1.Se considera trabajador temporero a la persona que está en el país con el propósito principal de trabajar para un empleador determinado, está autorizado a hacerlo durante un período limitado y saldrá del país al término de su permiso de estancia, a no ser que éste se prorrogue o el interesado adquiera otro.

2.Se considera estudiante extranjero a la persona que está en el país con el propósito principal de estudiar, está autorizado a hacerlo durante un período limitado y saldrá del país al término de su permiso de estancia, a no ser que éste se prorrogue o el interesado adquiera otro.

3.Se considera solicitante del estatuto de refugiado a la persona que está esperando una decisión sobre su solicitud de protección al refugiado. Una persona cuya solicitud se ha rechazado es aquella cuya solicitud del estatuto de refugiado ha sido denegada, ha agotado sus recursos y está esperando que la devuelvan a su país de origen.

4.Una persona en situación irregular es la que ha ingresado en el país ilegalmente o no salió del país al término de su permiso de estancia, o alguien sin estatuto que no salió del país al término del período establecido por Ciudadanía e Inmigración del Canadá (CIC).

5.Una persona a la que se le ha concedido el estatuto de refugiado es un refugiado amparado por la Convención, una persona en necesidad de protección según la definición de la Convención contra la Tortura o en peligro de sufrir tratos o penas crueles o inusuales, o una persona protegida como consecuencia de una evaluación previa de los riesgos de su devolución llevada a cabo por CIC.

En Saskatchewan, los inmigrantes sin garantía federal o privada pueden recibir asistencia financiera provincial si cumplen determinados requisitos. En Saskatchewan existen servicios de cuidado de la infancia para inmigrantes y refugiados. Los inmigrantes con garantía federal pueden recibir el subsidio para guardería. Los inmigrantes pueden acceder a los servicios prestados por las oficinas de servicios de apoyo al empleo y las profesiones de Saskatchewan. Algunas de ellas tienen asesores que trabajan directamente con los organismos de asentamiento suministrando servicios de empleo a los inmigrantes. El gobierno de Saskatchewan contrata a organizaciones comunitarias para que presten servicios directos a los inmigrantes y refugiados. Las actividades realizadas mediante esas contratas comprenden programas de alfabetización, capacitación informática básica, planificación y perfeccionamiento de la carrera, estrategias de búsqueda de empleo, incluida la preparación de curriculum vitae y entrevistas de trabajo e información sobre los derechos de los trabajadores, el seguimiento del trabajo, el establecimiento de mentores y la colocación laboral, incluida la supervisión.

Las personas que no son inmigrantes residentes pero están en Saskatchewan mediante una autorización de estudios, de trabajo o un permiso ministerial concedido por Ciudadanía e Inmigración del Canadá pueden recibir los servicios provinciales durante su período de residencia en la provincia.

Educación

La educación en el Canadá es competencia de las provincias y territorios. Las personas que desean recibir educación postsecundaria en una de las provincias y territorios deben pagar la matrícula ordinaria además de una matrícula especial para estudiantes extranjeros hasta que reciben el estatuto de “persona protegida”. No obstante, los menores que no tienen el estatuto de residente permanente, como los solicitantes del estatuto de refugiado o los solicitantes de asilo, suelen tener acceso libre a la enseñanza primaria y secundaria; los menores con permiso de estudios son una excepción. Con arreglo a la Ley de inmigración y protección de los refugiados (IRPA), “todo menor en el Canadá que no sea hijo de un residente temporal no autorizado para trabajar o estudiar puede recibir enseñanza preescolar, primaria o secundaria”. Ello comprende a todos los niños, excepto los hijos de visitantes de corta duración.

Por ejemplo, en Alberta, la Ley del sistema escolar hace extensivo el derecho de acceso a la educación a “los hijos de las personas admitidas legalmente en el Canadá para residir permanente o temporalmente”. Se define el término “residente temporal” a los efectos de determinar si un niño debe pagar una matrícula de estudiante internacional; el término comprende a los hijos de estudiantes internacionales matriculados en un programa de diplomatura o licenciatura a tiempo completo reconocido en la provincia cuya duración mínima sea de dos años, a los trabajadores temporeros extranjeros, a los refugiados y a las personas con estatuto diplomático en el Canadá. Cada distrito escolar determina la cuantía de la matrícula internacional para los hijos de las personas reconocidas como “residentes temporales”. Los menores de edad que no se encuentran en el Canadá y no son ciudadanos ni residentes permanentes en el Canadá deben solicitar un permiso de estudios para estudiar en el Canadá.

Con arreglo a la Política de financiación para los residentes temporales del Departamento de Educación, Ciudadanía y Juventud de Manitoba, las divisiones escolares (escuelas) pueden matricular a mayores de edad o hijos a cargo de personas con estatuto de residente temporal en el Canadá según se establece en la Ley de inmigración y protección de los refugiados. Las personas que se encuentran en el Canadá bajo la autoridad del Proceso de Determinación de Refugiados se consideran residentes temporales y, como tales, pueden matricularse en la escuela.

La Ley de Educación de Nueva Brunswick otorga el derecho a la escolarización gratuita a todas las personas en edad escolar que no se hayan graduado de la escuela secundaria y residan en la provincia. Además, el reglamento 97-150 de la Ley de Educación hace extensivo ese derecho a toda persona en edad escolar cuyo padre o madre hayan sido admitidos legalmente en el Canadá con un visado de estudiante o con una autorización de empleo en Nueva Brunswick, esté solicitando el estatuto de refugiado o sea el hijo o hija de una persona que lo esté solicitando.

El gobierno del Yukón suministra asistencia financiera a los solicitantes del estatuto de refugiado. La Ley de Educación del Yukón permite que los hijos en edad escolar de las personas sin estatuto de residente permanente y de solicitantes de asilo reciban servicios educativos.

Salud

Los gobiernos provinciales y territoriales se encargan de prestar los servicios de atención de la salud en el Canadá. Toda persona que se encuentre en el Canadá puede recibir los servicios médicos necesarios. En situaciones de urgencia médica, toda persona puede acudir a la sala de urgencias de un hospital o a una clínica comunitaria para recibir tratamiento. No obstante, el seguro de salud público suele imponer restricciones para sufragar esos y otros gastos médicos. Cabe destacar que, con respecto a los requisitos de residencia, existen acuerdos interprovinciales y recíprocos entre las provincias y territorios sobre la atención que se presta a los residentes en otras provincias o territorios. Los canadienses que se acaban de mudar y han residido en su nueva provincia o territorio durante menos de tres meses están cubiertos por el seguro de salud de su anterior provincia o territorio de residencia.

Por ejemplo, en Alberta, toda persona puede acceder a los servicios de salud médicamente necesarios, independientemente de su estatuto de residencia. Los no residentes pueden verse obligados a pagar, ya que el Plan de Seguro de Atención Sanitaria de Alberta sólo asegura y sufraga los servicios de salud si se cumplen los requisitos de residencia. La Ley del seguro médico de Alberta define como “residente de Alberta” a la persona con derecho a estar o permanecer en el Canadá que se ha instalado en Alberta y suele estar presente en la provincia. La definición no comprende a los turistas, a las personas de paso ni a los visitantes de Alberta. Los residentes temporales como los estudiantes internacionales o los trabajadores temporeros pueden tener derecho también a la cobertura del seguro, siempre que tengan intención de residir en Alberta durante al menos 12 meses y tengan los documentos apropiados de ingreso en el Canadá.

Con respecto a los servicios sanitarios en Manitoba, la Ley de seguros médicos otorga a la “persona asegurada” el derecho a recibir prestaciones. Se define como “residente” a una persona que tiene derecho a estar en el Canadá, se instala en Manitoba y está presente en Manitoba durante al menos seis meses de un año natural, y el término comprende a cualquier otra persona clasificada como residente en el reglamento. A menos que el Ministerio decida lo contrario, no pueden recibir prestaciones las personas que tengan un permiso de residencia temporal con arreglo a la Ley de inmigración y protección de los refugiados.

Los residentes en Nueva Brunswick pueden recibir servicios de salud asegurados independientemente de su estado de ciudadanía. Los servicios asegurados suelen proporcionarse después de haber residido durante tres meses y un día, aunque los requisitos de residencia pueden retirarse a discreción del Ministerio. Las personas que no cumplen los requisitos de residencia pueden acceder antes a los servicios pagando los honorarios correspondientes.

Según se define en el artículo 552 de la Ley del seguro médico, para poder acceder al seguro médico de Ontario, una persona debe ser ciudadano canadiense o poseer uno de los estados de inmigración enumerados en el artículo, fijar en Ontario su residencia permanente y principal y estar presente en la provincia durante 153 días en un período de 12 meses. Sólo pueden acceder al seguro médico de Ontario los residentes en Ontario. Los visitantes, turistas y personas de paso no tienen derecho a ese seguro.

Los solicitantes del estatuto de refugiado que son considerados refugiados amparados por la Convención o personas protegidas por la Junta de Inmigración y Refugiados del Canadá o por el Ministro de Ciudadanía e Inmigración pueden acceder al seguro médico de Ontario desde el momento que adquieren el estatuto de refugiado amparado por la Convención o persona protegida y están exentos del período de espera de tres meses de Ontario.

Las personas que no pueden acceder a los servicios médicos asegurados pueden recibir atención en uno de los Centros de Salud Comunitarios (CHC). Los CHC son organizaciones sin fines de lucro y regidas por la comunidad que proporcionan servicios de salud primarios, promoción de la salud y servicios de desarrollo de la comunidad utilizando equipos multidisciplinares de profesionales de la salud. Esos equipos suelen comprender médicos, enfermeros, dietistas, promotores de la salud, asesores y profesionales de distintos tipos. Los CHC prestan diversos servicios de promoción de la salud y prevención de las enfermedades que prestan especial atención a los determinantes generales de la salud, como el empleo, la educación, el medio ambiente, el aislamiento y la pobreza.

Véase el cuadro que figura más arriba para más información sobre la cobertura del seguro médico ofrecido en la provincia de Quebec.

Si bien pueden existir restricciones en cuanto a los criterios para recibir servicios médicos asegurados en las provincias, los solicitantes del estatuto de refugiado sí tienen acceso a las prestaciones de los servicios de salud mediante el programa federal provisional de salud (IFH) administrado por Ciudadanía e Inmigración del Canadá. El IFH sufraga los gastos básicos de los clientes del programa de protección de refugiados del Canadá que no cumplen los requisitos para participar en los planes de seguros médicos públicos o privados y no pueden sufragar sus propios gastos relativos a servicios de salud. Las prestaciones se limitan a los servicios de salud esenciales para el tratamiento y la prevención de afecciones médicas o dentales graves (incluidas las vacunaciones y otros tipos de atención médica preventiva vital), los medicamentos esenciales (de venta con receta y sin receta) y la atención contraceptiva, prenatal u obstétrica. Los solicitantes que cumplen los requisitos para participar en el IFH tienen también cobertura para los gastos relacionados con su examen médico de inmigración.

9. En relación con el párrafo 854 del informe, sírvanse aclarar qué "categorías de inmigrantes" no tienen derecho, en Alberta, a las prestaciones del Programa de Apoyo a la Autonomía. Sírvanse indicar las respectivas responsabilidades del Gobierno Federal y el gobierno provincial en la prestación de servicios sociales mínimos para esas "categorías de inmigrantes".

El objetivo del programa Alberta Works es contribuir a que los desempleados encuentren y mantengan empleos en sus comunidades, ayudar a que los residentes en Alberta de bajos ingresos sufraguen sus gastos vitales básicos y contribuir a que los empleadores satisfagan su demanda de trabajadores capacitados. El programa de apoyo a los ingresos Alberta Works (sustituyó al Programa de Apoyo a la Autonomía en abril de 2004) reúne en un programa integral los programas de Apoyo a la Autonomía, el Plan de pensiones de viudedad y el Programa de perfeccionamiento de las aptitudes.

Los solicitantes del estatuto de refugiado o los residentes permanentes que no tienen los recursos para satisfacer sus necesidades básicas pueden cumplir los requisitos para recibir apoyo a los ingresos. Los turistas, los estudiantes, los trabajadores temporeros, las personas en situación irregular en el Canadá, las personas con permiso del Ministerio o aquellas a las que se ha denegado el estatuto de refugiado no tienen derecho a ese apoyo. En el caso de los inmigrantes con garantía, los garantes convienen en prestarles apoyo durante un período de tiempo tras su llegada al Canadá. Los inmigrantes con patrocinio pueden tener derecho a recibir apoyo a los ingresos si el garante pierde su empleo, no cumple sus obligaciones o si el inmigrante necesita salir de una situación abusiva o ha sido abandonado.

Sírvanse consultar la pregunta 8 para más información sobre el acceso a los servicios sociales.

10. ¿Qué medidas contempla adoptar el Estado Parte para acabar con los efectos discriminatorios de la Ley federal sobre la comunidad aborigen para las mujeres aborígenes y sus hijos, y en particular abordar la cuestión de la pérdida de pertenencia a la reserva de las generaciones segunda y tercera si una aborigen se casa con un hombre ajeno a la comunidad de su reserva?

Si bien se han producido avances al respecto, los artículos sobre la pertenencia de la Ley sobre la comunidad aborigen no han sufrido cambios desde el período abarcado por el cuarto informe periódico.

La Ley sobre la comunidad aborigen crea un sistema de inscripción de los aborígenes a los efectos de determinar quién puede tener derecho a determinados programas y prestaciones del Gobierno Federal. Las enmiendas introducidas en la Ley en 1985 revocaron las disposiciones con arreglo a las cuales las mujeres perdían su condición aborigen si contraían matrimonio con una persona de otro etnia, lo cual impedía que la descendencia de ese matrimonio tuviera condición aborigen, y devolvieron la condición aborigen a las mujeres y sus hijos que la habían perdido antes de las enmiendas. Éstas crearon también normas para la inscripción, según las cuales la segunda generación sucesiva de matrimonios entre un aborigen inscrito y una persona de otra etnia impedía que las generaciones futuras pudieran inscribirse como aborígenes. Se suele hacer referencia a ese hecho con el término “corte de segunda generación”. Esa norma afecta a hombres y mujeres por igual. No está clara la referencia a la “tercera generación” que figura en la pregunta.

Las enmiendas de 1985 crearon también un sistema aparte según el cual los grupos aborígenes pueden, en cierta medida, determinar sus propios miembros independientemente del sistema de inscripción. Los grupos pueden determinar y de hecho determinan a sus miembros basándose en la vinculación cultural con su comunidad, y no únicamente en la inscripción de los interesados como aborígenes. Los programas y prestaciones suministrados a los miembros del grupo pueden variar de los suministrados a los aborígenes inscritos.

El objetivo de la separación entre la inscripción y la pertenencia era proporcionar independencia a los grupos para permitirles alcanzar el autogobierno de modo que las primeras naciones puedan definir a sus propios ciudadanos. Con arreglo a la Ley sobre la comunidad aborigen, los grupos pueden optar por crear sus propias normas de pertenencia. Además, el Canadá sigue negociando acuerdos de autonomía con las primeras naciones para que éstas puedan definir a sus propios ciudadanos.

En los párrafos 65 y 66 del quinto informe periódico del Canadá en relación con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales puede encontrarse información pertinente sobre la mesa redonda celebrada en abril de 2004 entre el Canadá y las poblaciones aborígenes.

Artículo 3: Igualdad de derechos de hombres y mujeres

11. Sírvanse explicar las posiciones adoptadas por los gobiernos provinciales ante el Tribunal Supremo del Canadá en el caso Terranova (Junta del Tesoro) c. Asociación de Empleados Públicos de Terranova (NAPE) [2004] 3 S.C.R. 381, en relación con la justificación fiscal de la anulación del derecho a una misma remuneración por un trabajo de igual valor.

Sírvanse consultar el párrafo 538 de la sección dedicada a Terranova y Labrador en el quinto informe periódico del Canadá en relación con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Revista de Jurisprudencia adjuntada para más información sobre el caso Terranova (Junta del Tesoro) c. NAPE. El fallo del Tribunal Supremo del Canadá puede consultarse en: http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/en/pub/2004/vol3/html/2004scr3_0381.html.

El gobierno de Columbia Británica intervino en el caso. Las preguntas en relación con la Constitución que se sometieron a la consideración del Tribunal fueron:

¿Infringe el artículo 9 de la Ley de contención del sector público, S.N. 1991, c. 3, el párrafo 1 del artículo 15 de la Carta de Derechos y Libertades del Canadá?

En caso afirmativo, ¿es esa infracción un límite razonable prescrito por la ley que puede justificarse en una sociedad libre y democrática, tal como establece el artículo 1 de la Carta de Derechos y Libertades del Canadá?

La postura del Fiscal General de Columbia Británica fue que la pregunta 1 debía responderse negativamente y la pregunta 2, afirmativamente. En cuanto a la pregunta 1, el Fiscal General adelantó las siguientes propuestas:

Las medidas del poder ejecutivo no pueden obligar a futuros parlamentos o asambleas legislativas;

En los casos relacionados con el artículo 15 debe analizarse pormenorizadamente el propósito de la ley;

Los tribunales no pueden gastar dinero público;

Poderosas razones normativas justifican la incorporación de esos principios en el artículo 15.

El gobierno de Quebec intervino también en el caso, principalmente para apoyar el argumento según el cual los tribunales no pueden ni deben administrar los presupuestos del Estado.

La postura defendida ante el Tribunal Supremo del Canadá por el Fiscal General de Quebec destacó también la falta de discriminación. Según Quebec, la anulación por Terranova y Labrador de la indemnización salarial retroactiva no constituyó discriminación, ya que el gobierno tuvo que anular varios compromisos salariales y financieros para solucionar una crisis presupuestaria, en particular porque la provincia no tenía una obligación constitucional de establecer retroactivamente la igualdad de remuneración.

Además, en el informe no se presentaron pruebas de que los recortes presupuestarios fueran llevados a cabo de manera que se discriminara a un grupo particular de empleados, ya que otros grupos se vieron también afectados. De hecho, el gobierno había seguido restituyendo la igualdad de remuneración. Por otro lado, según Quebec, la separación de poderes sólo permitía que el poder legislativo hiciera frente a la crisis presupuestaria. Una invasión por los tribunales en las competencias del poder legislativo podría haber socavado la confianza de la población en las instituciones y debilitado la democracia.

En su fallo, el Tribunal aceptó los argumentos relacionados con el contexto presupuestario general y no se pronunció sobre la falta de discriminación a instancias del Fiscal General de Quebec.

12. Sírvanse proporcionar información sobre los resultados del examen exhaustivo del artículo 11 de la Ley de derechos humanos del Canadá y de las Directrices en materia de igualdad en el empleo. Sírvanse describir asimismo la legislación específica de todas las provincias y territorios en las que se exige a los empleadores que ofrezcan la misma remuneración por un trabajo de igual valor (informe periódico, párr. 189; observaciones finales , párrs. 16 y 53)

El 5 de mayo de 2004, el Grupo de Trabajo sobre la Igualdad de Remuneración publicó su informe final y recomendaciones, titulados Igualdad de remuneración: Un nuevo enfoque de un derecho fundamental. El Grupo de Trabajo formuló 113 recomendaciones destinadas a fortalecer los esfuerzos del Canadá para lograr la igualdad de remuneración y la equidad, mejorar el acceso a la igualdad de remuneración, reducir los costos de las acciones judiciales y la inseguridad, y mejorar las relaciones en el trabajo. El Grupo de Trabajo determinó las principales deficiencias del actual plan legislativo en materia de igualdad de remuneración:

Una falta de claridad en la definición de los conceptos, las normas y las metodologías clave;

Frecuentes obstáculos en la evaluación de puestos de trabajo y en las metodologías de fijación de salarios;

Retrasos en la corrección de las desigualdades salariales a causa de litigios prolongados y costosos;

Preocupaciones sobre la falta de acceso por empleados individuales y no pertenecientes a un sindicato.

La piedra angular de las recomendaciones del Grupo de Trabajo es la propuesta de elaborar nuevas leyes independientes sobre igualdad de remuneración, consideradas como leyes sobre derechos humanos que proporcionarían un modelo activo y una comisión y un tribunal independientes para la equidad en la remuneración. He aquí algunas de las demás recomendaciones clave:

Debería afirmarse la igualdad de remuneración como derecho humano;

Debería pasarse de un sistema basado únicamente en las quejas para sustituir las obligaciones de los empleadores, a la adopción de medidas para aplicar y mantener la igualdad de remuneración mediante la creación de planes de igualdad de remuneración, con plazos estrictos para cada etapa del proceso;

Debería ampliarse el alcance para incluir a las contratas federales y a los trabajadores a tiempo parcial, ocasionales, temporeros y de temporada;

Deben aclararse las normas, los criterios, los conceptos y las metodologías;

Deberían adoptarse medidas para que todos los empleados, pertenecientes o no a un sindicato, participen en el proceso de igualdad de remuneración;

Las responsabilidades de los empleadores y los representantes de los empleados deberían aclararse y ambos grupos deberían participar en la preparación, aplicación y mantenimiento de la igualdad de remuneración;

Se deberían proporcionar a los organismos independientes de supervisión (la Comisión para la equidad en la remuneración del Canadá y el Tribunal de equidad en la remuneración del Canadá) los conocimientos técnicos suficientes, las atribuciones apropiadas en materia de recursos y aplicación, así como los recursos necesarios para administrar e interpretar la nueva legislación y proporcionar servicios eficaces de capacitación, educación pública, divulgación y decisión;

Se deberían crear mecanismos alternativos de solución de controversias;

Debería haber cierta flexibilidad para los pequeños empleadores, por ejemplo eximiéndolos de la obligación de crear un plan de igualdad de remuneración.

Se puede consultar información sobre el examen y el informe final en: http://www.payequityreview.gc.ca.

El Gobierno del Canadá procura hacer realidad la equidad en la remuneración con el apoyo de mecanismos eficaces y obligaciones claramente establecidas. El informe y las recomendaciones del Grupo de Trabajo contribuirán a que ese objetivo esté más cercano. El Gobierno seguirá consultando a los interesados para estudiar las diversas opciones de reforma.

Legislación federal, provincial y territorial

En el Canadá, las disposiciones sobre igualdad de remuneración pertenecen a tres tipos de leyes: leyes sobre los derechos humanos, leyes sobre normas de empleo y leyes sobre igualdad de remuneración. En el cuadro siguiente se enumeran las leyes, por jurisdicción, relacionadas con la equidad en la remuneración. En el quinto informe periódico del Canadá sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales puede encontrarse información adicional sobre las siguientes provincias y territorios: Columbia Británica (párr. 162); Saskatchewan (párr. 254); Ontario (párrs. 320 a 322); Quebec (párrs. 379 a 383); Nueva Brunswick (párrs. 440 a 441); Isla Príncipe Edward (párr. 507); Terranova y Labrador (párrs. 538 a 539); y Territorios del Noroeste(párr. 598).

Jurisdicción	Legislación
Gobierno del Canadá	Ley de derechos humanos del Canadá Directrices en materia de Igualdad en el Empleo, 1986
Columbia Británica	Código de Derechos Humanos
Alberta	Ley sobre derechos humanos, ciudadanía y multiculturalismo
Saskatchewan	Código de Derechos Humanos de Saskatchewan Ley de normas laborales
Manitoba	Código del empleo Código de Derechos Humanos de Manitoba Ley de equidad en la remuneración
Ontario	Ley sobre el empleo Código de Derechos Humanos Ley de equidad en la remuneración
Quebec	Ley de equidad en la remuneración Carta de Derechos y Libertades Humanos
Nueva Brunswick	Ley de derechos humanos Ley sobre el empleo Ley de equidad en la remuneración
Nueva Escocia	Ley de normas laborales Ley de derechos humanos Ley de equidad en la remuneración
Isla Príncipe Edward	Ley de derechos humanos Ley de equidad en la remuneración
Terranova y Labrador	Código de Derechos Humanos
Yukón	Ley sobre el empleo Ley de derechos humanos
Territorios del Noroeste	Ley de prácticas imparciales Ley de la administración pública

13. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno de Quebec a la decisión del Tribunal Superior de Quebec de 2004 en la que indicaba que el Estado, en tanto que empleador, no estaba exento de aplicar la Ley de equidad de remuneración? En este sentido, sírvanse indicar el porcentaje de empleadas que han recibido los ajustes salariales correspondientes con carácter retroactivo.

En la sección dedicada a Quebec (párr. 383) del quinto informe periódico del Canadá sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales figura información sobre la decisión del Tribunal Superior, así como en la Revista de Jurisprudencia que se adjunta como apéndice del informe.

En respuesta a la sentencia del Tribunal Superior por la que invalidó el capítulo IX de la Ley de equidad en la remuneración, el gobierno de Quebec modificó la Ley en diciembre de 2004 para facilitar su aplicación, en particular en las grandes empresas. Antes, dicha Ley obligaba a un empleador, a petición de una asociación reconocida, a crear uno o más programas independientes de equidad en la remuneración para los empleados representados por esa asociación. No obstante, la ley no preveía que esos programas independientes de equidad en la remuneración pudieran englobar a varias asociaciones sindicales reconocidas. La enmienda legislativa permite ahora que un empleador concierte un acuerdo con varias asociaciones sindicales reconocidas.

El gobierno de Quebec sigue dialogando con sus empleados sobre la aplicación de esas nuevas disposiciones de la ley. Todavía se desconocen los resultados de la aplicación de esos programas de equidad en la remuneración para los empleados del sector público, es decir, el porcentaje de empleados que se han beneficiado de ajustes salariales con carácter retroactivo. Esos resultados se conocerán cuando se haya concluido el diálogo.

14. ¿En qué medida participan las mujeres aborígenes en las mismas condiciones que los hombres aborígenes en la negociación de acuerdos de autonomía, tratados y acuerdos intergubernamentales relacionados en particular con el empleo, la salud, la educación, el bienestar de la infancia y otros servicios sociales para la población aborigen, así como en el examen en curso de la Ley federal sobre la comunidad aborigen?

El Gobierno del Canadá está adoptando medidas para promover la participación en pie de igualdad de la mujer aborigen en la negociación de autonomía y en las negociaciones de reclamación de la tierra (tratado moderno).

Tras el Plan Federal para la Igualdad de Géneros ejecutado por el Gobierno Federal en 1995, el Departamento de asuntos de los indios y de los territorios del Norte comenzó a integrar en 1998 análisis de la igualdad de géneros en los programas, políticas, leyes y actividades de negociación. La política de igualdad de género del Departamento promueve la cohesión social y el fomento de capacidad en las comunidades. En 2003, la Dirección de Asuntos de la Mujer e Igualdad de Género (WIGE) dirigió una estrategia para fortalecer la realización de análisis de la igualdad de género en el Departamento de Asuntos de los indios y los territorios del Norte del Canadá, lo cual se convirtió en una prioridad del Departamento.

Los derechos de la mujer están protegidos por acuerdos de autonomía, así como por leyes promulgadas por un grupo de aborígenes con arreglo a esos acuerdos, ya que ambos deben ser compatibles con la Carta de Derechos y Libertades del Canadá.

El Programa para las Poblaciones Aborígenes (APP) del Departamento del Patrimonio Canadiense proporciona apoyo financiero a grupos y organizaciones independientes de mujeres aborígenes para que lleven a cabo actividades que promuevan el desarrollo de las posturas, estrategias e investigaciones de la mujer aborigen con respecto a la autonomía de los aborígenes, por ejemplo colaborando con los gobiernos aborígenes en relación con iniciativas de autonomía; apoyen la plena participación de la mujer aborigen en su comunidad y en la sociedad canadiense; y ayuden a la mujer aborigen a reclamar y emplear su extraordinaria identidad y culturas aborígenes. El apoyo comprende fondos para las organizaciones de mujeres aborígenes que se ocupan de las cuestiones de la mujer aborigen en todo el país.

Varias organizaciones de mujeres aborígenes participaron en la elaboración de una nueva política para el APP que fue aprobada en abril de 2005. Esa política se basa en uno principios rectores que comprenden el examen de las consecuencias para la igualdad de género, la potenciación de las perspectivas de la mujer aborigen y su participación en la toma de decisiones.

Los gobiernos provinciales y territoriales también apoyan y promueven la participación de la mujer aborigen en las actividades de gestión de los asuntos públicos y en otras iniciativas de gobierno.

La provincia de Alberta reconoce el derecho de la mujer aborigen a participar en las negociaciones de autonomía, incluidas las mujeres de las primeras naciones que figuran en la lista general de estado de tratado sin pertenencia a un grupo, y las mujeres con derechos de tratado y pertenencia a un grupo, incluidas, en este caso, las mujeres que viven en una reserva o fuera de ella.

Considerando que la participación de la mujer es un problema para las aborígenes al igual que para todas las mujeres, la provincia de Columbia Británica aumenta la capacidad de la mujer aborigen para participar en actividades de gestión de los asuntos públicos, entre ellas diversos foros y consultas normativos. Por ejemplo, se apoya su capacidad de gestión mediante memorandos de entendimiento entre el Gobierno del Canadá, Columbia Británica y, respectivamente, el Consejo Provincial de los Metis de Columbia Británica y la Sociedad de Naciones Nativas Unidas. El objetivo de esos dos memorandos es contribuir a que los puntos de vista de las familias aborígenes (mujeres y jóvenes) tengan cabida en la provincia (y en el Canadá) como parte de esos foros tripartitos dedicados a la autonomía. Además, la provincia está cofinanciando (con la Oficina del Interlocutor Federal) el Consejo Provincial de los Metis de Columbia Británica para apoyar la capacidad de gestión de la Secretaría de Mujeres Metis. El objetivo de ese contrato es proporciona asistencia financiera para lograr una representación adecuada de la mujer metis (de sus regiones) concretada en la Secretaría de la Mujer Metis de Columbia Británica.

La provincia de Manitoba proporciona fondos a grupos de mujeres aborígenes, como las Madres de la Nación Roja, para que puedan representar los intereses de la mujer aborigen y actuar en su nombre, así como para que participen en consultas sobre las cuestiones de la mujer aborigen.

El gobierno de Nueva Brunswick se esfuerza para que la mujer aborigen esté representada por igual en cualquier debate sobre tratados o derechos con las primeras naciones en su territorio. En la provincia se está eligiendo a más jefas como representantes de las poblaciones aborígenes (tres en Nueva Brunswick) en la provincia y durante esas deliberaciones han estado presentes organizaciones nacionales de mujeres aborígenes.

En Terranova y Labrador, la representación de la mujer aborigen en los equipos de negociación varía en función del grupo aborigen. Por ejemplo, el equipo de negociación del acuerdo de autonomía de la primera nación miawpukek está formado principalmente por mujeres mi'kmaq; el equipo de negociación sobre reivindicaciones territoriales de la Asociación Inuit del Labrador tenía una ligera mayoría de hombres; y no hay mujeres innus en el equipo de negociación sobre reivindicaciones territoriales de la nación innu. Una pequeña minoría de mujeres innus pertenece a los equipos de negociación de los innus sobre el traspaso de los Servicios para la infancia, la juventud y la familia, el apoyo a los ingresos y la educación. El Ministerio de Sanidad y de Atención a Largo Plazo de Ontario colabora con la Asociación de Mujeres Nativas de Ontario (ONWA) en la creación, la preparación y la ejecución de varios programas e iniciativas de salud para los aborígenes.

En Saskatchewan están aumentando la presencia y la participación de la mujer en las negociaciones de autonomía. Tanto la Federación de Naciones Indias de Saskatchewan (FSIN) como la Nación Metis de Saskatchewan (MNS) cuentan con organizaciones de mujeres creadas para que las mujeres participen en procesos como las negociaciones sobre la autonomía, así como en las negociaciones y acuerdos relacionados con el empleo, la salud, la educación y los servicios destinados a la infancia y la familia. El Consejo Tribal de Meadow Lake (MLTC) tiene una jefa tribal, y una mujer de una primera nación está dirigiendo las negociaciones en nombre de las primeras naciones en la mesa sobre la gobernanza de las primeras naciones a nivel federal, provincial y de Meadow Lake.

Mediante la Iniciativa para las mujeres metis y de primeras naciones del Departamento de Relaciones con las Primeras Naciones y los Metis se proporciona financiación a las organizaciones de representación provincial de las mujeres aborígenes para fomentar su capacidad de intervenir en las deliberaciones y negociaciones sobre gobernanza realizadas por la FSIN, el MLTC o MNS, entre otras actividades. Además, se proporcionan fondos a otra organización que representa a las mujeres metis y de las primeras naciones que viven fuera de las reservas, el Círculo de Mujeres Aborígenes de Saskatchewan, reconocido por la Asociación de Nativas del Canadá, que participa en diversas iniciativas provinciales y nacionales. Si bien la representación de la mujer en la dirección de la FSIN y MNS es baja, hay aproximadamente 15 jefas que representan a las primeras naciones y un Consejo Tribal en Saskatchewan, cifra superior a todas las anteriores. Se espera que el número creciente de jefas propiciará una representación más equitativa en las mesas de negociación y en las deliberaciones sobre los acuerdos para la prestación de servicios. Esa tendencia se ha observado también en las organizaciones políticas metis locales.

III. CUESTIONES RELATIVAS A DISPOSICIONES CONCRETAS DEL PACTO (ARTÍCULOS 6 A 15)

Artículo 6 - Derecho a trabajar

15. ¿De qué manera han beneficiado a los miembros de minorías visibles, los indígenas y los jóvenes en particular, la reducción de la tasa de desempleo y la creación de nuevos puestos de trabajo que se describen en el párrafo 151 del informe? A este respecto, sírvanse facilitar estadísticas comparativas desde el último informe periódico, desglosadas por provincias y territorios.

Tasas de desempleo por provincias

Tasa de desempleo anual, 1 ambos sexos, 15 y más años de edad
Geografía	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Canadá	6,8	7,2	7,7	7,6	7,2	6,8
Terranova y Labrador	16,7	16,1	16,7	16,5	15,7	15,2
Isla Príncipe Edward	12,1	11,9	12,0	11,0	11,3	10,8
Nueva Escocia	9,1	9,7	9,6	9,1	8,8	8,4
Nueva Brunswick	10,0	11,1	10,2	10,3	9,8	9,7
Quebec	8,5	8,8	8,6	9,1	8,5	8,3
Ontario	5,8	6,3	7,1	6,9	6,8	6,6
Manitoba	5,0	5,1	5,1	5,0	5,3	4,8
Saskatchewan	5,1	5,8	5,7	5,6	5,3	5,1
Alberta	5,0	4,6	5,3	5,1	4,6	3,9
Columbia Británica	7,1	7,7	8,5	8,0	7,2	5,9

Fuente: Encuesta estadística sobre la fuerza laboral canadiense, CANSIM, 282-0002.

1La tasa de desempleo es el número de personas desempleadas expresado como porcentaje de la fuerza laboral. La tasa de desempleo correspondiente a un determinado grupo (edad, sexo, estado civil) es el número de desempleados de ese grupo expresado como porcentaje de la fuerza laboral del mismo. Las estimaciones son porcentajes, redondeados en decenas.

La siguiente información sobre las tasas de empleo/desempleo de la población aborigen, los inmigrantes y los jóvenes ha sido extraída principalmente de Canadian Labour Market at a Glance, 2003, Oficina de Estadísticas del Canadá.

Población Aborigen

AmbosHombresMujeressexosAborígenes AmbosHombres Mujeres sexosNo aborígenes Fuente: Oficina de Estadísticas del Canadá, censos de la población, de 1996 y 2001. Gráfico 79: Tasas de empleo de la población de 15 y más años de edad,por sexo e identidad de aborigen, 1996 y 2001

Si bien la tasa de empleo de la población aborigen es relativamente reducida, ha aumentado más rápidamente que la correspondiente a la población no aborigen. Las tasas de empleo de la población aborigen de 15 y más años de edad aumentaron 5,3 puntos porcentuales entre los dos últimos censos, hasta alcanzar en 2001 el 49,7%. Este brusco aumento representó más del doble del incremento de 2,6 puntos correspondiente a la tasa de la población no aborigen del mismo grupo de edad, que era en 2001 el 61,8%. Las diferencias entre las tasas de empleo de la población aborigen y la no aborigen fueron menos pronunciadas entre las mujeres y las personas de 55 y más años de edad.

Análogamente, es elevada la tasa de desempleo de la población aborigen de 15 y más años de edad (casi el triple de la tasa correspondiente a la tasa de los no aborígenes), auque descendió más que la tasa de la población no aborigen. La tasa de desempleo de los aborígenes se redujo del 24% en 1996 al 19,1% en 2001. Este declive de 4,9 puntos porcentuales, superó con creces la disminución de 2,7 puntos porcentuales correspondiente a la población no aborigen, cuya tasa en 2001 era el 7,1%.

