88º período de sesiones

Ginebra, 13 a 31 de mayo de 2024

Tema 4 del programa provisional

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

Respuestas de Rwanda a la lista de cuestiones y preguntas relativa a su décimo informe periódico*

[Fecha de recepción: 6 de mayo de 2024]

Divulgación de la Convención, su Protocolo Facultativo y las recomendaciones generales del Comité

Respuesta al párrafo 1 de la lista de cuestiones y preguntas (CEDAW/C/RWA/Q/10)

Como se destaca en el párrafo 43 del décimo informe periódico presentado por Rwanda, el Estado parte no ha organizado el retiro de liderazgo, pero las instituciones del mecanismo nacional de género se reúnen una vez al mes en una reunión de administradores de categoría superior y, cada trimestre, se reúnen los tres subgrupos del mecanismo para discutir cuestiones relativas a la promoción de la visibilidad de la Convención y las estrategias para promover la igualdad de género en general. El Estado parte también promueve la visibilidad de la Convención mediante: 1) la realización de actividades de divulgación comunitaria en relación con la igualdad de género y la convocatoria de líderes locales y representantes de grupos especiales; 2) la organización de diálogos de género en instituciones de enseñanza superior; 3) la organización de programas y charlas en la radio y la televisión destinados a difundir la Convención y sus Protocolos Facultativos entre el público en general; 4) la organización de actividades de formación de líderes religiosos a fin de garantizar una evangelización transformadora de género en el Estado parte.

Como se indica en el párrafo 64 del informe de Rwanda, el Estado parte implementa varios programas de transformación de género, como los modelos Bandebereho e Indashyikirwa, destinados a aumentar al máximo la participación de hombres y niños varones en la promoción de la igualdad de género, como se destaca en la quinta área prioritaria de la política de género de Rwanda de 2021. También se ha elaborado una estrategia nacional de transformación en materia de género que hace partícipes a los hombres y los niños varones en la igualdad de género.

Con referencia al párrafo 73 del informe, el Estado parte continúa divulgando la Convención mediante diálogos de género en instituciones de enseñanza superior destinados a cuestionar los estereotipos y las normas sociales y de género negativas en las escuelas.

En el párrafo 108 del informe de Rwanda se informa sobre la lucha contra la trata de personas. Además, el Estado parte ha elaborado un marco de políticas que está a la espera de la aprobación del gabinete; en la misma línea, en enero de 2024 la campaña contra el delito de trata de personas se había llevado a cabo durante dos meses en todo el país y había concluido.

Según los párrafos 124 y 125 del informe del país, el Estado parte sigue promoviendo la igualdad de género mediante talleres de capacitación en los que planificadores y personal de desarrollo empresarial de 30 distritos recibieron formación sobre la integración de la perspectiva de género en la planificación del desarrollo y la promoción del empleo a nivel nacional y de distrito. Asimismo, 200 funcionarios de distritos y de la administración central recibieron un paquete denominado “Iniciativa de Gestión sobre el Género y las Políticas Económicas”, destinado a reforzar sus competencias en materia de integración de la perspectiva de género en la planificación y presupuestación, y de seguimiento y evaluación de las intervenciones.

Como se informa en el párrafo 129, el Estado parte sigue incorporando regularmente la perspectiva de género en el sector de los medios de comunicación organizando talleres de redactores jefe de medios de comunicación públicos y privados a fin de garantizar una cobertura de los medios que tenga en cuenta las cuestiones de género y esté libre de violencia de género, así como garantizar la representación de las mujeres en el sector de los medios de comunicación.

Derechos de las mujeres e igualdad de género en relación con la pandemia y las iniciativas de recuperación

Respuesta al párrafo 2 de la lista de cuestiones y preguntas

El Estado parte ha adoptado varias medidas para abordar las desigualdades de larga data entre mujeres y hombres y para dar prioridad a la igualdad de género de conformidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Algunas de estas medidas son las siguientes: 1) reformas legislativas que hacen que se cumplan la igualdad de género, la protección contra la violencia de género y la promoción de los derechos de la mujer, colaborando estrechamente con el Fondo de Desarrollo Empresarial (BDF), cuya misión es ayudar a las pequeñas y medianas empresas a obtener financiación a precios bajos a través de diversos canales; 2) promover el empoderamiento económico de las mujeres a través de iniciativas como el acceso al crédito, el emprendimiento con empresas emergentes, la formación y el apoyo a las empresas dirigidas por mujeres gracias a la Zona de Libre Comercio Continental Africana (ZLCCAf), que acelera el comercio intraafricano e impulsa la posición comercial de África en el mercado mundial reforzando la voz común y el espacio de políticas de África en las negociaciones comerciales mundiales; 3) alentar y apoyar la participación y la representación de las mujeres en los procesos políticos y de toma de decisiones a todos los niveles; 4) apoyar a diferentes instituciones para que elaboren y apliquen políticas y programas destinados a abordar las disparidades de género en diversos sectores, como la educación, el empleo, la atención sanitaria y la representación política.

Iniciativas de respuesta y de recuperación ante la crisis de la COVID-19: En 2020, el Gobierno de Rwanda desarrolló y el gabinete aprobó el Plan de Recuperación Económica con el objetivo de orientar al Gobierno sobre las intervenciones clave necesarias y las políticas fiscales en todos los sectores que proporcionarían apoyo a los hogares e impulsarían el empleo y el crecimiento hacia el proceso de recuperación de la COVID-19.

Con el fin de hacer una contribución significativa a la respuesta a la crisis y a la recuperación económica de Rwanda, el país creó, dentro del Fondo de Recuperación Económica, el Proyecto de Acceso a la Financiación para la Recuperación y la Resiliencia (AFIRR), cofinanciado por el Banco Mundial con el fin de apoyar a las empresas de los sectores afectados por la pandemia para que puedan sobrevivir, reanudar sus operaciones, crear y salvaguardar empleo y ampliar la producción nacional.

El proyecto AFIRR es ejecutado por el Banco de Desarrollo de Rwanda (BRD) y el Fondo de Desarrollo Empresarial (BDF) bajo la coordinación del Ministerio de Finanzas y Planificación Económica. El AFIRR consta de cuatro componentes: 1) el mecanismo de liquidez y recuperación, que tiene por objeto aliviar las dificultades financieras a corto y largo plazo de las empresas y adaptar su actividad al escenario posterior a la crisis de la COVID-19; 2) el mecanismo de riesgo compartido, orientado a mejorar, ampliar y expandir las soluciones de riesgo compartido existentes con el objetivo de llegar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) de los sectores más afectados por la pandemia de COVID-19; 3) la construcción institucional y el apoyo a la aplicación, consistentes en el refuerzo de la capacidad de resistencia y recuperación de las empresas; el fortalecimiento institucional; y la gestión y el seguimiento de los proyectos; y 4) el componente de respuesta de emergencia ante imprevistos para hacer frente a cualquier emergencia.

