Documento básico común que forma parte integrante de los informes de los Estados partes

Canadá * **

[Fecha de recepción: 28 de enero de 2019]

Índice

Página

I.Introducción3

II.Información general3

A.Características demográficas, económicas, sociales, culturales y políticas3

B.Estructura constitucional, política y jurídica20

III.Marco general de promoción y protección de los derechos humanos28

C.Aceptación de las normas internacionales de derechos humanos28

D.Marco jurídico de protección de los derechos humanos29

E.Marco general de promoción de los derechos humanos48

F.Proceso de presentación de informes50

IV.No discriminación e igualdad51

I.Introducción

1.El Canadá se complace en presentar su documento básico común. Su elaboración se atiene a las directrices armonizadas para la preparación de informes publicadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

2.El documento, incluidos los datos estadísticos, se basa en la información más actual al mes de agosto de 2018. En él solo se presentan los datos disponibles.

3.El documento básico debe leerse conjuntamente con los informes periódicos presentados por el Canadá en virtud de los siete principales tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas. En su conjunto, estos documentos reseñan las medidas legislativas, judiciales, administrativas y de otra índole con que se da cumplimiento a las obligaciones del Canadá dimanantes de los tratados internacionales de derechos humanos.

II.Información general

4.El Canadá es una federación de diez provincias (Ontario, Quebec, Nueva Brunswick, Nueva Escocia, Manitoba, Columbia Británica, Isla del Príncipe Eduardo, Alberta, Saskatchewan, Terranova y Labrador) y tres territorios (Territorios del Noroeste, el Yukón y Nunavut).

5.El Canadá ocupa la mayor parte del territorio septentrional de América del Norte, compartiendo fronteras terrestres con los Estados Unidos al sur y al noroeste. Es el segundo país de mayor superficie total; se extiende del océano Atlántico al océano Pacífico, y por el norte se adentra en el océano Ártico.

6.El clima del Canadá varía entre templado en el sur y subártico y ártico en el norte. La mayoría de la población está asentada de manera permanente en alrededor del 10 % del territorio del país. La mayor parte de la región habitada es una franja relativamente estrecha que se extiende a lo largo del límite meridional del Canadá.

7.La sociedad canadiense se caracteriza por un profundo respeto de los valores comunes de libertad, democracia, diversidad e inclusión, la observancia de los derechos humanos y el estado de derecho.

A.Características demográficas, económicas, sociales, culturales y políticas

Características demográficas

Tamaño de la población	En 2016, la población estimada del Canadá era de 35.151.728 habitantes.
Tasa de crecimiento demográfico	Entre 2011 y 2016, la población del Canadá creció un 5 %.
Densidad de la población	La densidad de la población era de unas 3,9 personas por kilómetro cuadrado en 2016.
Idioma (idioma oficial)	El Canadá tiene dos idiomas oficiales: el inglés y el francés. En 2016, el inglés era el primer idioma oficial del 74,8 % y el francés, el del 22,2 % de la población canadiense. Para el 3 % de los canadienses, el primer idioma era tanto el inglés como el francés o ni el inglés ni el francés.
	Población (primer idioma)	Porcentaje de la población
Inglés	26 007 500	74,8
Francés	7 705 755	22,2
Inglés y francés	417 485	1,2
Ni el francés ni el inglés	636 515	1,8
Idioma (lengua materna)	En el censo de 2016 se declararon más de 200 lenguas maternas. El 76,6 % de la población indicó que su lengua materna era el inglés o el francés. Las personas alófonas —de lengua materna distinta del inglés o el francés— representaban el 21 % de la población. El 2,4 % de la población declaró tener varias lenguas maternas.
	Población (lengua materna)	Porcentaje de la población
Inglés	19 460 850	56
Francés	7 166 705	20,6
Ni el inglés ni el francés	7 321 065	21
Varias lenguas maternas	818 635	2,4
Religión	En 2011, los cristianos representaban el 67,3 % de la población, mientras que los demás grupos religiosos constituían el 8,8 % de la población. El 23,9 % de los canadienses declaró no tener ninguna afiliación religiosa.
	Población	Porcentaje de la población
Cristiana	22 102 745	67,3
Católica	12 810 705	39
Iglesia Unida	2 007 610	6,1
Anglicana	1 631 845	5
Bautista	635 840	1,9
Cristiana ortodoxa	550 690	1,7
Otra	4 466 055	13,6
Musulmana	1 053 945	3,2
Hindú	497 965	1,5
Sij	454 965	1,4
Budista	366 830	1,1
Judía	329 495	1
Espiritualidad tradicional (indígena)	64 935	0,2
Otras religiones	130 835	0,4
Sin afiliación religiosa	7 850 605	23,9
Pertenencia étnica	En 2016 se declararon más de 250 orígenes étnicos o ascendencias, y el 41,1 % de los canadienses declararon tener más de un origen. Predominaba el origen canadiense: 11,1 millones de personas, es decir, casi un tercio de la población del Canadá (32,3 %), declararon esta ascendencia por sí sola o en combinación con otros orígenes. El origen inglés (6,3 millones), el escocés (4,8 millones), el francés (4,7 millones) y el irlandés (4,6 millones) seguían contándose entre las 20 ascendencias más comunes de la población canadiense, declaradas por sí solas (respuesta única) o en combinación con otros orígenes (respuesta múltiple). Entre esas 20 ascendencias figuraban también tres orígenes asiáticos: el chino (cerca de 1,8 millones), el indio (unos 1,4 millones) y el filipino (837.130).
Identidad indígena	En 2016 declararon su identidad aborigen 1,7 millones de personas, o el 4.9 % del total de la población canadiense, que incluye a las personas de las Primeras Naciones (los indios norteamericanos), mestizas o inuk (inuit) y/o los indios registrados o reconocidos por tratados (en virtud de la Ley de Asuntos Indios) y/o los miembros de una Primera Nación o banda india. El término “indígena” se incorporó en 2015 al lenguaje de uso común del Gobierno del Canadá. El artículo 35 de la Ley Constitucional de 1982 reconoce y afirma los derechos ancestrales y los derechos dimanantes de tratados de los “pueblos aborígenes del Canadá”, que comprenden “los indios (identificados como Primeras Naciones), los inuit y los mestizos del Canadá”. En el documento básico del Canadá se utilizará en general el término “indígena”, pero también los términos “aborigen” e “indio” según el derecho amparado constitucionalmente, la legislación o la medida administrativa de que se trate.
Estructura de edad	Al año 2016, la edad mediana de la población canadiense era de 41 años.
	Población	Porcentaje de la población
Menos de 15 años	5 839 565	16,6
Entre 15 y 24 años	4 268 850	12,1
Entre 25 y 54 años	14 196 925	40,4
Entre 55 y 64 años	4 910 750	14
De 65 años o más	5 935 630	16,9
Coeficiente de dependencia	En 2017, el coeficiente de dependencia en el Canadá era de 62,6 (o el porcentaje de la población combinada de 0 a 19 años y de 65 años o más respecto de la población de 20 a 64 años de edad).
Estadísticas de los nacimientos	En 2016 nacieron 383.102 niños en el Canadá, lo que supone un aumento de 5.889 respecto de 2010.
Estadísticas de las defunciones	En 2016 fallecieron 267.213 personas en el Canadá, lo que supone un aumento de 20.617 respecto de 2012 y mantiene una tendencia al alza a largo plazo debida al crecimiento y el envejecimiento de la población.
Esperanza de vida	La esperanza de vida al nacer alcanzó los 82 años en el período 2014-2016, superando el promedio de 80,8 registrado en 2007-2009 y el de 78,3 registrado en 1995‑1997. En 2014-2016, la esperanza de vida de las mujeres era de 84 años, mientras que la de los hombres era 79,9 años.
Tasa de fecundidad	En 2016, la tasa de fecundidad era de 1,54 hijos por mujer en promedio, inferior a la tasa de 1,63 registrada en 2010.
Tamaño medio de los hogares	En 2016, el tamaño medio de los hogares era de 2,4 personas.
Hogares monoparentales	Los hogares monoparentales, el 78,3 % de los cuales estaban encabezadas por mujeres y el 21,7 % por hombres, representaban el 16,4 % del total de las familias en 2016.
Zonas rurales y urbanas	En 2016, el 81 % de la población vivía en zonas urbanas y el 19 % en zonas rurales.

Características demográficas, económicas, sociales y culturales

Proporción de los gastos de consumo (de los hogares) en alimentos, vivienda, salud y educación

8.En 2016, del gasto medio de los hogares en bienes y servicios, la proporción del gasto en alimentación, vivienda (alojamiento principal), salud y educación representaba el 14,1 %, el 26,2 %, el 4,1 % y el 2,7 %, respectivamente.

Proporción de la población por debajo del umbral de la pobreza

9.Al promulgar su primera Estrategia de Reducción de la Pobreza en agosto de 2018, el Gobierno del Canadá anunció por primera vez el Umbral de Pobreza Oficial, basado en la Medida de la Canasta de Productos Básicos (MBM). Esta medida se basa en el costo de una canasta de los bienes y servicios que requieren las personas y las familias para satisfacer sus necesidades básicas y alcanzar un nivel de vida modesto en las comunidades de todo el país. Más concretamente, el Umbral de Pobreza Oficial refleja los umbrales de pobreza de 50 regiones diferentes del país, incluidas 19 comunidades específicas. El costo de la canasta de bienes y servicios se ajusta en función del costo de la vida en esas regiones. Según se estima, en 2016 el 10,6 % de la población carecía de ingresos suficientes para sufragar estos bienes y servicios y, por ende, vivía en la pobreza según el Umbral de Pobreza Oficial del Canadá.

10.El Canadá sigue aplicando una serie de métodos de medición de la insuficiencia de ingresos para presentar información sobre la población de ingresos bajos. Estos comprenden la MBN, los umbrales diferenciados de insuficiencia de ingresos tras los impuestos (LICO) y la medida de los ingresos bajos (LIM). Sin embargo, el nuevo Umbral de Pobreza Oficial, basado en la MBM, se considera la medida oficial de la pobreza en el Canadá. La LIM sigue siendo una medida útil para comparar la situación de las personas de bajos ingresos con la de otros canadienses. Dado que muchos países y organizaciones internacionales informan de la situación de ingresos bajos aplicando un método idéntico o similar al de la LIM, esta medida seguirá utilizándose para las comparaciones internacionales. También seguirán estimándose los LICO, y los datos sobre la incidencia de la situación de bajos ingresos basados en esta medida pueden ser de utilidad para las comparaciones históricas.

La inseguridad alimentaria de los hogares

11.Mediante la Encuesta de Salud Comunitaria del Canadá (CCHS) de 2017 se recopilaron datos sobre la inseguridad alimentaria de los hogares, referidos principalmente a su capacidad de compra de los alimentos que necesitan.

12.En 2017, el 7,8 % de los hogares, o casi 1,1 millones de hogares, experimentaban algún grado de inseguridad alimentaria. En el 4,4 % de los casos la situación era moderada y en el 3,4 % era grave. En general, los hombres tenían estadísticamente menos probabilidades (6,7 %) que las mujeres (8,4 %) de vivir en hogares con inseguridad alimentaria. La incidencia de la inseguridad alimentaria grave era similar en todos los grupos de edad (entre el 2,9 % y el 3,5 %), salvo en el grupo de 65 años o más, donde era inferior (1,2 %). La mayor incidencia de la inseguridad alimentaria moderada se registraba entre las personas de 12 a 17 años (9,9 %) y la menor en el grupo de 65 años o más (1,4 %).

13.Aunque las familias monoparentales constituían el grupo menos numeroso, el 5,6 % del total de hogares, representaban el 17,3 % de los hogares en situación de inseguridad alimentaria. Los hogares unipersonales constituían el grupo más numeroso, el 32,1 % del total de hogares, y también representaban el 40,4 %, la mayor proporción, de los hogares en situación de inseguridad alimentaria. En todos los entornos de vida con niños, la tasa de inseguridad alimentaria de los niños (6,4 %) era inferior a la de los adultos (11,1 %).

14.Si bien se considera que la mayoría de los hogares del Canadá gozan de seguridad alimentaria, el Gobierno del Canadá reconoce que la seguridad alimentaria es una cuestión que incide de manera decisiva en las condiciones de salud de las poblaciones vulnerables en el Canadá. Habida cuenta de la complejidad de la seguridad alimentaria y de su vinculación con diversos factores, el Gobierno federal y los gobiernos provinciales y territoriales están resueltos a seguir trabajando con sus diversos asociados para contribuir a la solución del problema.

15.El Gobierno del Canadá financia actividades y servicios a través de programas comunitarios como el Programa de Nutrición Prenatal del Canadá (uno de cuyos componentes está destinado a las Primeras Naciones y a los inuit); el Programa de Asistencia Preescolar a los Aborígenes (con un componente destinado a las reservas y otro a las zonas urbanas y del norte); la Iniciativa contra la Diabetes en la Comunidad Aborigen; y el Programa de Nutrición del Norte del Canadá, uno de cuyos objetivos es promover la nutrición, las competencias alimentarias y el acceso a los alimentos sanos tradicionales o autóctonos y de venta comercial. El Gobierno también invierte en la vigilancia y el control de la seguridad alimentaria para orientar las políticas, los programas y los servicios.

Coeficiente de Gini (relativo a la distribución de los ingresos o al gasto de consumo de los hogares)

16.En 2016, el coeficiente de Gini tras los impuestos a nivel individual, en que cada persona está representada por el ingreso familiar reajustado tras los impuestos, era de 0,306. En 2016, el coeficiente de Gini basado en los ingresos de mercado a nivel individual, en que cada persona está representada por el ingreso de mercado familiar reajustado, era de 0,432.

Datos de salud

Prevalencia de la insuficiencia ponderal entre los niños	En 2015, el 2,5 % de los niños de entre 5 y 18 años presentaban insuficiencia ponderal.
Tasa de mortalidad de infantil	En 2016, la tasa de mortalidad infantil fue de 4,5 por cada 1.000 nacidos vivos.
Tasa de mortalidad materna	En 2016, el número de muertes maternas fue de 6,3 por cada 100.000 nacidos vivos.
Interrupción médica del embarazo	En 2016 se notificaron 97.764 intervenciones médicas de interrupción de embarazos.

Prevalencia de las principales enfermedades transmisibles

Tasas de infección por el VIH/sida

En 2016 se registraron 2.344 nuevos diagnósticos del VIH, con lo que ascendió a 84.409 el total de casos acumulado desde 1985. La tasa de diagnóstico nacional aumentó de 5,8 en 2015 a 6,4 por cada 100.000 habitantes en 2016. En 2016 se registró un total de 114 casos de sida, con lo que el total acumulado desde 1979 ascendió a 24.179. Estas cifras reflejan un descenso constante del número de casos de sida registrados por año de diagnóstico en el Canadá desde 1993.

Tasas de incidencia de la tuberculosis

El número de casos de tuberculosis activa pasó de 1.642 en 2015 a 1.737 en 2016, es decir, la tasa de incidencia aumentó de 4,6 a 4,8 por cada 100.000 habitantes. La mayoría de los casos comunicados siguió siendo de personas nacidas en el extranjero (el 70 %) y la mayor tasa de incidencia (23,5 por cada 100.000 habitantes) se siguió registrando entre los indígenas nacidos en el Canadá, siendo particularmente elevada entre la población inuit (170,1 por cada 100.000 habitantes). En el último decenio se observó una ligera disminución de la incidencia entre los niños, y la proporción correspondiente a los casos de reanudación del tratamiento disminuyó del 8,3 % en 2006 al 5,4 % de los casos en 2016.

Prevalencia de las principales enfermedades no transmisibles

Enfermedades crónicas	Total aproximado de los casos	Tasa de incidencia o porcentaje de la población	Año
Cáncer
Tasa de incidencia del cáncer (estimada)	206.200	515,9 (por cada 100.000 habitantes)	2017
Diagnóstico del cáncer (durante toda la vida), a partir de los 12 años de edad	2,1 millones	7,1 %	2015
Afecciones del aparato circulatorio
Hipertensió n (edad: 20 años o más )	7,0 millones	25 %	2012-2013
Cardiopatía isquémica 33 (edad: 20 años o más )	2,4 millones	8,5 %	2012-2013
Accidente cerebrovascular (edad: 20 años o más)	741 800	2,7 %	2012-2013
Diabetes
Diabetes (edad: 1 año o más )	2,8 millones	8,0 %	2012-2013
Salud mental
Trastornos del humor (edad: 12 años o más )	2,6 millones	8,6 %	2017
Enfermedades osteomusculares
Artritis (edad: 15 años o más )	5,7 millones	19,3 %	2017
Enfermedades respiratorias
Asma (edad: 1 año o más )	3,9 millones	10,9 %	2012-2013
Neumop atía obstructiva crónica (edad:  35  años o más )	2,0 millones	9,8 %	2012 - 2013

Las diez principales causas de defunción

Principales causas de defunción (2016)	Número anual	Porcentaje
Cáncer (neoplasias malignas)	79 084	29,6
Cardiopatías	51 396	19,2
Enfermedades cerebrovasculares	13 551	5,1
Accidentes (lesiones no intencionadas)	12 524	4,7
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	12 293	4,6
Diabetes mellitus	6 838	2,6
Enfermedad de Alzheimer	6 521	2,4
Gripe y neumonía	6 235	2,3
Lesiones autoinfligidas (suicidio)	3 978	1,5
Enfermedades hepáticas crónicas y cirrosis	3 385	1,3

Prevalencia de la discapacidad

17.En 2012, unos 3,8 millones de canadienses adultos de 15 años o más, o el 13,7 % de la población, declararon verse limitados en sus actividades cotidianas por una discapacidad. Las mujeres (14,9 %) en general declaraban discapacidades con mayor frecuencia que los hombres (12,5 %).

Prevalencia de la discapacidad, por sexo y grupo de edad (porcentaje)	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
De 15 a 24 años	4,4	4,5	4,3
De 25 a 44 años	6,5	6,0	7,1
De 45 a 64 años	16,1	15,2	17,1
De 65 a 74 años	26,3	25,0	27,5
75 años o más	42,5	39,8	44,5

Prevalencia de la discapacidad, según el tipo	Población	Porcentaje
Dolor	2 664 200	9,7
Flexibilidad	2 078 000	7,6
Movilidad	1 971 800	7,2
Trastorno mental/psicológico	1 059 600	3,9
Habilidad motriz	953 100	3,5
Audición	874 600	3,2
Visión	756 300	2,7
Memoria	628 200	2,3
Aprendizaje	622 300	2,3
Desarrollo	160 500	0,6
Desconocido	79 500	0,3

Educación

	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
Número de alumnos en los programas regulares para los jóvenes en las escuelas públicas primarias y secundarias, por sexo (2015- 2016)	4 753 194	2 441 316	2 311 878
	Todos los docentes	A tiempo completo	A tiempo parcial
Número de docentes a tiempo completo y a tiempo parcial en las escuelas públicas primarias y secundarias, según la condición de empleo (2015 - 2016)	403 281	315 765	87 513

Desempleo

Tasa global de desempleo/ participación en la fuerza de trabajo	En 2017, la tasa de desempleo de las personas de 15 años o más era de 6,3 %, mientras que la tasa de participación en la fuerza de trabajo era de 65,8 %.
Tasa de desempleo/participación en la fuerza de trabajo, por sexo	En 2017, la tasa de desempleo de los hombres era de 6,8 % y la de participación laboral, de 70,2 %. La tasa de desempleo de las mujeres era de 5,8 % y la de participación laboral, de 61,5 %.
Tasa de desempleo/participación en la fuerza de trabajo, por edades	En 2017, la tasa de desempleo de los jóvenes de entre 15 y 24 años de edad era de 11,6 %, y la de participación laboral, de 63.9 %. La tasa de desempleo de las mujeres de 15 a 24 años era de 9,9 % y la de participación laboral, de 64 %, mientras que la tasa de desempleo de los hombres de 15 a 24 años era de 13,3 % y la participación laboral, de 63,9 %. La tasa de desempleo de los canadienses de 25 años o más era de 5,5 % y la de participación laboral, de 66,1 %. La tasa de desempleo de las mujeres de 25 años o más era de 5,2 % y la de participación laboral, de 61,1 %, mientras que la tasa de desempleo de los hombres de 25 años o más era de 5.7 % y la de participación laboral, de 71,3 %.