De los grupos aborígenes, los metis registraron la tasa de empleo más elevada (el 59,4% ) en 2001, comparada con el 48,6% para los inuits y el 44,6% para los indios de América del Norte. La proporción de metis que se recibieron de bachilleres o terminaron estudios postsecundarios es superior a la de los otros dos grupos aborígenes.

Durante el período de 12 meses finalizado en marzo de 2005, la tasa de empleo de la población aborigen que vivía fuera de las reservas en las cuatro provincias occidentales (Manitoba, Saskatchewan, Alberta y Columbia Británica) era el 57,2%, comparada con el 54,2% en el censo de 2001. La tasa de empleo de la población no aborigen era el 65,2% en el período 2004-2005.

Esa mejora de las perspectivas de empleo de la población aborigen, fuera de las reservas, en las provincias occidentales, dio lugar a la disminución de su tasa de desempleo, que pasó del 16,7% en 2001, al 13,6% en 2004-2005. La tasa de desempleo de la población no aborigen en las cuatro provincias occidentales era el 5,3% en 2005.

La tasa de empleo de los jóvenes aborígenes que vivían fuera de las reservas era el 43,6% en 2004-2005, frente a una tasa del 61,7% correspondiente a los jóvenes no aborígenes. Las tasas de desempleo de ambos grupos eran el 20,8 y el 10%, respectivamente.

Inmigrantes

En 2001, la tasa de empleo de los inmigrantes de 25 a 54 años de edad llegados al Canadá durante los cinco años anteriores seguía distanciada con respecto a la de los naturales canadienses del mismo grupo de edad (el 65,2 frente al 80,9%).

La disparidad entre la tasa de empleo de los inmigrantes recientes y los naturales canadienses de 25 a 54 años de edad se modificó considerablemente con el correr de los años. En 1981, había más probabilidades de que los nuevos inmigrantes tuviesen un empleo (el 74,2% en comparación con el 73,1% en el caso de los no inmigrantes). En 1986, la situación se había invertido, al haber descendido la tasa correspondiente a los inmigrantes recientes mientras que aumentaba la de los naturales canadienses. La diferencia continuó acentuándose, y tras aumentar 18 puntos porcentuales en 1996, en 2001 se redujo ligeramente a 16 puntos.

Los problemas del mercado laboral que se planteaban a los inmigrantes recientes tendían a ser similares a los que experimentaban los jóvenes, puesto que ambos grupos solían ingresar por primera vez al mercado de trabajo. Las dificultades comunes a que hacían frente ambos grupos consistían probablemente en su falta de experiencia laboral en el Canadá y de una buena red de contactos.

Sin embargo, se sabe que la tasa de desempleo de los inmigrantes aumenta con el número de años de residencia en el Canadá. Por ejemplo, en 2001 tenían empleos el 78,6% de los inmigrantes de 25 a 54 años de edad que habían residido en el país de 11 a 15 años, en comparación con el 65,2% de los emigrantes recientes pertenecientes al mismo grupo de edad. En ese mismo año quienes habían residido en el Canadá durante 16 o más años tenían posibilidades un poco mejores de tener un empleo (el 81,9% frente al 80,9%).

La literatura reciente subraya dos características de la experiencia laboral de los emigrantes en el Canadá. En primer lugar, el informe Trends in International Migration 2005 de la OCDE, muestra que la proporción de la fuerza laboral del Canadá (el 19,9%) era en 2001 superior a la de cualquier otro país del G7 y prácticamente, respecto de la de cualquier otro país del mundo. Ese porcentaje en los Estados Unidos era el 13,4%. Esa evolución obedeció a que los emigrantes más recientes procedían de regiones cuyos habitantes tenían menos posibilidades de adaptarse al mercado del trabajo del Canadá. En otras investigaciones se hace hincapié en que la mayor dificultad de adaptarse al trabajo redundó en ingresos relativamente inferiores para los emigrantes recientes, en comparación con lo sucedido respecto a las precedentes olas de inmigración. Pese a esa disminución, los informes de la OCDE sobre la migración ponen de manifiesto que la tasa de desempleo de los emigrantes en el Canadá es baja en comparación con la mayoría de los otros miembros del G7. Su tasa de participación en el mercado de trabajo y los consiguientes ingresos son también elevados con respecto a la mayoría de los miembros del G7.

Jóvenes

Gráfico 9: Tasas de desempleo, por edad

Fuente : Oficina de Estadísticas del Canadá, Labour Force Survey, CANSIM table 202-0002.

En 2004, la tasa de desempleo de los jóvenes de 15 a 24 años de edad era del 13,4%, más de un punto porcentual por debajo de la media del 14,5% durante el período 1976‑2004. Las tasas correspondientes a los trabajadores de más edad también habían sido inferiores que sus promedios a largo plazo. En 2004, la tasa de los adultos en su período de mayor actividad (de 25 a 54 años) era el 6%, y la de los mayores de 55 años, el 6,5%. Las tres tasas se redujeron en 2004. La diferencia entre las tasas de los adultos y de los jóvenes se debe en parte a que los jóvenes ingresan o se reincorporan a la fuerza laboral durante las interrupciones de sus estudios y permanecen desempleados por períodos cortos hasta que encuentran un trabajo.

En consecuencia, un poco más de la mitad de todos los jóvenes desempleados eran adolescentes de 15 a 19 años, en 2004, y su tasa de desempleo era el 18,1%. Por el contrario, los jóvenes mayores o más experimentados (20 a 24 años) hallaban un trabajo mucho más fácilmente y su tasa de desempleo era el 10,3%.

Aunque las tasas de desempleo de los jóvenes siempre han sido superiores a la de los adultos, actualmente representan una menor proporción de los desempleados en comparación con la situación de hace 30 años. El envejecimiento de la población en los últimos decenios ha modificado la situación del desempleo. Casi la mitad del total de desempleados en 1976 tenían de 15 a 24 años, en comparación con alrededor de un tercio en 2004.

16. Sírvanse facilitar información más detallada sobre el contenido de la Ley de Quebec de garantía del ingreso, asistencia al empleo y solidaridad social, en particular sobre las condiciones para que los participantes en los programas de empleo puedan beneficiarse de la asistencia social (observaciones finales, párr. 30; informe periódico, párr. 1654)

El Programa de Ayuda al Empleo (o asistencia social) tiene por objeto proporcionar la ayuda financiera de último recurso a las personas aptas para el trabajo, estimularlos a seguir un proceso de acceso al empleo y prestarles apoyo durante el mismo. Prevé asimismo asistencia financiera a las personas con algunas limitaciones para el trabajo. La Ley de garantía del ingreso, asistencia al empleo y seguridad social, además de conceder una asistencia financiera de último recurso para toda familia en situación de necesidad, confía a Emploi Québec la responsabilidad de abonar una asistencia en forma de incentivo financiero adicional a las personas que inician el procedimiento para ingresar al mercado de trabajo.

Emploi Québec es un organismo del gobierno de Quebec cuya misión es contribuir, conjuntamente con los interlocutores del mercado de trabajo, a la creación de empleos y el desarrollo de la fuerza laboral, así como a combatir el desempleo. A ese efecto, presta servicios encaminados a la integración social, la obtención de puestos de trabajo, su conservación, la estabilización en el empleo y la creación de empleos. Además, promueve una ampliación de la capacitación continua de la fuerza de trabajo, que sea transferible y permita adquirir competencias.

En el marco de su política de apoyo al ingreso, Emploi Québec puede otorgar una prestación de ayuda al empleo, reembolsar los gastos adicionales de las personas que participan en una medida activa y, en ciertas condiciones, proporciona asistencia adicional a las personas que participan en una iniciativa destinada a obtener un empleo, no inscritas para una medida activa. Esta asistencia financiera varía en función de la situación de la persona respecto al sistema de apoyo público a los ingresos en el que participa, y de las actividades realizadas en el marco de su proceso de búsqueda de empleo.

En el marco de la Ley de garantía del ingreso, asistencia al empleo y solidaridad social, la asistencia financiera proporcionada a los beneficiarios de asistencia para el empleo que no están limitados para el trabajo, conlleva la obligación de dar los pasos adecuados para conseguir un empleo idóneo y cumplir las eventuales instrucciones del Ministro competente a ese efecto. Asimismo, esté o no limitado para ocupar un empleo, un participante no debe rechazar, abandonar un empleo idóneo sin una justificación seria ni perderlo por su culpa.

Hasta hace poco tiempo, si no se respetaban estas obligaciones se imponía una reducción de la prestación básica, de 50 a 150 dólares por incumplimiento, y de 100 a 300 dólares.

Sin embargo, desde el 1º de octubre de 2005 se derogaron las disposiciones de la Ley relativas a estas reducciones.

Artículo 7: Derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias

17. Sírvanse ofrecer datos comparativos detallados del período comprendido entre 1998 y 2004, confrontando el salario mínimo de cada provincia y territorio con el umbral de bajos ingresos (LICO)

El salario mínimo es variable en el territorio nacional, y en cada jurisdicción los determina el respectivo gobierno provincial y territorial (véase el gráfico infra sobre los salarios mínimos en el Canadá).

Desde el punto de vista del umbral de bajos ingresos (LICO), el Canadá no dispone de una referencia oficial que defina la pobreza, pero suele utilizar como sustitutivo las estadísticas del LICO del Canadá. El LICO es un umbral de bajos ingresos según el cual se estima que las familias situadas en niveles inferiores gastan 20 puntos porcentuales más en alimentos, vivienda y vestimentas que una familia media de una determinada comunidad.

Habida cuenta de que los salarios mínimos están relacionados con los ingresos individuales, mientras que el LICO se basa en los ingresos familiares, una comparación de los salarios mínimos con el LICO requiere adoptar algunas hipótesis sobre la composición familiar (y la ubicación geográfica). Una familia de uno o más miembros que perciban el salario mínimo puede tener ingresos superiores o inferiores al LICO según los miembros que la integren y el lugar donde viven. Por ejemplo, una pareja en la que ambos miembros perciben el salario mínimo y viven en la Columbia Británica rural tendrían un ingreso anual de 52.000 dólares aproximadamente, superior al LICO (13.130 dólares). No obstante, a una familia biparental con dos hijos y un salario mínimo, residente en Toronto correspondería un ingreso de alrededor de 15.500 dólares, muy por debajo del LICO (31.277 dólares).

Jurisdicción	Salario mínimo
1998	2000	2002	2004	2005
Columbia-Británica	7,15 $	7,60 $	8,00 $	8,00 $	8,00 $
Alberta	5,40 $	5,90 $	5,90 $	5,90 $	7,00 $
Saskatchewan	5,60 $	6,00 $	6,65 $	6,65 $	7,05 $
Manitota	5,40 $	6,00 $	6,50 $	7,00 $	7,25 $
Notario	6,85 $	6,85 $	6,85 $	7,15 $	7,45 $
Quebec	6,90 $	6,90 $	7,20 $	7,45 $	7,60 $
Nueva Brunswick	5,50 $	5,75 $	6,00 $	6,20 $	6,30 $
Nueva Escocia	5,50 $	5,70 $	6,00 $	6,50 $	6,80 $
Isla Príncipe Edward	5,40 $	5,60 $	6,00 $	6,50 $	6,80 $
Terranova y Labrador	5,25 $	5,50 $	6,00 $	6,00 $	6,25 $
Yukón	7,20 $	7,20 $	7,20 $	7,20 $	7,20 $
Territorios del Noroeste	7,00 $	7,00 $	7,00 $	8,25 $	8,25 $
Nunavut	N/A	6,50 $	6,50 $	8,50 $	8,50 $

Umbral de bajos ingresos deducidos los impuestos (base de 1992)
	Zonas rurales	Zonas urbanas
Tamaño de la unidad familiar		Menos de 30 000	30 000 a 99 999	100 000 a 499 999	500 000  y más
2003
1 persona	10 821	12 384	13 815	13 990	16 542
2 personas	13 170	15 073	16 815	17 027	20 133
3 personas	16 400	18 768	20 938	21 202	25 070
4 personas	20 460	23 416	26 122	26 451	31 277
5 personas	23 298	26 664	29 746	30 120	35 615
6 personas	25 838	29571	32 989	33 404	39 498
7 personas o más	28 378	32 478	36 231	36 688	43 381
2002
1 persona	10 529	12 050	13 442	13 612	16 096
2 personas	12 815	14 667	16 361	16 567	19 590
3 personas	15 958	18 262	20 373	20 630	24 394
4 personas	19 908	22 784	25 417	25 737	30 433
5 personas	22 670	25 944	28 943	29 307	34 654
6 personas	25 141	28 773	32 099	32 502	38 432
7 personas o más	27 613	31 602	35 254	35 698	42 210
2001
1 persona	10 299	11 787	13 149	13 315	15 744
2 personas	12 535	14 346	16 004	16 205	19 162
3 personas	15 609	17 863	19 928	20 179	23 861
4 personas	19 473	22 286	24 862	25 175	29 768
5 personas	22 174	25 378	28 311	28 667	33 897
6 personas	24 592	28 144	31 398	31 792	37 593
7 personas o más	27 009	30 911	34 484	34 918	41 288
2000
1 persona	10 042	11 493	12 821	12 983	15 352
2 personas	12 223	13 989	15 605	15 801	18 684
3 personas	15 220	17 418	19 431	19 676	23 266
4 personas	18 987	21 731	24 242	24 548	29 026
5 personas	21 622	24 745	27 605	27 953	33 052
6 personas	23 979	27 443	30 615	31 000	36 656
7 personas o más	26 337	30 141	33 624	34 048	40 260
1999
1 persona	9 777	11 189	12 482	12 640	14 946
2 personas	11 900	13 619	15 193	15 384	18 191
3 personas	14 818	16 957	18 918	19 156	22 651
4 personas	18 486	21 156	23 602	23 899	28 259
5 personas	21 050	24 091	26 876	27 214	32 179
6 personas	23 345	26 718	29 806	30 181	35 687
7 personas o más	25 640	29 344	32 736	33 148	39 195
1998
1 persona	9 609	10 997	12 267	12 423	14 689
2 personas	11 695	13 385	14 931	15 119	17 878
3 personas	14 563	16 666	18 592	18 827	22 262
4 personas	18 168	20 793	23 196	23 488	27 773
5 personas	20 688	23 677	26 414	26 746	31 625
6 personas	22 944	26 258	29 294	29 662	35 073
7 personas o más	25 200	28 840	32 173	32 578	38 522

18.Según la información recibida por el Comité, las normas por las que se rigen las horas de trabajo, las horas extraordinarias y las vacaciones retribuidas en Columbia Británica no se aplican a los trabajadores agrícolas. Sírvanse indicar las normas que se aplican, la composición racial, étnica y de género de ese grupo de trabajadores, y si la situación es igual en las otras provincias y territorios.

La situación de los trabajadores agrícolas es variable en el territorio nacional.

En Columbia Británica, el reglamento de la ley sobre el empleo define de forma restrictiva a los trabajadores agrícolas, incluyendo sólo a los que participan directamente en las etapas desde la siembra hasta la cosecha de los productos agrícolas. Las normas laborales de estos trabajadores no se aplican a sus horas de trabajo, excepto con respecto a la prohibición de exigir un horario excesivo para la salud del trabajador, así como la remuneración de las horas extraordinarias y la licencia, obligatoria por ley. No se dispone de datos sobre la composición del grupo de “trabajadores agrícolas” definido de forma restrictiva. Sin embargo, según los datos sobre la categoría más amplia de trabajador agrícola de 2001, el 23,7% de la fuerza laboral total eran minorías visibles. El 53,8% de esa cifra son mujeres.

En Quebec, los trabajadores agrícolas están protegidos por la Ley de garantía de las normas laborales (R.S.Q. c. N-1.1). Sin embargo, estos trabajadores son objeto de algunas distinciones concretas. Por ejemplo, el artículo 54 5) y 7) relativo a las horas extraordinarias, el artículo 75 sobre la prestación por vacaciones anuales y el artículo 78 sobre el período de descanso semanal, contienen disposiciones específicas para esta categoría de trabajadores. El Reglamento de garantía de las normas laborales (R.R.Q. c. N-1.1, r.3) también prevé normas que garantizan el pago del salario mínimo a algunas categorías de trabajadores agrícolas (art. 4.1).

En Terranova y Labrador, los trabajadores agrícolas se benefician de todas las protecciones previstas en la Ley de normas laborales (LSA), con una excepción. La norma 9 6) a) b) del Reglamento de normas laborales, el artículo 25 de la LSA, relativo a las horas extraordinarias, no es aplicable a los trabajadores agrícolas. Un examen de los litigios en materia de normas laborales muestra que sólo 11 casos se referían a trabajadores agrícolas, todos ellos hombres. La mayoría de estos asuntos se beneficiaron de una pronta resolución.

En Ontario, se establece una distinción entre los trabajadores agrícolas y los cosechadores. Las siguientes normas mínimas de la Ley sobre el empleo (ESA) no se aplican a los trabajadores agrícolas, personas empleadas en explotaciones agrícolas cuyo trabajo está directamente relacionado con la producción primaria): horas de trabajo y horarios de comidas; salario mínimo; remuneración de las horas extraordinarias; feriados oficiales y vacaciones remuneradas. La protección de los trabajadores agrícolas abarca lo siguiente: licencia en casos de emergencia (sólo se aplica a los empleados de empresas u organizaciones que emplean normalmente a 50 personas como mínimo); licencia por obligaciones familiares de carácter médico; salario igual por un trabajo igual; licencia para el cuidado de los hijos y por maternidad; pago del salario con regularidad; indemnización por despido; notificación y remuneración por rescisión del contrato.

Los cosechadores (contratados para cosechar/recolectar frutos, verduras y tabaco para su comercialización o almacenamiento) no están amparados por la Ley sobre el empleo (ESA) con respecto a las horas de trabajo, los horarios de comidas, la retribución de las horas extraordinarias. En cambio, están protegidos por las siguientes normas mínimas: salario igual por trabajo igual; licencia en caso de emergencia (sólo se aplica a los empleados de empresas u organizaciones que normalmente tienen 50 empleados contratados como mínimo); licencia por obligaciones familiares de carácter médico; salario mínimo; licencia para el cuidado de los hijos y por maternidad; feriados oficiales; pago del salario con regularidad; indemnización por despido; notificación y remuneración por rescisión del contrato y vacaciones remuneradas.

En algunos casos, los trabajadores realizan actividades tanto de cosecha como de producción primaria en la explotación agrícola. La dedicación de la mayor parte del tiempo de la semana a una tarea específica, determinará las normas que serán aplicables. Por ejemplo, si en una semana la mayor parte del trabajo se dedica a la cosecha, se aplicarán las normas correspondientes a los cosechadores (es decir, el empleado tendrá derecho al salario mínimo y podrá beneficiarse de los feriados oficiales y de licencia remunerada).

En Alberta se aplican las siguientes normas sobre el empleo a los trabajadores agrícolas: las relativas al pago de la remuneración, el derecho de un empleador de mantener registros de empleo, la licencia por maternidad y la licencia para el cuidado de los hijos y las normas relativas a la rescisión del contrato de empleo.

En Manitoba, aparte de la igualdad de retribución y la restitución del salario, el Código del empleo de Manitoba no es aplicable a un trabajador empleado en la agricultura, la pesca, la cría de animales de peletería, o la elaboración de productos lácteos, así como el cultivo de productos hortícolas y de jardinería para la venta.

Algunos trabadores agrícolas de Nueva Brunswick están excluidos de la protección de la Ley sobre el empleo. El artículo 5 de la Ley establece que, exceptuando el empleo de menores de 16 años de edad, la ley no se aplica a los contratos de trabajo del sector agrícola concluidos entre asalariados y empleadores, que emplean a tres o menos personas durante gran parte del año. No están comprendidos en su número los empleados que tienen un parentesco estrecho con el empleador. Se entiende por "parentesco estrecho" la relación entre personas unidas por el matrimonio, padres e hijos, hermanos, y abuelos y nietos, incluida una relación entre personas que sin estar casadas entre sí ni tener vínculos de consanguinidad, demuestren la intención de prodigarse el afecto y el apoyo mutuos que suelen conllevar las relaciones mencionadas.

En Nueva Escocia, la Ordenanza del salario mínimo no es aplicable a los menores de 16 años que trabajan en una explotación agrícola y cuya actividad se relaciona directamente con la producción primaria de huevos, leche, cereales, semillas, frutas, verduras, árboles y guirnaldas de Navidad, productos del arce, miel, tabaco, porcinos, ovinos, aves o animales para peletería. El párrafo 2 3) del Reglamento general de la Ley de normas laborales prevé que las personas dedicadas a tareas agrícolas cuyo empleo se relacione directamente con la producción de huevos, leche, cereales, semillas, frutas, verduras, árboles y guirnaldas de Navidad, productos del arce, miel, tabaco, porcinos, ovinos, aves o animales para peletería no están sujetas a la aplicación de los artículos de la Ley relativos a los feriados remunerados y las horas de trabajo.

En Saskatchewan, de conformidad con el párrafo 4 3) de la Ley de normas laborales quedan eximidos de la aplicación de las disposiciones de la Ley los empleados que trabajan principalmente en actividades agrícolas, ganaderas o hortícolas. La Ley se aplica a los trabajadores y empleados de los criaderos de aves, invernaderos y viveros, actividades de eliminación de matorrales y explotaciones comerciales de cría de porcinos.

Los tribunales y los magistrados han elaborado criterios basados en la interpretación jurídica de la Ley para determinar si ésta se aplica a un trabajador agrícola. Un trabajador estará sujeto a la Ley de normas laborales a condición de que se cumplan las cuatro condiciones siguientes en su totalidad:

1.El trabajador desempeña actividades de tipo "agrícola";

2.El trabajador es empleado de un agricultor o una explotación agrícola;

3.El trabajo se realiza para el agricultor o la explotación agrícola exclusivamente;

4.El trabajador no participa en la elaboración de un producto.

La aplicación de la exención se determina tras un detenido examen de las circunstancias especiales de cada caso.

Con respecto a la composición por sexo de este grupo, en 2004, la fuerza laboral agrícola de todo Saskatchewan ascendía a 47.700 personas y el total de la fuerza laboral agrícola empleada, a 46.700. La fuerza laboral agrícola femenina estaba constituida por 10.800 mujeres, 10.500 de las cuales estaban empleadas.

19. Sírvanse explicar de qué modo el Estado Parte garantiza que sus obligaciones con arreglo al Pacto se tienen debidamente en cuenta al emitir decisiones sobre controversias relativas al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En particular, sírvanse aclarar de qué modo el acuerdo paralelo sobre los derechos de los trabajadores (Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte) influye en el cumplimiento de los derechos consagrados en los artículos 7 y 8 del Pacto .

En el sistema del comercio internacional, los derechos laborales se garantizan en virtud de acuerdos de cooperación laboral separados. En particular, los acuerdos paralelos abarcan el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte y el Acuerdo de Cooperación Laboral entre el Gobierno del Canadá y el Gobierno de la República de Chile y el Acuerdo de Cooperación Laboral entre el Gobierno de Costa Rica y el Gobierno del Canadá. En virtud de estos acuerdos, las partes se comprometen a respetar y fomentar los principios y derechos reconocidos en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Éstos incluyen la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, la eliminación de toda forma de trabajo forzoso u obligatorio, la eliminación efectiva del trabajo infantil y de la discriminación en el trabajo. Asimismo, las partes se comprometen a promover derechos y principios rectores que abarquen las normas mínimas de trabajo, así como las lesiones y enfermedades profesionales y su indemnización. La solución de las controversias y los mecanismos de arbitraje son esenciales en estos acuerdos.

En concreto, el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno del Canadá y el Gobierno de los Estados Unidos de América, 1994) comprende las siguientes obligaciones:

"Promover al máximo los principios siguientes: "Libertad de asociación y protección del derecho a organizarse"; "Derecho a la negociación colectiva"; "Derecho de huelga"; "Prohibición de trabajo forzado"; "Restricciones sobre el trabajo de menores"; "Condiciones mínimas de trabajo"; "Eliminación de la discriminación en el empleo"; "Salario igual para hombres y mujeres"; "Prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales"; "Indemnización en los casos de lesiones de trabajo o enfermedades ocupacionales"; y "Protección de los trabajadores migratorios".

Asegurar que las “leyes y reglamentos laborales prevean altas normas laborales...” y que las Partes continúen “esforzándose por mejorar dichas normas en ese contexto” (art. 2).

Promover la "observancia de su legislación laboral y la aplicará efectivamente a través de medidas gubernamentales adecuadas", tales como "nombrar y capacitar inspectores", "vigilar el cumplimiento", e imponer "sanciones o soluciones adecuadas por violaciones" (art. 3.1).

Garantizar "que las personas con interés jurídicamente reconocido... en un asunto en particular tengan acceso adecuado a los tribunales [diversos]" encargados de “la aplicación de la legislación laboral de la Parte” (art. 4.1).

Garantizar que los procedimientos de estos tribunales sean "justos, equitativos y transparentes", "imparciales e independientes", "no sean innecesariamente complicados, no impliquen costos o plazos irrazonables ni demoras injustificadas", sean públicos "salvo cuando la administración de justicia requiera otra cosa", se dicten resoluciones definitivas "sobre el fondo del asunto" que "se formulen por escrito", y que las partes en el procedimiento tengan derecho a sustentar o defender sus posiciones respectivas y a presentar pruebas, "solicitar la revisión y, cuando proceda, la modificación de las resoluciones definitivas", y "tengan acceso a los recursos para hacer efectivos sus derechos laborales" (párrafos 1 a 5 del artículo 5).

Asegurar que las "leyes, reglamentos, procedimientos y resoluciones... que se refieran a cualquier asunto comprendido en [el] Acuerdo, se publiquen a la brevedad" (art. 6).

Promover "el conocimiento público" de la legislación laboral, "garantizando la disponibilidad de información pública relacionada con [la] legislación laboral y con los procedimientos para su aplicación y cumplimiento" (art. 7).

En virtud del ACLAN, la parte que no aplique efectivamente algunas leyes laborales nacionales puede ser objeto de un procedimiento de solución de controversias. La legislación laboral en cuestión consiste en las leyes relativas a la seguridad y salud en el trabajo, el trabajo infantil y el salario mínimo. El incumplimiento reiterado de estas leyes puede inclusive redundar en la imposición de multas (por un importe que puede alcanzar el 0,007% del comercio total de mercancías entre las partes en la controversia, con arreglo al ACLAN, aunque hasta la fecha no se ha impuesto ninguna multa).

Una de las partes en el ACLAN puede, por iniciativa propia, iniciar un procedimiento de solución de controversias contra otra parte, pero habitualmente lo hace a instancias de un miembro de la sociedad civil (incluidas las organizaciones de la sociedad civil) que formule una reclamación, denominada "comunicación pública". La parte que reciba una comunicación pública deberá aceptarla para su examen si, tras haberla examinado comprueba que cumple los requisitos previstos para su presentación. Si, después de haber examinado la comunicación, la parte comprueba la validez de los cargos contenidos en la misma, y que no pueden resolverse mediante consultas a nivel de funcionarios, la parte podrá llevar adelante su reclamación como se expone a continuación.

En el marco del ACLAN, la primera medida consiste en solicitar consultas a nivel ministerial con la parte que es objeto de la comunicación pública. Si esas consultas no bastan para resolver el asunto, podrán iniciarse distintos procesos sucesivos. Se podrá convocar un Comité Evaluador de Expertos (CEE) para que analice las prácticas de aplicación de las partes en la controversia e informe sobre las conclusiones y recomendaciones. Si también fracasa este procedimiento, los ministros de trabajo de los Estados Partes podrán solicitar a un panel arbitral que celebre una o varias audiencias sobre la cuestión y formule sus propias conclusiones y recomendaciones. Después de esto, si la parte del ACLAN objeto de la reclamación persiste en el incumplimiento de su legislación, se le podrían aplicar sanciones o, como ya se mencionó, multas.

Artículo 8: Derechos sindicales

20. En la Ley de la administración pública de Quebec se dispone que el sindicato de funcionarios de la provincia representa a todos los funcionarios que son asalariados en el sentido del Código del Trabajo (informe periódico, párrs. 1644 y 1645). Se afirma que otras leyes, como por ejemplo, las Leyes de educación de Ontario y Nueva Escocia y la Ley de la administración pública de la Isla de Príncipe Edward, también crean monopolios sindicales al nombrar a un agente negociador. Sírvanse explicar de qué modo esas restricciones son compatibles con las disposiciones del apartado a) del párrafo 1 del artículo 8 del Pacto .

Las disposiciones del artículo 64 de la Ley de administración pública de Quebec deben interpretarse en relación con las disposiciones del artículo 65. Estos artículos no se han modificado en lo esencial desde la promulgación de la ley en 1965. Su texto es el siguiente:

"64.El Sindicato de la administración pública de la Provincia de Quebec se reconoce como representante de todos los funcionarios que son asalariados en el sentido del Código del Trabajo (cap. C-27), excepto:

1.los asalariados que son maestros;

2.los asalariados que son miembros de asociaciones profesionales como el colegio de abogados, de notarios, médicos, asociaciones de dentistas, farmacéuticos, optometristas, cirujanos, veterinarios, ingenieros agrónomos, arquitectos, ingenieros, agrimensores, ingenieros forestales, químicos o expertos contables, y las personas admitidas para cursar los estudios correspondientes a estas profesiones;

3.los asalariados que son diplomados de la universidad, economistas, geógrafos, geólogos, biólogos, urbanistas, contables, auditores, psicólogos, asistentes sociales, consejeros de orientación y otros profesionales;

4.los asalariados que son agentes de la fuerza pública pertenecientes a los siguientes grupos:

a)agentes encargados de la preservación de la fauna silvestre;

b)oficiales de pesca;

c)funcionarios de la policía judicial adscritos a la Cámara de la juventud del Tribunal de Quebec;

d)oficiales de seguridad;

e)inspectores de transportes;

f)instructores, vigilantes y personal de enfermería de las cárceles; y

g)cualquier otro grupo de oficiales que cumpla los cometidos de un agente policial."

"65.El artículo 64 surte el mismo efecto que un certificado otorgado por la Comisión de relaciones laborales en el marco del Código del Trabajo (cap. C‑27) para los dos grupos diferentes de asalariados siguientes:

1.los funcionarios públicos que no sean obreros; y

2.los obreros.

La Comisión de relaciones laborales zanja todos los litigios relativos a la exclusión o inclusión efectiva de un funcionario público o una categoría de funcionarios públicos en cada uno de los grupos, y tiene la facultad de revocar la certificación y conceder otra de conformidad con las condiciones prescritas en el Código del Trabajo."

El artículo 65 de la Ley de la administración pública indica que una vez concedida la certificación al Sindicato de funcionarios provinciales, se aplicarán las disposiciones generales del Código del Trabajo (R.S.Q. c. C-27). Por consiguiente, otra asociación podría solicitar la certificación para representar a los funcionarios y trabajadores del gobierno de Quebec, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111.3 del Código del Trabajo.

Es, por ende, inexacto afirmar que la Ley de la administración pública confiere al Sindicato de la administración pública provincial la condición jurídica de representante exclusivo e inamovible de algunas categorías de funcionarios públicos.

En el apartado a) del párrafo 1 del artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se establece que el derecho a escoger un sindicato está sujeto únicamente a los estatutos de la organización correspondiente y que no pueden imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos. Como se expone a continuación, en algunas provincias, hay sindicatos designados para ciertos grupos de asalariados. En cada caso, los requisitos son compatibles con el Pacto puesto que están prescritos por ley, son en interés del orden público y no atentan ilegítimamente contra la libertad de asociación.

En Alberta y Manitoba, se establece por ley que los monopolios sindicales de la función pública provincial, es decir, la Ley sobre las relaciones de los funcionarios públicos de Alberta y la Ley de la administración pública de Manitoba. Por ejemplo, el párrafo 1 del artículo 1 de la Ley de la administración pública define al sindicato general de empleados del gobierno de Manitoba como la asociación que representa a la mayoría de los funcionarios públicos en las negociaciones con miras a la conclusión de acuerdos colectivos con el gobierno de Manitoba.

En Nueva Brunswick, varias profesiones de la salud exigen que sus miembros sean integrantes de una determinada asociación profesional y que ejerzan su profesión a tiempo completo. En algunos casos, podría tratarse de una asociación facultada para ejercer los derechos de negociación colectiva. Nueva Brunswick considera que de conformidad con la Ley de negociación colectiva de los educadores, todos los educadores deben pertenecer a la Asociación de educadores de Nueva Brunswick. Análogamente, en Ontario, los sindicatos de educadores se identificaron en la ley inicial de educación, que es la Ley de negociaciones colectivas entre los consejos escolares y educadores, adoptada en 1975 y reemplazada en 1998 por la Ley de educación. La Ley de 1975 se limitaba a recoger las prácticas entonces vigentes y contaba con el apoyo de los consejos y sindicatos de las escuelas. La preferencia de los consejos escolares y los educadores por agentes de negociación que fuesen docentes designados por ley se confirmó en 1996 al procederse a la revisión de esta Ley de negociación colectiva.

En Saskatchewan, la Ley de educación, la Ley sobre reorganización de las relaciones en el sector sanitario y la Ley de relaciones laborales en la industria de la construcción designan a agentes de negociación para que representen a los empleados en sus respectivos sectores. A diferencia de la situación de la educación, en que la Federación de educadores de Saskatchewan representa a todos los educadores, las leyes laborales identifican a los agentes de negociación.

En la industria de la construcción, la ley establece un marco de negociación por oficios. En otros términos, el sindicato de los carpinteros deberá negociar en nombre de todos los carpinteros afiliados. La legislación establece asimismo una organización que representa a los empleadores para negociar en nombre de todos los contratistas sindicados que negocian acuerdos con las distintas categorías de trabajadores de la construcción. Se establecen otros sectores profesionales y oficios para las otras actividades de la construcción, por ejemplo, el tendido de tuberías y cables de alta tensión. Algunos sindicatos que negocian en nombre de los empleados y los empleadores deben pertenecer a una organización de empleadores representativa. La legislación procura ante todo garantizar una negociación ordenada en el sector de la construcción que cuenta con numerosos empleadores, algunos de dimensiones considerables que dominan la industria y otros muy pequeños, así como con un gran número de asalariados de oficios muy diversos. En el pasado, ese contexto dio lugar a negociaciones muy difíciles e interminables, en detrimento del principio de la negociación colectiva.

Es similar la situación en el sector de la salud. Antes de la adopción de la ley, había 538 unidades de negociación diferentes que trataban con 32 empleadores representados por una organización de empleadores representativa. Era difícil concluir acuerdos colectivos con celeridad y, en consecuencia, los sindicatos del sector solicitaron al Gobierno que designase a un comisionado para reorganizar la negociación colectiva fusionando las unidades de negociación.

Las unidades de negociación fusionadas representan a los empleados de tres sectores distintos de la salud: las enfermeras, el personal de salud y el personal médico, en cada uno de los correspondientes distritos. Los empleados que desean estar representados por un sindicato diferente pueden solicitar al Consejo de Relaciones Laborales que zanje la cuestión. Es importante señalar que, como la negociación colectiva no servía debidamente los intereses de los sindicatos, éstos pidieron al Gobierno que reorganizase las unidades de negociación.

21. Según la información recibida, los trabajadores agrícolas de Ontario no tienen derecho a sindicarse. Sírvanse formular observaciones sobre este tema. Sírvanse indicar también si Ontario prevé enmendar su legislación a fin de reconocer el derecho de todos los trabajadores a afiliarse a sindicatos, tomar parte en negociaciones colectivas y hacer huelga (observaciones finales, párr. 31).

En diciembre de 2001, el Tribunal Supremo del Canadá declaró en el asunto Dunmore c. Ontario (2001) (Fiscal General), 207 D.L.R. (4th) 193 (S.C.C.) que era inconstitucional la exclusión de los trabajadores agrícolas de la Ley de relaciones laborales, de 1995, en ausencia de otra protección legal de la libertad de asociación. Un resumen de la decisión figura en el examen de la jurisprudencia del Quinto informe periódico sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En junio de 2003, en respuesta a la decisión del Tribunal Supremo, el gobierno de Ontario promulgó la Ley de protección de los trabajadores agrícolas, 2002. Esta ley confiere a los trabajadores agrícolas el derecho de constituir una asociación de asalariados o afiliarse a una asociación pero no prevé el derecho a disponer de un régimen legal de negociación colectiva. Mantiene asimismo la exclusión de los trabajadores agrícolas de la Ley de relaciones laborales.