La integración de la perspectiva de género se reflejó en las medidas de recuperación y resiliencia. Teniendo en cuenta las principales limitaciones a las que se enfrentan las mujeres, como los limitados niveles en lo que respecta al acceso a la información, la formación práctica y desarrollo en materia empresarial, la financiación y la propiedad de bienes, y los problemas relacionados con las normas sociales y de género negativas, el Gobierno de Rwanda, en colaboración con el Banco de Desarrollo de Rwanda, desarrolló un plan de acción sobre el género a fin de garantizar la integración efectiva de una perspectiva de género coherente en el proyecto AFIRR del ERF.

Marco constitucional y jurídico

Respuesta al párrafo 3 de la lista de cuestiones y preguntas

Recientemente se han introducido modificaciones en la legislación laboral del país, citadas como la Ley núm. 027/2023, de 18 de mayo de 2023, por la que se modifica la Ley núm. 66/2018, de 30 de agosto de 2018, a fin de aumentar la licencia parental de las madres, de 12 semanas consecutivas a la notable cifra de 14 semanas consecutivas, al tiempo que se amplía la licencia de paternidad de cuatro a siete días naturales.

Por otro lado, el Código Penal revisado de Rwanda de 2018 determina en su artículo 137 que quien agreda sexualmente a su cónyuge será castigado con un máximo de cinco años de cárcel. En caso de violación no conyugal, el castigo es de diez años de prisión a cadena perpetua.

Acceso a la justicia

Respuesta al párrafo 4 de la lista de cuestiones y preguntas

El Ministerio de Justicia (Oficina del Fiscal General), entre otros logros, descentralizó y prestó servicios de asistencia jurídica mediante el tratamiento de las reclamaciones de los nacionales dirigidas al personal de la sede del Ministerio, en las Oficinas de Acceso a la Justicia a nivel de distrito y a los miembros de los comités Abunzi (comités de mediación) en cada célula y sector. En este sentido, a finales del ejercicio 2022/23, las Oficinas de Acceso a la Justicia recibieron y tramitaron 19.206 casos, de los cuales 11.286 (59 %) correspondían a mujeres, 7.920 (41 %) a hombres y 2.261 a menores. Por otro lado, los comités Abunzi recibieron y resolvieron un total de 28.776 casos, de los cuales 16.899 (59 %) eran de hombres y 11.877 (41 %) de mujeres. De ellos, 27.291 (95 %) fueron objeto de mediación amistosa en todo el país.

Mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer

Respuesta al párrafo 5 de la lista de cuestiones y preguntas

En relación con los recursos humanos, técnicos y financieros asignados al mecanismo de género, el establecimiento de la Ley Orgánica de Gestión de las Finanzas Públicas, núm. 002/2022.OL de 12 de diciembre de 2022, sobre igualdad de género e inclusión social en la gestión de las finanzas públicas exige la promoción de la igualdad de género y la participación de todas las personas de la sociedad en la gestión de las finanzas públicas (art. 4.6). Para ponerlo en práctica y de conformidad con el artículo 34.12 de la citada ley, tal y como se especifica en la Orden Ministerial núm. 001/16/10/TC de 26 de enero de 2016 (art. 10.7), uno de los principios rectores de la asignación presupuestaria para todos los organismos presupuestarios públicos/estatales es contar con procesos presupuestarios con perspectiva de género que garanticen el equilibrio de género en la asignación presupuestaria. De acuerdo con este principio, cada organismo presupuestario presenta su declaración presupuestaria de género basada en el análisis de género y la identificación de subprogramas clave, destinando una gran proporción del presupuesto a la mejora de la prestación de servicios. Además, cada entidad presupuestaria presenta la estructura de personal desde una perspectiva de género.

Los informes de ejecución presupuestaria y de actividad obligan a todos los ministerios y entidades de la administración central que no estén bajo la supervisión de ningún ministerio a preparar y presentar al ministro su informe trimestral y anual de ejecución presupuestaria, con inclusión de la declaración presupuestaria de género y el informe de actividad (art. 77).

Durante las audiencias sobre el presupuesto presididas por el presidente de la comisión parlamentaria y el Ministerio de Finanzas y Planificación Económica, la Oficina de Seguimiento de la Igualdad de Género, junto con representantes de organizaciones de la sociedad civil, vela por la integración de la igualdad de género en la planificación, el presupuesto y la estructura de personal.

Organizaciones no gubernamentales

Respuesta al párrafo 6 de la lista de cuestiones y preguntas

El artículo 35 de la Constitución estipula que “la libertad de asociación está garantizada y no requerirá autorización previa”. En relación con la promoción y protección de la libertad de asociación de todas las personas y grupos, como la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y los partidos políticos, a fecha 30 de junio de 2023, se habían registrado 2.239 organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales y 207 ONG internacionales, una vez presentada la documentación siguiente: 1) carta de solicitud dirigida al Director General de la Junta de Gobernanza de Rwanda; 2) estatutos certificados por un notario; 3) carta de recomendación emitida por el alcalde del distrito en el que la organización pretende llevar a cabo sus actividades; 4) acta notarial de la reunión de la asamblea general en la que, entre otras cosas, se constituyó la organización y se aprobaron sus estatutos, su plan de acción y se nombraron los miembros de sus órganos; 5) lista de participantes en la asamblea general con sus nombres, documento de identidad, números de teléfono y firmas; 6) currículos del representante legal y de su adjunto; 7) certificados de antecedentes penales del representante legal y de su adjunto; 8) declaración notarial del representante legal y de su adjunto en la que confirman su disposición a asumir responsabilidades; 9) plan de acción anual en el que se detallen las actividades, el número de beneficiarios, el presupuesto y la fuente de fondos; y 10) resguardo de pago de 100.000 francos rwandeses como tasa no reembolsable.

En cuanto a las mujeres defensoras de los derechos humanos, el Gobierno de Rwanda reconoce la contribución de los defensores de los derechos humanos en el contexto de las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil. En este sentido, el Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos reconoce a los defensores de los derechos humanos entre las partes interesadas en la agenda nacional de derechos humanos. La interacción y la colaboración entre el Gobierno de Rwanda y la sociedad civil que trabaja en el ámbito de los derechos humanos han mejorado notablemente, y las organizaciones de la sociedad civil disfrutan de un espacio libre para llevar a cabo sus actividades.

Medidas especiales de carácter temporal

Respuesta al párrafo 7 de la lista de cuestiones y preguntas

Se han tomado medidas para garantizar la paridad de género en los nombramientos: el número total de altos cargos asciende a 1.236 (con 375 mujeres frente a 869 hombres). También se han tomado medidas para promover la igualdad de género en el mundo laboral (incluido el empleo informal y no estándar, así como la iniciativa empresarial). El Estado parte ha incorporado la perspectiva de género en el trabajo decente y los empleos productivos desde la política de empleo hasta los programas. En la aplicación de la Política Nacional de Empleo Revisada de 2019, se adoptaron algunas medidas para facilitar el empleo de las mujeres, como las siguientes:

a)Mejorar la empleabilidad de las mujeres y promover la igualdad de acceso a los recursos productivos (como la tierra, las finanzas, etc.) y el desarrollo de la iniciativa empresarial de las mujeres; las mujeres y los hombres tienen actualmente los mismos derechos de propiedad y uso de la tierra (al 50 %), lo que ha aumentado el acceso a los préstamos en caso de que se les soliciten garantías. Se desarrollaron productos financieros específicos para mujeres en pymes y se facilitaron con la aportación del 75 % de los avales solicitados, así como subvenciones, a través del Fondo de Desarrollo Empresarial. Además, se agrupó a las vendedoras ambulantes en cooperativas o grupos de ahorro oficiales para ayudarlas a conseguir mercados y acceso a financiación para mantener sus negocios;

