Documento básico común que forma parte integrante de los informes de los Estados partes

Irlanda *

[Fecha de recepción: 23 de septiembre de 2019]

Índice

Página

I.Introducción5

II.Información general sobre el Estado que presenta el informe5

A.Características demográficas, económicas, sociales y culturales del Estado5

1.Economía6

2.Tendencias demográficas6

B.Estructura constitucional, política y jurídica del Estado9

1.La Constitución de Irlanda (Bunreacht na hÉireann)9

2.El Gobierno de Irlanda9

3.Sistema electoral10

4.La administración pública11

5.Gobierno local11

6.Administración de justicia12

Garda Síochána12

La Autoridad Policial13

7.El sistema jurídico irlandés14

Los tribunales14

El poder judicial15

Oficina de la Fiscalía Pública17

Derecho a la asistencia letrada17

III.Marco general de promoción y protección de los derechos humanos18

A.Aceptación de las normas internacionales de derechos humanos18

B.Marco jurídico de protección de los derechos humanos en el plano nacional20

1.Protección constitucional: derechos explícitos20

2.Protección constitucional: derechos no especificados20

3.Constitucionalidad21

4.Reforma constitucional21

5.Pruebas21

6.Revisión judicial21

7.Legislación, convenios y convenciones y tratados22

8.Instituciones y mecanismos nacionales23

Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda23

Comisión de Relaciones en el Lugar de Trabajo23

Instituto Nacional de Salud24

Organismo de la Infancia y la Familia24

Dirección de Seguridad e Higiene24

Dirección Nacional sobre la Discapacidad24

Junta de Examen Penal sobre Salud Mental24

Ombudsman, Comisionado de Información y Comisionado de Información Ambiental25

Oficina del Ombudsman de las Fuerzas de Defensa25

Comisión del Ombudsman de la Garda Síochána25

Oficina del Ombudsman del Niño25

Comisión de Protección de Datos26

Ombudsman del Lector y Consejo de la Prensa26

Grupo de Control del Plan de Acción Nacional relativo a la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones26

Coimisinéir Teanga (Comisionado de la Lengua)26

Inspector de Prisiones26

Dirección de Información y Calidad de los Servicios de la Salud26

Ombudsman de los Usuarios de los Servicios Financieros27

Comisión de Salud Mental e Inspección de los Servicios de Salud Mental27

Comisión de Información al Ciudadano27

Comisión de Propietarios de Residencias de Alquiler y Tribunal de Alquileres27

Autoridad Reguladora de los Servicios Jurídicos28

Sociedad civil29

C.Marco de promoción de los derechos humanos a nivel nacional29

1.Parlamentos y asambleas nacionales y regionales29

2.Difusión de los instrumentos de derechos humanos29

3.Promoción del conocimiento de los derechos humanos entre los funcionarios públicos29

4.Promoción del conocimiento de los derechos humanos mediante programas educativos e información pública patrocinada por el Gobierno31

Enseñanza preescolar31

Enseñanza primaria31

Enseñanza posprimaria31

Enseñanza superior33

5.Función de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales34

6.Promoción de los derechos humanos en el plano internacional y en el contexto de la cooperación y la asistencia para el desarrollo35

D.Proceso de presentación de informes nacionales35

E.Otra información relacionada con los derechos humanos36

1.Información sobre la no discriminación, la igualdad y los recursos efectivos36

No discriminación e igualdad36

Legislación36

Incorporación de la igualdad39

Estrategia Nacional para las Mujeres y las Niñas40

Acción positiva en el lugar de trabajo y en las comunidades41

Prevención de la violencia doméstica, sexual y de género41

Apoyo al Consejo Nacional de Mujeres de Irlanda41

Representación de la mujer en los consejos de Estado42

2.Fomento de la integración de los migrantes42

Educación de los niños migrantes43

Estrategia Nacional Intercultural de Salud44

3.Información general sobre la situación de los derechos humanos de las personas que pertenecen a grupos vulnerables concretos de la población44

Personas con discapacidad44

Miembros de la comunidad nómada46

Sistema de protección internacional49

Anexos54

I.Introducción

1.El Gobierno de Irlanda se complace en presentar su documento básico común, que forma parte de sus informes en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

2.En la preparación de su documento básico, Irlanda ha seguido las directrices armonizadas publicadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, revisadas en junio de 2009 (HRI/GEN/2/Rev.6). La última vez que Irlanda presentó un documento básico fue en 2014. La información proporcionada es correcta en la fecha de la preparación del presente documento, que tuvo lugar durante un período de varios meses en 2018 y 2019. En consecuencia, los datos presentados representan una instantánea de la situación en Irlanda, a diferencia de una descripción exhaustiva o plenamente actualizada.

3.El documento básico fue preparado por el Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio, que se encarga de coordinar los informes de Irlanda en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se han recibido aportaciones del Departamento de Justicia e Igualdad, que se encarga de redactar los informes de Irlanda en virtud de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; y el Departamento de Asuntos de la Infancia y la Juventud, que es responsable de los informes en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño. Se han recibido más aportaciones y asistencia del Departamento de Educación y Formación Profesional, el Departamento de Finanzas, el Departamento de Gasto Público y Reforma, el Departamento de Defensa, el Departamento de Vivienda, Planificación y Gobierno Local, el Departamento del Taoiseach, el Departamento de Cultura, Patrimonio y el Gaeltacht, el Departamento de Asuntos Laborales y Protección Social, el Departamento de Comunicaciones, Acción Climática y Medio Ambiente, el Departamento de Desarrollo Rural y Comunitario, el Departamento de Negocios, Empresas e Innovación, la Fiscalía General y la Oficina Central de Estadística.

4.El Gobierno de Irlanda reconoce y aprecia el importante papel que desempeñan las organizaciones no gubernamentales (ONG) en la promoción y aplicación de los derechos establecidos en los tratados.

II.Información general sobre el Estado que presenta el informe

A.Características demográficas, económicas, sociales y culturales del Estado

5.La isla de Irlanda está situada al noroeste del continente europeo y tiene una superficie total de 84.421 km2. De conformidad con el artículo 3 de la Bunreacht na hÉireann (la Constitución de Irlanda), las leyes promulgadas por el Oireachtas (Parlamento irlandés) se aplican a 26 de los 32 condados de la isla de Irlanda. Los restantes condados nororientales forman parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El artículo 3 dispone también que la unificación de Irlanda (32 condados) solo podrá lograrse por medios pacíficos y con el consentimiento del pueblo, democráticamente manifestado, en ambas jurisdicciones de la isla. De conformidad con el artículo 4 de la Constitución, el nombre del Estado es “Éire” o, en inglés, “Ireland” [Irlanda].

6.En 1921, después de la Guerra de Independencia, se celebró un tratado con el Reino Unido en virtud del cual el Estado Libre Irlandés (26 condados) se independizó del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, mientras que Irlanda del Norte (6 condados) siguió formando parte del Reino Unido. La adopción de la Constitución de Irlanda en 1937 y la Ley de la República de Irlanda de 1948 rompieron los últimos lazos simbólicos de Irlanda con el Reino Unido. Irlanda no pertenece a ninguna alianza militar. Fue admitida como miembro de las Naciones Unidas en 1955 y se adhirió a las Comunidades Europeas, en la actualidad la Unión Europea (UE), en 1973.

1.Economía

7.La economía irlandesa registró en 2018 un crecimiento del producto interno bruto (PIB) del 8,2 % e Irlanda sigue siendo una de las economías de Europa con un crecimiento más rápido.

8.El empleo aumentó en 81.200 (una subida del 3,7 %) en el año que va hasta el primer trimestre de 2019 y actualmente el número de personas que trabajan en Irlanda es mayor que nunca (2,3 millones).

9.Desde el período de la crisis financiera, los fuertes incrementos en el empleo han contribuido a reducir el desempleo, que ha disminuido de un porcentaje máximo del 16 % a principios de 2012 al 4,6 % en julio de 2019. Además, el crecimiento del empleo ha sido en términos generales equilibrado entre los distintos sectores. La tasa de desempleo de larga duración también sigue disminuyendo y ha pasado del 2,1 % al 1,7 % en el año que terminó en el primer trimestre de 2019.

10.La inflación en Irlanda sigue estando por debajo de la medida de estabilidad de precios del Banco Central Europeo, establecida en un nivel próximo, aunque inferior, al 2 % a medio plazo. El índice de precios al consumidor armonizado (IPCA) de Irlanda aumentó un 1,1 % en junio de 2019 con respecto al mismo mes de 2018. La inflación en la zona del euro fue del 1,2 % en junio de 2019. Como se indica en la actualización del programa de estabilidad de 2019 publicada por el Departamento de Finanzas, este proyecta actualmente una inflación en términos del IPCA del 0,9 % para 2019 y del 1,1 % para 2020.

11.A pesar de que durante todo 2018 se registró un impulso económico más intenso de lo esperado, en 2019 han aumentado los riesgos para la economía irlandesa. Lo primero y más importante son las posibles consecuencias de un resultado del Brexit que sea más adverso de lo esperado. En segundo lugar, los riesgos de que se produzca una perturbación en el comercio mundial siguen siendo elevados, ya que existe la posibilidad de que una nueva escalada de medidas proteccionistas provoque una perturbación mundial de las cadenas de suministro más severa de lo que se prevé actualmente. Además, el crecimiento de la economía puede verse socavado por el riesgo de que la normalización de la política monetaria no se produzca con tanta fluidez como se prevé, por los cambios en otras jurisdicciones que afectan a la competitividad del régimen del impuesto de sociedades de Irlanda y por la creciente incertidumbre geopolítica. En el plano interno, el principal riesgo consiste en que la economía alcance y supere su nivel de producción sostenible en los próximos años y surja una brecha de producción positiva. Esto concuerda con una economía que se aproxima al pleno empleo.

2.Tendencias demográficas

12.Los resultados del censo de 2016 muestran que la población de facto de Irlanda aumentó en 173.613 personas en los cinco años transcurridos desde abril de 2011, hasta alcanzar 4.761.865 personas en abril de 2016. Esto representa un aumento total del 3,8 % en esos cinco años, es decir, un 0,8 % en promedio anual. En comparación, en el anterior período intercensal, de 2006 a 2011, el aumento medio anual fue del 1,6 %.

13.La tasa de fecundidad en Irlanda aumentó de 1,86 en 2005 a 2,05 en 2010, antes de descender a 1,92 en 2015. En 2015, más de un tercio (36,5 %) de todos los nacimientos producidos en Irlanda lo fueron fuera del matrimonio.

14.Entre el censo de 2011 y el de 2016, el número de niños menores de 18 años creció de 1.148.687 a 1.190.502, lo que supone un incremento de aproximadamente el 3,6 %. A pesar de que entre 1981 y 2002 la proporción de la población irlandesa menor de 18 años se redujo de forma drástica, al pasar del 36,2 % al 25,9 %, desde entonces ha permanecido estable, y en 2016 los niños representaban el 25 % de la población total. El coeficiente de dependencia juvenil (la proporción entre las personas de 0 a 14 años de edad y el total de la población en edad de trabajar) fue del 32,3 % en 2016, lo que supone un aumento con respecto al 31,9 % en 2011. Además, la población de Irlanda está envejeciendo. Según la Oficina Central de Estadística, en el censo de 2016 la población con una edad de 65 años o más aumentó en 102.174 personas, hasta alcanzar las 637.567 (un aumento del 19,1 %). Actualmente, las personas mayores representan el 13,4 % de la población, en comparación con el 11,7 % en 2011. En 2016, la tasa de dependencia de las personas mayores era del 20,4 %, en comparación con el 17,4 % en 2011.

15.En 2016 fallecieron en Irlanda 30.667 personas (15.620 hombres y 15.047 mujeres). Esto equivale a una tasa de 6,5 muertes por cada 1.000 habitantes totales, lo que supone un aumento de 0,1 puntos con respecto a 2015 y de 0,2 puntos con respecto a 2014. Las cifras más recientes de que se dispone sobre la esperanza de vida al nacer en Irlanda son de 78,4 años para los hombres y 82,8 para las mujeres.

16.Irlanda tuvo una importante inmigración neta entre los años 2005 y 2009, período durante el cual el número de inmigrantes que llegaron a Irlanda para vivir superó en 297.600 personas al de emigrantes que abandonaron el país. Esta tendencia positiva se invirtió en 2010 e Irlanda experimentó una emigración neta hacia el exterior en todos los años de 2010 a 2014 inclusive. Se calcula que en ese período el saldo migratorio negativo fue de 107.800 personas. En 2015 Irlanda volvió a tener un saldo migratorio positivo.

17.Entre el censo de 2002 y el de 2006, la población nacional no irlandesa aumentó de 224.261 a 419.733 (un aumento del 87 %). Entre el censo de 2006 y el de 2011, volvió a aumentar, de 419.733 a 544.357 personas (un aumento del 29,7 %). Sin embargo, de 2011 a 2016 la población de nacionalidad no irlandesa se redujo en un 1,6 % al pasar a 535.475 personas. El número de personas con doble nacionalidad, irlandesa y otra, aumentó en un 87,4 % hasta 104.784 personas en 2016.

18.La proporción de la población que era católica siguió disminuyendo en 2016, hasta alcanzar su punto más bajo, el 78,3 %, mientras que su congregación, con 3,73 millones de personas, había disminuido con respecto a los 3,86 millones en 2011. De los 3,7 millones de católicos que vivían en Irlanda en 2016, el 7,5 % no eran irlandeses. De los no irlandeses, los de nacionalidad polaca eran el grupo más numeroso, con 105.269 personas, seguidos de los británicos, con 39.207. Estos dos grupos representaban más de la mitad de todos los católicos no irlandeses.

Religión	Censo 2016	Censo 2011	Variación porcentual
Católica romana	3 729 115	3 860 000	-3,4 %
Sin religión/ateo/agnóstico	481 388	277 237	73,6 %
Iglesia de Irlanda	126 414	129 039	-2,0 %
Musulmana (islámica)	63 443	49 204	28,9 %
Ortodoxa (griega, copta, rusa)	62 187	45 223	37,5 %
Presbiteriana	24 211	24 600	-1,6 %
Miembros apostólicos y pentecostales	13 350	14 043	-4,9 %
Hindú	14 332	10 688	34,1 %
Budista	9 758	8 703	12,1 %
Metodista	6 471	6 842	-5,4 %
Testigos de Jehová	6 417	6 149	4,4 %
Luterana	5 329	5 683	-6,2 %
Evangélica	9 724	4 188	132,2 %
Baptista	3 957	3 531	12,1 %
Judía	2 557	1 984	28,9 %

19.El número total de personas sin religión (incluidos los ateos y los agnósticos) era de 481.388 en 2016, lo que supone un aumento del 73,6 % con respecto al total de 277.237 en 2011. El número de personas en esta categoría se ha multiplicado por siete desde 1991, cuando el total era de solo 67.413. En 2016 se mantuvo la tendencia de que en esta categoría hubiese más hombres que mujeres, con un 55,6 % del total, aunque ese porcentaje es inferior al 60,7 % de 1991.

20.Desde el punto de vista de los perfiles de edad, la proporción más alta de personas sin religión se registró entre las personas de 30 a 34 años (12,1 %), mientras que la más baja se registró entre las de 85 años o más, de las que solo el 0,2 % indicó que no tenía religión.

21.En 2016, las personas que indicaron “Sin religión” representaban el 9,8 % de la población, frente al 5,9 % en 2011. Esto supuso un aumento de 198.610 personas durante el período, lo que elevó el total a 468.421 y convirtió a la categoría “Sin religión” en la segunda más numerosa en 2016.

22.En abril de 2016 los miembros de la Iglesia de Irlanda sumaban 126.414, lo que supone una disminución del 2,0 % con respecto a 2011. La edad media de los miembros de la Iglesia de Irlanda en 2016 era de 40,3 años, más que la población general, cuya edad media era de 37,4 años, y ha aumentado en 1,1 años desde 2011.

23.En abril de 2016 había en Irlanda 63.443 musulmanes, que representaban el 1,3 % de la población. Se observaba un crecimiento continuo del número de musulmanes en Irlanda: la comunidad musulmana de Irlanda ha pasado de 3.875 personas en 1991 a 19.147 en 2002, 32.539 en 2006 y 49.204 en 2011. El número de musulmanes casi se ha duplicado desde 2006, al aumentar en un 95 %.

24.La religión cristiana ortodoxa ha sido la que ha tenido un crecimiento más rápido en Irlanda desde 1991. En abril de 2016 había en Irlanda 62.187 cristianos ortodoxos, lo que supone un aumento del 37,5 % con respecto a 2011 (45.223) y más del triple de la cifra registrada en 2006 (20.798).

25.Entre 2011 y 2016 el número de presbiterianos en Irlanda disminuyó levemente, de 24.600 a 24.211, pero siguió siendo mayor que el total de 2006, que era de 23.546.

26.La población apostólica y pentecostal de Irlanda ha aumentado considerablemente en los últimos 14 años, al pasar de apenas 3.152 personas en 2002 a 13.350 en 2016. Esto representa una tasa de crecimiento anual de más del 10,9 %. La edad media de este grupo era de solo 25,3 años en 2016, que es significativamente inferior a la de la población general y en gran medida se debe a la elevada proporción de menores de 20 años.

27.El número de hindúes aumentó en un 135,6 % entre 2006 y 2016, al pasar de 6.082 a 14.332 personas en ese período.

28.En abril de 2016 había 427.128 estudiantes mayores de 15 años, un aumento del 4,5 % con respecto a la cifra de 2011. Los varones constituyeron el 49,4 % de esta población estudiantil, un aumento en comparación con el 49,2 % en 2011. Entre las personas de 19 a 22 años, las mujeres siguen teniendo una mayor participación en la educación, con un 59,5%, mientras que para los hombres la tasa fue del 52,8 %. En 2017, el 53 % de la población de 30 a 34 años de edad había completado la educación terciaria. La proporción de personas de 18 a 24 años de edad que abandonaron la escuela con, en el mejor de los casos, el primer ciclo de enseñanza secundaria completado fue del 5 % en 2017.

29.Los adultos en Irlanda tienen una puntuación media ajustada de 266 en la escala de alfabetización (de 1 a 500), en comparación con el promedio del estudio, que fue de 270. El nivel de alfabetización se dividió en cinco niveles y los adultos de Irlanda se repartieron de la siguiente manera:

a)En el nivel 1 o por debajo (1 a 225): 17,9 %;

b)Nivel 2 (226 a 275): 37,6 %;

c)Nivel 3 (276 a 325): 36 %;

d)Nivel 4 (326 a 375): 8,1 %;

e)Nivel 5 (376 a 500): 0,4 %.

30.El número de nuevas viviendas construidas disminuyó a 4.575 en 2013. Sin embargo, en los cinco años siguientes el número de nuevas viviendas construidas ha aumentado constantemente cada año, hasta llegar a 18.072 en 2018.

31.Si se desea acceder a un conjunto más completo de datos estadísticos sobre las tendencias demográficas, económicas, sociales y culturales en Irlanda, sírvanse consultar los anexos estadísticos del presente documento y el material recopilado por la Oficina Central de Estadística, que está a disposición del público en su sitio web, www.cso.ie.

B.Estructura constitucional, política y jurídica del Estado

1.La Constitución de Irlanda (Bunreacht na hÉireann)

32.La Constitución de Irlanda (en irlandés, Bunreacht na hÉireann) es la ley básica del Estado. Se aprobó mediante referendo en 1937 y sucede a la Constitución de la Dáil Éireann (Cámara de Representantes) de 1919 y a la Constitución del Estado Libre de Irlanda de 1922. Establece las instituciones y el aparato del Estado y prevé la separación de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. La Constitución determina las facultades del Presidente, del Oireachtas (el Parlamento irlandés) y del Gobierno, así como la estructura y competencias de los tribunales. Declara que todos los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales del Gobierno se derivan del pueblo y también garantiza a los ciudadanos derechos fundamentales que han sido objeto de rigurosa interpretación y enumeración por los tribunales.

33.En la Constitución se dispone que el Oireachtas no promulgará ninguna ley que esté en contradicción con sus disposiciones. Si una medida legislativa promulgada está en contradicción con la Constitución, será nula en la parte donde se observa esa contradicción. Solo el Tribunal Superior, el Tribunal de Apelación y el Tribunal Supremo son competentes para considerar la cuestión de la validez de toda ley con respecto a las disposiciones de la Constitución. El examen judicial es un mecanismo en virtud del cual las personas pueden impugnar la constitucionalidad de la legislación; este recurso se explica con mayor detalle más adelante (véanse los párrs. 96 a 98).

34.La Constitución de Irlanda puede modificarse únicamente mediante la aprobación de un proyecto de ley de enmienda de la Constitución por mayoría simple de ambas Cámaras del Oireachtas y la consiguiente aprobación de la propuesta por una mayoría de votos en un referéndum. Hasta 2019, la Constitución se ha modificado en 30 ocasiones mediante referéndum. Desde la última ocasión en que Irlanda presentó un documento básico común, en 2014, el electorado ha votado mediante referéndum para modificar la Constitución en cuatro ocasiones: para establecer la igualdad en el matrimonio; para legislar la regulación de la interrupción del embarazo; para eliminar la referencia a la blasfemia en la Constitución; y para modificar las disposiciones constitucionales que prevén la disolución del matrimonio. En mayo de 2015, el electorado rechazó una propuesta de modificar la Constitución y cambiar la edad requerida para optar al cargo de Presidente.

2.El Gobierno de Irlanda

35.Irlanda es una democracia parlamentaria soberana e independiente. El Parlamento nacional (Oireachtas) está compuesto por el Presidente y dos Cámaras: la Cámara de Representantes (Dáil Éireann) y el Senado (Seanad Éireann). Las funciones y poderes del Presidente, la Dáil y el Seanad dimanan de la Constitución de Irlanda y de las leyes. El Oireachtas no puede promulgar ninguna ley que en algún aspecto esté en contradicción con la Constitución.

36.El Presidente es el Jefe de Estado. En calidad de tal, firma los proyectos de ley y tiene la facultad de negarse a hacerlo; el cargo de Presidente no tiene funciones ejecutivas. En general, el Presidente debe proceder con sujeción al dictamen y la autoridad del Gobierno. A propuesta de la Dáil Éireann, el Presidente nombra al Taoiseach (Primer Ministro) y, por indicación de este y con la aprobación previa de la Dáil Éireann, a los miembros del Gobierno. La política y gestión oficiales pueden ser examinadas y criticadas en ambas cámaras, pero, según la Constitución, el Gobierno rinde cuentas únicamente a la Dáil. El Presidente es elegido directamente por el pueblo y ocupa el cargo por un período de siete años. El Presidente no puede ostentar más de dos mandatos.

37.La Dáil Éireann (Cámara de Representantes) tiene 158 miembros denominados Teachtaí Dála. Los miembros son elegidos por los 40 distritos electorales en que está dividido actualmente el país; ninguno de ellos puede elegir a menos de tres miembros. El número total de miembros de la Dáil no puede fijarse en menos de un miembro por cada 30.000 habitantes ni en más de un miembro por cada 20.000 habitantes. La Ley Electoral (Enmienda) (Distritos Electorales de la Dáil) de 2017 aumenta a 160 el número de miembros de la Dáil. Los nuevos mecanismos entrarán en vigor a partir de las próximas elecciones generales.

38.La Ley Electoral (Enmienda) (Financiación Política), de 2012, dispone que la financiación estatal de un partido político se reducirá en un 50 %, a no ser que tenga al menos un 30 % de mujeres y un 30 % de hombres candidatos en las elecciones generales. Ese porcentaje mínimo se elevará al 40 % a partir de las próximas elecciones generales que se celebrarán después del 26 de febrero de 2023. Los pagos efectuados a los partidos políticos en virtud de las leyes electorales están asociados con los resultados obtenidos en las elecciones generales.

39.El Gobierno está integrado por no más de 15 miembros y no menos de 7, a saber, el Taoiseach (Primer Ministro), el Tánaiste (Viceprimer Ministro) y entre 5 y 13 ministros. El Taoiseach, el Tánaiste y el Ministro de Finanzas deben ser miembros de la Dáil y los demás ministros deben ser miembros de la Dáil o del Seanad, pero no puede haber más de dos que sean miembros del Seanad. El Gobierno actúa como autoridad colectiva, por lo que es colectivamente responsable de los departamentos estatales administrados por sus miembros. Generalmente se reúne una vez por semana. Los debates de esas reuniones están sometidos a la norma de “confidencialidad del gabinete”. Durante las elecciones generales, el Gobierno permanece en funciones hasta el nombramiento de un nuevo Taoiseach.