En abril de 2004, el Sindicato de Trabajadores del Sector de la Alimentación y del Sector Comercial presentó una solicitud ante el tribunal impugnando la constitucionalidad de la exclusión de los trabajadores agrícolas de la Ley de relaciones laborales y la restricción de los derechos de negociación en la Ley de protección de los trabajadores agrícolas. En septiembre de 2004, el Tribunal Superior de Ontario entendió en la causa. En espera de la decisión judicial, el gobierno de Ontario nada añadió a los comentarios formulados en el Cuarto informe periódico sobre el Pacto (párrs. 400 y 401) sobre si Ontario introduciría o no un régimen legal de negociación colectiva para los trabajadores agrícolas.

Con respecto al derecho de los beneficiarios del empleo obligatorio de afiliarse a un sindicato o de disponer de un régimen legal de negociación colectiva, el gobierno de Ontario no prevé modificar la Ley sobre el programa Ontario en el trabajo, de 1997 y no tiene nada que añadir en cuanto al fondo a lo comunicado en el Cuarto informe periódico sobre el Pacto (párr. 403). No obstante, el gobierno reitera el argumento invocado en la OIT desde 1998, a saber, que "los participantes en los programas de empleo obligatorio" (o sea, los participantes en actividades de asistencia) no son empleados.

22. Sírvanse proporcionar una lista de las categorías de trabajadores a quienes se prohíbe ejercer el derecho de huelga en los planos federal, provincial y territorial y explicar los motivos de dicha limitación. En particular, ¿por qué en Alberta los funcionarios del gobierno provincial y los empleados de instituciones públicas de enseñanza postsecundaria no tienen derecho de huelga (informe periódico, párr. 847)?

En general, en el Canadá hay algunas categorías de trabajadores que no pueden ejercer el derecho de huelga porque se considera que suministran servicios esenciales o funciones de protección de la seguridad pública. En la mayoría de los casos, estos trabajadores tienen acceso a otros mecanismos de solución de controversias o a arbitrajes obligatorios para resolver los problemas relativos al derecho laboral.

Modalidad de solución de controversias en los sectores público

y parapúblico del Canadá

	Funcionarios públicos	Empleados de hospitales	Personal docente de las escuelas públicas, de secundaria y de la universidad	Funcionarios de policía	Bomberos municipales	Empleados de empresas del Estado
FEDERAL	Elección por el sindicato del arbitraje o la huelga 1	Elección por el sindicato del arbitraje o la huelga 1 Huelga/cierre patronal 1 en Yukón.	Huelga/cierre patronal en algunas escuelas de los Territorios del Noroeste, y en escuelas administradas por consejos tribales en reservas indias.	A los miembros de la Real Policía Montada del Canadá no se aplica una ley de negociación colectiva 2	Huelga/ cierre patronal 1 para los bomberos de los aeropuertos y los bomberos municipales en los Territorios del Noroeste, Nunavut y Yukón	Huelga/cierre patronal 1 para la mayoría de las empresas estatales
Alberta	Prohibición de la huelga/cierre patronal; arbitraje a petición de una o ambas partes 3	Prohibición de huelga/cierre patronal; arbitraje a petición de una o ambas partes, o del Ministro 3	PyS 4,5 -Huelga/cierre patronal C - Arbitraje vinculante U 6 - Procedimientos de negociación entre las partes	Prohibición de la huelga/cierre patronal; arbitraje a petición de una o ambas partes 3	Prohibición de huelga/cierre patronal; arbitraje a petición de una o ambas partes o por iniciativa del Ministro 3	Prohibición de la huelga/ cierre patronal; arbitraje a petición de una o ambas partes 3
Columbia Británica	Huelga/cierre patronal 1	Huelga/cierre patronal 1	P y S 1,5 - Nivel provincial (incl. "disposición sobre gastos"): huelga/cierre patronal; nivel local: cualquiera de las partes puede someter la controversia a una negociación a nivel provincial C y U - Huelga/cierre patronal	A petición de cualquiera de las partes, el Ministro puede decidir un arbitraje si se cumplen ciertas condiciones 1	A petición de cualquiera de las partes, el Ministro puede decidir un arbitraje si se cumplen ciertas condiciones 1	Huelga/cierre patronal 1
Manitoba	Arbitraje a petición de cualquiera de las partes; huelga/cierre patronal limitado para los servicios esenciales	Huelga/cierre patronal 1 Ciudad de Winnipeg Personal de ambulancias paramédico: igual que para los bomberos municipales	PyS 5 Prohibición de huelga/cierre patronal; cualquiera de las partes puede iniciar un procedimiento de arbitraje U - Huelga/cierre patronal	P. M. 7 Huelga cierre patronal; Prohibición de huelga/cierre patronal en Winnipeg, arbitraje a petición de una o ambas partes	Prohibición de huelga/cierre patronal; Arbitraje a petición de una o ambas partes	Huelga/cierre patronal
Nueva Brunswick	Huelga/cierre patronal 1,3	Huelga/cierre patronal 1,3	P y S 5 - Huelga/cierre patronal 3 U - Huelga/cierre patronal	Prohibición de huelga/cierre patronal; arbitraje a petición de cualquiera de las partes	Prohibición de huelga/ cierre patronal; arbitraje a petición de cualquiera de las partes	Huelga/cierre patronal 8
Terranova y Labrador	Huelga/cierre patronal 1,9	Huelga/cierre patronal 1,9	P y S 5 - Huelga/cierre patronal U - Huelga/cierre patronal	P. M. 7 - Huelga/cierre patronal R. P. T - Prohibición de huelga; arbitraje a petición de cualquiera de las partes 3 (elección de la propuesta final de salarios, si son el objeto de la controversia)	Huelga/ cierre patronal Cuerpo de Bomberos de S. John's - prohibición de huelga; arbitraje a petición de cualquiera de las partes	Huelga/cierre patronal 10
Territorios del Noroeste y Nunavut	Huelga 1	Huelga 1	P y S 5 - Huelga	Véase Federal	Véase Federal	Huelga 1 (incluida la Compañía de Electricidad de los Territorios del NO y Nunavut
Nueva Escocia	Prohibición de huelga/cierre patronal; arbitraje a petición de cualquiera de las partes	Huelga/cierre patronal	P y S 5 - Nivel provincial (incluidos los salarios): huelga/cierre patronal; nivel local: prohibición de huelga/cierre patronal; arbitraje a petición de cualquiera de las partes U – huelga	Arbitraje a petición de cualquiera de las partes	Huelga/ cierre patronal	Huelga/cierre patronal
Ontario	Huelga/cierre patronal 1	Prohibición de huelga/cierre patronal; arbitraje previa notificación a las partes del fracaso de la conciliación 3 Personal de ambulancias empleados por las municipalidades: huelga/cierre patronal 1	P y S 5 - Huelga/cierre patronal C - Huelga/cierre patronal U - Huelga/cierre patronal	M P. 7 y P. P. O - Prohibición de suspender los servicios; previa conciliación, arbitraje a petición de cualquiera de las partes 3	Prohibición de huelga/cierre patronal; arbitraje previa notificación de las partes del fracaso de la conciliación 3	Huelga/cierre patronal La legislación relativa a la negociación colectiva para los funcionarios públicos es aplicable a algunas empresas estatales.
Isla Príncipe Edward	Arbitraje a petición de cualquiera de las Partes o por iniciativa del Ministro3	Prohibición de huelga; previa conciliación, arbitraje obligatorio	PyS5 - Arbitraje a petición de cualquiera de las Partes o por iniciativa del Ministro3 U - Huelga/cierre patronal	Prohibición de huelga; Previa conciliación, arbitraje obligatorio	Prohibición de huelga; Previa concilia-ción, arbitraje obligatorio	Igual que para los funcionarios públicos
Quebec	Huelga/cierre patronal1, excepto los funcionarios policiales11. En este último caso, un sindicato/ comité paritario formula recomenda-ciones al gobierno para su aprobación por decreto	Huelga/cierre patronal1,12	PyS5 - Huelga/cierre patronal12 C - Huelga/cierre patronal12 U - Huelga/cierre patronal	P.M.3,7y P.P.Q7,13 - huelga/cierre patronal P.M. - igual que para los bomberos. P.P.Q. – Recomenda-ciones de un sindicato - comité paritario o de un árbitro al gobierno para su aprobación	Prohibición de huelga/ cierre patronal; arbitraje previa recepción de un informe sobre el fracaso de la mediación o a petición de cualquiera de las Partes 3	Huelga/ cierre patronal13,14
Saskatchewan	Huelga/cierre patronal	Huelga/cierre patronal	PyS5 - opción de arbitraje por el sindicato a petición de cualquiera de las partes o huelga U - huelga/cierre patronal	Huelga/cierre patronal	Huelga/ cierre patronal; arbitraje solicitado por cualquiera de las Partes. Obligatorio sólo si la Constitu-ción del Sindicato local prohíbe la huelga	Huelga/ cierre patronal
Yukón	Opción de arbitraje por el sindicato a petición de cualquiera de las partes o huelga1	Véase Federal	PyS5- elección por el sindicato de arbitraje a petición de una de las partes o huelga	Véase Federal	Véase Federal

Análisis de la legislación laboral; asuntos laborales internacionales e intergubernamentales, Dirección General del trabajo, recursos humanos y fomento de las competencias, Canadá, 1 de abril de 2005.

Notas:

1 Los empleados no tienen derecho a participar en una huelga si deben proporcionar servicios esenciales en virtud de la legislación aplicable en materia de relaciones laborales.

2 A los miembros de la Real Policía Montada del Canadá no se aplica el Código del Trabajo del Canadá ni la Ley de relaciones laborales de la administración pública.

3 En los casos de arbitraje, un árbitro, un tribunal arbitral o un seleccionador (en los casos de arbitraje sobre propuestas finales) deben tener en cuenta al dictar un laudo, criterios específicos, incluidos factores económicos.

4 El gobierno puede ordenar procedimientos de emergencia e imponer arbitrajes vinculantes en circunstancias que supongan perjuicios indebidos para las personas que no son partes en la controversia.

5 PyS: escuelas públicas de primaria y secundaria; C: liceos públicos; U: universidades.

6 Arbitraje vinculante obligatorio para zanjar cualquier controversia en el marco de la negociación colectiva con una asociación de estudiantes del ciclo superior o con una asociación de profesores universitarios en una universidad establecida después del 18 de marzo de 2004.

7 P.M. – policía municipal; R.P.T. – Real policía de Terranova; P.P.D. – Policía de la Provincia de Ontario; S.Q./P.Q. – Policía Provincial de Quebec (Sûreté du Québec).

8 Las notas 1 y 3 supra se aplican a la Compañía de Electricidad de Nueva Brunswick y la nota 3, a la Compañía de vinos y licores de Nueva Brunswick.

9 Puede imponerse el arbitraje por situación de emergencia o si una resolución de la Asamblea legislativa prohíbe la huelga. Si el número de empleados indispensables supera el 50%, el sindicato puede optar por un arbitraje vinculante. Los empleados de los hospitales no están autorizados a hacer huelga por turnos.

10 La Ley sobre negociación colectiva de la administración pública se aplica a las empresas estatales que designe el gobierno; a la empresa "Newfoundland and Labrador Hydro" se aplica la Ley de relaciones laborales, y la Ley de reglamentación de la energía eléctrica, de 1994, que prevé la designación de los empleados indispensables.

11No tienen derecho a hacer huelga los empleados de la dirección general responsables de la protección civil.

12 Se prohíben la huelga y el cierre patronal para las cuestiones relativas a las cláusulas negociadas a nivel local o regional o sujetas a acuerdos locales.

13La legislación de Quebec establece que la política de algunos organismos gubernamentales sobre remuneración y condiciones de empleo debe recibir la aprobación de la Junta del Tesoro (tal es el caso por ejemplo de "Hydro Quebec", la Policía Provincial de Quebec (Sûreté du Québec) y las empresas estatales encargadas de la lotería y la venta de bebidas alcohólicas).

14 El gobierno de Quebec puede ordenar que se mantengan los servicios esenciales en distintos "servicios públicos".

Artículo 9: Derecho a la seguridad social

23. Sírvanse informar al Comité sobre la decisión final del Tribunal Supremo del Canadá en el caso Gosselin c. Quebec . Sírvanse explicar la postura del Gobierno Federal y los gobiernos provinciales implicados en ese caso (informe periódico, párr. 80)

El Tribunal Supremo del Canadá emitió su decisión sobre el caso Gosselin c. Quebec (Fiscal General), [2002] 4 S.C.R. 429, el 19 de diciembre de 2002. La dirección web es la siguiente: http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/en/pub/2002/vol4/html/2002scr4_0429.html. Puede obtenerse más información sobre la decisión en el quinto informe del Canadá sobre el Pacto, en el apéndice dedicado al examen de la jurisprudencia.

En el caso Gosselin, la demandante impugnaba la validez de las disposiciones reglamentarias que entre 1985 y 1989 sirvieron para determinar la cuantía del subsidio para menores de 30 años, alegando que infringían el derecho a la igualdad consagrado en el párrafo 1 del artículo 15 de la Carta de Derechos y Libertades del Canadá, y el derecho a la seguridad personal garantizado en el artículo 7 de la misma Carta y en el artículo 45 de la Carta de Derechos Humanos y Libertades de Quebec, que establece que toda persona necesitada tiene derecho, para su propio beneficio y el de su familia, a medidas de asistencia financiera y medidas sociales, previstas por la ley, que puedan garantizarle un nivel de vida adecuado. En su exposición ante el Tribunal Supremo del Canadá sobre esta causa, el Fiscal General de Quebec sostuvo, en esencia, los siguientes argumentos:

1.La medida en cuestión fue ideada para paliar la situación crítica de los jóvenes desempleados brindándoles asistencia para facilitar su integración en el mercado laboral y evitar que dependieran de las ayudas financieras públicas.

2.Para tal fin, el propósito de la medida era ofrecer, además de la asistencia financiera, programas de formación que pudieran ayudar a los menores de 30 años a reintegrarse al mercado laboral y salir del aislamiento social.

3.Lejos de vulnerar el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 15 de la Carta del Canadá, la medida se estableció con la idea de brindar a los menores de 30 años una asistencia adaptada a sus necesidades.

4.La demandante no había probado, como le correspondía, que el Gobierno hubiera lesionado su derecho a la seguridad personal, consagrado en el artículo 7 de la Carta.

5.El artículo 7 de la Carta del Canadá no obliga al Gobierno a garantizar la seguridad personal, sino a no atentar contra ese derecho.

6.El artículo 7 no garantiza ningún derecho económico ni el derecho a exigir al Gobierno un determinado nivel de asistencia.

7.El nivel de asistencia que el Gobierno decide conceder no es una cuestión constitucional, sino política, y es competencia de las autoridades elegidas.

8.El artículo 45 de la Carta de Quebec no prima en este caso, y en su formulación sanciona la soberanía parlamentaria respecto de las medidas de asistencia financiera y social ofrecidas por el Gobierno a cargo del erario público.

Intervinieron en el caso Gosselin los gobiernos de cuatro provincias: Alberta, Columbia Británica, Nueva Brunswick y Ontario.

La postura de Columbia Británica respecto del caso Gosselin se limitó a una respuesta a las alegaciones de infracción de la Carta de Derechos y Libertades del Canadá. Según el gobierno de Columbia Británica, la legislación de Quebec no infringía los derechos consagrados en la Carta, una postura compartida por la mayoría del Tribunal Supremo.

La postura del Fiscal General de Ontario es que la Carta de Derechos y Libertades del Canadá no garantiza de manera jurídicamente exigible un nivel de vida mínimo ni un nivel de ingresos mínimos, y en particular que el derecho a la asistencia social no está incluido en el derecho a la seguridad personal consagrado en el artículo 7. El establecimiento de una definición de pobreza y la determinación de la cuantía de la ayuda necesaria para cubrir las necesidades básicas son por su propia naturaleza cuestiones normativas, lo que significa que son competencia de las asambleas legislativas. Los tribunales de Ontario y de todo el Canadá han rechazado siempre toda demanda relativa al derecho a la asistencia social sobre la base de que se trata de un derecho económico y que el artículo 7 no impone a los gobiernos ninguna obligación positiva.

24. Sírvanse facilitar información actualizada sobre la proporción real de desocupados que reciben prestaciones del seguro de desempleo (coeficiente entre beneficiarios y desempleados), los resultados de los análisis y las evaluaciones realizadas en relación con esas prestaciones, así como el porcentaje de mujeres, jóvenes, inmigrantes, minorías visibles, trabajadores de temporada y a tiempo parcial y trabajadores por contrato desempleados que reciben prestaciones del seguro de desempleo.

La proporción de beneficiarios del seguro de desempleo respecto del número de desempleados (coeficiente entre beneficiarios y desempleados) fue del 38,5 por ciento en 2004. Esta cifra suscita ciertas reservas, pues incluye personas que no están cubiertas por el seguro de desempleo (como los trabajadores autónomos y otras personas que no cotizan).

La encuesta sobre la cobertura del seguro de desempleo llevada a cabo por la Oficina de Estadísticas del Canadá indica que en 2004, de los desempleados que, siendo asalariados, habían perdido su empleo recientemente en condiciones que les permitían acceder al programa de seguro de desempleo, el 80,4% tenían derecho a recibir prestaciones por desempleo. El nivel de acceso variaba en función de los grupos demográficos y las situaciones laborales. El de los varones desempleados (89,6%) era mayor que el de las mujeres desempleadas (82,3%), mientras que el nivel de acceso de quienes habían trabajado a tiempo era del 87,6%, frente al 42,8% correspondiente a quienes habían trabajado a tiempo parcial durante el año anterior a la pérdida de su empleo. Acceden al seguro de desempleo menos mujeres que hombres porque generalmente hay más mujeres que hombres trabajando a tiempo parcial. El acceso para los jóvenes también es menor, pues suele tratarse de personas que se incorporan por primera vez a la fuerza laboral, y por lo tanto deben superar unos requisitos de entrada mayores y, además, son más propensos a trabajar a tiempo parcial. En diciembre de 2002, había acumulado horas cotizadas suficientes para recibir la prestación por desempleo (es decir, más de 910 horas) el 39,6% de los jóvenes que se habían incorporado a la fuerza laboral, o que se habían reintegrado a ella, mientras que en el caso de los jóvenes que ya estaban integrados en la fuerza laboral, esa cifra alcanzó el 83,4 %.

Un estudio reveló que el porcentaje de trabajadores de más edad (de 55 años en adelante) que tenían derecho al seguro de desempleo o percibían las prestaciones correspondientes entre octubre de 2000 y septiembre de 2002, era similar al de trabajadores de 25 a 54 años en la misma situación. En 2004, los trabajadores de más edad tendían a estar desempleados más tiempo – 25,4 semanas frente a las 19,5 semanas de los trabajadores de 25 a 54 años.

En 2003, entre los desempleados que, siendo asalariados, habían perdido su empleo recientemente en condiciones que les permitían acceder al programa de seguro de desempleo, el porcentaje de los inmigrantes (75%) que reunían los requisitos para ello era inferior al de los trabajadores nacidos en el Canadá (82,5%). Un análisis de la información contenida en la base de datos longitudinal sobre la inmigración de la Oficina de Estadísticas del Canadá para 2003 revela que pocos inmigrantes recientes accedieron al programa de seguro de desempleo. Sin embargo, el acceso de los inmigrantes tiende a aumentar transcurridos dos o tres años desde su llegada. En general, la proporción de contribuyentes inmigrantes que declaran ingresos procedentes del seguro de desempleo (11,3% en 2003) es ligeramente superior al del total de contribuyentes en la misma situación (10,4%).

25. ¿Qué seguimiento se ha dado a la recomendación de que se restablezca un programa nacional con transferencias específicas de efectivo para la asistencia social y los servicios sociales que incluya derechos para todos y normas nacionales, y establezca un derecho jurídicamente exigible a una asistencia adecuada para todos los necesitados, el derecho a un trabajo libremente elegido, el derecho de apelación y el derecho a cambiar libremente de puesto de trabajo? ¿En qué medida se tuvieron en cuenta esas recomendaciones cuando la Transferencia presupuestaria en materia social del Canadá sustituyó a la Transferencia Presupuestaria en Materia de Salud y Programas Sociales del Canadá en 2004 (observaciones finales, párrs. 19 y 40; informe periódico, párr. 35)?

Puede obtenerse información sobre las actuales transferencias presupuestarias federales a las provincias y territorios en la introducción del quinto informe del Canadá sobre el Pacto. Cabe señalar que la antigua Transferencia Presupuestaria en materia de Salud y Programas Sociales del Canadá fue reestructurada en dos transferencias globales (la Transferencia Presupuestaria en materia de Salud y la Transferencia Presupuestaria en materia Social) para aumentar la transparencia y rendición de cuentas respecto de las ayudas a la salud que el Gobierno Federal concede en forma transferencias de dinero e impuestos, sin perder por ello la flexibilidad inherente a las transferencias globales, a fin de permitir a las provincias y territorios que asignen la ayuda federal en función de sus respectivas prioridades en materia de programas de salud y otros programas sociales -que son esencialmente competencias provinciales-, y en ámbitos donde las prioridades pueden variar de manera considerable.

Artículo 10 - Protección de la familia, las madres y los niños

26. Se ha informado al Comité de que, en Columbia Británica, 37 centros de mujeres que ofrecían servicios al 16% de las mujeres y niñas de la provincia perdieron su financiación básica en abril de 2004, lo que provocó el cierre de muchos de ellos. Sírvanse explicar las razones de esta situación. Además, sírvanse realizar observaciones sobre las denuncias de que en Columbia Británica se exige a los niños cuyos padres reciben asistencia social que busquen empleo cuando cumplen 16 años, y que esto puede ser una condición para que su familia se beneficie de ayuda social.

Los programas y servicios orientados a la mujer son parte integrante de la acción del gobierno en Columbia Británica. El gobierno de Columbia Británica atribuye a la mujer una importancia prioritaria, y esto se demuestra con la creación de un cargo de Ministro de Servicios Comunitarios, a cuyo titular se han encomendado también responsabilidades clave en los asuntos de la mujer. El gobierno de Columbia Británica ha llevado a la práctica programas y servicios fundamentales para la mujer, en particular servicios relacionados con la violencia, iniciativas de elaboración de políticas y programas para fomentar el acceso de la mujer a la información y a los recursos. Se facilitará más información al respecto en el siguiente informe del Canadá en el marco de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

La cuestión del empleo se aborda en el artículo 30 del Reglamento de Empleo y Asistencia y en el artículo 26 del Reglamento de Empleo y Asistencia para Discapacitados:

“A los efectos del párrafo 5 del artículo 9 [plan de empleo] de la Ley, si una persona joven dependiente no acepta un plan de empleo, o no cumple las condiciones establecidas en él, cuando así se lo exija el ministro, la asistencia por discapacidad o la asistencia por dificultades económicas prestada cada mes natural a la familia de la persona joven dependiente podrá reducirse a 100 dólares hasta que ésta acepte el plan de empleo o cumpla las condiciones establecidas en él.”

Es importante señalar que esta disposición no se ha aplicado nunca y no se ha previsto aplicarla en el futuro.

Esta disposición se ideó para situaciones en las que una persona joven dependiente, de 16 años o más, no estuviese escolarizada a tiempo completo. Su propósito era incentivar a los niños dependientes a no abandonar la escuela y garantizar que los que optaran por no asistir a clase a tiempo completo dedicasen su tiempo a buscar un empleo para dejar de depender de la ayuda a los ingresos. La ayuda a los ingresos de la familia se reduciría a 100 dólares por mes natural mientras la persona joven dependiente no aceptase un plan de empleo o no cumpliese las condiciones establecidas en él. Además, esta disposición dejaría de aplicarse si la persona joven dependiente decidiese volver a la escuela a tiempo completo.

27. ¿Qué porcentaje de las familias cuyos hijos se confían a hogares de guarda en cada provincia y territorio son familias con ingresos bajos, familias de madres solteras y familias aborígenes? ¿Qué medidas han adoptado el Gobierno Federal y los gobiernos provinciales y territoriales para garantizar que las familias afectadas tengan ingresos suficientes, vivienda y otras ayudas sociales a fin de que puedan quedarse con sus hijos?

La siguiente información contiene ejemplos de las medidas de ayuda del Gobierno Federal y los gobiernos provinciales y territoriales. Los datos sobre el número de niños en hogares de guarda en las provincias y territorios se facilitan en los casos en que se dispone de ellos. No obstante, y salvo que se indique otra cosa, no se dispone de estadísticas sobre qué porcentaje de las familias cuyos hijos se confían a hogares de guarda son familias con ingresos bajos, familias de madres solteras y familias aborígenes.

En el plano federal, el Gobierno del Canadá aplica política de amplio espectro para la asistencia a familias con niños. Esta política consiste en lo siguiente:

Ayudas a los ingresos, además de prestaciones y servicios, para familias de ingresos bajos con niños en colaboración con los gobiernos provinciales y territoriales, mediante la Prestación nacional por hijos a cargo (puede obtenerse más información sobre esta iniciativa en la introducción y los párrafos 108 a 110 del quinto informe del Canadá sobre el Pacto);

Inversiones para contribuir a cubrir las necesidades de los canadienses en materia de vivienda, como la Iniciativa para la Vivienda Asequible y la Iniciativa Nacional para las Personas Sin Hogar. Para obtener más información, véase la introducción y el apartado dedicado al artículo 11 en la sección correspondiente al Gobierno del Canadá del quinto informe del Canadá.

Ayudas para la participación en el mercado laboral, entre otras la asignación de 125 millones de dólares para una Estrategia de Competencias Laborales y de 30 millones para el aprendizaje en el lugar de trabajo a través de la Secretaría Nacional de Alfabetización.

Inversiones para prestar asistencia a familias aborígenes con niños y para contribuir a reforzar las comunidades aborígenes, en particular un aumento de los fondos destinados a los programas federales que fomentan el desarrollo de los niños aborígenes desde muy corta edad y 125 millones de dólares para ayudar a los organismos dedicados a prestar servicios a la infancia y a las familias de las primeras naciones.

El Gobierno Federal y los gobiernos provinciales y territoriales también colaboraron en 1997 para poner en práctica las directrices federales sobre el pago de alimentos para los hijos, que consisten en una serie de normas y baremos para determinar las pensiones alimenticias para los hijos. Según un informe presentado al Parlamento en 2002, estas directrices han logrado que las cuantías de las pensiones alimenticias sean justas, predecibles y coherentes, lo cual redunda en beneficio del niño. Las directrices han reducido los conflictos y tensiones entre los progenitores porque han hecho que el cálculo de las pensiones alimenticias sea más objetivo; también han aumentado la eficiencia del proceso jurídico, pues ahora la mayoría de los padres fijan la cuantía de las pensiones sin acudir a los tribunales.

Asimismo, la Ley federal de divorcio y las leyes provinciales sobre la familia prevén la posibilidad de que, en función de los medios y necesidades de cada uno, un cónyuge deba pagarle una pensión al otro.

En Alberta, el promedio mensual de niños en hogares de guarda en 2003 y 2004 fue de 5.645. Puede encontrarse más información sobre las medidas de apoyo en la sección correspondiente a Alberta del quinto informe del Canadá sobre el Pacto.

En Columbia Británica, a 31 de diciembre de 2004 había 9.115 niños en hogares de guarda. De ellos, 4,375 (el 48%) eran aborígenes, y 3.740 (41%) procedían de familias de las que se sabía que estaban recibiendo ayudas a los ingresos en esa misma fecha. En el ejercicio fiscal 2004-2005, de los niños que entraban cada mes, un 35,5% eran aborígenes y el 64,5% no lo eran. Durante el mismo período, el 34,5% de los niños que entraban cada mes procedían de familias que estaban recibiendo ayudas a los ingresos en el momento de su entrada. Estos datos no tienen en cuenta las familias que recibían ayudas a los ingresos a través de algún programa federal, como las familias aborígenes que viven en una reserva y reciben complementos a los ingresos financiados por el Estado federal.

El gobierno de Columbia Británica ofrece fondos directos para alojamiento y/o como complemento a los ingresos, así como diversas medidas de ayuda social para que las familias puedan quedarse con sus hijos. Entre esas medidas figuran las siguientes:

Puesta en marcha de conferencias de grupos de familias en las que éstas se reúnan para determinar cómo actuar en caso de que un niño pueda encontrarse en una situación de riesgo.

Introducción de la mediación para resolver problemas familiares cuando el caso se haya llevado a los tribunales.

Introducción de la Intervención para el desarrollo familiar como alternativa a la investigación cuando se reciba una denuncia de que un niño puede necesitar protección. Esta respuesta adaptada implica una colaboración con las familias y los servicios comunitarios a fin de que la familia pueda acceder a las ayudas comunitarias que le hagan falta para solucionar sus problemas de manera eficaz.

Recurso a los acuerdos con parientes y amigos y a las modalidades de acogida fuera del hogar de guarda para que los niños que normalmente hubieran sido enviados a un hogar de guarda puedan residir con miembros de su familia ampliada o de su entorno.

Prestación de servicios de bienestar infantil a los niños y familias aborígenes a través de delegaciones aborígenes.

Prestación de servicios de atención psicológica para niños y jóvenes.

También financian algunos servicios prestados por contrato, como los de asesoramiento sobre drogas y alcohol, mediación entre padres y adolescentes, educación de los padres, grupos de ayuda para padres, iniciativas de desarrollo infantil desde muy corta edad, y diversos servicios de asesoramiento y apoyo de otro tipo. En algunas comunidades, hay servicios prestados por contrato que están dirigidos específicamente a los niños y familias aborígenes.

Asimismo, el Ministerio de Desarrollo de la Infancia y la Familia y el Ministerio de Asistencia al Empleo y los Ingresos están elaborando conjuntamente un acuerdo que permita aumentar el subsidio de alojamiento a las familias que reciben ayudas a los ingresos y cuyos hijos residen fuera de la familia por intervención del Ministerio de Desarrollo de la Infancia y la Familia. El propósito de este acuerdo es que los padres puedan conseguir una vivienda lo bastante grande para toda su familia.

En Manitoba, se llevó a cabo en octubre de 2005 un avance sin precedentes en la reestructuración del sistema de bienestar infantil de la provincia: el traslado de los casos a la autoridad más adecuada desde el punto de vista cultural, y a sus respectivos organismos. Partiendo del principio de que los aborígenes tienen derecho a beneficiarse de los servicios destinados al niño y a la familia de manera acorde con el carácter único de su condición, cultura y legado, las cuatro nuevas autoridades encargadas de prestar servicios para la infancia y la familia (dos aborígenes, una metis y una general) trabajan ahora para que los niños estén protegidos y para que tanto ellos como sus familias obtengan esos servicios de manera oportuna y eficiente.

El gobierno de Manitoba también ha elaborado una serie de medidas para velar por que las familias tengan unos ingresos suficientes, una vivienda y otras prestaciones sociales que les permitan quedarse con sus hijos, en particular las mejoras al Programa de Asistencia al Empleo y los Ingresos que figuran a continuación. Se describen más medidas en el apartado correspondiente al artículo 9 de la sección dedicada a Manitoba en el quinto informe del Canadá sobre el Pacto.

Exención de ciertos activos, como los planes registrados de ahorro para la educación, los bonos de aprendizaje del Canadá y ciertas cuentas individuales a fin de que las personas puedan ahorrar para la educación de sus hijos o para una vivienda sin que sus prestaciones de asistencia al empleo o los ingresos se vean afectadas;

Exención de los pagos de compensación de las escuelas residenciales para los participantes en el Programa de Asistencia al Empleo y los Ingresos;

Incrementos adicionales en las ayudas a la manutención y el alojamiento para participantes en el Programa de Asistencia al Empleo y los Ingresos que necesiten cuidados y supervisión o asistencia a domicilio, así como pago de una compensación por desplazamiento a los participantes del Programa que tengan que utilizar un vehículo para ir al médico;

Aumento del subsidio previsto en el Programa de Asistencia al Empleo y los Ingresos para los habitantes de las comunidades del norte y de lugares de difícil acceso para ayudarles a sufragar el elevado costo de los alimentos saludables en sus lugares de residencia;

Adopción de un sistema único de asistencia los ingresos que elimine la duplicación de funciones en la administración y permita que las prestaciones de asistencia a los ingresos y las ayudas a la formación y el empleo se ofrezcan de manera coherente y eficiente;

Aumento del subsidio para material escolar infantil y ampliación del subsidio a los niños que asisten a guarderías públicas;

Mejores incentivos al trabajo, como las anteriores ampliaciones de la exención de ingresos para los participantes que trabajan, a fin de permitirles aumentar de manera general sus ingresos disponibles sin que ello afecte a las prestaciones que obtienen en el marco del Programa de Asistencia al Empleo y los Ingresos, y establecimiento de otras prestaciones, como los servicios de guardería para las personas que buscan empleo.

En Nueva Brunswick, el promedio mensual de niños alojados en hogares de guarda en 2004 fue de 520 en los servicios de guarda temporal y de 853 en los servicios de guarda permanente, en los 893 hogares de guarda y 29 hogares de grupo existentes en la provincia. Para ayudar a las familias a hacer frente a sus necesidades, el gobierno ofrece servicios sociales de urgencia fuera de horas, ayudas frente a la violencia doméstica, asistencia social, asistencia para los servicios de cuidado diurno, servicios de mandamientos de manutención familiar y ayudas a los padres y para la vivienda.

En enero de 2000, el gobierno de Terranova y Labrador promulgó la Ley sobre los servicios a los niños, los jóvenes y a la familia. Tras la promulgación de la Ley se elaboró el Programa de Servicios a la Familia. Se trata de un programa voluntario diseñado para ayudar a los niños, los jóvenes y sus familias a través de servicios para la prevención y la intervención precoz, que van desde las ayudas sociales oficiosas hasta la evaluación y la terapia profesionales, si fueran necesarias. La coordinación y la conexión entre estos servicios son fundamentales para que este programa pueda ayudar a las familias a acceder a los servicios que necesiten sin salir de sus comunidades. Estos servicios se prestan previo acuerdo por escrito entre las familias y el organismo u organismos competentes.

Los datos indicados a continuación muestran el número de niños en hogares de guarda en toda la provincia de Terranova y Labrador. Cada total representa el número de niños en hogares de guarda a final de marzo de 2001, 2002, 2003 y 2004.

Niños en hogares de guarda
En guarda/tutela	31 de marzo de 2001	31 de marzo de 2002	31 de marzo de 2003	31 de marzo de 2004
Total provincial	492	459	453	502

El objetivo principal del programa provincial de intervención para la protección es evaluar el riesgo que corre el niño que se considera necesitado de protección, llevar a cabo una evaluación e intervenir en su familia para ayudar al niño o niños a permanecer en su hogar en condiciones de seguridad. Entre los servicios de apoyo pueden figurar el recurso a los servicios que sean necesarios, como los de salud mental y prevención de las adicciones, la prestación de servicios de pago, como los programas de asesoramiento, de cuidados temporales o de educación de los padres, y la puesta en contacto de la familia con los organismos comunitarios de ayuda.

En Ontario, aproximadamente 3.200 familias reciben asistencia para atender a los aproximadamente 4.360 niños en situación de guarda temporal. El programa Ontario Works brinda asistencia en materia de empleo y ayuda económica a las personas que reúnen los requisitos necesarios y necesitan apoyo financiero de manera temporal. El Programa de Apoyo a la Discapacidad de Ontarioofrece asistencia a los ingresos, en particular mediante prestaciones de atención médica y de otro tipo, a los discapacitados con dificultades económicas. Puede obtenerse información sobre estos programas en los informes cuarto y quinto del Canadá sobre el Pacto. Además de las medidas descritas en ambos informes, Ontario Works considera que los gastos informales de cuidado de los niños son deducciones admisibles, para así ayudar a aquellos padres trabajadores para quienes las horas habituales de funcionamiento de los servicios oficiales de guardería no son suficientes para atender a sus hijos, y mantiene la cobertura en el caso de niños menores de 16 años cuya tutela haya sido confiada temporalmente a la Sociedad de Ayuda a la Infancia, siempre que esté previsto que vuelvan a su hogar y que los padres sigan contribuyendo económicamente a su sustento.

En Quebec, el número de niños asignados a una familia de acogida en 2004 y 2005 fue de 16.000. El organismo oficial Seguridad de los Ingresos es responsable de administrar el sistema de asistencia a los ingresos de conformidad con las disposiciones de la Ley de garantía del ingreso, asistencia al empleo y solidaridad social (descrita en el apartado correspondiente al artículo 9 de la sección dedicada a Quebec en el cuarto informe del Canadá sobre el Pacto). Su cometido es proporcionar asistencia financiera a las personas y familias que no pueden hacer frente a sus necesidades por sí mismas y colaborar con ellas activamente para evitar y resolver situaciones difíciles, a fin de propiciar la autonomía económica y social de esas personas.