Participación en la fuerza de trabajo en los principales sectores de actividad económica

Empleo por sectores, en miles (2017)	Grupo de edad: 15 años o más
Ambos sexos	Hombres	Mujeres
Total, todos los sectores	18 416,4	9 635,5	8 780,9
Sector de producción de bienes	3 875,9	3 044,0	831,9
Agricultura	279,5	194,8	84,7
Silvicultura, pesca, minería, explotación de canteras, petróleo y gas	329,6	270,7	58,9
Servicios públicos	132,6	95,1	37,5
Construcción	1 409,3	1 234,6	174,8
Manufactura	1 724,8	1 248,8	476,0
Sector de producción de servicios	14 540,5	6 591,5	7 949,0
Comercio mayorista y minorista	2 809,6	1 462,5	1 347,2
Transporte y almacenamiento	943,7	730,7	213,0
Finanzas, seguros, bienes raíces y arrendamiento	1 171,3	535,4	635,9
Servicios profesionales, científicos y técnicos	1 448,8	811,8	637,0
Servicios a las empresas, mantenimiento de edificios y otros servicios de apoyo	756,6	429,3	327,3
Servicios de educación	1 285,0	405,1	879,9
Atención de la salud y asistencia social	2 383,2	433,4	1 949,7
Información, cultura y esparcimiento	789,3	432,0	357,3
Servicios de hostelería y restauración	1 210,8	519,7	691,0
Otros servicios (excepto la administración pública)	781,3	363,4	417,9
Administración pública	961,0	468,2	492,8
Tasa de sindicalización (2017)	26,3 %

Datos económicos y financieros

Ingreso por habitante (PIB per cápita)	En 2017, el PIB per cápita fue de 45.119 dólares de los Estados Unidos.
Producto interno bruto (PIB)	En 2017 (cuarto trimestre), el PIB nominal a precios de mercado fue de 2.180 millardos de dólares.
Tasa de crecimiento anual del PIB	El PIB real del Canadá a precios de mercado creció un 3 % en 2017.
Ingreso nacional bruto (INB)	En 2017 (cuarto trimestre), el INB a precios de mercado fue de 2.153,2 millardos de dólares.
Índice de precios al consumidor	De julio de 2017 a julio de 2018, los precios al consumidor aumentaron un 3,0 %.
Gastos sociales	En 2016-2017, la cuantía del gasto público consolidado fue de 746.725 millones de dólares en el Canadá. Los gastos de protección social representaron el 22,5 % (167.805 millones) del total; el orden y la seguridad públicos, el 4,7 % (34.808 millones); la salud, el 23,3 % (173.723 millones); la educación, el 15,0 % (111.882 millones); la vivienda y los servicios comunitarios, el 1,5 % (10.895 millones); y el esparcimiento, la cultura y la religión, el 2,3 % (17.100 millones).
Deuda pública interna	En el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2017, la deuda federal de 2017 (la diferencia entre el pasivo total y el activo total del Gobierno federal) fue de 631.900 millones de dólares, o el 31,0 % del PIB. La deuda pública del Canadá es la más baja entre los países del G7 (esta medida incluye los gobiernos federal, provinciales y locales, así como los fondos de la seguridad social), que, según el Fondo Monetario Internacional, en 2017 registraron una media del 87,5 % del PIB.
Proporción correspondiente a la asistencia internacional	En 2017, la asistencia oficial del Canadá para el desarrollo representó el 0,26 % del INB.

Características políticas

Partidos políticos a nivel nacional

18.El número de partidos políticos inscritos en las tres últimas elecciones generales federales fue de 23 en 2015; 18 en 2011; y 19 en 2008.

Distribución de los escaños en el Parlamento, por partido

Partido	2015	2011	2008
Partido Liberal del Canadá	184	34	77
Partido Conservador del Canadá	99	166	143
Nuevo Partido Democrático	44	103	37
Bloque Quebequés	10	4	49
Partido Verde	1	1	0
Independiente	0	0	2
Total	338	308	308

Proporción de la población con derecho a votar e inscrita en el registroelectoral

19.En el Canadá tienen derecho a votar todos los ciudadanos a partir de los 18 años de edad. Por lo tanto, tienen derecho a inscribirse en el registro electoral. En 2015, el 97 % de las personas con derecho de voto se inscribieron para votar en las elecciones federales.

Proporción de la población con derecho a votar en las tres últimas elecciones federales

Año de elecciones federales	Población (millones)	Número de electores admisibles (millones)	Ele ctores admisibles: porcentaje de la población	Participació n electoral en propor ción al número de electores admisibles
2015	35,8	26,8	74,9	66,1
2011	34,5	25,3	73,3	58,5
2008	33,2	24,6	74,1	56,5

Proporción de la población que se inscribió en el registro electoral en las tres últimas elecciones federales 54

Año de elecciones federales	Población (millones)	Electores inscritos en el registro (millones)	Electores inscritos en el registro: porcentaje de la población	Participación electoral en proporción al número de electores inscritos
2015	35,8	26,0	72,6	68,3
2011	34,5	24,3	70,4	61,1
2008	33,2	23,7	71,4	58,8

Quejas sobre el desarrollo de las elecciones

20.En el Canadá las elecciones son organizadas por organismos no partidistas e independientes del Gobierno. Los electores y los candidatos que deseen impugnar la imparcialidad de las elecciones disponen de diversos recursos, como la presentación de quejas a los organismos electorales, las comisiones y tribunales de derechos humanos, las autoridades policiales y los tribunales de justicia. En el curso o inmediatamente después de las elecciones federales generales de 2015 se presentaron unas 70 quejas.

Las mujeres candidatas en las elecciones generales federales

	2015	2011	2008
Número de mujeres candidatas	535	451	445
(Total de candidatos)	(1 792)	(1 587)	(1 601)
Porcentaje del total de candidatos	29,9	28,4	27,8
Número de mujeres elegidas	88	76	69
Porcentaje de candidatas elegidas	16,44	16,85	15,50

Las mujeres en el Parlamento

	2015	2011	2008
Cámara de los Comunes	Senado	Cámara de los Comunes	Senado	Cámara de los Comunes	Senado
N úmero de mujeres (total de miembros)	88 (338)	31 (83)	76 (308)	36 (104)	69 (308)	31 (90)
Porcentaje	26	37,4	24,7	34,6	22,4	34,4

Elecciones nacionales y subnacionales celebradas dentro de los plazos establecidos por la ley

21.Según el artículo 4 de la Carta de Derechos y Libertades (la Carta) de la Constitución del Canadá, el mandato máximo de la Cámara de los Comunes y de las asambleas legislativas provinciales es de cinco años contados a partir de la fecha fijada para la proclamación de los resultados de las elecciones generales correspondientes. Se prevén excepciones en caso real o de amenaza de guerra, invasión o insurrección, si no vota en contra de la prórroga del mandato de la Cámara o de la asamblea legislativa, según el caso, más de un tercio de sus miembros.

22.No obstante, desde 2007, la Ley Electoral del Canadá prevé que las elecciones generales federales se celebrarán el tercer lunes de octubre del cuarto año civil siguiente al de las anteriores elecciones, a menos que se disuelva el Parlamento antes de esa fecha.

23.Cada provincia y cada territorio se encargan de organizar las elecciones de los miembros de sus respectivas asambleas legislativas, cuyos mandatos está sujetos al límite de cinco años impuesto por el artículo 4 de la Carta. Dicho esto, todas las provincias y territorios, salvo Nueva Escocia y el Yukón, han promulgado legislación que establece una fecha fija para la celebración de elecciones cada cuatro años.

Participación electoral en las elecciones nacionales y subnacionales, por unidad administrativa (provincias y territorios)

Elección general federal (2015)

El Canadá, provincia o territorio	Participación electoral en proporción al número de electores admisibles (porcentaje)
Hombres	Mujeres	Total
Canadá	64,1	6 8,0	66,1
Terranova y Labrador	57,4	62 ,3	59,9
Isla del Príncipe Eduardo	76,5	83,1	80,0
Nueva Escocia	67,8	73,2	70,6
Nueva Brunswick	69,8	76,6	73,3
Quebec	65,0	69,5	67,3
Ontario	63,3	65,4	64,4
Manitoba	63,0	68,4	65,8
Saskatchewan	64,3	70,9	67,6
Alberta	61,8	6 7,2	64,5
Columbia Británica	66,0	70,3	68,2
Yukón	70,0	78,5	74,2
Territorios del Noroeste	58,0	64,0	60,9
Nunavut	48,7	57,8	53,1

Participación electoral en las elecciones generales provinciales y territoriales

Provincia/territorio	Participación electoral (porcentaje)	Año de elecciones
Terranova y Labrador	55,30	2015
Isla del Príncipe Eduardo	82,10	2015
Nueva Escocia	53,88	2017
Nueva Brunswick	67,13	2018
Quebec	66,45	2018
Ontario	58,00	2018
Manitoba	57,43	2016
Saskatchewan	53,50	2016
Alberta	57,02	2015
Columbia Británica	61,5	2017
Yukón	76,40	2016
Territorios del Noroeste	44,00	2015
Nunavut	63,30	2017

La delincuencia y la administración de justicia

Número de casos de muerte violenta y delitos que suponen una amenaza a la vida declarados por cada 100.000 habitantes.	En 2017, la tasa de homicidios fue de 1,80 por cada 100.000 habitantes. Esta tasa fue superior a la tasa media del decenio anterior (1,67 por cada 100.000 habitantes).
	En 2017, la tasa de tentativas de asesinato fue de 2,25 por cada 100.000 habitantes.
Tasa de delitos violentos tipificados en el Código Penal por cada 100.000 habitantes	En 2017, la tasa de delitos violentos tipificados en el Código Penal fue de 1.098,40 por cada 100.000 habitantes.
Número de casos registrados de violencia sexual	En 2017 se registraron 24.672 delitos de agresión sexual en el Canadá (67,21 por cada 100.000 habitantes). Es probable que el número de agresiones sexuales esté subestimado ya que se trata de un delito que no siempre se denuncia. Por ejemplo, en 2014 el número de víctimas de agresiones sexuales declarado por la policía fue de 20.735, siendo que hubo 636.000 agresiones sexuales autodeclaradas ese mismo año.
Acusaciones concluidas	En 2015-2016 se finalizaron 1.107.554 acusaciones en los tribunales provinciales de adultos en el Canadá, cifra superior en 4 % a la del año precedente. En 2015-2016 se finalizaron 13.105 acusaciones en los tribunales superiores de las provincias y territorios que disponían de los datos pertinentes, cifra superior en 7,6 % a la del año precedente. En 2015-2016 se finalizaron 120.094 acusaciones en los tribunales de menores del Canadá, cifra inferior en 4 % a la del año precedente y en 35 % a la del decenio anterior.
Causas resueltas	En 2015-2016 se resolvieron 339.175 causas en los tribunales penales provinciales de adultos, cifra inferior en 2,8 % a la del año precedente. En 2015-2016 se resolvieron 3.099 causas en los tribunales superiores de adultos, cifra inferior en 3,7 % a la del año precedente.
	Se resolvieron 31.363 causas en los tribunales de menores, cifra inferior en 6,9 % a la del año precedente.
Tardanza media de las causas a diferentes niveles del sistema judicial 85	En 2015-2016, la mayoría de las acusaciones concluidas en los tribunales penales de adultos en el Canadá se examinaron en los tribunales provinciales. El tiempo medio necesario para finalizar una acusación ante un tribunal provincial (de la primera comparecencia a la decisión definitiva) fue de 112 días. Esta media no varió gran cosa a lo largo de los diez últimos años. En 2015-2016, el tiempo medio para llegar a la decisión definitiva en los tribunales superiores fue de 419 días, o sea, 18 días más que en 2014-2015. La finalización de una acusación ante un tribunal de menores tardó una media de 99 días, lo que supone un aumento de 4 % respecto de la media de 2014‑2015.
Duración media de la prisión preventiva	En un día típico, en 2015-2016 había 14.899 adultos en detención preventiva, en espera de juicio o de sentencia. En 2015-2016, más de la mitad (el 51 %) de los adultos que fueron liberados de la detención preventiva en las provincias y territorios que han presentado información al respecto estuvieron detenidos una semana o menos, y más de tres cuartas partes (el 76 %) lo estuvieron un mes o menos.
Población penitenciaria, por delito y duración de la pena	En un día normal de 2015-2016 había 40.147 adultos encarcelados; 25.405 estaban bajo custodia provincial o territorial y 14.712 bajo custodia federal. El 30 % de los delincuentes adultos que salieron en libertad tras su condena en los territorios y provincias estuvieron recluidos no más de una semana, y unos 6 de 10 delincuentes adultos (el 59 %) lo estuvieron no más de un mes. En 2015-2016, el 69 % de los delincuentes federales purgaban penas por delitos violentos. Aproximadamente la mitad (el 50,2 %) de la población penitenciaria federal purgaba penas de menos de cinco años y el 23,3 %, penas de entre dos años y tres años.
Número de casos de muerte de personas encarceladas	En 2015-2016 hubo 65 casos de muerte de personas recluidas en las cárceles federales. En su mayoría (42 casos), la muerte se debió a causas naturales.
Número de personas que han sido ejecutadas en cumplimiento de una condena a muerte por año.	No existe la pena capital en el Canadá.
Número de agentes de policía por cada 100.000 habitantes	En 2017 había 69.027 agentes de policía en el Canadá, lo que corresponde a una tasa de 188 por cada 100.000 habitantes.
Fiscales	En 2017-2018 había unos 3.593 fiscales de la Corona en el Canadá.
Jueces	En 2017-2018 había unos 1.950 jueces en el Canadá.
Proporción del gasto público que se dedica a los órganos de policía, de seguridad y judiciales.	En 2016-2017, la cuantía del gasto público consolidado en el Canadá totalizó 746.725 millones de dólares canadienses, y el orden y la seguridad públicos representaron el 4,7 % (34.808 millones) del total.
Proporción de personas acusadas o detenidas que solicitan asistencia letrada gratuita y la reciben.	En 2014-2015 se aprobaron 262.998 solicitudes de asistencia letrada en materia penal.

B.Estructura constitucional, política y jurídica

Contexto histórico

24.Los pueblos indígenas fueron los primeros habitantes de lo que hoy es el Canadá. Siglos antes de que comenzaran los europeos a asentarse en América del Norte, los exploradores se encontraron con pujantes sociedades de las Primeras Naciones y los inuit, con sus propios idiomas, culturas y sistemas de gobierno. La nación mestiza surgió con su propia identidad colectiva, idioma, cultura, estilo de vida y autogobierno en el Noroeste histórico antes de la expansión canadiense hacia el oeste tras la Confederación.

25.Los primeros asentamientos franceses en el territorio canadiense se remontan a los albores del siglo XVII. En virtud del Tratado de París de 1763, Francia cedió el Canadá a Gran Bretaña tras la Guerra de Siete Años. Mediante la Proclamación Real de 1763, el Acta de Quebec de 1774 y el Acta Constitucional de 1791 se estableció el Gobierno del Canadá bajo la Corona Británica.

26.Las colonias británicas en el Canadá eran gobernadas por funcionarios británicos designados. A partir del siglo XIX se fue implantando gradualmente el modelo británico de democracia parlamentaria y de gobierno responsable con el traspaso de poderes a los órganos legislativos coloniales.

27.En 1867, al promulgar el Parlamento del Reino Unido el Acta de la América del Norte Británica, las colonias de la América del Norte Británica (Nueva Escocia, Nueva Brunswick y la Provincia del Canadá, compuesta por las actuales provincias de Ontario y Quebec) se unieron federalmente en un dominio autónomo llamado Canadá estableciendo un sistema de división constitucional de poderes entre órganos legislativos provinciales y un Parlamento federal. A lo largo de los años se sumaron a la federación otras provincias, la última de las cuales fue Terranova y Labrador en 1949.

28.En 1931, en virtud del Estatuto de Westminster, el Parlamento británico renunció a la potestad de aprobar leyes para el Canadá sin su consentimiento, pero retuvo la de modificar la Constitución del Canadá. En 1982, el Canadá adquirió la plena potestad para modificar su propia Constitución, así como la plena independencia legislativa de Gran Bretaña. En virtud de la Ley del Canadá de 1982, ninguna ley aprobada por el Parlamento del Reino Unido tras la entrada en vigor de la Ley Constitucional de 1982 se ha de hacer extensiva al Canadá como parte de su legislación.

Constitución

29.La Constitución del Canadá contiene una serie de actas e instrumentos, incluidas dos leyes principales (las Leyes Constitucionales de 1867 y de 1982) y un conjunto de principios y convenciones no escritos. Las modificaciones constitucionales promulgadas en la Ley Constitucional de 1982 incluyen disposiciones de protección de los derechos y libertades individuales amparados por la Carta de Derechos y Libertades del Canadá. La Constitución también prescribe qué poderes —de orden legislativo, ejecutivo y judicial— pueden ser ejercidos por qué órganos del Estado y cómo se reparten los poderes legislativos entre el Parlamento del Canadá y las asambleas legislativas provinciales. Además, la Constitución contiene 30 actas y ordenanzas referidas, por ejemplo, a la creación de las provincias o a la modificación de las fronteras.

30.La Constitución nada dice de ciertas normas esenciales sobre la relación entre los órganos del Estado. Ello puede atribuirse a que la Constitución canadiense se sustenta en los mismos principios que la Constitución del Reino Unido, según los cuales el modo de funcionamiento de las instituciones políticas se rige en gran medida por las llamadas “convenciones constitucionales”, que son normas no escritas. Las convenciones más antiguas se refieren a la responsabilidad gubernamental. Su objetivo es asegurar que la aplicación del marco jurídico de la Constitución se ajuste a los valores o principios constitucionales vigentes. Tratan de la responsabilidad ministerial, la selección de los ministros y el Primer Ministro, la disolución del Parlamento y la sanción real de la legislación aprobada por este.

31.Por último, los tribunales desempeñan un papel importante a la hora de interpretar el sentido de la Constitución en el contexto de la evolución de los tiempos y las nuevas circunstancias.

División de los poderes

32.Como en todas las federaciones, la división de los poderes legislativos es un aspecto importante del sistema de Gobierno en el Canadá. En general, la Constitución otorga al Parlamento del Canadá jurisdicción sobre los asuntos de carácter nacional y a las asambleas legislativas provinciales jurisdicción sobre de carácter local. Igualmente, las asambleas legislativas territoriales son responsables de los asuntos de carácter local. Este sistema de gobernanza múltiple hace posible la colaboración entre todos los gobiernos para hacer frente conjuntamente a los problemas comunes en sus respectivas esferas de competencia. El sistema federal canadiense, que engloba las leyes, políticas y programas de sus diversos gobiernos, constituye un todo complejo y, empero, coordinado.

33.El Parlamento está facultado para recaudar ingresos mediante la tributación directa e indirecta, y el Gobierno del Canadá tiene potestad para asignar sus recursos financieros como estime apropiado. Por ejemplo, el Gobierno del Canadá puede conceder subvenciones a los particulares para promover la investigación y el desarrollo. También establece programas de gastos compartidos con las provincias y los territorios interesados en las esferas de su competencia, como la salud, la educación y el bienestar social. Por último, el Gobierno del Canadá efectúa pagos compensatorios a las provincias para remediar las disparidades fiscales entre las provincias. Los pagos compensatorios son incondicionales, lo que significa que las provincias que los reciben son libres de gastar esos fondos de acuerdo con sus propias prioridades. El propósito del programa de transferencias se enuncia en el artículo 36, párrafo 2, de la Ley Constitucional de 1982, que obliga al Parlamento y al Gobierno del Canadá a respetar “el principio de efectuar pagos compensatorios que garanticen a los gobiernos provinciales los ingresos necesarios para asegurar unos niveles de servicio público de calidad comparable con unos niveles de tributación comparables”.

34.El Parlamento tiene jurisdicción sobre el comercio internacional e interprovincial. También tiene competencia exclusiva sobre los derechos de aduana, la normalización de los productos destinados al comercio internacional o interprovincial, los contingentes de exportación y la política general de inversión extranjera.

35.Asimismo, el Parlamento tiene jurisdicción sobre la defensa nacional y las relaciones con otros Estados y potestad para celebrar tratados internacionales.

36.Otros asuntos que están bajo la jurisdicción del Parlamento son la navegación y el transporte marítimo; la pesca; la reglamentación de la quiebra; los indios y las tierras reservadas a estos, conforme a lo establecido en la Ley Constitucional de 1867; la naturalización; la ciudadanía; el derecho penal; las patentes y los derechos de autor; el servicio postal; y el seguro de desempleo. Algunos sectores, como el transporte interprovincial de cereales y la industria de extracción del uranio, han sido declarados de interés general para el Canadá y están bajo la jurisdicción federal.

37.Todo asunto al margen de la jurisdicción de las asambleas legislativas provinciales o territoriales se asigna automáticamente al Parlamento. Al interpretar los poderes federales y provinciales, los tribunales han dictaminado que determinadas cuestiones no previstas originalmente en la Ley Constitucional de 1867, como el transporte aéreo, son competencia del Parlamento en virtud de su potestad general de legislar en favor de la paz, el orden y el buen gobierno del Canadá en relación con todos los asuntos que no estén asignados exclusivamente a las asambleas legislativas provinciales. Los tribunales consideran que los poderes federales generales comprenden la potestad de legislar en situaciones de emergencia como guerras o desastres naturales.

38.Los gobiernos provinciales tienen amplios poderes legislativos en virtud de la Constitución del Canadá, en particular respecto de la propiedad y los derechos civiles (principalmente los derechos patrimoniales, contractuales o dimanantes de la responsabilidad extracontractual), los recursos naturales no renovables, los recursos forestales y la energía eléctrica, la planificación del uso de la tierra y, en general, todos los asuntos de carácter local o privado. En la interpretación de los tribunales, los poderes provinciales, en especial los relativos a “la propiedad y los derechos civiles”, tienen un extenso campo de aplicación. Aunque en la Constitución no se hace referencia expresa a las relaciones laborales, los tribunales han considerado que este tema corresponde a la jurisdicción provincial, salvo si se trata de determinados sectores sujetos por otros conceptos a la jurisdicción federal, como los de navegación y transporte marítimo.

39.La jurisdicción provincial abarca asimismo los servicios de educación, salud y bienestar social, el establecimiento, mantenimiento y administración de los hospitales y las cárceles y reformatorios públicos, las instituciones municipales, la administración de justicia en determinadas áreas, y el establecimiento y la organización de los tribunales provinciales de lo civil y lo penal.

40.Las asambleas legislativas provinciales tienen la potestad de recaudar impuestos directos (por ejemplo, impuestos sobre la renta) en sus territorios y obtener así ingresos para fines provinciales. Además, los gobiernos provinciales están facultados para recaudar impuestos directos e indirectos en relación con los recursos naturales. También pueden expedir licencias con el objeto de obtener ingresos para provinciales o municipales.

41.La Constitución otorga a las cámaras legislativas provinciales y al Parlamento jurisdicción concurrente en materia de agricultura e inmigración. En caso de incongruencia entre la legislación provincial y la federal, suele prevalecer esta última. Las provincias también comparten jurisdicción con el Gobierno del Canadá en relación con las pensiones de vejez.

42.Los poderes de las asambleas legislativas provinciales se circunscriben a los que les confiere la Constitución. Ello significa que ninguna asamblea legislativa provincial puede atribuirse poderes que corresponden exclusivamente al Parlamento. A su vez, el Parlamento no puede asumir potestades que son privativas de las provincias. Aunque ni el Parlamento ni las asambleas legislativas provinciales pueden renunciar a sus potestades legislativas en una esfera determinada en favor de otro nivel de gobierno, el Parlamento puede delegar potestades en una autoridad ejecutiva provincial, del mismo modo que una asamblea legislativa provincial puede delegarlas en una autoridad ejecutiva federal.