40.El Seanad Éireann (Senado) tiene 60 miembros, de los que 11 son nombrados directamente por el Taoiseach y 43 son elegidos por miembros de la Dáil Éireann, por miembros salientes del Seanad y por autoridades locales entre cinco grupos de candidatos: el grupo cultural y educativo, el agrícola, el laboral, el industrial y comercial y el administrativo. En cada uno figuran los nombres de personas con conocimiento y experiencia práctica de los intereses respectivos. Los seis restantes son elegidos por graduados universitarios: tres por la Universidad Nacional de Irlanda y tres por la Universidad de Dublín. Las facultades del Seanad definidas en la Constitución son, en general, menores que las de la Dáil. Tiene atribuciones complementarias de las de la Dáil en esferas amplias, como la destitución del Presidente o de un juez, la declaración y levantamiento del estado de excepción, la introducción de proyectos de ley que no tengan carácter financiero y la derogación de leyes. El Seanad Éireann no está autorizado a introducir proyectos de ley de carácter financiero, pero puede presentar a la Dáil Éireann recomendaciones sobre ellos.

41.Dentro del Oireachtas funciona un sistema de comisiones parlamentarias. Según el reglamento vigente, hay que nombrar cuatro comisiones: de selección, de cuentas públicas, de procedimiento y prerrogativas y de proyectos de ley de consolidación. Se pueden crear otras comisiones por resolución de una o ambas cámaras del Oireachtas. Tienen la facultad de requerir documentos oficiales y oír el testimonio de particulares. Sus conclusiones no son vinculantes. Los informes de las comisiones se someten al Oireachtas, que decide qué medidas deben adoptarse. Incumbe al Oireachtas decidir el número y alcance de las comisiones que se crearán y sus atribuciones.

3.Sistema electoral

42.Los ciudadanos tienen la oportunidad de participar en el proceso político mediante la emisión del voto en cinco procedimientos de adopción de decisiones:

a)Elección del Presidente cada siete años, si hay más de un candidato;

b)Referendos sobre propuestas de reforma de la Constitución;

c)Elecciones de autoridades locales cada cinco años;

d)Elecciones parlamentarias, que según la legislación actual se celebran por lo menos cada cinco años;

e)Elecciones al Parlamento Europeo cada cinco años.

43.La edad mínima para votar en Irlanda está fijada en 18 años. La elección para la Dáil se realiza mediante representación proporcional en una vuelta con voto transferible en circunscripciones de varios escaños. El voto transferible en una vuelta también se utiliza para elegir al Presidente, a los miembros del Parlamento Europeo, a las autoridades locales y a 49 de los 60 miembros del Seanad.

4.La administración pública

44.La base jurídica del actual sistema irlandés de administración pública es la Constitución y la Ley de Ministros y Secretarios de 1924 (Ley de 1924). De conformidad con el artículo 28 de la Constitución, los ministros se ocupan de sus respectivos departamentos. La Ley de 1924 y sus modificaciones establecen una clasificación de las funciones del Gobierno según los diversos departamentos del Estado. Los ministros son responsables de todas las medidas de sus departamentos. No obstante, el Tribunal Supremo de Irlanda ha confirmado la vigencia de la doctrina Carltona para la administración pública irlandesa, lo que significa que los actos oficiales de un funcionario público son considerados como actos del Ministro o el departamento competente, aun cuando no se haya producido una delegación expresa. Por otro lado, la administración cotidiana de las funciones de un departamento es supervisada por su secretario general, que es un funcionario público. La Ley de Gestión de la Administración Pública de 1997 establece un nuevo marco legislativo para la asignación de autoridad, responsabilidades y rendición de cuentas dentro de los departamentos gubernamentales y entre estos.

45.La administración pública es imparcial con respecto a los partidos políticos en el desempeño de sus funciones, y los funcionarios públicos de rango medio y superior no pueden participar en las actividades de los partidos políticos. La contratación de funcionarios se efectúa mediante concursos públicos abiertos, dirigidos por una comisión estatal independiente. La administración pública comprende una serie de grados con diferentes funciones. Las principales categorías son las siguientes: funcionarios administrativos, encargados de la formulación de políticas; técnicos y científicos, que dan asesoramiento especializado dentro de la administración pública; ejecutivos, que tienen a su cargo la ejecución de políticas; y personal de oficina, encargado de funciones generales. Actualmente hay unas 37.000 personas empleadas en la administración pública. Además, los ministros pueden nombrar asesores especiales de conformidad con las disposiciones de la Ley de 1997.

5.Gobierno local

46.El gobierno local está a cargo de 31 autoridades locales (26 consejos de condado, 3 consejos de ciudad y 2 consejos de ciudad y condado) financiadas con una combinación de subvenciones estatales, tarifas comerciales, recargos por bienes y servicios y los impuestos locales a la propiedad residencial. Las autoridades locales son órganos con múltiples funciones y se encargan de una gran variedad de servicios, en particular los de aprovechamiento de la tierra (zonificación) y urbanización, bomberos y servicios para casos de incendios y de emergencia, vivienda pública, mantenimiento de carreteras, apoyo al desarrollo comunitario y económico local, bibliotecas y algunos otros servicios. La Ley de Reforma del Gobierno Local de 2014 redujo el número de autoridades locales de 114 a 31, y prevé un programa muy amplio de reforma del gobierno local en el que se incluyen medidas para reforzar y mejorar las estructuras, funciones, recursos, operaciones y gobernanza del sistema local. Se prestó especial atención a los siguientes aspectos: fortalecimiento de las estructuras de las regiones, condados y subcondados; ampliación de las funciones del gobierno local; mayor eficiencia operacional y organizativa; mejora de la gobernanza, la supervisión y el liderazgo político y ejecutivo local; impulso del desarrollo económico, social y comunitario; y representación de los ciudadanos y las comunidades locales de manera eficaz y responsable. Cada consejo de condado se ha estructurado en distritos municipales (en total 95) en torno a las ciudades principales y su zona periférica. Actualmente, en cada condado hay una sola estructura operacional o ejecutiva con recursos a disposición tanto de los condados como de los distritos y una gran variedad de funciones es realizada por los miembros elegidos en los distritos, reservándose las cuestiones estratégicas a las instancias responsables de los condados.

47.En 2015, las autoridades regionales de Irlanda se racionalizaron al pasar a tres Asambleas Regionales, que representan a las regiones Septentrional y Occidental, Oriental y Central, y Meridional. Tienen una serie de competencias relativas a la planificación territorial y el desarrollo económico.

48.Se han establecido comités de desarrollo de la comunidad local como entidades de derecho público en las 31 autoridades locales con el fin de aportar un enfoque más coordinado y unificado al desarrollo local y comunitario a nivel local. Estos comités se componen de miembros electos y funcionarios de las autoridades locales, organismos de desarrollo local estatales y no estatales, organizaciones comunitarias y de voluntarios, y otros representantes de la sociedad civil, por ejemplo, de los intereses comerciales y agrícolas. Los comités de desarrollo de la comunidad local aprovechan los conocimientos especializados y la experiencia de los agentes públicos y privados de la zona de la autoridad local pertinente para prestar servicios eficaces y eficientes a los ciudadanos, y en particular a los que más necesitan esos servicios. También se han establecido redes de participación pública en cada zona de autoridad local con el fin de asegurar una mayor participación y aportación de la comunidad en los procesos de adopción de decisiones de la autoridad local. Las redes sirven de enlace a través del cual la autoridad local y sus estructuras asociadas se conectan y colaboran con la comunidad y los intereses voluntarios, de inclusión social y medioambientales de la zona local, y mediante el cual los comités apropiados de la autoridad local, incluidos los comités de desarrollo de la comunidad local, tienen representación en la comunidad.

6.Administración de justicia

Garda Síochána

49.Irlanda tiene un único servicio de policía nacional, la Garda Síochána. Al 31 de julio de 2019, la Garda Síochána cuenta con 14.251 efectivos. Además, hay 478 reservistas de la Garda.

50.La forma en que se despliegan los recursos de la Garda Síochána corresponde al Comisionado de la Garda y su equipo de gestión. La dirección de la Garda examina de forma constante esta distribución de recursos en el contexto de las tendencias de la delincuencia y las prioridades de la policía, a fin de garantizar que se haga un uso óptimo de esos recursos.

51.Los niveles de dotación policial se determinan en función de determinadas variables, como la demografía, los planes y modelos de actividad policial, las necesidades de servicio y la seguridad del Estado. Por ello, el número mínimo necesario en años futuros continuará siendo una variable indeterminada. El Gobierno se ha fijado el objetivo de que para el año 2021 el número total de efectivos de la Garda sea de 21.000, incluidos 15.000 agentes. El personal de la Garda asignado en todo el país, junto con los mecanismos policiales y la estrategia operativa generales, son objeto de supervisión y revisión constantes a fin de garantizar la utilización óptima de los recursos de la Garda y la prestación del mejor servicio posible al público en general.

52.La Garda Síochána está establecida por ley y su organización interna se halla sujeta a la reglamentación del Ministro de Justicia e Igualdad. Funciona de manera independiente, con arreglo al marco general normativo y financiero establecido por el Ministro. El Comisionado debe informar a este, según proceda. Por su parte, el Ministro es el responsable político de la Garda Síochána ante la Dáil Éireann.

53.El artículo 7 de la Ley de la Garda Síochána de 2005 establece que la Garda Síochána tendrá las siguientes funciones:

a)Mantener la paz y el orden público;

b)Proteger la vida y los bienes de las personas;

c)Defender los derechos humanos de las personas;

d)Proteger la seguridad del Estado;

e)Prevenir la delincuencia;

f)Descubrir e investigar la comisión de delitos y poner a sus autores a disposición de la justicia;

g)Regular y controlar el tráfico rodado y mejorar la seguridad vial;

h)Otras funciones que se le asigne en virtud de la legislación, incluidas las relativas a la inmigración.

La Autoridad Policial

54.La Autoridad Policial se estableció como un órgano independiente con el fin de supervisar el desempeño de la Garda Síochána en relación con los servicios de policía en Irlanda. Su objetivo principal es promover la confianza en la policía y ayudar a configurar los servicios de policía para Irlanda en el futuro. La Autoridad se estableció mediante la promulgación de la Ley de la Garda Síochána (Autoridad Policial y Disposiciones Varias) de 2015.

55.La ley asigna a la Autoridad Policial una amplia gama de funciones, algunas de las cuales eran anteriormente responsabilidad del Gobierno o del Ministro de Justicia e Igualdad. La función general de la Autoridad es supervisar el desempeño por parte de la Garda Síochána de sus funciones relacionadas con los servicios policiales. La Autoridad tiene, entre otras, las siguientes funciones:

a)Supervisar la forma en que la Garda Síochána desempeña sus funciones policiales y asegurar que utilizan sus recursos de forma que se alcancen los más altos niveles de eficiencia y eficacia;

b)Elaborar un código de ética que establezca normas de conducta y práctica para los miembros de la Garda Síochána;

c)Aprobar las declaraciones estratégicas y los planes de dotación policial de la Garda Síochána y establecer prioridades y niveles de desempeño;

d)Presentar candidaturas para que el Gobierno designe los puestos de Comisionado y Comisionado Adjunto de la Garda, tras un proceso de selección realizado por el Servicio de Nombramientos Públicos;

e)Nombrar personas con los rangos de Superintendente, Superintendente Jefe y Comisionado Asistente de la Garda;

f)Destituir a las personas cuyo rango sea de Superintendente o superior, según lo dispuesto por la ley;

g)Revisar los mecanismos de contratación, capacitación y desarrollo de los agentes y el personal civil de la Garda.

56.También se han adoptado disposiciones para la rendición de cuentas local de la Garda Síochána mediante los Comités Policiales Conjuntos, que se han establecido en cada zona de la autoridad local con arreglo a las disposiciones de la Ley de la Garda Síochána de 2005. Los comités constituyen un foro de consulta y cooperación entre la Garda Síochána, la autoridad local, los representantes electos de la zona y otros representantes de la comunidad en relación con cuestiones de policía local. Los comités pueden hacer recomendaciones sobre cuestiones relativas a la vigilancia de las zonas, incluidas medidas para abordar los niveles y los cuadros de comportamiento antisocial.

57.Las facultades de la policía se establecen en las leyes y todas sus actuaciones están sujetas a la revisión de un poder judicial activo y constitucionalmente independiente. También existe una autoridad independiente para tratar las denuncias contra la policía, la Comisión del Ombudsman de la Garda Síochána (véase el párr. 115).

58.La facultad de iniciar actuaciones judiciales contra una persona por un delito penal corresponde a un funcionario independiente, el Director de la Fiscalía Pública (véase el párr. 74).

59.Según el informe anual del Servicio de Prisiones de Irlanda, en 2018 se dictaron 4.812 sentencias de prisión, lo que supone una disminución del 20,3 % (1.225) en comparación con 2017. Esta reducción se debió a la disminución del número de encarcelamientos por impago de multas. Si se excluyen esos encarcelamientos de las cifras totales, el número de penas de prisión impuestas aumentó en 581, es decir, un 15,4 %, de 3.776 en 2017 a 4.357 en 2018. El 30 de noviembre de 2018, había 3.171 presos que cumplían condena, de los cuales 3.051 eran hombres y 120 mujeres. De ese total, 363 cumplían condena de cadena perpetua, y 237 habían sido condenados a diez o más años de prisión. La mayor parte de los presos lo eran por delitos del grupo 8: hurto y delitos conexos.

60.En el apéndice I puede encontrarse más información sobre las cifras relativas a la delincuencia.

7.El sistema jurídico irlandés

61.Irlanda tiene un sistema jurídico basado en el common law (derecho anglosajón). La Constitución de Irlanda es la ley básica del Estado y tiene precedencia sobre otras fuentes de derecho subordinadas. Por ello, una disposición legislativa o del common law que sea incompatible con la Constitución es nula y carece de efecto jurídico. Otras fuentes importantes de derecho son la legislación de la Unión Europea, que rige en un nivel supraconstitucional, y la legislación promulgada por el Oireachtas. Además, dado que Irlanda tiene un sistema jurídico basado en el common law, el derecho de creación judicial es también una importante fuente de derecho. En virtud de la doctrina del precedente, o stare decisis, un tribunal debe tener en cuenta los fallos anteriores, en particular los de tribunales superiores, aunque esta regla puede incumplirse en determinadas circunstancias.

Los tribunales

62.Los tribunales están estructurados en cinco niveles, en orden ascendente: el Tribunal de Distrito, el Tribunal de Circuito, el Tribunal Superior, el Tribunal de Apelación y el Tribunal Supremo. Los Tribunales de Distrito y de Circuito son tribunales con una jurisdicción limitada y local. El Tribunal Supremo, el Tribunal de Apelación y el Tribunal Superior se denominan tribunales de instancia superior. Cuando el Tribunal Superior celebra una sesión en tanto que tribunal penal, se lo denomina Tribunal Central de lo Penal.

63.El Tribunal de Apelación se estableció en 2014 tras un referéndum para modificar la Constitución. Conoce de los recursos civiles contra sentencias del Tribunal Superior. En virtud de la Ley del Tribunal de Apelación de 2014, también se le otorgó la competencia en materia de recursos que anteriormente ejercía el Tribunal Penal de Apelaciones.

64.Los recursos del Tribunal de Apelación al Tribunal Supremo están sujetos a la admisión a trámite de dicho recurso. Esta solo se admite cuando la decisión se refiera a un asunto de importancia pública general o cuando, en interés de la justicia, sea necesario que se produzca un recurso ante el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo es el tribunal de última instancia en asuntos civiles y penales en circunstancias limitadas. El Tribunal Supremo también tiene competencia para decidir sobre la constitucionalidad de un texto legislativo, antes de su promulgación, en caso de que el Presidente de Irlanda lo remita al Tribunal.

65.Además de la estructura de tribunales descrita anteriormente, existen también dos Tribunales Penales Especiales, establecidos de conformidad con el artículo 38, párrafo 3, de la Constitución, para el enjuiciamiento de delitos en los casos en que se determine que los tribunales ordinarios son inadecuados para garantizar una administración eficaz de justicia y el mantenimiento de la paz y el orden públicos. El Tribunal Penal Especial se creó en 1972 e imparte justicia sin jurado. El Gobierno considera que sigue siendo necesario que ese tribunal conozca de una serie de delitos derivados del terrorismo y la delincuencia organizada y, debido al volumen de casos, en 2016 se estableció el Segundo Tribunal Penal Especial. Ello redujo significativamente los tiempos de espera, que pasaron de 24 meses a unos 10. Se comprueba constantemente si sigue siendo necesaria la existencia de los Tribunales Penales Especiales.

66.El tiempo de espera en los tribunales de circuito y de distrito varía de un lugar a otro, según el número y complejidad de los casos.

67.Asimismo, el Presidente del Tribunal Superior supervisa constantemente los tiempos de espera y ha adoptado varias iniciativas, como la reorganización de las vistas del Tribunal Superior fuera de Dublín y la convocatoria de vistas judiciales adicionales durante las vacaciones judiciales a fin de reducir los tiempos de espera. A fin de ayudar en la gestión de los tiempos de espera ante el Tribunal Central de lo Penal, cuando en el Tribunal Penal Especial no se esté celebrando una audiencia programada, el juez del Tribunal Superior asignado a ese tribunal actuará como juez del Tribunal Central de lo Penal para ocuparse de los juicios pendientes que pudiese haber. Asimismo, la delegación a los funcionarios judiciales de las competencias administrativas anteriormente confiadas a los jueces del Tribunal Superior ha aumentado la disponibilidad judicial para la labor de enjuiciamiento. Estas iniciativas se siguen supervisando y ampliando. A pesar de la notable presión, los tiempos de espera en las listas del Tribunal Superior se han reducido en general de forma considerable.

68.Tras el establecimiento del Tribunal de Apelación, los tiempos de espera para las causas de apelación se han reducido considerablemente como resultado de los regímenes de gestión activa de los casos que ha aplicado el Presidente para las listas de causas tanto civiles como penales. Se ha introducido un sistema de apelaciones abreviadas y aceleradas para las apelaciones civiles, con tiempos de espera de aproximadamente nueve meses, y otras apelaciones requieren 20 meses. Esto se compara muy favorablemente con los tiempos de espera antes de la creación del Tribunal, que superaban los 48 meses. Los recursos urgentes, como los presentados con arreglo al Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (Convenio de La Haya), se atienden sin demora, y los recursos relativos a la custodia o que comprendan elementos penales, como los recursos de habeas corpus, se ven en el plazo de un mes. Los casos sobre los que existe una orden de detención europea se ven en un plazo de tres meses o menos cuando todos los documentos necesarios están en orden. Los tiempos de espera de los recursos penales se han reducido a 6 meses desde los 15 meses de espera antes del establecimiento del Tribunal. Las partes pueden solicitar una audiencia prioritaria, tanto en casos civiles como penales.

69.Los tiempos de espera en el Tribunal Supremo, tras el establecimiento del Tribunal de Apelación, disminuyeron de más de 4 años a un promedio de 8 meses para las audiencias de apelación. El tiempo medio de espera para solicitar la admisión a trámite de un recurso es de 5,5 semanas.

70.En 2017 se estableció un grupo encargado de examinar la administración de la justicia civil en el Estado, presidido por el Presidente del Tribunal Superior. El grupo formulará recomendaciones de cambios con miras a mejorar el acceso a la justicia civil en el Estado, promover la pronta solución de controversias, reducir el costo de los litigios, crear un sistema más receptivo y proporcionado y asegurar mejores resultados para los usuarios de los tribunales.

El poder judicial

71.En Irlanda los jueces son independientes del poder ejecutivo y del legislativo, independencia que está plenamente protegida por la Constitución. Son designados por el Presidente a propuesta del Gobierno, que adopta sus decisiones remitiéndose a las recomendaciones de la Junta Asesora de Nombramientos Judiciales. En el artículo 35, párrafo 2, de la Constitución se dispone que todos los jueces serán independientes en el ejercicio de sus funciones y estarán sujetos únicamente a la Constitución y a las leyes. No pueden ser miembros del Oireachtas ni desempeñar otro cargo o puesto remunerado (art. 35, párr. 3). No pueden ser destituidos de sus cargos sino por declarada mala conducta o incapacidad, y únicamente en virtud de resoluciones aprobadas por ambas Cámaras del Oireachtas en las que se pida su remoción (art. 35, párr. 4). Nunca ha sido necesario ejercer esta facultad. Con excepción de las competencias que tiene el Oireachtas para destituir a un juez, las cuestiones de disciplina relacionadas con la judicatura las resuelve el poder judicial mismo.

72.La Ley del Consejo del Poder Judicial de 2019 prevé la creación de dicho consejo, que estará integrado por todos los miembros del poder judicial. Su función principal será promover y mantener la excelencia de los jueces en el ejercicio de sus funciones judiciales y un elevado nivel de normas de conducta entre ellos. La Junta del Consejo se encargará de llevar a cabo las funciones cotidianas de este. Un elemento clave de la ley es el establecimiento de un comité de conducta judicial que examinará las denuncias relacionadas con casos de conducta indebida de los jueces, preparará un proyecto de directrices relativas a la conducta y la ética judiciales para su aprobación por el Consejo y proporcionará asesoramiento y recomendaciones a un juez individual o a los jueces en general sobre la conducta y la ética judiciales. En la composición de este comité figurarán personas que no sean jueces. El Consejo del Poder Judicial estará asistido en su labor por un comité de estudios judiciales, que tendrá como función facilitar la educación y la formación continuas de los jueces. También se prevé la creación de un comité de directrices e información sobre la imposición de penas y un comité de directrices sobre lesiones personales, que se encargarán de elaborar directrices pertinentes en su ámbito funcional para su aprobación por el Consejo. Está previsto que el Consejo se establezca antes de finales de 2019.

73.En el artículo 5 de la Ley de Tribunales (Disposiciones Complementarias) de 1961, enmendado mediante la Ley de Tribunales y Funcionarios Judiciales de 1995, la Ley de Tribunales y Funcionarios Judiciales de 2002 y la Ley del Tribunal de Apelación de 2014, se establece que las siguientes personas reúnen los requisitos para ser designados como juez de los tribunales de instancia superior:

a)Una persona que:

i)Es o ha sido en cualquier momento del período de dos años inmediatamente anterior a la designación en cuestión:

Juez del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas;

Juez del Tribunal de Primera Instancia adjunto a ese Tribunal;

Abogado general del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas;

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, establecido en virtud del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Roma, 4 de noviembre de 1950);

Juez de la Corte Internacional de Justicia, establecida en virtud de la Carta de las Naciones Unidas;

Juez de la Corte Penal Internacional, establecida en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (17 de julio de 1998), relativo a la entrada en vigor de ese Estatuto;

Juez de un tribunal internacional en el sentido del artículo 2 de la Ley de Tribunales Internacionales de Crímenes de Guerra de 1998;

y

ii)Ha sido abogado o procurador en ejercicio antes de su nombramiento para cualquiera de los cargos indicados en el apartado i) de este párrafo;

b)Un juez del Tribunal de Circuito que se haya desempeñado en ese cargo durante un período no inferior a dos años podrá ser designado juez del Tribunal Supremo, el Tribunal de Apelación o el Tribunal Superior;

c)El Presidente del Tribunal de Apelación podrá ser designado juez ordinario del Tribunal Supremo;

d)Un juez ordinario del Tribunal de Apelación podrá ser designado juez ordinario del Tribunal Supremo;

e)El Presidente del Tribunal Superior podrá ser designado juez ordinario del Tribunal de Apelación o del Tribunal Supremo;

f)Un juez ordinario del Tribunal Superior podrá ser designado juez ordinario del Tribunal de Apelación o del Tribunal Supremo.