Puede obtenerse información sobre el plan de acción del Quebec para luchar contra la pobreza y la exclusión social y sobre la aprobación de la Ley de lucha contra la pobreza y la exclusión social en el párrafo 414 del quinto informe del Canadá sobre el Pacto. El plan de acción incluye las siguientes medidas de mejoramiento de las condiciones de vida de las familias con ingresos bajos:

Asistencia a la infancia, un crédito tributario reembolsable no imponible que se introdujo el 1º de enero de 2005 para cubrir las necesidades de los hijos menores de 18 años y mediante el cual se incrementa sustancialmente el nivel de asistencia financiera a las familias. Esta medida constituye un claro avance para Quebec en cuanto a la asistencia financiera prestada a las familias monoparentales con algún hijo menor de cinco años. A lo largo del quinquenio de 2004 a 2009 se dedicará una total de 1.100 millones de dólares para ayudar a 536.000 hogares con ingresos medios o bajos, de los cuales 200.000 están formados por familias con hijos.

Aumento del salario mínimo por hora de 7,30 a 7,45 dólares en mayo de 2004, y a 7,60 dólares el 1º de mayo de 2005. De esta medida se beneficiaron 132.000 personas en el mes de octubre de 2004, la mayoría de las cuales eran mujeres (62%) y jóvenes (55%).

Medidas para facilitar el acceso a una vivienda adecuada y asequible, en particular el incremento del número de viviendas sociales y el desarrollo de iniciativas comunitarias en materia de vivienda. A lo largo del quinquenio de 2004 a 2009 se dedicará a este fin una suma total de 329 millones de dólares.

Medidas para mantener las ayudas a la ejecución de proyectos de suministro de alimentos en comunidades locales desfavorecidas o medidas específicas dirigidas a los niños.

Continuación del desarrollo de servicios de cuidado de niños a tarifa reducida, en particular para que las familias desfavorecidas puedan acceder a ellos.

Intensificación de los esfuerzos para desarrollar y unificar la oferta de servicios perinatal y de puericultura integrales para las familias vulnerables. Desde septiembre de 2002, se han beneficiado de los servicios del Programa de apoyo a los padres jóvenes más de 4.000 madres jóvenes.

Una colaboración con un organismo sin fines de lucro, de la que ha surgido un proyecto inicial denominado Autonomía para las familias jóvenes ideado para prestar asistencia rápidamente a jóvenes embarazadas y a familias de entornos desfavorecidos que esperan su primer hijo. En 2005 y 2006 se desarrollarán otros dos proyectos: Jóvenes padres aborígenes y Jóvenes padres inmigrantes.

Unificación de diversos programas de ayuda a las familias y las escuelas de zonas desfavorecidas: el Programa de ayuda a la iniciación en la lectura y la escritura y el Programa de colaboración entre la familia, la escuela y la comunidad, en el marco del cual se está experimentando con un modelo de comunidad educativa para fomentar el buen rendimiento escolar de los alumnos de la enseñanza primaria de barrios desfavorecidos, y el Programa de ayuda en las tareas, que va dirigido a los alumnos de primaria. Además, desde 2005, los consejos escolares han contado con un presupuesto adicional para contratar a profesionales que ayuden a los alumnos con dificultades en la escuela.

Una nueva deducción para los trabajadores, en reconocimiento de que tienen que dedicar una parte de su salario a gastos relacionados con su trabajo.

Puesta en marcha, a partir de enero de 2006, del Plan de seguro parental de Quebec, que dará cobertura a más familias de bajos ingresos.

Indexación de las prestaciones concedidas en virtud del programa de ayuda al empleo (asistencia social) en enero de 2005.

En Saskatchewan hay unos 2.700 niños bajo distintas modalidades de guarda. Se trata de niños de menos de 18 años que viven en hogares de guarda, hogares de grupo e instituciones, o cuya tutela ha sido asignada a algún miembro de su familia ampliada. De esta cifra, el 63% procede de familias que de algún modo reciben ayuda de un programa de asistencia a los ingresos; el 73% procede de familias monoparentales y el 68% son niños aborígenes.

En el Yukón, en marzo de 2005 había 161 niños (104 eran indios y 57 tenían otro origen) en hogares de guarda. El gobierno del Yukón dispone de una serie de ayudas para que los niños puedan permanecer con sus familias en un entorno seguro. Las familias con ingresos bajos tienen derecho a recibir una ayuda a los ingresos (asistencia social), subsidios para el cuidado de niños, servicios de cuidados temporales y subvenciones a la vivienda. El gobierno también ofrece a las familias que lo necesitan ayudas en materia de protección – personas que enseñan a las familias cómo ser padres, etc. –, ha puesto en marcha el programa Familia Sana destinado a familias con niños, y ofrece servicios de atención en caso de malos tratos a menores y servicios de asesoramiento familiar.

28. Sírvanse proporcionar información detallada sobre el párrafo d) del artículo 9) del Reglamento 117 de la Ley de inmigración y protección de los refugiados de 2002 y su repercusión en la reunificación familiar. Sírvanse facilitar también datos sobre el número de familias que no han podido beneficiarse de la reunificación en el marco de la nueva ley puesto que reciben asistencia social.

Según el párrafo d) del artículo 9) del Reglamento 117 de la Ley de inmigración y protección de los refugiados, sin un solicitante no revela quiénes son los miembros de su familia y no facilita información sobre ellos para su examen en el momento de solicitar la residencia permanente, no podrá ser garante de ellos para que se reúnan con él en el Canadá. El objetivo del reglamento es fomentar que los solicitantes digan la verdad y disuadirlos de que oculten la existencia de familiares que podrían no tener derecho a entrar en el Canadá.

En 2004 se incorporaron algunas excepciones a este reglamento. Por ejemplo, si un familiar no ha sido sometido a examen por que no era necesario debido a motivos reglamentarios, administrativos o de política, no está sujeto a la exclusión y el solicitante podrá hacerse garante de él ulteriormente.

Dada la naturaleza del dilema de los refugiados y de las divisiones y separaciones familiares resultantes, los funcionarios encargados de expedir visados están facultados para eximir del examen a los familiares no acompañantes. Por lo tanto, si un familiar está disponible para ser sometido a examen más tarde, sería posible que el solicitante se hiciese garante de ese familiar a los efectos de la reunificación familiar, siempre que hubiera declarado su existencia en el momento de realizar el trámite inicial.

El Gobierno del Canadá no tiene información precisa sobre el número de personas afectadas por este reglamento, pero se calcula que es inferior al 1% de las solicitudes de reunificación familiar. Si concurren circunstancias excepcionales que expliquen que no se haya examinado a un familiar o que su existencia no haya sido revelada, la Ley de inmigración y protección de los refugiados también cuenta con disposiciones que permiten pasar por alto el Reglamento 117(9)(d) por motivos humanitarios.

La Ley de inmigración y protección de los refugiados no permite solicitar la reunificación familiar a quienes reciben asistencia social, salvo si esta es por discapacidad. Los formularios de solicitud contienen cuestionarios de autoevaluación en los que se informa al solicitante de que quienes reciben asistencia social no pueden solicitar la reunificación, de modo que son los propios solicitantes los que renuncian al trámite y, de ese modo se hace difícil calcular el número de personas a quienes se deniega realmente la posibilidad de solicitar la reunificación en virtud de este nuevo reglamento.

Las solicitudes de reunificación familiar por parte de los garantes constan de dos partes generales que conducen a una decisión final sobre la solicitud de residencia permanente del solicitante de la reunificación: 1) estudio de la idoneidad del garante, y 2) tramitación de la solicitud de residencia permanente para el familiar beneficiario de la reagrupación (con inclusión de la decisión definitiva sobre el caso).

La situación del garante acerca de la asistencia social se examina en el estudio de la idoneidad del garante, y no resulta necesariamente en una denegación de la solicitud de residencia permanente familiar. Por lo tanto, no es posible ofrecer cifras exactas sobre el número de casos en los que se haya denegado la residencia permanente familiar porque el garante estuviese recibiendo asistencia social.

No obstante, el número de garantes que obtuvieron una evaluación negativa de su idoneidad (que no tiene por qué haber motivado la denegación de la solicitud de residencia permanente familiar en su conjunto) porque recibían asistencia social (salvo la motivada por una discapacidad) fue muy inferior a 1.000 entre la entrada en vigor de la Ley de inmigración y protección de los refugiados y el primer trimestre de 2005.

Debe señalarse también que, en el contexto de la valoración de las solicitudes de reunificación, sólo es posible comprobar si alguien recibe asistencia social cuando entre Ciudadanía e Inmigración del Canadá (CIC) y la autoridad provincial/territorial correspondiente existe un memorando de entendimiento sobre el intercambio de información en el que se prevea tal comprobación. En la actualidad, CIC tiene memorandos de entendimiento con Ontario, Columbia Británica, Alberta y el Yukón.

Artículo 11 - Derecho a un nivel de vida adecuado

29. Sírvanse explicar por qué el Estado Parte no ha fijado un umbral de pobreza, y por qué, pese al fuerte crecimiento económico registrado desde 1998, la pobreza al parecer ha aumentado en el país. Sírvanse indicar el alcance de la pobreza en todas las provincias y territorios. Además, sírvanse facilitar información detallada sobre las disposiciones de la Ley de lucha contra la pobreza de Quebec de 2003 (observaciones finales, párr. 13).

Como se indicaba en el quinto informe del Canadá sobre el Pacto, el Canadá no tiene indicador oficial de la pobreza. Sin embargo, a modo de aproximación suelen utilizarse los umbrales de bajos ingresos de la Oficina de Estadísticas del Canadá. Para obtener más información sobre los umbrales de bajos ingresos (base 1992) antes de impuestos, consúltese la respuesta a la pregunta 17.

Globalmente, el índice de personas con ingresos bajos en el Canadá ha disminuido, del 13,7% en 1998 al 11,5% en 2003, lo cual representa un descenso de aproximadamente 470.000 canadienses a lo largo de ese período.

La tendencia en el número de niños que viven con ingresos bajos es alentadora. La incidencia de los ingresos bajos entre los menores de 18 años ha caído del 18,3% en 1996 al 12,4% en 2003 (véase más abajo).

Los cuadros que figuran a continuación muestran el porcentaje de personas con ingresos bajos después de impuestos (sobre la base de los umbrales de bajos ingresos de 1992) en 1998 y 2003, tanto en el Canadá como en cada provincia y territorio

1998: Incidencia de los ingresos bajos después de pagar los impuestos (sobre la base de los umbrales de bajos ingresos de 1992), por provincia (%)
	CA	CB	AB	SK	MB	ON	QC	NB	NE	IPE	TL
TOTAL DE PERSONAS	13,7	14,5	13,3	11,1	14,0	11,7	16,9	11,4	14,1	8,5	13,8
Menores de 18 años	15,5	13,5	14,0	11,1	17,4	14,9	18,6	14,0	16,6	7,4	18,9
De 18 a 64 años	13,9	16,1	14,3	12,8	13,3	11,6	16,7	12,0	15,0	9,0	13,9
De 65 años en adelante	8,6	8,0	5,3	3,7	10,5	6,3	15,4	3,3	5,0	8,1	2,7
VARONES	12,8	13,5	13,2	10,0	12,5	11,0	15,9	11,3	11,4	8,1	14,1
Menores de 18 años	16,0	15,4	14,5	9,9	17,9	15,3	18,8	15,4	15,6	9,0	21,5
De 18 a 64 años	12,9	14,4	14,0	11,8	11,4	10,6	15,7	11,6	11,2	8,4	13,4
De 65 años en adelante	5,4	4,9	3,6	2,0	5,7	3,9	10,3	0,5	3,4	4,6	1,4
MUJERES	14,5	15,5	13,4	12,1	15,4	12,4	18,0	11,5	16,6	8,8	13,6
Menores de 18 años	14,9	11,5	13,4	12,4	16,9	14,5	18,3	12,6	17,7	5,8	16,4
De 18 a 64 años	15,0	17,8	14,5	13,8	15,2	12,5	17,6	12,5	18,6	9,6	14,3
De 65 años en adelante	11,1	10,6	6,8	5,1	14,1	8,2	19,2	5,3	6,2	10,8	3,7
PERSONAS QUE VIVEN EN FAMILIA	10,4	10,5	9,9	7,8	10,8	9,2	12,6	9,1	11,4	6,0	11,7
Varones	9,6	9,9	9,8	6,6	9,8	8,5	11,6	8,4	9,5	5,6	11,9
Mujeres	11,1	10,9	10,1	8,9	11,8	10,0	13,5	9,7	13,2	6,4	11,4
ANCIANOS	3,3	3,4	2,5	1,7	3,6	2,4	5,7	0,7	2,4	6,7	0,9
Varones ancianos	2,7	2,6	1,4	1,0	2,3	1,6	5,7	0,6	2,8	F	1,2
Mujeres ancianas	3,9	4,3	3,6	2,5	5,0	3,2	5,7	0,8	2,0	F	0,5
MENORES DE 18 AÑOS	15,5	13,5	14,0	11,1	17,4	14,9	18,6	14,0	16,6	7,4	18,9
En familias biparentales	9,8	7,4	9,7	9,4	11,8	9,0	12,9	6,6	6,2	3,5	13,9
En familias monoparentales encabezadas por una mujer	46,1	46,2	37,2	18,8	48,4	48, 9	45,7	52,2	68,6	36,3	57,5
En las demás clases de familias	22,2	9,3	30,0	8,2	37,8	17,0	33,9	21,2	26,9	F	F
PERSONAS ENTRE 18 Y 64 AÑOS	9,2	10,3	8,9	7,2	8,8	7,8	11,1	8,4	10,7	5,4	10,4
Varones	7,8	8,8	8,4	6,0	6,9	6,5	9,4	6,7	7,9	4,6	9,8
Mujeres	10,6	11,7	9,4	8,3	10,5	9,1	12,8	9,9	13,3	6,1	11,0
PERSONAS QUE VIVEN SOLAS	35,1	36,5	35,7	31,7	33,8	30,0	41,9	29,2	32,9	28,5	38,3
Varones	33,8	31,7	33,8	32,0	30,5	30,2	41,0	34.9	25,9	28,5	41,3
Mujeres	36,4	42,0	38,0	31,4	36,8	29,9	42,8	24,1	38,5	28,5	35,9
ANCIANOS	20,8	18,9	13,0	7,8	22,0	16,0	35,6	9,2	11,2	13,9	8,5
Varones ancianos	17,5	15,7	13,3	F	16,9	15,0	29,4	F	F	F	F
Mujeres ancianas	22,0	20,1	12,9	8,6	23,8	16,4	37,7	11,4	13,2	12,4	10,4
MENORES DE 65 AÑOS	40,4	42,0	41,1	44,0	40,7	35,7	44,1	38,7	42,6	35,5	52,2
Varones menores de 65 años	36,5	33,9	36,2	39,0	34,1	32,9	42,7	40,3	30,6	30,3	49,2
Mujeres menores de 65 años	45,8	54,6	48,9	50,9	49,9	39,4	45,8	36,3	55,8	44,0	55,9

2003: Incidencia de los ingresos bajos después de pagar los impuestos (sobre la base de los umbrales de bajos ingresos de 1992), por provincia (%)
	CA	CB	AB	SK	MB	ON	QB	NB	NE	IPE	TL
TOTAL DE PERSONAS	11,5	15,1	11,0	9,5	12,4	10,3	12,2	9,4	10,7	6,7	11,9
Menores de 18 años	12,4	18,5	11,2	12,5	16,7	11,3	10,8	10,7	13,9	4,9 E	15,5
De 18 a 64 años	12,1	15,0	12,1	10,1	11,8	10,9	13,0	10,3	10,9	7,9	12,6
De 65 años en adelante	6,8	10,3	3,5 E	1,7 E	8,0	4,9	10,3	2,9 E	5,0 E	4,5 E	2,1 E
VARONES	10,9	14,7	10,7	9,3	12,0	9,8	11,1	9,5	10,1	6,8 E	11,1
Menores de 18 años	12,6	20,2	11,4	11,1	18,2	11,3	10,9	12,0 E	13,1 E	5,2 E	11,7 E
De 18 a 64 años	11,4	14,1	11,5	10,2	10,9	10,3	12,2	9,8	10,1	7,9	12,3
De 65 años en adelante	4,4	8,8 E	2,4 E	1,3 E	4,9 E	3,7 E	4,3 E	2,5 E	4,4 E	3,7 E	2,8 E
MUJERES	12,1	15,5	11,4	9,6	12,9	10,7	13,3	9,4	11,3	6,7	12,7
Menores de 18 años	12,1	16,8	11,0 E	14,0	15,0 E	11,2	10,6	9,2 E	14,7	4,5 E	19,4 E
De 18 a 64 años	12,7	15,9	12,7	10,0	12,7	11,5	13,7	10,8	11,6	7,8	12,8
De 65 años en adelante	8,7	11,6	4,3 E	2,0 E	10,4	5,9	14,9	3,2 E	5,5 E	5,1 E	1,5 E
PERSONAS QUE VIVEN EN FAMILIA	8,5	12,1	7,6	7,1	9,7	7,8	8,4	7,5	8,2	3,8 E	9,1
Varones	8,0	11,8	7,1	5,9	9,7	7,3	7,7	7,2	7,4	3,7 E	7,7
Mujeres	9,2	12,3	8,0	8,3	9,8	8,3	9,1	7,7	8,9	3,9 E	10,4
ANCIANOS	2,2	4,4 E	2,0 E	0,4 E	2,8 E	1,6 E	2,2 E	1,5 E	1,4 E	2,7 E	F
Varones ancianos	2,0 E	5,0 E	2,7 E	0,2 E	2,6 E	1,5 E	1,4 E	0,9 E	1,4 E	3,7 E	F
Mujeres ancianas	2,3 E	3,8 E	1,2 E	0,5 E	3,1 E	1,8 E	3,1 E	2,1 E	1,4 E	F	F
MENORES DE 18 AÑOS	12,4	18,5	11,2	12,5	16,7	11,3	10,8	10,7	13,9	4,9 E	15,5
En familias biparentales	7,7	10,9	8,0 E	6,2 E	13,0 E	7,2	6,6 E	5,0 E	8,0 E	4,8 E	8,1 E
En familias monoparentales encabezadas por una mujer	40,9	56,0	40,7	40,1	43,7 E	39,9	33,3	44,1	38,5 E	F	50,2
En las demás clases de familias	13,8 E	30,1	F	23,2 E	F	9,4 E	14,2 E	F	23,9 E	F	F
PERSONAS ENTRE 18 Y 64 AÑOS	8,0	10,9	6,7	5,9	7,8	7,4	8,5	7,2	7,2	3,5 E	8,3
Varones	7,1	9,7	5,8	4,6	6,9 E	6,6	7,5	6,3	6,0	2,9 E	7,5 E
Mujeres	8,9	11,9	7,6	7,0	8,7	8,2	9,4	8,1	8,2	4,0 E	9,0
PERSONAS QUE VIVEN SOLAS	29,4	31,2	31,6	23,0	28,3	27,7	31,2	23,2	26,1	29,5	38,4
Varones	28,4	29,1	30,5	27,5	26,1	27,8	28,1	25,7	26,7	33,2	41,9
Mujeres	30,5	33,6	32,8	18,1	30,3	27,6	34,3	20,9	25,5	26,5 E	34,9
ANCIANOS	17,7	24,2	7,1 E	4,4 E	18,9	13,7	26,9	5,7 E	13,1 E	8,5	8,6 E
Varones ancianos	14,7	24,8 E	F	F	14,8 E	14,3 E	15,5 E	7,8 E	15,2 E	F	F
Mujeres ancianas	18,9	23,9	9,3 E	3,9 E	20,3 E	13,5	31,0	4,8 E	12,2 E	10,1 E	F
MENORES DE 65 AÑOS	33,6	33,5	37,5	32,4	32,2	32,8	32,7	32,9	31,6	40,8	51,6
Varones menores de 65 años	30,7	29,7	33,5	31,9	28,2	30,3	30,1	30,5	29,2	40,1	49,4
Mujeres menores de 65 años	37,5	39,2	43,4	33,3	37,8	36,0	36,1	36,4	34,7	41,7 E	54,5

E = tómese con reservas F = no se publica por no ser lo bastante fiable

Fuente: Oficina de Estadísticas del Canadá, Los ingresos en el Canadá, 2003.

A continuación se facilita más información sobre cada provincia.

En Columbia Británica, dos factores han influido en los índices de ingresos bajos:

El ciclo económico: tras un período de crecimiento más lento que el del resto del Canadá durante años noventa, Columbia Británica sufrió una marcada desaceleración de su crecimiento en 2001, y un crecimiento del empleo relativamente menor en 2001 y 2002. Este relativamente acusado cambio de dirección puede atribuirse en gran medida a la debilidad de la demanda de exportación a los EE.UU. de madera y minerales, y a la imposición de derechos compensatorios a la madera blanda en 2001.

La inmigración: desde mediados de los noventa, la proporción de nuevos inmigrantes de Columbia Británica ha aumentado respecto de las demás provincias. Los estudios de la Oficina de Estadísticas del Canadá muestran que, durante este período, un gran porcentaje de los inmigrantes con permisos de menos de diez años ha acusado unas elevadas tasas de desempleo e ingresos bajos. Esto puede guardar relación con el crecimiento relativamente lento del empleo a finales de los noventa y en la primera parte del actual decenio, y con obstáculos más importantes en el mercado laboral, relacionados con el hecho de que el inglés es una segunda lengua para los inmigrantes y que éstos proceden de países que no son generadores tradicionales de emigrantes.

Se espera que los índices de personas con ingresos bajos en Columbia Británica correspondientes a 2004 y 2005 mejoren considerablemente. El crecimiento del empleo en Columbia Británica ha sido vigoroso, y se ha producido un crecimiento económico sostenido gracias a la exportación de recursos. Además, los datos facilitados por la Oficina de Estadísticas del Canadá respecto de los nuevos inmigrantes indican que quienes han entrado en el país en los últimos cinco años se han integrado mucho mejor en el mercado laboral, y que el promedio de ingresos del conjunto de inmigrantes que llegaron en los últimos diez años están volviendo a mostrar la pronunciada tendencia alcista que presentaban anteriormente.

En Terranova y Labrador, la incidencia de los ingresos bajos disminuyó del 13,8% en 1998 al 11,9% en 2003. El gobierno de Terranova y Labrador reconoce que la pobreza es un problema complejo con múltiples causas. Para reducir los índices de personas con ingresos bajos es necesaria una visión integrada y a largo plazo, una combinación de opciones normativas y la cooperación entre todos los niveles de gobierno, así como entre las instancias interesadas del gobierno y de las comunidades, en particular los grupos de base comunitaria, las empresas y los trabajadores. El gobierno se ha comprometido a reducir el número de personas que viven por debajo del umbral de bajos ingresos, y para lograrlo está preparando una estrategia global de reducción de la pobreza que afecta a todos los ámbitos de gobierno.

En Quebec la tasa de personas con ingresos bajos descendió del 16,9% en 1998 al 12,2% en 2003. Además, el número de beneficiarios de prestaciones sociales y la tasa de asistencia social (la relación entre el número de beneficiarios de prestaciones sociales y la población de hasta 65 años) han estado disminuyendo constantemente desde 1996. Entre 1996 y 2004, el número de beneficiarios descendió de 813.200 a 532.200, y la tasa de asistencia social pasó del 12,7% al 8,2%.

El propósito de la Ley de lucha contra la pobreza y la exclusión social, que entró en vigor el 5 de marzo de 2003, es orientar al gobierno y a la sociedad de Quebec en la planificación y ejecución de acciones destinadas a luchar contra la pobreza, prevenir sus causas, reducir sus efectos en las personas y las familias, hacer frente a la exclusión social y trabajar por un Quebec sin pobreza. El objetivo de la Ley es “llevar a cabo una labor progresiva que, para 2013, haga de Quebec una de las naciones industrializadas con menor número de personas que vivan en la pobreza”.

En la Ley se establece una estrategia para luchar contra la pobreza y la exclusión social articulada entorno a las siguientes metas: promover el respeto y la dignidad de las personas, mejorar su situación económica y social, reducir las desigualdades, favorecer la participación de la población en la vida comunitaria, y fomentar y consolidar el sentido de la solidaridad.

En la Ley también se prevé un plan de acción de gobierno, aprobado en 2004, en el que se proponen algunas enmiendas al Programa de Ayuda al Empleo establecido en virtud de la Ley de garantía de los ingresos, asistencia al empleo y solidaridad social, como la eliminación de las reducciones de las prestaciones vinculadas a la vivienda compartida, la introducción del principio de la prestación mínima para el pago de la ayuda al empleo, el aumento del valor autorizado de bienes y activos líquidos que puede poseer una persona o una familia, a fin de favorecer la autonomía de las personas o para tener en cuenta dificultades económicas transitorias, y la exención parcial de los ingresos procedentes de la pensión alimentaria para las familias que tengan algún hijo a cargo. De acuerdo con este plan de acción, el gobierno debe fijar objetivos para aumentar los ingresos tanto de los beneficiarios de la ayuda al empleo como de las personas que trabajan a jornada completa, o de manera continuada, y que viven en la pobreza. Las reducciones relativas a la vivienda compartida ya se han suprimido, y la prestación mínima está en vigor desde el 1º de octubre de 2005. Se espera que la mayoría de las demás enmiendas entre en vigor dentro de poco.

30. Sírvanse indicar si las actuales tasas de asistencia social provinciales y territoriales colocan a los beneficiarios por encima del umbral de bajos ingresos. Sírvanse comparar el nivel de esas tasas en 1994, cuando estaba vigente el Plan de Asistencia Pública del Canadá, con el de 2004, y desglosar esa información por sexo, minorías visibles, pueblos indígenas y condición de inmigrante.

Los umbrales de bajos ingresos no deben considerarse indicadores oficiales de la pobreza, y los gobiernos no se sirven de ellos para fijar las tasas de asistencia social ni ninguna otra prestación. Los umbrales de bajos ingresos se basan en la proporción de los ingresos que las familias canadienses medias dedican a la alimentación, la vivienda, el vestido y el calzado. Pueden facilitar las comparaciones en cuanto al nivel de vida de las personas respecto del promedio, pero no implican necesariamente la pobreza ni reflejan el costo de las necesidades vitales que deben satisfacer las personas y familias que necesitan asistencia social.

Análogamente, las cifras que figuran más adelante en el cuadro sobre ingresos en concepto de bienestar social deben interpretarse con cautela porque se trata de estimaciones. Las tasas de asistencia del gobierno varían en función del número de integrantes de la familia y de las circunstancias, y pueden complementarse con prestaciones especiales. En consecuencia, algunas personas pueden tener un nivel de ingresos superior al umbral de bajos ingresos después de pagados los impuestos, según cuáles sean sus circunstancias familiares, perspectivas de empleo o región de residencia.

Los datos que figuran a continuación, relativos a los umbrales de bajos ingresos en 1994 y 2003 (el último año para el que se dispone de datos), proceden de la publicación Los ingresos en el Canadá, 2003 de la Oficina de Estadísticas del Canadá, que puede consultarse en Internet en la siguiente dirección: http://www.statcan.ca/english/freepub/75-202-XIE/75-202XIE2003000.pdf. No se dispone de los datos desglosados que se solicitan.

Umbrales de bajos ingresos (1992) 1994 y 2003 después de impuestos
tamaño de la unidad familiar	Tipo de comunidad
Zonas rurales	Zonas urbanas
		Menos de 30.000*	De 30.000 a 99.999	De 100.000 a 499.999	500.000 o más
1994
1 persona	9.025	10.329	11.522	11.668	13.797
2 personas	10.984	12.572	14.024	14.200	16.791
3 personas	13.678	15.653	17.462	17.683	20.909
4 personas	17.064	19.529	21.786	22.061	26.085
5 personas	19.431	22.238	24.808	25.121	29.703
6 personas	21.550	24.663	27.513	27.859	32.942
7 o más personas	23.668	27.087	30.218	30.598	36.180
2003
1 persona	10.821	12.384	13.815	13.990	16.542
2 personas	13.170	15.073	16.815	17.027	20.133
3 personas	16.400	18.768	20.938	21.202	25.070
4 personas	20.460	23.416	26.122	26.451	31.277
5 personas	23.298	26.664	29.746	30.120	35.615
6 personas	25.838	29.571	32.989	32.404	39.498
7 o más personas	28.378	32.478	36.231	36.688	43.381
* Incluye ciudades de 15.000 a 30.000 habitantes y pequeñas zonas urbanas (menos de 15.000 habitantes).

El Consejo Nacional de Bienestar Social, un organismo consultivo de los ciudadanos ante el Ministerio de Desarrollo Social del Canadá, publica periódicamente informes sobre la pobreza y acerca de cuestiones de política social. El informe del Consejo sobre los ingresos en concepto de bienestar social en 2004 contiene estimaciones de los ingresos que cada tipo de hogar recibe en concepto de bienestar social en cada provincia y territorio. Puede consultarse el informe en la siguiente dirección Web: http://www.ncwcnbes.net/htmdocument/principales/onlinepub_e.htm. Los datos que figuran a continuación se han extraído del informe del Consejo Nacional de Bienestar Social y se refieren a 1994 y 2003.

Ingresos en concepto de bienestar social, por provincia y territorio (dólares de 2004)
		1994	2003
TERRANOVA Y LABRADOR
Familia monoparental, un hijo	Provincial	13.762	11.969
Federal	2.115	3.373
Total	15.877	15.342
Pareja, dos niños	Provincial	14.891	12.878
Federal	3.236	5.628
Total	18.127	18.507
ISLA PRÍNCIPE EDGARD
Familia monoparental, un hijo	Provincial	13.271	10.210
Federal	2.109	3.373
Total	15.380	13.583
Pareja, dos hijos	Provincial	19.776	15.315
Federal	3.236	5.628
Total	23.011	20.944
NUEVA ESCOCIA
Familia monoparental, un hijo	Provincial	12.871	9.380
Federal	2.094	3.373
Total	14.965	12.753
Pareja, dos hijos	Provincial	15.241	13.002
Federal	3.236	5.628
Total	18.477	18.631
NUEVA BRUNSWICK
Familia monoparental, un hijo	Provincial	10.807	10.111
Federal	2.046	3.373
Total	12.853	13.483
Pareja, dos hijos	Provincial	12.068	11.543
Federal	3.236	5.628
Total	15.304	17.172
QUEBEC
Familia monoparental, un hijo	Provincial	14.087	10.965
Federal	1.917	3.373
Total	16.004	14.338
Pareja, dos hijos	Provincial	16.526	12.778
Federal	3.153	5.628
Total	19.679	18.407
ONTARIO
Familia monoparental, un hijo	Provincial	18.450	10.809
Federal	2.122	3.373
Total	20.572	14.182
Pareja, dos hijos	Provincial	23.905	13.194
Federal	3.235	5.628
Total	27.140	18.822
MANITOBA
Familia monoparental, un hijo	Provincial	11.775	9.819
Federal	2.078	3.373
Total	13.853	13.192
Pareja, dos hijos	Provincial	20.510	13.637
Federal	3.236	5.628
Total	23.746	19.266
SASKATCHEWAN
Familia monoparental, un hijo	Provincial	12.686	9.297
Federal	2.093	3.373
Total	14.779	12.670
Pareja, dos hijos	Provincial	18.086	13.215
Federal	3.236	5.628
Total	21.321	18.843
ALBERTA
Familia monoparental, un hijo	Provincial	11.233	8.849
Federal	1.978	3.274
Total	13.211	12.123
Pareja, dos hijos	Provincial	17.685	13.421
Federal	3.352	5.714
Total	21.037	19.135
COLUMBIA BRITÁNICA
Familia monoparental, un hijo	Provincial	14.574	10.560
Federal	2.120	3.373
Total	16.694	13.933
Pareja, dos hijos	Provincial	18.584	12.801
Federal	3.236	5.628
Total	21.820	18.430
YUKÓN
Familia monoparental, un hijo	Territorial	16.023	16.875
Federal	2.121	3.373
Total	18.144	20.248
Pareja, dos hijos	Territorial	24.153	23.120
Federal	3.236	5.628
Total	27.389	28.749
TERRITORIOS DEL NOROESTE
Familia monoparental, un hijo	Territorial	23.418	18.685
Federal	2.121	3.373
Total	25.540	22.058
Pareja, dos hijos	Territorial	27.759	24.132
Federal	3.236	5.628
Total	30.995	29.761
Nunavut **
Familia monoparental, un hijo	Territorial	29.002	18.787
Federal	2.742	2.958
Total	31.744	21.745
Pareja, dos hijos	Territorial	34.298	31.815
Federal	4.329	3.604
Total	38.627	35.419
* Debido al redondeo, puede que los totales no siempre coincidan . ** Nunavut se estableció como territorio en 1999; los datos corresponden a 1999.

En la sección dedicada al artículo 9 del quinto informe del Canadá sobre el Pacto hay más información sobre las tasas de asistencia social en las provincias y territorios.

31. Según la información recibida por el Comité, el porcentaje de adultos con discapacidades en edad de trabajar que viven por debajo del umbral de bajos ingresos es mucho más elevado que en el resto de la población. Sírvanse facilitar la información pertinente, incluidas estadísticas comparativas, y describir las medidas adoptadas para acabar con estas disparidades.

Según la encuesta sobre la dinámica del trabajo y los ingresos, entre 1999 y 2002 bajó un 2,5% el porcentaje de adultos con discapacidad (de 16 a 64 años de edad) con ingresos familiares netos inferiores al umbral de bajos ingresos. Sin embargo, es más probable que las personas con discapacidad, y no sus coetáneos sin discapacidad, vivan en hogares con ingresos inferiores al umbral de bajos ingresos. En 2002, el 19,7% de los adultos con discapacidad vivía en hogares con ingresos inferiores al lo que equivale a más del doble de sus coetáneos sin discapacidad (8,9%).

Entre 1999 y 2002, el porcentaje de personas de edad con discapacidad que vivían en hogares de bajos ingresos también decreció levemente, en 1,6%. En 2002, las personas de edad con discapacidad tendían más a vivir en hogares de bajos ingresos que las personas de edad sin discapacidad (8,2% y 6,2% respectivamente). En general, en comparación con la población en edad activa, es menos frecuente que las personas de edad vivan en hogares de bajos ingresos.

La información sobre las medidas adoptadas por los gobiernos del Canadá para mejorar la situación de las personas con discapacidad se encuentra en los siguientes capítulos del Quinto informe del Canadá sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:  Introducción (párrafos 62 a 64), Gobierno del Canadá (párrafos 81, 82, 101, 122, y 151), Columbia Británica (párrafos 166 y 170 a 172), Alberta (párrafo 210), Saskatchewan (párrafo 261), Manitoba (párrafos 298 y 315), Ontario (párrafos 318 y 319), Quebec (párrafos 395 y 429), Nueva Escocia (párrafos 469 y 473), Isla del Príncipe Edward (párrafo 515), Terranova y Labrador (párrafo 547), y los Territorios del Noroeste (párrafo 596).

El gobierno de Quebec también adoptó las siguientes medidas:

Los beneficiarios del programa de ayuda al empleo (asistencia social) pueden recibir un subsidio por graves limitaciones para el empleo (al mes, 256 dólares para una persona soltera y 353 dólares para una pareja), medicamentos gratuitos de venta con receta y otros beneficios especiales para cubrir las necesidades de atención médica.

Diversas medidas fiscales como deducciones y créditos, incluido un subsidio por impedimentos mentales o físicos graves y prolongados, un descuento de impuestos por gastos médicos, un descuento de impuestos por alojamiento de un progenitor y una deducción por productos y servicios para ayudar a una persona con un impedimento.

Un programa de servicios de ayuda doméstica, atención personal a domicilio, apoyo cívico y apoyo en la familia.

Medidas de adaptación para el empleo, con evaluación y orientación especializadas, financiación de las adaptaciones necesarias para acceder a los servicios de Emploi Québec y medidas de preparación para el empleo.

Medidas de adaptación previstas en el programa Contrat d’intégration au travail, que permite compensar al empleador mediante un subsidio para el pago del salario por los efectos de las limitaciones de la persona con discapacidad en el rendimiento previsto por el empleador en el puesto de trabajo. El programa también permite financiar la adaptación del puesto de trabajo, la accesibilidad del local, la compra de equipo, la formación, la interpretación, y otras medidas necesarias para integrar a las personas con discapacidad.

Empleos protegidos: una red de 44 empresas ofrece a las personas con discapacidad empleos adaptados a sus limitaciones funcionales. Una persona reúne las condiciones si es productiva aunque tenga importantes limitaciones funcionales que le impidan ser competitiva.

32. Sírvanse facilitar información detallada sobre las estrategias específicas adoptadas para solucionar el problema de la pobreza de las madres solteras, las aborígenes, las mujeres de minorías visibles, las inmigrantes recientes, las mujeres con discapacidades y las mujeres viudas o solteras de edad avanzada.

