I.Información general sobre Malawi

A.Introducción

El Gobierno de la República de Malawi se complace en presentar este documento básico de conformidad con el Sistema Armonizado de presentación de informes con arreglo a los instrumentos internacionales de derechos humanos. El presente documento contiene información de antecedentes amplia sobre Malawi, relativa las características generales el país. La información está actualizada hasta 2012, en su caso, y se refiere al período examinado que termina en ese año.

B.Características geográficas, demográficas, económicas, socialesy culturales de Malawi

1.Características geográficas, demográficas y sociales

Malawi está situado al sur del ecuador y limita al norte y el nordeste con la República Unida de Tanzanía, al este, sur y suroeste con la República de Mozambique y al oeste y el noroeste con la República de Zambia.

El país tiene una longitud de 901 km y varía entre 80 km y 161 km de anchura. La superficie total es de 118.484 km2 aproximadamente, de los cuales 94.276 km2 son tierra. El resto lo componen masas de agua, la mayor de las cuales es el lago Malawi, que tiene una longitud de unos 475 km y delimita la frontera oriental con Mozambique y Tanzanía. El accidente geográfico más sobresaliente es el Gran Valle de Rift, que se extiende longitudinalmente a lo largo del país y en el que se halla el lago Malawi. Este lago, que es una de las mayores masas de agua potable de África, desagua en el río Shire, que desemboca en el río Zambezi, en Mozambique. La cota más alta de Malawi es el monte Mulanje, que se eleva 3.000 m por encima del nivel del mar.

El país se divide en tres regiones administrativas (Septentrional, Central y Meridional) y 28 distritos, de los cuales 6 pertenecen a la Región Septentrional; 9, a la Región Central, y 13, a la Región Meridional. En la administración local, cada distrito tiene unos jefes, de los cuales el inferior es el jefe de aldea y el superior, el jefe supremo. Entre medias, se hallan los jefes de grupos de aldeas, las autoridades tradicionales, los jefes y los jefes superiores. Sin embargo, no todos los distritos tienen jefes supremos, que suelen corresponder a grupos étnicos más que a localidades.

Malawi tiene un clima continental tropical con influencias marítimas. Las precipitaciones y la temperatura varían en función de la altitud y la proximidad del lago. El tiempo es fresco y seco de mayo a agosto y caluroso de septiembre a noviembre. La estación de las lluvias empieza en octubre o noviembre y dura hasta abril.

Malawi es una nación pluriétnica. El quinto censo de población y vivienda, que es el más reciente, se levantó en junio de 2008. En el cuadro 1 se muestra que la población aumentó de 4.039.583 en 1966 a 13.077.160 en 2008, lo que representa un incremento de 9 millones de habitantes. El censo de 2008 se consideraba un instrumento importante para evaluar los avances de Malawi hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Distribución por edad y sexo

El censo de 2008 reveló que 2,8 millones de habitantes de Malawi tenían menos de 5 años de edad y alrededor de 6 millones, 18 años o más. A nivel nacional, reveló que aproximadamente el 7% de la población total del país tenía menos de 1 año de edad; el 22%, menos de 5 años, y alrededor del 46%, 18 años o más, con solo un 4% de 65 años o más. La edad mediana era de 17 años, signo de una población joven.

Personas con discapacidad

Por personas con discapacidad se entiende las que tienen dificultades o problemas de vista, de oído, de habla y de movilidad. El número total de personas con discapacidad era de 498.122, lo que representaba alrededor del 4% de la población total. Se observaban diferencias entre las zonas urbanas y las rurales. De las personas con discapacidad, 452.743 vivían en zonas rurales y 45.379, en zonas urbanas. De las personas con discapacidad, 133.273 (el 26,7%) tenían problemas de vista,; 108.870 (el 21,9%), de movilidad; 82.180 (el 16,5%), de oído, y 30.198 (menos del 1%), de habla.

Densidad de población

En el gráfico 1 se muestra su distribución por regiones y distritos en 2008. La densidad de población ha seguido una tendencia ascendente en los tres últimos decenios, pasando de 85 personas por km2 en 1987 a 105 en 1998 y a 139 en 2008. El número de habitantes por km2 es mayor en la Región Meridional (184) que en la Central (155) y la Septentrional (63).