Marco político y tipo de gobierno

43.El sistema político del Canadá presenta cuatro características: es una monarquía constitucional; un sistema federal; un sistema parlamentario inspirado en el modelo británico; y una democracia representativa.

44.Como se trata de una monarquía constitucional, el Jefe de Estado del Canadá es un monarca, actualmente la Reina del Canadá, que es también la Reina del Reino Unido y de otros 14 dominios y territorios. La Corona está representada en el Canadá por el Gobernador General —designado por Su Majestad por recomendación del Primer Ministro— que ejerce su autoridad en nombre de esta. El Gobernador General, que en general actúa en consulta con el Primer Ministro y el Gabinete, convoca, prorroga y disuelve el Parlamento, designa a los ministros de la Corona, sanciona la legislación federal y desempeña determinadas funciones ejecutivas, ceremoniales y militares.

45.Como federación, el Canadá tiene dos niveles de gobierno autónomo reconocidos por la Constitución: el federal y el provincial. Hay un Gobierno federal para todo el Canadá y un gobierno provincial para cada provincia. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de cada nivel de gobierno están definidos por la Constitución del Canadá. Cada nivel de gobierno es independiente de los demás en su esfera de competencia legislativa. Cada uno tiene un parlamento elegido por los ciudadanos, un poder ejecutivo responsable ante ese parlamento y un poder judicial independiente.

46.Los tres gobiernos territoriales ejercen los poderes delegados en ellos por el Parlamento federal, y las municipalidades, los poderes delegados en ellas por los gobiernos provinciales o territoriales.

47.Además, los pueblos indígenas tienen un derecho inherente al autogobierno. El autogobierno implica que los pueblos indígenas ejercen el control sobre sus propios asuntos por medio de gobiernos indígenas. Los marcos para las relaciones entre los gobiernos indígenas, el Gobierno federal y, en su caso, los gobiernos provinciales y territoriales suelen articularse en los acuerdos contemporáneos de tratados o de autogobierno.

48.El Canadá tiene un sistema parlamentario en que los ciudadanos eligen a sus representantes a ambos niveles de gobierno: el federal y el provincial o territorial. El partido político que obtiene la mayoría de los escaños suele ser llamado a formar gobierno. Los proyectos de ley solo adquieren fuerza de ley una vez que han sido aprobados por las cámaras del Parlamento o la asamblea legislativa provincial o territorial y han obtenido la sanción del Gobernador General o del Vicegobernador, según el caso.

49.El poder ejecutivo rinde cuenta de todos sus actos y decisiones a los representantes de los ciudadanos. El Gobierno puede ser derrotado por un voto de censura en la Cámara de los Comunes o la asamblea legislativa, en cuyo caso el Gobernador General o el Vicegobernador debe nombrar a otro líder que pueda mantener la confianza de la Cámara o la Asamblea o, en su defecto, disolver la Cámara o la asamblea y convocar a elecciones. También garantiza el carácter democrático del sistema político la separación de los poderes judicial y ejecutivo.

Organización de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial

El poder legislativo

50.El Parlamento es la rama legislativa del Gobierno federal. Está compuesto por la Reina (representada por el Gobernador General) y dos cámaras legislativas: el Senado y la Cámara de los Comunes. Los proyectos de ley son debatidos y aprobados por el Senado y la Cámara de los Comunes. También el Gobernador General debe otorgar sanción real a los proyectos para que puedan convertirse en leyes. Según la convención constitucional, la sanción real siempre se otorga a los proyectos de ley aprobados por el Senado y la Cámara de los Comunes.

51.La composición de la Cámara de los Comunes se basa en el principio de representación según la población: la gente de cada provincia y territorio elige a un número de representantes que es medianamente proporcional a la población de la provincia o el territorio. Todos los miembros son elegidos por mayoría de votos entre los candidatos que se presentan en circunscripciones uninominales.

52.El número total de miembros y la distribución de los escaños entre las provincias y los territorios se revisan tras la realización de cada censo decenal.

53.Actualmente, la Cámara de los Comunes tiene 338 miembros, es decir, un representante por cada distrito electoral. Ontario tiene 121; Quebec, 78; la Columbia Británica, 42; Alberta, 34; Saskatchewan, 14; Manitoba, 14; Nueva Escocia, 11; Nueva Brunswick, 10; Terranova y Labrador, 7; y la Isla del Príncipe Eduardo, 4. Los Territorios del Noroeste, Nunavut y el Yukón tienen un representante cada uno.

54.El Senado es un órgano cuyos miembros son designados por el Gobernador General por recomendación del Primer Ministro. El Senado cuenta con 105 miembros: 24  representantes de las provincias marítimas (10 de Nueva Escocia, 10 de Nueva Brunswick y 4 de la Isla del Príncipe Eduardo), 24 de Quebec, 24 de Ontario, 24 de las provincias occidentales (6 de cada una de las provincias de Manitoba, Saskatchewan, Alberta y la Columbia Británica), 6 de Terranova y Labrador y 1 representante de los territorios del Yukón, los Territorios del Noroeste y de Nunavut. Los senadores se mantienen en sus cargos hasta los 75 años de edad.

55.Las Cámaras del Parlamento deben sesionar cada 12 meses como mínimo. El mandato de un Parlamento puede constar de varios períodos de sesiones. Cada período de sesiones comienza con la Alocución del Trono, en que el Gobierno expone sus políticas más importantes.

56.Un miembro que desee someter un proyecto de ley a la Cámara de los Comunes debe solicitar mediante moción que este se introduzca, se examine en primera lectura y se imprima. Normalmente, el proyecto de ley pasa esa etapa de manera automática. En una sesión posterior, el patrocinador del proyecto de ley propone que se proceda a la segunda lectura, que da lugar al debate únicamente sobre los principios básicos del proyecto de ley. Si al término del debate la votación es favorable, el proyecto de ley normalmente se remite a un comité legislativo de la Cámara para que lo examine artículo por artículo. En esta etapa se puede invitar a expertos y personas o grupos interesados en el proyecto a que tomen la palabra ante el comité. Concluida su labor, el comité informa a la Cámara y le somete el proyecto de ley con las eventuales enmiendas aprobadas. En esta etapa, cualquier miembro tiene derecho a proponer nuevas enmiendas, que son objeto de debate y sometidas a votación. Luego el patrocinador del proyecto de ley propone que se proceda a su tercera lectura y a su aprobación. Si la votación es favorable, el proyecto de ley se remite al Senado, donde sigue las mismas etapas. Una vez aprobado por ambas cámaras, el proyecto de ley es sometido al Gobernador General para que le otorgue la sanción real. La legislación federal entra en vigor en la fecha en que recibe la sanción real o más tarde, en la fecha fijada por el estatuto o proclamada por el Gobierno a instancia del Parlamento.

57.En las provincias, el poder legislativo está compuesto por el Vicegobernador y la asamblea legislativa. No existe una cámara alta. La asamblea legislativa se asemeja en lo esencial a la Cámara de los Comunes y funciona de un modo muy similar. Los miembros son elegidos en distritos establecidos por el poder legislativo más o menos en proporción al número de habitantes. Es elegido el candidato que recibe la mayoría de votos. Todos los proyectos de ley deben atravesar las diversas etapas del proceso de aprobación de la asamblea legislativa y deben recibir la sanción real del Vicegobernador para entrar en vigor.

El poder ejecutivo

58.En el plano federal, el poder ejecutivo es ejercido por el Gobernador General y, en el plano provincial o territorial, por un Vicegobernador o Comisionado Territorial, que representan a la Corona y actúan en consulta con el Primer Ministro del Canadá y los primeros ministros de las provincias o territorios, respectivamente.

59.Según la convención, el Gobernador General designa Primer Ministro al líder del partido que ha obtenido el apoyo de la mayoría de los miembros de la Cámara de los Comunes. Si ningún partido ocupa la mayoría de los escaños, normalmente se ofrecerá en primer lugar al líder del partido con más escaños la oportunidad de obtener la confianza de la Cámara. El Primer Ministro debe ser miembro de la Cámara de los Comunes; si no lo es, debe ser elegido a la Cámara lo antes posible.

60.Tras su nombramiento, el Primer Ministro suele elegir a los demás integrantes del Gabinete entre los miembros de la Cámara de los Comunes. También los puede elegir entre los senadores. Un ministro nombrado para integrar el Gabinete que no sea miembro del Parlamento intentará pasar a serlo en la primera oportunidad que se presente, que habitualmente será una elección parcial a la Cámara de los Comunes. El Gabinete federal está integrado por unos 30 ministros. En su mayoría los ministros son asignados a una “cartera”, es decir, son responsables de determinados departamentos, como los de Finanzas, el Consejo del Tesoro, Salud, Justicia, Defensa Nacional, Medio Ambiente y otros. Los departamentos pueden abarcar más de una cartera y, por ende, tener más de un ministro.

61.El Gabinete rinde cuenta colectivamente de sus políticas a la Cámara de los Comunes. Ello significa que solo puede seguir gobernando en la medida en que cuente con la confianza de la mayoría de los miembros de la Cámara. La consecuencia de este principio de responsabilidad colectiva es la solidaridad del Gabinete: cada uno de sus miembros debe apoyar las decisiones adoptadas por el Gabinete, aun cuando esté personalmente en desacuerdo con ellas, o bien dimitir. Cada ministro con cartera también es responsable ante la Cámara de los Comunes de la labor desarrollada por su departamento.

62.Si el Gobierno resulta derrotado por una moción de censura en la Cámara de los Comunes, en la mayoría de los casos, el Primer Ministro pedirá al Gobernador General que disuelva la Cámara para convocar a elecciones. Sin embargo, si ningún partido político posee la mayoría absoluta de los escaños en la Cámara de los Comunes, el Gobernador General tiene la facultad discrecional de pedir al líder del partido que parezca estar en condiciones de gobernar con el apoyo de la mayoría de los miembros de la Cámara que forme un gobierno minoritario.

63.En las provincias y territorios, el poder ejecutivo es ejercido por el Vicegobernador y los ministros del gabinete, quienes gobiernan mientras cuentan con la confianza de la mayoría de los miembros de la asamblea legislativa. En los gabinetes provinciales o territoriales, el primer ministro ocupa la misma posición dominante que el Primer Ministro federal. El gabinete rinde cuenta de sus políticas a la asamblea legislativa, y si pierde el apoyo de la mayoría de sus miembros, el primer ministro pedirá al Vicegobernador que disuelva la asamblea y convoque a elecciones.

64.En el Canadá, siguiendo la tradición británica, el poder ejecutivo está sujeto a los poderes legislativo y judicial. Conforme al principio del estado de derecho, toda medida adoptada por el Gobierno y sus órganos administrativos en relación con las personas debe estar autorizada por la ley. El estado de derecho también supone que son los tribunales los que determinan la legalidad de las acciones de la rama administrativa del Gobierno.

El poder judicial

65.La función esencial de los tribunales del Canadá es resolver los litigios de manera imparcial y de conformidad con la ley, ya se trate de asuntos entre particulares o entre estos y el Estado. En este proceso, los tribunales interpretan, aplican y desarrollan las leyes. Los tribunales también tienen una importante función de interpretación y aplicación de la Constitución.

66.El sistema de tribunales del Canadá constituye la rama judicial del Gobierno.

67.El Tribunal Supremo del Canadá, que fue establecido en 1875 por el Parlamento federal y ahora goza de rango constitucional, es el tribunal de apelación de última instancia para el resto de los tribunales canadienses. Tiene jurisdicción sobre los litigios en todos los ámbitos del derecho: el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho penal y el derecho civil. En su calidad de más alto tribunal del país, puede dictaminar sobre la constitucionalidad de la legislación o los actos del Gobierno, por ejemplo, en el ámbito de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Su jurisdicción abarca tanto el derecho continental de la provincia de Quebec como el common law de las otras provincias y territorios.

68.El sistema judicial federal comprende el Tribunal Federal, el Tribunal Federal de Apelación y dos tribunales federales especializados: el Tribunal Fiscal del Canadá y el Tribunal de Apelación del Consejo de Guerra del Canadá. Los tribunales federales conocen de determinados asuntos especificados en la legislación federal, como la inmigración y el derecho de los refugiados, la seguridad nacional, la propiedad intelectual, la tributación y el derecho marítimo. También pueden ocuparse de asuntos de la defensa nacional, la seguridad y las relaciones internacionales. Dependiendo del tribunal y del asunto, los tribunales federales tienen potestad para conocer de los recursos de apelación y/o revisar las decisiones, las órdenes y otras medidas administrativas adoptadas por la mayoría de las juntas, comisiones y tribunales administrativos federales.

69.Salvo en un caso, las provincias y los territorios tienen tribunales superiores e inferiores. Nunavut ha unificado la jurisdicción para todo tipo de juicios en el Tribunal de Justicia de Nunavut, que es un tribunal superior. Los tribunales superiores tienen una jurisdicción general inherente, lo que significa que pueden conocer de cualquier asunto que no esté asignado específicamente a otro tribunal. Son los tribunales de primera instancia para las demandas de divorcio, las demandas civiles de mayor cuantía y los procesos penales por delitos graves. Los tribunales superiores tienen también jurisdicción de apelación sobre los fallos de los tribunales inferiores y potestad de revisión judicial de las decisiones administrativas de los órganos de gobierno provinciales o territoriales, como las juntas laborales, los tribunales de derechos humanos y los organismos de acreditación.

70.La jurisdicción de los tribunales inferiores se circunscribe a los asuntos prescritos por la legislación provincial o territorial. Tanto los tribunales provinciales superiores como los inferiores son competentes para dictaminar sobre la constitucionalidad de las leyes.

71.Cada provincia y territorio tiene un tribunal superior de primera instancia y un tribunal de apelación. Estos tribunales son establecidos por el órgano legislativo provincial o territorial, pero sus miembros son nombrados y remunerados por el Gobierno del Canadá. Los tribunales inferiores de las provincias y territorios, incluidos los tribunales municipales, también son creados por los órganos legislativos provinciales y territoriales, pero sus miembros son nombrados y remunerados por los gobiernos de las provincias y territorios.

72.Los tribunales provinciales y territoriales pueden conocer de asuntos referentes a la legislación tanto federal como provincial o territorial que no estén asignados específicamente a un tribunal federal, y en los tribunales superiores no existe distinción alguna entre la jurisdicción constitucional, administrativa, penal o civil. Esta integración también se traduce en que todas las causas, independientemente de que conciernan a la legislación federal o a la provincial, pueden terminar en un mismo tribunal de apelación final, es decir, en el Tribunal Supremo del Canadá.

73.La independencia del poder judicial y su separación de los poderes legislativo y ejecutivo son una piedra angular del sistema judicial canadiense, que garantiza a los jueces la posibilidad de actuar con independencia del gobierno en la interpretación y aplicación de la ley. Los tribunales funcionan con independencia de los órganos legislativos y las administraciones federales y provinciales. La Ley Constitucional de 1867 incorporó los aspectos de la independencia judicial heredados del Reino Unido. La Carta también se ha interpretado en un sentido que protege la independencia del poder judicial.

74.La seguridad financiera y la inamovilidad son aspectos decisivos de la independencia de la judicatura. Los sueldos de los jueces se fijan por ley y no son objeto de injerencias arbitrarias del ejecutivo. Según la Constitución, los jueces de los tribunales superiores gozan de inamovilidad hasta la edad de 75 años. La edad de jubilación de los jueces de los tribunales provinciales y territoriales varía según la provincia o el territorio. La independencia administrativa es el tercer componente de la independencia judicial. Garantiza el control judicial sobre asuntos que son parte medular de la función judicial, como la asignación de los jueces y la programación de las audiencias.

75.El Comisionado de Asuntos Judiciales Federales del Canadá se encarga de administrar el proceso de designación de los jueces en nombre del Ministro de Justicia. En el desempeño de esta función, el Comisionado debe velar por que el sistema trate a todos los candidatos a la magistratura de manera imparcial y equitativa. La secretaría de nombramientos del Comisionado administra 17 comités consultivos en todo el país que se encargan de evaluar las candidaturas a la magistratura federal. En las provincias hay comités similares para los nombramientos provinciales o territoriales.

76.Cada jurisdicción del Canadá cuenta con un consejo judicial encargado de promover las normas y conductas profesionales y de investigar las quejas de los ciudadanos contra los jueces, que puede recomendar, de ser necesario, la destitución de un juez. A nivel federal, esa recomendación es recibida por el Ministro de Justicia. El procedimiento para destituir a un juez de un tribunal superior se entabla tras el envío de la solicitud correspondiente por el Senado y la Cámara de los Comunes al Gobernador General. En la mayoría de las provincias y territorios, los jueces designados a nivel provincial o territorial pueden ser destituidos por el gabinete o el órgano legislativo correspondiente por recomendación del consejo judicial provincial o territorial.

77.El Consejo Judicial del Canadá tiene el mandato de promover la eficiencia, la uniformidad y la rendición de cuentas y de mejorar la calidad del servicio judicial en los tribunales superiores del Canadá. Como parte de su mandato, el Consejo examina las quejas o denuncias de conducta indebida contra los jueces designados a nivel federal. Está integrado por los presidentes y presidentes adjuntos de todos los tribunales federales y los tribunales superiores provinciales y territoriales. El Consejo ha redactado un conjunto de Principios Éticos para los Jueces, concebido para ayudarlos a mantener su independencia, integridad e imparcialidad.

Los gobiernos territoriales

78.Los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales ejercidos en los tres territorios del Canadá están definidos en la Ley del Yukón, la Ley de los Territorios del Noroeste y la Ley de Nunavut, que son leyes federales. El creciente traspaso de poderes federales a los gobiernos territoriales va asemejando gradualmente su estatuto al de las provincias en el seno de la Confederación.

Los gobiernos indígenas

79.En el Canadá, de la ejecución de determinados servicios y funciones administrativas destinados a las comunidades de las Primeras Naciones en las reservas se encargan las bandas indias, cuyo funcionamiento se rige por la Ley de Asuntos Indios y la legislación conexa. Además, hay grupos indígenas (Primeras Naciones, mestizos e inuit) dotados de autoridad de autogobierno en virtud de un acuerdo contemporáneo negociado con el Gobierno federal y los gobiernos provinciales o territoriales. Mediante estos acuerdos se establecen gobiernos indígenas que son primordialmente responsables ante sus ciudadanos, así como un marco para las relaciones entre los gobiernos indígenas, el Gobierno federal y, en su caso, los gobiernos provinciales y territoriales. Esos gobiernos ejercen control y autoridad legislativa en una amplia gama de esferas, como la gobernanza, el desarrollo social y económico, la educación, la salud y las tierras. El Gobierno federal y los grupos indígenas, junto con la provincia o el territorio pertinente, siguen negociando modalidades de autogobierno con los grupos indígenas interesados.

Las municipalidades

80.Las aproximadamente 5.000 municipalidades del Canadá (ciudades, pueblos, aldeas y regiones metropolitanas) han sido creadas por leyes provinciales o territoriales, con las facultades que las asambleas legislativas consideran necesarias para la gobernanza local. Los alcaldes y concejales municipales son elegidos con arreglo a las leyes electorales provinciales o territoriales. Las municipalidades se encargan de diversos asuntos y servicios locales como los de abastecimiento de agua, alcantarillado y recogida de basura, carreteras, aceras, alumbrado público, códigos de la construcción, parques y terrenos de juego.

Las organizaciones no gubernamentales

81.El Canadá se beneficia de una sociedad civil pujante, activa e independiente. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) operan libremente en el país y desempeñan un importante papel de protección y promoción de los derechos humanos. Entre otras cosas, vigilan las actividades gubernamentales, ayudan a las víctimas de violaciones de los derechos humanos a obtener reparación y desarrollan programas educativos.

82.El Gobierno federal y los gobiernos provinciales y territoriales apoyan y regulan a las ONG de diversas maneras. Las ONG pueden recibir financiación de todos los niveles de gobierno y prestar servicios en su nombre.

83.Algunas ONG funcionan en el Canadá como organizaciones de beneficencia. El Organismo Tributario del Canadá (CRA), organismo federal regulador de las leyes fiscales, inscribe a las organizaciones de beneficencia en el Canadá a efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Las organizaciones de beneficencia registradas están exentas de impuestos y pueden presentar los recibos oficiales de las donaciones para reducir sus obligaciones tributarias.

84.Para inscribirse en el registro del CRA como organizaciones de beneficencia, estas deben residir en el Canadá, tener fines exclusivamente caritativos, dedicarse a actividades que persigan sus propósitos, funcionar sin fines de lucro para sus miembros, y solo incidentalmente proporcionar algún beneficio privado a otras personas o grupos. El CRA también supervisa a las organizaciones registradas para cerciorarse de que siguen cumpliendo la Ley del Impuesto sobre la Renta, que contiene disposiciones y exigencias de información sobre las actividades empresariales, políticas, de recaudación de fondos y de otro tipo de las organizaciones benéficas.

85.Según la Ley del Impuesto sobre la Renta, las organizaciones sin fines de lucro son asociaciones, clubes o sociedades que no tienen una misión caritativa. Deben estar organizadas y funcionar exclusivamente con fines de asistencia social, desarrollo comunitario, placer, esparcimiento, o cualquier otro que no sea el lucro. Aunque las organizaciones sin fines de lucro están exentas de impuestos, no son registradas por el CRA y no presentan recibos.

III.Marco general de promoción y protección de los derechos humanos

C.Aceptación de las normas internacionales de derechos humanos

86.El Canadá se ha adherido a siete tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas y a cinco protocolos facultativos, que se enumeran a continuación con las respectivas reservas y declaraciones interpretativas. En el anexo A figura información detallada sobre esos tratados, incluido el texto completo de las reservas y declaraciones, así como información adicional sobre la aceptación por el Canadá de las normas internacionales de derechos humanos. Actualmente, todas las reservas se consideran necesarias para garantizar la conformidad del Canadá con los tratados pertinentes.

Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, ratificada en 1970.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito en 1976.

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito en 1976.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscrito en 1976.

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada en 1981.

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificada en 1987.

Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada en 1991. Reservas: artículo 12, párrafo 2, y artículo 37, apartado c); declaración interpretativa: artículo 30.

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, ratificado en 2000.

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, suscrito en 2002.

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, ratificado en 2005.

Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, suscrito en 2005.

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada en 2010. Reserva: artículo 12, párrafos 2, 3 y 4; declaraciones: artículos 12 y 33, párrafo 2.

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, suscrito en 2018.

D.Marco jurídico de protección de los derechos humanos

87.La protección de los derechos humanos en el Canadá se sustenta en un régimen de gobierno representativo y responsable, en las garantías constitucionales, en el derecho legislado, incluida la legislación especializada en los derechos humanos, en el common law y en un poder judicial independiente.

88.En todos los niveles de gobierno del Canadá, las ramas legislativa, ejecutiva y judicial comparten la responsabilidad de la protección de los derechos humanos y del cumplimiento de las obligaciones dimanantes de los tratados internacionales de derechos humanos. El Parlamento y las asambleas legislativas provinciales y territoriales promulgan la legislación pertinente. En el seno del poder ejecutivo, numerosos departamentos y organismos se ocupan de formular las políticas y programas pertinentes y tienen en cuenta en su labor las obligaciones del Canadá en materia de derechos humanos.

Gobierno responsable

89.En el sistema canadiense de gobierno responsable, el gobierno debe atender a los ciudadanos. Los ministros de gobierno deben rendir cuenta individual y colectivamente al Parlamento de todas las decisiones del Gabinete y de la aplicación de las políticas establecidas por este. Individualmente, los ministros deben rendir cuenta del ejercicio de sus atribuciones, incluida la gestión de sus departamentos. La autoridad del Gobierno emana del pueblo canadiense. Las personas y la sociedad civil pueden llamar la atención sobre los ámbitos en que los derechos humanos y las libertades fundamentales precisan de más protección.

90.Los comités permanentes del Parlamento examinan la legislación propuesta y, si corresponde a su mandato, analizan minuciosamente las actividades y los gastos de los departamentos, así como la eficacia de sus políticas y programas. Varios comités tienen mandatos permanentes que dan lugar a la realización de estudios temáticos. El Comité Permanente de Justicia y Derechos Humanos está facultado para examinar las modificaciones propuestas a la legislación federal de derechos humanos, derecho penal, derecho de familia y administración de justicia. También puede realizar estudios sobre los temas relacionados con su mandato. En el curso de un estudio, el Comité celebra sesiones públicas, considera las declaraciones de testigos y examina declaraciones escritas y otros documentos fehacientes.

91.El Comité Permanente de Derechos Humanos del Senado se estableció en 2001 para examinar y vigilar las cuestiones de derechos humanos, incluidas las obligaciones nacionales e internacionales del Canadá en materia de derechos humanos, y velar por que la legislación y las políticas federales se apliquen debidamente y se ajusten a la Carta y a la Ley de Derechos Humanos del Canadá.

92.El Comité Mixto Permanente de Examen de la Reglamentación tiene la misión de determinar si la legislación delegada o subordinada es compatible, entre otras cosas, con la Carta y la Declaración de Derechos del Canadá con el fin de advertir a la Cámara de los Comunes y al Senado sobre las cuestiones de legalidad y los aspectos procedimentales de la reglamentación.

Las garantías constitucionales y la Declaración de Derechos

La Carta de Derechos y Libertades del Canadá

93.La Carta garantiza los siguientes derechos y libertades:

Las libertades fundamentales de conciencia y religión, de pensamiento, creencias, opinión y expresión (incluida la libertad de la prensa y los otros medios de comunicación), de reunión pacífica y de asociación (art. 2).

Los derechos democráticos (derecho a votar y a ser elegido a la Cámara de los Comunes federal o a la asamblea legislativa provincial); las elecciones a la Cámara de los Comunes y a las asambleas legislativas provinciales deben celebrarse al menos cada cinco años, y el Parlamento y las asambleas legislativas deben sesionar cada año (arts. 3 a 5).

Los derechos de circulación (derecho a entrar, permanecer y salir del Canadá (art. 6, párr. 1), y a establecer la residencia y ganarse la vida en cualquier provincia (art. 6, párrs. 2 y 3).

El derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona, así como el derecho a no ser privado de ellas salvo en conformidad con los principios de justicia fundamental (art. 7).

Diversos derechos relacionados con el procedimiento judicial, incluidos el derecho de protección contra todo registro y confiscación arbitrarios, los derechos que asisten a una persona al ser detenida o acusada de un delito, el derecho a no sufrir tratos o penas crueles y excesivos, el derecho a no declarar contra uno mismo y el derecho a contar con los servicios de un intérprete (arts. 8 a 14).

El derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a igual amparo y protección de la ley sin discriminación, en particular por motivos de raza, origen nacional o étnico, color, religión, sexo, edad o discapacidad mental o física (en la interpretación de los tribunales, este artículo incluye otros motivos análogos) (art. 15).

El reconocimiento del francés y del inglés como los dos idiomas oficiales del Canadá (arts. 16 a 22) y los derechos de instrucción en las lenguas de las minorías (art. 23).

Interpretación

94.La Carta contiene igualmente las siguientes disposiciones interpretativas:

La garantía de los derechos y libertades reconocidos por la Carta no debe interpretarse en el sentido de que invalide o suspenda ninguno de los derechos o libertades ancestrales, dimanantes de tratados o de otro tipo de los pueblos aborígenes del Canadá (art. 25).

La garantía de determinados derechos y libertades no se interpretará en el sentido de que niegue la existencia de otros derechos y libertades en el Canadá (art. 26).

La Carta se interpretará de manera compatible con la preservación y promoción del patrimonio multicultural de los canadienses (art. 27).

Los derechos y libertades enunciados en la Carta se garantizan por igual a hombres y mujeres (art. 28).

La Carta no invalida ni suspende los derechos o privilegios constitucionales garantizados a las escuelas confesionales, separadas o disidentes (art. 29).

95.Además, en la motivación de sus fallos en causas en que se ha invocado la Carta, el Tribunal Supremo del Canadá ha elaborado normas de interpretación que han configurado el desarrollo de la jurisprudencia sobre la Carta. Según el criterio teleológico, los tribunales examinan el propósito de garantizar un derecho o libertad para determinar su alcance. Según el criterio contextual, examinan el contexto social, político y jurídico particular en que se invoca la Carta para determinar si esta se aplica y cómo se aplica en las circunstancias del caso.

Ámbito de aplicación

96.Algunos de los derechos garantizados por la Carta (los derechos electorales en el artículo 3, los derechos de circulación en el artículo 6, párrafo 1, y los derechos de instrucción en las lenguas de las minorías en el artículo 23) solo se garantizan a los ciudadanos canadienses. Los derechos de circulación enunciados en el artículo 6, párrafos 2 y 3, se hacen extensivos a los residentes permanentes. Sin embargo, en su mayor parte los derechos se garantizan a “toda persona” y a “cada persona”, de manera que se reconocen a todos los individuos que se hallan en el territorio del Canadá.

97.De conformidad con su artículo 32, la Carta se aplica a los órganos legislativos y a los gobiernos a nivel federal, provincial y territorial, garantizando la protección de las personas contra la vulneración sus derechos humanos y libertades fundamentales por parte del gobierno. En la interpretación de los tribunales, el artículo 32 se aplica a toda la gama de actividades gubernamentales, incluidas las prácticas administrativas de los funcionarios y las acciones del poder ejecutivo, así como a la legislación promulgada por el Parlamento o las asambleas legislativas. La Carta también se aplica al ejercicio de la autoridad legislativa delegada (por ejemplo, por las municipalidades) y a los actores no gubernamentales que, en razón de factores como, por ejemplo, el grado de control gubernamental, puedan considerarse involucrados en la acción gubernamental.

Limitaciones y suspensiones

98.Algunas disposiciones de la Carta también incorporan sus propias limitaciones de manera explícita o implícita. Por ejemplo, el artículo 8 protege a toda persona contra un registro y confiscación “arbitrarios” y, según la interpretación, la garantía de la libertad de expresión enunciada en el artículo 2, apartado b), no se hace extensiva a la expresión violenta. Nadie puede ser privado de su derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona garantizado en el artículo 7, salvo en conformidad con los principios de justicia fundamental.

99.El artículo 1 de la Carta define las circunstancias en que pueden restringirse los derechos y las libertades reconocidos por esta. Establece que los derechos solo podrán estar sujetos “... a las limitaciones razonables prescritas por la ley que puedan justificarse fehacientemente en una sociedad libre y democrática”. El Tribunal Supremo del Canadá ha dictaminado que, para satisfacer los requisitos del artículo 1, la limitación debe perseguir un objetivo de importancia suficiente y utilizar medios proporcionados para lograrlo. En particular, los medios utilizados deben estar racionalmente vinculados con el objetivo perseguido, menoscabar lo menos posible el derecho o libertad en cuestión y producir un efecto proporcional al objetivo. El Tribunal Supremo también ha sostenido que, una vez que un demandante demuestra que se ha restringido uno o más de los derechos o libertades reconocidos por la Carta, recae en el gobierno que defiende tal restricción la obligación de demostrar que se cumple lo dispuesto en el artículo 1.

100.El artículo 33 de la Carta autoriza al Parlamento o a una asamblea legislativa provincial o territorial a declarar que una ley, o una de sus disposiciones, tendrá efecto a pesar de lo dispuesto en el artículo 2 (libertades fundamentales), en los artículos 7 a 14 (derechos jurídicos) o en el artículo 15 (derechos a la igualdad) de la Carta. El efecto de la declaración cesa automáticamente al cabo de cinco años, pero esta puede renovarse. El artículo 33 no se aplica a los derechos democráticos, de circulación, los relacionados con los idiomas oficiales y la instrucción en las lenguas de las minorías, pero preserva por todos los demás conceptos la tradición y la supremacía esencial del Parlamento.

101.La Ley Federal de Emergencias, que permite al Gobernador en Consejo adoptar medidas extraordinarias en situaciones de emergencia, no autoriza la suspensión de derechos garantizados por la Carta. En el preámbulo de la Ley se dispone que, al adoptar tales medidas, el Gobernador en Consejo está sujeto a la Carta y a la Declaración de Derechos del Canadá, y debe tener en cuenta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, “especialmente por lo que se refiere a los derechos fundamentales que no pueden ser limitados o coartados ni siquiera en caso de emergencia nacional”. Además, según el artículo 4, apartado b), de la Ley, esta no faculta al Gobernador en Consejo para dictar órdenes o reglamentaciones que prevean la detención, la prisión o el internamiento de ciudadanos canadienses o de residentes permanentes por motivos de raza, origen nacional o étnico, color, religión, sexo, edad o discapacidad mental o física.

Artículo 4, párrafo 1, de la Ley del Departamento de Justicia

102.El Ministro de Justicia y Fiscal General del Canadá desempeña un papel fundamental de vigilancia de la conformidad con la ley de la gestión de los asuntos públicos a nivel federal. Un aspecto de su mandato general es la obligación que le impone el artículo 4, párrafo 1, l), de la Ley del Departamento de Justicia de examinar cada uno de los proyectos de ley gubernamentales para comprobar que todas sus disposiciones se ajusten a la Carta y de comunicar cualquier incongruencia al respecto a la Cámara de los Comunes en la primera oportunidad apropiada. Las modificaciones introducidas en esta Ley en diciembre de 2018 exigen al Ministro de Justicia que, junto con cada proyecto de ley gubernamental que someta a cualquiera de las cámaras del Parlamento a partir del 13 de diciembre de 2019, provea a la presentación de una declaración de los posibles efectos del proyecto de ley en los derechos y libertades garantizados por la Carta. El propósito de esta declaración es informar a los miembros del Senado y la Cámara de los Comunes y a la ciudadanía sobre las eventuales repercusiones de ese tipo.

Declaraciones de Derechos

103.En 1960, el Parlamento promulgó la Declaración de Derechos del Canadá. Esta se aplica a la legislación y las políticas que corresponden a la jurisdicción federal, y garantiza derechos y libertades similares a los consagrados en la Carta de Derechos y Libertades del Canadá y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Reconoce algunos derechos no enunciados explícitamente en la Carta, como los derechos a la propiedad y a la equidad procesal. Las leyes federales que infringen la Declaración de Derechos del Canadá carecen de validez en esa medida, a menos que el texto legislativo reafirme su validez a pesar de lo dispuesto en la Declaración. Son muy pocas las leyes que se han anulado por incompatibilidad con la Declaración de Derechos del Canadá, y en cambio son muchas las demandas que han prosperado invocando la Carta desde que fue promulgada en 1982.

104.La Declaración de Derechos de Alberta fue promulgada en 1972 para velar por que los derechos y libertades amparados a nivel federal por la Declaración de Derechos del Canadá recibieran la misma protección dentro de la jurisdicción de la provincia de Alberta. La Declaración de Derechos de Alberta garantiza los derechos a la equidad procesal y a la igualdad y las libertades fundamentales (de religión, expresión, reunión y asociación y de prensa). En 1975, Quebec adoptó una Carta de Derechos Humanos y Libertades, ley cuasi constitucional destinada a proteger los derechos y las libertades fundamentales dentro de su jurisdicción.

Marco constitucional y jurídico relacionado con los pueblos indígenas

Los pueblos indígenas

105.El artículo 35 de la Ley Constitucional del Canadá de 1982 reconoce y afirma los derechos ancestrales y los derechos dimanantes de tratados de los “pueblos aborígenes del Canadá”, que comprenden las Primeras Naciones, los mestizos y los inuit. Los pueblos indígenas son diversos y tienen historias, idiomas, prácticas culturales y creencias espirituales singulares. Según el censo de 2016, ese año había en el Canadá 1.673.785 personas indígenas, que representaban el 4,9 % de la población total, proporción superior a la del 3,8 % registrado en 2006 y el 2,8 % en 1996.

106.Las Primeras Naciones poseen un rico patrimonio cultural constituido por diversas lenguas, historias y tierras natales. Hay más de 600 Primeras Naciones/bandas indias en el Canadá. La población de las Primeras Naciones se compone de personas que son miembros de una Primera Nación o banda india y de personas que no lo son, así como de personas con y sin estatuto indio registrado o reconocido por tratados en virtud de la Ley de Asuntos Indios.

107.Según el censo de 2016, el número de personas de las Primeras Naciones con estatuto indio registrado o reconocido por tratados en virtud de la Ley de Asuntos Indios aumentó en 30,8 % de 2006 a 2016. En 2016 había entre las Primeras Naciones 744.855 personas con estatuto indio registrado o reconocido, que representaban poco más de tres cuartos (76,2 %) de la población de las Primeras Naciones. La parte restante, el 23,8 %, sin estatuto indio registrado o reconocido por tratados, se incrementó en 75,1 % desde 2006 hasta sumar 232.375 personas en 2016. En 2016, de las 744.855 personas de las Primeras Naciones con estatuto indio registrado o reconocido, el 44,2 % vivía en las reservas y el resto vivía fuera de ellas. De 2006 a 2016 se observó un crecimiento de la población de las Primeras Naciones en las reservas (de 12,8 %) y fuera de ellas (de 49,1 %).

108.Los mestizos, cuya ascendencia es un legado mixto de las Primeras Naciones y los europeos, ocupan un lugar cultural e histórico singular entre los pueblos indígenas, con tradiciones y culturas particulares. Según el censo de 2016, ese año había en el Canadá 587.545 personas mestizas, que representaban el 1,7 % de la población total. La población que se identifica como mestiza está presente en todo el país.

109.Los inuit constituyen el pueblo originario del Ártico en América del Norte. En el Canadá, los inuit han habitado durante innumerables generaciones comunidades que se extienden desde la parte más occidental del Ártico hasta la costa oriental de Terranova y Labrador. Esta zona, conocida como Inuit Nunangat, abarca no solo la tierra, sino también el agua y el hielo circundantes, que los inuit consideran parte integrante de su cultura y modo de vida. Según el censo de 2016, ese año había en el Canadá 65.025 inuit, un 29,1 % más que en 2006, y casi las tres cuartas partes (72,8 %) vivían en Inuit Nunangat.

Los derechos constitucionales

110.El artículo 35 de la Ley Constitucional de 1982 reconoce y afirma los derechos ancestrales y los derechos dimanantes de tratados de los “pueblos aborígenes del Canadá”, que son de carácter colectivo. Todos los niveles de gobierno —federal, provincial, territorial, municipal e indígena— tienen la obligación de respetar los derechos ancestrales y dimanantes de tratados y son pasibles de acción judicial si no los respetan. Los tribunales canadienses han dictaminado que los derechos ancestrales y los dimanantes de tratados corresponden a grupos y lugares específicos y, por ende, los diferentes grupos indígenas pueden tener diferentes derechos.

111.En determinadas circunstancias, los gobiernos pueden restringir los derechos ancestrales o los dimanantes de tratados si ello viene justificado por una rigurosa argumentación jurídica y confirma el honor de la Corona.

112.El honor de la Corona es un principio constitucional que exige a la Corona respetar unas normas elevadas en todas sus relaciones con los pueblos indígenas. Engendra diferentes obligaciones en diferentes circunstancias, incluido el deber de consulta previsto en el common law. El deber de consulta se plantea cuando la Corona contempla conductas que puedan lesionar derechos ancestrales reivindicados o establecidos o derechos de tratados reconocidos y confirmados en virtud del artículo 35 de la Ley Constitucional de 1982.

Los derechos ancestrales de los aborígenes

113.Los derechos ancestrales amparados por la Constitución suelen reflejar las prácticas, costumbres o tradiciones que forman parte integrante de la cultura distintiva del grupo indígena que los reivindica y guardan una relación manifiesta con las prácticas, costumbres y tradiciones que existían antes del contacto con la sociedad europea. También revisten una importancia fundamental para los grupos indígenas en cuestión (como las actividades de caza, pesca y captura con trampa).

114.El “título ancestral” es una categoría de derechos de los aborígenes referida a la ocupación y el uso exclusivos de la tierra. El título ancestral constituye un derecho a la tierra propiamente dicha, y no solo al desarrollo de actividades en esta.

Los derechos de los aborígenes dimanantes de tratados

115.Los derechos dimanantes de tratados amparados por el artículo 35 son resultado de negociaciones y acuerdos entre la Corona (el Gobierno) y los grupos indígenas. Estos derechos pueden figurar en los tratados históricos o en los tratados contemporáneos, que son acuerdos solemnes entre la Corona y las comunidades indígenas.

Los tratados históricos

116.Entre 1700 y 1923 se concluyeron unos 70 tratados históricos entre la Corona y los grupos indígenas. Estos cubren aproximadamente el 50 % de la superficie del Canadá y se aplican en nueve provincias y tres territorios. Hay dos tipos principales de tratados históricos: los tratados de paz y amistad y los tratados de cesión de tierras. El contenido de los tratados históricos varía y puede incluir disposiciones sobre la creación de reservas indias, asistencia para la educación, pago de asignaciones anuales y garantías de los derechos de caza, pesca y captura con trampa.

Los tratados contemporáneos

117.Los tratados contemporáneos comenzaron a concertarse en la década de 1970. Desde entonces, el Canadá ha negociado y concluido 26 tratados contemporáneos que abarcan aproximadamente el 40 % de la superficie del Canadá (en el Quebec septentrional, en Labrador, en la Columbia Británica y en los territorios). Si bien varía el contenido de los tratados contemporáneos, estos suelen abordar cuestiones como la indemnización, la propiedad de las tierras, los derechos de pesca y recolección de flora y fauna silvestres, la participación en la gestión de tierras y recursos, la participación en los ingresos procedentes de los recursos, así como las medidas de fomento del desarrollo económico y de preservación de la cultura indígena. Muchos acuerdos también contienen disposiciones de autogobierno indígena.

Elementos adicionales del marco jurídico

118.Las relaciones cimentadas en las estructuras coloniales han contribuido a una brecha socioeconómica inaceptable entre la población indígena y no indígena del Canadá. Es preciso seguir abordando directamente la realidad cotidiana de las comunidades indígenas, pero también es necesario abrir la vía a un cambio sistemático. Con la creación de dos nuevos departamentos (el de Relaciones entre la Corona y las Comunidades Indígenas y el de Asuntos del Norte y Servicios para los Indígenas del Canadá), en cooperación con los pueblos indígenas, se tiene previsto orientar la labor gubernamental transformadora y con visión de futuro para establecer una nueva relación con los pueblos indígenas. Este cometido forma parte de la labor inconclusa de la Confederación y es esencial para la prosperidad del Canadá en su conjunto. Esta labor continua también se ha de inspirar en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que el Canadá suscribió plenamente y sin reservas en 2016.

119.En 2016, el Tribunal Supremo del Canadá determinó que, a los efectos de la autoridad legislativa del Canadá prevista en el artículo 91, párrafo 24, de la Ley Constitucional, el término “indios” abarca a todos los pueblos aborígenes del Canadá, incluidos los mestizos y los indios sin estatuto legal.

120.El artículo 91, párrafo 24, es la base constitucional de la Ley de Asuntos Indios, que sigue siendo el principal instrumento regulador del ejercicio de la jurisdicción federal sobre las tierras de las reservas y los indios con estatuto legal que viven en ellas. El estatuto indio es la condición jurídica de una persona indígena que está registrada como india en virtud de la Ley de Asuntos Indios. Según la Ley de Asuntos Indios, los indios con estatuto legal pueden acceder a una serie de beneficios, derechos, programas y servicios ofrecidos por los gobiernos federal, provinciales y territoriales.