Oficina de la Fiscalía Pública

74.La Oficina de la Fiscalía Pública se estableció mediante la Ley de Enjuiciamiento Penal de 1974, que atribuyó al Director de la misma “todas las funciones que puedan ser realizadas en el contexto de las cuestiones penales” por el Fiscal General inmediatamente antes de la aprobación de la ley. La principal de estas funciones es la facultad de procesamiento de los delitos penales. El Director es independiente en el desempeño de sus funciones. Solo él puede enjuiciar los delitos graves, pero los delitos menos graves pueden ser enjuiciados también por los ministerios competentes, otros organismos del ministerio público y particulares que intervengan en calidad de “informadores comunes”. En el marco de sus funciones para garantizar el buen funcionamiento de los procesamientos penales, el Director tiene la responsabilidad del nombramiento e instrucción del abogado. La Oficina determina también y liquida los honorarios del abogado al que se haya encargado actuar en nombre del Director.

Derecho a la asistencia letrada

75.La Ley de Justicia Penal (Asistencia Letrada) de 1962 y una serie de reglamentos complementarios disponen que una persona que solicita ayuda letrada en un caso penal debe convencer al tribunal de que no dispone de medios suficientes para pagar una representación letrada. El tribunal debe comprobar también que, debido a la gravedad del cargo o a circunstancias excepcionales, es imprescindible, en interés de la justicia, que el solicitante disponga de ayuda letrada. El derecho constitucional a la ayuda letrada se estableció en 1976 en el caso Estado (Healy) c. Donoghue [1976] I. R. 325. Además, el artículo 6, párrafo 3 c), del Convenio Europeo de Derechos Humanos dispone que todo acusado tiene derecho a defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección y, si carece de medios para pagarlo, a poder ser asistido gratuitamente por un abogado de oficio, cuando los intereses de la justicia así lo exijan. La concesión de ayuda letrada permite al solicitante contar con los servicios de un abogado —dos, en determinadas circunstancias— para la preparación y presentación de su defensa o apelación. Los tribunales, a través del poder judicial, son los responsables de otorgar ayuda letrada.

76.La Junta de Asistencia Letrada se estableció con el fin de administrar un plan de asistencia letrada civil y de ayudar a las personas de escasos recursos. En 1979 se introdujo el plan de orientación y asistencia letrada civil tras el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Airey c. Irlanda y las recomendaciones formuladas por el Comité Pringle, establecido por el Ministro de Justicia para que le asesorara acerca de la introducción de dicho plan. Funcionó con carácter administrativo hasta la aprobación de la Ley de Asistencia Letrada en Causas Civiles de 1995. El modelo primario de prestación de servicio es el modelo del centro de derecho, aunque se complementa con la utilización de abogados privados en determinadas materias. El plan abarca la mayor parte de las materias civiles, y las exclusiones son relativamente pocas. Si bien la Junta de Asistencia Letrada es responsable de administrar la mayoría de las cuestiones de derecho civil, no administra el plan de ayuda letrada para la representación ante los tribunales de salud mental. Este plan es administrado por la Comisión de Salud Mental. La asistencia letrada en las cuestiones penales está regulada en la Ley de Justicia Penal (Asistencia Letrada) de 1962. El principal plan de ayuda letrada en causas penales es administrado actualmente por el Departamento de Justicia e Igualdad, aunque esa responsabilidad se transferirá a la Junta de Asistencia Letrada.

III.Marco general de promoción y protección de los derechos humanos

A.Aceptación de las normas internacionales de derechos humanos

77.Irlanda ha firmado y ratificado la mayoría de las convenciones básicas de las Naciones Unidas sobre derechos humanos. En el cuadro siguiente pueden verse las fechas de firma y ratificación de los principales tratados de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos.

Fecha de firma	Fecha de ratificación	Reservas/Declaraciones	Informes
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
1 de octubre de 1973	8 de diciembre de 1989	Reservas:art. 10, párr. 2;art. 20, párr. 1	Informe inicial: 1992; Segundo informe: 1998;Tercer informe: 2007;Cuarto informe: 2012Quinto informe: presentación prevista en 2019
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
	8 de diciembre de 1989	Reservas: art. 5, párr. 2	n. a.
Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte
	18 de junio de 1993	Ninguna	n. a.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
1 de octubre de 1973	8 de diciembre de 1989	Reservas:art. 2, párr. 2 art. 13, párr. 2 a)	Informe inicial: Segundo informe: 2000Tercer informe: 2012Cuarto informe: presentación prevista en 2020
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
	23 de diciembre de 1985	Reservas:art. 11, párr. 1 art. 13 a)art. 16, párr. 1 d) y f)	Informe inicial: 1987Informes segundo y tercero combinados: 1997Informes cuarto y quinto combinados: 2003Informes sexto y séptimo combinados: 2016
Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
7 de septiembre de 2000	7 de septiembre de 2000	Ninguna	n. a.
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial
21 de marzo de 1968	29 de diciembre de 2000	Reservas:art. 4	Informes inicial y segundo combinados: 2004Informes tercero y cuarto combinados: 2009Informes quinto, sexto y séptimo combinados: presentados en 2018 (aún no se han examinado)
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
28 de septiembre de 1992	11 de abril de 2002	Declaraciones:art. 21 art. 22	Informe inicial: 2009Segundo informe: 2017

78.Irlanda no ha firmado ni ratificado la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares. No obstante, los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares ya reciben una amplia protección en virtud de la legislación irlandesa actual y la Constitución de Irlanda, así como en virtud de la legislación de la UE. Además, los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares forman parte de los compromisos contraídos por Irlanda en virtud de los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que el Estado es parte. Entre ellos se encuentran el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

79.No hay por ahora planes para firmar o ratificar la Convención. No obstante, como ocurre con todas las ratificaciones pendientes de los instrumentos internacionales de derechos humanos, la posición referente a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares continuará siendo objeto de revisión.

80.Irlanda firmó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad cuando se abrió a la firma el 30 de marzo de 2007 y la ratificó el 20 de marzo de 2018. La Convención entró en vigor en el país el 19 de abril de 2018. Los progresos y la aplicación en curso se supervisan internamente mediante las estructuras establecidas para apoyar la aplicación de la Estrategia Nacional de Inclusión de las Personas con Discapacidad, que se publicó el 14 de julio de 2017. La Dependencia de Justicia Civil y Política de Igualdad, del Departamento de Justicia e Igualdad, ha sido designada organismo de coordinación con arreglo al artículo 33 de la Convención. El marco de supervisión incluye tanto la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda como la Autoridad Nacional para la Discapacidad.

81.El 29 de marzo de 2007 Irlanda firmó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, y tiene previsto ratificarla lo antes posible; quizá sea necesario promulgar legislación para para ratificar plenamente esta convención. La posición a este respecto está siendo actualmente objeto de examen. Toda medida legislativa necesaria se promoverá en la medida en que lo permitan las prioridades legislativas en general.

82.El Gobierno irlandés tiene por norma examinar activamente las reservas existentes a los tratados de derechos humanos, de acuerdo con la Declaración y el Programa de Acción de Viena. Actualmente se considera que todas esas reservas son necesarias.

83.Irlanda está plenamente comprometida con la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y se está preparando un proyecto de ley pertinente con miras a permitir la ratificación del Protocolo Facultativo lo antes posible. Se prevé que un anteproyecto de ley se finalice y se someta a la aprobación del Gobierno antes de finales de año.

84.Irlanda firmó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el 23 de marzo de 2012. El Gobierno está considerando aún la cuestión de la ratificación del Protocolo Facultativo.

85.Irlanda ha cursado una invitación permanente a todos los procedimientos especiales de derechos humanos de las Naciones Unidas. La Relatora Especial sobre la venta y la explotación sexual de niños, Maud de Boer-Buquicchio, realizó una visita a Irlanda del 14 al 21 de mayo de 2018.

B.Marco jurídico de protección de los derechos humanos en el plano nacional

1.Protección constitucional: derechos explícitos

86.En la Constitución de Irlanda se reconoce expresamente un gran número de derechos. Estos derechos se enuncian sobre todo, aunque no solo, en el capítulo titulado “Derechos fundamentales”, que abarca los artículos 40 a 44. Entre ellos se incluyen los siguientes derechos: a) igualdad ante la ley (art. 40.1); b) derecho a la vida (arts. 40.3.2 y 3); c) derecho a la protección de la persona (art. 40.3.2); d) derecho al buen nombre (art. 40.3.2); e) derecho a la propiedad, incluido el derecho a poseer, enajenar, legar y heredar bienes (art. 40.3.2, conjuntamente con el art. 43); f) libertad personal (art. 40.4); g) inviolabilidad del domicilio (art. 40.5); h) libertad de expresión (art. 40.6.1 i)); i) derecho de reunión (art. 40.6.1 ii)); j) libertad de asociación (art. 40.6.1 iii)); k) derechos de la familia (art. 41); l) derecho de los padres a encargarse de la educación de sus hijos (art. 42.1); m) derecho de los niños a recibir un nivel mínimo de educación (art. 42.3.2); n) libertad de conciencia y de profesar y practicar una religión (art. 44); o) derecho de voto (arts. 12.2.2, 16.1 y 47.3); p) derecho a presentarse como candidato en elecciones (arts. 12.4.1 y 16.1); q) derecho a que todos los votos tengan el mismo valor (art. 16); r) derecho a que la justicia sea administrada públicamente por jueces independientes (arts. 34 y 35); s) derecho a un proceso penal con arreglo a la ley (art. 38.1); t) derecho a un juicio con jurado (art. 38.5); u) derecho a que los actos de la persona no se declaren contrarios a la ley retroactivamente (art. 15.5.1); v) derechos del niño y deber del Estado de proteger y defender esos derechos (art. 42A); y w) reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo (art. 41.4).

2.Protección constitucional: derechos no especificados

87.En la Constitución se aborda de la forma siguiente la cuestión de los derechos personales:

Artículo 40.3.1

“El Estado garantizará en sus leyes el respeto de los derechos personales del ciudadano y, en la medida de lo posible, los defenderá y protegerá mediante sus leyes.” (cita traducida)

Artículo 40.3.2

“En particular, el Estado protegerá con sus leyes, en la mayor medida posible, el derecho de sus nacionales a la vida, la personalidad, el buen nombre y la propiedad frente a todo ataque injusto y los defenderá en caso de que se cometa una injusticia.”

88.Al interpretar las disposiciones de la Constitución, los tribunales han determinado varios derechos que, si bien no se enuncian expresamente en la Constitución, están sin embargo previstos en ella. Los derechos constitucionales no explícitos más notables son los siguientes:

a)Derecho a la integridad física;

b)Derecho a desplazarse dentro del país;

c)Derecho a viajar al extranjero;

d)Derecho de la persona a que el Estado no atente contra su salud y a no ser sometida a torturas ni a otros tratos o penas inhumanos o degradantes;

e)Derecho a litigar o a acceder a los tribunales;

f)Derecho a asistencia letrada;

g)Derecho a comunicarse;

h)Derecho a contraer matrimonio;

i)Derecho a la intimidad en el matrimonio;

j)Derecho a procrear;

k)Derechos de las madres solteras respecto de sus hijos;

l)Derecho a asistencia letrada en ciertos asuntos penales;

m)Derecho a un juicio justo.

3.Constitucionalidad

89.Con arreglo al artículo 34 de la Constitución, tanto el Tribunal Superior como el Tribunal de Apelación y el Tribunal Supremo tienen competencia para evaluar y determinar la constitucionalidad de cualquier ley.

90.En caso de que un tribunal estime que una ley concreta es inconstitucional, dicha ley dejará de tener validez jurídica ab initio.

4.Reforma constitucional

91.Tras un referéndum constitucional celebrado el 22 de mayo de 2015, se modificó el artículo 41 de la Constitución en el sentido de disponer que pudieran contraer matrimonio de conformidad con la ley dos personas sin distinción de sexo. La enmienda constitucional adquirió carácter legislativo mediante la Ley de Matrimonio de 2015, que entró en vigor el 16 de noviembre de 2015.

92.En un referéndum celebrado el 25 de mayo de 2018, los ciudadanos de Irlanda votaron a favor de enmendar la Constitución para regular la interrupción del embarazo. El Proyecto de Ley de Salud (Regulación de la Interrupción del Embarazo) de 2018 fue aprobado por las Cámaras del Oireachtas el 13 de diciembre de 2018 y se promulgó el 21 de diciembre de 2018 para hacer efectiva esa votación. Los servicios de interrupción de embarazos comenzaron el 1 de enero de 2019.

93.En referéndum celebrado el 26 de octubre de 2018, la mayoría votó a favor de eliminar de la Constitución la referencia a la blasfemia.

94.Tras un referéndum constitucional celebrado el 24 de mayo de 2019, los ciudadanos de Irlanda votaron a favor de modificar el artículo 41, párrafo 3, de la Constitución en el sentido de reducir el plazo durante el cual dos personas deben vivir separadas antes de solicitar un divorcio, así como de sustituir el texto del artículo 41, párrafo 3.3, que versa sobre el reconocimiento de los divorcios extranjeros.

5.Pruebas

95.La norma general en Irlanda es que son inadmisibles las pruebas obtenidas vulnerando deliberadamente los derechos constitucionales de una persona.

6.Revisión judicial

96.La revisión judicial es un recurso contra las personas u órganos que ejercen funciones públicas (incluidos los juzgados menores) para evitar que actúen en sentido contrario a la ley o para obligarlos a actuar de conformidad con ella y a cumplir las normas básicas de la justicia natural y la imparcialidad. Abarca los antiguos recursos del common law de certiorari, mandamus y prohibición. El sistema moderno de revisión judicial es un medio expeditivo por el cual se trata de obtener una orden que anule una decisión o una medida de tal órgano, o le obligue a actuar conforme a la ley, o impida que actúe contra ella.

97.Una persona que desee impugnar la constitucionalidad de la legislación puede hacerlo mediante una revisión judicial. No obstante, este procedimiento no se limita a los casos en que hay irregularidad constitucional. Si bien una ley del Oireachtas solo puede ser invalidada por una irregularidad constitucional, la legislación subordinada puede también ser anulada cuando se exceden los poderes conferidos por la ley facultadora, por ejemplo sobre la base de que la legislación subordinada está ultra vires de la ley facultadora. Asimismo, las decisiones de los órganos estatales y otros órganos que desempeñan funciones públicas pueden impugnarse mediante el procedimiento de revisión judicial. Dichos órganos están obligados a actuar de acuerdo con las facultades a ellos otorgadas y a cumplir las normas básicas de la justicia natural y la imparcialidad de los procedimientos. Cuando no se cumplan esos requisitos, podrá presentarse una impugnación por varios motivos, por ejemplo, ilegalidad, irregularidad procesal y/o incumplimiento de las normas de la justicia natural y la imparcialidad de los procedimientos.

98.En la legislación irlandesa están previstos los siguientes recursos contra violaciones de derechos humanos protegidos por la Constitución: revisión judicial de leyes o proyectos de ley por inconstitucionalidad, cuando tales leyes o proyectos constituyen o constituirían una violación de un derecho protegido por la Constitución; revisión judicial de legislación delegada por inconstitucionalidad o incompatibilidad con la disposición legislativa que autoriza la legislación delegada; y revisión judicial de medidas administrativas por no ajustarse a la Constitución o no ser conformes a derecho, incluso por no respetar las normas de la justicia natural. Con respecto a la Ley sobre el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 2003, cuando no sea posible interpretar el estatuto, el instrumento estatutario, la norma del common law, etc. en cuestión de forma compatible con la Convención, en el artículo 5 de la Ley se prevé que los tribunales superiores formulen una declaración de incompatibilidad que se presentará a ambas Cámaras del Oireachtas. Asimismo, en el artículo 5, párrafo 4, existe una disposición sobre un sistema de indemnización graciable del Estado en circunstancias en que la parte en las actuaciones presente por escrito una solicitud al Fiscal General con respecto al perjuicio, pérdida o daños sufridos a consecuencia de dicha incompatibilidad.

7.Legislación, convenios y convenciones y tratados

99.En el artículo 29, párrafo 3, de la Constitución se afirma que “Irlanda acepta los principios generalmente reconocidos del derecho internacional como regla de conducta en sus relaciones con los demás Estados”. Entre esos principios figuran las normas de derechos humanos en la medida en que forman parte del derecho internacional consuetudinario. Irlanda tiene un sistema dualista en virtud del cual los acuerdos internacionales a los que Irlanda se adhiere como parte no se incorporan en el derecho interno a menos que así lo determine el Oireachtas por ley.

100.Irlanda es parte en los tratados de derechos humanos adoptados bajo los auspicios del Consejo de Europa, entre los que figura el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Convenio se ha incorporado en el derecho interno mediante la Ley de Adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos de 2003. Esta ley establece que los derechos reconocidos en el Convenio se pueden invocar directamente en los tribunales irlandeses.

101.Como Estado parte en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, Irlanda tiene la obligación de acatar las sentencias del Tribunal en las causas en las que sea parte. Varias de las sentencias pronunciadas contra Irlanda han hecho necesario un resarcimiento equitativo de los solicitantes conforme a lo dictado por los tribunales. Bajo la supervisión del Comité de Ministros del Consejo de Europa, el Gobierno seguirá adoptando todas las medidas necesarias para ejecutar las sentencias del Tribunal.

102.Como Estado miembro de la Unión Europea, Irlanda tiene la obligación de respetar la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En ella se reconocen derechos, libertades y principios concretos (económicos y sociales, además de civiles y políticos) de los que son acreedores los ciudadanos comunitarios cuando las instituciones de la Unión Europea y los Estados miembros aplican el derecho de la Unión. En diciembre de 2009, a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Carta tiene el mismo carácter vinculante que los Tratados de la Unión Europea.

8.Instituciones y mecanismos nacionales

103.El Gobierno reconoce la importancia de los mecanismos independientes de denuncia, supervisión e inspección y ha establecido los siguientes:

Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda

104.La Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda fue creada el 1 de noviembre de 2014 tras la fusión de la Comisión de Derechos Humanos y la Dirección de la Igualdad. Es la institución nacional de derechos humanos e igualdad de Irlanda. Es un órgano público independiente que rinde cuentas al Oireachtas y cuyo mandato está establecido en virtud de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda de 2014. Con arreglo a esta ley, la Comisión tiene amplias competencias en el ámbito de la protección y promoción de los derechos humanos y la igualdad. La labor de la Comisión abarca desde actuaciones a nivel de políticas para examinar la eficacia de la legislación, la política y la práctica en materia de derechos humanos e igualdad en el Estado y en los organismos públicos, hasta la colaboración con las comunidades y la sociedad civil para supervisar e informar sobre las experiencias de la vida real de las personas en materia de derechos humanos e igualdad sobre el terreno. Entre sus facultades jurídicas figuran la de prestar ayuda práctica, incluida la asistencia jurídica para ayudar a las personas a defender sus derechos, y contribuir a las causas judiciales ( amicus curiae ) que guarden relación con la igualdad de un individuo o los derechos humanos.

Comisión de Relaciones en el Lugar de Trabajo

105.La Comisión de Relaciones en el Lugar de Trabajo se estableció el 1 de octubre de 2015 en virtud de la Ley sobre las Relaciones en el Lugar de Trabajo de 2015 y agrupó las funciones de la Comisión de Relaciones Laborales, la Dirección Nacional de Derechos del Trabajo, el Tribunal de Igualdad y las funciones de primera instancia del Tribunal de Apelación para litigios relativos a las relaciones laborales. Entre los servicios básicos que proporciona la Comisión de Relaciones en el Lugar de Trabajo figuran la prestación de servicios de conciliación, facilitación, mediación y asesoramiento, la resolución de quejas sobre empleo, igualdad, pensión e igualdad de condición, la vigilancia, por medio de una inspección específica, de las condiciones de empleo para garantizar el cumplimiento y la aplicación de la legislación sobre derechos laborales y el suministro de información al público en relación con la legislación laboral (a excepción de la Ley de Igualdad en el Empleo).

106.La Comisión de Relaciones en el Lugar de Trabajo proporciona los medios para que las denuncias en primera instancia en virtud de la legislación sobre derechos laborales, igualdad en el empleo y relaciones laborales puedan ser investigadas, resueltas mediante una intervención temprana o juzgadas, según proceda. El Consejo se ocupa de las denuncias de discriminación en el empleo y el acceso a los bienes y servicios en virtud de las Leyes de Igualdad en el Empleo promulgadas entre 1998 y 2015 y las Leyes sobre Igualdad de Condición de 2000 a 2015. Las Leyes de Igualdad en el Empleo prohíben la discriminación en el trabajo, en lo que respecta a, entre otras cosas: la contratación y los ascensos; la igualdad de remuneración; las condiciones de trabajo; la formación o la experiencia; el despido; y el acoso, incluido el acoso sexual. Abarcan los nueve motivos de discriminación: género, estado civil, situación familiar, edad, discapacidad, orientación sexual, raza, religión o pertenencia a la comunidad nómada. Las Leyes sobre Igualdad de Condición también abarcan los nueve motivos y prohíben la discriminación en la provisión de bienes y servicios, alojamiento y educación. Prohíben también la discriminación en la prestación de servicios de alojamiento contra las personas que reciben un complemento para el alquiler, asistencia para la vivienda o prestaciones sociales.

Instituto Nacional de Salud

107.El organismo oficialmente responsable de la prestación de los servicios de salud es el Instituto Nacional de Salud, en virtud de la Ley de Salud de 2004, en la que se dispone que el Instituto Nacional de Salud se encargará de administrar y prestar, o adoptar medidas para que se presten en su nombre, los servicios sociales de salud y personales. Antes del establecimiento del Instituto Nacional de Salud, la responsabilidad de esos servicios recaía sobre las juntas regionales de salud, en virtud de la Ley de Salud de 1970, y la Autoridad Sanitaria de la Región Oriental, en virtud de la Ley de Salud (Autoridad Sanitaria de la Región Oriental) de 1999.

Organismo de la Infancia y la Familia

108.La responsabilidad oficial de la prestación de servicios específicos a la infancia y a la familia recae sobre el Organismo de la Infancia y la Familia en virtud de la Ley del Organismo de la Infancia y la Familia de 2013, en la que se asignan al Organismo las siguientes funciones: administrar y prestar —o adoptar las medidas pertinentes para que se presten en su nombre— servicios de apoyo, y promover el desarrollo, bienestar y protección de los niños; respaldar y alentar el funcionamiento eficaz de las familias; contribuir a la asistencia, participación y retención escolar; y proporcionar atención y protección a las víctimas de la violencia doméstica, sexual o de género. El Organismo supervisa también e inspecciona los servicios ofrecidos por los sectores comunitarios/voluntarios y comerciales durante los primeros años de vida de los alumnos en edad de enseñanza preescolar y escolar.

Dirección de Seguridad e Higiene

109.La Dirección de Seguridad e Higiene es el órgano nacional oficialmente encargado de regular la seguridad e higiene, así como los productos químicos y la supervisión de los mercados. El Órgano de Acreditación Nacional de Irlanda también forma parte de la Dirección. Los mandatos de la Dirección de Seguridad e Higiene son:

a)Regular la seguridad, la higiene y el bienestar de las personas en el trabajo y de las personas afectadas por las actividades laborales;

b)Promover la mejora en la seguridad, la higiene y el bienestar de las personas en el trabajo y de las personas afectadas por las actividades laborales;

c)Regular y promover la seguridad en la fabricación, el uso, la comercialización, el comercio y el transporte de productos químicos;

d)Actuar como autoridad de vigilancia en relación con la legislación pertinente del Mercado Único Europeo;

e)Actuar como el organismo nacional de acreditación de Irlanda.

Dirección Nacional sobre la Discapacidad

110.La Dirección Nacional sobre la Discapacidad ofrece al Ministro de Justicia e Igualdad asesoramiento especializado sobre políticas y prácticas en materia de discapacidad. Las organizaciones del sector público tienen la obligación de promover y apoyar la contratación de personas con discapacidad, y en su plantilla deben alcanzar el mínimo reglamentario de un 3 % de trabajadores con discapacidad. La Dirección vigila que los organismos públicos cumplan sus obligaciones y puede recomendar medidas especiales en caso de incumplimiento de las mismas.