Cuadro 1Población de Malawi desde 1901

Año del censo	Población total	Tasa media de crecimiento intercensal anual (porcentaje)
1901	737 153*	-
1911	970 430*	2 , 8
1921	1 201 983*	2 , 2
1926	1 263 291	1 , 5
1931	1 573 454	4 , 4
1945	2 049 914	2 , 2
1966	4 039 583	3 , 3
1977	5 547 460	2 , 9
1987	7 988 507	3 , 7
1998	9 933 868	2 , 0
2008	13 077 160	2 , 8

Fuente: Oficina Nacional de Estadística.

Gráfico 1Densidad de población en Malawi

Fuente :Oficina Nacional de Estadística, 2008.

Tasas de natalidad y de mortalidad

En los 12 meses anteriores a la fecha del censo nacieron, en total, 516.629 niños, lo que arroja una tasa bruta de natalidad registrada o no ajustada de 39,5 nacimientos por 1.000 habitantes. La tasa era mayor en las zonas rurales (40,4) que en las urbanas (34,6). A nivel regional, la tasa era de 39,9 por 1.000 en la Región Septentrional, de 40,5 en la Región Central y de 38,6 en la Región Meridional. La tasa total de fecundidad se define como el número de partos que tendría una mujer si viviera hasta el final de su edad fértil, que abarca de los 15 a los 49 años, en función de las tasas de fecundidad actualmente observadas para cada grupo de edad. En 1998, la tasa total no ajustada de fecundidad era de 5,2 hijos por mujer.

Tasa bruta de mortalidad

La tasa bruta de mortalidad se define como el número de muertes por cada 1.000 habitantes durante un año civil determinado. Según el censo de 1998, durante el período de 12 meses inmediatamente anterior se habían registrado alrededor de 208.000 fallecimientos en el país, lo que situaba la tasa bruta de mortalidad en alrededor de 21,1 muertes por 1.000 habitantes. En los 12 meses anteriores al censo de 2008 se registraron, en total, 135.865 muertes, lo que arrojaba una tasa bruta de mortalidad de 10 muertes por 1.000 habitantes.

En el cuadro 8 se presentan las tasas de mortalidad en la primera infancia correspondientes a los tres lustros anteriores a la encuesta, basadas en los datos de la Encuesta demográfica y de salud de Malawi de 2010. En los cinco años inmediatamente anteriores a la encuesta (2005-2010), la tasa de mortalidad infantil fue de 66 por cada 1.000 nacidos vivos. La estimación de la mortalidad en la infancia (de los niños de entre 12 meses y 4 años de edad) fue de 50 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, y la tasa de mortalidad general de los menores de 5 años fue, durante el mismo período, de 112 por cada 1.000 nacidos vivos. La tasa de mortalidad neonatal es de 31 muertes por 1.000 nacidos vivos, y la tasa de mortalidad posneonatal, de 35 muertes por 1.000 nacidos vivos. Un examen de las tasas de mortalidad en los tres lustros sucesivos indica que las correspondientes a los niños menores de 5 años disminuyeron de 180 muertes por 1.000 nacidos vivos durante los últimos años del pasado siglo (1995-2000, aproximadamente) a 112 muertes por 1.000 nacidos vivos en la última mitad del presente decenio (2005-2010). La reducción de la mortalidad se registró, en su mayor parte, fuera de los períodos neonatal y posneonatal. La mortalidad infantil descendió, en el mismo período, de 92 a 66 muertes por 1.000 nacidos vivos.

Tasas de alfabetización

Por alfabetización se entiende la capacidad de leer y escribir en cualquier idioma. Durante el censo se encuestó sobre el nivel de educación y de alfabetización a todas las personas de 3 años o más. Había 10,6 millones de personas de 5 años o más, de las cuales 6,8 millones estaban alfabetizadas, lo que arrojaba una tasa de alfabetización del 64%. El número de personas alfabetizadas ascendía a 2,9 millones en la Región Meridional, 2,8 millones en la Región Central y 1,1 millones en la Región Septentrional. Había, durante el período abarcado por el censo, 5,4 millones de mujeres alfabetizadas (el 59%) y 5,2 millones de hombres (el 69%). La edad oficial de escolarización en Malawi es de 6 años. Según el censo de 2008, de una población total de 10.241.359 personas de 6 años o más, 2.856.101 (el 28%) estaban asistiendo a la escuela. De ellas, 2,1 millones (el 74%) tenían de 6 a 13 años; 581.606 (el 20%), de 14 a 17 años, y 170.114 (el 6%), 18 años o más.