121.En los diez últimos años, reconociendo la historia colonial y discriminatoria de la Ley de Asuntos Indios y la necesidad de una reforma continua en esta esfera, el Gobierno del Canadá ha colaborado con los gobiernos de las Primeras Naciones y las organizaciones indígenas para llevar adelante los cambios indispensables.

122.Ejemplo de ello fue la derogación en 2011 del artículo 67 de la Ley de Derechos Humanos del Canadá, que impedía a las personas, a menudo mujeres indígenas y personas que vivían o trabajaban en las reservas indias, presentar denuncias de discriminación a raíz de medidas o decisiones adoptadas en virtud de la Ley de Asuntos Indios. También en 2011 se promulgó en el país la Ley de Hogares Familiares en las Reservas y de Derechos e Intereses Matrimoniales, cuya finalidad es garantizar a los habitantes de las reservas los mismos derechos y protecciones que a los demás canadienses en materia de bienes e intereses conyugales. En 2012, el Canadá anunció la promulgación de la Ley de Agua Potable Salubre para las Primeras Naciones, destinada a proteger el agua potable en las reservas.

123.En 2017 entró en vigor el proyecto de ley S-3, que modificaba la Ley de Asuntos Indios en respuesta al fallo del Tribunal Superior de Quebec en la causa Descheneaux c. el Canadá (Fiscal General). Con esas modificaciones se eliminaron las desigualdades históricas de género en las disposiciones de la Ley de Asuntos Indios relativas al registro.

124.Además, la Ley de Gestión de las Tierras de las Primeras Naciones, ley federal promulgada en 1999, confiere a las Primeras Naciones que reúnen las condiciones una mayor autoridad para legislar en relación con las tierras, los recursos y el medio ambiente de sus reservas.

La protección en los códigos y otra legislación de derechos humanos

125.Existe un marco legislativo integral contra la discriminación en todos los niveles de gobierno, cada uno de los cuales cuenta con una comisión o un tribunal de derechos humanos o ambas cosas. Si bien varían las funciones de estos órganos, las siguientes son funciones comunes:

La resolución o la conciliación de las denuncias de discriminación presentadas al amparo de la legislación vigente en la jurisdicción pertinente

La elaboración y ejecución de iniciativas de educación y concienciación en materia de derechos humanos

126.En el cuadro siguiente se enumeran las leyes, tribunales y comisiones de derechos humanos del Gobierno federal y los gobiernos provinciales y territoriales.

Jurisdicción	Códigos y leyes de derechos humanos	Tribunales y comisiones de derechos humanos
Canadá	Ley de Derechos Humanos del Canadá	Comisión de Derechos Humanos del Canadá Tribunal de Derechos Humanos del Canadá
Columbia Británica	Código de Derechos Humanos	Tribunal de Derechos Humanos de la Columbia Británica
Alberta	Ley de Derechos Humanos de Alberta Declaración de Derechos de Alberta	Comisión de Derechos Humanos de Alberta
Saskatchewan	Código de Derechos Humanos de Saskatchewan	Comisión de Derechos Humanos de Saskatchewan
Manitoba	Código de Derechos Humanos	Comisión de Derechos Humanos de Manitoba
Ontario	Código de Derechos Humanos	Comisión de Derechos Humanos de Ontario Tribunal de Derechos Humanos de Ontario
Quebec	Carta de Derechos y Libertades de la Persona	Comisión de Derechos de la Persona y Derechos de la Juventud Tribunal de Derechos Humanos
Nueva Brunswick	Ley de Derechos Humanos	Comisión de Derechos Humanos de Nueva Brunswick
Nueva Escocia	Ley de Derechos Humanos	Comisión de Derechos Humanos de Nueva Escocia
Isla del Príncipe Eduardo	Ley de Derechos Humanos	Comisión de Derechos Humanos de la Isla del Príncipe Eduardo
Terranova y Labrador	Ley de Derechos Humanos, 2010	Comisión de Derechos Humanos de Terranova y Labrador
Yukón	Ley de Derechos Humanos	Comisión de Derechos Humanos del Yukón
Territorios del Noroeste	Ley de Derechos Humanos	Comisión de Derechos Humanos de los Territorios del Noroeste
Nunavut	Ley de Derechos Humanos	Tribunal de Derechos Humanos de Nunavut

Códigos y leyes de derechos humanos

127.Todos los gobiernos del Canadá —a nivel federal, provincial y territorial— han promulgado legislación que prohíbe la discriminación por diversos motivos en lo referente al empleo, el suministro de los bienes y servicios normalmente disponibles al público, y la vivienda. Esta legislación difiere en su aplicación del derecho a la igualdad previsto en el artículo 15 de la Carta de Derechos y Libertades del Canadá por cuanto ofrece protección contra los actos de discriminación cometidos tanto por los particulares en el sector privado como por los gobiernos.

128.En general, los códigos de derechos humanos prohíben la discriminación por los motivos siguientes: raza o color; religión o credo; edad; sexo; orientación sexual; identidad o expresión de género; situación familiar o estado civil; discapacidad o impedimento físico o mental; origen nacional o étnico, y ascendencia o lugar de origen. Algunos códigos incluyen otros motivos de distinción ilícita como, por ejemplo, las convicciones políticas, la asociación, una condena indultada, los antecedentes penales y la fuente de ingresos.

129.El Tribunal Supremo del Canadá ha dictaminado que los tribunales y juzgados canadienses deben interpretar la legislación contra la discriminación de manera que promueva su propósito general de garantizar a las personas la igualdad de oportunidades.

130.Por consiguiente, el Tribunal Supremo ha indicado que en general los códigos de derechos humanos prevalecen sobre el resto de la legislación. En otras palabras, las prácticas discriminatorias pueden impugnarse al amparo de esos códigos, aun cuando aparentemente estén autorizadas por otras leyes. Además, el Tribunal Supremo ha sostenido que la legislación de derechos humanos prohíbe tanto la discriminación directa como la indirecta (por efectos adversos). Las políticas o prácticas que perjudiquen a los grupos protegidos por los códigos de derechos humanos podrán considerarse discriminatorias aun cuando no supongan una discriminación intencional o establezcan expresamente distinciones basadas en los motivos prohibidos. En cuanto a la discriminación indirecta, por ejemplo, los empleadores tienen la obligación de hacer ajustes razonables para atender las necesidades de las personas protegidas por la ley. Esta obligación exige a los empleadores realizar un auténtico esfuerzo, a menos que entrañe dificultades desmedidas, para atender las necesidades especiales de los miembros de grupos protegidos, aun cuando ello ocasione inconvenientes menores a otros empleados.

131.Los códigos de derechos humanos permiten hacer distinciones por motivos de discriminación prohibidos en el ámbito del empleo, a condición de que se basen en cualificaciones o requisitos profesionales justificados y razonables, y en el ámbito del suministro de servicios o el acceso a instalaciones y viviendas, si la justificación de las distinciones es razonable y de buena fe. Por ejemplo, en materia de empleo, el Tribunal Supremo del Canadá ha definido el requisito profesional justificado como el que se impone de buena fe y guarda una relación objetiva con la ejecución del trabajo respectivo.

132.Algunos códigos provinciales y territoriales de derechos humanos protegen también diversas libertades. El Código de Derechos Humanos de Saskatchewan garantiza las libertades de conciencia, de expresión y de asociación, el derecho a no ser encarcelado arbitrariamente y el derecho a participar en las elecciones. La Ley de Derechos Humanos del Territorio del Yukón garantiza las libertades de religión y conciencia, expresión, reunión y asociación, así como el derecho de la persona a gozar y disponer de sus bienes conforme a la ley. En Quebec, la Carta de Derechos y Libertades de la Persona garantiza las libertades y los derechos fundamentales, como la libertad de religión, el derecho a la vida y al respeto de la vida privada. También reconoce el derecho a la igualdad en el reconocimiento y el ejercicio de las libertades y los derechos políticos, judiciales, económicos y sociales. Según el artículo 50, párrafo 1, los derechos y libertades enunciados en la Carta se garantizan por igual a hombres y mujeres. El artículo 9, párrafo 1, de la Carta de Quebec establece que, al ejercer sus derechos y libertades fundamentales, las personas deberán respetar debidamente los valores democráticos, el orden público y el bienestar general de los ciudadanos de la provincia y que, a este respecto, se podrá determinar por ley el alcance de los derechos y las libertades, e imponer límites a su ejercicio.

Legislación sobre la libertad de información y la privacidad

133.Hay leyes sobre la libertad de información y la vida privada tanto a nivel provincial o territorial como federal. Estas contribuyen a proteger el derecho a la privacidad de las personas (frente a entidades de los sectores público y privado) y prevén el derecho de acceso a la información que está bajo custodia o control del gobierno.

Salvaguardias del com m o n law

134.Algunas de las salvaguardias previstas en el common law, como la equidad procesal y los derechos de propiedad, tienen una larga historia en el Canadá. También es posible entablar procedimientos del common law, como demandas por difamación, para obtener reparación por violaciones de los derechos de una persona cometidas por terceros o por el gobierno.

El sistema nacional de derechos humanos

Los tratados de derechos humanos y el ordenamiento jurídico interno

135.Los tratados, incluidos los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el Canadá, no son de aplicación automática, sino que requieren una puesta en vigor legislativa para poder aplicarse directamente en el derecho canadiense. De ahí que los tratados no se sean objeto de aplicación directa en los tribunales canadienses. Por consiguiente, las personas que alegan violaciones de sus derechos recurren a las diferentes vías de reparación internas disponibles en caso de contravención de la legislación nacional pertinente, incluidas las leyes nacionales de derechos humanos.

136.Antes de pasar a ser parte en un tratado internacional de derechos humanos, todos los niveles de gobierno del Canadá examinan sus leyes, políticas y prácticas para determinar si son compatibles con las obligaciones dimanantes del tratado o si se necesitan nuevas medidas para garantizar la aplicación plena y efectiva de este. Si la legislación y las políticas vigentes se ajustan a las obligaciones del tratado, no se requieren nuevas medidas. En ocasiones, se puede modificar la legislación o promulgar nuevas leyes para asegurar la conformidad con el tratado. Tras la ratificación, estas cuestiones se tienen en cuenta, cuando procede, al redactar las futuras leyes.

Mecanismos de coordinación entre el Gobierno federal y los gobiernos provinciales o territoriales

137.Todos los gobiernos del Canadá comparten un alto grado de compromiso y prioridades similares en materia de promoción y protección de los derechos humanos. Los gobiernos colaboran entre sí y en su propio seno para encontrar soluciones localmente apropiadas a los problemas de derechos humanos.

138.En 1975 se creó el Comité Permanente de Funcionarios de Derechos Humanos (CCOHR) en una conferencia ministerial federal y provincial sobre los derechos humanos celebrada para dar inicio al proceso de ratificación y aplicación de determinados tratados. Integrado por representantes del Gobierno federal y de todos los gobiernos provinciales y territoriales, el CCOHR continúa su labor como principal órgano intergubernamental encargado de la consulta y el intercambio de información entre los gobiernos del Canadá con respecto a la adhesión a los tratados internacionales de derechos humanos y a su aplicación interna.

139.El mandato del Comité Permanente es:

Servir de mecanismo de consulta entre los gobiernos sobre las cuestiones nacionales e internacionales relacionadas con los instrumentos, mecanismos y eventos internacionales de derechos humanos.

Promover el intercambio de información entre los gobiernos con respecto a la interpretación y la aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Formular sus opiniones con miras al desarrollo de la postura del Canadá sobre la elaboración de nuevos instrumentos internacionales de derechos humanos y, según corresponda, sobre otras cuestiones internacionales de derechos humanos o acontecimientos conexos.

Facilitar la presentación de los informes internacionales del Canadá sobre la aplicación interna de los instrumentos internacionales de derechos humanos, incluida su comparecencia ante los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas, y el debate en el seno de los gobiernos y entre estos sobre las recomendaciones dirigidas al Canadá.

Colaborar con la sociedad civil y las organizaciones indígenas en los asuntos relacionados con los informes y los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Facilitar a los ciudadanos información general sobre su labor relacionada con los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Respaldar las decisiones de los altos funcionarios federales, provinciales y territoriales y de los ministros encargados de los derechos humanos y proveer a su seguimiento.

140.También hay muchos comités y mecanismos federales, provinciales y territoriales encargados de asuntos que inciden en el cumplimiento por el Canadá de sus obligaciones dimanantes de tratados, como la salud, la seguridad pública, el desarrollo social y la situación de las personas con discapacidad. Por ejemplo:

El Foro Federal-Provincial/Territorial de Ministros Encargados de la Condición de la Mujer ofrece a los gobiernos una plataforma para el intercambio de información sobre las iniciativas actuales, las futuras prioridades, las prácticas óptimas y los retos relacionados con la igualdad de género.

El Comité Consultivo Federal-Provincial/Territorial sobre las Personas con Discapacidad ofrece a los viceministros federales, provinciales y territoriales que se ocupan de la discapacidad asesoramiento y opciones estratégicas de base empírica en esta materia y colabora en investigaciones, análisis y el desarrollo de opciones para abordar los problemas que afectan a la comunidad con discapacidad en el Canadá. Además, la Red de Oficinas Federales-Provinciales/Territoriales para las Cuestiones de Discapacidad y los Consejos de Primeros Ministros constituyen una plataforma oficiosa para el intercambio de información, las mejores prácticas y las opiniones de las partes interesadas en el seno de los gobiernos y los órganos designados para asesorar a los responsables de las decisiones sobre la política en materia de discapacidad.

El Comité del Derecho de Familia integrado por funcionarios federales, provinciales y territoriales se reúne periódicamente para elaborar y coordinar la política en la materia y asesorar a los viceministros.

También hay varios comités federales-provinciales-territoriales que se reúnen periódicamente para examinar cuestiones de justicia penal, como el Comité de Coordinación de Altos Funcionarios (Justicia Penal), el Grupo de Trabajo sobre la Justicia para los Aborígenes, el Grupo de Trabajo sobre las Víctimas de la Delincuencia y el Grupo de Trabajo Federal-Provincial-Territorial Permanente sobre la Asistencia Letrada.

Examen judicial de las obligaciones internacionales del Canadá

141.Los tratados internacionales ratificados por el Canadá pueden informar la interpretación del derecho interno. Esta doctrina reviste una importancia particular en el contexto de la Carta de Derechos y Libertades del Canadá. Los tratados de derechos humanos son pertinentes al determinar el alcance de los derechos amparados por la Carta.

142.Dada su pertinencia para la interpretación de las garantías de derechos humanos previstas en la Carta y en la legislación nacional, dichos tratados internacionales son considerados por los tribunales cuando se trata de determinar la validez constitucional de las leyes.

143.Los tribunales canadienses también se remiten a las disposiciones pertinentes de los tratados suscritos por el Canadá al interpretar la legislación ordinaria (no constitucional), como la Ley de Inmigración y de Protección de los Refugiados o el Código Penal, así como las disposiciones administrativas. Por ejemplo, los tribunales interpretan la legislación ordinaria dando por sentada la intención de los órganos legislativos de cumplir las obligaciones del Canadá dimanantes de tratados, a menos que se exprese claramente la intención opuesta.

Recursos disponibles en caso de violación de los derechos humanos

Vías de reparación de las violaciones de los derechos humanos

144.En el Canadá hay varios recursos disponibles en caso de violación de los derechos humanos, según la naturaleza del derecho vulnerado y del tipo de reparación reclamado. Las autoridades competentes son los tribunales, los órganos de derecho público creados para administrar ciertas leyes (comisiones, juntas, comités o tribunales) y los defensores del ciudadano.

145.Los tribunales de justicia canadienses son competentes para pronunciarse sobre la violación de las disposiciones de la Carta de Derechos y Libertades del Canadá. En el curso de los procesos penales a menudo se señalan a la atención de los tribunales contravenciones de la Carta, que pueden dar lugar a la suspensión de las acusaciones. Los particulares también pueden entablar una demanda civil alegando una violación de la Carta. Muchas de las leyes pertinentes al ejercicio de los derechos humanos prevén el recurso a los tribunales, por ejemplo, las leyes de protección de la infancia y, en Quebec, el Código Civil y la Carta de Derechos Humanos y Libertades de la Persona. Los tribunales de justicia también dictaminan sobre la base del common law y tienen una competencia inherente respecto de los niños y otras personas incapaces de protegerse a sí mismas, la llamada jurisdicción parens patriae, que reviste particular importancia en el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño. Los tribunales de justicia desempeñan igualmente una función de revisión de las decisiones de las juntas y los tribunales especiales.

146.El principal medio para hacer cumplir los códigos y leyes de derechos humanos (sobre todo en relación con la discriminación) radica en las comisiones o tribunales de derechos humanos establecidos en virtud de dicha legislación. Las comisiones de derechos humanos contribuyen a la identificación de los asuntos y problemas de derechos humanos. Muchas son responsables, en mayor o menor medida, de vigilar el respeto de los derechos a la igualdad enunciados en legislación respectiva. Los individuos que se consideran lesionados en sus derechos a la igualdad pueden presentar sus denuncias ante la comisión competente. Estas denuncias se investigan, y puede entablarse un proceso de conciliación. Si es necesario, una junta investigadora o un tribunal de derechos humanos determina la fundamentación jurídica de la denuncia.

147.Otras leyes, referidas en particular a los ámbitos social y económico, prevén el establecimiento de órganos de derecho público para el examen de las denuncias relacionadas con su aplicación. Las juntas y tribunales administrativos dirimen las controversias sobre la interpretación y aplicación de leyes y reglamentos, como el derecho al seguro de desempleo o las prestaciones por discapacidad y las solicitudes de asilo. Cuando las juntas o tribunales administrativos tienen competencia para zanjar cuestiones de derecho, se supone que tienen potestad para determinar la constitucionalidad de una disposición legislativa y disponer las vías de reparación en virtud de la Carta, así como para dictaminar en asuntos de discriminación en virtud de la legislación contra la discriminación. Los tribunales administrativos son menos formales que los tribunales de justicia y no forman parte del sistema judicial. No obstante, desempeñan un papel esencial en la resolución de controversias en la sociedad canadiense. Las decisiones de los tribunales administrativos pueden ser revisadas en los tribunales de justicia para asegurar que los primeros obren de manera imparcial y con arreglo a la ley. Por ejemplo, a nivel federal, la Junta de Examen y Apelación de las Demandas de los Veteranos atiende las quejas de los veteranos en relación con su derecho a una pensión y, a nivel provincial, en Manitoba, la Junta de Apelación de los Servicios Sociales examina las quejas relacionadas con el derecho a la asistencia social en virtud de la Ley de Asistencia Social de Manitoba.

148.En la mayor parte de las jurisdicciones provinciales se han establecido comisiones policiales u órganos análogos para el examen de las quejas contra la policía. En medida creciente, estos órganos funcionan con independencia de la policía. La Comisión Civil Independiente de Examen y Tratamiento de las Quejas contra la RCMP atiende las quejas contra la Real Policía Montada del Canadá (la policía nacional del Canadá) y la Oficina del Investigador de Asuntos Penitenciarios examina las quejas de los reclusos en las cárceles federales.

149.En la mayoría de las provincias y territorios se ha creado el cargo de defensor del ciudadano. Aunque sus funciones varían de una jurisdicción a otra, en general el defensor del ciudadano tiene el deber y la facultad de investigar denuncias contra los departamentos u organismos del gobierno pertinente. Sus decisiones se transmiten al gobierno en forma de recomendaciones que se hacen públicas. La independencia es un atributo importante de este funcionario, que rinde cuenta anual de sus actividades al órgano legislativo.

150.El Gobierno del Canadá ha creado cargos análogos en algunos ámbitos de su jurisdicción. Hay un Comisionado encargado de examinar las denuncias presentadas en virtud de cada una las leyes siguientes: la Ley de Idiomas Oficiales, la Ley de Protección de la Vida Privada, la Ley de Acceso a la Información y Ley de Protección de los Funcionarios Públicos que Denuncian Irregularidades. En Quebec, la Comisión de Acceso a la Información cumple una función parecida respecto de la aplicación de la Ley sobre el Acceso a los Documentos de los Organismos Públicos y la Protección de la Información Personal.

Recursos disponibles

151.En la siguiente sección se describe a grandes rasgos la naturaleza de los recursos que están disponibles en virtud de las principales fuentes de protección jurídica de los derechos humanos en el Canadá: la Carta de los Derechos y Libertades del Canadá, los códigos de derechos humanos, la legislación penal y de otro tipo, el common law y, en Quebec, el Código Civil.

La Carta de Derechos y Libertades del Canadá

152.Según el artículo 52 de la Ley Constitucional de 1982, la Constitución del Canadá es la ley suprema del país y toda ley incompatible con ella carece de validez y efecto, a no ser que el Parlamento o la asamblea legislativa de una provincia invoque la disposición constitucional del artículo 33 de la Carta con arreglo a las condiciones impuestas por esta. En consecuencia, si prospera una impugnación basada en la Carta, los tribunales pueden declarar que la ley es nula y sin efecto. El Tribunal Supremo del Canadá ha sostenido que en determinadas circunstancias puede suspender temporalmente una declaración de nulidad para permitir que la asamblea legislativa modifique la ley, o el propio Tribunal puede reformular las disposiciones en cuestión para hacerlas compatibles con la Carta. Según cual sea la correcta interpretación de sus leyes de habilitación, en virtud del artículo 52, las juntas y tribunales administrativos también pueden ser competentes para declarar inoperante una ley a los efectos del caso que les ocupe.