Junta de Examen Penal sobre Salud Mental

111.La Junta de Examen Penal sobre Salud Mental se estableció en virtud de la Ley de Justicia Penal (Perturbación Mental) de 2006, modificada por la Ley de Justicia Penal (Perturbación Mental) de 2010. La función de la Junta es revisar la detención de personas en centros designados después de haber sido remitidas por un tribunal por considerar que no reúnen las condiciones para someterse a un proceso o no son culpables de un delito debido a problemas de salud mental. La Junta revisa también la detención de las personas transferidas desde una prisión a un centro designado para que reciban atención o tratamiento. En la actualidad, el único centro designado en el Estado es el Hospital Psiquiátrico Central.

Ombudsman, Comisionado de Información y Comisionado de Información Ambiental

112.La Oficina del Ombudsman se estableció por ley en 1980 a fin de que pudiera examinar las denuncias referentes a acciones administrativas de los departamentos gubernamentales, el Instituto Nacional de Salud, los hospitales públicos y las autoridades locales. La Ley del Ombudsman (Enmienda) de 2012 refuerza las facultades del Ombudsman y amplía la Ley a al menos otros 150 órganos públicos, incluidas todas las instituciones de tercer nivel. Más recientemente, se han ampliado las competencias del Ombudsman de forma que incluyan el sector de las residencias privadas para personas de edad y, desde principios de 2017, se ha permitido oficialmente que el Ombudsman admita quejas de los residentes de centros de acogida. El Ombudsman desempeña un papel fundamental en la defensa de los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con los organismos públicos.

113.Si bien legalmente son entidades independientes, las oficinas del Ombudsman y del Comisionado de Información han estado presididas por la misma persona y han funcionado conjuntamente desde la creación de la Oficina del Comisionado de Información, en 1997. La función del Comisionado de Información Ambiental se incorporó también a ese cargo en 2007, en el contexto de la aplicación por Irlanda de la Convención de Aarhus. El Comisionado se encarga de examinar (previa solicitud) las decisiones de los organismos públicos en relación con las peticiones relativas a la libertad de información y de acceso a la información sobre el medio ambiente y, en caso necesario, de adoptar decisiones nuevas y vinculantes; de examinar la aplicación de las leyes sobre la libertad de información para garantizar que los organismos públicos cumplan las disposiciones de la legislación; y de preparar y publicar observaciones sobre la aplicación práctica de dichas leyes. El Comisionado de Información sobre el Medio Ambiente puede hacer también referencia a cualquier cuestión jurídica que se plantee en una apelación en virtud de dicho código ante el Tribunal Superior para que este tome una determinación.

Oficina del Ombudsman de las Fuerzas de Defensa

114.La Oficina del Ombudsman de las Fuerzas de Defensa se estableció en virtud de la Ley del Ombudsman (Fuerzas de Defensa) de 2004, con el fin de permitir la presentación de denuncias a los miembros y veteranos de las fuerzas de defensa cuando se han agotado los procedimientos de denuncia internos. El Ombudsman también puede examinar las denuncias presentadas por miembros de las Fuerzas de Defensa en relación con la penalización por realizar una divulgación protegida.

Comisión del Ombudsman de la Garda Síochána

115.La Comisión del Ombudsman de la Garda Síochána, organismo independiente para la presentación de denuncias contra la policía, dispone de facultades para investigar directa e independientemente las denuncias contra los miembros de la Garda Síochána, o cualquier otra cuestión cuando parezca que un miembro de la Garda puede haber cometido un delito o haberse comportado de manera que justifique un procedimiento disciplinario.

Oficina del Ombudsman del Niño

116.Las principales esferas de actividad de la Oficina del Ombudsman del Niño son la tramitación independiente de las denuncias presentadas por jóvenes o por adultos en su nombre; la comunicación y la participación, incluida la ayuda a quienes desean obtener información sobre los derechos de los niños y los jóvenes; y la investigación y formulación de políticas, incluido el asesoramiento al Gobierno sobre cuestiones relativas a los derechos del niño.

Comisión de Protección de Datos

117.La Comisión de Protección de Datos se encarga de defender los derechos de los interesados y de hacer cumplir las obligaciones de los controladores y procesadores de datos, en particular los derechos y obligaciones establecidos en el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679) y la Ley de Protección de Datos de 2018. La Comisión es completamente independiente en el desempeño de sus funciones y el ejercicio de sus poderes. Una persona que considere que sus derechos de protección de datos han sido o están siendo vulnerados puede elevar una queja ante la Comisión. La Comisión dispone de una serie de instrumentos de investigación y sanciones en virtud tanto del Reglamento como de la Ley de 2018.

Ombudsman del Lector y Consejo de la Prensa

118.El Consejo de la Prensa de Irlanda y el Ombudsman del Lector protegen e impulsan las normas profesionales y éticas en los periódicos y las revistas de Irlanda. La Oficina del Ombudsman del Lector garantiza a todos el acceso a un mecanismo independiente de formulación de denuncias sobre la prensa, que es rápido, equitativo y gratuito. Estas estructuras se han diseñado de forma que nunca se produzca un mal uso de la libertad de prensa y siempre se atienda al beneficio de los ciudadanos.

Grupo de Control del Plan de Acción Nacional relativo a la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones

119.El Grupo de Control de la aplicación de los Planes de Acción Nacional de Irlanda relativos a la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las ocho resoluciones subsiguientes sobre la mujer, la paz y la seguridad, integrado por un 50 % de representantes académicos y organizaciones de la sociedad civil y otro 50 % de representantes gubernamentales, con un Presidente independiente, se encarga de supervisar el examen periódico y sistemático de los progresos en el logro de los objetivos, iniciativas y metas del Plan de Acción Nacional actual.

Coimisinéir Teanga (Comisionado de la Lengua)

120.La Oficina del Coimisinéir Teanga es un organismo plenamente independiente de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Idiomas Oficiales de 2003. Las funciones y las facultades del Comisionado se especifican en la Ley de 2003 y básicamente consisten en comprobar que los organismos públicos cumplen la ley e investigar denuncias presentadas por los ciudadanos.

Inspector de Prisiones

121.El Inspector realiza inspecciones periódicas de las 12 penitenciarías y centros de detención y elabora un informe sobre cada institución. Esos informes se publican junto con un informe anual.

Dirección de Información y Calidad de los Servicios de la Salud

122.La Dirección de Información y Calidad de los Servicios de Salud es un organismo independiente establecido para impulsar constantes mejoras en la salud y servicios sociales personales, supervisar la seguridad y calidad de dichos servicios y promover una atención centrada en las personas, en beneficio de la sociedad. El mandato de este organismo abarca la calidad y seguridad de los sectores público, privado (en el contexto de su función de atención social) y voluntario. Depende del Ministro de Salud y el Ministro de Asuntos de la Infancia y la Juventud, y se encarga oficialmente de:

a)Formular las normas para los servicios de salud y sociales;

b)Registrar e inspeccionar los centros residenciales para personas de edad y los centros residenciales para personas con discapacidad;

c)Supervisar la calidad y seguridad de los servicios sanitarios y sociales personales;

d)Investigar en la medida necesaria las preocupaciones graves sobre la salud y bienestar de las personas que utilizan esos servicios.

123.El mandato de la Dirección de Información y Calidad de los Servicios de Salud también incluye la elaboración de normas y la inspección de los servicios para niños, así como la inspección de los servicios de protección y bienestar y de la prestación de servicios de acogida en los centros para niños, incluidas las dependencias de seguridad que ofrecen apoyo intensivo a los niños en un centro de seguridad del Organismo de la Infancia y la Familia (antes, Dirección de Servicios de la Salud). Se ocupa también de inspeccionar los reformatorios infantiles.

Ombudsman de los Usuarios de los Servicios Financieros

124.El Ombudsman de los Usuarios de los Servicios Financieros y Pensiones atiende de manera independiente las quejas no resueltas elevadas por los clientes en relación con transacciones particulares con proveedores de servicios financieros y pensiones, en particular las hipotecas y otras cuestiones de crédito al consumo.

Comisión de Salud Mental e Inspección de los Servicios de Salud Mental

125.La Comisión de Salud Mental se encarga de promocionar, estimular y hacer que se mantengan normas elevadas y buenas prácticas en la prestación de servicios de salud mental y de adoptar todas las medidas necesarias para proteger los intereses de los pacientes privados de libertad.

126.La Inspección de los Servicios de Salud Mental está obligada por ley a visitar e inspeccionar anualmente todos los centros homologados y, en la medida en que lo estime conveniente, debe visitar e inspeccionar cualquier otro centro en que se presten servicios de salud mental. Dentro del proceso de inspección compete a la Inspección determinar en qué medida los centros homologados cumplen los códigos de prácticas aplicables o los reglamentos oficiales.

Comisión de Información al Ciudadano

127.La Comisión de Información al Ciudadano da apoyo al suministro gratuito de información, asesoramiento y defensa, asesoramiento monetario y servicios presupuestarios, en relación con toda una serie de servicios públicos y sociales. Apoya la red regional de servicios de información al ciudadano y servicios de asesoramiento monetario y presupuestario que prestan servicios, a nivel local, en todo el país. Además, presta apoyo a los servicios de información telefónica al ciudadano, de interpretación a la lengua de señas y de promoción nacional.

Comisión de Propietarios de Residencias de Alquiler y Tribunal de Alquileres

128.La Comisión de Propietarios de Residencias de Alquiler se creó como órgano independiente de derecho público en virtud de la Ley sobre Alquiler de Viviendas de 2004 con el fin de gestionar un sistema nacional de registro de alquileres y facilitar la resolución de las controversias que se produjeran entre inquilinos y propietarios.

129.En la Ley sobre Alquiler de Viviendas (Enmienda) de 2015 se modificó el artículo 3 de la Ley sobre Alquiler de Viviendas de 2004, en el sentido de hacer que dentro del ámbito de aplicación de esta última se incluyeran también las viviendas alquiladas por órganos de vivienda aprobados a arrendatarios de viviendas sociales. Esto significa que quienes residan como inquilinos en el sector de los órganos de vivienda aprobados pasan a tener los mismos derechos y obligaciones que actualmente se aplican a los propietarios e inquilinos en el sector de alquiler privado.

130.La posición de los arrendatarios de órganos de vivienda aprobados ha mejorado significativamente con este cambio, que comenzó el 7 de abril de 2016, ya que ahora se benefician de lo siguiente:

a)Mayor seguridad del contrato de arrendamiento;

b)Acceso a los procedimientos de resolución de controversias de la Comisión de Propietarios de Residencias de Alquiler, incluida la mediación gratuita;

c)Obligaciones vinculantes para los órganos de vivienda aprobados, en calidad de arrendadores, de, entre otras cosas, registrar todos los arrendamientos, mantener las viviendas en buen estado y permitir la ocupación pacífica.

131.Las disposiciones relativas a la seguridad del contrato de arrendamiento se incluyen en la parte 4 de la Ley sobre Alquiler de Viviendas de 2004 y en un principio se basaban originalmente en ciclos de tenencia de cuatro años renovables automáticamente (que pasaron a ser de seis años en 2016). Cuando un inquilino ha ocupado una vivienda en régimen de arrendamiento durante un período ininterrumpido de seis meses y durante ese período no se ha entregado una notificación válida de rescisión de ese arrendamiento, queda garantizado por ley que el arrendamiento seguirá en vigor durante un período de seis años a partir de su inicio. De conformidad con la parte 5 de la Ley sobre Alquiler de Viviendas de 2004, un arrendatario o un arrendador pueden presentar una notificación de terminación del arrendamiento antes de que expiren los seis años. El artículo 34 de la ley prescribe los motivos limitados que se requieren para que un arrendador ponga fin a un arrendamiento. Un inquilino puede beneficiarse de derechos de arrendamiento en virtud de un contrato de arrendamiento privado que sean más beneficiosos que los derechos de arrendamiento reglamentarios.

132.Más recientemente, la Ley sobre Alquiler de Viviendas (Enmienda) de 2019 estableció que los alojamientos para estudiantes bajo licencia fuesen competencia de la Comisión de Propietarios de Residencias de Alquiler. Aplicó una serie de medidas contenidas en el plan “Reconstruir Irlanda: Plan de Acción de Vivienda y contra la Falta de Hogar” y los compromisos contraídos en septiembre de 2017 de otorgar a la Comisión de Propietarios de Residencias de Alquiler facultades y recursos adicionales para ofrecer una mayor protección tanto a los inquilinos como a los propietarios. La ley también prorrogó hasta el final de 2021 el funcionamiento de las zonas de presión sobre los alquileres, continuando así la protección de los alquileres para los que alquilan en dichas zonas.

133.El Tribunal de Alquileres se creó en virtud de la Ley de Vivienda (Residencias Privadas de Alquiler) (Enmienda) de 1983 y es el órgano de arbitraje que determina el importe del alquiler y otras condiciones de arrendamiento de las viviendas que antiguamente eran de renta limitada con arreglo a las Leyes de Limitación del Alquiler de 1960 a 1981. El Tribunal puede conocer casos nuevos o puede revisar los casos sobre los que anteriormente se hayan pronunciado el Tribunal de Distrito o el propio Tribunal. El 7 de enero de 2016, el Ministro de Vivienda, Planificación y Gobierno Local disolvió el Tribunal de Alquileres, cuyas funciones fueron asumidas por la Comisión de Propietarios de Residencias de Alquiler.

Autoridad Reguladora de los Servicios Jurídicos

134.El Gobierno estableció la Autoridad Reguladora de los Servicios Jurídicos como órgano independiente el 1 de octubre de 2016 dentro del conjunto de reformas de los servicios jurídicos y las costas judiciales introducidas en virtud de la Ley de Reglamentación de los Servicios Jurídicos de 2015. Esto incluye que la Autoridad establezca un marco independiente de denuncias que se ocupe de las alegaciones de conducta profesional indebida en el ámbito jurídico, que sustituirá a los procedimientos de denuncia que históricamente han funcionado a través de los órganos profesionales jurídicos. Esto se apoya en el establecimiento de un Tribunal Disciplinario de los Profesionales del Derecho, nuevo e independiente, que decida sobre cuestiones de faltas graves de conducta en relación con los abogados y procuradores. La ley también impone a los profesionales del derecho mayores obligaciones de mantener a los clientes informados en relación con las costas judiciales y, por otro lado, prevé la creación de una entidad nueva, la Oficina de los Adjudicadores de Costas Jurídicas, en sustitución de la del Director de Tasas, para resolver sobre las costas judiciales impugnadas y mantener un registro público de sus decisiones. Desde su establecimiento, la Autoridad Reguladora de los Servicios Jurídicos ha completado una serie de consultas públicas e informes reglamentarios, en relación con, entre otras cosas, la introducción de modelos de servicios jurídicos nuevos y más competitivos, y ha establecido un calendario para la puesta en marcha de sus funciones y capacidades restantes en su Plan Estratégico 2018-2020 que se ha publicado.

Sociedad civil

135.Irlanda está plenamente resuelta a lograr una democracia plural y abierta y valora la aportación en ese sentido de una sociedad civil diversa e inclusiva. El Gobierno reconoce la contribución del diálogo social al logro de una mayor comprensión entre todos los sectores de la sociedad. Los ministros y sus departamentos continúan manteniendo contactos habituales con representantes de todos los sectores de la sociedad. Sucesivos Gobiernos han concedido gran importancia a la aportación de la comunidad de las ONG en el ámbito de los derechos humanos. A fin de establecer un marco oficial para un intercambio sistemático de opiniones entre el Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio y los representantes de la comunidad de las ONG, se creó el Comité sobre Derechos Humanos del Departamento (anteriormente, Comité Permanente de las ONG), integrado por representantes de ONG y expertos y funcionarios del Departamento. Además, todos los años se celebra un Foro sobre Derechos Humanos, al que se invita a todas las partes interesadas.

C.Marco de promoción de los derechos humanos a nivel nacional

1.Parlamentos y asambleas nacionales y regionales

136.Hay varios comités conjuntos del Oireachtas que se ocupan de las cuestiones relevantes en el ámbito de los derechos humanos y los asuntos públicos. Entre ellos se incluyen el Comité Conjunto de Asuntos Laborales y Protección Social, el Comité Conjunto de la Salud, el Comité Conjunto de Asuntos de la Infancia y la Juventud, el Comité Conjunto de Justicia e Igualdad y el Comité Conjunto de Asuntos Exteriores, Comercio y Defensa.

2.Difusión de los instrumentos de derechos humanos

137.La información relacionada con los principales convenios y convenciones de derechos humanos ratificados por Irlanda y los informes nacionales presentados a las Naciones Unidas sobre la aplicación de dichos instrumentos pueden encontrarse en el sitio web del Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio (www.dfa.ie). Los diferentes departamentos gubernamentales encargados de la aplicación y cumplimiento de los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas se encargan también de su difusión.

138.La Declaración Universal de Derechos Humanos se ha publicado en los dos idiomas nacionales y se ha distribuido ampliamente. Se han puesto también a disposición del público y distribuido entre los miembros de la Dáil Éireann ejemplares de los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Irlanda.

3.Promoción del conocimiento de los derechos humanos entre los funcionarios públicos

139.El Gobierno de Irlanda trata de conseguir que todos los funcionarios públicos tengan conciencia de sus obligaciones en virtud de los distintos instrumentos de derechos humanos. Se ofrece capacitación sobre derechos humanos a los funcionarios públicos, en particular a los de la Garda Síochána y de las fuerzas de defensa y al personal del Servicio de Prisiones de Irlanda.

140.La Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda tiene el mandato, en virtud de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda de 2014, de promover y proteger los derechos humanos y la igualdad. Una de sus funciones específicas es promover la educación y la capacitación en materia de derechos humanos y la concienciación relativa a los mismos. En su forma anterior, la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda desarrolló un proyecto de educación y capacitación en materia de derechos humanos dirigido específicamente a funcionarios y otros empleados públicos.

141.La enseñanza de los derechos humanos se imparte habitualmente en la Escuela de Formación de las Naciones Unidas en Irlanda, ubicada en el Centro de Formación de las Fuerzas de Defensa, y está destinada a los miembros de estas y de las fuerzas armadas de otros países. Por medio de la Escuela de Formación de las Naciones Unidas en Irlanda también se imparte formación a Gardaí, funcionarios, agentes humanitarios, estudiantes y académicos. El programa general de formación está basado en el programa ofrecido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

142.Desde 2007, todos los nuevos funcionarios de prisiones del Servicio de Prisiones de Irlanda obtienen el Certificado Superior de Custodia de Reclusos, que es una cualificación personalizada, de dos años de duración y nivel de grado, diseñada, desarrollada e impartida por el Servicio de Prisiones de Irlanda y la institución académica asociada, actualmente el Instituto Tecnológico de Waterford. Actualmente hay más de 900 personas que han obtenido el Certificado Superior de Custodia de Reclusos o están cursando la formación para ello. El Certificado pone un énfasis significativo en el papel que juegan los derechos humanos en el entorno penitenciario. Los derechos humanos son el marco a través del cual se desarrolla el programa: durante el primer semestre se presenta el marco de los derechos humanos a los nuevos funcionarios de prisiones.

143.La Escuela del Servicio de Prisiones de Irlanda colabora con la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda y ha elaborado un paquete de “formación de instructores” sobre derechos humanos e igualdad, adaptado y revisado, basado en una metodología participativa, para capacitar a los instructores de la Escuela del Servicio de Prisiones de Irlanda. En el programa de capacitación revisado se incluye el marco pertinente de derechos humanos junto con la aplicación práctica de los principios conexos, como la dignidad, el respeto, la igualdad, la proporcionalidad y la transparencia. Ello permitirá a los formadores ofrecer un curso de capacitación de dos horas a todo el personal penitenciario de Irlanda y concentrarse en los principios de dignidad, respeto e igualdad en los contactos cotidianos entre funcionarios de prisiones y reclusos. El programa se impartirá a lo largo de 2019 como parte de un programa de desarrollo profesional continuo de dos días de duración destinado a todo el personal.

144.La función de la Garda Síochána, en virtud del artículo 7 de la Ley de la Garda Síochána de 2005, es prestar servicios policiales y de seguridad al Estado, con objetivos específicos entre los que figura la defensa de los derechos humanos de cada persona. Al hacerlo, debe cumplir obligaciones como el artículo 3 de la Ley del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 2003 y el artículo 42 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda de 2014.

145.El Plan de Dotación Policial de 2017 y la Declaración de Estrategia de la Garda Síochána para 2016-2018 reflejan la importancia de los derechos humanos. En enero de 2017 se publicó un código de ética en el que los derechos humanos son un elemento clave. Además, al ser nombrado, cada miembro de la Garda debe hacer una declaración solemne de cumplir sus obligaciones con “equidad, integridad, respeto de los derechos humanos, diligencia e imparcialidad, defendiendo la Constitución y las leyes y respetando por igual a todas las personas”.

146.La Garda Síochána ha adoptado y está adoptando actualmente una serie de medidas para garantizar que se preste un servicio policial y de seguridad basado en los derechos humanos. Por ejemplo, se ha establecido una sección de derechos humanos y se prevé ampliarla en un futuro próximo teniendo en cuenta los requisitos del artículo 42 de la Ley de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda de 2014. El Comité Consultivo y Estratégico de Derechos Humanos se está restableciendo y se ha propuesto ampliar su composición para incluir a expertos externos en esta esfera. El Comité está presidido por el Comisionado Adjunto de Policía y Seguridad y estudia la manera de velar por que los derechos humanos ocupen un lugar central de la labor policial. Se ha preparado un proyecto de documento marco sobre derechos humanos con el fin de apoyar la integración de un enfoque basado en los derechos humanos en la elaboración de políticas, la capacitación y las operaciones. Los derechos humanos son un elemento clave de la formación que se imparte a los candidatos, funcionarios a prueba, miembros y personal auxiliar de la Garda. Todas las políticas de la Garda son objeto de un examen en materia de derechos humanos. La Garda Síochána tiene una oficina dedicada a la colaboración con las comunidades minoritarias y en la actualidad hay en todo el país más de 200 oficiales de enlace para las personas de minorías étnicas y lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT).

147.La Garda Síochána y el Colegio de Abogados de Irlanda están preparando una capacitación conjunta para los abogados y los miembros de la Garda Síochána en el contexto de las entrevistas de la Garda. Esta iniciativa tiene por objeto seguir apoyando y defendiendo los derechos de todas las personas detenidas por la Garda para ser entrevistadas.

148.Los Gardaí asignados a la Oficina de Inmigración de la Garda reciben información adicional acorde con su labor de funcionarios de inmigración. De la misma manera, el personal de inmigración civil del Servicio de Naturalización e Inmigración de Irlanda destinado a los puestos de primera línea de control de la inmigración recibe capacitación adecuada sobre derechos humanos. Los programas de capacitación incluyen ámbitos como los mecanismos internacionales de derechos humanos, la trata de personas y el fomento de la competencia cultural.

149.Irish Aid, el programa de ayuda exterior de Irlanda, presta considerable atención a la participación pública en el desarrollo y los derechos humanos. Gran parte de esa actividad se realiza en forma de intervención en la escuela primaria y secundaria pero también en la educación extraacadémica. Además, Irish Aid participa en diversas actividades de difusión y comunicación a través de su Centro de Información y Voluntariado ubicado en el centro de la ciudad de Dublín.

4.Promoción del conocimiento de los derechos humanos mediante programas educativos e información pública patrocinada por el Gobierno

150.Las cuestiones relativas a los derechos humanos se tratan en la enseñanza preescolar, primaria y posprimaria. Hay también programas de derechos humanos en algunas instituciones de enseñanza superior.

Enseñanza preescolar

151.En el nivel preescolar, Aistear, el Plan de Estudio Marco para la Primera Infancia, y Síolta, el Marco Nacional de Calidad para la Educación en la Primera Infancia que se aplica en los entornos de servicios de educación de la primera infancia financiados por el Estado, destacan la importancia de fomentar la igualdad y la diversidad en la primera infancia. Se considera que la promoción de la igualdad consiste en crear una sociedad más justa en la que todos puedan participar en pie de igualdad con la oportunidad de realizar su potencial. La diversidad consiste en acoger y valorar las diferencias individuales y de grupo, y en comprender y celebrar la diferencia como parte de la vida.