Los gobiernos federal, provinciales y locales han puesto en marcha iniciativas para solucionar los problemas de las mujeres que viven en la pobreza, en aspectos como el apoyo al ingreso y el empleo, la salud, la educación y formación, la vivienda, etc. Los detalles de las iniciativas pueden consultarse en el Quinto informe del Canadá sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: (artículo 11), y los informes más recientes del Canadá sobre la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y la respuesta del Canadá al cuestionario sobre la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing, presentada en junio de 2004. Véase http://www.swc-cfc.gc.ca/pubs/unquestionnaire04/index_e.html.

A continuación se describen otras iniciativas.

Las iniciativas federales, provinciales y territoriales comprenden la aplicación de mecanismos que facilitan a los hogares, en especial a las madres solteras y sus hijos, el cumplimiento de las obligaciones de sostén de la familia. En el sitio web sobre pensiones alimenticias en favor de los hijos hay información y vínculos a sitios sobre formas en que la obligación de pensión alimenticia puede hacerse cumplir en el Canadá. Véase http://www.justice.gc.ca/en/ps/sup/enforcement .

Aunque las mujeres no son las beneficiarias específicas de los siguientes programas del gobierno de Alberta, estos tienen como consecuencia directa el alivio de la pobreza de las mujeres con discapacidad o de las mujeres de edad y madres solteras:

El Programa de apoyo a las personas de edad y a las comunidades de Alberta presta ayuda económica a las personas de edad y las personas con discapacidad.

El Programa de prestaciones para las personas de edad de Alberta entrega un subsidio a las personas de edad que reúnen las condiciones exigidas.

El Programa de ingresos garantizados para las personas con discapacidad severa presta ayuda económica y atención de la salud a los adultos con una discapacidad permanente que les impida tener una actividad remunerada.

Una de las prioridades de la Dirección de la Mujer de Manitoba es promover la capacidad de la mujer para alcanzar su autosuficiencia y seguridad económicas. La Dirección de la Mujer ha puesto en marcha tres iniciativas que, aunque no se dedican específicamente a solucionar la pobreza, capacitan a las mujeres para que participen en el mercado de trabajo e imparten educación y formación a las mujeres de bajos ingresos para que accedan a empleos mejor remunerados y mejoren su nivel de vida:

Trade Up to Your Future es un programa de educación y formación para mujeres de todas las edades que puede permitirles acceder a oficios no tradicionales como los de operaria de máquinas, soldadora y técnica en electrónica.

Power Up se creó tras observar los escasos conocimientos de informática de las mujeres maduras. Se procura que el mayor número posible de mujeres aprendan a utilizar una computadora, tengan acceso a empleos que requieran conocimientos de informática, adquieran más seguridad en la materia y tengan incentivos para seguir aprendiendo por sí mismas.

El Programa Training for Tomorrow Scholarship Awards ofrece becas para alentar a la mujer a ingresar a programas de dos años de formación avanzada en matemáticas, ciencias y tecnología, con salida laboral en ocupaciones de gran demanda que les darán autonomía económica.

El gobierno también ha puesto en marcha las siguientes medidas y programas:

Un nuevo aumento en dos etapas del salario mínimo por hora en Manitoba (véase el párrafo 293 del Quinto informe del Canadá sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), a 7,60 dólares el 1º de abril de 2006, y a 8,00 dólares el 1º de abril de 2007.

A los inmigrantes de Manitoba se los apoya sobre todo en cuestiones de asentamiento y aprendizaje del idioma. Los cursos de inglés para adultos inmigrantes en programas comunitarios se adaptan a las necesidades de las mujeres inmigrantes que suelen estar aisladas en casa con los niños. Los programas, que operan en los distintos barrios, incluyen ayuda para cuidar a niños y para el transporte. También hay dos clases de idioma para estudiantes avanzados que deseen mejorar sus técnicas de comunicación, acceder a la educación superior o ingresar a la fuerza de trabajo.

En 2005, el gobierno de Terranova y Labrador anunció que la pobreza se abordaría en forma integrada, mediante acuerdos de colaboración. El gobierno invertirá 200.000 dólares en la elaboración de una estrategia de reducción de la pobreza. Simultáneamente se están poniendo en marcha otras iniciativas importantes para superar los obstáculos con que chocan los más afectados por la pobreza, en especial los niños, los padres sin pareja, las mujeres y las personas con discapacidad. El gobierno está aplicando un enfoque integral e integrado de la pobreza y el género, la educación, la vivienda, el empleo, la salud, las ayudas sociales y financieras, y las medidas tributarias, así como la relación entre la pobreza de la mujer y su creciente vulnerabilidad ante la violencia. También estudiará la forma en que las diferentes políticas pueden relacionarse entre sí y repercutir en los beneficiarios.

La estrategia incluirá un perfil de quienes viven en la pobreza en la provincia e incorporará iniciativas para reducir la pobreza, aliviar sus efectos negativos y, a mediano y largo plazo, ayudar a romper el ciclo de dependencia intergeneracional. Dados los vacíos de información con que se podrían determinar los perfiles exactos de la pobreza en la provincia, el plan prevé realizar investigaciones para comprender mejor la dinámica de quienes viven en la pobreza, incluida la geografía, el género, la duración, el tipo de familia y la participación en el mercado de trabajo. En el análisis también se incluirán los ingresos después de pagar los impuestos y se comparará el costo de vida en toda la provincia. A más largo plazo, la estrategia de reducción de la pobreza servirá para observar las funciones de los diferentes interesados y programas, y ámbitos como las tasas de apoyo al ingreso, el sistema tributario, las prestaciones para la infancia, el acceso a los medicamentos de venta con receta, las ayudas para la educación y la formación y para la vivienda, las iniciativas para mejorar el desarrollo económico en la provincia y los incentivos para mejorar la ejecución de las órdenes de pago de alimentos.

El gobierno de Ontario ha puesto en marcha los programas de formación de obreras especializadas y de formación de mujeres en tecnología de la información descritos en los párrafos 325 y 326 del Quinto informe del Canadá sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, además, trabaja para prevenir la violencia contra la mujer y promover la autonomía económica de la mujer. Algunos de los programas de la Dirección de la Mujer de Ontario que promueven la autonomía económica de la mujer son los siguientes:

Partners for Change financia las iniciativas asociativas cuyo objeto sea proporcionar información a las jóvenes sobre oportunidades profesionales, incluidas ocupaciones no tradicionales y que requieran conocimientos de matemáticas, ciencias y tecnología, promover la contratación y el empleo de mujeres en industrias en crecimiento y promover las actividades empresariales de la mujer.

Investing in Women’s Futures permite financiar centros de la mujer que dan apoyo y capacitación para el empleo y para buscar empleo, y asesoran a la mujer en materia de seguridad. Atiende principalmente a mujeres de bajos ingresos y a poblaciones beneficiarias, como inmigrantes, aborígenes y francófonas.

Domestic Violence Employment Training Pilot Program financia programas de ayuda a la mujer que ha sufrido o corre peligro de sufrir violencia en el hogar, para que pueda lograr una seguridad económica estable.

El gobierno de Quebec ha adoptado una serie de medidas para luchar contra la pobreza, especialmente la pobreza de la mujer, además de las mencionadas en las preguntas 29 y 30, como por ejemplo las siguientes:

Las beneficiarias de ayuda al empleo (asistencia social) con un hijo menor de cinco años a su cargo reciben un complemento mensual de 114 dólares por estar momentáneamente impedidas de trabajar. También tienen derecho a esa prestación las mujeres encintas, desde la 20ª semana de embarazo hasta cinco semanas después de dar a luz. Además, se entrega un complemento mensual de 108 dólares a las familias monoparentales. Aunque estas medidas no están concretamente dirigidas a la mujer, casi el 90% de los adultos que reciben la prestación son mujeres. Hay otras prestaciones especiales para atender a las necesidades particulares de la mujer (embarazo, lactancia y alimentos para lactantes, refugio en caso de violencia conyugal, anticonceptivos).

Ma place au soleil, es una iniciativa multidisciplinaria, que ofrece acceso a plazas de bajo costo en guarderías para ayudar a los padres jóvenes que reciben ayuda al empleo y están adquiriendo formación profesional. Se da prioridad a las familias monoparentales con hijos de menos de 18 meses.

Hasta el 1º de enero de 2006, el programa de prestaciones por maternidad prestaba ayuda financiera a las asalariadas que tomaban licencia por embarazo para compensar los ingresos perdidos durante el período impuesto por la Ley de seguro de empleo para recibir los beneficios por paternidad. En la actualidad, el nuevo Plan de seguro parental de Quebec ya cubre a todas las asalariadas.

Las embarazadas menores de edad en situación precaria que participan en el Programa de apoyo a los padres jóvenes del Ministerio de Salud y Servicios Sociales reciben una prestación económica específica.

Una estrategia de intervención para las trabajadoras reconoce y tiene en cuenta los problemas a que se enfrentan las mujeres en el mercado de trabajo y organiza servicios de empleo para resolverlos.

El gobierno facilita la integración de los inmigrantes y otras minorías, especialmente las inmigrantes, en el mercado de trabajo.

En el Yukón los programas de asistencia social están a cargo de Primeras Naciones del Yukón y el Departamento federal de asuntos de los indios y de los territorios del Norte. Las madres sin pareja pueden recibir asistencia social sin tener que buscar trabajo hasta que su hijo cumple seis años. El subsidio complementario territorial para personas con discapacidad que reciben asistencia social se aumentó de 125 a 250 dólares por mes. También se han aumentado las excepciones a los ingresos. Se ofrecen otros servicios, como subsidios para el pago de guardería infantil (proporcionales a los ingresos), refugios para mujeres víctimas de la violencia, ayuda para conseguir empleo, asignaciones para capacitación, albergues para personas sin hogar (así como asesoramiento, grupos de apoyo, y otros servicios). También existe un programa de ayuda a las embarazadas del medio rural que ofrece alojamiento a bajo costo a las mujeres que se trasladan a la capital, Whitehorse, cuando están por dar a luz. Hay otros programas de ayuda a las familias de bajos ingresos del Yukón, como el Fondo de prestaciones y actividades recreativas para la infancia, servicios para niños con discapacidad y vivienda subsidiada. La Dirección de la Mujer financia un cargo de defensora de la mujer en el Centro de la Mujer. Las personas de edad, pueden beneficiarse del subsidio para el pago de servicios públicos, de un Programa Pharmacare (medicamentos de venta con receta) y de servicios de atención médica ampliados. Estas prestaciones son gratuitas para las personas de edad que no tienen un seguro privado.

33. Sírvanse facilitar información más detallada, y en particular estadísticas, sobre los grupos que no gozan de seguridad alimentaria en el Estado Parte y describir las características principales y los resultados del Plan de Acción del Canadá para la Seguridad Alimentaria de 1998 (informe, párrs. 293 y ss.). Sírvanse explicar por qué el uso de bancos alimentarios en el Canadá ha descendido al parecer un 26,6% desde 1998 y muchos bancos alimentarios tienen dificultades para atender a la demanda. Sírvanse facilitar información detallada sobre el grado de dependencia de las provincias y territorios de los bancos alimentarios.

El Canadá ocupa uno de los primeros puestos entre las naciones del mundo por lo que respecta a los ingresos disponibles y el suministro de alimentos por habitante, y uno de los últimos en lo que respecta al costo real de los alimentos y de la proporción de ingresos dedicados a alimentos. Por consiguiente, la inmensa mayoría de los habitantes del Canadá disfruta de seguridad alimentaria, aunque algunos grupos pueden correr mayor peligro que otros de sufrir inseguridad alimentaria, según se observa en algunos estudios. De acuerdo con la Oficina de Estadísticas del Canadá, en 2004, 2,3 millones de personas, o aproximadamente el 7,4% de la población, vivían en hogares expuestos a la inseguridad alimentaria, y menos del 2,5% de la población declaraba sufrir hambre moderada o aguda.

Grado de inseguridad alimentaria en el hogar, por sexo, integrantes del hogar,

Canadá y provincias

	Total	Seguridad alimentaria	Inseguridad alimentaria	Inseguridad alimentaria, no declarada
Sin hambre	Hambre moderada	Hambre aguda
	Número	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%
2004
Canadá	31.030.722	28.706.473	92,5	1.411.416	4,5	586.147	1,9	129.469	0,4	197.217	0,6
Hombres	15.330.664	14.215.104	92,7	637.246	4,2	303.693	2,0	51.639 E	0,3 E	122.981 E	0,8 E
Mujeres	15.700.058	14.491.369	92,3	774.170	4,9	282.453	1,8	77.830 E	0,5 E	74.236 E	0,5 E
Terranova y Labrador	512.487	465.500	90,8	27.714	5,4	7.655 E	1,5 E	F	F	F	F
Hombres	253.221	231.442	91,4	12.491 E	4,9 E	1.978 E	0,8 E	F	F	F	F
Mujeres	259.266	234.059	90,3	15.223 E	5,9 E	5.677 E	2,2 E	F	F	F	F
Isla del Príncipe Edward	135.973	125.998	92,7	6.792	5,0	1.838 E	1,4 E	F	F	F	F
Hombres	66.961	62.708	93,6	2.952 E	4,4 E	F	F	F	F	F	F
Mujeres	69.012	63.291	91,7	3.840 E	5,6 E	F	F	F	F	F	F
Nueva Escocia	909.560	802.418	88,2	58.213	6,4	38.831 E	4,3 E	F	F	F	F
Hombres	438.689	392.969	89,6	23.414 E	5,3 E	F	F	F	F	F	F
Mujeres	470.871	409.449	87,0	34.800 E	7,4 E	21.142 E	4,5 E	F	F	F	F
Nueva Brunswick	729.794	661.956	90,7	41.202 E	5,6 E	13.896 E	1,9 E	F	F	F	F
Hombres	357.297	319.319	89,4	18.209 E	5,1 E	F	F	F	F	F	F
Mujeres	372.497	342.638	92,0	22.993 E	6,2 E	5.478 E	1,5 E	F	F	F	F
Quebec	7.369.295	6.929.133	94,0	308.011	4,2	92.521 E	1,3 E	F	F	F	F
Hombres	3.618.276	3.376.468	93,3	191.396 E	5,3 E	41.429 E	1,1 E	F	F	F	F
Mujeres	3.751.019	3.552.664	94,7	116.616 E	3,1 E	51.092 E	1,4 E	F	F	F	F
Ontario	12.176.330	11.343.292	93,2	480.553	3,9	216.900	1,8	50.830 E	0,4 E	84.756 E	0,7 E
Hombres	6.018.581	5.636.061	93,6	193.854	3,2	113.450 E	1,9 E	F	F	F	F
Mujeres	6.157.749	5.707.231	92,7	286.699	4,7	103.450 E	1,7 E	30.472 E	0,5 E	29.897 E	0,5 E
Manitoba	1.093.465	998.795	91,3	55.838	5,1	22.797 E	2,1 E	3.833 E	0,4 E	F	F
Hombres	546.114	501.478	91,8	24.426 E	4,5 E	7.500 E	1,4 E	F	F	F	F
Mujeres	547.351	497.317	90,9	31.412	5,7	15.298 E	2,8 E	F	F	F	F
Saskatchewan	925.094	854.031	92,3	38.272	4,1	15.378 E	1,7 E	F	F	F	F
Hombres	457.811	421.941	92,2	13.990 E	3,1 E	F	F	F	F	F	F
Mujeres	467.283	432.090	92,5	24.281 E	5,2 E	5.795 E	1,2 E	F	F	F	F
Alberta	3.107.881	2.822.803	90,8	173.616	5,6	74.849 E	2,4 E	11.778 E	0,4 E	24.834 E	0,8 E
Hombres	1.568.880	1.453.284	92,6	59.904 E	3,8 E	35.037 E	2,2 E	F	F	F	F
Mujeres	1.539.001	1.369.519	89,0	113.712 E	7,4 E	39.812 E	2,6 E	F	F	9.008	0,6E
Columbia Británica	4.070.843	3.702.547	91,0	221.205	5,4	101.481	2,5	F	F	F	F
Hombres	2.004.833	1.819.434	90,8	96.611 E	4,8 E	68.128 E	3,4 E	F	F	F	F
Mujeres	2.066.010	1.883.112	91,1	124.594 E	6,0 E	33.353 E	1,6 E	F	F	F	F

Fuente: Oficina de Estadísticas del Canadá, Encuesta comunitaria de salud del Canadá, Nutrición 2004, CANSIM, cuadro 105-2004

El modelo para la situación de la seguridad alimentaria en los hogares se adoptó del modelo de los Estados Unidos publicado en 2000 por el Departamento de Agricultura de ese país. La inseguridad alimentaria se define según un conjunto de 18 preguntas e indica si los hogares con y sin hijos pudieron adquirir los alimentos que necesitaron en los 12 meses anteriores. Las preguntas relativas a la seguridad alimentaria se centraron en todos los miembros del grupo familiar y no sólo en el entrevistado. Por lo tanto, un entrevistado se clasifica según el grado de inseguridad alimentaria del hogar que no necesariamente es la que siente el entrevistado.

Según el índice, hay cuatro categorías de entrevistados determinadas por la situación de inseguridad alimentaria del grupo familiar. En los hogares en situación de seguridad alimentaria, hay indicios mínimos o inexistentes de inseguridad alimentaria en todos los miembros. En los hogares en situación de inseguridad alimentaria sin hambre, todos los miembros sienten inquietud ante la posibilidad de quedarse sin alimentos o eligen alimentos de menor calidad, y consideran que no se ha reducido o se ha reducido muy poco la ingesta de alimentos de los miembros del grupo familiar. En los hogares en situación de inseguridad alimentaria con hambre moderada, se ha reducido la ingesta de alimentos de los adultos del grupo familiar en tal medida que éstos han experimentado la sensación física de hambre en repetidas ocasiones. En la mayoría (aunque no en todos) los hogares en situación de inseguridad alimentaria con hijos, en esta etapa no se ha reducido la ingesta de alimentos de los niños. En los hogares en situación de inseguridad alimentaria con hambre aguda, en esta etapa todos los hogares con hijos han reducido la ingesta de alimentos de los niños hasta un nivel en que los niños han experimentado hambre, y los adultos de los hogares con o sin hijos han debido reducir la ingesta de alimentos durante más tiempo en repetidas ocasiones.

Se utilizan técnicas de ajuste bootstrap para producir el coeficiente de variación (CV) e intervalos de confianza del 95%.

Los datos con un coeficiente de variación (CV) de un 16,6% a un 33,3% se señalan con una (E) y deben interpretarse con cautela.

Se suprimieron (F) los datos con un coeficiente de variación (CV) superior al 33,3% por la variabilidad extrema de la muestra.

A pesar de que hace mucho tiempo que se vienen realizando esfuerzos para solucionar el problema, la inseguridad alimentaria sigue siendo poco preocupante en el Canadá. Por lo general, se da por sentado que son vulnerables a la inseguridad alimentaria los beneficiarios de la seguridad social, las personas con empleos mal remunerados o desempleadas que no pueden satisfacer sus necesidades de alimentación sin desatender otras necesidades básicas. Las mujeres, los niños y los pueblos aborígenes suelen estar representados desproporcionadamente en las tasas de pobreza y en la utilización de bancos alimentarios. Las personas con discapacidad física o mental y los enfermos agudos o crónicos también se consideran vulnerables a la inseguridad alimentaria. La Oficina de Estadísticas del Canadá también llegó a la conclusión de que la geografía desempeñaba un papel importante en la inseguridad alimentaria. El Canadá sigue trabajando para alentar y apoyar a sus ciudadanos que luchan contra la inseguridad alimentaria.

El Canadá ha informado sobre su apoyo a la seguridad alimentaria, en especial la ejecución del plan de acción sobre seguridad alimentaria, en informes provisionales presentados a la FAO en 1999, 2002 y 2004. En la primavera de 2006 se presentará a la FAO un cuarto informe. También en 2006, el Canadá presentará otro informe sobre los resultados del plan de acción de 1998.

Todos los años, la Asociación Canadiense de Bancos Alimentarios, federación nacional que representa a las asociaciones de ayuda alimentaria voluntaria, realiza una encuesta nacional sobre la utilización de los bancos alimentarios en el país. En el informe más reciente de la Asociación, HungerCount 2005, se estima que en el Canadá existen unos 650 bancos alimentarios.

Provincia/Territorio	Cifra total de bancos alimentarios (sin contar los organismos)
Columbia Británica	97
Alberta	81
Saskatchewan	21
Manitoba	46
Ontario	288
Quebec	17
Nueva Brunswick	56
Nueva Escocia	1
Isla del Príncipe Edward	6
Terranova y Labrador	30
Yukón	2
Territorios del Noroeste	3
Nunavut	2
Total Canadá	650
Fuente: HungerCount 2005, Asociación Canadiense de Bancos Alimentarios, pág. 10.

Según los datos proporcionados por los bancos alimentarios de todo el país que participaron en la encuesta llevada a cabo en 2005 por la Asociación Canadiense de Bancos Alimentarios, 823.856 personas utilizaron un banco alimentario en un mes típico. Esta cifra, comparada con 824.612 personas en 2004, representa una disminución inferior al 1% en todo el país. En el mismo período, la utilización de los bancos alimentarios se redujo en cinco provincias: Terranova y Labrador, Nueva Brunswick y Quebec que comunicaron pequeñas reducciones; en Columbia Británica y Alberta se produjeron reducciones más importantes (entre un 10,5% y un 16,6%); en Saskatchewan, Isla del Príncipe Edward, Nueva Escocia, Manitoba y Ontario se observaron leves aumentos en la utilización de los bancos.

CUADRO 2: NÚMERO TOTAL DE PERSONAS QUE ACUDIERON A BANCOS ALIMENTARIOS EN MARZO DE 2005
	TODOS LOS BANCOS ALIMENTARIOS	BANCOS ALIMENTARIOS QUE PRESENTAN INFORMES POR EDAD
	Total de beneficiarios	Participación (%)	Total de hogares 1	Adultos	Niños	Total de beneficiarios	Total de entrevistados
Columbia Británica	75.413	9,2	29.288	41.476	24.216	65.692	93
Alberta	45.481	5,5	11.475	24.573	18.610	43.183	74
Saskatchewan	24.600	3,0	9.388	13.189	11.411	24.600	20
Manitoba	46.161	5,6	16.256	24.612	21.245	45.857	36
Ontario	338.563	41,1	127.137	194.329	144.234	338.563	279
Quebec	215.256	26,2	82.515	128.856	78.180	207.036	16
Nueva Brunswick	19.441	2,4	8.195	12.590	6.851	19.441	52
Nueva Escocia	25.453	3,1	8.467	14.612	8.361	22.973	822
Isla del Príncipe Edward	3.208	,4	1.253	2.070	1.138	3.208	6
Terranova y Labrador	28.384	3,4	8.140	17.524	10.598	28.122	28
Yukón	739	<,1	417	497	242	739	2
Territorios del Noroeste	663	<,1	92	151	137	288	2
Nunavut	494	<,1	129	327	167	494	1
Canadá	823.856	100,0	302.752	474.806	325.3903	800.196	691
Fuente: HungerCount 2005, Asociación Canadiense de Bancos Alimentarios, pág. 11.

1 No todos los entrevistados pudieron proporcionar estadísticas por hogares.

2 Las cifras de adultos y niños de Nueva Escocia se basan en 82 organismos.

3 Esta cifra subestima la cifra real de niños asistidos por los bancos alimentarios ya que no todos los bancos pudieron desglosar las cifras en adultos y niños.

Según la encuesta de la Asociación Canadiense de Bancos Alimentarios, el 40,7% de los usuarios de bancos alimentarios eran menores de 18 años. Las familias con niños representaban más de la mitad de los usuarios de bancos alimentarios: el 29,5% eran familias monoparentales y el 23,5% familias biparentales. El 36% de los usuarios eran solteros y el 11% parejas sin hijos.

Según esos resultados, la mayoría (un 51,6%) de los usuarios de bancos alimentarios recibían asistencia social.

FUENTE PRIMARIA DE INGRESOS DE LOS BENEFICIARIOS DE AYUDA ALIMENTARIA
Asistencia social	51,6%
Empleo	13,1%
Discapacidad	12,6%
Sin ingresos	6,7%
Pensión	5,2%
Seguro de empleo	4,5%
Préstamo para estudiantes	2,1%
Otros	4,2%
Fuente: HungerCount 2005, Asociación Canadiense de Bancos Alimentarios, pág. 11

HungerCount 2005 contiene más información sobre la utilización de bancos alimentarios en las provincias y territorios, y puede consultarse en el sitio web de la Asociación Canadiense de Bancos Alimentarios: http://www.cafb-acba.ca/english/EducationandResearch-ResearchStudies.html.

Los gobiernos del Canadá ofrecen ayuda financiera y diversos programas para solucionar el problema de la inseguridad alimentaria y promover el consumo de alimentos sanos. Por ejemplo, en el cuarto informe del Canadá sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con respecto al programa de alimentos por correo del Canadá se reconoce que, durante una parte del año, muchas primeras naciones y comunidades inuits quedan aisladas por carretera, ferrocarril o por mar, por lo que puede resultarles difícil comprar buenos alimentos asequibles como frutas, verduras, pan, leche y huevos. Para aliviar la situación, el Gobierno del Canadá sufraga parte de los gastos de envío de esos artículos por vía aérea a las comunidades del norte.

Si un beneficiario de la prestación de ayuda a garantía a los ingresos de Alberta se encuentra en una situación alimentaria de emergencia que escapa a su control, puede recibir un subsidio limitado.

El programa de compras de la Columbia Británica, BUYBC promueve la compra de alimentos estacionales y de la provincia para promover hábitos alimenticios saludables a precios asequibles y apoyar asimismo a los agricultores locales. El programa de intercambio de Columbia Británica ayuda a los bancos alimentarios de base comunitaria y a los mercados de productores. El programa fue concebido para aumentar la calidad nutritiva de los productos que se consumían en los bancos alimentarios y facilitar las donaciones de productos locales por los consumidores de la provincia a la sección de la Columbia Británica de la Asociación Canadiense de Bancos Alimentarios. Ambos programas promueven a un tiempo la agricultura sostenible y la buena alimentación.

Las iniciativas principales del gobierno de Manitoba en materia de seguridad alimentaria son las siguientes:

La Iniciativa del Norte para la alimentación sana se ocupa de cuatro ámbitos prioritarios: huertas comunitarias y alimentos locales; proyectos experimentales de invernaderos; empresas de alimentación; y conocimientos de nutrición.

El Subsidio de ayuda al empleo y los ingresos en el Norte, que en 2005 aumentó en un 20% para las familias de bajos ingresos de las comunidades del norte y las zonas remotas, compensa el elevado costo de los alimentos sanos en las zonas más alejadas.

El programa Bebés Saludables consiste en prestaciones financieras y apoyo comunitario para las embarazadas y las nuevas familias: la prestación prenatal de Manitoba es un subsidio mensual que ayuda a las embarazadas de bajos ingresos a satisfacer sus especiales necesidades alimentarias durante la gestación; en locales de los programas de Bebés Saludables, extendidos por toda la provincia, se respira un ambiente distendido e informal donde las embarazadas y las nuevas familias pueden aprender más sobre nutrición, desarrollo infantil, y salud y bienestar generales.

En Winnipeg (la capital), los organismos comunitarios que se ocupan de la seguridad alimentaria se congregaron a fin de aprovechar el trabajo y los recursos existentes, establecer asociaciones y facilitar la colaboración entre los residentes, las organizaciones y otros interesados de la comunidad de manera coordinada, integral y abierta. El resultado ha sido el desarrollo del programa Inviting Everyone to the Table: Towards food security in Winnipeg. Se pretende trabajar con las comunidades fomentando la capacidad para responder a los problemas estratégicos de la seguridad alimentaria en Winnipeg y contribuir a mejorar la salud de sus comunidades. Para más información, consúltese el sitio web del Consejo de Planificación Social: http://www.spcw.mb.ca/uploaded/healthy%20kids%20healthy%20futures%20spcw.pdf .

El gobierno de Nueva Brunswick realiza evaluaciones generales, especializadas y multidisciplinarias de las personas y las familias, y presta servicios de asesoramiento para responder a las crisis, así como servicios sociales de emergencia y de referencia a servicios y recursos comunitarios. Las personas que no tienen ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas de alimento, vestimenta y vivienda reciben un subsidio en efectivo.

El gobierno de Terranova y Labrador ofrece subvenciones, de entre 250.000 a 1.000.000 dólares a la Fundación para la formación sobre la alimentación de los niños. La Fundación apoya programas de nutrición infantil en toda la provincia, con voluntarios al frente de clubes en más de 150 comunidades que funcionan durante la jornada escolar, para dar formación sobre alimentación a 16.000 niños. Los clubes operan en el entorno escolar y tienen como fin ofrecer una alimentación nutritiva que ayude a los niños a aprender y lograr su potencial.

En Quebec, el Plan de acción gubernamental de lucha contra la pobreza y la exclusión social, aprobado en abril de 2004, da prioridad a la seguridad alimentaria. Los proyectos de seguridad alimentaria de todas las regiones de Quebec permiten a las personas desfavorecidas no sólo acceder a buenos alimentos, sino mejorar sus conocimientos culinarios y la organización de su presupuesto. Desde el bienio 2002-2003 se han puesto en marcha casi 250 proyectos en toda la provincia para los cuales se asignó un presupuesto de 3,3 millones de dólares en el bienio 2004-2005.

Desde enero de 2005, se han aplicado dos medidas de asistencia en el marco del Plan de acción gubernamental de lucha contra la pobreza y la exclusión social: asistencia a la infancia y prima laboral. Pasará algún tiempo antes de que puedan medirse los resultados de esas iniciativas, pero se prevé que, a mediano plazo, servirán para reducir la inseguridad alimentaria.

El Club des petits déjeuners ha logrado que se sirva el desayuno a más de 10.000 escolares de más de 165 escuelas primarias de barrios desfavorecidos de Quebec. En el bienio 2004-2005, el gobierno destinó 2 millones de dólares al Club des petits déjeuners.

El gobierno de Saskatchewan apoya la seguridad alimentaria financiando organizaciones comunitarias que dirigen programas escolares y comunitarios de nutrición y educación nutricional, iniciativas de seguridad alimentaria y proyectos de autosuficiencia. También financia a las organizaciones de base comunitaria que dirigen proyectos de seguridad alimentaria y de formación profesional y empleo para ciudadanos de bajos ingresos.

El gobierno, la industria y la comunidad están trabajando en la elaboración de una estrategia provincial integrada de seguridad alimentaria centrada en la definición de actividades existentes y posibles en materia de seguridad alimentaria en la provincia.

En 1997, considerando que mediante el empleo, los ciudadanos consiguen los medios físicos, económicos, dignos y permanentes de acceder a alimentos nutritivos y asequibles, el gobierno introdujo la estrategia de fomento de la autonomía, con la que se pasa del modelo de apoyo a los ingresos, al modelo de la promoción de la autonomía mediante el aumento de la participación en el mercado de trabajo.La estrategia de fomento de la autonomía pone al alcance de las personas de bajos ingresos un conjunto de recursos flexibles, como ingresos, empleos y servicios de cuidado de los niños y de salud, para aumentar su autonomía.

En la estrategia de promoción de la salud de la población de Saskatchewan se da prioridad al acceso a los alimentos nutritivos.  Uno de sus objetivos es que las personas tengan mayores oportunidades de disfrutar de alimentos más nutritivos, reducir los obstáculos económicos, geográficos, sociales y culturales a la adquisición de hábitos alimenticios saludables, y aumentar las políticas alimentarias que promuevan y protejan la salud de los habitantes de Saskatchewan.

En el Yukón, el programa de alimentación en las escuelas sirve comidas a los escolares de Whitehorse y todas las comunidades aisladas. También se dan subsidios para alimentación como parte de la asistencia social básica. Los bancos alimentarios del Yukón están a cargo de ONG con apoyo financiero del gobierno.

34. Sírvanse proporcionar estadísticas pertinentes sobre las personas sin hogar en el Estado Parte, así como información pormenorizada sobre la situación en las diez ciudades en que las personas sin hogar representan un problema (Halifax, Quebec City, Montreal, Ottawa, Toronto, Hamilton, Winnipeg, Calgary, Edmonton y Vancouver). ¿Qué medidas concretas han adoptado estas diez ciudades al respecto y qué resultados han obtenido? ¿Qué plazos y referencias se han fijado para evaluar las mejoras (informe, párrs. 336 y ss.; tercer informe periódico, párr. 24)?

Hasta la fecha no se ha encontrado ningún método fiable para determinar la cifra de personas sin hogar del Canadá y, por lo tanto, no hay estadísticas nacionales exactas. A la propia naturaleza del problema se añade la dificultad de medir su alcance.

En el Quinto informe del Canadá sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (párrafos 138 y 139) figura información sobre la Iniciativa Nacional para las Personas sin Hogar. En los primeros años de la Iniciativa (1999 a 2003), las comunidades se concentraron en las necesidades más graves y urgentes de la población de personas sin hogar. Ante todo invirtieron en albergues de emergencia, crearon nuevos albergues, reformaron y renovaron otros y, al mismo tiempo, mejoraron los servicios de apoyo e instalaciones como los bancos de alimentos y de muebles. El Gobierno del Canadá prorrogó la Iniciativa por otros tres años (2003 a 2006) en vista de los éxitos alcanzados, la experiencia adquirida y la necesidad de seguir ayudando a las personas sin hogar, y tras haber consultado a los interesados y los representantes federales, provinciales y territoriales. La prórroga de la Iniciativa permitirá a las comunidades a seguir trabajando para que haya menos personas sin hogar y aliviar su situación, ayudar más a esas personas y concentrarse en soluciones de más largo plazo como las viviendas provisionales y los servicios de ayuda a la vivienda; también permitirá a las comunidades ayudar a más personas y familias sin hogar a vivir en ambientes más estables y a acceder con mayor facilidad a los servicios e intervenciones que necesitan para lograr mayor autonomía y disminuir su dependencia de los albergues de emergencia.

Para más información sobre las medidas determinadas a resolver el problema de las personas sin hogar, véase el sitio web de la Iniciativa Nacional para las Personas sin Hogar: http://homelessness.gc.ca.

El quinto informe también contiene información sobre las iniciativas provinciales y territoriales: Columbia Británica (párrafos 186 a 190), Alberta (párrafos 239 a 242), Saskatchewan (párrafos 278 a 281), Manitoba (párrafo 311 – Iniciativa de Winnipeg para la vivienda y las personas sin hogar), Ontario (párrafos 351 a 354), Quebec (párrafos 416 y 417), Nueva Escocia (párrafos 488 a 493), Isla del Príncipe Edward (párrafos 526 a 528), Terranova y Labrador (párrafo 569) y Yukón (párrafo 589). También puede encontrarse información en el Quinto informe periódico del Canadá sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluso para Nunavut (párrafos 702 a 704).

A continuación se amplía la información.

Alberta. Según el Censo bienal de las personas sin hogar, en mayo de 2004, en Calgary había 2.597 personas sin hogar (fuente: http://www.calgary.ca). También según el Censo bienal, en octubre de 2004, en Edmonton había 2.192 personas sin hogar (fuente: http://www.moresafehomes.net/).

Desde 2000, los servicios de apoyo a la tercera edad y la comunidad de Alberta han entregado tres millones de dólares por año a la Iniciativa Provincial para las Personas Sin Hogar para solucionar el problema de estas personas en los siete centros urbanos principales de Alberta, en especial Edmonton y Calgary. Se han establecido organizaciones comunitarias en esas siete ciudades para determinar las necesidades y administrar los fondos proporcionados por los gobiernos federal, provincial y, en algunos casos, municipal, para las personas sin hogar.

Desde 2000, los gobiernos municipales, el sector de la vivienda sin fines de lucro y el sector privado han construido, en asociación con el Gobierno del Canadá 3.168 viviendas de emergencia, provisionales y permanentes en Alberta (de ellas, 1.306 en Edmonton y 1.436 en Calgary).

Todas las organizaciones comunitarias, en especial las de Edmonton y Calgary, elaboraron planes comunitarios en los que se establecieron prioridades, objetivos y medidas en materia de vivienda y servicios. Los planes se elaboraron con amplio apoyo de las comunidades locales. Los planes comunitarios sirven de base para financiar programas provinciales y federales para las personas sin hogar y satisfacer necesidades como albergues, viviendas provisionales y de apoyo, y otros servicios de apoyo. Después de tres años, en Calgary y Edmonton se han actualizado los planes comunitarios. Todas las organizaciones comunitarias presentaron informes anuales sobre sus iniciativas y los progresos realizados en la solución de los problemas de las personas sin hogar.