b)En la aplicación de la política de aprendizaje en el lugar de trabajo, las directrices prevén la consideración especial de la participación inclusiva de las mujeres, los hombres y las personas con discapacidad. En cuanto a la seguridad y el bienestar de los beneficiarios en los lugares de trabajo, la violencia de género se prohibió y se previno a todos los niveles;

c)En la implementación de la Política Nacional de Empleo Revisada de 2019, también se desarrolló la Estrategia de Integración del Género y la Inclusión en la Promoción Nacional de las Competencias y el Empleo, con el fin de garantizar la igualdad de beneficios para hombres y mujeres en las intervenciones relacionadas con el empleo, como el desarrollo de aptitudes y el desarrollo del espíritu empresarial, entre otros;

d)En la contratación de los funcionarios públicos también se tiene en cuenta el aspecto del género. En el artículo 17 de la Orden Presidencial relativa a la contratación de funcionarios públicos y el programa de inducción, núm. 128/01 de 3 de diciembre de 2020, se establece que si dos o más candidatos obtienen la misma puntuación para un puesto de trabajo, se dará prioridad para la oferta de trabajo al candidato del género menos representado en la institución pública en cuestión;

e)Para fomentar estrategias que tengan en cuenta las cuestiones de género, se han adoptado tecnologías apropiadas para reducir la carga que supone para las mujeres el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, como aumentar el presupuesto para que las personas puedan acceder a energía verde para cocinar, y disposiciones estratégicas específicas en la estrategia nacional transformadora que implica a hombres y niños en pro de la igualdad de género, dedicada a transformar las normas sociales para una redistribución equitativa de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados;

f)Rwanda, como miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde 1962 hasta la fecha, ha ratificado diversos convenios en materia de empleo y trabajo. Concretamente, la ratificación del Convenio sobre la Violencia y el Acoso, 2019 (núm. 190), a través de la Orden Presidencial núm. 031/01 de 26 de mayo de 2023 sobre la Violencia y el Acoso tiene como objetivo mejorar las condiciones de trabajo, abordar los problemas globales de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, fomentar un entorno basado en la dignidad, el respeto y que esté libre de violencia y acoso;

g)El uso de la tecnología en las actividades domésticas, como el uso de gas de cocina, lavadoras y otros, es de suma importancia para aumentar la productividad y los ingresos de las mujeres, ya que reduce el tiempo dedicado a las tareas domésticas a las actividades económicas que son productivas para ellos y el país en su conjunto;

h)También se introdujeron centros de desarrollo de la primera infancia para facilitar el trabajo de las madres de niños de corta edad y se están creando salas de lactancia en centros de trabajo públicos y privados.

Estereotipos discriminatorios y prácticas nocivas

Respuesta al párrafo 8 de la lista de cuestiones y preguntas

Como se establece en la esfera prioritaria 7 de la política nacional de género revisada de 2021, sobre el fomento de la capacidad en materia de género, el Gobierno, a través del Ministerio de Género y Promoción de la Familia y sus asociados, organiza periódicamente cursos intensivos de formación en transformación de género para líderes religiosos y jefes de redacción sobre: 1) la promoción de los principios de igualdad de género, 2) la lucha contra la violencia de género, 3) las masculinidades positivas, 4) el empoderamiento de la mujer, con el fin de cuestionar los estereotipos socioculturales y patriarcales negativos de los habitantes de zonas urbanas y rurales. La intervención llegó a 36 periodistas de diversos medios de comunicación y a 316 líderes religiosos y sus cónyuges.

Además, en relación con la esfera prioritaria 5 de la misma política, el Estado parte desarrolló una estrategia nacional de transformación de género para 2023/24 – 2027/28 que involucra a hombres y niños para la igualdad de género y va a servir como referencia nacional del compromiso de todos los hombres y niños y el cambio de las normas sociales a lo largo de la trayectoria de transformación de género en Rwanda.

Violencia de género contra la mujer

Respuesta al párrafo 9 de la lista de cuestiones y preguntas

Se ha desarrollado el sistema de información de gestión basado en el género, que ya está operativo para apoyar la introducción de datos en el Centro de Atención Integral Isange desde diciembre de 2023. El sistema dispone de funciones que permiten la introducción de datos, la coordinación y el seguimiento. Esas funciones son las de coordinador, investigador, oficial de violencia de género, médico, psicólogo y Oficina de Acceso a la Justicia.

Este sistema electrónico integrado de gestión de casos, que recoge datos a distintos niveles de la investigación, la fiscalía y los tribunales, se está actualizando y generará distintos indicadores, incluida la relación entre autores y víctimas. Tras la actualización, la siguiente fase consistirá en formar a todos los usuarios en la introducción de datos para garantizar su eficacia.

En consonancia con su mandato de ser un centro de conocimiento e información sobre la igualdad de género, la Oficina de Seguimiento de la Igualdad de Género estableció un sistema de gestión de la información sobre el género que es un sistema web desarrollado en 2018 y lanzado oficialmente en 2019. El sistema sirve como herramienta para la gestión de datos con el objetivo principal de fundamentar una programación sensible a las cuestiones de género y una promoción con base empírica para un desarrollo inclusivo y sostenible. Tras la fase de iniciación, en el mismo año, ha seguido la fase piloto, que ha llevado a la actualización del sistema. En un principio, el sistema contó con módulos de administración del sistema, recopilación de datos y elaboración de informes; más tarde, el sistema de gestión de la información sobre el género se actualizó con nuevos módulos adicionales de portal público e interpretación de datos. El sistema está plenamente operativo desde 2020. Actualmente, cuenta con datos de género para 62 indicadores en diferentes distritos y sectores para los cinco períodos (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 y 2022/2023), datos sobre 70 indicadores procedentes de encuestas y censos y datos sobre 44 indicadores procedentes de ministerios e instituciones públicas.

El sistema de gestión de la información sobre el género ayuda principalmente a disponer de datos de género en caso de que se necesiten en diferentes marcos de datos de género internos y externos; y ayuda a responder a las diferentes solicitudes de datos de género de instituciones públicas y privadas y a fundamentar la programación de los diferentes actores clave mediante consultas periódicas con ellos.

Fomento de la capacidad de los usuarios del sistema: Tras la actualización del sistema, los especialistas en estadística de los distritos, el equipo técnico del sistema de gestión de la información sobre el género y el personal de la Oficina de Seguimiento de la Igualdad de Género recibieron formación sobre la operatividad y funcionalidad del sistema.

Proceso de recopilación de datos: La recopilación de datos de género es el proceso crítico de la operacionalización del sistema de gestión de la información sobre el género, mediante el cual los datos de género se recopilan anualmente tanto en las instituciones centrales como en las descentralizadas. A nivel de distrito, se recopilan datos sobre 62 indicadores de género y violencia de género, además de los datos que se recopilan y piden a los distritos en función de la solicitud de la institución. El sistema también almacena datos administrativos de ministerios e instituciones y datos desglosados por sexo procedentes de encuestas e informes de los censos.