Enseñanza primaria

152.En la enseñanza primaria, los derechos humanos pueden presentarse en diversos contextos del programa de estudios, que se imparte de forma integrada. En ese nivel se insiste sobre todo en la educación social, personal y sanitaria. Un componente esencial de esa materia obligatoria es la formación ciudadana, que se imparte desde la educación infantil hasta la conclusión de la educación primaria.

Enseñanza posprimaria

153.En el nivel posprimario el conocimiento de los derechos humanos puede incrementarse también en diversos contextos del programa de estudios. Lo más habitual es que forme parte de las materias de educación social, personal y sanitaria, historia, geografía, estudios empresariales, y educación cívica, social y política. La educación cívica, social y política y la educación social, personal y sanitaria forman parte del plan de estudios básico en el primer ciclo de la enseñanza secundaria. Se estudian como parte del área de aprendizaje de bienestar. La educación cívica, social y política tiene por objeto informar, inspirar, empoderar y habilitar a los jóvenes para que participen como ciudadanos activos en la sociedad contemporánea en los planos local, nacional y mundial, sobre la base de una comprensión de los derechos humanos y las responsabilidades sociales. Desde septiembre de 2014 las escuelas pueden ofrecer un nuevo curso breve de educación cívica, social y política. En 2016 se introdujo una nueva asignatura —política y sociedad— en el ciclo superior, con el objetivo de desarrollar la capacidad del alumno para participar en una ciudadanía reflexiva y activa, respaldada por los conocimientos y habilidades de las ciencias sociales y políticas.

154.En el “Marco para el primer ciclo de enseñanza secundaria”, publicado en agosto de 2015, el aprendizaje correspondiente al núcleo básico de dicho ciclo se describe en 24 declaraciones sobre el aprendizaje. En una de ellas se afirma que todos los estudiantes, al finalizar el primer ciclo de enseñanza secundaria, deberían “comprender lo que significa ser un ciudadano activo, con derechos y responsabilidades en el contexto local y en un plano más general”. Además, uno de los principios del Marco es la educación inclusiva, mientras que la capacidad básica de “trabajar con otros” incluirá consideraciones como los conflictos, la cooperación, el respeto de la diferencia y la contribución a un mundo mejor. Todos esos elementos son componentes básicos en el contexto de nuestra comprensión y conciencia acerca de los derechos humanos.

155.Además, el Departamento de Educación y Formación Profesional colabora con Holocaust Education Trust Ireland y ha proporcionado financiación a lo largo de varios años. En 2019 se proporcionaron fondos por un total de 156.829 euros para cursos para que los profesores comprendan a nivel personal la enormidad del Holocausto y se cree mayor conciencia sobre este. La comprensión del Holocausto y la reflexión sobre sus consecuencias ayudan a los profesores a enseñar historia en el aula e inicia debates sobre la lucha contra el racismo y la intolerancia, temas todos ellos pertinentes y con los que los alumnos pueden identificarse fácilmente. La financiación que recibe Holocaust Education Trust Ireland contribuye a varios programas escolares e iniciativas de divulgación e incluye también un certificado de calificación.

156.En enero de 2013 se puso en marcha un plan de acción sobre el acoso escolar, en el que se expone el enfoque del Departamento de Educación y Formación Profesional para combatir el acoso escolar y promover en las escuelas una cultura contra el acoso. El plan establece 12 medidas que se centran en el apoyo a las escuelas, la formación de profesores, la investigación y la sensibilización y tienen por objeto garantizar que se aborden todas las formas de acoso escolar. Varias de esas medidas se han aplicado íntegramente, mientras que otras, por su naturaleza, entrañan una acción continua y son objeto de aplicación permanente. El Plan de Acción también tiene el objetivo de promover el respeto de la diversidad y la inclusión en las escuelas y comunidades irlandesas.

157.A raíz del Plan de Acción sobre el Acoso Escolar, en septiembre de 2013 se publicaron procedimientos nacionales contra el acoso escolar para las escuelas de enseñanza primaria y posprimaria, que actualmente están aplicando las 4.000 escuelas primarias y posprimarias del país.

158.Los procedimientos, que se han publicado en el sitio web del Departamento, tienen por objeto orientar y guiar a las autoridades escolares y al personal de las escuelas en la prevención y la lucha contra el comportamiento intimidatorio entre sus alumnos. Exigen que la prevención sea parte esencial de la política de una escuela contra el acoso escolar. Todas las juntas de administración deben adoptar y aplicar una política de lucha contra el acoso que cumpla plenamente los requisitos de los procedimientos. Entre estos figuran requisitos específicos relativos al uso de estrategias de prevención y educación y la investigación, el seguimiento y el registro sistemáticos del comportamiento de acoso. Las estrategias que implementen las escuelas deben tener su base documental en la política antiacoso y deben tratar explícitamente el tema del acoso escolar basado en la identidad. Las acciones de las escuelas para crear una cultura escolar positiva y para prevenir y hacer frente a la intimidación se incluyen en todo el proceso de evaluación de las escuelas que lleva a cabo la Inspección del Departamento.

159.Otras medidas incluidas en el Plan de Acción sobre el Acoso Escolar son el apoyo a las iniciativas de sensibilización contra el acoso y la elaboración y puesta en marcha de materiales de capacitación contra el acoso para padres, maestros y juntas de administración. El Departamento financia sesiones de capacitación contra el acoso destinadas a los padres, que son impartidas en todo el país por el Consejo Nacional de Padres, proporcionando apoyo a los padres para que puedan ayudar a sus hijos cuando surjan problemas de acoso. El Departamento también financia el sitio web nacional de lucha contra el acoso, www.tacklebullying.ie, que se inauguró en 2015 como punto único de información y apoyo para los jóvenes, los padres y los maestros afectados por el acoso escolar.

160.En relación con la seguridad en línea, se dispone de amplia capacitación y apoyo y recursos curriculares para ayudar a las escuelas a elaborar políticas y prácticas sobre el uso seguro de Internet y sobre la prevención de la intimidación y el acoso a través de Internet. En particular, Webwise.ie, una iniciativa de seguridad en Internet financiada por el Departamento y por la Unión Europea, promueve el uso autónomo, eficaz y más seguro de Internet por parte de los jóvenes mediante una estrategia sostenida de información y sensibilización dirigida a los maestros y las escuelas, a los padres y a los propios niños, en la que se utilizan mensajes coherentes y pertinentes. El equipo de Webwise desarrolla y difunde recursos que ayudan a los profesores a integrar la seguridad en Internet en la enseñanza y el aprendizaje en sus escuelas. El equipo trabaja en estrecha colaboración con el equipo de salud y bienestar del servicio de apoyo a los docentes, financiado por el Departamento, para garantizar que los mensajes sobre seguridad en Internet, incluida la lucha contra el ciberacoso, se tengan en cuenta en la elaboración de las líneas del plan de estudios y el programa de educación social, personal y sanitaria. También se proporciona a los padres información, asesoramiento y herramientas para apoyar su participación en la vida en línea de sus hijos.

161.El Programa de Igualdad de Oportunidades en las Escuelas es la principal iniciativa de política del Departamento de Educación y Formación Profesional para abordar las desventajas educativas en las escuelas. En su plan para 2017, el Programa establece el objetivo de las futuras intervenciones en la esfera fundamental de la política sobre las desventajas educativas y se apoya en lo que ya han logrado las escuelas que se han beneficiado de los apoyos adicionales disponibles en el marco del Programa de Igualdad de Oportunidades en las Escuelas original, que se introdujo en 2005.

Enseñanza superior

162.En el contexto de la educación superior, se ofrece una gran variedad de programas relacionados con los derechos humanos. El estudio de estos derechos forma parte importante de los cursos de derecho, política y relaciones internacionales, pero ocupa también un lugar importante en los cursos de una gran variedad de disciplinas, como sociología, psicología, ciencias de la salud, educación y estudios sobre el género. En Irlanda hay dos centros de investigación especializados en derechos humanos: el Centro de Justicia Penal y Derechos Humanos, de University College Cork, y el Centro Irlandés de Derechos Humanos, de la Universidad Nacional de Irlanda en Galway, además de varios centros de instituciones irlandesas de educación superior que prestan gran atención a los derechos humanos, en particular el Centro de Justicia después de los Conflictos, de Trinity College Dublin, y el Centro de Estudios sobre la Igualdad, de University College Dublin.

163.Las instituciones de educación superior deben defender y proteger los derechos humanos de los estudiantes y del personal. En virtud de la Ley de Igualdad de 2004, la Ley sobre la Igualdad de Condición de 2000 y la Ley de Discapacidad de 2005, los centros de educación superior deben prevenir la discriminación contra los estudiantes y el personal y tener en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad. Todas las instituciones cuentan con políticas y procedimientos para atender las quejas de intimidación y acoso, así como con códigos de conducta y políticas sobre comportamientos éticos. Entre los servicios de apoyo en las instituciones de educación superior se incluyen los de salud, asesoramiento y ayuda a las personas con discapacidad, así como servicios de información en línea y atención pastoral ofrecida a los estudiantes por tutores personales.

164.Numerosas iniciativas y ayudas tratan de conseguir la igualdad de acceso a la educación superior para todos los ciudadanos, incluidos los de entornos desfavorecidos y grupos minoritarios. En diciembre de 2015 se puso en marcha el tercer Plan Nacional de Igualdad de Acceso a la Enseñanza Superior (2015-2019). En 2018 se publicó un examen de los progresos de este Plan Nacional de Acceso en el que también se establecieron las prioridades del Plan Nacional de Acceso hasta 2021. Su objetivo es asegurar que el cuerpo estudiantil que inicia, cursa y completa la educación superior refleje la diversidad y la mezcla social de la población de Irlanda. En el Plan se determinan los grupos destinatarios que actualmente están insuficientemente representados en la enseñanza superior, entre los que figuran los estudiantes de grupos socioeconómicos que tienen una baja participación en la enseñanza superior, los nómadas irlandeses, los estudiantes con discapacidad, los estudiantes adultos recién matriculados, los estudiantes a tiempo parcial o con horario flexible, y los titulares de becas de estudios superiores. En esos grupos también se incluyen los padres solos y las minorías étnicas.

165.En apoyo de este compromiso nacional, la Dirección de Educación Superior ha financiado numerosas iniciativas de acceso a través del Fondo Estratégico de Innovación, en particular la reforma e incorporación de la ruta de acceso a la educación superior y la ruta de acceso a la educación de las personas con discapacidad, que permiten que los estudiantes que se encuentran en situaciones socioeconómicamente desfavorecidas y a los que tienen una discapacidad, respectivamente, accedan a cursos de educación superior aunque tengan una puntuación más baja en el examen del certificado de estudios secundarios. Muchas instituciones de educación superior han establecido programas para ampliar el acceso, por ejemplo el “Programa de enlaces comunitarios” del Instituto Tecnológico de Dublín, que ayuda a los niños y adultos en situación de desventaja educativa a tener acceso a la educación superior; la iniciativa “Universidad y comunidad” de la Universidad de la Ciudad de Dublín, que ofrece un centro de acogida y consulta para promover las oportunidades educativas en la comunidad local; y los programas de acceso del Trinity College Dublin.

166.Las instituciones de educación superior de Irlanda promueven decididamente un concepto activo de la ciudadanía entre los estudiantes y el personal. La Universidad Nacional de Irlanda en Galway desempeña una labor de liderazgo en este terreno, y ha incorporado el compromiso cívico en su Plan Estratégico para 2009-2014. Desde su creación en 2001, la Iniciativa de conocimiento comunitario de la Universidad Nacional de Irlanda en Galway ha promovido activamente el compromiso cívico, y ha ofrecido a los estudiantes el programa de voluntariado ALIVE, que incluye el aprendizaje en el servicio en los programas académicos, además de respaldar la investigación basada en la colaboración y el intercambio de conocimientos con los asociados comunitarios. El Premio al Compromiso, otorgado anualmente por el Presidente de la Universidad de la Ciudad de Dublín, reconoce la participación del personal y los estudiantes en la vida de la comunidad en general; y el programa de enseñanza voluntaria del Trinity College Dublin permite a los estudiantes ofrecer orientación a niños y adolescentes de las comunidades locales de Pearse Street y Ringsend. La red de compromiso universitario financiada por el Fondo Estratégico de Innovación y dirigida por la Universidad Nacional de Irlanda en Galway ha ampliado las actividades de aprendizaje en el servicio, el aprendizaje de base comunitaria y las oportunidades de voluntariado de los estudiantes, así como la promoción de la ciudadanía activa en todas las universidades irlandesas.

167.Al mismo tiempo que reconoce los logros conseguidos hasta la fecha por este sector en favor del compromiso cívico, la Estrategia Nacional de Educación Hasta 2030 pide a las instituciones de educación superior “que se inserten más a fondo en los contextos sociales y económicos de las comunidades en las que viven y a las que prestan servicios”, y con este fin la Dirección de Educación Superior respalda la ampliación de la Red de compromiso comunitario, a fin de que se convierta en una plataforma nacional de compromiso cívico. Asimismo, el marco de evaluación del desempeño del sector que está preparando la Dirección de Educación Superior contribuirá al desarrollo estratégico de las misiones de compromiso de las instituciones de educación superior.

5.Función de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales

168.Irlanda cuenta con una comunidad de ONG fuertes y activas, que desempeñan un papel fundamental en la educación sobre los derechos humanos. Ofrecen información valiosa al Gobierno acerca de las cuestiones relacionadas con los derechos humanos que afectan a las personas a nivel comunitario, a través de foros gubernamentales específicos con ONG así como en un plano más general. Al mismo tiempo, contribuyen a educar al público en general acerca de los programas de derechos humanos y los medios de protección disponibles. La consulta con las ONG constituye parte fundamental del mecanismo de presentación de informes sobre los derechos humanos.

6.Promoción de los derechos humanos en el plano internacional y en el contexto de la cooperación y la asistencia para el desarrollo

169.La promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales siempre ha sido un elemento clave de la política exterior de Irlanda. El país cuenta con un sólido historial de asistencia a países en desarrollo en la lucha contra la pobreza, la vulnerabilidad y la marginación. El programa oficial de ayuda de Irlanda, Irish Aid, forma parte integrante del Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio. Continúa figurando entre los primeros lugares del mundo debido a su atención a la pobreza. En 2019, Irlanda aumentó su presupuesto destinado a la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) en un 16 %, aproximadamente 110 millones de euros, con lo que la AOD superó los 817 millones de euros en 2019. Además, en 2018, el Gobierno reafirmó su compromiso de avanzar en el cumplimiento del objetivo de las Naciones Unidas de asignar el 0,7 % del ingreso nacional bruto (INB) a la asistencia oficial para el desarrollo para 2030.

170.En 2019 se puso en marcha la nueva política de desarrollo internacional de Irlanda, “Un mundo mejor”, que se enmarca en el compromiso de Irlanda con la ambición transformadora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y en particular el llamamiento a la unidad en pos de “llegar primero a los más rezagados”. Irlanda aumentará sus recursos y su capacidad para ejercer su influencia e implicación a nivel mundial en cuatro prioridades de política: la igualdad entre los géneros, la reducción de las necesidades humanitarias, la acción climática y el fortalecimiento de la gobernanza. Irlanda es consciente de que el disfrute de todos los derechos humanos —civiles, culturales, económicos, políticos y sociales— es fundamental para el desarrollo. A su vez, el desarrollo es fundamental para el pleno disfrute de esos derechos. La Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas establecen el marco de las relaciones internacionales de Irlanda, incluida la cooperación para el desarrollo. El Gobierno de Irlanda, por conducto de su programa de cooperación internacional para el desarrollo, proporciona financiación a una amplia gama de programas de derechos humanos en varios países en desarrollo. El apoyo a la sociedad civil ascendió a alrededor del 22 % de nuestro presupuesto total en 2017, un porcentaje mucho mayor que el promedio de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). En 2017, aproximadamente el 8 % del presupuesto de la AOD de Irlanda (61 millones de euros) se destinó a la labor en materia de gobernanza, derechos humanos e igualdad de género. Además, Irlanda presta apoyo básico al sistema de las Naciones Unidas, incluida la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

D.Proceso de presentación de informes nacionales

171.En el cuadro siguiente se indica el departamento gubernamental que asume la responsabilidad principal de coordinar el proceso de presentación de informes en el marco de los principales instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas.

Instrumento de las Naciones Unidas	Departamento gubernamental principal
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos	Dependencia de Derechos Humanos, Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales	Dependencia de Derechos Humanos, Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes	Dependencia de Política de Justicia Penal, Departamento de Justicia e Igualdad
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer	Dependencia de Igualdad de Género, Departamento de Justicia e Igualdad
Convención sobre los Derechos del Niño	Dependencia de Legislación de Atención a la Infancia y Políticas de Derechos del Niño, Departamento de Asuntos de la Infancia y la Juventud
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial	Dependencia de Justicia Civil y Política de Igualdad, Departamento de Justicia e Igualdad
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad	Dependencia de Justicia Civil y Política de Igualdad, Departamento de Justicia e Igualdad

172.El proceso inicial de redacción de todos los informes de Irlanda sobre los derechos humanos incluye reuniones interdepartamentales con todos los departamentos gubernamentales competentes. Se lleva a cabo un amplio proceso de consulta con la sociedad civil en varias fases del proceso de redacción. Se invita también a la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda a participar en consultas sobre los informes.

173.El Gobierno de Irlanda reconoce el importante papel desempeñado por las organizaciones no gubernamentales (ONG) para promover y hacer realidad los derechos previstos en los tratados, y en la práctica habitual de preparación de los informes nacionales se incluyen consultas con una gran variedad de ONG.

E.Otra información relacionada con los derechos humanos

174.Irlanda fue objeto de su primer examen en el marco del examen periódico universal de las Naciones Unidas en octubre de 2011 y en marzo de 2012 presentó una adición al informe del Grupo de Trabajo a las Naciones Unidas. De las 127 recomendaciones formuladas por Estados Miembros de las Naciones Unidas, Irlanda aceptó 91, aceptó parcialmente 17 y desestimó 19.

175.El informe nacional de Irlanda para el segundo ciclo se presentó a las Naciones Unidas en febrero de 2016 y el último examen de Irlanda se produjo el 11 de mayo de 2016. Otros Estados Miembros de las Naciones Unidas formularon a Irlanda 262 recomendaciones, de las cuales 152 se aceptaron de inmediato, 13 no se aceptaron y 97 se retuvieron para un examen ulterior. Nuestras respuestas a las 97 recomendaciones pendientes figuran en la adición al informe del Grupo de Trabajo, que se presentó a las Naciones Unidas el 5 de septiembre de 2016. En total, de las 262 recomendaciones hechas a Irlanda, 176 han sido aceptadas, 45 han sido aceptadas parcialmente y 41 no han sido aceptadas.

1.Información sobre la no discriminación, la igualdad y los recursos efectivos

No discriminación e igualdad

Legislación

176.Irlanda está en una situación avanzada en cuanto a su promoción y protección de los principios de igualdad y no discriminación. Existe un conjunto de leyes de igualdad cuyo objetivo es conseguir la igualdad para todos. En el siguiente cuadro se enumeran los principales instrumentos de legislación:

Bunreacht na hÉireann (Constitución de Irlanda): arts. 40.1, 40.3.1, 40.3.2 y 44.2.3;

Leyes sobre Despidos Injustos de 1977 a 2007

Ley del Ombudsman de 1980

Ley de Prohibición de la Incitación al Odio de 1989

Ley de Pensiones de 1990

Ley de Protección de la Maternidad de 1994

Ley de Licencia por Adopción de 1995

Ley de Asistencia Letrada en Causas Civiles de 1995

Ley de Licencia por Maternidad o Paternidad de 1998

Ley de Igualdad en el Empleo de 1998

Ley de Educación de 1998

Ley de Igualdad (Disposiciones Varias) de 2015

Ley sobre la Igualdad de Condición de 2000

Ley de la Comisión de Derechos Humanos de 2000

Ley sobre Bebidas Alcohólicas de 2003

Ley de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda de 2014

Ley de Indemnización por Despido de 2003

Ley de Igualdad de 2004

Ley sobre Alquiler de Viviendas de 2004

Ley de Bienestar Social (Disposiciones Varias) de 2004

Ley de Administración de la Función Pública (Contrataciones y Nombramientos) de 2004

Ley de Protección del Empleo (Despidos Colectivos Excepcionales y Asuntos Conexos) de 2007

Ley de Derecho Civil (Disposiciones Varias) de 2008, parte 16

Ley sobre la Marina Mercante de 2010

Ley de las Uniones Civiles y Determinados Derechos y Obligaciones de los Convivientes de 2010

Ley de Derecho Civil (Disposiciones Varias) de 2011

Ley de Ministros y Secretarios (Enmienda) de 2011

Ley de Protección de los Empleados (Trabajo Temporal) de 2012

Ley sobre la Igualdad de Condición (Enmienda) de 2012

Código de prácticas sobre acoso y acoso sexual en el lugar de trabajo, Instrumento Reglamentario núm. 208 de 2012

177.Entre los grandes instrumentos legislativos promulgados se encuentran las Leyes de Igualdad en el Empleo de 1998 a 2011 y las Leyes sobre la Igualdad de Condición de 2000 a 2012. Estas prohíben la discriminación directa e indirecta en el ámbito del empleo y del acceso a los bienes y servicios, con inclusión de la vivienda, la atención de la salud y la educación, por nueve motivos: género, estado civil, situación de familia, orientación sexual, religión, edad, discapacidad, raza o pertenencia a la comunidad nómada. Prohíben también la victimización, es decir, la discriminación de una persona por el hecho de que haya iniciado un proceso o presentado pruebas con arreglo a la legislación en materia de igualdad, o por haberse opuesto por medios lícitos a una discriminación prohibida por esa legislación. Esas leyes establecieron las estructuras institucionales necesarias para garantizar la aplicación eficaz de la legislación. En los párrafos 104 a 106 supra se han señalado las principales novedades registradas en relación con esa infraestructura.

178.Entre las mejoras recientes de la legislación sobre la igualdad cabe señalar las siguientes:

a)Tras el reconocimiento de la unión oficial entre parejas del mismo sexo, la protección frente a la discriminación por motivos relacionados con la situación conyugal se amplió a fin de incluir las uniones registradas, y el posible motivo de discriminación recibió el nombre de “estado civil”;

b)Se incrementó la indemnización máxima que podrá adjudicarse en casos de discriminación en el ámbito del empleo, para pedir una mayor compensación en el caso de trabajadores con bajo nivel de remuneración;

c)La Ley de Educación (Admisión a la Escuela) de 2018, que se aprobó el 18 de julio de 2018, introduce una política de admisión a las escuelas primarias y posprimarias más uniforme y equitativa, y que tiene más en cuenta las necesidades de los padres, que se aplica a las casi 4.000 escuelas primarias y posprimarias de Irlanda, y un proceso de admisión justo y equilibrado para todos los alumnos. Las disposiciones de la ley tienen por objeto facilitar a los padres el acceso a las escuelas locales y la matriculación de sus hijos en una escuela que satisfaga sus necesidades. La ley exige que las escuelas sean justas y transparentes al decidir cómo asignan prioridad a los niños para su admisión en el centro. Cuando comience su aplicación, la ley exigirá que, en caso de que una escuela no tenga exceso de alumnos, deberá aceptar a todos los solicitantes. La ley abolirá las listas de espera, eliminando así la discriminación contra los padres que se trasladen de zona. Algunos artículos de la ley comenzaron a aplicarse en 2018. La Ley de Educación (Admisión a la Escuela) enmienda la Ley sobre la Igualdad de Condición de 2000 en el sentido de prohibir el uso de la religión como criterio de selección en las admisiones a la escuela primaria, al tiempo que se contemplan ciertas medidas de protección para garantizar que un niño de una religión minoritaria pueda acceder a una escuela que imparta una instrucción religiosa o un programa de educación religiosa acorde con sus creencias religiosas. La ley prohíbe el cobro de cuotas de admisión en las escuelas gratuitas. También otorga al Ministro la facultad de obligar a una escuela a que adopte disposiciones adicionales con respecto a los niños con necesidades educativas especiales, es decir, a abrir una o varias clases especiales, cuando el Consejo Nacional para la Educación Especial haya determinado la necesidad de esa disposición en una zona;

d)El artículo 19 de la Ley de Universidades Tecnológicas de 2018 dispone que las universidades tecnológicas elaboren una declaración de igualdad que abarque un período de tres a cinco años, en la que se especificarán las políticas de dicha universidad tecnológica con respecto a la promoción del acceso a la misma y a la educación que imparte, por parte de personas económica o socialmente desfavorecidas, de personas que tengan una discapacidad y de personas de sectores de la sociedad que estén considerablemente infrarrepresentados en el cuerpo estudiantil, así como su política en relación con la igualdad, incluida la igualdad entre los géneros, en todas sus actividades. El artículo 9 de la ley establece las funciones generales de una universidad tecnológica, entre las que figura la promoción del equilibrio entre los géneros y la igualdad de oportunidades entre los estudiantes y el personal de la universidad tecnológica;

e)Al tiempo que la Directiva 2005/36 de la UE se aplica a las Leyes del Consejo de Docencia de 2001 a 2015, el Instrumento Reglamentario 8 de 2017 da un mayor efecto al reconocimiento de las cualificaciones profesionales por parte de una autoridad competente en el Estado y otorga al beneficiario el derecho de acceder en el Estado a la misma profesión para la cual estuviera cualificado en el Estado Miembro de origen y seguir ejerciendo dicha profesión en el Estado en las mismas condiciones que los nacionales del Estado (es decir, prohíbe la discriminación en el acceso a la profesión docente —entre otras— en Irlanda, sobre la base de tener la nacionalidad de un país de la UE que no sea Irlanda);

f)La Ley de Igualdad (Disposiciones Varias) de 2015 enmendó los artículos 2 y 6 de la Ley sobre la Igualdad de Condición de 2000, de modo que una persona no podrá sufrir discriminación en el alquiler porque reciba un complemento para el alquiler, asistencia para la vivienda o cualquier otra prestación social. Esto significa que, cuando un arrendador anuncie una vivienda, ya no podrá declarar que no se acepta un complemento para el alquiler o asistencia para la vivienda, y que no podrá negarse a alquilar una vivienda a una persona porque esta reciba una prestación social;

g)La Ley de Igualdad (Disposiciones Varias) de 2015 prohibió que las escuelas e instituciones médicas gestionadas por órdenes religiosas discriminaran al personal perteneciente a los colectivos de lesbianas, gais, bisexuales y transgénero por motivo de su sexualidad.