Los planes comunitarios y los informes anuales de Calgary y Edmonton pueden consultarse en los siguientes sitios web: http://www.calgaryhomeless.com/, http://www.moresafehomes.net/ y http://ehtf.ca/.

En Columbia Británica, la información sobre las personas sin hogar de la Ciudad de Vancouver, en especial los resultados de un censo comunitario llevado a cabo en 2005 sobre las personas sin hogar, y el plan de acción para las personas sin hogar de la Ciudad de Vancouver pueden consultarse en http://vancouver.ca/commsvcs/housing/homelessness.htm

El gobierno de Manitoba sigue trabajando con la comunidad para aumentar la oferta de vivienda asequible e introducir mejoras en los barrios. Mediante la Iniciativa para la Vivienda Asequible se siguió trabajando con otros niveles del gobierno, a fin de construir viviendas seguras y asequibles para las familias de ingresos bajos y medios. La Iniciativa para la Vivienda Asequible es un programa quinquenal federal y provincial dotado con 50 millones de dólares, que permitirá aumentar la oferta en unas 2.500 unidades nuevas y unidades de alquiler. Las principales necesidades de Manitoba en materia de vivienda se abordarán mediante cuatro componentes programáticos equilibrados: nueva oferta de vivienda de alquiler; nueva oferta de vivienda en propiedad; reparación y reforma, y ayuda para el acceso a la vivienda propia. También se financian viviendas en zonas remotas. En el bienio 2004-2005, se hicieron considerables avances en la solución del viejo problema de la vivienda asequible en Winnipeg y siguieron mejorándose mucho las prestaciones de la Iniciativa para la Vivienda Asequible, como resultado del memorando de entendimiento plurianual para la construcción de viviendas más asequibles firmado entre el gobierno de Manitoba y la Ciudad de Winnipeg. Con arreglo a ese memorando, firmado en abril de 2003, la ciudad destinará más de 17 millones de dólares a la vivienda asequible en Winnipeg en un período de cinco años.

Manitoba sigue financiando diversos programas ejecutados por la Iniciativa de Winnipeg para la vivienda y las personas sin hogar, en que colaboran los tres niveles del gobierno para solucionar los problemas de la escasez de la oferta de vivienda cada vez menor, las personas sin hogar y la revitalización de los barrios más antiguos de Winnipeg. La iniciativa se anunció oficialmente en mayo de 2000, y los tres niveles del gobierno se comprometieron a aportar fondos durante cuatro años. En noviembre de 2003, la iniciativa se prorrogó por otros cinco años. Al 31 de marzo de 2005, la Iniciativa de Winnipeg para la vivienda y las personas sin hogar había asignado cerca de los 33 millones de dólares para la reparación, rehabilitación y construcción de más de 2.200 viviendas y 137 habitaciones o camas, y para prestar asistencia a las personas y familias sin hogar, o en peligro de perderlo. La Iniciativa de Winnipeg para la vivienda y las personas sin hogar se examina en el párrafo 311 del Quinto informe del Canadá sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Para más información sobre la Iniciativa, véase el sitio http://www.gov.mb.ca/fs/housing/whhi.html.

Para más información sobre las personas sin hogar de Halifax, Nueva Escocia, puede visitarse el sitio www.halifax.ca/planning/Portrait_2005_Final.

En Ontario, las personas sin hogar se clasifican en tres categorías bien definidas: carencia absoluta de hogar (duermen a la intemperie o en albergues públicos o privados), situación encubierta (carecen de un hogar temporalmente, pero se alojan con familiares o amigos), y en peligro de quedarse sin hogar (riesgo inminente de perder la vivienda). Los programas de prevención para las personas sin hogar financiados por la provincia ayudan a las personas sin hogar o en peligro de perderlo (incluidos los crónicamente difíciles de alojar). Algunos de esos programas son el Fondo provincial de iniciativas para las personas sin hogar, Apoyo para la Vida Diaria, y el Programa de asociados comunitarios (financiado en un 100% por la provincia); y la Iniciativa de reafectación de la financiación de los albergues de emergencia, y Un albergue para salir de la calle (en cuyo caso el 80% de los gastos se comparten con los municipios). Estos programas persiguen uno o más de los tres objetivos siguientes:

Sacar a las personas de la calle y alojarlas en albergues de emergencia;

Trasladar a las personas de los albergues de emergencia a las viviendas permanentes; y

Ayudar a las personas a conservar sus viviendas permanentes.

Los encargados de administrar el sistema de los programas de prevención para las personas sin hogar son los municipios que administran servicios municipales reagrupados/consejos de administración de los servicios sociales a nivel de distrito. Los municipios que administran servicios municipales reagrupados/consejos de administración de los servicios sociales a nivel de distrito prestan directamente servicios de prevención a las personas sin hogar o subcontratan a organizaciones locales. Actualmente, los 47 municipios que administran servicios municipales reagrupados/consejos de administración de los servicios sociales a nivel de distrito ejecutan uno o más de los programas de prevención para las personas sin hogar.

Esos municipios y consejos pueden recibir financiación de otras fuentes, no sólo del Ministerio de Servicios Comunitarios y Sociales, para sufragar la prestación de los servicios de prevención. Por ejemplo, los municipios pueden recibir financiación plurianual del Gobierno Federal por conducto de la Iniciativa Nacional para las Personas sin Hogar, del Ministerio de Asuntos Municipales y Vivienda de Ontario (como los programas de Banco Provincial para el Arriendo y de subsidio de alquileres), o pueden destinar sus propios fondos directamente a los servicios de prevención para las personas sin hogar de sus comunidades.

Entre 2004 y 2005, los gastos provinciales en programas de prevención para las personas sin hogar ascendieron a los 32,4 millones de dólares, con los que se atendió a 225.248 personas.

En el presupuesto provincial de 2004 se ha anunciado lo siguiente:

Dos millones de dólares (anualizados) para racionalizar y mejorar la financiación de los programas provinciales de prevención para las personas sin hogar; y

Un aumento del 3% para las organizaciones de servicios sociales cuya financiación no se había aumentado en varios años.

A partir del 1º de enero de 2005, los cinco programas provinciales de prevención para las personas sin hogar se reagruparon en un solo programa de prevención, a fin de que los municipios que administran servicios municipales reagrupados/consejos de administración de los servicios sociales a nivel de distrito tuvieran mayor flexibilidad para atender sus necesidades y prioridades en la materia.

En diciembre de 2004, se formó el Grupo de Consulta de los Servicios Sociales Municipales de la Provincia, a fin de determinar nuevas formas de medir el rendimiento y elaborar instrumentos para apoyar la evaluación basada en los resultados del programa consolidado de prevención para las personas sin hogar. Como parte del examen, el grupo de trabajo elaboró un marco de evaluación y un modelo lógico centrados en los resultados de los hogares atendidos. También estableció nuevas formas de medir el rendimiento relacionadas con tres resultados (considerados fundamentales) del programa de prevención para las personas sin hogar:

Los grupos familiares en peligro inminente de quedar sin hogar siguen teniendo vivienda;

Los grupos familiares en peligro de quedar sin hogar se estabilizan; y

Los grupos familiares sin hogar consiguen una vivienda.

El Ministerio de Servicios Comunitarios y Sociales ha anunciado las siguientes formas de medir el rendimiento para el programa consolidado de prevención para las personas sin hogar, que entrarán en vigor el 1º de enero de 2006:

Porcentaje de grupos familiares en peligro inminente de quedar sin hogar atendidos que siguen teniendo vivienda (durante la crisis);

Porcentaje de grupos familiares en peligro inminente de quedar sin hogar atendidos a quienes se ha prestado servicios de apoyo personal;

Número de grupos familiares sin hogar atendidos;

Porcentaje de grupos familiares atendidos que salieron de la calle para alojarse en refugios temporarios;

Porcentaje de grupos familiares atendidos que salieron de la calle hacia una vivienda permanente; y

Porcentaje de grupos familiares atendidos que se trasladaron de refugios provisionales a una vivienda permanente.

Las Ciudades de Toronto (2000, 2003) y Ottawa (2005) han publicado informes sobre las personas sin hogar que procuran medir los indicadores del problema y la seguridad de la vivienda, e informar al respecto, así como determinar las iniciativas existentes en esos municipios en materia de vivienda y personas sin hogar.

La información más reciente sobre las personas sin hogar de Quebec data de 1998. En ese año se realizó un censo de las personas que frecuentaban los albergues para personas sin hogar, los centros de día y los comedores gratuitos de las ciudades de Montreal y Quebec en algunos meses de 1996 y 1997. En esa época, había 28.214 usuarios de los recursos para las personas sin hogar en Montreal, 12.666 de los cuales no tenían domicilio fijo. La cifra de usuarios en la región de la ciudad de Quebec era de 11.295, de los cuales 3.589 no tenían domicilio fijo.

En Montreal había 43 centros de asistencia, de los cuales 24 eran albergues que atendían a las necesidades de las personas sin hogar y las menos favorecidas. En la ciudad de Quebec, había 18 centros de asistencia, de los cuales nueve eran albergues. Las personas que utilizaban estos últimos se consideraban “personas sin hogar” en el sentido estricto. Los usuarios de los comedores gratuitos y los centros de día pueden incluir a personas que tienen un hogar, pero en situación de gran inestabilidad socioeconómica.

En los municipios de Montreal y Quebec se aprobaron numerosos proyectos para reducir el problema de las personas sin hogar en sus regiones que recibieron financiación de la Iniciativa de apoyo a la colaboración entre comunidades para ayudar a las personas sin hogar del Canadá. Gracias a los fondos obtenidos por la Iniciativa hasta 2006, las ciudades de Quebec, Montreal y otras de la provincia adoptaron un plan de acción comunitario donde se establecerán las prioridades locales de la ayuda a las personas sin hogar. De 2000 a 2003, la ciudad de Montreal recibió 26,6 millones de dólares para ejecutar 73 proyectos y la ciudad de Quebec recibió 7,6 millones de dólares para ejecutar 35 proyectos.

35. Sírvanse facilitar información detallada sobre la cuestión de la falta de hogar y de vivienda adecuada para los pacientes a quienes se ha dado de alta en hospitales psiquiátricos. ¿Qué medidas concretas se han adoptado para abordar esta cuestión (observaciones finales, párr. 36)?

Los gobiernos federal, provinciales y territoriales del Canadá disponen de diversos planes para abordar el problema de las personas sin hogar. En el artículo 11 del Quinto informe del Canadá sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el artículo 6 del Quinto informe del Canadá sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos figura información sobre esos planes, en especial la Iniciativa Nacional para las Personas sin Hogar, la Iniciativa de apoyo a la colaboración entre comunidades y los Acuerdos para la vivienda asequible concertados entre el Gobierno Federal y los gobiernos provinciales.

Los grupos de personas sin hogar suelen pertenecer a las siguientes categorías: jóvenes y mujeres en dificultades (fugados de su casa, desertores del sistema de enseñanza, víctimas de violencia en el hogar, trabajadores del sexo), personas que han sido dadas de alta de una institución (centro de rehabilitación, hogar de guarda, hospital psiquiátrico, centro de detención, etc.), y las personas menos favorecidas que viven en condiciones inestables (en viviendas insalubres o inseguras, casa de amigos).

Aunque los programas descritos en anteriores informes y muchos de los descritos a continuación, no están destinados específicamente a los pacientes dados de alta de hospitales psiquiátricos, éstos pueden beneficiarse de iniciativas más amplias que, en algunos casos, incluyen medidas concretas para personas sin hogar con problemas mentales.

Por ejemplo, en Alberta no existen iniciativas concretas para planificar el alta de los pacientes de hospitales psiquiátricos y que puedan alojarse en viviendas adecuadas en la comunidad. Sin embargo, más del 10% de los espacios adicionales de alojamiento o transición creados por las iniciativas para personas sin hogar están destinados a las personas que, además, tienen problemas mentales. También hay servicios y proyectos de información y ayuda para las personas sin hogar con doble diagnóstico o necesidades múltiples. Algunos de los ejemplos de dependencias o proyectos elaborados para las personas sin hogar con problemas mentales son Horizon Housing Society y Order of Good Cheer de Calgary, y Willow Place de Grande Prairie.

En Columbia Británica, como en otras partes del país, las tasas de trastornos mentales y toxicomanías entre las personas sin hogar son altas, aunque no todas están afectadas por este tipo de problema. En general, en estos servicios se estima que entre una tercera parte y la mitad de las personas sin hogar sufren un trastorno mental grave como esquizofrenia y enfermedad bipolar.

Entre 2002 y 2005, en todas las regiones de la Columbia Británica se crearon nuevas viviendas para ofrecer alojamiento y servicios de salud mental a las personas sin hogar, en especial a los afectados por enfermedades mentales o los toxicómanos. A continuación se resumen las cifras estimadas y los tipos de nuevas unidades:

Grupo de trabajo o administrador de servicios de salud	Población atendida	Cifra de nuevas unidades
Equipo especial del Primer Ministro para las personas sin hogar, la salud mental y las adicciones (2004 – 2005)	Población de personas in hogar, incluidos los residentes con trastornos mentales o adicciones	- 533 unidades de vivienda o de albergue - 376 camas adicionales en albergues
Autoridades sanitarias regionales (Columbia Británica) (2002 – 2005)	Jóvenes y adultos con adicciones, enfermedades mentales y trastornos conexos	165
Total estimado	Jóvenes y adultos con trastornos mentales o adicciones, en especial personas sin hogar	1.074

El Equipo especial del Primer Ministro para las personas sin hogar, la salud mental y las adicciones (véase el párrafo 188 del Quinto informe del Canadá sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) constituye un elemento integral del plan de múltiples niveles del gobierno provincial para hacer frente a los problemas de la salud mental, las personas sin hogar y las adicciones. El Equipo especial se encarga de garantizar una mejor coordinación de los recursos de las comunidades y elaborar estrategias innovadoras con miras a ayudar a las personas con adicciones y enfermedades mentales a dejar los albergues temporales o los servicios públicos y trasladarse a viviendas permanentes y estables donde sus necesidades puedan estar mejor atendidas.

En octubre de 2004, el Primer Ministro pidió a los alcaldes que determinaran las prioridades locales en materia de necesidades de corto y mediano plazo. Se destinaron unos fondos iniciales para añadir 168 camas a los albergues de emergencia y otras 208 camas durante la temporada de lluvias y el invierno, lo que arroja un total de 376 camas en albergues. En diciembre de 2004, los gobiernos federal y provincial anunciaron la financiación de cuatro proyectos durante la segunda fase del Acuerdo Canadá‑Columbia Británica de vivienda asequible. En virtud del Acuerdo, el Gobierno federal y el gobierno provincial asignan 41,7 millones de dólares cada uno (en total casi 84 millones de dólares) a la construcción de conjuntos de viviendas donde haya viviendas permanentes con servicios de apoyo para personas sin hogar o que estén en peligro de perderlo, personas con enfermedades mentales o con problemas de adicción a las drogas o el alcohol, poblaciones aborígenes, jóvenes y mujeres con hijos que huyen de relaciones violentas. En marzo de 2005, se anunció la financiación de nuevos proyectos en seis comunidades, con lo que llegó a 533 el total de nuevas unidades y camas en albergues asignadas en la segunda etapa del acuerdo, como parte de 12 proyectos ejecutados en nueve ciudades.

Los Servicios familiares y de vivienda de Manitoba ayudan a las personas con discapacidad mental para que puedan vivir en la comunidad, en el marco de su programa de apoyo para la vida en sociedad. Desde el bienio 1999-2000, el presupuesto del programa ha aumentado de 60 a 140 millones (un 132%). Los fondos disponibles son insuficientes para atender a la demanda de servicios y existen listas de espera. Se procura ayudar a las personas con necesidades más apremiantes. También se tiene en cuenta la capacidad de la comunidad para prestar servicios residenciales a las personas con discapacidad mental. Pueden pasar meses antes de que una persona consiga una plaza debido a que es necesario encontrar el ambiente adecuado y, en las condiciones actuales de escasez de oferta del mercado de vivienda, el tiempo de espera puede prolongarse mucho. Hay unas 400 personas internadas en el Centro de Desarrollo de Manitoba. Aunque cada año pasan a vivir en la comunidad unos siete residentes, estos no son los que presentan las necesidades más apremiantes.

En Nueva Brunswick, los pacientes dados de alta de los hospitales psiquiátricos tienen acceso a los servicios de cuidados prolongados, donde también reciben ayuda para el alojamiento, sea en hogares con atención especializada, con servicios de apoyo a domicilio, o con ayuda residencial en turnos 24/7. Hay escasez de servicios residenciales de alto nivel, por lo que algunos ciudadanos permanecen en una cama de hospital aunque podrían encontrarse en entornos menos restrictivos e intensivos.

El gobierno de Terranova y Labrador está colaborando con el Gobierno del Canadá en el marco de la Iniciativa Nacional para las Personas sin Hogar en relación con la vivienda de los pacientes dados de alta de los hospitales psiquiátricos. Gracias a la Iniciativa de apoyo a la colaboración entre comunidades, hay mayores soluciones para las personas sin hogar. Por ejemplo, se ha rehabilitado el Wiseman Centre, el Caregivers Lodge, la Emmanuel House, y dos refugios para mujeres y familias expuestas a la violencia, y se ha establecido Choices for Youth Shelter, para jóvenes. Muchas de las personas que acceden a esos servicios han estado afectadas por enfermedades mentales o problemas de salud mental. Se ha logrado reducir el número de personas que han perdido su hogar completamente o sufren carencias en esa materia. Se ha proporcionado financiación provincial a los Stella Burry Community Services a fin de proporcionar viviendas, ayudar en gestiones y dar otra forma de apoyo a las personas afectadas de enfermedades psiquiátricas y que han estado en conflicto con la ley. Se ofrece un componente de tratamiento intensivo residencial, y opciones de vivienda de corto y mediano plazo, que incluyen ayuda para el empleo y formación para la reintegración en la comunidad. Al evaluarse el proyecto se ha observado que el período de estadía en el hospital o en las instituciones correccionales se ha reducido. También se está elaborando un marco provincial para la atención de largo plazo y servicios de apoyo, que procurará solucionar los problemas de vivienda de las personas con enfermedades mentales, adicciones y trastornos mentales.

La Iniciativa del gobierno de Ontario para la salud mental de las personas sin hogar ha creado 3.600 unidades de vivienda de apoyo para las personas con enfermedad mental que no tenían hogar o corrían peligro de perderlo (para más detalles, véanse los párrafos 378 a 383 del Quinto informe del Canadá sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). El 12 de enero de 2005, el Ministerio de Sanidad y Atención a Largo Plazo anunció que se estaban mejorando los servicios en 500 unidades de vivienda de apoyo para poder mantener al margen del sistema penitenciario a las personas con una enfermedad mental.

Para comprender mejor el problema de las personas sin hogar de Quebec, en 1998-1999 el Instituto de Estadística de Quebec llevó a cabo una encuesta cuyos resultados pusieron de manifiesto importantes definiciones en el campo de la salud: más de siete de cada 10 personas sin hogar declaran tener al menos un problema crónico de salud física; cerca de 6 cada 10 declaran tener un problema agudo; y el 13% dice padecer una enfermedad infecciosa como hepatitis, tuberculosis o VIH/SIDA. Con respecto a la salud mental, siete de cada 10 padece un trastorno mental moderado, y el 43% tienen trastornos mentales como esquizofrenia, depresión mayor, enfermedad bipolar o adicción patológica a los juegos de azar.

El gobierno de Quebec promueve el enfoque multidisciplinario del problema de las personas sin hogar y canaliza la mayor parte de la financiación para esos fines mediante diversos programas para la juventud, de salud mental, y de lucha contra las toxicomanías y las dependencias. Presta apoyo financiero a las organizaciones comunitarias en el marco del programa de Apoyo a los organismos comunitarios. En lo relativo a la desinstitucionalización de los pacientes psiquiátricos, el 15 de junio de 2005, el gobierno de Quebec dio a conocer el “Plan de acción en materia de salud mental2005-2010. La fuerza de los vínculos”. Se da prioridad a tres tipos de servicios mediante los cuales existen mayores probabilidades de atender a las personas con trastornos mentales graves sin hogar o alojadas en refugios privados: tratamiento asertivo, apoyo de intensidad variable y apoyo en materia de vivienda. Los servicios de tratamiento asertivo están dirigidos a personas con un trastorno mental grave en situación inestable y frágil, o que tienen problemas de toxicomanía. Están a cargo de equipos multidisciplinarios en los que participa un médico. También se proporciona apoyo de intensidad variable a las personas con trastornos mentales graves, pero con problemas funcionales menos graves. Los profesionales que prestan los servicios tienen que establecer una relación basada en la confianza y el respeto; coordinan los servicios y aseguran que se preste atención a toda hora, aunque no puedan prestar personalmente todos los servicios. Se da apoyo continuo en materia de vivienda a las personas con trastornos mentales graves.

En la estrategia de vivienda de Saskatchewan se determina la necesidad de los servicios de apoyo a la vivienda. El personal penitenciario y de seguridad pública, y las autoridades sanitarias regionales constataron la dificultad que encerraba resolver los problemas de vivienda de las personas con trastornos psiquiátricos y puestas en libertad por el sistema penitenciario. Los grupos comunitarios y el gobierno están trabajando para estudiar y solucionar el problema. Concretamente, se están examinando las necesidades de los afectados por el trastorno fetal alcohólico. Se han puesto en marcha algunas iniciativas, como la especialización de personal de todo el territorio de Saskatchewan en servicios de vivienda y de apoyo a la vivienda, y la preparación de un modelo de vivienda con ayuda para los afectados por el trastorno fetal alcohólico.

El Yukón no atiende con carácter prioritario el problema de la vivienda de los pacientes dados de alta de un hospital psiquiátrico. Sin embargo, existen programas y servicios que se ocupan del problema general de las personas sin hogar, en el campo de la vivienda social subsidiada, los refugios para mujeres víctimas de la violencia y alojamiento de emergencia. Para las personas con discapacidad que viven con autonomía en la comunidad, el Yukón tiene personal de ayuda a la vida independiente y atención de enfermería a domicilio, con especialistas en salud mental. El gobierno del Yukón también financia a la Second Opinion Society que dirige un centro de día con recursos, información, servicios de defensa de sus derechos y apoyo para personas con enfermedades mentales.

36. Según datos de 1996, 1,8 millones de hogares tenían necesidades básicas de vivienda, lo cual representa alrededor de un 18% de todos los hogares del Estado Parte. Sírvanse proporcionar información actualizada sobre la cuestión, en particular los gastos presupuestarios estimados que el Gobierno Federal y los gobiernos provinciales y territoriales destinarán a la vivienda en el período 2005-2006. Sírvanse también facilitar estadísticas anuales comparativas sobre el número de viviendas subvencionadas desde el último informe periódico (informe, párr. 333).

Según los datos revisados basados en información recogida en censos posteriores a la presentación de los informes Cuarto y Quinto del Canadá sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en 1996 había 1,6 millones de hogares con necesidades apremiantes en materia de vivienda, lo que equivalía aproximadamente al 15,6% de todos los hogares del Canadá, y más de siete de cada 10 eran viviendas de alquiler. En 2001, había aproximadamente 1,5 millones (el 13,7% de todos los hogares) con necesidades apremiantes en materia de vivienda, lo que equivale a una reducción del 1,9%.

El Quinto informe del Canadá sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales contiene información sobre las iniciativas en materia de vivienda en los capítulos siguientes: Introducción (párrafos 53 a 61), Gobierno del Canadá (párrafos 123 a 137), Manitoba (párrafos 309 y 310), Quebec (párrafo 415),y en el Quinto informe del Canadá sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para la Isla del Príncipe Edward (párrafos 240 y 241) y Nunavut (párrafos 702 a 704).

A continuación se presenta información adicional sobre gastos y viviendas.

En 2004, los gastos del Gobierno del Canadá en vivienda ascendieron a un total de 2.000 millones de dólares y la cartera de viviendas subvencionadas por el Gobierno ascendió a 633.000 unidades.

Ese mismo año, el gobierno de Alberta gastó 133.449.000 dólares en 55.700 viviendas. En Columbia Británica, el gobierno gastó 133.449.000 dólares en 40.912 viviendas, mientras que en Manitoba, los gastos en vivienda ascendieron a 76.160.148 (al gobierno provincial le correspondió un gasto de 19.564.719 dólares) en 25.533 unidades. Los gastos en el Yukón, ascendieron a 7.488.495 dólares, para 508 viviendas.

En el bienio 2003-2004, el programa de vivienda social de Nueva Brunswick entregó 4.258 viviendas de alquiler con un costo de 30,9 millones de dólares. El programa de vivienda para la población rural y nativa entregó 913 viviendas con un costo de 3,1 millones de dólares. La iniciativa de vivienda sin fines de lucro entregó 5.292 viviendas con un costo de 15,2 millones de dólares y la iniciativa de complemento para el alquiler de vivienda en el mercado privado entregó 1.708 viviendas con un costo de 6,4 millones de dólares.

Los gastos de Terranova y Labrador en el mismo período ascendieron a 64.848.820 dólares (la provincia aportó un total de 10.028.089 dólares) y se entregó un total de 12.600 viviendas.

DATOS SOBRE GASTOS Y UNIDADES SUBSIDIADAS EN ONTARIO

	1999-2000	2004-2005	2005-2006
	Unidades	Gastos	Unidades	Gastos (dólares)	Unidades (previsión)	Estimaciones (dólares)
Vivienda social	231.000(1)		271.000	649.223.047 (640.523.047 op. 8.700.000 cap.)	271.600(2)	801.300.000 (675.000.000 op. 126.300.000 cap.)
Programa de vivienda asequible– unidades			1.414	7.031.178(3)	Pendientes
Total	268.000	1.124.900	272.414	655.254.225

El número de unidades de 1999-2000 no refleja las unidades federales transferidas a la provincia en virtud del Contrato de Vivienda Social.

Se han revisado las unidades de vivienda social y las cifras de los gastos del bienio 2005-2006 según las cifras anteriores (septiembre de 2005) para que figuraran todas las unidades subsidiadas, no sólo las de alquiler proporcional a los ingresos. Las tres columnas se basan en los mismos supuestos.

Los gastos del programa de vivienda asequible del bienio 2004-2005 no incluyen 51.243.522 dólares de contribuciones municipales y otras a las unidades de vivienda reservadas para el programa de vivienda asequible en los arreglos de participación en la financiación de gastos.

Las estadísticas indican que en Quebec la situación de la vivienda mejoró entre 1996 y 2001. Según los datos de los censos de 1996 y 2001, el porcentaje de hogares en situación de aguda necesidad descendió del 18,2% al 14,0%. En 2001, había 393.080 hogares (100.870 propietarios ocupantes y 292.220 inquilinos) que no podían conseguir una vivienda aceptable salvo que asignaran más del 30% de sus ingresos a esa partida de gastos. En el 81% de los casos (74,9% de ocupantes propietarios, 83,2% de inquilinos en situación de aguda necesidad), la razón era la capacidad económica del grupo familiar.

Proyección de gastos en vivienda del gobierno de Quebec (2005-2006) en millones de dólares

Proyección de gastos para los programas de asistencia de la Société d’habitation du Québec
Familias del programa	2004-2005	2005-2006
Vivienda social, comunitaria y asequible	541,3	555,5
Adaptación y renovación	43,0	72,0
Intervención en Nunavik	0,3	0,4
Asistencia a las organizaciones comunitarias	1,1	1,1
Apoyo al sector de la vivienda	0,7	0,7
Total	586,3	629,7

Cambios en el número de viviendas subsidiadas en Quebec

Intervenciones de la Société d’habitation du Québec en hogares de Quebec 2000 a 2004
Ámbitos de intervención	2000	2001	2002	2003	2004
Asistencia con vivienda social, comunitaria y asequible	236.228	242.933	230.027	231.022	228.449
Renovación y adaptación de viviendas	22.036	12.874	16.078	15.299	20.501
Propietarios de viviendas de Nunavik	22	27	-	-	-
Total	258.286	255.834	246.105	246.321	248.950

En los cuadros siguientes se indican los gastos y las unidades subsidiadas en Saskatchewan.

1999	2004
Unidades	Gastos	Unidades	Gastos
32.110	164 millones	29.965	171 millones

	Cifra total de hogares	Cifra total en situación de aguda necesidad	Porcentaje en situación de necesidad
1996	314.430	39.700	12,6%
2001	323.065	37.200	11,5%
Change	2,7%	2.500	-6,3%

37. Sírvanse proporcionar información más detallada sobre la Ley de 1999 de gestión de tierras de las Primeras Naciones y sus disposiciones sobre los bienes inmuebles matrimoniales, así como las normas aprobadas por las 14 Primeras Naciones signatarias al respecto. ¿En qué medida se han hecho extensivos dichos acuerdos a otras primeras naciones y, en particular, qué medidas se han adoptado para garantizar que las mujeres aborígenes pertenecientes a estas comunidades no se vean privadas de sus derechos sobre los bienes inmuebles matrimoniales (informe, párrs. 359 y 360; observaciones finales, párr. 29)?

En el proceso de transición que se producirá en el marco de la Iniciativa de Gestión de Tierras de las Primeras Naciones, cada una de las primeras naciones participantes elaborará un código de tierras en que establecerá las normas básicas del nuevo régimen de tierras. Las primeras naciones participantes podrán legislar sobre los bienes matrimoniales de su comunidad, a fin de que no se establezca discriminación entre el hombre y la mujer. Las primeras naciones participantes deberán establecer un proceso comunitario para determinar las normas y procedimientos que regirán los bienes matrimoniales en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de entrada en vigor del código de tierras. En el marco de la Iniciativa, las primeras naciones elaborarán normas que se aplicarán a la utilización, ocupación y posesión de tierras de las primeras naciones, y a la división de los derechos de propiedad de la tierra en caso de disolución del matrimonio.

El Gobierno del Canadá vela por que las mujeres aborígenes que viven en reservas sean tratadas con justicia y equidad respecto de la división de los bienes matrimoniales en caso de disolución del matrimonio.

En 2003, el Comité Permanente de Derechos Humanos del Senado realizó un estudio sobre los bienes inmuebles matrimoniales en las reservas y formuló una serie de recomendaciones provisionales, entre otras cosas, sobre las enmiendas de la Ley sobre la Comunidad Aborigen y sobre la celebración de consultas para encontrar una solución de largo plazo. Asimismo, el Comité Permanente de Asuntos Indios y Desarrollo del Norte estudió la cuestión y, tras consultar a algunos de los principales interesados, en junio de 2005 presentó un informe titulado Walking Arm-in-Arm to Resolve the Issue of On-Reserve Matrimonial Real Property. En el informe se recomienda promulgar legislación provisional de corto plazo y legislación sustantiva de largo plazo, y examinar el artículo 67 de la Ley Canadiense de Derechos Humanos. El 6 de octubre de 2005, el Gobierno presentó a la Cámara de los Comunes la respuesta al informe del Comité Permanente, en que se señala que el Gobierno del Canadá está embarcado en un proceso de colaboración con la Asociación de Nativas del Canadá y la Asamblea de Primeras Naciones, con miras a encontrar una solución legislativa a la cuestión de los bienes gananciales inmuebles.

Artículo 12: Derecho a la salud mental y física

38. Sírvanse facilitar información sobre la posición adoptada por los gobiernos implicados en el caso Chaoulli c. Quebec (Fiscal General), en relación con la obligación de proteger el derecho a la salud en virtud del artículo 7 de la Carta de Derechos y Libertades del Canadá.

El día 9 de junio de 2005, la Corte Suprema del Canadá dictó su sentencia en el caso Chaoulli c. Quebec (Fiscal General), 2005 SCC 35, que puede consultarse en la siguiente dirección: http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/en/rec/html/2005scc035.wpd.html. En el Examen de la Jurisprudencia del Quinto informe del Canadá sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se incluye un resumen de la decisión de la Corte Suprema.

Debe observarse que, según sus propios términos, el artículo 7 de la Carta de Derechos y Libertades del Canadá no prevé “la obligación de proteger el derecho a la salud”, según señala el Comité. El artículo 7 prevé, en cambio, que no puede atentarse contra el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona, de acuerdo con los principios de justicia natural. El texto del artículo es el siguiente:

“7.Toda persona tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad y a no ser privado de ese derecho, excepto de conformidad con los principios de justicia fundamental.”

Además debe observarse que, en este caso, los apelantes impugnaban la validez de las medidas legislativas que prohibían a una persona celebrar un contrato de seguro a los efectos de obtener, en caso de necesidad, los beneficios necesarios para sufragar los gastos de atención médica privada ya ofrecida por los servicios públicos.

En la exposición de hechos presentada a la Corte Suprema del Canadá, el Fiscal General de Quebec argumentó lo siguiente:

1.Las medidas legislativas que son objeto de disputa tienen por fin proteger al sistema público de las consecuencias perjudiciales de la privatización del sistema de atención de la salud.

2.La adopción y el mantenimiento de esas medidas legislativas se basan en los informes de diversas comisiones y comités, en todos los cuales se rechazó el recurso a la privatización del sistema de atención de la salud.

3.El contexto de hechos de este caso no era el adecuado para decidir sobre la cuestión constitucional, ya que no había pruebas de que el estado de salud de los apelantes requiriera acudir a la atención de la salud necesaria por razones médicas, y no había pruebas de que se habrían enfrentado a dificultades para acceder a los servicios médicos u hospitalarios necesarios para el cuidado de su salud. Por lo tanto, la contestación de los apelantes se basó en la hipotética incapacidad del sistema de Quebec para satisfacer una posible necesidad de atención de la salud.

4.El artículo 7 de la Carta no se aplica, ya que la cuestión que había que resolver, es decir, si existe razón para permitir la privatización del sistema de atención de la salud, es una cuestión política que no es de la competencia de los tribunales, sino de las autoridades elegidas que deben tomar decisiones en el interés público.

5.El campo de aplicación del artículo 7 sólo se refiere a la interacción de los derechos individuales a la vida, la libertad o la seguridad de la persona con el sistema judicial o la administración de justicia, algo que no se cuestiona en este caso.

6.La cuestión constitucional que plantean los apelantes no alude a ningún principio de justicia fundamental de naturaleza jurídica de los mencionados en el artículo 7 de la Carta.

7.Los apelantes no han logrado probar la existencia de una violación del derecho a la vida, la seguridad o la libertad.

8.Subsidiariamente, los apelantes no han demostrado que las medidas legislativas impugnadas fueran arbitrarias, irracionales o exageradamente desproporcionadas hasta el punto de constituir una violación de los principios de justicia fundamental mencionados en el artículo 7 de la Carta.

9.Por el contrario, las medidas legislativas hacen posible que se logren los objetivos de que forman parte: por un lado, que se respeten los valores de igualdad y solidaridad social que la legislatura tiene por objeto promover en el sector de la salud y, por otro, que se proteja al sistema público de los efectos perjudiciales de la privatización de la atención de la salud.

El Gobierno del Canadá acepta un sistema de atención sanitaria de un gobierno, siempre que ese sistema esté conforme con la Carta de Derechos y Libertades del Canadá. En la causa Chaoulli el Gobierno adujo que la legislación en cuestión (la Ley del Seguro Médico y la Ley de Seguro Hospitalario de Quebec) no violaba los principios de la Carta y, en cambio, tenía por objeto salvaguardar el sistema de atención de la salud financiado con fondos públicos. Concretamente, el Gobierno del Canadá alegó que las disposiciones impugnadas de la legislación de Quebec no violaban la Carta en este caso y que las prohibiciones impugnadas tenían por fin desalentar la aparición de un sistema de atención de la salud paralelo, con miras a proteger la viabilidad e integridad del sistema público. El Gobierno también argumentó que un sistema privado paralelo consumiría los recursos del sistema público y reduciría la capacidad de prestar servicios, por lo que atentaría contra uno de los principios fundamentales en que se sustentaba, es decir el concepto de igualdad de todos los ciudadanos para acceder a los servicios de atención de la salud, basada en la necesidad y no en la capacidad de pagar. Finalmente, en respuesta a los argumentos de los apelantes, el Gobierno del Canadá alegó que los valores recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (como el acceso a la atención de la salud basado en la necesidad, no la capacidad de pagar, y la protección de los grupos vulnerables) también eran centrales en el sistema de atención de la salud del Canadá.