Los Centros de Atención Integral Isange prestan servicios gratuitos a través de trabajadores sociales y funcionarios de asistencia jurídica que facilitan a las víctimas la información necesaria, incluidos sus derechos para presentar denuncias sin temor.

Estos centros están instalados actualmente en 48 hospitales, donde las víctimas pueden caminar libremente como cualquier otro paciente para acceder a los servicios sin ser identificadas. Además, la ley establece el derecho de las víctimas, incluido el derecho a la privacidad durante todo el proceso de acceso a la justicia, a ser informada sobre la disposición legal que le afecta y el derecho a ser protegida si expresa preocupación por su seguridad (art. 54 de la Ley núm. 027/2019, de 19 de septiembre de 2019, relativa al proceso penal).

Violencia contra la mujer en situaciones de conflicto

Respuesta al párrafo 10 de la lista de cuestiones y preguntas

Como se indica en el párrafo 104 del informe, el Gobierno de Rwanda considera que no hay elementos nuevos en relación con este informe y mantiene su postura de rechazarlo categóricamente.

En cuanto a la creación de capacidad mencionada en el párrafo 9 del informe de Rwanda, el Estado parte, por conducto de los Servicios Penitenciarios de Rwanda, celebra cada año una convención de mujeres en los servicios penitenciarios en la que los miembros debaten todas las cuestiones relacionadas con el género y la forma de abordarlas. Más de 200 participantes en estas convenciones son hombres y mujeres empleados en los Servicios Penitenciarios de Rwanda. Este año se celebró el 28 de febrero de 2024 con el tema: “Empoderamiento de las funcionarias de prisiones: una contribución al fortalecimiento del sistema penitenciario”. Además, todas las formaciones impartidas en los Servicios Penitenciarios de Rwanda deben incluir temas relacionados con el género, como la igualdad, la equidad, la violencia de género, la atención a las necesidades específicas de género, etc. Los Servicios Penitenciarios de Rwanda también llevan a cabo campañas de sensibilización sobre género y prevención de la violencia de género para preparar una reintegración transformadora de género de sus beneficiarios una vez de vuelta a la comunidad y mientras cumplen sus condenas.

El Ministerio de Defensa empodera por igual a todos los miembros de las Fuerzas de Defensa de Rwanda en todos los cursos de la carrera militar y la educación formal. El Ministerio de Defensa ha redactado y aprobado la Política de Gestión de las Cuestiones de Género, que estipula claramente que se prohíbe a todos los miembros de las fuerzas armadas cualquier acto de violencia de género. El Ministerio de Género y Promoción de la Familia también participa regularmente en las academias de policía, del ejército y de los servicios penitenciarios para impartir un módulo sobre género, prevención y respuesta a la violencia de género, para cada cohorte de esas academias.

Trata y explotación de la prostitución

Respuesta a los párrafos 11 y 12 de la lista de cuestiones y preguntas

Como se informa en el párrafo 106, la ley ha establecido mecanismos y marcos para luchar contra la trata de personas y crear un Comité Directivo Nacional de lucha contra la trata para coordinar todas las intervenciones. El Decreto 019/03 del Primer Ministro, de 29 de agosto de 2021, que determina el órgano encargado de proporcionar los medios necesarios para la repatriación de las víctimas de delitos de trata de personas, aclaró las funciones y responsabilidades de cada institución: el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional repatría a las víctimas de la trata de personas, mientras que el Ministerio de Finanzas y Planificación Económica aporta el presupuesto necesario para la repatriación.

La Orden Ministerial núm. 013/MOJ/AG/21, de 29 de agosto de 2021, que prevé otros medios particulares para apoyar a las víctimas de la trata de personas, regula las intervenciones en respuesta a las víctimas de la trata de personas a distintos niveles para conseguir tratamiento y otros tipos de gestión, así como la reintegración en sus comunidades. La ley tipifica el delito de trata de personas basada en el género. También prevé la protección y el socorro a las víctimas, procedimientos y directrices que deben seguir los tribunales en relación con el castigo de los culpables y la protección y la indemnización de las víctimas de la violencia, y proporciona una definición más clara y la ampliación de la noción de violación para incluir la violencia conyugal.

Esta orden ministerial también incorporó a las víctimas de la trata de personas entre los beneficiarios de los servicios multidisciplinares del Centro de Atención Integral Isange que, por tanto, pueden acceder a servicios holísticos gratuitos que incluyen atención médica y psicológica, investigaciones, alojamiento y reintegración, según las directrices nacionales de reintegración de las víctimas de la violencia de género.

En este sentido, se registraron a nivel de investigación un total de 172 casos de trata de personas que implicaban a 235 víctimas (65 con fines de explotación sexual y 170 con fines de explotación laboral), de las que 79 eran menores de 18 años, 127 tenían entre 18 y 30 años y 29 tenían más de 30 años. Se interceptó a 79 víctimas cuando se dirigían al extranjero, mientras que 232 eran rwandesas y 4 burundesas.

En el ámbito de la fiscalía, se registraron 171 casos, de los cuales 49 fueron procesados y 40 sospechosos fueron condenados, mientras que 9 fueron absueltos.

Participación en la vida política y pública

Respuesta al párrafo 13 de la lista de cuestiones y preguntas

En Rwanda, la red establecida de parlamentarias (Foro de Mujeres Parlamentarias Rwandesas) influye en el programa de integración de la perspectiva de género en el parlamento (legislación y supervisión del Gobierno).

La Constitución de la República de Rwanda establece en su artículo 75, párrafo B, que en la Cámara de los Diputados debe haber 24 escaños específicos reservados para mujeres. En el Senado, al menos el 30 % de los senadores electos y designados deben ser mujeres (art. 80.7). Se ha reforzado la colaboración entre las instituciones públicas designadas como “mecanismo nacional de género”, a saber, el Ministerio de Género y Promoción de la Familia, el Consejo Nacional de la Mujer, el Foro de Mujeres Parlamentarias Rwandesas y la Oficina de Seguimiento de la Igualdad de Género, a fin de mejorar la coordinación y reforzar la coordinación vertical y horizontal con otras partes interesadas en la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer a nivel central y descentralizado.

La cuota de al menos el 30 % de mujeres en los órganos decisorios está integrada en las leyes que rigen las elecciones a todos los niveles. Rwanda cuenta con 23 mujeres diplomáticas en sus misiones diplomáticas en el extranjero, de un total de 144 diplomáticos, y 39 funcionarias en la sede central, de un total de 91. Rwanda cuenta con un total de 62 trabajadoras rwandesas empleadas en los servicios exteriores, de un total de 235 trabajadores.

En cuanto a los efectos de la aplicación de la cuota del 30 % en el partido estatal, la representación de mujeres en los órganos de toma de decisiones se evidencia con un 63,1 % de mujeres en la cámara baja del Parlamento, un 42,4 % de mujeres miembros del gabinete, un 37,5 % de senadoras y un 78 % de vicealcaldesas de distrito a cargo de Asuntos Sociales, entre otros efectos registrados.