153.El artículo 24 de la Carta permite que toda persona cuyos derechos reconocidos en la Carta hayan sido vulnerados o denegados recurra a un tribunal competente para obtener una reparación justa y apropiada. Esta disposición ha sido objeto de una interpretación liberal que incluye recursos en previsión de futuras violaciones, como los requerimientos judiciales, y toda la gama de medios de reparación disponibles en el tribunal en que se presenta la demanda —por ejemplo, la emisión de una orden o sentencia declaratoria, la condena al resarcimiento de daños y perjuicios (incluida la indemnización) o al pago de las costas, la anulación o suspensión de procedimientos o la devolución de bienes confiscados ilegalmente. Respecto de la cuestión de si las juntas y los tribunales administrativos o de justicia están habilitados para conceder reparaciones en virtud de la Carta, hay que observar que en general lo estarán siempre y cuando tengan jurisdicción sobre las partes, el objeto de la controversia y el tipo de reparación reclamado.

La legislación contra la discriminación

154.La presentación de una demanda en virtud de un código de derechos humanos es un proceso informal y accesible: el demandante rellena un formulario sencillo y puede recibir la asistencia de un funcionario de la comisión de derechos humanos para entablar el procedimiento. Con algunas variaciones, el modelo general de tramitación de las demandas es el siguiente: la comisión de derechos humanos investiga la reclamación y procura obtener un acuerdo entre las partes; si ello no es posible, la comisión puede desestimar la demanda o trasladarla a un tribunal de derechos humanos o a una junta investigadora, que celebra una audiencia pública. Las comisiones de derechos humanos presentan ellas mismas la demanda ante el tribunal o la junta investigadora sin costo alguno para el demandante. En algunas provincias, las personas pueden acudir directamente a un tribunal de derechos humanos o de justicia, sin ayuda de la comisión.

155.Si el tribunal de derechos humanos o la junta investigadora concluye que se ha incurrido efectivamente en una práctica discriminatoria, puede dictar una orden cuya ejecución se imponga por la vía judicial. El autor del acto discriminatorio puede recibir la orden de poner fin a dicha práctica, de tomar medidas para invertir los efectos discriminatorios, como recontratar a la víctima o pagarle una indemnización, y/o de adoptar un programa de acción afirmativa. Las decisiones de los tribunales o las juntas investigadoras pueden ser objeto de revisión judicial.

Reparación para las víctimas de delitos

156.Con arreglo al Código Penal, a instancia del fiscal o por propia iniciativa, el tribunal sentenciador de un delincuente puede ordenar a este, además de cualquier otra pena que le imponga, que restituya a la víctima las pérdidas financieras (es decir, las que puedan estimarse fácilmente). El resarcimiento puede también derivarse de medidas alternativas previstas para los adultos en el Código Penal o de sanciones extrajudiciales previstas para los jóvenes en la Ley de Justicia Penal de Menores. Las provincias y territorios también brindan servicios a las víctimas de delitos, que en algunos casos incluyen la indemnización financiera.

157.La Carta Canadiense de Derechos de las Víctimas fue promulgada en 2015. En ella se establecen derechos estatutarios a nivel federal para las víctimas de delitos, que guardan relación con la información, la participación, la protección y la restitución, y se prevé un procedimiento de reclamación en caso de violación de estos derechos. En lo que respecta a la restitución, las víctimas tienen derecho a que el tribunal considere dictar una orden de resarcimiento de sus pérdidas financieras contra el autor del delito y a que se imponga el pago de toda suma pendiente a través de un tribunal civil.

Otros recursos

158.Como ya se indicó, otras leyes pertinentes a la aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos, por ejemplo, en materia económica y social, pueden prever mecanismos de denuncia específicos. Además, se han creado algunos órganos de derecho público para indemnizar, por ejemplo, a las víctimas de accidentes laborales. En ocasiones, el Parlamento o las asambleas legislativas provinciales y territoriales promulgan leyes destinadas a prestar asistencia financiera o de otro tipo a individuos o grupos específicos que aleguen ser víctimas de denegación de justicia u otras violaciones de los derechos humanos.

159.El common law también prevé recursos en caso de violación de ciertos derechos humanos —por ejemplo, puede entablarse una demanda por daños y perjuicios (incluida una indemnización) en caso de despido improcedente, difamación o vulneración de los derechos de propiedad. En el caso de los niños y otras personas incapaces de protegerse a sí mismas, puede invocarse la jurisdicción parens patriae de los tribunales para asegurar medidas de socorro, por ejemplo, en materia de guarda, protección de bienes o problemas de salud, o protección contra relaciones perjudiciales (en ausencia de una legislación al respecto).

160.La resolución de diferendos por vía no contenciosa y la justicia restaurativa son ámbitos que evolucionan rápidamente en el Canadá. La resolución de diferendos por vía no contenciosa requiere la intervención de juristas y no juristas especializados en diversos campos. Procedimientos como la negociación, la mediación y el arbitraje pueden ser independientes o complemento de la vía contenciosa. La gama de reparaciones es amplia y diversa y comprende la indemnización (financiera o de otro tipo), las disculpas, la reincorporación al lugar de trabajo y los acuerdos de cumplimiento. El uso de estos métodos varía de una provincia o territorio a otro, y también dentro del ámbito federal. En el Canadá hay una demanda creciente de estos métodos alternativos de resolución de conflictos, y los gobiernos cada vez recurren más a ellos para resolver los diferendos.

161.La justicia restaurativa se aplica en una gran variedad de situaciones en que se ha infligido daño, por ejemplo, en el ámbito de la justicia penal, de la escuela o del vecindario. Son procedimientos comunes de justicia restaurativa la mediación entre la víctima y el infractor, las reuniones de grupos familiares y las conferencias o círculos de justicia de menores. En el ámbito de la justicia penal, puede recurrirse a la justicia restaurativa en todas las fases del proceso judicial. Los programas de justicia restaurativa en las causas penales contra adultos y menores se aplican en el marco de leyes y políticas gubernamentales; los casos suelen ser remitidos por la policía, los fiscales de la Corona y los jueces. Tales procesos suelen dar lugar al resarcimiento, las disculpas y otras formas de reparación para las víctimas y las comunidades. Como en el caso de la resolución de diferendos por vía no contenciosa, el uso de la justicia restaurativa varía de una jurisdicción a otra.

Rehabilitación de las víctimas de la violencia

162.El Gobierno federal y los gobiernos provinciales, territoriales y municipales han emprendido iniciativas muy diversas para apoyar a las víctimas de la violencia, en particular las mujeres y los niños. Entre ellas se cuentan la financiación de programas sociales y de otro tipo para los supervivientes de actos de violencia, como los de vivienda asequible y albergues de emergencia, y la introducción de reformas en la justicia penal para ayudar a la policía, los proveedores de servicios y otros profesionales a proteger y asistir mejor a las víctimas.

163.Desde 2010-2011, el Gobierno federal viene asignando fondos en apoyo de la creación y el desarrollo de los centros de protección de la infancia (CAC). Estos centros reúnen a equipos multidisciplinarios para atender de modo coordinado e integral las necesidades de los niños, los jóvenes y sus familias en los casos de presunto abuso. Procuran evitar al máximo los traumas que pueda ocasionar el sistema y contribuir al bienestar a largo plazo de los interesados ofreciendo a los niños víctimas y a sus familias un centro adaptado a la infancia al que puedan recurrir en busca de servicios idealmente bajo el mismo techo. En 2018, el Gobierno del Canadá incrementó los recursos financieros destinados a los proyectos y actividades de los CAC que procuran reforzar o formar equipos multidisciplinarios para atender las necesidades específicas de los niños y jóvenes víctimas en las comunidades rurales, aisladas e indígenas.

164.Los gobiernos provinciales y territoriales tienen jurisdicción sobre de la prestación de servicios sanitarios, educativos y sociales, como el funcionamiento de albergues y servicios destinados a las víctimas, y sobre la administración de la justicia civil y penal. Esto incluye los servicios policiales y el enjuiciamiento de los delitos (salvo en los territorios), y la administración de los tribunales civiles y penales. Los sistemas provinciales y territoriales de atención de la salud y de bienestar social ofrecen servicios e instalaciones que pueden facilitar la rehabilitación física y mental de las víctimas de violaciones de los derechos humanos.

165.A nivel federal, la iniciativa Ya Es Hora: Estrategia Canadiense para Prevenir y Combatir la Violencia de Género es una estrategia a escala de todo el gobierno que aúna los esfuerzos de numerosos departamentos y organismos federales para prevenir y combatir la violencia de género. Comprende una amplia gama de actividades y se sustenta en tres pilares: prevención; apoyo a los supervivientes y sus familias, y promoción de sistemas judiciales diligentes. Por ejemplo:

Potencia los esfuerzos de lucha contra la explotación sexual infantil en internet.

Promueve una formación de los agentes del orden federales que sea sensible a las cuestiones de género y a las particularidades culturales de la población.

Refuerza el apoyo al Centro de Coordinación Nacional contra la Explotación de Niños con el fin de aumentar la capacidad de investigación de la Real Policía Montada del Canadá.

Prevé la concesión de licencia para proteger los puestos de trabajo de las víctimas de la violencia doméstica o de los padres de niños víctimas de la violencia empleados en lugares de trabajo sujetos a la reglamentación federal.

Presta apoyo a los centros contra la agresión sexual que están próximos a las bases de las Fuerzas Armadas canadienses de modo que los miembros de estas tengan acceso a refuerzos para combatir la violencia de género.

Amplía el Programa contra la Violencia de Género para que un mayor número de organizaciones, como los centros de emergencia para casos de violación sexual, estén mejor preparadas para ayudar a los grupos de población más expuestos a la violencia.

166.En el sector privado, a veces con financiación del gobierno, se han creado centros de rehabilitación y reinserción de las víctimas de torturas. A nivel federal, se proporciona asistencia a los inmigrantes que son supervivientes de la tortura en sus países.

Asistencia letrada

167.Un pilar importante del sistema de justicia canadiense es el sólido sistema de asistencia letrada destinado a las personas económicamente desfavorecidas. Los servicios de asistencia letrada en lo penal y en lo civil son financiados por los gobiernos provinciales y territoriales, que determinan los tipos de servicios que ofrecen sus organismos de asistencia jurídica. En ejercicio de su autoridad constitucional en materia de legislación y procedimiento penal, el Gobierno del Canadá brinda asistencia financiera a las provincias y territorios para la prestación servicios de asistencia letrada en materia penal. El Tribunal Supremo del Canadá ha interpretado el artículo 10, apartado b), de la Carta en el sentido de que impone la obligación de informar a los detenidos de la existencia y la disponibilidad de asistencia letrada. En cuanto a la asistencia jurídica en lo civil, en el marco del Sistema de Transferencias para Programas Sociales, el Gobierno del Canadá brinda apoyo financiero a las provincias y territorios para el desarrollo de programas sociales, que incluyen la asistencia letrada. El Gobierno también presta apoyo financiero a seis provincias (Columbia Británica, Alberta, Manitoba, Ontario, Quebec, y Terranova y Labrador) que prestan servicios de asistencia letrada a las personas involucradas en los procedimientos de inmigración y determinación del estatuto de refugiado en virtud de las disposiciones de la Ley de Inmigración y Protección de los Refugiados.

Mecanismos de derechos humanos para abordar las situaciones de determinados grupos vulnerables

Los pueblos indígenas

168.El Gobierno federal y los gobiernos provinciales y territoriales han nombrado a los ministros encargados de los asuntos de los aborígenes, cuyos ministerios u oficinas se ocupan de mejorar la situación de los pueblos indígenas y promover la reconciliación en el Canadá.

169.El Gobierno del Canadá se ha comprometido a establecer una nueva relación con los pueblos indígenas basada en el reconocimiento de los derechos, el respeto, la cooperación y la asociación.

170.Últimamente el Gobierno del Canadá ha aplicado un enfoque a escala de todo el gobierno dirigido a todos los pueblos indígenas. En el Gabinete se ha establecido un Comité de Reconciliación para el examen de iniciativas encaminadas a reforzar las relaciones con los canadienses indígenas. Este se apoya en la labor realizada por el Grupo de Trabajo Ministerial de Revisión de las Leyes y Políticas relativas a los Pueblos Indígenas, establecido para examinar las leyes, políticas y prácticas operacionales federales pertinentes con objeto de asegurar que la Corona cumple sus obligaciones constitucionales con respecto a los derechos ancestrales y a los derechos dimanantes de tratado de los pueblos aborígenes; respeta las normas internacionales de derechos humanos, incluida la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y apoya la implementación de los llamamientos a la acción de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Tal revisión de las leyes, políticas y prácticas se guía por los Principios que Rigen las Relaciones del Gobierno del Canadá con los Pueblos Indígenas.

171.En agosto de 2017, el Gobierno del Canadá anunció la proyectada disolución del Departamento Federal de Asuntos Indígenas y del Norte del Canadá (INAC) y su intención de crear dos nuevos departamentos en consulta con los pueblos indígenas y otros grupos: el Departamento de Servicios para los Pueblos Indígenas del Canadá y el Departamento de Relaciones entre la Corona y los Indígenas y de Asuntos del Norte del Canadá. La creación de estos departamentos se conforma a las recomendaciones de la Comisión Real de los Pueblos Aborígenes.

172.Un primer paso en este proceso de transformación fue la creación en agosto de 2017 del cargo de Ministro de Servicios para los Pueblos Indígenas. Se encomendó a este ministro continuar la importante labor de mejorar la calidad de los servicios prestados a las Primeras Naciones, los inuit y los mestizos. El antiguo Ministro de Asuntos Indígenas y del Norte fue nombrado Ministro de Relaciones entre la Corona y los Indígenas y de Asuntos del Norte, con la misión de guiar la labor transformadora con visión de futuro del gobierno en pro del desarrollo de una nueva relación con los pueblos indígenas.

173.Otro paso en el proceso de transformación fue la creación en noviembre de 2017 del Departamento de Servicios para los Pueblos Indígenas del Canadá (ISC). Su función consiste en colaborar con los asociados para aplicar un enfoque holístico al suministro de los servicios sociales y de salud y de infraestructuras esenciales para los niños, las personas, las familias y las comunidades indígenas, y mejorar el acceso de las Primeras Naciones, los inuit y los mestizos a servicios de este tipo de gran calidad. Lo anima la visión de apoyar y empoderar a los pueblos indígenas para que se ocupen de manera independiente del suministro de servicios y de las condiciones socioeconómicas de sus comunidades. Se prevé la pronta disolución del INAC y la creación del nuevo Departamento de Relaciones entre la Corona y los Indígenas y de Asuntos del Norte (CIRNAC). El CIRNAC deberá proveer a la renovación de las relaciones entre las naciones, entre los inuit y la Corona, entre los gobiernos y entre el Canadá y las Primeras Naciones, los inuit y los mestizos; modernizar las estructuras de gobierno del Canadá para permitir a los pueblos indígenas desarrollar sus capacidades y para apoyar su visión de la autodeterminación, y dirigir la labor del Gobierno del Canadá en el Norte.

174.Por último, en diciembre de 2016, el Gobierno del Canadá estableció nuevas estructuras, en particular nuevos mecanismos permanentes con los líderes de las Primeras Naciones, los inuit y los mestizos, para determinar las prioridades comunes, elaborar conjuntamente las políticas pertinentes y vigilar los progresos realizados.

Las mujeres

175.Los gobiernos a nivel federal, provincial y territorial han nombrado a ministros encargados de la condición de la mujer, y algunos asignan recursos financieros al funcionamiento de comités consultivos independientes sobre la situación de la mujer. La Oficina de la Condición de la Mujer del Canadá (SWC) es la organización del Gobierno federal encargada de promover la igualdad de la mujer y su plena participación en la vida económica, social y democrática del país. Su función consiste en promover la igualdad de la mujer centrándose en tres objetivos prioritarios: aumentar la seguridad económica y la prosperidad de las mujeres, incentivar su ascenso a posiciones de liderazgo y su participación en la vida democrática, y poner fin a la violencia contra las mujeres.

176.La CSW ejerce una función de primer plano en la aplicación a escala de todo el gobierno del análisis basado en el género y otros factores (GBA+), instrumento analítico utilizado para calibrar la repercusión de las políticas, programas e iniciativas en distintos grupos de mujeres, de hombres, y de género diverso. La aplicación del análisis GBA+ permite a los funcionarios federales mejorar su labor al asegurar la inclusión en ella de diversas perspectivas para poder atender las necesidades de todos los canadienses. La adición “y otros factores (+)” pone de relieve que el análisis GBA trasciende el sexo y el género para considerar múltiples factores identitarios que interactúan para hacer de las personas lo que son, como la raza, la pertenencia étnica, la sexualidad, la religión, la edad y la discapacidad mental o física. Se exige a las organizaciones del Gobierno del Canadá que demuestren que en la elaboración de las políticas, los programas y la legislación se han tenido en cuenta el género y otros factores identitarios. Los gobiernos de las provincias de Terranova y Labrador, la Isla del Príncipe Eduardo, Nueva Brunswick, Alberta, Manitoba, Ontario, la Columbia Británica y Quebec han adoptado el análisis GBA+ y métodos análogos. Por ejemplo, desde 1997, en cumplimiento de los compromisos contraídos en la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, el Gobierno de Quebec utiliza un análisis diferenciado por género en que se considera una combinación de diferentes factores.

La infancia y la juventud

177.A nivel provincial y territorial hay comisionados, abogados o defensores del niño que sirven de mecanismos de supervisión independientes con el mandato específico de abordar los asuntos de la infancia. Cada una de estas instituciones vigila las leyes, las políticas, los programas y los servicios destinados a los niños en su esfera de competencia e informa al gobierno, a la asamblea legislativa y a otros órganos competentes sobre violaciones específicas de los derechos del niño.

178.El Consejo Canadiense de Defensores de la Infancia y la Juventud es una asociación de defensores del niño de todo el Canadá cuyo mandato consiste en abogar por los derechos de los niños y los jóvenes. Actuando en calidad de funcionarios independientes de sus respectivos órganos legislativos, por intermedio del Consejo los defensores procuran determinar las esferas de interés común y concebir las formas de abordar los problemas a nivel nacional. Son tareas del Consejo promover la plena aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño; apoyar la defensa colectiva de los derechos del niño, comprendida la prestación de servicios de abogacía a los niños y familias que se instalan en una nueva provincia o territorio; colaborar con los gobiernos y otras entidades que se ocupan de los niños y los jóvenes; promover la creación de oficinas independientes eficaces para los niños, y comunicarse y colaborar con las organizaciones de servicio a la infancia y la juventud en la promoción de los derechos del niño.

179.El Grupo de Trabajo Interdepartamental sobre los Derechos del Niño (IWGCR) está compuesto por funcionarios de los departamentos y organismos federales que tienen programas o políticas que conciernen a los niños. Este grupo de trabajo ofrece un espacio de diálogo con el fin de asegurar un enfoque de todo el gobierno para abordar los derechos del niño y de examinar la vinculación entre las prioridades y políticas que conciernen a los niños y las obligaciones nacionales e internacionales del Gobierno del Canadá en materia de derechos humanos. El grupo examina las recomendaciones relativas a la infancia del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y otros órganos de tratados con miras a determinar las respuestas apropiadas. También procura dar a conocer y hacer que se comprendan mejor las obligaciones dimanantes de la Convención sobre los Derechos del Niño entre los funcionarios federales.

180.Establecido en 2016, el Consejo de la Juventud de la Oficina del Primer Ministro es un grupo de jóvenes canadienses que prestan un asesoramiento no partidista al Primer Ministro y al Gobierno del Canadá en cuestiones de importancia para los jóvenes y para todos los canadienses. Es un mecanismo de apoyo al diálogo entre los jóvenes y el Gobierno del Canadá. Actualmente lo integran 26 jóvenes canadienses que representan a diversas comunidades de todas las regiones del país y que poseen conocimientos y experiencia de diversa índole. En reuniones presenciales y en teleconferencias, los miembros del Consejo conversan con el Primer Ministro, los ministros, los parlamentarios y los altos funcionarios de gobierno para ofrecerles sus puntos de vista sobre las cuestiones y problemas acuciantes. Los miembros del Consejo también se reúnen con otros jóvenes, las organizaciones de servicio a la juventud y los representantes locales y dirigentes comunitarios para discutir asuntos de interés fundamental para sus comunidades. La Secretaría Federal de la Juventud apoya la labor del Consejo de la Juventud de la Oficina del Primer Ministro, conecta a los jóvenes con oportunidades de acción en esferas clave de la política, ejerce un liderazgo estratégico constante, presta asesoramiento en el plano de las políticas y asegura la coordinación de los compromisos para con la juventud en todo el Gobierno del Canadá.

Las personas con discapacidad

181.Todos los niveles de gobierno, federal, provincial y territorial, cuentan con un órgano (oficina, consejo u otro) encargado de la situación de las personas con discapacidad. A nivel federal, la Oficina de Asuntos de las Personas con Discapacidad (ODI) es el punto focal para las cuestiones relacionadas con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En colaboración con los departamentos federales y los principales asociados, presta asesoramiento y aporta conocimientos especializados para promover unas políticas y programas coherentes relacionados con la discapacidad en todo el Gobierno del Canadá. La Oficina también se ocupa de promover y facilitar la participación de la comunidad de personas con discapacidad y de concienciar y capacitar a los funcionarios públicos federales para que tengan en cuenta en su labor los aspectos relacionados con la discapacidad.

182.Los comités interdepartamentales e intradepartamentales de asuntos de las personas con discapacidad apoyan la labor de la Oficina y constituyen foros para el intercambio de información y de prácticas óptimas en relación con las leyes, las políticas, los programas y las iniciativas pertinentes a fin de promover la coordinación y la colaboración en el seno de todo el Gobierno federal en materia de discapacidad, incluida la aplicación continua de la Convención.

Las minorías étnicas y religiosas

183.En los planos federal, provincial y territorial existe una amplia gama de leyes, políticas, programas y servicios cuya finalidad es atender las necesidades de las minorías étnicas, prevenir la discriminación racial y promover la inclusión y la diversidad.

184.El Programa de Multiculturalismo es uno de los instrumentos gubernamentales de aplicación de la Ley de Multiculturalismo del Canadá. Se propone construir una sociedad integrada y socialmente cohesionada; mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones federales a las necesidades de una población diversa, y participar en los debates internacionales sobre el multiculturalismo, la integración y la diversidad.