179.Esas leyes hacen efectiva en la legislación interna la obligación que tiene Irlanda en cuanto miembro de la Unión Europea de aplicar las iniciativas europeas previstas en las Directivas del Consejo núms. 2000/43/CE, 2000/78/CE y 2004/113/CE, aprobadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del Tratado de la Comunidad Europea, y las Directivas del Consejo núms. 2002/73/CE y 2006/54/CE, aprobadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 141 del Tratado. Esas directivas, conocidas comúnmente como directivas de igualdad, exigen la igualdad de trato por motivos de género, origen racial o étnico, religión o creencias, discapacidad, edad y orientación sexual.

180.El efecto general de esas directivas es exigir que los Estados miembros prohíban la discriminación directa, la discriminación indirecta y el hostigamiento por motivos de género, origen racial o étnico, religión o creencias, discapacidad, edad y orientación sexual en relación con el empleo, el autoempleo o la capacitación y la formación profesional. También se prohíben la victimización y el hostigamiento sexuales. Asimismo, las Directivas 2000/43/CE y 2004/113/CE prohíben la discriminación en el acceso a los bienes y servicios y la prestación de estos, y la Directiva 2000/43/CE prohíbe la discriminación racial en los ámbitos de la protección social, las ventajas sociales y la educación.

Incorporación de la igualdad

181.Los procedimientos gubernamentales exigen que todas las propuestas sustantivas presentadas al Gabinete tengan en cuenta la repercusión en la igualdad de género, en las personas con discapacidad y en los grupos vulnerables.

182.En el Programa en favor de un Gobierno de Colaboración (2016) se fijó un compromiso de desarrollar el proceso de verificación de la política y el presupuesto como medio de promover la igualdad, reducir la pobreza y afianzar los derechos económicos y sociales. El Programa se comprometió además a aprovechar de manera directa la experiencia de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda para apoyar el proceso de verificación.

183.El Departamento de Gasto Público y Reforma ha emprendido una importante labor en materia de elaboración de presupuestos para la igualdad. Se anunció una iniciativa piloto de presupuestos para la igualdad como parte del presupuesto de 2018. En ella se identificaron seis objetivos de igualdad y la medición del desempeño de los mismos se incluyó luego en las estimaciones revisadas para 2018. Cinco de los objetivos estaban relacionados con la igualdad de género, mientras que el sexto se refería a la igualdad socioeconómica. En el informe sobre la ejecución de la función pública de 2017 (publicado en abril de 2018) se incluyó una actualización del programa piloto.

184.Tras los logros del programa piloto, se está avanzando en el desarrollo de la presupuestación para la igualdad a fin de aprovechar el impulso logrado y ampliar su alcance a otras dimensiones de la igualdad, como la pobreza, la desigualdad socioeconómica y la discapacidad. En las estimaciones revisadas para 2019 se incluyen otros objetivos y un apéndice con indicadores de rendimiento. En el informe sobre la ejecución de este año se volvió a incluir una actualización sobre esta labor.

185.Se ha creado un grupo asesor de expertos en presupuestación para la igualdad con el fin de apoyar este proceso y aportar conocimientos especializados sobre la mejor manera de avanzar en esta importante labor. La introducción de la presupuestación para la igualdad está aportando una mayor conciencia de los efectos de las decisiones presupuestarias y una mayor transparencia en las esferas que requieren atención.

186.En el artículo 42 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda de 2014 se impone a los organismos del sector público el deber positivo de tener en cuenta la necesidad de eliminar la discriminación, promover la igualdad y proteger los derechos humanos en el desempeño de sus actividades cotidianas.

187.Ese deber jurídico en materia de igualdad y derechos humanos del sector público aspira a incorporar la igualdad y los derechos humanos como elementos centrales de la formulación de políticas, la prestación de servicios y el empleo en el sector público en Irlanda. En 2018, la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda siguió apoyando la aplicación del deber jurídico mediante la elaboración de orientaciones prácticas y recursos para los organismos públicos, y una continua sensibilización externa de una amplia gama de organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil. La Comisión emprendió cinco proyectos piloto con el fin de apoyar la elaboración de un enfoque para la aplicación del deber jurídico en diferentes contextos. Estos proyectos piloto se pusieron en marcha para llevar a la práctica el aprendizaje sectorial sobre el deber, a través de diversas organizaciones del sector público. Los proyectos piloto han servido de base para obtener más orientación práctica sobre el deber jurídico, y el aprendizaje se recoge mediante estudios de casos para dar apoyo a otras organizaciones durante la primera etapa de aplicación.

Estrategia Nacional para las Mujeres y las Niñas

188.La Estrategia Nacional para las Mujeres y las Niñas 2017-2020, sucesora de la Estrategia Nacional sobre la Mujer 2007-2016, fue aprobada por el Gobierno y puesta en marcha el 3 de mayo de 2017. Proporciona un marco pangubernamental a través del cual se sigue fomentando el empoderamiento de la mujer, reflejando un tema clave que se desarrolla a lo largo del Programa en favor de un Gobierno de Colaboración y los compromisos del Gobierno en virtud de la Plataforma de Acción de Beijing y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En la preparación de la Estrategia Nacional para las Mujeres y las Niñas se realizó una amplia consulta pública y entre las partes interesadas de toda la sociedad irlandesa que contribuyeron a su desarrollo figuraron grupos de mujeres, actores de la sociedad civil, el movimiento sindical y representantes empresariales.

189.La meta de conseguir “una Irlanda donde todas las mujeres gocen de igualdad de derechos con los hombres y puedan alcanzar su pleno potencial, teniendo, al mismo tiempo, una vida segura y satisfactoria” sigue constituyendo la base de la Estrategia, mientras que su objetivo global es “cambiar las actitudes y las prácticas que impiden la plena participación de las mujeres y las niñas en la educación, el empleo y la vida pública, en todos los niveles, y mejorar los servicios para las mujeres y las niñas, otorgando prioridad a las necesidades de quienes experimentan o corren el riesgo de experimentar los peores resultados”.

190.Con el fin de promover este objetivo, la Estrategia Nacional para las Mujeres y las Niñas establece 139 medidas separadas, que están siendo emprendidas por los departamentos y organismos gubernamentales en cooperación con los agentes sociales y la sociedad civil, según proceda, en el marco de seis objetivos de alto nivel, a saber:

a)Promover la igualdad socioeconómica de las mujeres y las niñas;

b)Promover la salud física y mental y el bienestar de las mujeres y las niñas;

c)Garantizar la visibilidad en la sociedad de las mujeres y las niñas, así como su ciudadanía activa e igualitaria;

d)Promover el adelanto de la mujer en el ámbito del liderazgo en todos los niveles;

e)Combatir la violencia contra la mujer;

f)Incorporar la igualdad de género en la adopción de decisiones.

191.Los interesados, incluidos los grupos de mujeres y los grupos de la sociedad civil, siguen participando estrechamente en el comité que supervisa la aplicación de la Estrategia Nacional para las Mujeres y las Niñas. El Comité está presidido por el Ministro de Estado encargado de la igualdad, la integración y la inmigración, y entre los miembros del Comité figuran también representantes de departamentos gubernamentales. En su labor cuenta con el apoyo de una secretaría del Departamento de Justicia e Igualdad.

Acción positiva en el lugar de trabajo y en las comunidades

192.El Programa para el Retorno al Trabajo de la Mujer y de Mujeres Empresarias es un programa de acción positiva para las mujeres, cofinanciado por el Gobierno y el Fondo Social Europeo como parte del Programa para la Empleabilidad, la Inclusión y el Aprendizaje 2014-2020. Su objetivo es apoyar a una cohorte de mujeres que actualmente están desvinculadas del mercado de trabajo (que no están ni empleadas ni desempleadas) para ayudarlas a volver al mercado laboral.

193.Se han asignado 11 millones de euros para la financiación de este programa durante el período 2016-2022. Los fondos se distribuyen a las operaciones tras convocatorias abiertas de propuestas. Los primeros proyectos de las dos líneas de este programa se seleccionaron tras una convocatoria de propuestas publicada en 2016 y tendrán una duración de tres años.

194.En la línea de mujeres empresarias, se han asignado 1,2 millones de euros y financiado cuatro proyectos.

195.El Gobierno también presta apoyo financiero al Colectivo Nacional de Redes Comunitarias de Mujeres para ejecutar un programa de igualdad y desarrollo de la mujer a fin de mejorar la inclusión de las mujeres en las comunidades. El Departamento de Justicia e Igualdad ha proporcionado esta financiación desde 2016, que ascendió a 1.385.000 euros en 2016 y 2017, 1.405.000 euros en 2018 y 1.439.000 euros en 2019. El Colectivo Nacional de Redes Comunitarias de Mujeres se constituyó como organización nacional en 2002, centrada en el desarrollo comunitario de las mujeres.

Prevención de la violencia doméstica, sexual y de género

196.Desde junio de 2007, el Gobierno ha encomendado al Departamento de Justicia e Igualdad el mandato de dar una respuesta estatal a la violencia doméstica, sexual y de género, que afecta de manera desproporcionada a las mujeres. La Segunda Estrategia Nacional contra la Violencia Doméstica, Sexual y de Género (2016-2021) prevé una amplia serie de medidas relacionadas tanto con las intervenciones primarias de prevención, reconocimiento y comprensión de esta violencia como las intervenciones secundarias en las esferas de la presentación de informes, remisión y respuesta a los actos de violencia.

Apoyo al Consejo Nacional de Mujeres de Irlanda

197.El Gobierno proporciona financiación básica al Consejo Nacional de Mujeres de Irlanda, en reconocimiento de sus funciones como órgano representativo que expone las preocupaciones y perspectivas de las mujeres. En 2018, esta financiación ascendió a 500.000 euros y en 2019 a 525.000 euros.

198.Si bien el Consejo Nacional de Mujeres de Irlanda es totalmente independiente del Gobierno en lo que se refiere a las políticas y solo debe rendir cuentas a sus propios miembros y al Comité ejecutivo elegido, su financiación gubernamental procede de las siguientes recomendaciones formuladas al Gobierno en 1992: que el Consejo ofreciera a las organizaciones de mujeres de alcance regional y nacional un foro en el que pudieran compartirse y elaborarse las opiniones, puntos de vista, experiencias y perspectivas de las mujeres; que, mediante su labor en el plano nacional, el Consejo incorporara esas opiniones y perspectivas al proceso de formulación de políticas y de toma de decisiones, al mismo tiempo que alentaba y apoyaba la labor de sus afiliados y otros grupos de mujeres para que intervinieran en el plano local y regional; y que elaborara programas de liderazgo y desarrollo para los grupos de mujeres de todo el país. Además de su función en el terreno del desarrollo, se reconoce la aportación del Consejo como organismo bien informado y constructivo en relación con la aplicación y el examen de las iniciativas de políticas, y sus responsables mantienen un contacto frecuente con los cargos políticos de alto nivel y los encargados de la formulación de las políticas.

Representación de la mujer en los consejos de Estado

199.En el Programa en favor de un Gobierno de Colaboración para 2016 se reafirma el compromiso contraído por el Gobierno de aumentar la representación en los consejos de Estado hasta un 40 % para cada uno de los géneros. Ese compromiso se refleja en la Estrategia Nacional para las Mujeres y las Niñas, 2017-2020.

200.Entre 2011 y 2014 se introdujeron cambios importantes en el sistema de nombramientos de los consejos de Estado con miras a promover un mayor acceso a las oportunidades en los consejos de Estado y una mayor transparencia en los nombramientos. El Ministro de Gasto Público y Reforma publicó directrices sobre los nombramientos para los consejos de Estado en 2014. Con arreglo a las nuevas disposiciones, los nombramientos para los consejos de Estado se anuncian públicamente en el portal de los consejos de Estado, www.stateboards.ie, gestionado por el Servicio de Nombramientos Públicos. Este evalúa las candidaturas a miembros del consejo de Estado de acuerdo con las especificaciones anunciadas para las funciones de esos cargos y presenta una lista de posibles miembros de la junta para que el ministro competente la examine. De conformidad con la política del Gobierno sobre el equilibrio entre los géneros en los consejos de Estado, el Servicio de Nombramientos Públicos supervisa sistemáticamente que haya un equilibrio entre los géneros en todo el proceso de nombramiento. En 2017, las mujeres representaron el 35 % de las solicitudes recibidas, el 38 % de los solicitantes evaluados como aptos y el 52 % de los miembros de consejos de Estado nombrados a través de este proceso.

201.Los datos principales sobre la distribución de los puestos en los consejos de Estado a diciembre de 2018 son los siguientes:

a)Casi la mitad (47,6 %) de los consejos de Estado tenían una composición en la que cada uno de los géneros tenía al menos un 40 % de representación;

b)En promedio, la distribución de géneros en los consejos de Estado era de un 41,5 % de mujeres y un 58,5 % de hombres;

c)El 29,8 % de los presidentes de consejos de Estado eran mujeres y el 70,2 % hombres.

2.Fomento de la integración de los migrantes

202.La Dependencia de Justicia Civil y Política de Igualdad es la entidad coordinadora del compromiso del Gobierno en materia de lucha contra el racismo como aspecto clave de la integración, la gestión de la diversidad y la política social nacional en general. Proporciona financiación a una serie de autoridades locales y organizaciones comunitarias y de voluntarios con el fin de apoyar los programas locales que educan al público en cuestiones como la inmigración, la integración y la lucha contra el racismo. Esta Unidad también ha proporcionado financiación a ONG clave como Show Racism the Red Card, que en los últimos años ha organizado un concurso creativo para escolares. También se proporciona financiación a Holocaust Education Trust Ireland para que desarrolle iniciativas educativas que enseñen a los niños los peligros del racismo y la importancia de la integración y la tolerancia. La Dependencia de Justicia Civil y Política de Igualdad también es el punto de enlace nacional que informa a nivel internacional sobre el racismo a las Naciones Unidas y al Consejo de Europa, y está representada en el Grupo de Alto Nivel de la Unión Europea sobre la Lucha contra el Racismo, la Xenofobia y otras Formas de Intolerancia.

203.El Gobierno de Irlanda está firmemente decidido a promover políticas que integren a los grupos étnicos minoritarios existentes en Irlanda y que fomenten la inclusión social, la igualdad, la diversidad y la participación de los inmigrantes en la vida económica, social, política y cultural de sus comunidades. Para hacer realidad ese compromiso se está llevando a cabo un número significativo de actividades.

204.Actualmente, Irlanda está aplicando una amplia Estrategia de Integración de los Migrantes, que se puso en marcha en febrero de 2017. Se trata de una estrategia pangubernamental, cuyo objetivo fundamental es alcanzar una situación en la que los migrantes puedan participar plenamente en la sociedad irlandesa, la integración sea un principio básico de la vida en Irlanda, y la sociedad y las instituciones trabajen de consuno para promover la integración. La Estrategia se aplicará a lo largo de cuatro años mediante una serie de iniciativas en todos los poderes del Estado. Entre las esferas prioritarias figuran el acceso a la ciudadanía y los servicios públicos, el empleo y la educación, la participación política y la promoción de la sensibilización intercultural. Tanto departamentos gubernamentales como los organismos, las ciudades y las comunidades locales tienen un papel que desempeñar en el cumplimiento de los compromisos de la Estrategia. Esta es también el principal vehículo para promover la concienciación intercultural y combatir el racismo y la xenofobia. Incluye una medida para revisar la legislación actual sobre los delitos por motivos raciales con miras a fortalecerla. También se pretende abordar la cuestión del bajo índice de denuncias de delitos por motivos raciales.

205.De 2017 a 2019, la Dependencia de Justicia Civil y Política de Igualdad asignó más de 4,5 millones de euros a proyectos nacionales y comunitarios destinados a apoyar la integración durante un plazo de tres o cuatro años con financiación del Gobierno de Irlanda. Los proyectos tienen por objeto promover la integración, luchar contra el racismo y la xenofobia y aumentar la comprensión mutua entre los migrantes y sus comunidades de acogida. Además, se han asignado para esas medidas 12,3 millones de euros de financiación de la UE (del Fondo de Asilo, Migración e Integración y del Fondo Social Europeo) para el período 2017-2022. Los departamentos y organismos gubernamentales también pueden financiar las actividades de integración con sus propios recursos.

206.La Dependencia de Justicia Civil y Política de Igualdad también reestructuró su sitio web en 2018 para que fuera más fácil de utilizar y se centrara más en sensibilizar al público sobre la política de integración del Gobierno y la financiación disponible para los proyectos de integración, e hiciera hincapié en las actividades de integración y lucha contra el racismo que se llevan a cabo en todo el Estado. En ese sitio web, los migrantes pueden tener acceso a información sobre una gran variedad de temas de interés, en particular las novedades registradas en el ámbito de la gestión de la integración y la diversidad, información práctica destinada a los nuevos migrantes y consejos sobre cómo actuar ante incidentes racistas o de discriminación.

Educación de los niños migrantes

207.El funcionamiento del sistema educativo de Irlanda se basa en el principio de inclusión, de conformidad con las obligaciones contraídas en virtud de la Constitución y el derecho nacional e internacional. Las leyes pertinentes para el sector educativo, como la Ley de Educación de 1998, la Ley de Educación (Asistencia Social) de 2000 y la Ley de Educación de las Personas con Necesidades Educativas Especiales de 2004, establecen claramente los principios de igualdad. Si procede, se asigna apoyo adicional en función de las necesidades educativas individuales identificadas. Todos los niños inmigrantes, incluidos los hijos de solicitantes de asilo, refugiados, trabajadores migrantes y menores no acompañados, tienen acceso a la educación preescolar, primaria y secundaria del mismo modo que los nacionales irlandeses, hasta cumplir los 18 años de edad. Los niños y las niñas pueden acceder al sistema educativo sobre la misma base.

208.Las Juntas de Educación y Capacitación imparten, a nivel nacional, clases de inglés para los hablantes de otros idiomas a los migrantes y a los nuevos miembros de la comunidad en Irlanda. Este programa está a disposición de los migrantes y solicitantes de asilo desempleados y en él se da prioridad a los que necesitan conocimientos básicos de inglés para alcanzar un nivel de competencia funcional. En marzo de 2018, el Organismo de Educación y Formación Complementarias y las Juntas de Educación y Formación de Irlanda publicaron su informe sobre la prestación de formación en inglés y la evaluación del idioma para los migrantes poco calificados y desempleados en la prestación de servicios de las Juntas de Educación y Capacitación en los niveles 1 a 3, con recomendaciones de buenas prácticas. El informe se elaboró a resultas de un amplio proceso de consulta e investigación con las partes interesadas y pone de relieve las buenas prácticas existentes en materia de enseñanza de inglés para los hablantes de otros idiomas, y el firme compromiso de todas las Juntas de Educación y Capacitación de ofrecer opciones de aprendizaje flexibles y receptivas a los migrantes cuya primera lengua no es el inglés. El informe se centra en los migrantes poco calificados y desempleados y, junto con sus recomendaciones, proporciona una base sólida para fundamentar la adopción de decisiones sobre la prestación de clases de inglés para los hablantes de otros idiomas, en los niveles 1 a 3 del Marco Nacional de Calificaciones.

Estrategia Nacional Intercultural de Salud

209.La Estrategia Nacional Intercultural de Salud para 2007-2012 de la Dirección de Servicios de Salud ofreció un marco para tener en cuenta las necesidades sanitarias y de atención de las personas de diversas culturas y orígenes étnicos y ayudar al personal a prestar servicios acordes con las necesidades y las características culturales. En enero de 2019 se puso en marcha una segunda Estrategia Nacional Intercultural de Salud de la Dirección de Servicios de Salud, para 2018-2023. Esta segunda estrategia proporcionará un marco en el que se abordarán las necesidades de salud y atención de los usuarios de servicios de diversos orígenes étnicos y culturales, como los refugiados, los romaníes, los migrantes, los estudiantes extranjeros y los solicitantes de asilo.

210.En 2013 se puso en marcha “Irlanda sana”, una amplia estrategia pangubernamental que se propone mejorar la salud y el bienestar de todas las personas de Irlanda y contiene el firme empeño de conseguir mejores resultados sanitarios para las personas de las comunidades desfavorecidas. Aspira a conseguirlo mejorando las actividades intergubernamentales e interinstitucionales, manteniendo relaciones de asociación con las principales partes interesadas y mejorando la supervisión de los resultados en materia de salud. Actualmente se está elaborando un programa de actividades más detalladas para conseguir ese fin.

211.La aplicación de las recomendaciones de la estrategia tuvo lugar de forma gradual a lo largo de cinco años. Se han tenido en cuenta las siguientes prioridades: traducción de las informaciones, elaboración de modelos estándar de interpretación, formación y apoyo al personal. En esos ámbitos, el planteamiento adoptado está basado en la transversalización, lo que significa que las iniciativas tienen como finalidad mejorar el acceso de todos los usuarios de los servicios en condiciones de igualdad.

3.Información general sobre la situación de los derechos humanos de las personas que pertenecen a grupos vulnerables concretos de la población

Personas con discapacidad

212.En Irlanda se han producido importantes avances en el sector de la discapacidad, apoyados en las recomendaciones del informe de la Comisión sobre la Situación de las Personas con Discapacidad.

213.En junio de 2000, el Gobierno puso en marcha una iniciativa de integración en virtud de la cual, siempre que fuera posible, los organismos públicos deberían agrupar los servicios para las personas con discapacidad con los ofrecidos a todos los ciudadanos.

214.La Dirección Nacional sobre la Discapacidad se constituyó con carácter oficial en junio de 2000. Su objetivo era desarrollar y supervisar las normas de los servicios para las personas con discapacidad y ofrecer asesoramiento sobre políticas y prácticas relacionadas con la discapacidad. La Dirección está financiada por el Gobierno.