Educación

Respuesta al párrafo 14 de la lista de cuestiones y preguntas

Para hacer frente a las barreras que impiden el acceso de las mujeres y las niñas a la educación y aumentar el número de matriculaciones en centros de enseñanza secundaria, el Ministerio de Educación adoptó diferentes medidas, entre ellas:

a)Construcción de salas para niñas en la educación básica y equipamiento de dichas salas con material higiénico: a partir de 2020/21, el porcentaje de escuelas con salas para niñas aumentó del 55,4 % al 57,1 % en las escuelas primarias, del 80,5 % al 81 % en las escuelas secundarias profesionales y del 76,2 % al 81,0 % en las escuelas de enseñanza y formación técnica y profesional;

b)Aumento del número de aulas para reducir el hacinamiento y las distancias recorridas para ir a la escuela, lo que repercutió no solo en la proporción de alumnos por profesor en la educación primaria en los últimos cinco años, de 61 alumnos por profesor en 2017 a 44 por profesor en 2021/22, sino también en proporcionar un entorno de aprendizaje más favorable para los estudiantes. El número de aulas en uso aumentó de 59.032 en 2019 a 77.629 en 2021/2022;

c)Implantación de un programa de alimentación escolar en todas las escuelas de preescolar, primaria y secundaria;

d)Supresión de las tasas escolares y concesión de subvenciones por alumno a todas las escuelas primarias y secundarias públicas y concertadas;

e)Introducción en el plan de estudios basado en las competencias de temas relacionados con la igualdad de género y la educación sexual integral;

f)Capacitación de los profesores en materia de igualdad y equidad de género y pedagogía sensible al género;

g)Formación sobre educación sexual integral y creación de clubes de salud en las escuelas para tratar diversos temas y códigos de conducta con profesores, alumnos y directores;

h)Colaboración con diversas partes interesadas en la educación para promover la educación de las niñas (UNICEF: Programa GIRL; CLE: elaboración de una estrategia de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para atraer a las niñas, ONU-Mujeres: programa intensivo y fundación Imbuto: premio para las mujeres con mejor desempeño), mientras que diversas ONG locales trabajan en la salud sexual y reproductiva de los adolescentes;

i)Animar a las estudiantes embarazadas a seguir estudiando mientras puedan asistir a la escuela y volver a ella después del parto, tal y como se establece en la política de educación de las niñas.

En general, la tasa de matriculación de las niñas en la enseñanza secundaria no es baja en comparación con la de los niños (primer ciclo de secundaria: 54,5% en niñas y 45,5% en niños; segundo ciclo de secundaria: 58,2% en niñas y 41,8% en niños), salvo en los campos de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (47,7 %) y la enseñanza y formación técnica y profesional (41,7 %) de los niveles 1 a 5. Se está abordando ese problema con las intervenciones mencionadas. El Ministerio de Educación también está aplicando la integración de la perspectiva de género en la planificación de sus actividades de acuerdo con las directrices nacionales mínimas sobre género y rendición de cuentas. Se están llevando a cabo proyectos con las partes interesadas, como el de “Cero niños sin escolarizar”, para solucionar el problema del abandono escolar.

Impacto de la política de educación de las niñas: 1) Más niñas embarazadas y madres adolescentes han podido acceder a la educación formal y continuar sus estudios sin interrupción (primaria y secundaria), ya que no se impone ningún castigo a las alumnas embarazadas, sino que se las anima a permanecer en la escuela mientras puedan asistir, y a que regresen tras el parto. Se sensibiliza a las escuelas para que faciliten a las madres adolescentes su asistencia a clase ofreciéndoles tiempo para la lactancia materna; 2) Se ha reducido el estigma y la discriminación contra las niñas embarazadas y las madres jóvenes mediante campañas de sensibilización y políticas inclusivas, fomentando un entorno más propicio; 3) Las niñas que se reintegran en las escuelas tienen la oportunidad de mejorar sus resultados académicos, adquirir habilidades para un futuro empleo y romper el ciclo de la pobreza;4) Se llevaron a cabo campañas de sensibilización con el fin de ayudar a la comunidad escolar a reconocer las diferentes formas de violencia de género, incluida la violencia física, sexual, emocional y económica; confrontar las normas y creencias sociales que perpetúan la violencia de género, los canales de denuncia y la conservación de pruebas. También se centraron en iniciativas de sensibilización que capacitaran a las víctimas de la violencia de género para denunciarla, buscar ayuda y acceder a los servicios de apoyo disponibles. Se animó a los miembros de la comunidad a participar activamente en las actividades de prevención y en las estrategias de intervención temprana.

Empleo

Respuesta al párrafo 15 de la lista de cuestiones y preguntas

En consonancia con las medidas adoptadas para promover en la práctica el reparto equitativo de las responsabilidades familiares y domésticas entre las mujeres y los hombres, de conformidad con los artículos 54 y 58 de la Orden Ministerial núm. 02/MIFOTRA/23 de 1 de agosto de 2023 sobre salud y seguridad en el trabajo, organizaciones de trabajadores y organizaciones de empresarios, empleo infantil, empleo de personas extranjeras y permisos, una trabajadora que dé a luz tiene derecho a una licencia de maternidad de 14 semanas consecutivas, incluidas las dos semanas que puede tomarse antes del parto.

Un trabajador hombre tiene derecho a una licencia de paternidad de siete días naturales en caso de que su esposa dé a luz.

Las medidas adoptadas por el Estado parte para hacer frente a la tasa de desempleo desproporcionadamente elevada entre las mujeres y la sobrerrepresentación de estas en la economía informal, son, entre otras: 1) triplicar la matriculación de niñas en enseñanza y formación técnica y profesional; 2) promover el acceso de las mujeres a productos financieros para la inversión formal; 3) promover la educación de las niñas centrándose en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas; 4) fomentar el desarrollo de aptitudes laborales según la estrategia nacional de promoción de las competencias y el empleo.

De acuerdo con las directrices nacionales mínimas sobre la incorporación de la perspectiva de género y la rendición de cuentas de 2024, el Estado parte alienta al sector privado a: 1) poner en marcha medidas especiales de facilitación para apoyar a los pequeños comerciantes transfronterizos informales, la mayoría de los cuales son mujeres; 2) establecer medidas especiales (incentivos fiscales y no fiscales) para ofrecer una ventaja competitiva a las mujeres y los jóvenes exportadores a pequeña escala; 3) revisar el marco normativo de facilitación de la actividad empresarial para incorporar una perspectiva de género en la legislación comercial y en los acuerdos de promoción del comercio y la inversión; 4) prevenir la discriminación y el acoso por razón de género en el lugar de trabajo y apoyar la conciliación de la vida laboral y personal tanto de las mujeres como de los hombres; 5) integrar una perspectiva de género en los servicios de desarrollo empresarial.

En el periodo sobre el que se informa (de marzo de 2017 a marzo de 2021), se investigaron y presentaron a la Fiscalía Nacional un total de 18 casos que afectaban a 26 mujeres víctimas de acoso sexual.