185.El Programa otorga recursos financieros a las organizaciones para iniciativas de fomento de la comprensión intercultural e interconfesional, la memoria y el orgullo cívicos, el respeto de los valores democráticos fundamentales y la participación social, cultural y económica en la sociedad. También realiza actividades de extensión y promoción que se conciben y desarrollan para involucrar a los canadienses en las cuestiones del multiculturalismo. En el plano internacional, el Programa apoya la participación del Canadá en acuerdos internacionales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y en instituciones como la Alianza Internacional para la Recordación del Holocausto.

Los inmigrantes y los refugiados

186.Los gobiernos provinciales y territoriales ofrecen diversas formas de apoyo a los recién llegados, incluidos los inmigrantes, los residentes permanentes, los refugiados y los solicitantes del estatuto de refugiado. Las iniciativas facilitan la formación profesional, el aprendizaje del idioma y la evaluación, la orientación, la información y el asentamiento e integración en la comunidad, y el reconocimiento de las cualificaciones extranjeras.

187.El Departamento de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía del Canadá (IRCC) elabora e implementa políticas, programas y servicios que facilitan la llegada de las personas y su integración en el Canadá; mantiene la tradición humanitaria canadiense protegiendo a los refugiados y a las personas necesitadas de protección; refuerza los valores y promueve los derechos y responsabilidades asociados a la ciudadanía canadiense; y propicia la comprensión intercultural y una sociedad integrada con igualdad de oportunidades para todos, independientemente de la raza, el origen étnico y la religión. El IRCC ofrece sus programas directamente o por medio de contratos, subvenciones o acuerdos de contribución o en asociación con otros departamentos gubernamentales.

Las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, queer y biespirituales

188.Para que el Gobierno del Canadá siga promoviendo los derechos de las comunidades lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer y biespiritual (LGBTQ2), se ha establecido una Secretaría en el seno de la Oficina del Consejo Privado. La Secretaría apoya al Asesor Especial del Primer Ministro para los asuntos de las personas LGBTQ2 en el desempeño de su misión de asesorar sobre la elaboración y coordinación del marco de acción gubernamental en esta materia. Esta labor incluye la colaboración con las organizaciones de LGBTQ2 de todo el país para promover la igualdad, proteger los derechos de los canadienses LGBTQ2 y hacer frente a la discriminación histórica y actual contra ellos.

189.Todos los gobiernos, a nivel federal, provincial y territorial, han promulgado disposiciones o introducido modificaciones para proteger la identidad de género y (en la mayoría de las jurisdicciones) la expresión de género en su legislación contra la discriminación. Los gobiernos también están modificando la forma de reunir, utilizar y presentar la información relativa al sexo y el género para reducir el riesgo de exposición de las personas transgénero y no binarias al acoso o la discriminación. Por su parte, el Gobierno de Quebec ha establecido una Oficina de Lucha contra la Homofobia para coordinar la acción gubernamental en esta esfera; ha financiado la creación de una red internacional de la comunidad LGBTQI francófona, y ha designado a un Emisario de los Derechos y Libertades de la Persona con la misión, entre otras, de contribuir a la promoción y protección de los derechos de las personas LGBT.

E.Marco general de promoción de los derechos humanos

El Parlamento

190.El Parlamento desempeña una importante función de vigilancia de los derechos humanos. Existen varios comités parlamentarios que examinan regularmente cuestiones nacionales e internacionales de derechos humanos. Estos comités pueden citar a testigos, incluidos funcionarios y representantes de ONG, y en ocasiones también comparecen ministros ante ellos.

Las instituciones de derechos humanos

191.Las comisiones de derechos humanos del Canadá elaboran y ejecutan programas de información para promover la comprensión pública de la legislación de derechos humanos pertinente y de sus respectivas funciones y actividades, así como el reconocimiento público del principio de igualdad de oportunidades establecido por la ley.

192.Las comisiones de derechos humanos contribuyen a la identificación de los asuntos y problemas de derechos humanos. Muchas están investidas en mayor o menor grado de la responsabilidad de supervisar la aplicación de los derechos humanos amparados por la legislación respectiva.

193.La Comisión de Derechos Humanos del Canadá, que es la institución nacional de derechos humanos, facilita información y recursos en su sitio web, como seminarios web, publicaciones, guías e informes, sobre una gran diversidad de temas de derechos humanos, por ejemplo, la discriminación, la obligación de introducir los ajustes necesarios, el acoso, y la evolución de los derechos humanos y su protección en el Canadá.

194.La Asociación de Organismos Oficiales de Derechos Humanos del Canadá (CASHRA) se estableció en 1972 como organización central de las comisiones de derechos humanos federal, provinciales y territoriales. La Asociación ofrece a sus miembros la oportunidad de intercambiar información sobre las leyes de derechos humanos del Canadá, y emprende proyectos de educación pública que promueven y defienden los derechos humanos en el Canadá y en el extranjero.

Educación y concienciación

195.Los gobiernos del Canadá siguen dando a conocer los compromisos internacionales del Canadá en materia de derechos humanos, tanto en su propio seno como entre la población. El Gobierno del Canadá ha preparado cursos sobre los derechos humanos internacionalmente reconocidos para los funcionarios federales, así como cursos especialmente concebidos para departamentos concretos. Estos módulos de formación se han compartido con los gobiernos provinciales y territoriales, donde se han impartido.

196.Todos los gobiernos del Canadá llevan a cabo programas de educación pública en materia de derechos humanos, prestando apoyo financiero a las organizaciones de derechos humanos y a otros grupos comunitarios y publicando información sobre los derechos humanos que se distribuye gratuitamente a la población.

197.Los gobiernos también organizan campañas de promoción, como eventos de sensibilización, para promover ocasiones importantes como el Día de los Derechos Humanos, el Día Nacional del Niño, el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial y el Día Internacional de la Mujer. También el Museo Canadiense de los Derechos Humanos, que se inauguró en septiembre de 2014, desempeña una importante labor de concienciación sobre los derechos humanos en el Canadá.

198.Además, la enseñanza de los derechos humanos figura en los planes de estudio de las escuelas provinciales y territoriales. Por ejemplo, los derechos humanos forman parte del currículo escolar de la Columbia Británica como curso optativo separado para los alumnos de secundaria que aborda una amplia gama de cuestiones de justicia social.

El papel de la sociedad civil

199.Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) también están involucradas en la promoción de los derechos humanos. Por constituir un vínculo fundamental entre los ciudadanos canadienses y sus gobiernos, las OSC son un componente esencial de la democracia canadiense. Las OSC defienden y representan los diversos intereses de la población del Canadá; hacen que los gobiernos conozcan y comprendan mejor las necesidades de los canadienses; refuerzan la capacidad de los ciudadanos de participar en la vida pública; piden cuenta a los gobiernos del cumplimiento de sus compromisos; ayudan a las personas a obtener reparación en los casos de violación de los derechos humanos, y llevan a cabo programas educativos.

200.Además de las consultas relativas a los informes internacionales del Canadá sobre los derechos humanos, el Gobierno federal y los gobiernos provinciales y territoriales celebran las consultas pertinentes con las organizaciones de la sociedad civil y los grupos indígenas sobre la legislación, las políticas y las iniciativas relacionadas con la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos.

Cooperación y asistencia en la esfera del desarrollo

201.La promoción y la protección de los derechos humanos son elementos fundamentales de la política de asistencia internacional del Canadá, que sitúa la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas al centro de las iniciativas de asistencia internacional del Canadá. Aplicando a la asistencia internacional un enfoque incluyente basado en los derechos humanos, el Canadá está dando mayor realce a la promoción de los derechos humanos como uno de los aspectos principales de la programación, la política y la fundamentación de su asistencia internacional. Por ejemplo, el Gobierno del Canadá favorece los programas que procuren empoderar a las personas y grupos para que conozcan y ejerzan sus derechos en esferas como la salud sexual y reproductiva.

202.El Programa de Operaciones de Paz y Estabilización del Canadá (PSOP) promueve la paz, la seguridad y la estabilidad internacionales mediante medidas concretas de apoyo a la prevención de los conflictos violentos, los esfuerzos de mediación y reconciliación, y la promoción de los derechos humanos, las libertades y la inclusión. Varios programas de asistencia especializada en derechos humanos elaborados en el marco de este Programa tienen un alcance mundial, están destinados a los grupos marginados, y apoyan a las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de derechos humanos y a los defensores de estos derechos.

F.Proceso de presentación de informes

Preparación de los informes

203.El Gobierno federal y los gobiernos provinciales y territoriales comparten la responsabilidad por la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos en que es parte el Canadá en sus propios ámbitos de jurisdicción. Por consiguiente, los informes del Canadá relativos a los tratados de las Naciones Unidas son preparados por el Gobierno del Canadá en colaboración con los gobiernos provinciales y territoriales de modo que quede reflejado lo más fielmente posible el papel complementario que desempeña cada gobierno en el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos del Canadá. Por lo tanto, los informes del Canadá contienen información sobre las medidas adoptadas por todos los gobiernos que contribuyen a la aplicación de los tratados.

204.En el proceso de preparación de los informes internacionales del Canadá sobre los derechos humanos se consulta a la sociedad civil y a los grupos indígenas. Se recaban las opiniones de una amplia gama de grupos de la sociedad civil e indígenas sobre un primer borrador de los informes del Canadá a los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas. El Gobierno también los consulta antes de comparecer ante estos órganos.

205.El Gobierno del Canadá es el encargado de presentar los informes del Estado a las Naciones Unidas. Las delegaciones que comparecen a estas sesiones están compuestas de representantes de los departamentos federales con responsabilidad en la materia, así como representantes de los gobiernos provinciales y territoriales.

Seguimiento de las recomendaciones de los órganos de tratados de derechoshumanos

206.La responsabilidad por las cuestiones planteadas en las recomendaciones recibidas de los órganos de tratados de derechos humanos se comparte entre todas las jurisdicciones. Una vez recibidas de las Naciones Unidas, se distribuyen a todos los departamentos federales, provinciales y territoriales competentes. Las cuestiones planteadas en las recomendaciones son examinadas por el Gobierno federal y los gobiernos provinciales y territoriales en sus reuniones periódicas sobre los derechos humanos. La CCOHR examina las recomendaciones recibidas de los órganos de tratados en sus reuniones, y luego los representantes federales, provinciales y territoriales plantean las cuestiones que requieren un examen más detenido en el seno de sus respectivos gobiernos. Recae en cada gobierno y en cada departamento la responsabilidad de adoptar las medidas que estimen oportunas en respuesta a las recomendaciones.

207.En colaboración con los gobiernos provinciales y territoriales, el Gobierno del Canadá consulta igualmente a la sociedad civil y a los grupos indígenas sobre las recomendaciones cuando un órgano de tratado publica sus observaciones finales. La información reunida sirve de base para los debates en el seno de los gobiernos, así como entre los asociados federales, provinciales y territoriales.

208.Varios comités parlamentarios, como el Comité Permanente del Senado sobre los Derechos Humanos, examinan cuestiones relacionadas con las obligaciones internacionales del Canadá en materia de derechos humanos y las recomendaciones recibidas de los órganos internacionales de derechos humanos. Los funcionarios de gobierno pueden ser invitados a comparecer ante estos comités.

IV.No discriminación e igualdad

209.Como ya se indicó, el artículo 15 de la Carta de Derechos y Libertades del Canadá garantiza el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a igual beneficio y protección de la ley sin discriminación alguna, en particular por motivos de raza, origen nacional o étnico, color, religión, sexo, edad o discapacidad mental o física. Los tribunales han ampliado esta protección incluyendo otros motivos, como la orientación sexual, el estado civil, el hecho de no ser ciudadano y la condición de aborigen relacionada con el lugar de residencia.

210.El artículo 15, párrafo 2, de la Carta precisa que la garantía de igualdad no excluye ninguna ley, programa o actividad que tenga por objeto mejorar las condiciones de vida de las personas o grupos desfavorecidos. Esta disposición permite a los gobiernos poner en vigor medidas especiales para acelerar el progreso hacia la igualdad.

211.Como ya se mencionó también, la legislación federal, provincial y territorial sobre los derechos humanos protege a las personas contra la discriminación en el sector privado. Estos códigos de derechos humanos en general permiten a los empleadores implementar programas destinados a mejorar la situación de grupos específicos, en particular a través de las políticas que los beneficien.

Medidas para combatir el odio

212.Los gobiernos del Canadá han promulgado disposiciones legislativas de protección y políticas contra el racismo y la incitación al odio. Por ejemplo, el Código Penal tipifica como delitos defender o promover el genocidio, incitar al odio en un lugar público de manera que pueda alterar la paz, e instigar deliberadamente el odio contra miembros de “grupos identificables”. Estos grupos se definen como segmentos de la población que se distinguen por la raza, el color, la religión, el origen nacional o étnico, la edad, el sexo, la orientación sexual, la identidad o expresión de género, o la discapacidad mental o física. Igualmente, constituye un agravante a efectos de la condena el hecho de que el delito haya sido motivado por el odio, según una lista no exhaustiva de criterios. También algunos códigos de derechos humanos prevén la protección contra las declaraciones de incitación al odio.

213.Además, el Código Penal autoriza a los tribunales a ordenar la supresión de la propaganda de incitación al odio en línea difundida por un sistema informático que se halle dentro de su jurisdicción. Se ha tipificado un delito específico de atentado público contra lugares consagrados principalmente al culto religioso, incluidos los cementerios, cuando la comisión del acto está motivada por el odio basado en la religión, la raza, el color, el origen nacional o étnico, la edad, el sexo, la orientación sexual, la identidad o expresión de género o la discapacidad mental o física. Este delito incluye también atentados contra establecimientos de otro tipo, como instituciones de enseñanza, centros comunitarios o residencias de ancianos que acogen principalmente a un “grupo identificable”.

Medidas destinadas a reducir las disparidades económicas, sociales y geográficas

Equidad en el empleo

214.La Ley de Equidad en el Empleo del Gobierno del Canadá se aplica a las industrias sujetas a la reglamentación federal, a las empresas de la Corona y a otras organizaciones federales con 100 o más empleados, así como a partes de la administración pública federal, como las Fuerzas Armadas canadienses y la Real Policía Montada del Canadá. La Ley pretende lograr la igualdad en el lugar de trabajo de modo que ninguna persona se vea privada de oportunidades de empleo o de prestaciones por motivos ajenos a su capacidad. Da efecto al principio de que la equidad en el empleo implica algo más que tratar a las personas de la misma manera; también supone adoptar medidas especiales y acomodar las diferencias. Los empleadores regidos por esta Ley deben adoptar determinadas medidas para remediar la situación de desventaja laboral de cuatro grupos (las mujeres, los pueblos aborígenes, las personas con discapacidad y los miembros de las minorías visibles) designados en función de tres características (las tasas de ocupación y desempleo; los niveles de ingresos, y la segregación ocupacional).

215.La mayoría de los gobiernos provinciales y territoriales tienen políticas, programas o leyes de equidad laboral aplicables a la administración pública. Todos los gobiernos tienen legislación de derechos humanos que prohíbe la discriminación en el empleo por los motivos prohibidos en sus jurisdicciones, como se explica en los artículos sobre protección en los códigos de derechos humanos y en otros instrumentos legislativos.

Atención de la salud

216.El artículo 3 de la Ley de Salud del Canadá enuncia el objetivo primario de la política canadiense de atención de salud: “proteger, promover y restablecer el bienestar físico y mental de los residentes del Canadá y facilitar un acceso razonable a los servicios de salud sin obstáculos financieros o de otro tipo”.

217.Todos los residentes del Canadá tienen acceso razonable a los servicios hospitalarios y médicos cubiertos por seguro en un régimen de prepago y según modalidades y condiciones uniformes. Los gobiernos provinciales y territoriales son los encargados del suministro de servicios médicos a sus residentes. El Gobierno del Canadá contribuye a la financiación de estos servicios mediante transferencias fiscales, principalmente a través del Programa de Transferencias en materia de Salud. También ofrece o financia prestaciones o servicios de salud, o ambas cosas, para grupos específicos, como las Primeras Naciones, los inuit, los veteranos, los miembros de las Fuerzas Armadas canadienses, las personas recluidas en establecimientos federales y los solicitantes del estatuto de refugiado. El sistema de salud del Canadá se financia principalmente con fondos públicos, mientras que la prestación de los servicios es a la vez pública y privada. El sistema financiado por el Estado consta de 13 regímenes entrelazados de seguro médico provinciales y territoriales que se rigen por los principios de universalidad, accesibilidad, integralidad, transferibilidad y administración pública.

Educación

218.Los gobiernos provinciales y territoriales son responsables de la mayor parte de las áreas de la educación, mientras que el Gobierno del Canadá se encarga de la educación de los niños que viven en reservas de las Primeras Naciones o en tierras de la Corona. La educación se rige en general por leyes y reglamentos específicos de cada provincia y territorio, que determinan los derechos y obligaciones respectivos.

219.Las escuelas públicas en general son administradas por juntas escolares regionales cuyos miembros son elegidos con arreglo a la legislación provincial o territorial. La gran mayoría de las escuelas del país son públicas y se financian en general con los impuestos inmobiliarios. Las escuelas privadas, que siendo financiadas por particulares pueden recibir algunos fondos públicos, deben tener planes de estudio acordes con las normas provinciales o territoriales.

220.En 2017, el Gobierno del Canadá y la mayoría de los gobiernos provinciales y territoriales suscribieron un Marco Multilateral de Enseñanza y de Atención a la Primera Infancia. Este sienta las bases para la labor de los gobiernos encaminada a materializar una visión compartida a largo plazo en que todos los niños puedan disfrutar del entorno enriquecedor de unos servicios de enseñanza preescolar y guarderías de calidad. Los principios rectores del Marco son aumentar la calidad, la accesibilidad, la asequibilidad económica, la flexibilidad y la inclusividad de los servicios de enseñanza preescolar y de guarderías. En colaboración con los asociados indígenas se ha elaborado el Marco de Enseñanza y de Atención a la Primera Infancia Indígena, que refleja las culturas y necesidades particulares de los niños de las Primeras Naciones, los inuit y los mestizos de todo el Canadá.

Vivienda

221.El Canadá dispone de un amplio marco de leyes, políticas y prácticas que regulan las actividades relacionadas con la vivienda. El Gobierno federal y los gobiernos provinciales y territoriales son los asociados principales y tienen una responsabilidad compartida y funciones complementarias en materia de vivienda. Los gobiernos municipales también desempeñan un papel en el sector de la vivienda.

222.La Ley Nacional de la Vivienda confiere a la Sociedad Canadiense de Crédito Hipotecario y Vivienda (CMHC, empresa federal de la Corona) el mandato de promover la asequibilidad y la diversidad de la oferta habitacional, la disponibilidad de financiación competitiva para la vivienda y el bienestar de este sector.

223.Si bien la mayoría de los hogares canadienses pueden satisfacer sus necesidades habitacionales a través del mercado inmobiliario, quienes no están atendidos por el mercado cuentan con el apoyo de programas de vivienda comunitaria que son administrados por las provincias, los territorios y el Gobierno federal por conducto de la CMHC y de otras iniciativas de vivienda asequible.

224.El Gobierno del Canadá, por conducto de la CMHC, diseña y ejecuta programas de vivienda y también concierta acuerdos de financiación con los gobiernos provinciales y territoriales que elaboran y ejecutan programas para atender las necesidades de vivienda locales. Los programas contemplan el suministro de viviendas de alquiler subvencionadas y el subsidio del alquiler, el apoyo a la nueva construcción y la renovación de viviendas asequibles, el apoyo a los programas de mejora de la accesibilidad para las personas con discapacidad y las personas de edad, la asistencia a los albergues para las víctimas de la violencia doméstica, y opciones asequibles de propiedad de la vivienda.

225.La Estrategia Nacional de Vivienda (NHS), puesta en marcha en 2017, es un plan decenal cuyo objetivo es garantizar a los canadienses el acceso a una vivienda abordable que satisfaga sus necesidades. En consonancia con un enfoque de la vivienda basado en los derechos humanos, la Estrategia se basa en los principios de inclusión, participación, rendición de cuentas y no discriminación y da prioridad a los canadienses más vulnerables, en particular las mujeres y los niños que huyen de la violencia doméstica, los pueblos indígenas, las personas de edad, las personas con discapacidad, las personas con problemas de salud mental y adicciones, los veteranos, las comunidades asociadas a razas y los adultos jóvenes. Por vía de la Estrategia, el Gobierno del Canadá está dando pasos decisivos para hacer gradualmente efectivo el derecho de acceso de todos los canadienses a una vivienda adecuada, según lo estipulado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

226.El Gobierno del Canadá atiende las necesidades habitacionales de las Primeras Naciones en las reservas mediante programas, instrumentos y capacitación, y colabora con las Primeras Naciones, los mestizos y los inuit en la elaboración de estrategias y planes de vivienda atentos a las diferencias que mejoren la situación socioeconómica a largo plazo y propicien la autodeterminación de los pueblos indígenas.

Seguridad económica y social

Formación para el mercado laboral y la participación en la fuerza de trabajo

227.El Gobierno del Canadá respalda las iniciativas que promueven la capacitación profesional, la participación en la fuerza de trabajo y la eficiencia del mercado laboral en las provincias y territorios a través de diversos acuerdos, medidas y programas específicos:

Cada año, el Gobierno del Canadá asigna continuamente a los gobiernos provinciales y territoriales recursos financieros en el marco de los Acuerdos de Fomento del Mercado Laboral (LMDA) y los Acuerdos de Desarrollo de la Fuerza de Trabajo (WDA) para que puedan ofrecer una serie de programas de capacitación y de apoyo al empleo con el fin de ayudar a los canadienses a desarrollar sus competencias y a encontrar y conservar buenos puestos de trabajo. En el marco de estos acuerdos, los gobiernos provinciales y territoriales tienen la flexibilidad necesaria para diseñar y llevar a cabo programas de empleo que atiendan las necesidades de sus mercados de trabajo locales.