En este caso, la posición del gobierno de Ontario se refería esencialmente a la afirmación del derecho a la libertad. El gobierno aducía que los apelantes no necesitaban tratamiento médico y que la conclusión de que no recibirían tratamiento médico adecuado y a tiempo del sistema de atención de la salud público se basaba en meras especulaciones. Además, los apelantes no demostraron que se les hubiera privado del derecho a la vida, la libertad o la seguridad personal, puesto que no se les había negado ningún tratamiento médico necesario. La libertad de adquirir atención privada de la salud tiene más relación con la libertad económica que con la integridad física y la autonomía fundamental. Hay pruebas irrebatibles de que si se estableciera un sistema de dos niveles, se deterioraría la atención de quienes utilizan el sistema público, con la consiguiente amenaza para la salud de las personas vulnerables y menos favorecidas. Con la acción del apelante se crearía un sistema de atención de la salud de dos niveles que, en última instancia, perjudicaría al sistema público y al bienestar general de otras personas de la comunidad, a expensas de los valores compartidos y en detrimento del bien común.

El gobierno adujo que los apelantes no habían alegado que, si existía una privación, se estarían violando los principios fundamentales de justicia:

Los apelantes no plantearon un principio jurídico. En esta causa, los apelantes no plantearon ningún principio jurídico; su crítica de la falta de opciones para satisfacer sus necesidades de atención de su salud era una cuestión de política. En el artículo 7 de la Carta no se autoriza a los tribunales a decidir sobre la corrección de las políticas legislativas.

No existe consenso sobre si debe haber un sistema privado de atención de la salud.

No existe una norma justiciable sobre la atención de la salud.

Las disposiciones impugnadas no son ni exageradamente desproporcionadas con el interés del Estado de proteger el sistema público de atención de la salud, ni tampoco arbitrarias. El hecho de que otros países hayan adoptado otros modelos de atención de la salud no significa que el sistema de Quebec sea arbitrario. Un modelo ideal de atención de la salud no es un principio de justicia fundamental porque no es un principio jurídico; se trata de una cuestión de política por excelencia, en que no existe consenso salvo en el más alto nivel de abstracción. Por lo tanto, es demasiado impreciso para dar una pauta que oriente al sistema judicial al evaluar los argumentos contrapuestos sobre el sistema de salud. Por consiguiente, aunque se hubiera atentado contra la vida, la libertad o la seguridad de la persona, no habría quedado demostrado que esa privación estaba en contradicción con los principios de justicia fundamental.

39. Según la información recibida por el Comité, varias provincias, en particular Alberta, Columbia Británica y Quebec, han aumentado el papel de las empresas privadas en el sistema de salud. Sírvanse facilitar información detallada para cada provincia y territorio sobre los efectos del aumento de la asistencia sanitaria privada en la rapidez y calidad de la atención en el sistema público, en especial para los grupos desfavorecidos y marginados.

En septiembre de 2000 el gobierno de Alberta introdujo la Ley de protección de los servicios de salud para reglamentar las instalaciones quirúrgicas no hospitalarias privadas. La ley prohíbe el funcionamiento de hospitales privados, el no respetar las listas de espera y la facturación adicional. Todas las instalaciones quirúrgicas no hospitalarias privadas deben estar acreditadas ante el Colegio de Médicos y Cirujanos de Alberta. En agosto de 2005 había 53 instalaciones quirúrgicas no hospitalarias privadas en Alberta. Las autoridades sanitarias regionales del gobierno mantienen contratos con 27 de estas instalaciones que proporcionan servicios quirúrgicos cubiertos por el seguro. La prestación particular de estos servicios con cargo a fondos públicos está contribuyendo a acortar las listas de espera de los pacientes que necesitan servicios de salud y reduce la presión sobre el sector público.

Desde hace tiempo en Columbia Británica los servicios de salud se prestan por medio de una combinación de proveedores públicos, proveedores sin fines de lucro y empresas privadas. Los proveedores tradicionales del sector privado comprenden médicos con consultas privadas, centros de cuidados prolongados de titularidad privada y farmacias comunitarias. El gobierno de Columbia Británica apoya las nuevas asociaciones entre el sector público y el privado que puedan mejorar la atención del paciente, rendir una buena rentabilidad de la inversión y atender el interés público de manera compatible con la Ley de salud. A continuación se exponen algunos ejemplos de las prestaciones de que se benefician los pacientes de la Columbia Británica gracias a las asociaciones con el sector privado y la contratación externa de servicios:

Desde 2002 se autoriza a las autoridades sanitarias locales a pagar servicios clínicos externos de clínicas privadas de diagnóstico y medicina/cirugía siempre que se satisfagan los requisitos de calidad, eficacia en función de los costos y rendición de cuentas. Ello ha contribuido a reducir el número de operaciones quirúrgicas atrasadas y las listas de espera;

El Programa comunitario de colaboración para la Salud dental de los sectores público y privado es administrado por el Hospital Infantil de Columbia Británica en representación del Ministerio de Salud y el antiguo Ministerio de Recursos Humanos. El Programa sufraga los gastos de las personas a cargo del Ministerio de Recursos Humanos (niños de familias con bajos ingresos y personas con discapacidad) que necesitan anestesia general para las intervenciones de ortodoncia que tienen lugar en las instalaciones de las clínicas privadas de la provincia. El programa ha servido para abaratar los costos del acceso a estos servicios;

La contratación por las autoridades sanitarias de servicios externos de atención no sanitarios como la limpieza de la casa y la lavandería por las autoridades sanitarias ha aumentado la eficiencia y ha permitido destinar los fondos así obtenidos a servicios de atención al paciente;

Un asociado del sector privado está diseñando un nuevo centro de servicios de salud: el Hospital regional y centro oncológico Abbotsford, y se ocupará de su construcción, financiación y administración. Estas modernas instalaciones reemplazarán a un viejo hospital de cuidados intensivos y ofrecerán varios programas de más calidad para mejorar el diagnóstico y el tratamiento del cáncer.

Quebec no ha ampliado la participación de las empresas privadas en la oferta de servicios de salud, sino que intenta evitar el crecimiento de los servicios facilitados por el sector privado amparados por el seguro basándose en la capacidad de pago y la asegurabilidad. Se entiende por servicios cubiertos por el seguro aquellos que son médicamente necesarios y que prestan doctores en medicina general y especialistas en consultas privadas, en el domicilio del paciente y en centros de salud. De hecho, Quebec prefiere que el acceso al sistema de salud se base en la necesidad más que en la capacidad de pago o en la asegurabilidad. Para ello, Quebec ha promulgado la Ley del seguro médico y la Ley relativa al seguro de los medicamentos, cuyo objetivo general es promover unos servicios de salud de la mejor calidad posible para todos los habitantes de Quebec, independientemente de su capacidad de pago.

En determinadas circunstancias, especiales y excepcionales, Quebec ha adquirido servicios del sector privado con fondos públicos para reducir el tiempo de espera, como por ejemplo en casos de operaciones de cataratas o de avería de equipos, o bien para resolver dificultades transitorias.

El gobierno de Manitoba no ha ampliado la participación de las empresas privadas en el sistema de salud sino que, al contrario, da prioridad al mejoramiento de su sistema de salud pública.

No se ha producido cambio alguno en Nueva Brunswick en cuanto a la función de las empresas privadas en el sistema de salud. Como en anteriores períodos objeto de examen, muchos proveedores de servicios de salud (por ejemplo, médicos, farmacéuticos, ergoterapeutas, fisioterapeutas, etc.) mantienen consultas privadas y ello no repercute ni en la rapidez ni en la calidad de la atención. Además, los especialistas privados ofrecen varios servicios que, con arreglo a la Ley de salud, no están cubiertos por el seguro.

Terranova y Labrador es firme partidaria de la financiación pública del sistema de servicios de salud y ha tomado la decisión consciente de fortalecerlo. El presupuesto de 2005‑2006 preveía 113 millones de dólares adicionales para mejorar el acceso a los servicios de salud de todos los habitantes, con lo que el total de gasto público en servicios de salud y comunitarios ascendió a 1.750 millones de dólares, un aumento del 7% frente a 2004‑2005. Terranova y Labrador tiene pocas clínicas y tratamientos dependientes del sector privado.

Aunque en el sistema del servicio de salud de Ontario siempre ha habido un elemento de participación del sector privado, el gobierno procura que el acceso a los servicios y el tratamiento médicos se determine por las necesidades de la persona y no por sus posibilidades económicas. La Ley de garantía del futuro de la asistencia sanitaria, de 2004, que recibió la sanción real el 17 de junio de 2004, consagra el compromiso con un sistema de servicios de salud público de unsolo nivel. La ley subsana varias lagunas que podían causar un aumento de la facturación y de los costes para el usuario, con lo que se impide efectivamente la posibilidad de un sistema de dos niveles en la provincia.

El gobierno está aplicando una activa estrategia para mejorar el acceso a los procedimientos médicamente necesarios en el sistema público de atención sanitaria. Por ejemplo, el Ministerio de Sanidad y de Atención a Largo Plazo ha estado colaborando con expertos para establecer objetivos claros en materia de tiempos de espera, comenzando por esferas críticas como la cardiología, la oncología y la sustitución de caderas y rodillas, así como operaciones de cataratas e IRM y tomografía. Estos objetivos se alcanzarán en diciembre de 2005. La estrategia de tiempos de espera de Ontario está reuniendo y prevé publicar datos sobre tiempos de espera, facilitar el acceso público a las listas electrónicas de espera, y financia centenares de miles de nuevos procedimientos en esferas asociadas con un alto grado de enfermedad y discapacidad.

Saskatchewan sigue apoyando los principios fundamentales de un sistema de seguro de salud pública basado en la necesidad más que en la capacidad de pago. El sistema de seguro público de salud tiene dos ventajas respecto del privado: en general controla mejor los costos y garantiza un acceso más equitativo a los servicios. El sistema de servicios de salud sigue facilitando atención rápida y de calidad a los grupos desfavorecidos y marginados.

El crecimiento de los servicios de salud privados aún no repercute en la puntualidad y calidad de la atención que ofrece el sistema público en el Yukón.

40. Sírvanse facilitar información sobre el gasto público en establecimientos para tratamientos prolongados e indicar si ese gasto está aumentando en proporción con el crecimiento de la población mayor. Según algunas informaciones, la situación en los establecimientos para tratamientos prolongados de Ontario y Quebec no es satisfactoria. Sírvanse formular observaciones y describir las medidas adoptadas al respecto.

En el Canadá no se dispone de datos nacionales sobre el gasto públicos en centros de cuidados prolongados. Sin embargo, el Instituto Canadiense de Información sobre la Salud publica anualmente datos sobre el gasto en materia de salud en los que figura una categoría de "otras instituciones", que comprende centros y residencias para tratamientos prolongados, centros de reposo y centros de atención residencial. Los datos más recientes de que se dispone y que no sean previsiones corresponden a 2002. Al mismo tiempo, el gasto público en concepto de "otras instituciones" fue de 7.311,1 millones de dólares, lo que representa una cuota pública respecto del total del 72,3%. Entre 2000 y 2002 el gasto público en esta categoría aumentó en un 15%, aunque la falta de datos específicos impide sacar conclusiones sobre aumentos parecidos del gasto público en centros de cuidados prolongados.

Aunque no se dispone de datos nacionales comparativos, hay indicios, como se muestra más adelante, de que están aumentando los gastos en cuidados prolongados en proporción con el crecimiento de la población de la tercera edad, y que en ocasiones este aumento es superior.

Alberta financia los servicios de salud, incluidos los servicios de cuidados prolongados, por conducto de las autoridades sanitarias regionales, que asignan recursos para la prestación de servicios de cuidados prolongados. La financiación regional se basa en un modelo demográfico en el que se prevé específicamente el crecimiento y el envejecimiento de la población y las necesidades conexas de cuidados prolongados. La financiación regional de los servicios de salud y la subsiguiente asignación para cuidados prolongados no han dejado de aumentar en proporción con las necesidades de la población en materia de salud. En 2003-2004 Alberta aumentó el gasto en centros de servicios de cuidados prolongados de 546 millones de dólares en 2003-2004 a 578 millones en 2004-2005. Asimismo, los centros de cuidados prolongados están empezando a atender a personas con necesidades asistenciales más complejas. Se calcula que en los próximos 15 años aproximadamente se mantendrá estable el número de centros de cuidados prolongados, y que se producirá un crecimiento significativo de la financiación de la atención domiciliaria y viviendas supervisadas, que permitirán a las personas de edad seguir viviendo en sus comunidades.

El gobierno de Columbia Británica está construyendo 5.000 nuevas plazas en residencias y en viviendas supervisadas que estarán disponibles antes de 2008, con lo que se moderniza el 40% de las camas existentes en centros de atención para atender mejor a personas con necesidades complejas y se reemplaza el 10% de las camas en centros de atención domiciliaria con alojamientos nuevos y más adecuados. Según datos preliminares para 2004 del Instituto Canadiense de Información sobre la Salud, los gastos de servicios de salud de fuentes públicas y privadas destinados a clínicas y centros de atención domiciliaria en Columbia Británica ascendieron a 1.900 millones de dólares, equivalentes al 15,7% del gasto público y privado en servicios de salud. De los 1.900 millones de dólares gastados, 1.700 (el 85,9%) fueron sufragados por el gobierno provincial.

En Columbia Británica se calcula que para 2006 el gasto anual en atención domiciliaria habrá aumentado en unos 100 millones de dólares en comparación con los niveles de 2001. En el transcurso de dos años se invertirá una cantidad única adicional de 150 millones de dólares para reforzar y modernizar todos los servicios para personas de edad y facilitar la transición a medida que se disponga de nuevas camas.

En mayo de 2004 se promulgó la Ley de servicios comunitarios de atención y vida asistida en sustitución de la Ley de centros de atención comunitaria. La nueva ley simplifica y moderniza la reglamentación de la atención domiciliaria, está basada en la obtención de resultados y acumula la flexibilidad para tomar decisiones en el plano regional.

Como se indica en el cuadro siguiente, el gasto por cuidados prolongados en Manitoba aumentó en 23 millones de dólares en 2002-2003 y 2004-2005, mientras que la población de 65 años o más aumentó en 2.651 personas.

Gasto público en cuidados prolongados en relación con el crecimiento de la población de ancianos en Manitoba
	Población de 65 años o más al 1º de junio *	Población de 75 años o más al 1º de junio *	Fondos para cuidados prolongados del Servicio de Salud de Manitoba para las autoridades sanitarias regionales **
2002-03	157 489	79 094	405 021 400 $
2003-04	158 122	80 020	413 661 000 $
2004-05	158 676	80 558	428 148 900 $

* Datos del Informe de salud sobre la población del Servicio de Salud de Manitoba.

** Datos procedentes de las previsiones de gastos del Servicio de Salud en Manitoba; comprenden la financiación de 30 camas para cuidados paliativos en el Centro de Salud de Riverview.

En Terranova y Labrador el gasto en casas de reposo aumentó en un 10% en 2001-2002 y en 2002-2003 y en un 4,35% en 2002-2003 y en 2003-2004. Estas cifras no incluyen los centros de Labrador ni las camas de cuidados prolongados en centros de cuidados intensivos, centros de atención personal y centros de atención comunitaria. Cabe señalar también que el porcentaje de crecimiento anual puede no reflejar con fidelidad el crecimiento debido a elementos como aumentos o congelaciones de salarios o convenios colectivos.

Según la Oficina de Estadísticas del Canadá entre 1996 y 2004 se registró un aumento del 18% en las personas de 65 años o más en Ontario. El presupuesto de Ontario para hogares de cuidados prolongados aumentó en más del 140% entre 1996 y 2005. El presupuesto era de 1.137 millones en 1996-1997 y de 2.750 millones de dólares en 2005-2006. El aumento de la financiación para hogares de cuidados prolongados desde 1996 ha superado por un margen sustancial el aumento de población de más de 65 años.

En el caso de Quebec, los datos del cuadro siguiente muestran todos los gastos del programa sobre la pérdida de autonomía por envejecimiento, e indican que el crecimiento promedio anual, sobre una base comparable y en dólares constantes, ha sido un 0,5% superior al de la población de 65 años o más. Cabe señalar que en los gastos públicos para instalaciones de cuidados prolongados, es importante tener en cuenta todos los servicios, incluidas la atención domiciliaria, y no sólo la atención en instituciones.

Programa sobre la pérdida de autonomía por envejecimiento

	1997-1998 (real)	2003-2004 (real)	2004-2005 (posible)	Variación media anual (de 1997-1998 a 2004-2005)
Gasto en miles de millones de dólares actuales	2.319	3.059	3.183	4,6 %
Gastos en miles de millones de dólares constantes 2004-2005	2.685	3.116	3.183	2,5 %
Número de personas de 65 años o más	890 276	1 000 688	1 021 777	2,0 %

Debe señalarse también que estas cifras no tienen en cuenta las mejoras de los programas para las personas de edad que ofrecen otros departamentos, como el programa de desgravaciones fiscales por ayuda a domicilio.

En noviembre de 2005, se publicó un Plan de acción para 2005-2010 relativo a los servicios para personas de edad con discapacidad creciente. En este Plan se prevé adaptar la organización de los servicios sociales y de salud mejorando la ayuda a domicilio y diversificando las fórmulas de alojamiento para que, a pesar de hacerse más frágiles e independientes, las personas de edad puedan seguir en sus hogares o en su comunidad. Por consiguiente, el alojamiento institucional se reservará progresivamente a las personas con problemas clínicos complejos.

En el período de seis años comprendido entre 2000 y 2005, la población de personas de 65 años o más en el Yukón aumentó en un 27%. En el mismo período, el gasto en centros de cuidados prolongados aumentó en un 80%.

41. Sírvanse facilitar información sobre la salud de las personas sin hogar e indicar qué programas concretos se han adoptado para mejorar el acceso de esas personas a la asistencia sanitaria.

La información relativa a las iniciativas federales, provinciales y territoriales sobre las personas sin hogar figuran en la sección sobre el artículo 11 del quinto informe presentado por el Canadá sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en la sección sobre el artículo 6 del quinto informe periódico sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Las dificultades metodológicas asociadas a la naturaleza transitoria de la falta de vivienda han obstaculizado las investigaciones destinadas a cuantificar el estado de salud de las personas sin hogar en el Canadá. Las investigaciones emprendidas por el Canadá en grandes centros urbanos indican que hay unas tasas mayores de mortalidad; tasas más altas de enfermedades agudas y crónicas (como tuberculosis, hepatitis y diabetes no tratada) y un mayor riesgo de ser víctimas de la violencia o sufrir heridas que la población general (Hwang, 2001). Asimismo, en el Canadá las personas sin hogar sufren de manera desproporcionada problemas de alcoholismo y de salud mental, y tienen dificultades para acceder a los servicios de salud (Frankish, 2003).

La Iniciativa Nacional para las Personas Sin Hogar (que se reseña en el quinto informe periódico presentado por el Canadá sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) ha financiado varios proyectos relacionados con la salud:

La Sociedad de Hostelería de Portland ha creado una serie de seminarios introductorios en película y vídeo para jóvenes sin hogar o en riesgo de estar sin hogar, y administra programas de salud y otras formas de asistencia diaria para las personas acogidas y la comunidad en general;

El Ejército de Salvación brinda servicios de salud primarios que comprenden servicios de medicina preventiva;

La Kelowna Gospel Misión Society obtuvo financiación para renovar parte de sus instalaciones y transformarlas en clínica dental, y para pagar el salario de un coordinador del proyecto y el costo de los equipos y suministros necesarios;

El Centro de salud de los aborígenes de Wabano obtuvo financiación para contratar a un especialista cualificado en divulgación encargado de la intervención en caso de toxicomanía, la gestión de casos de adicción, la información y el apoyo cultural, y el acceso a los servicios de salud primaria;

El centro de salud comunitaria, “La Clínica de la esquina” ofrece servicios de salud y sociales accesibles y adecuados para la población aislada de la ciudad de Greater Sudbury. La clínica se ocupa de las personas que viven aisladas y las personas sin hogar en colaboración con los órganos comunitarios para ofrecer servicios de atención primaria mediante actividades de promoción y prevención en materia de salud;

Existen cuatro componentes generales del proyecto de salud en el centro de la ciudad de Ottawa: coordinación de casos y atención ambulatoria, atención paliativa, atención especial y gestión de casos del programa contra el alcoholismo;

La Fundación clínica comunitaria de salud en las calles asiste a sus clientes para que obtengan o renueven su tarjeta sanitaria y otros documentos de identificación, y les ofrece un lugar seguro para guardarlos.

Asimismo, el Organismo de salud pública del Canadá facilita fondos a varios programas de apoyo a medidas para una comunidad específica y basadas en necesidades, como el programa de acción comunitaria contra el VIH/SIDA, el programa de prevención, de apoyo e investigación de la hepatitis C, el programa de embarazos sanos y de lactancia materna (programa de nutrición prenatal del Canadá) y el programa de desarrollo durante la primera infancia (programa de acción comunitaria para la infancia y de asistencia para niños aborígenes). Estos programas comprenden servicios de fomento de la salud y servicios preventivos, y facilitan el acceso a los servicios de salud y sociales de las personas en situación de riesgo, como las que viven en la calle o corren el riesgo de quedarse sin hogar.

En Alberta, la financiación de los servicios de salud regionales y la subsiguiente asignación de crédito a los servicios de base comunitaria que atienden las necesidades de la población sin hogar han aumentado constantemente en consonancia con las necesidades de salud de la población. Alberta ha aumentado el gasto en relación con todos los servicios de salud permanentes, comunitarios, y de ayuda domiciliaria de 754 millones de dólares en 1999-2000 a más de 1.000 millones en 2000‑2005. Entre 2000 y 2004 en Alberta se introdujeron mejoras en el sistema de atención de la salud mediante varios proyectos experimentales de innovación en materia de salud en la comunidad para aumentar el acceso a los servicios de salud mental de determinados grupos como las personas sin hogar de Calgary. Se ha observado que la situación de los clientes pobres o sin hogar mejora cuando se brindan servicios psiquiátricos en los centros de salud comunitarios.

En Columbia Británica se ofrecen los programas siguientes:

El Centro de Columbia Británica para la lucha contra las enfermedades administra el programa de prevención de las enfermedades de transmisión sexual/SIDA en las calles, que ofrece prevención de las enfermedades, educación, análisis, diagnósticos y gestión de las enfermedades en las clínicas y organismos locales para todos los grupos de riesgo comprendidas las personas sin hogar;

Las personas sin hogar de las grandes zonas urbanas disponen de servicios móviles de emergencia en materia de salud mental y adicciones administradas por las autoridades sanitarias;

Los servicios de salud públicos ofrecen posibilidades de enlace y apoyo por conducto de diversos organismos sin fines de lucro que atienden a las personas sin hogar;

En varios lugares hay clínicas especializadas que facilitan servicios de salud primaria en la calle. En Vancouver existe también un centro de venopunción supervisada.

Otras iniciativas de servicios de salud particularmente adaptados a las personas sin hogar son los programas de intercambio de jeringuillas y la cofinanciación de refugios de emergencia con el Servicio de la vivienda de Columbia Británica.

En 2003-2004, el Servicio de salud de Manitoba proporcionó financiación a las autoridades sanitarias regionales por valor de 400.000 dólares destinados a puestos de personal de los servicios de vivienda para el desarrollo y aplicación de programas de vivienda destinados a enfermos mentales. Esta financiación es reflejo del enfoque adoptado por Renovación salud mental, que da prioridad a las necesidades de vivienda de las personas con trastornos mentales.

Todas las autoridades sanitarias regionales de Manitoba ofrecen programas de apoyo a la vivienda y la comunidad, de los que pueden beneficiarse las personas con dificultades para llevar una vida independiente por problemas de salud mental. Los programas de asistencia a la vivienda (no basados en centros) asisten en la elección, obtención y mantenimiento de una vivienda en la comunidad. Otras opciones del servicio de vivienda van desde los centros de asistencia domiciliaria (que brindan toda una serie de servicios como preparación de comidas, administración de medicamentos, lavandería y asistencia con las tareas diarias) hasta opciones de vivienda supervisada (concentradas en la rehabilitación y la adquisición de aptitudes para vivir independientemente en la comunidad).

Otros recursos disponibles para atender las necesidades residenciales y de salud mental de las personas con enfermedades mentales son las dependencias de estabilización de urgencia y los hogares-refugio. Las dependencias de estabilización de urgencias son espacios comunitarios de intervención a corto plazo para personas que necesitan asistencia especializada en relación con su salud mental, pero no hospitalización. Esas dependencias suelen contar con un enfermero de guardia que asiste en la administración de medicamentos y otras cuestiones médicas y psiquiátricas. La estancia de una persona en estas dependencias varía considerablemente pero no suele superar las dos semanas. Los hogares-refugio son entornos residenciales a corto plazo para personas que necesitan un entorno de atención y apoyo que las ayude a superar una crisis emocional o de salud mental. Los hogares-refugio suelen estar atendidos por sus beneficiarios y no suelen contar con experiencia de asistencia suficiente para hacer frente a crisis psiquiátricas graves.

Además de estos programas, Manitoba brinda toda una serie de servicios de salud mental en la comunidad a cargo principalmente de las autoridades sanitarias regionales. Éstos comprenden servicios de gestión de casos como salud mental en la comunidad, gestión intensiva de casos y el programa de tratamiento asertivo comunitario (Winnipeg). Además de facilitar un abogado, estos servicios ayudan a las personas con enfermedades mentales graves y persistentes a alcanzar sus objetivos personales de recuperación, que comprenden la búsqueda y mantenimiento de una vivienda adecuada.

El gobierno de Nueva Brunswick ofrece varios programas para mejorar el acceso a los servicios de salud. Los centros de salud de la comunidad y las consultas en régimen de colaboración ofrecen servicios a personas que no tienen un médico de cabecera. Algunos se han concebido para atender particularmente a las personas de zonas de bajos ingresos. También se brinda acceso mediante salas de urgencias y clínicas de consulta sin cita previa.

Todos los habitantes de Terranova y Labrador tienen igualdad de acceso a los servicios de salud. No hay programas concretos para las personas sin hogar, aunque el programa Iniciativa para las personas sin hogar del Gobierno federal facilitó fondos para construir un hogar para hombres de 16 a 29 años de edad en St. John's. Posteriormente, diversos organismos comunitarios de atención a la juventud participaron en la creación de un Departamento de servicios juveniles en el centro urbano vinculado al hogar para personas sin hogar. La creación del Departamento de servicios juveniles y las asociaciones con la comunidad que han surgido como resultado han repercutido positivamente en la salud de los jóvenes sin hogar. En el Departamento trabaja a media jornada un enfermero que puede solicitar consultas con un especialista y ocuparse del seguimiento de problemas corrientes de salud (es decir, enfermedades de transmisión sexual (ETS), contraconcepción, pruebas de embarazo, club de puericultura para jóvenes encintas y grupo de apoyo postnatal). El hogar ofrece a los hombres sin hogar información y acceso a los servicios de salud que puedan necesitar y los ayuda a acceder a varios servicios de salud (es decir, tarjeta de pago de medicamentos, transporte médico). Uno de los asociados para prestar servicios a los jóvenes ha creado en este Departamento un programa de divulgación en las calles (Community Youth Network), que apoyan todos los organismos asociados mediante un comité asesor y compartiendo sus recursos. El programa de divulgación en las calles está dirigido aunque no exclusivamente, a los jóvenes sin hogar o que trabajan o viven en la calle, a los que se ofrece información y la posibilidad de consultas médicas especializadas así como café, comidas ligeras y preservativos. El Comité SIDA de Terranova y Labrador, relacionado con este servicio, ha ampliado sus horas de atención médica para que el programa de atención en la calle pueda facilitar inmediatamente el acceso a servicios como el intercambio de jeringuillas, pruebas del VIH o ETS, el tratamiento de lugares de inyección, píldoras del día después y pruebas de embarazo. Existen también varios grupos encargados de la preparación para la vida cotidiana y personal de muchos organismos que trabajan en el Departamento para atender a los jóvenes y darles información, o remitirlos a consultas médicas especializadas para el tratamiento de sus problemas de salud.

En Quebec la tarjeta del seguro de salud permite acceder libremente a los profesionales de la salud del sistema público. Por consiguiente, las personas sin hogar pueden ser atendidos por doctores, enfermeros, asistentes sociales, farmacéuticos y otros profesionales gratuitamente. Como indican los datos siguientes, el uso de estos servicios va en aumento.

Categorías de profesionales consultados en un período de dos semanas

Profesionales	Población general (%)	Población estudiada (indigentes) - %
Médico generalista	11,6	22,2
Médico especialista	6,7	17,6
Enfermero	1,6	15,1
Asistente social o consejero equivalente	0,8	15,0
Farmacéutico	4,3	13,2
Psicólogo	1,2	6,4
Fisioterapeuta o ergoterapeuta	0,9	1,8

En el caso de las personas sin hogar de Montreal, la red de servicios de salud tiene desde hace muchos años un equipo externo de enfermeros y asistentes sociales y un equipo externo de asistentes especializados. Se ofrece también un programa de tratamiento antirretrovírico supervisado para luchar contra el SIDA entre las personas sin hogar. Estos servicios se añaden a los que ya ofrecen 43 centros en Montreal, 24 de los cuales ofrecen alojamiento.

En la ciudad de Quebec, existe un equipo especializado que brinda apoyo biológico, psicológico y social a las personas sin hogar. Las numerosas organizaciones comunitarias que asisten a estas personas cuentan con el apoyo de la red de servicios de salud. Existen varias asociaciones para atender mejor a este grupo de población, como Réseau d’échange et d’informations sur les gangs de rue, la Table de concertation en itinérance et le Regroupement pour l’aide aux itinérants et itinérantes de Québec. Estas iniciativas se añaden a los servicios que facilitan 18 centros de asistencia, nueve de los cuales ofrecen servicios de alojamiento.

Tanto en la ciudad de Quebec como en Montreal existen servicios de salud en los refugios para los personas sin hogar. Debe destacarse también la importantísima labor que realizan los asistentes sociales en la calle.

El Yukón financia una gran variedad de programas para mejorar el acceso de los indigentes a los servicios de salud y sociales, lo que comprende los asistentes externos de la Asociación de servicios familiares del Yukón y el Centro de enfermedades contagiosas, la financiación al refugio del Ejército de Salvación, el Programa de familias sanas y el Servicio externo de clínicas de salud pública.

42. ¿Qué disposiciones ha tomado el Gobierno Federal para seguir la recomendación del Relator Especial de la Comisión de que se adopten medidas de emergencia para dar solución al problema de las elevadas tasas de diabetes, tuberculosis y VIH/SIDA entre la población aborigen, y de que el suicidio en ese grupo de población se trate como una cuestión social prioritaria?

La información sobre las iniciativas del Gobierno del Canadá para mejorar la salud de los pueblos aborígenes figura en los párrafos 148 a 150 del quinto informe periódico del Canadá sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En febrero de 2005, el Gobierno del Canadá confirmó nuevas inversiones de 700 millones de dólares en cinco años para iniciativas de salud de los aborígenes, que comprendían 190 millones de dólares para organizar e impulsar la Iniciativa sobre la diabetes en la comunidad aborigen, aumentar la financiación de las actividades de prevención, fomento, diagnóstico y atención, la creación de capacidad, investigación y vigilancia de la diabetes y sus complicaciones, y 65 millones de dólares para una estrategia de prevención del suicidio entre los jóvenes aborígenes, y aumentar la resistencia y reducir los riesgos de suicidios juveniles entre los aborígenes con actividades de prevención, intervención temprana e intervención en caso de crisis.

Como parte de la Iniciativa federal contra el VIH/SIDA, en 2004-2005 se destinaron 242.000 dólares a las regiones para apoyar las actividades de prevención, educación y sensibilización, reforzar la atención en las comunidades y a las redes de apoyo de las reservas para las personas de las primeras naciones que viven con el VIH. En 2005-2006, cada región recibió fondos especiales para salarios para ayudar a las comunidades de primeras naciones a reforzar sus programas sobre el VIH/SIDA.

Asimismo, la Oficina de Salud Pública del Canadá financia anualmente la Red de aborígenes canadienses contra el SIDA para preparar y realizar una campaña de sensibilización nacional de los aborígenes el Día Mundial del SIDA. Las publicaciones están en inglés, francés e inuktituk. Asimismo, la Oficina de Salud Pública del Canadá financia algunos proyectos sobre educación preventiva de la Asociación nacional de mujeres inuit con publicaciones en inuktituk.

Dado que la tasa de tuberculosis es considerablemente mayor entre las primeras naciones que entre los canadienses no aborígenes, la Oficina de Salud Pública del Canadá ha puesto en práctica una estrategia de erradicación de la tuberculosis para reducir esas tasas al promedio nacional. La estrategia apoya la vigilancia continua, la gestión centralizada de casos, la terapia de observación directa en casos de enfermedad, un registro de la tuberculosis y un sistema controlado de suministro de medicamentos.

Los gobiernos provinciales y territoriales organizan también actividades contra la diabetes, la tuberculosis y el VIH/SIDA entre la población aborigen. La información pertinente figura en el quinto informe periódico presentado por el Canadá en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Columbia Británica (párrafo 203), Saskatchewan (párrafos 286 a 289), Manitoba (párrafo 312), Ontario (párrafo 363), Quebec (párrafos 425 a 428), Nueva Escocia (párrafos 498 a 499) e Isla Príncipe Edward (párrafo 532).

Las iniciativas provinciales para la prevención de los suicidios entre las poblaciones aborígenes figuran en el quinto informe periódico presentado por el Canadá en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Quebec (párrafo 313), Ontario (párrafos 389 a 390), Manitoba (párrafo 448), Saskatchewan (párrafo 513), Alberta (párrafo 568) y Columbia Británica (párrafos 647 a 648).

A continuación se facilita más información.

El gobierno de Alberta ha establecido una estrategia interministerial para la prevención del suicidio entre los jóvenes aborígenes en el marco de la iniciativa para niños y jóvenes de Alberta con la que se ayuda a las comunidades aborígenes a reducir los suicidios entre los jóvenes aborígenes de Alberta. El enfoque fundamental de esta estrategia es reconocer que los métodos empleados deben ser los más adecuados para que la comunidad aborde por sí misma los complejos problemas que la afectan. Los objetivos de la estrategia son los siguientes:

Ayudar a las comunidades aborígenes a determinar cuáles son sus puntos fuertes y aumentar su capacidad para prevenir el suicidio juvenil;

Apoyo a un plan provincial de educación y capacitación que fomente la prevención del suicidio, el establecimiento de relaciones y la movilización de la comunidad;

Formular una estrategia de sensibilización y educación en asociación con las comunidades para sensibilizar a la población y estimular la adopción de medidas de prevención del suicidio juvenil entre los aborígenes;

Establecer alianzas que fomenten la investigación y la evaluación de programas que sirvan de base para la planificación futura.

En 2005-2006 se brindó apoyo a tres centros experimentales para la creación de planes de acción para potenciar los puntos fuertes de las comunidades, centrados en la prevención y en el aprovechamiento de los recursos basados en la comunidad. Cada uno de estos centros experimentales ha comenzado a poner en práctica sus planes de acción. Los resultados preliminares son positivos y se está ganando impulso para seguir brindando apoyo a los niños y jóvenes y crear capacidad comunitaria. Se espera que surjan unas prácticas prometedoras que puedan compartirse de manera más general para prevenir el suicidio entre los jóvenes aborígenes. En 2006-2007 se dará apoyo financiero durante tres años a otras tres comunidades aborígenes.

Con fondos y apoyo del Servicio de Salud y Bienestar de Alberta, la Asociación Canadiense de la Diabetes está aplicando una campaña completa de tres años para la prevención de la enfermedad. Esta campaña incluye un amplio elemento de sensibilización en los medios de comunicación acerca de los factores de riesgo entre los habitantes de Alberta. Esta campaña, que se lleva a cabo en toda la provincia, tiene como fin informar sobre la diabetes del tipo 2. La campaña en los medios de comunicación se dirige a la población en general, así como a las familias y jóvenes aborígenes.

El Fondo comunitario de Alberta para el VIH consiste en un modelo de fondo de prestaciones conjunto comunitario-provincial-federal creado tras consultar con representantes de las organizaciones comunitarias de Alberta preocupadas por el VIH, las personas que viven con el VIH/SIDA, las autoridades sanitarias regionales y los departamentos de salud provinciales y federales. El fondo está administrado por el Consejo Comunitario de Alberta para el VIH, una asociación de 15 organizaciones comunitarias sin fines de lucro preocupadas por el VIH que se expresan con una sola voz en la provincia acerca de las cuestiones relativas al VIH, ofrecen oportunidades de capacitación y participan en actividades de desarrollo comunitario y organizativo.

Además de la información que se facilita en el quinto informe periódico presentado por el Canadá en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre la incidencia y prevalencia de la diabetes en Manitoba (párr. 313), cabe señalar que el Gobierno está poniendo en práctica una evaluación de los factores de riesgo de diabetes y enfermedades crónicas que abarca a las personas bajo riesgo de contraer la diabetes o que la han contraído.