El sistema de justicia penal puede recibir denuncias anónimas y existen líneas gratuitas en la Oficina de Seguimiento de la Igualdad de Género, la Oficina de Investigación de Rwanda, el Ministerio de Género y Promoción de la Familia, la Policía Nacional de Rwanda, la Fiscalía Nacional, el Organismo Nacional de Desarrollo de la Infancia y otras instituciones donde se hace hincapié en cómo la gente puede llamar de forma anónima.

Adicionalmente, la confidencialidad de las víctimas también puede garantizarse a través del proceso de codificación para ocultar su identidad de conformidad con lo dispuesto en la Ley núm. 44 bis/2017 de 6 de septiembre de 2017, relativa a la protección de los denunciantes de irregularidades.

El artículo 10 de esta ley estipula: “Secreto de las informaciones recibidas. A fin de proteger a la persona denunciante de irregularidades, todas las denuncias se reciben en secreto y se registran mediante una clave. Esta debe ser similar a la de la persona que reveló la información basándose en la lista de denunciantes de irregularidades. Dicha lista también debe elaborarse en secreto y solamente pueden acceder a ella el funcionario que recibe las revelaciones y el director de la institución u otro funcionario autorizado”.

Trabajadoras domésticas

Respuesta al párrafo 16 de la lista de cuestiones y preguntas

En 2023, se halló a 28 niñas y 58 niños que ejercían trabajo infantil, se los retiró del trabajo y fueron devueltos a sus familias y escuelas. Se denunció a 39 perpetradores a la Oficina de Investigación de Rwanda para que fueran investigados.

Entre las medidas de apoyo a las familias que viven en la pobreza figuran: 1) el programa Ubudehe para acceder a pequeños préstamos; 2) el programa Girinka; 3) el programa Ejoheza como plan de ahorro a largo plazo y seguridad social.

Salud

Respuesta al párrafo 17 de la lista de cuestiones y preguntas

Entre las nuevas medidas adoptadas para seguir reduciendo la elevada tasa de mortalidad materna figuran las siguientes: 1) reuniones semanales periódicas de auditoría de las muertes maternas para debatir los factores que las provocan y adoptar recomendaciones prácticas para evitar más muertes maternas; 2) establecer el uso de ecografías en los centros de salud para la detección precoz de embarazos de riesgo; 3) subsanar las deficiencias en materia de conocimientos de la atención obstétrica mediante el desarrollo de capacidades en atención obstétrica de urgencia; 4) dotar a los centros sanitarios de equipamiento esencial para la maternidad; 5) adoptar medidas para abordar los embarazos precoces y los abortos en condiciones de riesgo;6) desarrollar la capacidad de las áreas dedicadas a la juventud en los centros de salud para mejorar la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva de los adolescentes adaptados a los jóvenes en los centros de salud; 7) incluir el paquete de salud sexual y reproductiva de los adolescentes, principalmente información a tal efecto, en el paquete de los trabajadores sanitarios comunitarios; 8) formar a educadores inter pares en salud sexual y reproductiva de los adolescentes para ayudar a los jóvenes y adolescentes no escolarizados a obtener información en ese ámbito; 9) dotar a todos los centros de salud de píldoras anticonceptivas de urgencia; 10) realizar estudios sobre embarazos en la adolescencia para identificar factores y diseñar acciones para disminuirlos; 11) orientar a los líderes comunitarios, líderes religiosos y proveedores de salud sobre la orden ministerial relativa a la ley relacionada con el aborto seguro.

Las medidas adoptadas para eliminar las restricciones que limitan innecesariamente el acceso de las mujeres al aborto en condiciones de seguridad y a servicios de atención posterior al aborto son, entre otras, las siguientes: 1) permitir legalmente a los proveedores de atención de salud de nivel medio ofrecer asistencia para el aborto; 2) desarrollar la capacidad de al menos dos enfermeras o comadronas por cada centro de salud en 20 de los 30 distritos en la prestación de atención después del aborto a nivel de centro de salud, incluidas las prácticas de aspiración manual; 3) dotar a todos los centros de salud de kits de aspiración manual endouterina en todos los centros de salud para la prestación de atención después del aborto; 4) proporcionar la nueva medicación (combinación de mifepristona y misoprostol) para un aborto seguro; 5) investigar sobre la prestación de servicios de aborto seguro por parte de proveedores de nivel medio (enfermeras o comadronas) en centros de salud utilizando el modelo de telemedicina en un distrito, que se espera ampliar a otros cuatro distritos para informar sobre el cambio de política, incluida la orden ministerial y la posible ampliación futura;

Entre las medidas adoptadas para asegurarse de que las mujeres y las niñas tienen acceso a servicios de salud sexual y reproductiva asequibles figuran las siguientes: 1) disponibilidad de anticonceptivos modernos en todos los centros sanitarios públicos y a nivel comunitario (trabajadores sanitarios comunitarios); 2) cobertura de todos los servicios de salud sexual y reproductiva por el Seguro de Enfermedad; 3) adición de dos nuevos anticonceptivos a los métodos habituales (dispositivo intrauterino hormonal y acetato de medroxiprogesterona de liberación retardada por vía subcutánea); 4) colaboración con clínicas privadas para acceder a los anticonceptivos de forma gratuita a fin de minimizar el coste de los servicios de planificación familiar en los centros sanitarios privados; 5) fomento de la capacidad de los proveedores en el uso de anticonceptivos en todos los centros sanitarios; 6) integración de la planificación familiar en la atención prenatal y posparto; 7) disponibilidad sistemática de anticonceptivos en todos los centros sanitarios públicos; 8) suministro a nivel comunitario de métodos anticonceptivos a corto plazo por parte de trabajadores sanitarios comunitarios; 9) servicios de divulgación de anticonceptivos reversibles de acción prolongada y métodos permanentes de planificación familiar en servicios comunitarios de difícil acceso; 10) información detallada sobre el impacto de los esfuerzos por garantizar que se disponga de anticonceptivos modernos y que estos sean accesibles y asequibles, y que la ley permita a los adolescentes acceder a anticonceptivos sin necesidad de autorización de un tercero; 11) disminución de la tasa de fecundidad de 4,2 a partir del año 2019/2020 (Encuesta Demográfica y de Salud de Rwanda de 2019/2020) a 3,6 en 2022 (Censo de Población de 2022); 12) existencia de un foro regular de alto nivel de los Ministerios y sus organismos (Ministerio de Salud, Ministerio de la Juventud, Ministerio de Género y Promoción de la Familia, Ministerio de Educación, entre otros), con el fin de evaluar la posibilidad de elaborar un proyecto de ley que permita a los adolescentes de 16 a 18 años tener acceso a anticonceptivos sin autorización de terceros.

En el contexto del artículo 10 2) de la Ley núm 21/2016 relativa a la salud humana reproductiva, con “órganos competentes” se hace referencia a los órganos gubernamentales o administrativos autorizados para hacer cumplir las disposiciones de la ley. Entre esos órganos pueden figurar el Ministerio de Sanidad, autoridades reguladoras u otros organismos pertinentes responsables de supervisar las políticas y prácticas sanitarias. En determinadas circunstancias, estos órganos competentes pueden obligar a someterse a las pruebas del VIH/sida que ordena la ley.