En el marco de los Acuerdos de Fomento del Mercado Laboral (LMDA), las prestaciones laborales permiten a las personas que reúnen los requisitos —los beneficiarios actuales o anteriores de las prestaciones del seguro de desempleo y las personas que han abonado las cotizaciones mínimas del seguro al menos durante cinco de los diez últimos años— adquirir nuevas competencias y experiencia de trabajo gracias a una combinación de intervenciones financiadas por el seguro de desempleo, como la capacitación profesional y los subsidios salariales. Los LMDA también apoyan la prestación de servicios de asistencia para el empleo (EAS) a todos los canadienses. Estos servicios comprenden actividades tales como orientación laboral, asistencia en la búsqueda de empleo, evaluación de las necesidades, información sobre los programas gubernamentales de empleo, y elaboración de planes de acción para la reincorporación al trabajo.

Los Acuerdos de Desarrollo de la Fuerza de Trabajo (WDA) consolidan y sustituyen los Acuerdos del Fondo de Empleo del Canadá, los Acuerdos del Mercado de Trabajo para las Personas con Discapacidad y la Iniciativa Especial para los Trabajadores de Edad Avanzada. Gracias a estos acuerdos, los gobiernos provinciales y territoriales están en condiciones de brindar asistencia para el empleo y la capacitación profesional con la flexibilidad necesaria para atender las diversas necesidades de sus respectivos clientes. Estos incluyen a las personas (por ejemplo, desempleados, empleados, trabajadores por cuenta propia, subempleados, personas con discapacidad y miembros de grupos insuficientemente representados) que procuran incrementar su participación en el mercado de trabajo y el empleo, así como a los empleadores.

228.Además, el Fondo de Oportunidades del Gobierno del Canadá para las Personas con Discapacidad ayuda a estas personas a prepararse para conseguir y conservar un empleo o trabajar por cuenta propia. Con el fin de ayudar a las personas con discapacidad a incrementar su participación en el mercado de trabajo y su autonomía, los proyectos en el marco de este programa ofrecen una amplia gama de instrumentos, en particular servicios de preparación para el empleo y de colocación laboral, la oportunidad de una experiencia de trabajo práctico, el acceso a dispositivos funcionales, y servicios de apoyo durante todo el proceso. También prestan apoyo a los empleadores para que contraten y retengan los servicios de trabajadores con discapacidad. El Fondo de Oportunidades es único ya que ofrece asistencia a un segmento específico de la comunidad de personas con discapacidad: las que tienen una escasa participación o no participan en absoluto en el mercado de trabajo.

229.El Gobierno del Canadá también invierte en la Estrategia de Empleo Juvenil para prestar servicios de capacitación y de empleo que permitan a los jóvenes de entre 15 y 30 años adquirir las competencias, las destrezas y la experiencia laboral necesarias para iniciar con buen pie su vida profesional.

Seguridad de los ingresos y prestaciones sociales

230.El Gobierno federal y los gobiernos provinciales y territoriales, reconociendo la importancia de la seguridad económica y el bienestar de todos los canadienses, han emprendido una serie de iniciativas de manera conjunta e independiente.

231.El seguro de desempleo propicia una fuerza de trabajo cualificada, adaptable e incluyente y un mercado laboral eficiente brindando un apoyo económico temporal a los trabajadores de todo el país durante los períodos de transición en el empleo. Mediante prestaciones regulares y especiales, el programa del seguro de desempleo ofrece una asistencia financiera temporal a los trabajadores que han perdido su empleo por causas ajenas a su responsabilidad mientras buscan un nuevo empleo o perfeccionan sus competencias. Las prestaciones del seguro de desempleo se conceden mediante una modalidad de servicio de múltiples canales (en línea, por teléfono o en persona) concebida para atender las necesidades de los clientes.

232.El Empleo Compartido es un programa de ajuste destinado a ayudar a los empleadores y a los empleados a evitar los despidos en las situaciones de baja temporal del nivel normal de actividad de la empresa que escapan al control del empleador. Ofrece un apoyo económico a los empleados con derecho a las prestaciones del seguro de desempleo cuya semana laboral se ve reducida temporalmente mientras se recupera su empleador.

233.También hay prestaciones especiales que brindan un apoyo económico temporal a los trabajadores que deben ausentarse del trabajo por determinadas circunstancias de la vida. Estas prestaciones incluyen la asistencia financiera temporal a quienes no pueden trabajar por enfermedad o lesiones, las prestaciones de maternidad y paternidad, las prestaciones solidarias a las personas que se ausentan del trabajo temporalmente para cuidar u ocuparse de familiares enfermos, y las prestaciones abonadas a los padres de niños que padecen enfermedades o lesiones graves. También los programas de indemnización laboral protegen a los empleados contra las dificultades financieras derivadas de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales.

234.El beneficio fiscal sobre la renta del trabajo (WITB) es un crédito fiscal reembolsable cuya finalidad es desgravar a las personas y familias trabajadoras de bajos ingresos que ya forman parte de la fuerza de trabajo y reúnen los requisitos pertinentes, y alentar a otras personas a incorporarse a la fuerza de trabajo. En 2019 será sustituido por el beneficio fiscal para los trabajadores del Canadá, una versión mejorada y más accesible del WITB.

235.En Quebec, el Plan de Acción Gubernamental de 2017-2023 para fomentar la inclusión económica y la participación social tiene por objetivo mejorar las condiciones de vida de las familias y las personas de bajos ingresos, así como reconocer el valor del trabajo y fomentar la autosuficiencia de las personas.

Las familias y los niños

236.Los programas de asistencia social disponibles en todas las provincias y territorios ofrecen un complemento de ingresos a las personas y las familias para ayudarlas a subvenir a sus necesidades básicas. Los indígenas que viven en las reservas reciben las prestaciones de asistencia social del Gobierno del Canadá.

237.El Suplemento Familiar del Seguro de Desempleo brinda una ayuda adicional a las familias de bajos ingresos que solicitan prestaciones.

238.El Régimen de Pensiones del Canadá (CPP) proporciona a los contribuyentes y a sus familias una reposición parcial de los ingresos en caso de jubilación, discapacidad o muerte. El CPP opera en todo el Canadá, salvo en Quebec, cuyo régimen de pensiones (QPP) ofrece prestaciones similares. El CPP y el QPP colaboran para garantizar la protección de todos los contribuyentes.

239.La asignación por hijos a cargo del Canadá, prestación exenta de impuestos, facilita a las familias, en función de los ingresos, un monto anual máximo de 6.400 dólares canadienses por hijo menor de 6 años y de 5.400 dólares por hijo de entre 6 y 17 años de edad. Las familias de bajos ingresos cuya renta neta anual es inferior a 30.000 dólares reciben la prestación máxima. Se sigue destinando un monto adicional a los niños con discapacidad mediante la asignación federal por hijos con discapacidad.

240.En Quebec, el pago de asistencia a los hijos es un crédito fiscal reembolsable destinado a todas las familias con hijos menores de 18 años que reúnan los requisitos. También se concede un suplemento por hijos con discapacidad, prescindiendo de la renta familiar.

Las personas de edad

241.Además del Régimen de Pensiones del Canadá, el Programa de Seguridad para la Vejez ofrece prestaciones a todas las personas de 65 años o más que reúnan los requisitos de residencia prescritos por la ley. Este programa comprende la pensión básica, que se paga prácticamente a todas las personas de edad; el suplemento del ingreso garantizado (GIS) destinado a las de bajos ingresos; y las asignaciones destinadas a los canadienses de bajos ingresos de 60 a 64 años que sean cónyuges, parejas de hecho o supérstites de beneficiarios del GIS. Todas las prestaciones abonadas en el marco del Programa de Seguridad para la Vejez se reajustan en función del costo de la vida.

Las personas con discapacidad

242.La prestación por discapacidad del Régimen de Pensiones del Canadá prevé para los contribuyentes que reúnan los requisitos una reposición parcial de los ingresos en caso de que no puedan mantenerse en un empleo regular debido a una discapacidad grave y prolongada.

243.El Plan de Ahorro para las Personas con Discapacidad Reconocida (RDSP) es un sistema a largo plazo que ayuda a las personas con discapacidad y a sus familias a ahorrar para el futuro. El Gobierno contribuye a este plan con un monto de hasta 70.000 dólares en subvenciones de contrapartida y 20.000 dólares en bonos durante toda la vida del beneficiario.

Situaciones de grupos vulnerables específicos

Los pueblos indígenas

244.En la sociedad canadiense contemporánea persisten las desigualdades entre los pueblos indígenas y el resto de la población. Los pueblos indígenas en el Canadá están estadísticamente más expuestos al desempleo, el encarcelamiento, la pobreza y los riesgos sanitarios, incluidos la violencia y el suicidio. Varias comunidades indígenas carecen de vivienda adecuada y viven bajo alertas de larga duración relativas al agua potable. En colaboración con los pueblos indígenas, el Gobierno del Canadá procura mejorar la calidad de vida de estos pueblos cerrando la brecha socioeconómica entre la población indígena y no indígena; fomentando la autodeterminación de las comunidades indígenas; y promoviendo mejores relaciones y la reconciliación entre la población indígena y no indígena en el Canadá. Las medidas adoptadas comprenden:

Procesos permanentes con representantes de las Primeras Naciones, los inuit y los mestizos para elaborar políticas en torno a las prioridades comunes y vigilar los progresos.

Inversiones a largo plazo en infraestructuras de agua, escuelas, viviendas, servicios e instalaciones de salud y servicios sociales para las familias y los niños.

La investigación nacional de los casos de desaparición y asesinato de mujeres y niñas indígenas.

El establecimiento de un Comité de Reconciliación en el Gabinete para el examen de las iniciativas encaminadas a fortalecer las relaciones con los canadienses indígenas, que se apoya en la labor realizada por el Grupo de Trabajo Ministerial de Revisión de las Leyes y Políticas relativas a los Pueblos Indígenas.

El Memorando de Entendimiento con la Asamblea de las Primeras Naciones, y la colaboración con los gobiernos indígenas autónomos para establecer una nueva relación fiscal que asegure una financiación suficiente, previsible y sostenida para las comunidades de las Primeras Naciones y el aprovechamiento pleno del potencial de los acuerdos de autogobierno.

La elaboración en conjunto con los pueblos indígenas de una legislación destinada a preservar, promover y revitalizar las lenguas indígenas.

La implementación de los llamamientos a la acción de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que abordan cuestiones relacionadas con los derechos sociales y culturales.

La elaboración en conjunto con los pueblos indígenas de un Marco de Reconocimiento y Aplicación de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Los niños de las Primeras Naciones

245.Los niños de las Primeras Naciones del Canadá se han visto afectados por problemas de suministro de servicios debido a la insuficiencia de recursos, la ubicación geográfica y las limitaciones propias de los programas existentes. El principio de Jordan es un principio que privilegia al niño y exige al departamento federal de primer contacto que pague de inmediato el servicio solicitado y más tarde solicite el reembolso de otros departamentos o gobiernos. La finalidad del principio de Jordan es evitar posibles retrasos en la prestación de los servicios de bienestar social y de salud a los niños de las Primeras Naciones a raíz de conflictos jurisdiccionales entre el Gobierno del Canadá y el de una provincia o territorio, o entre los departamentos federales. El Canadá se ha comprometido a aplicar plenamente el principio de Jordán en conformidad con el tercer llamamiento a la acción de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

Las minorías visibles

246.Varios indicadores, como las tasas de empleo y los ingresos, apuntan a una situación de desventaja de las minorías visibles. Según el censo de 2016, la tasa de desempleo de la población de las minorías visibles de entre 25 y 64 años de edad era de 7,6 % frente a la de 6,1 % correspondiente a la población que no pertenece a las minorías visibles. El promedio de ingresos de las personas en edad de trabajar (de 25 a 64 años) de las minorías visibles en 2016 era de 43.427 dólares frente al de 58.528 dólares correspondiente a quienes no constituyen minorías visibles.

247.Los gobiernos del Canadá han emprendido una serie de iniciativas especiales para hacer frente a los problemas que exponen particularmente a las minorías visibles a una situación de bajos ingresos:

En 2017, el Gobierno de Ontario puso en marcha una modalidad de acción comunitaria destinada específicamente a acrecentar el acceso a sistemas de apoyo y oportunidades culturalmente apropiados para los niños y jóvenes negros y sus familias, con el objeto de remediar las disparidades, entre otras cosas promoviendo el acceso a la educación superior y la formación profesional.

El Gobierno de Quebec tiene en marcha varios programas de empleo específicos, como el programa tutorial Québec Pluriel, que ayuda a los jóvenes miembros de comunidades culturales y de minorías visibles a encontrar trabajo. El Programa de Inserción Laboral de los Inmigrantes y las Minorías Visibles tiene por objeto ofrecer a los recién llegados y a las minorías visibles una primera experiencia de trabajo práctico en Quebec, facilitando así su integración socioeconómica y lingüística y su contratación. También tiene por objeto alentar a las empresas a contratar a los trabajadores inmigrantes y pertenecientes a las minorías visibles.

Las mujeres

248.En las últimas décadas, el crecimiento de la tasa de participación en la fuerza de trabajo ha sido impulsado sobre todo por el aumento de la participación de las mujeres en el mercado laboral. La brecha en la tasa de participación en la fuerza de trabajo entre los hombres y mujeres de 15 a 64 años de edad ha disminuido considerablemente en los últimos 40 años. En 1976, esta brecha de género era de 33 puntos porcentuales. En 2017 se situaba en los 6,9 puntos porcentuales. La tasa de participación de las mujeres (75 % en 2017) ha ido convergiendo hacia la de los hombres (81,9 %). El creciente nivel de educación de las mujeres ha sido uno de los principales factores determinantes de su creciente participación en la fuerza de trabajo y la mejora de su situación en el mercado laboral.

Las personas sin hogar

249.Si bien la naturaleza del problema hace difícil calibrar su magnitud, se estima que cada noche unas 35.000 personas experimentan de alguna forma la falta de hogar en el Canadá. El problema afecta a varios segmentos de la población, y en particular a las personas y familias, las mujeres que huyen de la violencia, los pueblos indígenas, los jóvenes y las personas de edad.

250.La Estrategia de Colaboración del Gobierno del Canadá en favor de las Personas Sin Hogar (HPS) se propone prevenir y reducir el problema de la falta de hogar. Es un modelo de base comunitaria que presta un apoyo financiero directo a 61 comunidades urbanas, así como a comunidades indígenas, rurales y aisladas de todo el país con el fin de ayudarlas a atender las necesidades locales de vivienda de las personas sin hogar. Este apoyo financiero directo ofrece a las comunidades la flexibilidad necesaria para invertir en soluciones de eficacia demostrada que reduzcan los casos de personas sin hogar a nivel local. Los fondos se destinan a las prioridades que las comunidades locales identifican mediante un proceso de planificación comunitaria global en que participan las partes interesadas, el sector privado, el voluntariado y funcionarios de todos los niveles de gobierno.

251.Los gobiernos provinciales y territoriales prestan apoyo a una serie de programas y servicios para las personas sin hogar, como los destinados a financiar los albergues de emergencia necesarios y a elaborar estrategias y marcos de acción para ayudar a estas personas a superar su situación. Los departamentos y organismos federales, provinciales y territoriales redoblan sus esfuerzos de coordinación para prevenir y reducir el problema de las personas sin hogar.

Las personas con discapacidad

252.En 2012, el 13,7 % de los canadienses de 15 años o más declararon tener una discapacidad. Entre las mujeres del Canadá se registra una mayor prevalencia de la discapacidad que entre los hombres, y las mujeres con discapacidad están más expuestas que las demás a una situación de bajos ingresos. Las mujeres con discapacidad también están expuestas a múltiples formas de discriminación y se ven afectadas desproporcionadamente por la violencia y la agresión sexual. De las personas con discapacidad, el 14 % tiene un título universitario, en comparación con el 27 % de los canadienses sin discapacidad y con el mismo nivel de educación. En el plano del empleo, el 47 % de las personas con discapacidad de 15 a 64 años de edad tienen empleo, frente al 74 % del resto de las personas. Las personas con discapacidad en general ganan menos que sus homólogos sin discapacidad.

253.De los datos disponibles se desprende que la prevalencia de la discapacidad es más probable entre los pueblos indígenas que en el resto de la población canadiense. Por ejemplo, la prevalencia de la discapacidad en la población indígena (con exclusión de las Primeras Naciones que viven en las reservas) es del 18,6 %, superior en unos 5 puntos porcentuales a la que registra la población no indígena (13,6 %). Además, según la Encuesta Canadiense sobre Discapacidad (2012), la prevalencia de la discapacidad es más probable entre las mujeres indígenas que en la población femenina general. En 2012, el 22 % de las mujeres indígenas de 15 años o más (excluidas las de las Primeras Naciones que viven en las reservas), declaró tener una discapacidad que limitaba sus actividades cotidianas, frente al 15 % de la población femenina no indígena del Canadá. Uno de los ámbitos de progreso que se espera beneficien a las personas indígenas con discapacidad es el de las inversiones para fomentar el bienestar de los niños y las familias que viven en las reservas, mejorar la calidad de la educación de los niños de las Primeras Naciones y atender las necesidades de vivienda en las reservas.

254.Además de la protección que ofrecen la Constitución del Canadá y los códigos de derechos humanos federales, provinciales y territoriales, los gobiernos han instituido otras leyes, políticas y programas con el fin de asegurar la integración plena de las personas con discapacidad y su participación en pie de igualdad en todos los aspectos de la vida social y comunitaria. Por ejemplo:

El Fondo para la Accesibilidad presta apoyo a proyectos comunitarios en todo el país que mejoran la accesibilidad, eliminan las barreras y posibilitan la participación y contribución de los canadienses con discapacidad en su comunidad y en el mercado de trabajo a través de proyectos de gastos de capital que prevén la construcción, la renovación o el acondicionamiento de espacios comunitarios y lugares de trabajo y el suministro de tecnologías de la información y las comunicaciones con fines de trabajo o uso comunitario.

El componente del Plan de Asociación para el Desarrollo Social consagrado a la discapacidad apoya iniciativas destinadas a mejorar la participación y la integración de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la sociedad.

En Quebec, la Ley para Garantizar el Ejercicio de los Derechos de las Personas con Discapacidad con Miras a su Integración Social, Escolar y Laboral aspira a que estas personas se integren en la sociedad en la misma medida que el resto de los ciudadanos. Para ello prevé la aplicación de diversas medidas que conciernen a estas personas, a sus familias y a sus entornos de vida, así como el desarrollo y la organización de recursos y servicios para ellas. La Ley asigna responsabilidades a la red de departamentos gubernamentales, municipalidades y diversos organismos públicos.

En 2017, Nueva Escocia promulgó la Ley de Accesibilidad, que establece un Directorio de Accesibilidad y una Junta Consultiva para dirigir la tarea de lograr la plena accesibilidad para 2030. La siguiente etapa consiste en un programa para ayudar a las empresas a adaptarse a la ley y en el establecimiento de las normas de accesibilidad.

Las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, queer y biespirituales

255.Además de ser víctimas de discriminación, acoso y violencia, las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, queer y biespirituales (LGBTQ2), particularmente los jóvenes, también registran una mayor incidencia de problemas de salud mental, como trastornos emocionales, pensamientos suicidas y tentativas de suicidio, y consumo indebido de sustancias y comportamientos sexuales que las exponen a un mayor riesgo de contraer el VIH. Las personas LGBTQ2 son más vulnerables que las heterosexuales y cisgénero (no transgénero) a la violencia durante toda la vida y se ven enfrentadas a la discriminación en muchos ámbitos, incluidos los servicios de salud y sociales.

256.Las personas LGBTQ2, en particular los hombres gais y bisexuales, las personas transgénero y los jóvenes de estos grupos, se ven desproporcionadamente afectadas por las infecciones de transmisión sexual o sanguínea, como el VIH, la hepatitis C y las infecciones bacterianas de transmisión sexual. Por ejemplo, en 2016, los hombres gais y bisexuales y otros hombres que tenían relaciones sexuales con hombres representaban el 44,1 % del total de casos de VIH registrados en el Canadá. Si bien no se dispone de una estimación nacional del número de personas transgénero que viven en el Canadá ni de sus tasas de infección por vía sexual o sanguínea, se cree que esta población también se ve afectada de manera desproporcionada. En 2016, los jóvenes de 15 a 19 años representaban el 2 % y los demás jóvenes (de 20 a 24 años) representaban el 8,2 % del total de casos de VIH registrados en el Canadá; de ellos, se estima que el 65 % son jóvenes gais y bisexuales.

257.El Gobierno del Canadá promueve la igualdad y protege los derechos de las personas LGBTQ2 y hace frente a la discriminación contra estas comunidades, tanto la del pasado como la actual. El Gobierno del Canadá financia y tiene en marcha proyectos destinados a las personas LGBTQ2 que apoyan la ejecución de programas de prevención de la violencia, campañas de sensibilización e iniciativas de defensa para hacer frente a la homofobia y la transfobia en los sistemas de educación y mejorar la situación sanitaria de las comunidades LGBTQ2 en todo el país. Además, el Gobierno federal financia proyectos que contribuyen a la prevención del VIH, la hepatitis C y otras enfermedades de transmisión sexual, en los que se asigna prioridad a las comunidades LGBTQ2.

258.Los gobiernos provinciales y territoriales también toman medidas para promover la igualdad de las comunidades LGBTQ2. Por ejemplo, el gobierno de Quebec ha adoptado el Plan de Acción de 2017-2022 para Combatir la Homofobia y la Transfobia: Por un Quebec Rico en Diversidad. Este plan de acción se propone promover el respeto de los derechos de las minorías sexuales y dar a conocer sus realidades. Se presta especial atención a los grupos más vulnerables, como los jóvenes y las personas de edad, transgénero e indígenas, así como a los grupos destinatarios situados en las regiones y entornos con menos recursos.