215.La Ley del Comhairle de 2000 creó dicha institución como instrumento principal de información financiado por el entonces Departamento de Asuntos Sociales y de la Familia. El organismo tiene un compromiso estatutario con la asistencia y el apoyo a las personas, en particular las personas con discapacidad, en la determinación y comprensión de sus necesidades y posibilidades y en el acceso a sus derechos a los servicios sociales. La Ley de Información a los Ciudadanos de 2007 enmendó la Ley del Comhairle de 2000 y adoptó para ese organismo el nuevo nombre de Comisión de Información al Ciudadano. La Ley de Bienestar Social (Disposiciones Varias) de 2008 amplió todavía más el mandato de la Comisión de Información al Ciudadano para incluir el Servicio de Asesoramiento Financiero y Presupuestación. La financiación total proporcionada a la Comisión de Información al Ciudadano fue de 54.775 millones de euros en 2018.

216.En 2015 el Departamento de Justicia e Igualdad, con la asistencia de la Dirección Nacional sobre la Discapacidad, inició un proceso amplio y exhaustivo de consultas con miras a la elaboración de una nueva Estrategia Nacional de Inclusión de las Personas con Discapacidad. Una vez concluida la fase final, el Departamento de Justicia e Igualdad preparó una nueva Estrategia de Inclusión de las Personas con Discapacidad para el período 2017-2021, que se puso en marcha el 14 de julio de 2017. La aplicación de la Estrategia está siendo supervisada por un grupo directivo, integrado por representantes de los principales departamentos y organismos gubernamentales y de las partes interesadas en el ámbito de la discapacidad. El grupo directivo cuenta con el apoyo de análisis y asesoramiento independientes de la Dirección Nacional sobre la Discapacidad y con el examen y la supervisión periódicos del Comité Ministerial sobre Política Social, según proceda. Los departamentos gubernamentales tienen el mandato de avanzar en el fomento y la supervisión de las medidas pertinentes de la Estrategia a nivel local por conducto de sus comités consultivos departamentales.

217.Los elementos clave de la Estrategia son los siguientes:

a)La Ley de Discapacidad de 2005;

b)La Ley de Información a los Ciudadanos de 2007, en virtud de la cual la Comisión de Información al Ciudadano (antes, el Comhairle) ofrece a las personas con discapacidad un servicio de asistencia letrada personal;

c)La Ley de Educación de las Personas con Necesidades Educativas Especiales de 2004;

d)Planes sectoriales preparados por seis departamentos del Gobierno.

218.La Ley de Discapacidad de 2005 es un instrumento legislativo transversal y constituye una medida de acción positiva para prestar a las personas con discapacidad servicios específicos para ellas y mejorar su acceso a los servicios públicos generales. Al redactar esta legislación, el Gobierno facilitó la celebración de amplias consultas a escala nacional. El cumplimiento de la Ley de Discapacidad es un requisito imprescindible para todos los departamentos gubernamentales.

219.La Ley de Discapacidad de 2005 da carácter oficial a diversas medidas de acción positiva para mejorar la situación de las personas con discapacidad en la sociedad irlandesa, en particular las siguientes:

a)Una evaluación independiente de las necesidades individuales en cuanto a servicios de salud (y educación, cuando proceda) y un documento de servicios conexo en que se describen los servicios que han de prestarse, con acceso a mecanismos independientes de denuncia, apelación y aplicación;

b)La obligación de hacer accesibles los edificios y los servicios públicos, un requisito para los seis departamentos principales del Gobierno de publicar planes sectoriales de prestación de servicios y un mecanismo correspondiente de denuncia con acceso al Ombudsman;

c)La obligación de que los organismos públicos sean dinámicos en el empleo de personas con discapacidad. La parte 5 de la Ley establece una meta legislativa que actualmente es del 3 % para la contratación y el empleo de personas con discapacidad en el sector público. Los órganos públicos deben presentar a los comités de supervisión informes anuales sobre el cumplimiento del objetivo;

d)Limitación del uso de la información procedente de pruebas genéticas para fines de empleo y seguros;

e)La creación de un centro de excelencia de diseño universal. Este se estableció en la Dirección Nacional sobre la Discapacidad a comienzos de 2007 en virtud de la parte 6 de la Ley. Por “diseño universal” se entiende el diseño y creación de un entorno que haga posible el acceso, la comprensión y la utilización por el mayor número posible de personas, con independencia de edad, tamaño o discapacidad. La misión del Centro de Excelencia de Diseño Universal es promover el desarrollo de dicho entorno.

220.Ha entrado en vigor un considerable número de artículos de la Ley de Educación de las Personas con Necesidades Educativas Especiales, en particular los que establecen el Consejo Nacional para la Educación Especial y los que promueven un concepto inclusivo de la educación de los niños con necesidades educativas especiales. Los otros artículos de la Ley aún no han entrado en vigor. El Gobierno elaborará un plan para aplicar los objetivos de dicha ley a fin de conseguir mejores resultados educativos para los estudiantes con necesidades especiales.

221.Irlanda ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el 20 de marzo de 2018. La Convención entró en vigor en el país el 19 de abril de 2018. Los progresos y la aplicación en curso se supervisarán internamente mediante las estructuras establecidas para apoyar la aplicación de la Estrategia Nacional de Inclusión de las Personas con Discapacidad. La aplicación en curso de la Estrategia Nacional sobre Discapacidad abarca en diversos aspectos muchas de las disposiciones de la Convención.

222.La Ley de Asistencia para la Adopción de Decisiones (Capacidad) de 2015 proporciona un marco reglamentario moderno para dar apoyo a la toma de decisiones por parte de los adultos con dificultades de capacidad. La Ley se aprobó el 30 de diciembre de 2015. Se está trabajando para poner en marcha lo antes posible los nuevos procesos administrativos y medidas de apoyo que deben establecerse antes de que las disposiciones sustantivas de la Ley puedan entrar en vigor.

Miembros de la comunidad nómada

223.Según se define en la Ley sobre la Igualdad de Condición de 2000, por “comunidad nómada” se entiende “la comunidad de personas que reciben habitualmente esa denominación y que está constituida por personas identificadas (por ellas mismas y por otros) como un grupo con una historia, cultura y tradiciones compartidas, entre las que se incluye, históricamente, una forma de vida nómada en la isla de Irlanda”.

224.El 1 de marzo de 2017, el Taoiseach informó a la Dáil Éireann de la decisión del Gobierno de reconocer a los nómadas como minoría étnica. En distintas disposiciones legislativas, administrativas e institucionales, el Gobierno ha reconocido la situación especial de la comunidad nómada de Irlanda. Además de la legislación sobre la igualdad, cabría señalar las leyes que especifican las condiciones en que las autoridades locales pueden ofrecer alojamiento a los nómadas y algunas estrategias específicas para esta comunidad, formuladas con participación de sus organizaciones y relacionadas con la salud, la educación y el alojamiento. En virtud de la Constitución, los nómadas tienen en Irlanda los mismos derechos civiles y políticos que el resto de los ciudadanos. En las medidas clave contra la discriminación, a saber, la Ley de Prohibición de la Incitación al Odio de 1989, las Leyes sobre Despidos Injustos de 1977, las Leyes de Igualdad en el Empleo de 1998 a 2015 y las Leyes sobre la Igualdad de Condición de 2000 a 2018 identifican explícitamente a los nómadas como grupo protegido. En la Ley de Igualdad de 2004, mediante la que se incorporó la Directiva de la Unión Europea relativa a la igualdad racial, se dispone la aplicación de todas las protecciones previstas en dicha Directiva por los nueve motivos establecidos en la legislación, en particular la pertenencia a una comunidad nómada. Todas las protecciones otorgadas a las minorías étnicas en las directivas de la Unión Europea y en los convenios internacionales se aplican a los nómadas, ya que la legislación de Irlanda que hace efectivos esos instrumentos internacionales dispone expresamente la protección de esa comunidad.

225.El Gobierno está comprometido a hacer frente a la discriminación contra los nómadas y ha decidido que la pertenencia a la comunidad nómada es una razón independiente con arreglo a la cual es ilícito discriminar en virtud de la legislación en materia de igualdad. Con ello no se pretendió proporcionar un nivel inferior de protección a los nómadas frente al acordado a miembros de minorías étnicas. Por el contrario, la identificación independiente de los nómadas en la legislación en materia de igualdad garantiza que estén protegidos de forma expresa.

226.La Estrategia Nacional de Inclusión de la Población Nómada y Romaní se puso en marcha en junio de 2017. Contiene 149 acciones, agrupadas en diez temas: la identidad cultural, la educación, el empleo y la economía de los nómadas, la población infantil y la juventud, la salud, la igualdad de género, la lucha contra la discriminación y la promoción de la igualdad, la vivienda, las comunidades de nómadas y romaníes, y los servicios públicos.

227.Un grupo directivo se reúne trimestralmente para considerar los progresos que se vienen logrando en las acciones. Se han establecido cuatro subcomités que se centran en las medidas prioritarias, a saber, la retención de los niños nómadas y romaníes en la educación, la mediación para poner fin a las disputas en la comunidad nómada, el desarrollo de un identificador étnico con fines de igualdad y la elaboración de propuestas de empleo para contrarrestar la elevada tasa de desempleo de esas comunidades.

228.Los niveles de educación han ido aumentando con el tiempo tanto para los nómadas como para otras personas. Si bien la mayoría de las personas de 25 a 34 años de edad que no son nómadas han terminado la enseñanza secundaria (86 %), menos de uno de cada diez nómadas de este grupo de edad la ha terminado (9 %). Esto sugiere que los nómadas se han beneficiado en menor medida de la mejora general que ha experimentado la educación desde el decenio de 1960.

229.Entre las principales medidas relacionadas con la educación que se proponen en la Estrategia Nacional figuran las siguientes:

a)Apoyo a los nómadas y los romaníes en esferas clave como la educación, el empleo y el desarrollo económico;

b)La elaboración de recursos educativos sobre la cultura e historia de los nómadas y los romaníes para su utilización en la enseñanza primaria, posprimaria y de adultos;

c)La mejora del acceso, la participación y los resultados de los nómadas y los romaníes en la educación a fin de lograr unos resultados iguales a los de la población mayoritaria;

d)Que, al planificar la prestación de educación y formación complementarias, el Organismo de Educación y Formación Complementarias y las Juntas de Educación y Formación examinen las necesidades de los grupos desfavorecidos, incluidos los nómadas y los romaníes;

e)El fortalecimiento de la cooperación entre los sectores de la educación formal y el aprendizaje no formal para hacer frente a la elevada tasa de abandono escolar en las comunidades nómada y romaní;

f)Una cultura positiva de respeto y protección de la identidad cultural de los nómadas y los romaníes en todo el sistema educativo.

230.La Ley de Vivienda (Alojamiento de la Comunidad Nómada) de 1998 es la principal base jurídica de la oferta de vivienda a los nómadas en Irlanda. La ley exige que todas las autoridades locales, tras un proceso de consulta con todas las partes interesadas pertinentes, preparen, adopten y apliquen programas quinquenales renovables de alojamiento de nómadas para satisfacer las necesidades de alojamiento existentes y previstas de los nómadas en sus zonas. Ha habido programas en marcha desde el año 2000, y los actuales fueron adoptados en 2014 y están operativos hasta finales de 2018. Se están llevando a cabo preparativos para el próximo programa, que se aplicará entre 2019 y 2024.

231.Al adoptar los programas, las autoridades locales deben identificar las necesidades de los nómadas en materia de vivienda a lo largo del período de vigencia de los programas en un conjunto de opciones de vivienda, entre las que figuran las viviendas ordinarias y colectivas, los lugares de residencia permanente para caravanas y los lugares provisionales. Para determinar las necesidades, deben asegurarse de consultar ampliamente a todos los interesados, incluida la comunidad de nómadas, los grupos que los representan, los organismos públicos pertinentes y el público en general. Los programas deben contener objetivos anuales, que el Departamento de Vivienda, Planificación y Gobierno Local supervisa de forma continuada. Estos programas proporcionan una hoja de ruta para las prioridades de inversión de las autoridades locales durante el período de vigencia del programa y constituyen la base para la asignación de fondos del Departamento de Vivienda, Planificación y Gobierno Local.

232.La Ley también prevé el establecimiento, sobre una base reglamentaria, del Comité Consultivo Nacional de Viviendas para la Comunidad Nómada. Este está integrado por representantes de las autoridades legales que se ocupan de proporcionar alojamiento a los nómadas y de las organizaciones nacionales de nómadas. La principal función del Comité es asesorar al Ministro de Vivienda, Planificación y Gobierno Local sobre cuestiones relacionadas con el alojamiento de los nómadas a nivel nacional. Además, las autoridades locales también deben garantizar la existencia de comités consultivos locales de viviendas para la comunidad nómada. La función de esos comités es asesorar sobre cuestiones locales relacionadas con el alojamiento de los nómadas y servir de enlace entre la comunidad nómada y la autoridad local en materia de alojamiento. Esos comités están integrados por nómadas y miembros de grupos representantes de los nómadas, miembros elegidos de la comunidad local y funcionarios locales.

233.Se ofrece una gama de opciones de vivienda a los nómadas, que pueden optar por cualquiera de las formas de alojamiento. Entre ellas figuran viviendas ordinarias de las autoridades locales, que se financian con cargo a las asignaciones de capital para viviendas sociales del Departamento de Vivienda, Planificación y Gobierno Local; alojamientos privados de alquiler o viviendas privadas con asistencia de las autoridades locales u organizaciones de voluntarios; y alojamientos específicos para nómadas, que están enteramente financiados por el Departamento. Entre los alojamientos específicos para nómadas cabe mencionar las viviendas colectivas y los lugares de acampada.

234.En los últimos diez años se ha asignado una financiación considerable para el suministro de viviendas para la comunidad nómada. En ese período, se han puesto a disposición de las autoridades locales 156,8 millones de euros para la entrega de alojamientos para los nómadas; sin embargo, solo el 67 % de esa financiación fue utilizada por las autoridades locales. Se ha hecho evidente que, en los últimos años, en muchas autoridades locales ha habido dificultades para entregar alojamientos para viajeros, hasta tal punto que los fondos disponibles no se están gastando en su totalidad.

235.Como seguimiento al compromiso asumido en “Reconstruir Irlanda: Plan de Acción de Vivienda y contra la Falta de Hogar”, se realizó un examen del capital y la financiación actual de los programas de alojamiento de nómadas para el período de 2000 a 2017. En ese examen se tuvieron en cuenta los objetivos contenidos en los programas de alojamiento de nómadas de las autoridades de vivienda y las unidades efectivamente entregadas. En los casos en que no se habían alcanzado las metas, el examen identificó los problemas que limitaban la aplicación y la gestión de los programas de alojamiento de nómadas. A raíz de ese examen, el Comité Consultivo Nacional de Viviendas para la Comunidad Nómada recomendó que se estableciera un grupo de examen de expertos independientes para que examinara la legislación vigente relativa a la prestación de servicios de alojamiento para nómadas, incluida la Ley de Vivienda (Alojamiento de la Comunidad Nómada) de 1998 y todas las demás leyes que influyen en la prestación de servicios de alojamiento para nómadas.

236.El Grupo de Examen de Expertos Independientes se estableció en septiembre de 2018, integrado por tres miembros con experiencia en las esferas de la política social, el derecho y la planificación, con el mandato de examinar la eficacia, la aplicación y el funcionamiento de la legislación y de presentar propuestas para mejorar la ejecución. El informe del Grupo de Expertos se concluyó en julio de 2019 y sus recomendaciones serán examinadas por el Departamento de Vivienda, Planificación y Gobierno Local con miras a mejorar la prestación de servicios de alojamiento para nómadas a nivel nacional y asegurar que se utilice plenamente el creciente nivel de financiación disponible para la inversión en dichos alojamientos.

237.La atención de la salud y la prestación de servicios de salud para los nómadas es un objetivo prioritario del Departamento de Salud, en asociación con el Instituto Nacional de Salud, y se ha realizado un considerable esfuerzo en esa esfera. Se ha creado una amplia gama de servicios de salud consagrados específicamente a los nómadas, tales como las dependencias de salud para nómadas y los proyectos de atención primaria de salud para nómadas.

238.Un elemento clave del planteamiento adoptado para ofrecer servicios de salud destinados específicamente a los nómadas fue la creación de un modelo para la participación de estos en la creación de servicios de salud. Se consiguió a través de proyectos de atención primaria de la salud para los nómadas, que desempeñan un papel fundamental en la prestación de servicios de salud a esa comunidad. Los proyectos son iniciativas promovidas por homólogos y son de gran utilidad para la realización de medidas encaminadas a mejorar la salud de la comunidad nómada.

239.Miembros de la comunidad nómada, en su mayoría mujeres, son contratados y capacitados para que puedan participar en los proyectos como trabajadores sanitarios comunitarios. Ello permite ampliar la atención primaria de la salud tomando como base los propios valores y opiniones de la comunidad nómada a fin de conseguir resultados positivos y a largo plazo, ofreciendo a las personas la posibilidad de mejorar su salud gracias a una mejor información, a la autoayuda y a la ayuda mutua. Los proyectos han conseguido beneficios reales y considerables para las comunidades nómadas en las que se han llevado a cabo.

240.Una acción sanitaria clave en la Estrategia Nacional de Inclusión de la Población Nómada y Romaní es la núm. 73, consistente en desarrollar e implementar un plan de acción detallado para abordar las necesidades de salud de los nómadas, utilizando un enfoque de determinantes sociales. El papel principal en la elaboración del plan de acción recae en la Dirección de Servicios de la Salud, que se ha comprometido a completarlo en consulta con todas las partes interesadas para el cuarto trimestre de 2019.

Sistema de protección internacional

241.El régimen de protección internacional de Irlanda está basado en varios principios clave:

a)Cumplimiento de nuestras obligaciones en virtud del derecho internacional, incluida la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951;

b)Adopción de las medidas necesarias para que las personas que, según los resultados de un proceso de comprobación imparcial y eficiente, no necesiten protección sean devueltas a sus países de origen lo antes posible;

c)Establecimiento de sistemas sólidos para evitar en el régimen de protección los posibles abusos de quienes desean entrar en el Estado por motivos distintos de la búsqueda de protección frente a la persecución.

242.La tramitación de las solicitudes de protección internacional se lleva a cabo de acuerdo con un marco jurídico nacional e internacional bien definido (Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y directivas y reglamentos de la UE), que es de obligado cumplimiento. Por consiguiente, todas las solicitudes de estatuto de protección internacional se examinan de conformidad con los requisitos legales establecidos en la Ley de Protección Internacional de 2015. Cuando se establezca que existen temores fundados de persecución o un riesgo real de sufrir daños graves en caso de ser devuelto al país de origen, se concederá al solicitante el estatuto de refugiado o el de protección subsidiaria, según proceda.

243.La Ley de Protección Internacional de 2015 entró plenamente en vigor el 31 de diciembre de 2016. Introdujo un procedimiento único para los solicitantes de protección internacional, en sustitución de la Ley de Refugiados de 1996. La ley simplifica y racionaliza los acuerdos de protección internacional existentes en Irlanda. Introdujo un procedimiento de solicitud única, que permite que todos los motivos para examinar y decidir sobre todas las solicitudes de protección internacional (de estatuto de refugiado y de protección subsidiaria) o de permiso para permanecer en el Estado por otras razones humanitarias se evalúen en un solo proceso, y no de forma consecutiva como se hacía anteriormente.

244.La Ley de Protección Internacional de 2015 estableció dos dependencias que presentan recomendaciones al Ministro de Justicia e Igualdad sobre la concesión o denegación de protección internacional. Estas dependencias son:

a)La Oficina de Protección Internacional, que se ocupa de las solicitudes en primera instancia;

b)El Tribunal de Apelaciones para Asuntos relacionados con la Protección Internacional, un órgano oficial independiente que examina las apelaciones contra las recomendaciones negativas de la Oficina de Protección Internacional.

245.Sobre la base de la recomendación de la Oficina de Protección Internacional o del Tribunal de Apelaciones para Asuntos relacionados con la Protección Internacional, el Ministro de Justicia e Igualdad decide si conceder una declaración de refugiado, conceder una declaración de protección subsidiaria o denegar la solicitud.

246.En 2017 la Oficina de Protección Internacional puso en marcha los nuevos procedimientos, incluidas las disposiciones transitorias. El Jefe de la Oficina concedió prioridad a ciertas categorías de solicitudes en virtud del artículo 73 de la Ley de Protección Internacional de 2015, que estableció un sistema de dos vías para la programación prioritaria de entrevistas sobre las solicitudes, en función de la edad de los solicitantes, la probabilidad de que la solicitud estuviese fundada y los factores relativos a la salud.

247.La ley tiene un alcance muy amplio; además de tratar las decisiones adoptadas en primera instancia y en apelación, abarca también el derecho a la asistencia letrada y a la interpretación, y contiene disposiciones específicas para que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) contribuya de forma directa al proceso de determinación de la protección internacional.

248.La Junta de Asistencia Letrada mantiene un servicio especializado que ofrece asesoría jurídica independiente y confidencial en todas las fases del proceso de solicitud de protección internacional a las personas que lo solicitan en Irlanda. Los solicitantes pueden registrarse ante la Junta en cualquier momento del proceso de protección internacional —solicitud inicial, fase de apelación y fase posterior a la apelación— en relación con cuestiones como las solicitudes de permiso de permanencia por motivos humanitarios.

249.En el cuadro siguiente puede verse el número de solicitudes de asilo recibidas cada año desde 2003. El volumen de solicitudes ha disminuido de año en año desde 2002, en que se alcanzó un máximo de 11.634, hasta alcanzar su nivel mínimo de 946 en 2013, antes de volver a ascender. A partir de 2014 el número de solicitudes recibidas comenzó a aumentar de nuevo. Unas 324 solicitudes recibidas en 2018 y alrededor de 524 recibidas en 2017 procedían de solicitantes de protección transferidos a Irlanda en virtud de las decisiones de reubicación de la UE. Si se excluyen los casos de reubicación de la UE, en 2018 se produjo un aumento de poco más del 39 % con respecto a 2017.

2003	7 900	2008	3 866	2013	946
2004	4 766	2009	2 689	2014	1 444
2005	4 323	2010	1 939	2015	3 276
2006	4 314	2011	1 290	2016	2 244
2007	3 985	2012	956

Solicitudes de protección internacional recibidas
Procedimiento único: incluye las solicitudes del estatuto de refugiado y del estatuto de protección subsidiaria, y por separado, el permiso de permanencia
2017	2 926
2018	3 673
2019 (hasta final de julio)	2 680

250.En cuanto a las condiciones de acogida de los solicitantes de protección internacional, el Tribunal Supremo de Irlanda dictaminó en mayo de 2017 que, al no existir un límite temporal para la tramitación de las solicitudes de protección internacional, la prohibición absoluta de que los solicitantes de asilo accedieran al mercado laboral era inconstitucional. A raíz de esta decisión, el Gobierno estableció un equipo de tareas interdepartamental en julio de 2017 con el mandato de examinar las consecuencias del fallo y proponer soluciones. El 22 de noviembre de 2017, el Gobierno decidió que el Estado ejerciera su facultad discrecional de participar en la Directiva 2013/33/UE sobre las condiciones de acogida en virtud del Protocolo 21 del Tratado de Lisboa. Desde junio de 2018, los solicitantes de asilo que están en el sistema desde hace más de nueve meses y aún están esperando su decisión en primera instancia tienen derecho a solicitar una carta de autorización para trabajar en Irlanda, emitida por la dependencia de acceso al mercado laboral del Departamento de Justicia e Igualdad. Esa solicitud no está sujeta a ninguna tasa o cargo. Ese permiso de trabajo tiene una validez de seis meses y es renovable hasta que se tome una decisión final sobre la solicitud de protección internacional. Al 5 de junio de 2019, se ha concedido permiso de acceso al mercado laboral a 2.583 solicitantes de protección internacional, de un total de 3.814 solicitudes. Entre los residentes de centros de alojamiento de la Agencia de Recepción e Integración, 1.913 solicitantes han recibido un permiso de acceso al mercado laboral.