Tales circunstancias suelen consistir en situaciones en las que existe un problema de salud pública o un requisito legal para salvaguardar la salud pública, como la transmisión del VIH de una persona a otras, a través del contacto sexual, el uso compartido de agujas hipodérmicas entre consumidores de drogas por vía intravenosa o la transmisión perinatal de madre a hijo.

También puede suceder en casos en que la prueba del VIH se considere necesaria para la protección de la salud pública, como durante la tramitación de solicitudes de inmigración o en determinados entornos sanitarios en los que exista riesgo de exposición al VIH.

Asimismo, se aplica cuando existan mandatos o normativas legales que exijan la realización de pruebas del VIH, como en determinadas profesiones en las que exista un riesgo potencial de transmisión del VIH a otras personas, o en el contexto de investigaciones penales que impliquen acusaciones de transmisión del VIH.

Empoderamiento económico

Respuesta al párrafo 18 de la lista de cuestiones y preguntas

Entre las numerosas soluciones autóctonas puestas en marcha por el Gobierno del Estado parte para promover el desarrollo social, económico y político de las mujeres rurales figuran las siguientes: 1) el programa Igiceri (programa de monedas) por el que los habitantes de pueblos que viven en la misma vecindad juntan dinero para ahorrar y pedir prestado cada mes y abren una cuenta en la sociedad cooperativa de ahorros y créditos del pueblo. Ese programa los ayuda a ahorrar y a pedir dinero en préstamo; 2) el programa “Cien mujeres” es una iniciativa de las mujeres que consiste en reunir 100.000 francos rwandeses y entregárselos a una mujer como capital inicial para una pequeña empresa; 3) las asociaciones de ahorros y préstamos de los pueblos, una iniciativa en la que las personas reúnen dinero voluntariamente para ahorrar y pedir prestado por medio de la cooperativa de ahorros y créditos sectorial con reglas y regulaciones internas y vinculantes.

En la misma línea, también se ha adoptado una serie de intervenciones estratégicas destinadas a garantizar el acceso de las mujeres a la financiación, entre las que figuran las siguientes: 1) estrategia nacional de acceso de las mujeres y los jóvenes a la financiación; 2) Estrategia Nacional de Acción Financiera Afirmativa para las mujeres en África; 3) capital inicial facilitado a las mujeres en el comercio transfronterizo; 4) prestaciones del régimen de pensiones pagadas por la Junta de la Seguridad Social de Rwanda y, en particular, la Ley núm. 027/2023 de 18 de mayo de 2023 por la que se modifica la Ley núm. 66/2018 de 30 de agosto de 2023 que regula el trabajo en Rwanda (art. 56.1).

El partido estatal creó un fondo de desarrollo empresarial para que las mujeres y los jóvenes pudieran acceder a créditos financieros sin ofrecer bienes en garantía. El Estado parte también puso en marcha un programa nacional de empleo para promover la creación de puestos de trabajo proporcionando herramientas para la creación de empresas a los titulados en enseñanza y formación técnica y profesional.

La aplicación de la Ley núm. 29/2017, de 29 de junio, por la que se establece el Plan de Ahorro a Largo Plazo y se determina su organización (Boletín Oficial, núm. extraordinario, de 18 de agosto de 2017) se inspiró en la Directriz de la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) sobre soluciones administrativas para ampliar la cobertura, y se vio facilitada por la aprobación de: 1) la Orden Ministerial núm. 001/18/10/TC de 5 de diciembre de 2018 por la que se determinan las modalidades de concesión de las Prestaciones del Régimen de Ahorro a Largo Plazo (Boletín Oficial núm. 50 de 10 de diciembre de 2018); 2) la Orden Ministerial núm. 001/19/10/TC de 14 de enero de 2019 por la que se determinan otros incentivos para el Régimen de Ahorro a Largo Plazo y condiciones para su administración (Boletín Oficial núm. 03 de 21 de enero de 2019); 3) la Orden del Primer Ministro núm. 58/03 de 4 de abril de 2018 por la que se determina el administrador del Régimen de Ahorro a Largo Plazo (Boletín Oficial núm. 15 de 09 de abril de 2018).

Estrategia gubernamental: Para animar a la comunidad a inscribirse en el programa EjoHeza y depositar sus ahorros en él, el Gobierno reservó incentivos para completar las aportaciones de los afiliados.

Movilización de masas: Enfoque de movilización y estrategias de aplicación en las que los esfuerzos de educación pública y concienciación implican a las autoridades locales y a los medios de comunicación en la movilización. La inscripción de miembros de EjoHeza y el pago de la contribución se impulsan mediante la educación y la concienciación masivas impartidas a través de una alianza con instituciones y organizaciones gubernamentales centrales y locales, incluidas cooperativas, asociaciones, jóvenes, mujeres y los sectores privado y civil.

Accesibilidad y asequibilidad del Plan de Ahorro a Largo Plazo: El diseño del Plan de Ahorro a Largo Plazo está adaptado a los trabajadores de la economía informal. El plan tiene una base digital, ya que establece un sistema de identificación mediante la implantación de un sistema informático vinculado a la Agencia Nacional de Identificación, que mantiene una base de datos de toda la población. El sistema simplifica el proceso de inscripción y pago al Plan de Ahorro a Largo Plazo mediante el uso del teléfono móvil.

Mujeres del medio rural

Respuesta al párrafo 19 de la lista de cuestiones y preguntas

Acceso de las mujeres rurales a la justicia: Los servicios del sector de la justicia de Rwanda se han descentralizado hasta el nivel de distrito, donde se han puesto en marcha Oficinas de Acceso a la Justicia, que prestan servicios de justicia en todo el país, incluidos el asesoramiento jurídico a personas rwandesas con conflictos legales, la representación de indigentes ante los tribunales de justicia, la preparación de presentaciones judiciales, la ejecución de sentencias, la educación jurídica y la presentación de casos a través del Sistema Integrado de Gestión Electrónica de Casos. En la misma línea, existen comités de coordinación del sector de la justicia a nivel de distrito para que los servicios jurídicos estén disponibles, sean accesibles y asequibles.

Acceso de las mujeres rurales a la educación: Se han construido más aulas con instalaciones higiénicas y se ha aumentado el número de profesores para reducir el hacinamiento y las largas distancias desde y hacia la escuela. Para ello se han puesto en marcha varias iniciativas, entre ellas: 1) introducción e aplicación de un programa de alimentación escolar en todas las escuelas (preescolar, primaria y secundaria); 2) supresión de las tasas escolares y concesión de tasas escolares a todas las escuelas públicas y concertadas; 3) construcción y equipamiento de aulas para niñas en las escuelas; 4) formación del profesorado en pedagogía sensible a las cuestiones de género, igualdad de género y salud reproductiva; 5) introducción de la igualdad de género y la educación sexual integral en el plan de estudios basado en las competencias como cuestiones transversales; 6) participación de las alumnas en la gestión de los centros educativos a través de sus representaciones en los comités escolares; 7) exigencia en la ley de educación de que haya al menos un 30 % de representación femenina en los comités de padres y madres de los centros escolares.