Nueva Brunswick ofrece varios programas a sus habitantes (comprendida la población aborigen) cuyo objetivo es evaluar las condiciones de salud antes mencionadas.

En Terranova y Labrador la estrategia general de tratamiento de los innus de Labrador, financiada por el Gobierno del Canadá, comenzó a aplicarse en noviembre de 2000 para ocuparse de las condiciones sanitarias y socioeconómicas de los innus. Las cinco esferas tratadas han sido la salud en la comunidad, el traslado de la reserva de Mushuau, el registro y creación de reservas, programas y servicios, y las políticas comunitarias. Se está debatiendo ya la segunda etapa de la estrategia. Además, en el presupuesto para 2004, la provincia aumentó en 500.000 dólares la financiación anual del Consorcio de salud de Labrador para mejorar los servicios sociales en las comunidades aborígenes.

La provincia, los Servicios de Salud Pública del Canadá y las comunidades aborígenes han estado cooperando en materia de capacitación para prevenir el suicidio en las comunidades aborígenes. En colaboración con el programa Whitestone, en noviembre y diciembre de 2003 se capacitó a 37 jóvenes y proveedores de servicios innus e inuits. El personal de Whitestone también ha estado capacitando a proveedores de servicios y a las comunidades aborígenes para establecer una estrategia de prevención de suicidios en Labrador. En el programa se enseña a los jóvenes adultos y a los cuidadores de la comunidad y se los capacita para impartir sesiones educativas sobre la prevención del suicidio a otros jóvenes de su comunidad de origen. La provincia ha estado colaborando con el Gobierno del Canadá y los innus e inuits de Labrador para estudiar muchos factores de riesgo asociados con el suicidio:

En diciembre de 2002 se trasladó a los innus Mushuau de Davis Inlet a Natuashish para solucionar problemas de vivienda y calidad del agua;

El Gobierno dedicó 21 millones de dólares a mejorar las viviendas y otras infraestructuras de las comunidades inuits.

La primera nación de los innus mushuau y la primera nación de los innus sheshatshiu quedaron inscritas como bandas con arreglo a la Ley sobre la comunidad aborigen en 2002, y en diciembre de 2003 se creó una reserva para los natuashish mientras que se está creando otra para los sheshatshiu;

La provincia ha estado colaborando con el Gobierno federal, con la nación innu y los consejos de bandas para la elaboración de estrategias de tratamiento a largo plazo;

La provincia también ha colaborado con las bandas de los innus y el Gobierno federal para traspasar programas y servicios a los innus en los casos en que hayan desarrollado la capacidad para administrarlos;

La provincia ha apoyado la construcción de centros recreativos comunitarios en las comunidades innus y ha estado trabajando con las comunidades inuits en iniciativas recreativas;

La provincia tuvo que negociar acuerdos de repercusiones y ventajas con los innus y los inuits antes de dar inicio al proyecto de Voisey’s Bay. Los acuerdos comprenden indemnizaciones en efectivo, creación de numerosas oportunidades de empleo y de comercio, oportunidades de capacitación y formación, y otras ventajas para los innus y los inuits;

La provincia ha concertado un acuerdo sobre titularidad de tierras y autogobierno con los inuits de Labrador y sigue negociando un acuerdo parecido con los innus de Labrador. Estos acuerdos comprenden prestaciones económicas, autogobierno y disposiciones para proteger y fomentar la cultura aborigen.

En Saskatchewan, todos los ciudadanos con una tarjeta sanitaria válida pueden acceder a los servicios de salud mental y de urgencia, en los que se evalúa el riesgo de suicidio y se facilita estabilización y tratamiento. Los servicios en las reservas facilitados por conducto del programa federal de prestaciones no aseguradas permite financiar las intervenciones de crisis y estabilización.

Los instructores sobre prevención del suicidio de la Alianza para la sensibilización sobre el suicidio y programa de prevención de la zona sanitaria Regina Qu'Appelle facilitan formación continua para la prevención del suicidio a gran variedad de personas que prestan servicios a la población aborigen.

Artículos 13 y 14: Derecho a la educación

43. Sírvanse facilitar estadísticas comparativas desde 1998 sobre los derechos de matrícula y la deuda media por estudiante a nivel federal, provincial y territorial (informe, párrs. 474 y 2153). Sírvanse también realizar observaciones sobre la afirmación de que, durante el curso 2004-2005, el gobierno de Quebec redujo en 103 millones de dólares los préstamos y las becas, aumentando así la carga de la deuda de los estudiantes de nivel postsecundario más pobres de Quebec.

Tasas de matrícula

Tasas de matrícula promedio para estudios universitarios

de primer ciclo, por provincias

	2000/01	2004/05	2005/06
Dólares actuales
Canadá	3.447	4.140	4.214
Terranova y Labrador	3.737	2.606	2.606
Isla Príncipe Edward	3.499	4.374	4.645
Nueva Escocia	4.631	6.003	6.281
Nueva Brunswick	3.585	4.719	5.037
Quebec	1.819	1.888	1.900
Ontario	4.256	4.831	4.881
Manitoba	3.219	3.236	3.272
Saskatchewan	3.668	5.062	5.062
Alberta	3.907	4.940	5.125
Columbia Británica	2.592	4.735	4.874

Fuente: Oficina de Estadísticas del Canadá, Diario, 1º de septiembre de 2005, pág. 4.

Costo promedio de la matrícula en centros universitarios, por provincias

	2000/01	2004/05	2005/06
Canadá	1.935	2.355	2.395
Terranova y Labrador	1.452	1.452	1.452
Isla Príncipe Edgard	3.250	3.250	3.250
Nueva Escocia	1.625	2.400	2.500
Nueva Brunswick	2.400	2.500	2.600
Quebec *	-	-	-
Ontario	1.718	1.820	1.820
Manitoba	1.292	1.292	1.292
Saskatchewan	1.860	2.640	2.772
Alberta	2.383	3.199	3.199
Columbia Británica	1.433	2.638	2.674

Fuente: Ministerio de Educación Superior de Columbia Británica, Estudio comparativo interprovincial.

* En Quebec no hay tasas de matrícula para la enseñanza en institutos.

Deuda estudiantil

Deuda promedio de los alumnos universitarios de primer ciclo

en el momento de la consolidación (1998/99 - 2003/04)

	Año de préstamo
	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004
Canadá	16.468	16.460	17.837	16.771	18.936	20.358
Terranova	22.164	20.291	22.380	19.114	21.348	22.255
Isla Príncipe Edward	17.376	15.732	18.661	16.292	19.803	22.368
Nueva Escocia	15.044	17.388	20.447	20.033	21.555	22.617
Nueva Brunswick	19.450	19.533	20.559	19.345	21.070	21.900
Quebec	10.010	9.897	9.346	8.465	8.194	8.093
Ontario	17.586	18.006	20.050	19.218	19.406	19.464
Manitoba	13.906	13.335	13.729	12.809	14.867	15.883
Saskatchewan	17.100	16.624	17.429	16.826	19.095	20.638
Alberta	15.045	14.853	16.564	16.771	18.539	19.673
Columbia Británica	16.403	16.392	17.041	16.574	19.105	20.624
Yukón	10.608	12.441	11.509	10.723	14.568	18.158
Territorios del Noroeste

Deuda promedio de los alumnos universitarios de postgrado

en el momento de la consolidación (1998/99 - 2003/04)

	Año de préstamo
	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004
Canadá	20.341	21.198	22.734	21.518	27.052	27.457
Terranova	22.992	22.280	23.071	21.324	28.971	29.794
Isla Príncipe Edgard	21.765	22.294	23.097	23.442	28.177	27.170
Nueva Escocia	19.444	21.371	23.379	24.930	28.598	26.247
Nueva Brunswick	25.498	24.180	27.376	21.086	27.338	29.362
Quebec	10.010	9.897	9.346	8.465	8.194	8.093
Ontario	20.165	21.944	23.127	21.582	26.238	25.579
Manitoba	20.697	19.308	17.355	20.374	22.279	24.289
Saskatchewan	25.876	23.462	23.055	23.305	30.168	34.206
Alberta	19.747	20.086	20.406	21.506	25.662	26.397
Columbia Británica	20.638	22.515	23.742	23.023	26.677	27.782
Yukón	6.589	14.542	N/A	14.603	26.411	23.747
Territorios del Noroeste

En cuanto a los préstamos y becas del gobierno en Quebec en el ejercicio fiscal 2004-2005, el gobierno de Quebec reorganizó su presupuesto para convertir las becas en préstamos por un importe total de 103 millones de dólares. No puede hablarse de reducción, puesto que no ha habido modificación alguna de la cuantía total de asistencia financiera para la enseñanza (préstamos y becas), que ha aumentado de 670 millones de dólares en 2003-2004 a 684 millones en 2004-2005. Cabe señalar también que en Quebec las tasas de matriculación no han aumentado en muchos años.

La reorganización del presupuesto no afecta a la accesibilidad de la enseñanza secundaria y postsecundaria, puesto que el monto total de la asistencia a los alumnos permanece inalterado. Al mismo tiempo, la reorganización podría repercutir positivamente en la deuda estudiantil. Sin embargo, tras negociaciones con las asociaciones de alumnos, el gobierno de Quebec acordó restablecer los préstamos y becas de 2005-2006 y 2006-2007 a los niveles de 2003-2004.

44. Se ha informado de que sigue existiendo una gran diferencia entre la educación y las Primeras Naciones en las reservas y la del Canadá en su conjunto. Sírvanse facilitar información detallada sobre esa cuestión y describir las medidas adoptadas para reducir esta brecha, teniendo en cuenta el aumento de población previsto en las comunidades de las primeras naciones.

Aunque la diferencia entre la escolarización de los jóvenes de las primeras naciones y el resto de jóvenes canadienses se mantiene, se ha registrado una mejora significativa. En 1991 la tasa de finalización de estudios secundarios de los alumnos de las primeras naciones en reservas fue del 31,4%, que aumentó al 41,4 en 2001, una variación del 10%. En comparación, la tasa de finalización de estudios secundarios de toda la población canadiense aumentó en un 6,9% en el mismo período (del 61,8 al 68,7%). Aunque la tasa de finalización de estudios secundarios de los alumnos de las primeras naciones está por debajo de la tasa canadiense, lo positivo es que haya aumentado y que lo haga con rapidez. El número de personas de las primeras naciones (en reservas o no) con certificados, diplomas o grados postsecundarios aumentó del 20% al 23% entre 1996 y 2001. Para todos los canadienses, el aumento fue del 35% al 38%.

Se espera que en 2004-2005 el Programa de enseñanza postsecundaria llegará a unos 26.000 alumnos de las primeras naciones e inuits, a los que prevé dedicar 305 millones de dólares. Las organizaciones de las primeras naciones y los inuits administran prácticamente todos los fondos de la enseñanza postsecundaria.

El gobierno de Quebec ha tomado ciertas medidas para superar las diferencias en materia de enseñanza entre las primeras naciones y el resto de la población:

El Programa de apoyo a los miembros de las comunidades aborígenes facilita asistencia financiera a algunas universidades que desean ofrecer programas académicos adaptados a los alumnos aborígenes matriculados en su institución o bien ofrecer sus conocimientos especializados en esferas o sectores muy específicos de algunas comunidades aborígenes. El Ministerio de Educación asigna cada año 400.000 dólares a este programa.

El Programa de acogida e integración de aborígenes en el medio académico apoya las iniciativas de los centros de enseñanza general y profesional para aplicar medidas que faciliten el acceso a la enseñanza de los aborígenes en su primer año de estudios.

Además de estos programas, el gobierno de Quebec sufraga el 25% de los costos de funcionamiento y de inversión de la Junta escolar cree y la escuela naskapi, y el 75% de los costos de la Junta Escolar kativbik. El Gobierno federal sufraga el resto.

La información relativa al Plan de acción para la educación de los aborígenes de Manitoba figura en el párrafo 316 del Quinto informe periódico presentado por el Canadá en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Artículo 15: Derechos culturales

45. ¿Qué medidas se han adoptado para atender las inquietudes expresadas por el Relator Especial encargado de examinar las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia respecto del efecto discriminatorio de la Ley de idiomas oficiales para las personas de habla francesa no europeas en el Canadá? (Informe, párrs. 487 y ss).

El artículo 20 de la Carta y el artículo IV de la Ley de idiomas oficiales establecen claramente que en el Canadá cualquier persona tiene derecho a comunicarse con las instituciones federales y a obtener los servicios que ofrezca cualquier otra oficina o institución. Todos sin distinción, en particular por razón de su nacionalidad, raza, origen nacional o étnico, color o idioma materno, puede ejercer este derecho sin discriminación.

La medida estadística a que se hace referencia en el informe del Relator Especial no se emplea para identificar a personas con los derechos lingüísticos en cuestión. Es más, se emplea exclusivamente para determinar qué oficinas federales deben ofrecer servicios al público y comunicarse con él en los dos idiomas oficiales del Canadá. La aplicación constitucional, legislativa y reglamentaria de las lenguas oficiales en el Canadá no impone límite ni condición alguna al ejercicio por cualquier persona del derecho a estos servicios y comunicaciones.

46. Sírvanse proporcionar información más pormenorizada sobre los programas elaborados para preservar los idiomas aborígenes en el Canadá. ¿En qué medida están representadas las culturas aborígenes y minoritarias en los recursos educativos y los programas de estudio? (Informe, párr. 494).

La información sobre la Iniciativa en materia de idiomas aborígenes del Gobierno del Canadá por la que se apoya la revitalización y protección de las lenguas aborígenes figura en el quinto informe presentado por el Canadá en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (párrs. 155 a 158).

Los gobiernos provinciales y territoriales cuentan con numerosas iniciativas para proteger las culturas y los idiomas aborígenes y velar por que las culturas aborígenes y minoritarias estén representadas en los centros educativos y en el programa escolar de estudios. A continuación se exponen varios ejemplos de esas iniciativas.

La Oficina de Educación de Alberta se ocupa de la colaboración y las consultas proactivas con los padres y las comunidades de las primeras naciones, los métis y los inuits, así como otras partes interesadas importantes del sector educativo, del gobierno y de la comunidad para aplicar estrategias orientadas al alumno que permitan:

Aumentar y fortalecer los conocimientos y la comprensión entre todos los habitantes de Alberta pertenecientes a las primeras naciones, métis e inuits sobre el buen gobierno, la historia y los derechos reconocidos en tratados y de los aborígenes, así como sus tierras, cultura e idiomas;

Dar a los alumnos de las primeras naciones, métis o inuits acceso a oportunidades de aprendizaje culturalmente relevantes y a servicios de apoyo de alta calidad;

Crear capacidad ministerial para atender eficazmente las necesidades de aprendizaje de las primeras naciones, los métis y los inuits; y

Informar sobre los progresos en el logro de los resultados esperados a largo plazo para las primeras naciones, los métis y los inuits, y otros habitantes de Alberta;

Entre las iniciativas relacionadas con la protección de las lenguas aborígenes cabe señalar:

Cuatro cursos provinciales de idioma y cultura cree: un programa de estudios de doce años sobre el idioma y la cultura cree y un nuevo proyecto de programa provincial sobre la lengua y la cultura cree, así como programas de estudios de seis y tres años, que se están ensayando sobre el terreno;

Un nuevo programa de idioma y cultura de los piesnegros creado por la Junta de Educación de Kainai;

Recursos de la enseñanza secundaria para los piesnegros y los plains cree en cooperación con las autoridades de educación de las primeras naciones (es decir, la Junta de la reserva Blood y Treaty 6 Tribal Ventures);

Creación de cursos de idiomas stoney/nakoda;

Creación de un plan para la aplicación de las lenguas aborígenes por la Oficina de Educación de Alberta como parte de la iniciativa lingüística.

Se ha creado el primer programa provincial de estudios aborígenes en asociación con los ancianos, los educadores y el personal de la Oficina de Educación de Alberta. Los maestros disponen de tres recursos básicos para estudios aborígenes 10, 20 y 30. El contenido del curso de estudios aborígenes 10-20-30 trata de la historia y problemas actuales de las primeras naciones, los métis y los inuits desde una perspectiva de diversidad aborigen. En junio de 2005 Perspectivas Aborígenes -Estudios Aborígenes 10 recibió un premio de la Asociación de Editores de Alberta.

Asimismo, se están introduciendo en el programa de estudios sociales revisado el buen gobierno, la historia, los derechos de los tratados y aborígenes, las tierras, las culturas y los idiomas de las primeras naciones, los métis y los inuits. Actualmente se prevé también introducir otras asignaturas (como educación física, salud, gestión de la vida personal y profesional, matemáticas, ciencia e inglés y francés).

La Oficina de programas especiales de la Oficina de Educación de Alberta y la Oficina de servicios para los aborígenes han terminado la creación de un nuevo recurso denominado "Nuestro mundo, a nuestra manera: enseñanza de los alumnos de las primeras naciones, métis e inuits". Este recurso ayudará a los maestros a presentar las perspectivas de los aborígenes en el marco del programa de estudios básico.

Para ayudar a conservar los idiomas de las primeras naciones y lenguas minoritarias en Columbia Británica, el Ministerio de Educación creó en 1997 un modelo para el desarrollo de los idiomas para ayudar a las culturas aborígenes y minoritarias a crear programas de estudios de sus idiomas. Además del modelo de programa de estudios, el documento comprende una extensa sección sobre la forma de determinar los resultados del aprendizaje, estrategias pedagógicas y de evaluación y unidades de muestreo.

Se han aprobado siete programas de estudios de idiomas de primeras naciones y de minorías (árabe, italiano y coreano), cuatro programas de estudios de los idiomas de las primeras naciones, y uno de lenguas de minorías se encuentran en diversas etapas de preparación.

El Ministerio de Educación se ocupa de la representación de las culturas de las primeras naciones y las minorías tanto en la creación de los programas de estudios como en la evaluación y selección de recursos pedagógicos. Siempre que es posible, las primeras naciones y las minorías están representadas en los equipos de creación y revisión de programas de estudios de todas las asignaturas. Existe un curso de estudios sociales, estudios de las primeras naciones de Columbia Británica 12, traducido también al francés. Además, la Subdivisión para la mejora de la educación de los aborígenes, dependiente del Ministerio, revisa en varias etapas de su creación todos los documentos de los programas de estudios.

Los evaluadores o creadores de recursos didácticos específicos para Columbia Británica evalúan cada recurso mediante criterios que se refieren específicamente a las culturas aborígenes y minoritarias. Los recursos pedagógicos con un contenido sustancial referente a las primeras naciones o a las minorías son evaluados también por la Subdivisión para la mejora de la educación de los aborígenes o por expertos de cada cultura minoritaria.

El Departamento de educación, ciudadanía y juventud de Manitoba ha tomado diversas medidas para apoyar las lenguas aborígenes y para incluir las perspectivas aborígenes en los recursos didácticos y en los programas de estudios. Seguidamente se reseñan las medidas adoptadas (véase también el párrafo 316 del quinto informe periódico presentado por el Canadá en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales):

Algunas divisiones escolares de Manitoba emplean los fondos para el avance académico de los aborígenes para apoyar los programas de idioma aborigen en las escuelas;

La Fundación para el avance académico de los aborígenes en colaboración con sus padres apoya a varias escuelas de Manitoba que procuran activamente una mayor participación de los padres y de las familias de alumnos aborígenes en la educación dando prioridad a actividades adecuadas de participación cultural;

Se está creando una guía titulada "Ayude a su hijo a tener éxito en la escuela: Guía para padres y familias de alumnos aborígenes" con consejos prácticos para que los padres participen en la educación y el avance escolar de los hijos en asociación con el personal docente. En esta guía se insiste en la integración de las lenguas y culturas aborígenes en todos los aspectos de la educación;

Integración de las perspectivas aborígenes en los programas de estudios: En 2003 se creó un recurso pedagógico para los encargados de la creación de programas de estudios, maestros y administradores con el fin de ayudarlos a integrar las perspectivas aborígenes desde el jardín de infancia hasta el grado cuarto de la escuela secundaria;

El presupuesto de asistencia al alumnado de Manitoba prevé 73.500 dólares para subvencionar programas de lenguas aborígenes de Manitoba Incorporated, una organización sin fines de lucro que fomenta la protección de las siete lenguas aborígenes de Manitoba en las escuelas, las instituciones de enseñanza postsecundaria pública y las comunidades;

La Universidad del Norte (UCN) prevé en su plan de desarrollo un centro de idiomas aborígenes;

Los alumnos del programa de pedagogía de la UCN recibirán instrucción en el idioma cree como parte del programa de estudios;

El Departamento de educación, ciudadanía y juventud de Manitoba es parte en el proceso del Protocolo del Oeste y el Norte del Canadá que ha creado el marco común de programas de estudios para el idioma aborigen y los programas culturales y actualmente está creando programas de estudios específicos para las lenguas aborígenes de Manitoba;

El programa de estudios sociales prevé resultados concretos en materia de perspectivas aborígenes;

Se ha creado y puesto a disposición de los maestros de algunos grados un juego de recursos titulado "Incorporación de las perspectivas aborígenes: Un programa de estudios temáticos";

En 2004 se inició un plan de acción, todavía en curso, para la educación de los aborígenes; y

En 2003 se publicó un Plan de acción para la igualdad etnocultural.

Asimismo, el Departamento de cultura, patrimonio y turismo de Manitoba ha establecido los programas siguientes:

El programa de iniciativas culturales aborígenes (2004-2005) que apoya las actividades artísticas y culturales; y

La Iniciativa para la educación artística de los aborígenes, que apoya iniciativas de educación artística, capacitación y de perfeccionamiento de aptitudes individualmente o mediante asociaciones con organizaciones artísticas comunitarias, organizaciones de servicios a la comunidad, escuelas, centros de capacitación y organizaciones artísticas profesionales. Las directrices del programa se establecerán en colaboración con los consejos asesores del Ministro (véase el párrafo 317 del quinto informe periódico presentado por el Canadá en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).

En Nueva Brunswick, el Departamento de Educación ha puesto en marcha varias iniciativas relativas a la educación de los alumnos de las primeras naciones que asisten a escuelas públicas. Como parte del Programa de aprendizaje de calidad, se presta especial atención a los alumnos de sexo masculino y de las primeras naciones. El Departamento está creando estrategias y objetivos de alfabetización orientados concretamente al alumnado de las primeras naciones.

El Departamento aumenta los recursos destinados al establecimiento de asociaciones con las comunidades mi'kmaq y maliseet con destino a iniciativas educativas para los niños de las primeras naciones. Los grupos de debate, en los que participan representantes del Departamento de Educación, de los distritos escolares y de las primeras naciones, se organizaron en 2003‑2004 para ocuparse de las cuestiones relacionadas con el aprovechamiento académico de los alumnos de las comunidades de las primeras naciones. El programa "Escuelas de calidad, altos resultados" tiene por objeto mejorar la tasa de graduación de los alumnos de las primeras naciones; el grupo de debate constituye un foro en el que pueden comentarse iniciativas.

El Departamento colabora con las comunidades de las primeras naciones para mejorar los resultados de estos alumnos en el sistema de enseñanza pública y los de los alumnos matriculados en las escuelas de su comunidad. El Departamento seguirá velando por que la programación de las escuelas públicas sea sensible a los aspectos culturales y apoye los programas de estudios y los servicios específicos, como los cursos de idiomas y las actividades de sensibilización cultural. Se está creando un plan de acción para facilitar la transición de los alumnos de las primeras naciones que ingresan en el sistema de enseñanza pública.

La iniciativa para la educación de Nueva Brunswick es otro ejemplo de las iniciativas del Departamento de Educación para que, por conducto del Programa de enseñanza de calidad, los alumnos alcancen los mejores resultados posibles. La iniciativa para la educación de Nueva Brunswick es una alianza de 14 primeras naciones de la provincia que cooperan para resolver cuestiones como los acuerdos sobre tasas de matriculación, el acceso a servicios de educación especial y las relaciones entre las primeras naciones y el Departamento de Educación y los distritos escolares locales. En el Comité están también representados el Departamento de asuntos de los indios y los territorios del Norte de Canadá, la Oficina de asuntos de los aborígenes de Nueva Brunswick y el Departamento de Educación. El Gobierno federal aportará 400.000 dólares a la iniciativa para la educación en Nueva Brunswick, y la aportación de la provincia comprende un especialista en pedagogía de los aborígenes, conocimientos especializados y capacitación profesional.

En Terranova y Labrador se están emprendiendo iniciativas coordinadas para proteger el idioma aborigen, incluso mediante una iniciativa de la Memorial University, que pronto publicará el primer diccionario innu-eimun de la historia.

Las dos escuelas innu de la provincia imparten enseñanza en inglés y en innu-eimun. Se trata de la escuela Peenamin McKenzie, en Sheshatshui, y la escuela Mushuau innu Natuashish, en Natuashish. Las dos escuelas ofrecen distintos niveles de apoyo a los niños en el idioma innu-eimun. En la escuela Peenamin McKenzie de Sheshatshiu se imparte enseñanza intensiva en innu-eimun e inglés en los grados elementales. Los alumnos de los grados elementales reciben diariamente 30 minutos de instrucción en innu-eimun, mientras que los alumnos de grados intermedios tienen unas tres horas semanales de enseñanza en este idioma. En la escuela Mushuau innu de Natuashish hay seis maestros adjuntos que asisten al personal docente de los grados primario y elementales. Estos asistentes interpretan del inglés cuando los alumnos lo necesitan. También se alienta a estos asistentes a enseñar el idioma innu-eimun a los alumnos. En la escuela Jens Haven Memorial de Nain hay también niveles de enseñanza media en inuktitut para los alumnos innuit.

El nuevo programa de estudios sociales de las provincias atlánticas prevé resultados específicos en relación con las poblaciones aborígenes. Además, el programa de estudios ofrece numerosas oportunidades para impartir conocimientos relacionados con estas poblaciones. El Departamento de Educación de Terranova y Labrador tiene previsto aplicar el programa de estudios de las provincias atlánticas en su totalidad, salvo en los grados quinto y octavo, en los que se profundizará en los estudios sociales y la historia de la provincia, incluida la historia de las poblaciones aborígenes.

En el actual programa de estudios sociales se presta especial atención a promover la comprensión y la apreciación del papel de los grupos aborígenes, de primeras naciones y minoritarios y sus contribuciones en el Canadá y la provincia de Terranova y Labrador. Por ejemplo, el programa de estudios sociales de las escuelas primarias y elementales, fomenta el conocimiento y la comprensión sobre cómo han contribuido al desarrollo de la comunidad, la provincia y el país, las personas pertenecientes a culturas aborígenes de las primeras naciones o minoritarias (pasadas y actuales). Con la reciente aplicación del programa de estudios sociales de enseñanza primaria y el actual programa de enseñanza elemental para los grados 3 (Viajes y descubrimientos: Vivir en Terranova y Labrador), grado 4 (Comunidades de nuestro mundo) y grado 5 (La Costa atlántica: Vivir en Terranova y Labrador) se promueve el estudio de los grupos aborígenes de las primeras naciones o minoritarios en Terranova y Labrador.

Estos temas y conceptos se perfeccionan en el nivel intermedio. Los alumnos se concentran en el estudio de Terranova y Labrador en el grado 8 (Historia de Terranova y Labrador) y el grado 9 (el Canadá atlántico en la comunidad mundial) y en el curso de Historia del Canadá para alumnos de enseñanza media. Además, los maestros disponen de numerosos recursos y oportunidades para impartir conocimientos sobre las poblaciones aborígenes en los programas de literatura, religión y bellas artes. Por ejemplo, el Departamento de Educación colabora con las divisiones de museos, galerías de arte y archivos provinciales de “The Rooms” para crear módulos didácticos electrónicos dedicados a los grupos aborígenes. Recientemente se ha terminado un perfil de los pueblos innus en el Labrador y Quebec.

El Gobierno colabora también con el Consejo de las bandas nativas del río Conne para crear un curso de estudios mi'kmaq destinado a los alumnos de enseñanza media en el que valora y pone de relieve la importancia de un patrimonio cultural, y la necesidad de proteger su idioma y tradiciones.

Por último, cabe señalar que hay un especialista de programas en la Junta escolar de Labrador que se ocupa exclusivamente de la enseñanza de los aborígenes y que el Departamento de Educación ha contratado a un asesor en educación aborigen para que cree programas de estudios más adecuados a la cultura de estos alumnos.

Puede obtenerse más información sobre la Ley de idiomas oficiales de los Territorios del Noroeste en el quinto informe periódico presentado por el Canadá en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (párrafo 610).

Ontario dispone de una política y un programa en materia de lenguas aborígenes desde septiembre de 1987. La política para la enseñanza de lenguas aborígenes en las escuelas de Ontario fue la respuesta del Gobierno a las inquietudes planteadas por varias comunidades de las primeras naciones que temían perder sus idiomas y culturas. El Gobierno estimó que las escuelas debían contribuir a recuperar y revitalizar estas lenguas.

El programa de lenguas aborígenes consta de un programa de estudios para los grados 1 a 12. Este programa puede impartirse en cualquiera de los idiomas siguientes: cayuga, cree, delaware, mohawk, ojibwe, oji-cree y oneida. Todos los programas deben impartirse durante la jornada escolar normal, a diferencia de los programas de lenguas ancestrales, que se imparten fuera del horario lectivo o durante los fines de semana.

Se han establecido programas de capacitación de maestros de lenguas aborígenes para apoyar este programa.

En cuanto a la representación de las culturas aborígenes en el programa de estudios, se presta mayor atención a las perspectivas aborígenes en el proceso de examen y revisión de los programas de estudios de Ontario, actualmente en curso, comenzando por los programas de estudios revisados de estudios sociales, historia y geografía para los grados 1º a 8º y los cursos de historia, geografía, economía, derecho y política para los grados 9º a 12º. Según el nuevo programa de estudios los libros de texto deben cubrir como mínimo el 85% de los objetivos del programa, por lo que sus creadores pueden incluir contenidos relacionados con los aborígenes para alcanzar objetivos concretos.

En Quebec, la firma en 1975 del Tratado de James Bay y Quebec Septentrional condujo a la creación de la Junta Escolar Cree para los cree y la Junta Escolar Kativik para los inuits. Tres años después, se estableció la escuela Naskapi tras la firma del Acuerdo del Quebec Nororiental. Estas organizaciones tienen determinadas competencias, en particular la posibilidad de concertar acuerdos de educación postsecundaria y la creación de cursos, manuales, material didáctico y programas de capacitación de maestros para proteger el idioma y la cultura aborígenes. Asimismo, en 2000, el gobierno de Quebec y el Consejo de la nación huron‑wendat firmaron un acuerdo por el que el Ministro de Educación establecía un Centro de enseñanza para adultos administrado por esta nación.

Se ha establecido un marco de deliberación con cada una de estas organizaciones y el Ministerio de educación, ocio y deportes de Quebec para velar por el éxito académico de los alumnos aborígenes. Las deliberaciones han permitido determinar medidas de mejoramiento de la capacitación de los profesores aborígenes, de los programas de idioma aborigen y del absentismo escolar. Esta iniciativa prevé también que cada escuela prepare un plan de logro académico que se actualizara cada año.

Unos 1.000 alumnos aborígenes asisten también a escuelas dependientes de las juntas escolares de Quebec. En el curso 2004‑2005 el Ministerio de educación, ocio y deportes introdujo un programa de fomento del éxito académico de estos alumnos mediante diversas actividades.

En Saskatchewan, la Oficina de Educación publicó en 1994 Idiomas indios: Una guía para los programas de estudios desde el jardín de infancia hasta el grado 12 y en 1997 Política y planificación de los idiomas indios en Saskatchewan: informe de investigación. Ambos documentos orientan el proceso de desarrollo de programas de estudios sobre lenguas aborígenes.

El gobierno de Saskatchewan apoya la protección de las lenguas aborígenes en el marco que establece el Protocolo del Oeste y el Norte del Canadá. El Marco de estudios comunes para el idioma aborigen y el Programa cultural desde el jardín de infancia al grado 12, publicado en 2000, sigue orientando la creación de los programas de idioma y cultura aborígenes. La Oficina de Educación de Saskatchewan mantiene un sitio web sobre las lenguas aborígenes en colaboración con el Protocolo del Oeste y el Norte del Canadá.

Para atender a las necesidades de algunas divisiones escolares, el Departamento ha emprendido la creación de los programas básicos Cree 10, 20 y 30, cuya aplicación experimental comenzó en febrero de 2005, antes de su aplicación definitiva en otoño de 2006. Estos programas serán el prototipo para la creación de otros programas de estudios de lenguas aborígenes.

El Departamento facilita apoyo financiero al Gran Consejo de Prince Albert por medio de su proyecto “El don del lenguaje” y el aprendizaje que tiene por objetivo la inmersión en el nivel K-9 y la enseñanza a nivel secundario. A esto se añade un componente de idioma dené por conducto del Consejo tribal de Meadow Lake que comenzará a funcionar en el segundo trimestre de 2006. Otros elementos de apoyo se destinan a algunas divisiones escolares a las que se asiste en la creación de programas de estudios del idioma nakawe en los niveles 10, 20 y 30. Posteriormente estas divisiones escolares solicitarán al Departamento que otorgue rango provincial a sus programas de estudios.

Se han creado dos iniciativas de educación comunitaria administradas por el Departamento de Educación para ayudar a los alumnos aborígenes a vivir de cerca la cultura y la vida socioeconómica. El Programa de desarrollo educativo de los indios y métis concede subvenciones para alentar a las divisiones escolares a que apoyen el avance académico de los alumnos aborígenes desde una perspectiva innovadora, dinámica y de afirmación cultural. El Programa de divulgación para los adultos aborígenes ofrece subvenciones para alentar el establecimiento de relaciones entre divisiones escolares y la comunidad aborigen, y permitir a las divisiones escolares contar con la colaboración de aborígenes, como ancianos y asesores culturales, en las escuelas.

En el Yukón la Ley de educación prevé una mayor atención al idioma y la cultura de las primeras naciones, no sólo para los alumnos de las primeras naciones del Yukón, sino para todos los alumnos de la provincia. En el Yukón las primeras naciones representan el 23% de la población. El Departamento de Educación emplea el equivalente de 30 instructores de lengua aborigen a jornada completa que imparten los idiomas de las primeras naciones en 19 de las 28 escuelas del Yukón, comprendidas todas las escuelas rurales.

Los materiales y recursos didácticos para las primeras naciones del Yukón que se están creando comprenden una unidad sobre reivindicaciones territoriales para el grado 5º, un manual de historia de las primeras naciones del Yukón del grado 12º y una serie de libros de primeras lecturas basados en la cultura y el idioma de las primeras naciones del Yukón. Todos estos materiales se pondrán a prueba en 2005‑2006.

Como forma de incluir la cultura de las primeras naciones en el programa de estudios, el gobierno del Yukón financia las escuelas para que mejoren su programación cultural en este aspecto, lo que comprende actividades culturales como la caza del bisonte, la fabricación de mocasines, la creación de collares y la talla de madera.

El Centro de Lenguas Aborígenes del Yukón es una institución de capacitación e investigación que presta varios servicios lingüísticos y educativos, como enseñanza, documentación y fomento de las lenguas nativas del Yukón tanto a las primeras naciones del Yukón como al público en general. El Centro está administrado por el Consejo de las Primeras Naciones del Yukón con fondos facilitados por el gobierno del Yukón. El Centro ofrece capacitación y certificación para maestros aborígenes del Yukón. Su personal y los ancianos han creado e imparten actualmente cursos de certificación (tres años) y complementarios (dos años) para los instructores de lengua aborigen en la Escuela superior del Yukón. El Centro también crea material didáctico para todas las lenguas aborígenes del Yukón, que incluyen una guía del programa de estudios, folletos y cintas de audio con lecciones de idioma, diccionarios y materiales de consulta, y más recientemente, una serie de materiales informáticos interactivos como audio-libros y un CD dedicado a los topónimos y la geografía del Tutchone meridional.

Primeras Voces es un programa de archivos lingüísticos en Internet. Los servicios de idiomas aborígenes del gobierno del Yukón han concertado un acuerdo para facilitar estas tecnologías a las comunidades lingüísticas tagish, tutchone meridional y han, en el marco de un proyecto experimental de un año de duración. Además de la creación de los archivos lingüísticos de Primeras Voces, equipos de ancianos y jóvenes en cada una de las comunidades participantes están empleando una nueva fuente tipográfica basada en Unicode y tecnologías de teclado creadas por Primeras Voces para documentar con exactitud sus idiomas y crear sus propios recursos lingüísticos. Una vez se haya creado un corpus suficiente y éste haya sido aprobado por los ancianos de las comunidades, los tres equipos lingüísticos pondrán su labor a disposición del público.

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