251.El Programa de Protección de Refugiados de Irlanda fue establecido por decisión del Gobierno el 10 de septiembre de 2015 como respuesta directa a la crisis humanitaria que se produjo en el sur de Europa debido a la migración masiva desde zonas de conflicto en el Oriente Medio y África. En el marco de este programa, el Gobierno se comprometió a aceptar hasta 4.000 personas en el Estado, principalmente en virtud de dos decisiones del Consejo de la Unión Europea sobre reubicación y de un compromiso ampliado con el Programa de Reasentamiento del ACNUR. No se produjeron reubicaciones desde Italia, ya que la Garda Síochána no recibió permiso de las autoridades italianas para realizar controles de seguridad en Italia. El Programa de Protección de Refugiados de Irlanda ha utilizado otros mecanismos para cumplir con ese compromiso:

a)Línea de reubicación: El programa de reubicación en Irlanda de la UE concluyó en marzo de 2018. En total, llegaron a salvo desde Grecia 1.022 personas, incluidos 6 menores no acompañados. Irlanda se comprometió a aceptar 1.040 refugiados del programa para finales de 2017 en la línea de reasentamiento del programa. Aproximadamente 255 miembros de este grupo formaban parte del cupo prometido a la UE en el período de 2018 a 2019, ya que no fue posible reasentar a estos refugiados en 2017. El Ministro se comprometió a acoger a 1.200 refugiados del Líbano en el marco del programa entre 2018 (255, según lo indicado anteriormente, más 345) y 2019 (600), con lo que el compromiso total de reasentamiento en el marco del Programa de Protección de Refugiados de Irlanda asciende a 1.985. Hasta la fecha, han llegado 1.383 personas en el marco de la línea de reasentamiento del programa;

b)La cantidad restante de los 4.000 se está cumpliendo a través de una variedad de diferentes mecanismos. El Ministro lanzó el Segundo Programa de Admisión Humanitaria dentro del Programa de Protección de Refugiados de Irlanda. El Programa de Admisión Humanitaria, que opera bajo los poderes discrecionales del Ministro, permite que los ciudadanos irlandeses y las personas que tengan estatuto de refugiado con arreglo a la Convención, estatuto de protección subsidiaria o estatuto de refugiado con arreglo al Programa y que tengan familiares calificados procedentes de los diez principales países de origen de refugiados, propongan al ministro que esos familiares se agrupen con ellos en Irlanda. Habida cuenta del volumen de propuestas recibidas hasta la fecha, se espera que las que se han recibido ahora sean suficientes para poder cubrir 740 plazas en el marco del Programa;

c)En apoyo de los países de la UE más afectados por la migración en el Mediterráneo, Irlanda acordó aceptar a 58 personas de Sicilia y Malta en 2018 provenientes de misiones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo. Han llegado al país 22 adultos y 4 menores no acompañados procedentes de Malta y 32 adultos desde Sicilia. El Ministro también ha acordado aceptar a otros 5 menores no acompañados de Malta en 2019 como parte de los acuerdos de reparto de la carga con la UE. A petición de la Comisión Europea, Irlanda aceptará dos personas de cada buque que atraque en el Mediterráneo, con un máximo de 100 personas en total durante el resto de 2019;

d)Llegó al Estado un total de 41 menores no acompañados en el marco del Proyecto Especial de Calais. Este proyecto ya ha concluido. De esas 41 personas, 3 se reunieron con sus familias en Irlanda y el Organismo de la Infancia y la Familia asumió la responsabilidad de atender a las 38 restantes. En diciembre de 2018, el Ministro de Justicia e Igualdad, junto con el Ministro de Asuntos de la Infancia y la Juventud, acordó aceptar en 2019 a otros 36 menores no acompañados procedentes de Grecia.

252.A finales de junio de 2019, había 6.050 personas que vivían en los centros de alojamiento proporcionados por la Agencia de Recepción e Integración. Otras 988 personas residen actualmente en alojamientos de emergencia en hoteles y pensiones. No todas estas personas estaban esperando una decisión sobre sus solicitudes de protección internacional. A casi 700 se les ha concedido algún tipo de estatuto, pero siguen viviendo en alojamientos proporcionados por el Estado mientras buscan alojamiento privado. Cincuenta y un residentes de alojamientos de la Agencia de Recepción e Integración que a finales de mayo de 2019 llevaban más de cinco años viviendo en centros de acogida han recibido órdenes de expulsión por las que deben salir del país. El informe del Grupo de Trabajo sobre mejoras en el proceso de protección, incluida la prestación directa y las medidas de apoyo a los solicitantes de asilo, ha tenido unos efectos significativos, ya que siguen realizándose mejoras en los centros de alojamiento. El tiempo medio de permanencia en los centros de alojamiento proporcionados por el Estado ha disminuido de 38 meses en 2015 a 24 meses a finales de 2018.

253.A finales de mayo de 2019, el número de casos en espera de ser procesados por la Oficina de Protección Internacional era de 5.729. Se estima que aproximadamente 1.200 de ellos no están cooperando con el proceso de protección. En virtud de las medidas transitorias de la Ley de 2015, la Oficina de Protección Internacional debía asumir la responsabilidad de unos 3.500 casos, que no habían sido concluidos por la antigua Oficina del Comisionado para las Solicitudes del Estatuto de Refugiado ni por el Tribunal de Apelación para Asuntos Relacionados con el Estatuto de Refugiado, y otros 500 casos se transfirieron posteriormente. Esto aumentó significativamente el número de casos atendidos por la Oficina de Protección Internacional. Esas dificultades en la tramitación se abordan movilizando mayores recursos y evaluando de manera constante los procedimientos a fin de obtener en el máximo grado posible unos resultados de calidad. Cabe señalar que pueden añadirse otros casos a esta categoría si los casos heredados que se cerraron anteriormente mediante el proceso de Dublín expiran y se reactivan o si se reabre un caso tras un procedimiento de revisión judicial.

254.En el procedimiento de solicitud única, el solicitante presenta una sola solicitud y todos los motivos para pedir protección internacional (estatuto de refugiado y estatuto de protección subsidiaria) y para que se le permita permanecer en el Estado por motivos humanitarios se examinan y deciden en un solo proceso. La tramitación de esos casos es compleja y requiere una gran concentración de recursos. Además, debe hacerse respetando plenamente la Constitución y los tratados internacionales pertinentes, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

255.En el cuadro siguiente se muestran las concesiones y denegaciones del estatuto de refugiado en primera estancia o en la fase de apelación (2013-2018).

Año	Concesiones del estatuto de refugiado	Denegaciones del estatuto de refugiado	Concesiones de protección subsidiaria	Denegaciones de protección subsidiaria	Total de decisiones	Tasa de concesión (porcentaje)
2013	192	766	-	-	958	20,04
2014	207	458	262	731	1 658	28,28
2015	325	732	228	634	1 919	28,82
2016	579	1 099	146	502	2 326	31,16
2017*	669	74	98	327	1 168	34,33
2018*	818	490	223	55	1 586	34,36

* Las cifras incluyen las decisiones tomadas en virtud de la Ley de Refugiados, del Reglamento de Protección Subsidiaria y de la Ley de Protección Internacional.

Nota: Las cifras relativas a las personas a las que se ha concedido o denegado la condición de refugiado en un año determinado no se refieren necesariamente a las personas que la solicitaron en ese año.

Nota: Las cifras de 2017 y 2018 no son directamente comparables debido a las amplias disposiciones transitorias necesarias tras la entrada en vigor, el 31 de diciembre de 2016, de la Ley de Protección Internacional de 2015.

Anexos

Anexos estadísticos

Cuadro 1

Delitos registrados , clasificados por grupo de delito, total anualizado del segundo trimestre de 2017 y 2018
Total anualizado – segundo trimestre
Categoría de delitos del Sistema de Clasificación de Delitos de Irlanda
	2017	2018	Variación	Variación
Homicidio	77	77	0	0,0
Delitos sexuales	2 675	2 947	+272	+10,2
Intentos o amenazas de asesinato, agresión, acoso y delitos conexos	17 728	19 200	+1 472	+8,3
Actos peligrosos o negligentes	8 182	8 284	+102	+1,2
Rapto y delitos conexos	127	104	-23	-18,1
Robo con violencia, extorsión y atraco	2 032	2 339	+307	+15,1
Robo con allanamiento y delitos conexos	18 509	18 368	-141	-0,8
Hurto y delitos conexos	66 901	68 248	+1 347	+2,0
Fraude, engaño y delitos conexos	5 476	5 339	-138	-2,5
Delitos relacionados con las sustancias sometidas a fiscalización	16 771	17 375	+604	+3,6
Delitos relacionados con armas y explosivos	2 194	2 428	+234	+10,7
Daños materiales y ambientales	22 875	22 184	-691	-3,0
Delitos relacionados con el orden público y otros delitos sociales	30 042	31 320	+1 278	+4,3
Delitos contra el Gobierno, procedimientos judiciales y organización de la delincuencia	12 565	14 205	+1 640	+13,1

Cuadro 2

Indicadores de la desigualdad de ingresos por año

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Coeficiente de Gini (porcentaje)	31,7	30,7	29,3	31,6	31,1	31,8	32,0	32,0	30,8	30,6
Umbral del riesgo de pobreza	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
60 % de los ingresos medianos	11 890	12 455	12 064	11 155	10 889	10 966	10 957	11 318	12 000	12 358

Cuadro 3

Proporción de los gastos (de las familias) en alimentos, vivienda, salud y educación

	Alimentos	Vivienda	Salud
Sexo de la persona de referencia del hogar
Hombre	14,7	19,3	2,2
Mujer	14,7	20,2	2,2
Categoría de edad de la persona de referencia del hogar
Menos de 25 años	14,2	32,3	1,2
De 25 a 34 años	13,5	25,7	1,4
De 35 a 44 años	13,8	24,2	1,7
De 45 a 54 años	14,3	18,0	1,9
De 55 a 64 años	15,0	14,1	2,8
De 65 años y más	17,9	13,3	3,8
Medio
Urbano	14,4	21,6	2,1
Rural	15,5	14,9	2,4
Decil del ingreso bruto del hogar
1 er decil	17,8	22,7	2,1
2º decil	17,8	23,0	2,0
3 er decil	18,7	19,5	2,7
4º decil	17,1	20,8	2,2
5º decil	16,0	21,5	2,1
6º decil	15,5	18,7	2,1
7º decil	15,1	19,0	2,2
8º decil	14,5	18,2	2,3
9º decil	13,1	19,2	2,4
10º decil	11,7	19,2	2,0
Región
Frontera	15,6	17,3	1,9
Dublín	13,8	23,8	2,2
Centro-oriental	14,0	19,8	2,2
Centro-occidental	14,7	17,1	2,3
Central	15,9	15,8	2,1
Sudoriental	16,1	16,1	2,2
Sudoccidental	15,5	17,8	2,1
Occidental	14,9	18,2	2,7
Modalidad de tenencia
Título pleno de propiedad	16,7	10,2	3,1
Propiedad con hipoteca	13,1	22,7	1,9
Alquiler de un organismo local	20,1	19,0	1,5
Alquiler de un propietario privado	13,9	28,3	1,6
Ocupación gratuita	19,4	10,8	2,2
Situación laboral de la persona de referencia
Autónomo	14,4	17,5	2,2
Empleado	13,7	21,0	1,9
Desempleado	17,8	23,3	1,5
Retirado	16,9	13,7	4,0
Otra situación	17,6	20,5	1,9
Composición del hogar
1 adulto	13,3	24,7	2,4
1 adulto con hijos	16,2	27,1	1,7
2 adultos	15,0	17,4	2,8
2 adultos con 1 a 3 hijos	13,8	23,5	1,7
3 o más adultos	15,0	17,4	2,8
Otros hogares con hijos	15,8	19,9	1,7
Tamaño del hogar
1 persona	13,3	24,7	2,4
2 personas	15,0	17,7	2,8
3 personas	14,8	19,4	2,2
4 personas	14,6	19,9	1,9
5 personas	14,9	19,1	1,7
6 o más personas	15,7	18,8	1,8
Todo el Estado	14,7	19,6	2,2

Cuadro 4

Población, número estimado de hogares y número estimado de personas por hogar

Población total	T3 16	T4 16	T1 17	T2 17	T3 17	T4 17	T1 18	T2 18
Población total (miles)	4 757,6	4 772,5	4 784,4	4 792,5	4 805,9	4 826,4	4 830,4	4 857,0
Número de hogares (miles)	1 754,7	1 752,9	1 751,8	1 764,5	1 813,2	1 830,2	1 829,6	1 846,1
Número medio de personas por hogar	2,71	2,72	2,73	2,72	2,65	2,64	2,64	2,63

Fuente: Encuesta de Población Activa, Oficina Central de Estadísticas, Irlanda. Período de referencia: T1: enero a marzo; T2: abril a junio; T3: julio a septiembre, T4: octubre a diciembre.

Nota: Se utiliza el factor promedio de extrapolación para calcular el número de hogares. Este debe considerarse únicamente como indicativo.

Nota: Una nueva Encuesta de Población Activa sustituyó a la Encuesta Nacional de Hogares Trimestral en el tercer trimestre de 2017, por lo cual se debe tener cautela al comparar los datos anteriores y posteriores a ese período.

Cuadro 5

Número estimado de adultos de las unidades familiares, clasificados por composición de la unidad familiar, situación económica (según la clasificación de la OIT) y sexo

	T4 16	T1 17	T2 17	T3 17	T4 17	T1 18	T2 18
Tipo de unidad familiar/ situación económica (según la clasificación de la OIT)/sexo
Parejas sin hijos
Empleados
Hombres	209,4	204,1	208,4	215,9	226,9	226,8	228,9
Mujeres	179,2	178,4	184,2	184,8	197,8	190,2	192,1
Total	388,6	382,5	392,6	400,7	424,7	416,9	421,0
Desempleados
Hombres	9,2	11,0	7,7	9,7	9,7	8,5	[7,6]
Mujeres	9,3	8,3	[7,5]	[8,6]	9,3	10,6	8,9
Total	18,5	19,2	15,2	18,4	19,0	19,0	16,5
No incluidos en la fuerza de trabajo
Hombres	179,4	182,8	183,1	179,0	181,9	180,0	183,4
Mujeres	201,1	203,7	205,9	213,1	214,9	215,7	218,0
Total	380,5	386,5	389,0	392,1	396,7	395,8	401,4
Total
Hombres	397,9	397,8	399,2	404,6	418,6	415,3	419,8
Mujeres	389,5	390,4	397,6	406,5	421,9	416,5	419,1
Total	7 787,5	788,2	796,8	811,1	840,5	831,8	838,9
Parejas con hijos
Empleados
Hombres	573,8	573,6	573,4	565,3	560,0	568,7	568,8
Mujeres	420,1	428,4	423,3	427,8	427,8	432,2	431,1
Total	993,9	1 002,0	996,7	993,1	987,8	1 000,9	999,9
Desempleados
Hombres	26,3	28,7	27,4	24,9	24,3	19,8	20,4
Mujeres	20,7	21,3	14,2	19,4	16,6	16,4	16,9
Total	47,0	50,0	41,6	44,4	40,8	36,2	37,2
No incluidos en la fuerza de trabajo
Hombres	90,1	86,4	88,9	83,9	80,9	80,5	81,5
Mujeres	231,5	229,1	231,0	206,6	206,4	208,0	200,3
Total	321,6	315,5	319,9	290,5	287,2	288,6	281,7
Hombres	690,2	688,6	689,7	674,2	665,2	669,1	670,6
Mujeres	672,2	678,9	668,5	653,8	650,7	656,6	648,3
Total	1 362,4	1 367,5	1 358,2	1 328,0	1 315,8	1 325,7	1 318,9
Progenitores sin pareja
Empleados
Hombres	11,1	13,3	14,5	20,5	19,8	20,7	24,4
Mujeres	95,2	91,9	96,9	102,4	102,8	102,4	107,3
Total	106,3	105,2	111,4	123,0	122,6	123,0	131,7
Desempleados
Hombres	*	*	*	*	*	*	*
Mujeres	13,3	14,2	13,2	11,7	12,1	9,1	10,6
Total	14,8	15,4	14,5	14,0	13,4	12,0	11,7
No incluidos en la fuerza de trabajo
Hombres	10,6	10,3	10,6	12,8	9,2	9,6	9,7
Mujeres	87,8	86,1	87,9	80,6	78,9	75,6	78,0
Total	98,5	96,5	98,5	93,5	88,1	85,2	87,7
Total
Hombres	23,3	24,8	26,3	35,7	30,3	33,2	35,1
Mujeres	196,3	192,3	198,0	194,8	193,8	187,1	195,9
Total	219,6	217,1	224,3	230,4	224,0	220,2	231,0
Todas las unidades familiares
Empleados
Hombres	794,2	790,9	796,3	801,8	806,7	816,2	822,0
Mujeres	694,5	698,8	704,5	715,0	728,4	724,7	730,6
Total	1 488,8	1 489,7	1 500,7	1 516,8	1 535,1	1 540,9	1 552,6
Desempleados
Hombres	37,0	40,8	36,4	37,0	35,3	31,2	29,0
Mujeres	43,3	43,8	34,9	39,7	37,9	36,1	36,4
Total	80,2	84,7	71,3	76,7	73,2	67,3	65,4
No incluidos en la fuerza de trabajo
Hombres	280,2	279,5	282,7	275,7	271,9	270,2	274,5
Mujeres	520,3	519,0	524,7	500,4	500,1	499,4	496,3
Total	800,5	798,5	807,4	776,0	772,1	769,5	770,8
Total
Hombres	1 111,4	1 111,2	1 115,3	1 114,5	1 114,0	1 117,6	1 125,6
Mujeres	1 258,1	1 261,6	1 264,1	1 255,1	1 266,4	1 260,2	1 263,3
Total	2 369,5	2 372,8	2 379,4	2 369,5	2 380,4	2 377,7	2 388,8

Fuente: Encuesta de Población Activa, Oficina Central de Estadísticas, Irlanda.

Nota: En este cuadro, por adulto se entiende un progenitor sin pareja o un miembro de una pareja. Las personas que nunca contrajeron matrimonio (con independencia de la edad) que viven con uno o ambos progenitores son los hijos, siempre que esas personas no formen a su vez parte de una unidad familiar distinta. Además, los usuarios deben tener en cuenta que los factores de ajuste asignados a cada cónyuge de una familia no siempre coinciden.

Nota: Una nueva Encuesta de Población Activa sustituyó a la Encuesta Nacional de Hogares Trimestral en el tercer trimestre de 2017, por lo cual se debe tener cautela al comparar los datos anteriores y posteriores a ese período.

* No se generan estimaciones del número de personas o los promedios de una celda cuando le corresponden menos de 30 personas, porque las estimaciones son demasiado reducidas para considerarse fiables.

Se utilizan corchetes en una celda cuando le corresponden entre 30 y 50 personas; en esos casos, se considera que las estimaciones tienen un mayor margen de error y deben considerarse con cautela.

Período de referencia: T1: enero a marzo; T2: abril a junio; T3: julio a septiembre, T4: octubre a diciembre.

Cuadro 6

Personas de 18 a 64 años de edad clasificadas por situación económica (según la clasificación de la OIT), edad, nivel de instrucción más elevado y sexo

Grupo de edad/nivel de instrucción más elevado/sexo/situación económica (OIT)	T4 16	T1 17	T2 17	T3 17	T4 17	T1 18	T2 18
Personas de 18 a 24 años de edad
Alumnos que abandonaron prematuramente la escuela y la formación profesional, 18 a 24 años
Hombres
Empleados	50,1	39,2	39,7	30,0	31,3	23,1	33,9
Desempleados	21,6	25,0	30,1	16,6	21,1	14,6	19,4
No incluidos en la fuerza de trabajo	28,2	35,8	30,3	53,4	47,6	62,2	46,6
Mujeres
Empleadas	29,3	23,0	23,5	[21,8]	[14,2]	[30,5]	[16,3]
Desempleadas	24,5	10,2	12,4	[13,8]	[22,9]	[6,8]	[14,2]
No incluidas en la fuerza de trabajo	46,2	66,8	64,0	[64,4]	[62,9]	[62,7]	[69,5]
Todas las personas
Empleadas	42,7	33,4	33,7	26,6	25,4	26,5	28,0
Desempleadas	22,7	19,7	23,5	15,4	21,7	11,1	17,7
No incluidas en la fuerza de trabajo	34,6	46,9	42,8	58,0	52,9	62,5	54,3
Otras personas de 18 a 24 años
Hombres
Empleados	56,1	53,6	54,5	56,6	56,0	54,7	56,5
Desempleados	10,8	8,0	10,9	11,0	7,9	7,2	9,7
No incluidos en la fuerza de trabajo	33,1	38,4	34,6	32,4	36,1	38,1	33,8
Mujeres
Empleadas	59,6	56,0	57,2	53,9	54,8	51,1	55,7
Desempleadas	6,8	6,8	8,0	8,7	4,8	6,1	8,1
No incluidas en la fuerza de trabajo	33,6	37,2	34,8	37,5	40,4	42,8	36,2
Todas las personas
Empleadas	57,8	54,8	55,9	55,3	55,4	53,0	56,1
Desempleadas	8,8	7,4	9,4	9,8	6,4	6,7	8,9
No incluidas en la fuerza de trabajo	33,3	37,8	34,7	34,9	38,2	40,3	34,9
Personas de 25 a 64 años
Personas de 25 a 64 años cuyo nivel de instrucción es, en el mejor de los casos, el primer ciclo de enseñanza secundaria
Hombres
Empleados	62,3	62,4	61,8	63,5	63,9	63,0	64,9
Desempleados	9,1	8,5	8,4	7,6	7,4	7,0	5,8
No incluidos en la fuerza de trabajo	28,6	29,0	29,8	28,9	28,7	30,0	29,3
Mujeres
Empleadas	34,1	34,0	34,3	37,5	35,2	35,5	35,7
Desempleadas	4,8	4,9	3,5	2,9	3,4	2,9	3,4
No incluidas en la fuerza de trabajo	61,0	61,1	62,2	59,6	61,4	61,5	60,8
Todas las personas
Empleadas	50,3	50,4	50,1	52,3	52,2	51,3	52,9
Desempleadas	7,3	7,0	6,3	5,6	5,8	5,3	4,9
No incluidas en la fuerza de trabajo	42,4	42,6	43,6	42,1	42,0	43,4	42,3
Otras personas de 25 a 64 años
Hombres
Empleados	84,9	85,1	85,1	86,3	86,0	87,0	86,2
Desempleados	4,6	4,8	4,5	4,6	4,3	3,8	3,9
No incluidos en la fuerza de trabajo	10,5	10,0	10,4	9,0	9,7	9,2	9,9
Mujeres
Empleadas	71,8	72,2	72,5	73,2	74,0	74,1	74,4
Desempleadas	4,2	4,3	3,6	4,2	3,7	3,6	3,5
No incluidas en la fuerza de trabajo	24,0	23,5	23,9	22,6	22,3	22,3	22,1
Todas las personas
Empleadas	78,0	78,3	78,4	79,4	79,6	80,2	80,0
Desempleadas	4,4	4,5	4,0	4,4	4,0	3,7	3,7
No incluidas en la fuerza de trabajo	17,6	17,2	17,5	16,2	16,4	16,1	16,3

Fuente: Oficina Central de Estadística, Irlanda.

Nota: La definición de abandono escolar temprano se ha actualizado para tener en cuenta a las personas que en las cuatro semanas anteriores estaban en vacaciones escolares o de formación profesional. Esto afecta principalmente a las estimaciones del tercer trimestre de cada año. Se han revisado los datos del porcentaje de desempleados, que es el porcentaje de personas desempleadas con respecto a la población total y no puede compararse con la tasa de desempleo.

No se incluyen las personas cuya situación educativa o no se conoce o no se declara.

Los alumnos que abandonaron prematuramente la escuela y la formación profesional son las personas de 18 a 24 años cuyo nivel de instrucción más elevado es, en el mejor de los casos, el primer ciclo de enseñanza secundaria y que no han recibido educación (ni académica ni extraacadémica) en las cuatro semanas anteriores a la encuesta. La definición aplicada se corresponde con la de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat) desde el primer trimestre de 2010 y, con fines comparativos, esa definición se ha utilizado también para obtener el indicador de los períodos anteriores a esa fecha.

* No se generan estimaciones del número de personas o los promedios de una celda cuando le corresponden menos de 30 personas, porque las estimaciones son demasiado reducidas para considerarse fiables.

Se utilizan corchetes en una celda cuando le corresponden entre 30 y 50 personas; en esos casos, se considera que las estimaciones tienen un mayor margen de error y deben considerarse con cautela.