Acceso de las mujeres rurales a la justicia: El Gobierno ha desplegado personal jurídico al que se encomendó la misión de prestar asistencia y servicios en asuntos jurídicos (en las Oficinas de Acceso a la Justicia) a los ciudadanos a nivel de distrito; La Estrategia Nacional de Transformación establece que: 1) los servicios de las Oficinas de Acceso a la Justicia se descentralizarán del nivel de distrito al de sector para 2024; 2) se crearon comités de mediación (comités Abunzi) a nivel de célula y de sector en 2.148 células y 416 sectores; 3) los servicios de ejecución de sentencias judiciales son prestados tanto por agentes judiciales profesionales como no profesionales. Estos últimos son funcionarios que están más cerca de los ciudadanos (a nivel de célula y de sector) en 2.148 células y 416 sectores, por lo que prestan servicios gratuitos a la población local para determinadas resoluciones judiciales; 4) se espera que la solución de controversias por vías alternativas, aprobada recientemente, reduzca el número de casos recibidos en los tribunales.

Propiedad de la tierra por parte de mujeres rurales: Hoy en día, las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos de sucesión en la sociedad rwandesa. Los títulos de propiedad pertenecen a ambos cónyuges; el 50 % es propiedad de la mujer y el 50 % del marido, especialmente para aquellos que optan por el régimen matrimonial de bienes gananciales.

Atención sanitaria: A la luz del acceso de la comunidad a los servicios de atención sanitaria, se pusieron en marcha los siguientes mecanismos e iniciativas locales: 1) seguro sanitario comunitario, por el que el Gobierno cubre el 85 % de los servicios sanitarios en todo el país, que son gratuitos para los hogares que se han determinado como más vulnerables; 2) se dispone de cuatro trabajadores sanitarios comunitarios (dos mujeres y dos hombres) a nivel de los pueblos en 14.837 pueblos, que son la entidad administrativa descentralizada de menor nivel de Rwanda; 3) la actual Política Sanitaria de Rwanda establece que se espera que todas las madres den a luz en centros sanitarios reconocidos disponibles hasta el nivel de célula en 2.148 células y 416 sectores; antes del parto, deberán visitar al médico al menos ocho veces con el fin de proteger la vida de la madre y del bebé; 4) El programa NSDS está disponible para todas las madres, incluidas las madres adolescentes; se proporciona a las beneficiarias del programa una ayuda financiera mensual, así como productos alimenticios.

Participación de las mujeres rurales en la toma de decisiones: El Estado parte en la Convención ha puesto en marcha varias intervenciones para el empoderamiento de las mujeres, incluida la participación en la toma de decisiones a todos los niveles de gobierno. A este respecto, hay un 25,92 % de alcaldesas, un 85,18 % de vicealcaldesas encargadas de Asuntos Sociales y un 14,81 % de vicealcaldesas encargadas de Desarrollo Económico; 44,3 % de concejalas de distrito y 50 % de concejalas en el Ayuntamiento de Kigali (5 de 10).

Mujeres twas

Respuesta al párrafo 20 de la lista de cuestiones y preguntas

La agenda política de protección social a corto, medio y largo plazo del Gobierno de Rwanda reafirma su compromiso con el desarrollo progresivo de un sistema de protección social inclusivo y global basado en valores positivos de desarrollo inclusivo, autosuficiencia, participación ciudadana, excelencia en la prestación de servicios y solidaridad nacional.

Todas las personas rwandesas tienen igual acceso a los servicios básicos y a los programas gubernamentales. Las denuncias de violencia de género contra las mujeres se presentan y tramitan en los Centros de Atención Integral Isange, donde cualquiera puede acceder de forma gratuita a programas de apoyo a las víctimas.

Mujeres con discapacidad

Respuesta al párrafo 21 de la lista de cuestiones y preguntas

Información detallada sobre las medidas adoptadas para que los servicios de salud y la información sobre los servicios y derechos sexuales y reproductivos sean accesibles para las mujeres y las niñas con discapacidad (párrs. 266 a 270) y que no se las esterilice sin su consentimiento.

Todas las mujeres, incluidas las mujeres con discapacidad, tienen acceso a los servicios y a la información sobre salud y derechos sexuales y reproductivos. Se debe obtener el consentimiento de la paciente para proporcionar cualquier método anticonceptivo, incluido el método de esterilización.

Se han puesto en marcha varias iniciativas para garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a los servicios sanitarios: el Ministerio de Sanidad ha renovado las instalaciones de decenas de centros de salud, centrándose en la mejora de la accesibilidad para las personas ciegas o que utilizan bastones y sillas de ruedas, y es imperativo que todas las infraestructuras de servicios públicos y privados sean accesibles y respetuosas con las personas con discapacidad. Cabe mencionar que los servicios de atención primaria en Rwanda se han descentralizado hasta el nivel comunitario a través de asesores comunitarios de salud.

Mujeres y niñas refugiadas y migrantes

Respuesta al párrafo 22 de la lista de cuestiones y preguntas

Rwanda acoge actualmente a 135.109 refugiados y solicitantes de asilo, de los cuales el 91 % vive en seis campos (los de los distritos de Mahama-Kirehe, Mugombwa-Gisagara, Nyabiheke-Gatsibo, Kigeme-Karongi, Kiziba-Karongi y Nkamira-Rubavu) y el 9 % vive en zonas urbanas.

El 61,77 % de los refugiados y solicitantes de asilo son de la República Democrática del Congo, el 37,57 % de Burundi y el 0,66 % de otros países. El 49 % son hombres y el 51 % mujeres.

En relación con los casos de violencia de género registrados e investigados que afectan a refugiados, hay 19 casos (17 de estupro y 2 de violación). En los casos habían resultado afectadas 22 niñas y mujeres de los campos de refugiados de Mahama, Mugomba, Kiziba y Kigeme. En cuanto a la nacionalidad, 15 eran congolesas y 7 burundesas.

Matrimonio y relaciones familiares

Respuesta al párrafo 23 de la lista de cuestiones y preguntas

Según el artículo 133 de la Ley de Delitos y Penas en General de 2018, Ley núm. 68/2018, de 13 de agosto de 2018, el matrimonio forzado de un niño o niña supone circunstancia agravante del delito de estupro. La ley estipula que si el estupro va seguido de cohabitación como marido y mujer, la pena es la cadena perpetua a la que no procede aplicar circunstancia atenuante alguna. En este sentido, los casos de estupro registrados en el período que abarcaba el informe de 2021 fueron 17.099.

En cuanto al índice de condenas, los tribunales se pronunciaron sobre 7.870 casos, de los cuales se ganaron 5.447 y se perdieron 2.423.

En 2022 se puso en marcha la iniciativa nacional de concienciación “Familia segura y resiliente”, cuyo objetivo es fomentar la unidad familiar y combatir prácticas nocivas como la poligamia, salvaguardando así los hogares y promoviendo el progreso. Esta campaña sirve de plataforma para concienciar sobre temas relacionados con la familia, empleando un enfoque colaborativo que insta a los padres a dar prioridad a la armonía para el bienestar y el progreso de sus familias.

Según el Código Penal del Estado parte de 2018, dar a un niño o niña para un matrimonio prematuro forzado se considera un delito y se castiga con duras sanciones.