musicales) y en discos (en programas radiofónicos emitidos por diversas estaciones).

190. El papel de los medios de comunicación en las relaciones raciales es objeto de comentario en los párrafos 137 a 139 del presente informe.

Niue

191.Procede referirse a este respecto a los informes anteriores de Nueva Zelandia, que explican la situación relativa a Niue. En el período examinado no hubo modificaciones de la Orden sobre las relaciones raciales en Niue, de 1972, ni se instruyó causa alguna en Niue con arreglo a la legislación pertinente.

Tokelau

192. Conviene mencionar informes anteriores de Nueva Zelandia sobre la situación con respecto a Tokelau. Se ofrecen datos adicionales en el informe al Parlamento del Administrador de Tokelau. Los informes correspondientes a los años comprendidos entre 1996 y 1999 figuran como anexo 4 * .

193. Los 1.500 habitantes de Tokelau viven en aldeas situadas en tres atolones muy distantes entre sí. En cada uno de los atolones/aldeas se procura atender personalmente a los miembros de la comunidad sobre una base comunitaria. Debido a la homogeneidad de su población y al carácter incluyente de la sociedad de Tokelau, ni hay discriminación racial ni ésta constituye una preocupación cotidiana.

194. En virtud de un programa de transferencia de competencias de base constitucional elaborado mediante deliberaciones con los dirigentes de Tokelau en 1992, Tokelau, con apoyo de Nueva Zelandia, está formulando las instituciones y estructuras de autogobierno que permitirán a su población decidir de manera fundamentada su futura condición política en el marco de un acto de libre determinación. Como primer paso, la parte de la administración pública que se ocupa de los intereses del conjunto de Tokelau, y no de cada una de las aldeas, se restituyó a Tokelau en 1994. Desde entonces se ha continuado trabajando en Tokelau sobre el contenido de una futura constitución adaptada al entorno cultural y a un proceso político basado en el consenso.

195. Como parte de la labor sobre una constitución, Tokelau está estudiando la forma de manifestar su compromiso con los derechos humanos fundamentales. Desde el siglo pasado los habitantes de Tokelau han conocido estas ideas como parte importante del Cristianismo, pero están mucho menos familiarizados con ellas en el contexto del derecho y del gobierno. A medida que se vayan estableciendo mejor los sistemas y el personal, el nuevo Gobierno de Tokelau estará en condiciones de considerar las medidas que podría adoptar Tokelau a la luz de las obligaciones aceptadas por Nueva Zelandia en su nombre en virtud de la Convención.

196. Tokelau puede contar con el interés y el apoyo permanentes del Gobierno de Nueva Zelandia en su desarrollo del autogobierno, así como con el firme compromiso de Nueva Zelandia de prestar ayuda a Tokelau una vez cumplido el acto de libre determinación.

Lista de anexos

Anexo 1 : Maynard Kristen. He tohu whakamarama: a report on the interactions between local government and Maori organizations. Ministry for the Environment, 1998

Anexo 2 : Making education work for Maori. Te Puni Kokiri, Wellington, New Zealand, 1997

Anexo 3 : Report of the Office of the Race Relations Conciliator. Informes anuales correspondientes a los años concluidos el 30 de junio de 1996, 1997 y 1998

Anexo 4 : Report of the Office of the Administrator of Tokelau. Informes anuales correspondientes a los años concluidos el 30 de junio de 1996, 1997 y 1998

Referencias

Publicaciones

Donn, Mary. Promoting positive race relations in New Zealand schools: me mahi tahi tatou . Ministry of Education, Wellington, New Zealand, 1995

New Zealand. Public Health Commission. He matariki: a strategic plan for Maori public health: he kaupapa whainga roa mo te hauroa tumatanui Maori : the Public Health Commission´s advice to the Minister of Health, Wellington, New Zealand, 1995

Report of Submissions: Crown proposals for the Treaty of Waitangi claims, Wellington, New Zealand, 1995

Thomson, Barbara. Ethnic diversity in New Zealand: a statistical profile: a report on main population groups in the ethnic sector, prepared for the Ethnic Affairs Service, based on information from the Census of population and dwellings, Department of Internal Affairs, Wellington, New Zealand, 1996

Ward, Alan. Rangahaua Whanui National Overview. Waitangi Tribunal; GP Publications, Wellington, New Zealand, 1997

Healing the past, building a future: a guide to Treaty of Waitangi claims and direct negotiations with the Crown. Office of Treaty Settlements, Wellington, New Zealand, 1999

Tratados y leyes de Nueva Zelandia

Tratado de Waitangi, 1840

Ley sobre derechos humanos de 1993 (que sustituye a la Ley sobre relaciones raciales de 1971 y a la Ley sobre la Comisión de Derechos Humanos de 1977)

Ley sobre derechos humanos revisada de 1999

Ley sobre la Carta de Derechos de Nueva Zelandia de 1990

Ley de contratación de 1991

Ley sobre el Tratado de Waitangi de 1975

Ley sobre el Tratado de Waitangi revisada de 1977

Ley Te Ture Whenua Maori (Ley sobre las tierras maoríes) de 1993

Ley sobre la gestión de los recursos de 1991

Ley de 1992 sobre las reivindicaciones pesqueras en virtud del Tratado de Waitangi; y Ley sobre la resolución de las reclamaciones en materia de pesca de 1996

Ley de resolución de Ngai Tahu, de 1998

Ley sobre el idioma maorí de 1987

Ley sobre alquileres de 1986

Ley sobre los niños, los adolescentes y sus familiares de 1989

Ley electoral de 1993

Ley sobre inmigración revisada de 1999

Ley sobre el Consejo de Artes de Nueva Zelandia Toi Aotearoa de 1994

Ley sobre radiodifusión de 1989

Ley sobre interpretación de las leyes de 1924 (y Ley sobre interpretación de 1999)