Religión

Malawi tiene la reputación de ser una nación temerosa de Dios, aunque el Estado tenga carácter secular. La población se divide entre dos fes principales: el cristianismo y el islam. Otras religiones importantes son el hinduismo, la fe baha’i y las religiones tradicionales. Aunque el cristianismo y el islam sean las religiones más importantes, ninguna de ellas es homogénea, y muestra diversas ramas. En el cristianismo, los grupos principales son los católicos romanos, los presbiterianos, los anglicanos, los adventistas, los pentecostales y las iglesias apostólicas; mientras que, en el islam, son los qadiríes, los sunníes y los sukut.

En el cuadro 2 figura el desglose de la población de Malawi por religión. En él se muestra que las principales religiones del país son el cristianismo y el islam.

Cuadro 2Distribución oficial de la población por religiones, 2008

Total		Cristianos	Musulmanes	Otras religiones	Ninguna
Malawi	13 029 498	10 770 229	1 690 087	242 503	326 679
Zonas urbanas	1 946 637	1 680 834	234 261	17 408	14 134
Zonas rurales	11 082 861	9 089 395	1 455 826	225 095	312 545
Hombres	6 370 935	5 213 900	821 139	120 930	214 966
Zonas urbanas	986 845	845 237	122 277	9 126	10 205
Zonas rurales	5 384 090	4 368 663	698 862	111 804	204 761
Mujeres	6 658 563	5 556 329	868 948	121 573	111 713
Zonas urbanas	959 792	835 597	111 984	8 282	3 929
Zonas rurales	5 698 771	4 720 732	756 964	113 291	107 784

Fuente :Oficina Nacional de Estadística, 2008.

2.Características económicas

La economía de Malawi se basa principalmente en la agricultura, que aporta el 30% del producto interno bruto. Los principales productos de exportación del país son el tabaco, el té y el azúcar, que representan conjuntamente alrededor del 85% de las exportaciones. La minería es un sector bastante nuevo en Malawi y su principal producto de exportación es el uranio que se extrae en el distrito septentrional de Karonga. El turismo, que en la gran mayoría de los casos es un turismo de interés por la fauna salvaje y la naturaleza, es también una fuente de ingresos importante, aunque siga siendo un sector bastante poco explotado.

La moneda de Malawi es el kwacha, que se divide en 100 tambala. En 2012, el tipo de cambio del kwacha era de 250 kwacha por dólar de los Estados Unidos.

La estrategia general de impulso del crecimiento económico del país es la Estrategia para el Crecimiento y el Desarrollo de Malawi II (ECDM II), que abarca el período 2012-2016. La ECDM II es una estrategia de mediano plazo destinada a cumplir las aspiraciones previstas en Visión 2020, un marco de política en el que se establece un programa de desarrollo de largo plazo para el país. El objetivo de la ECDM II, como el de su antecesora del período 2006-2011, es reducir la pobreza mediante un crecimiento económico sostenible y el desarrollo de las infraestructuras.

La ECDM II tiene las seis esferas temáticas generales siguientes: crecimiento económico sostenible, desarrollo social, asistencia social y gestión de los riesgos de desastre, desarrollo de las infraestructuras, mejora de la gobernanza y cuestiones intersectoriales. Asimismo, en las seis esferas temáticas se han definido nueve esferas prioritarias tomadas de ellas: la agricultura y la seguridad alimentaria; las infraestructuras de transporte y el puerto fluvial de Nsanje; la energía, el desarrollo industrial, la minería y el turismo; la educación, la ciencia y la tecnología; la salud pública, el saneamiento y el tratamiento de la malaria y el VIH/SIDA; el desarrollo rural integrado; la irrigación del cinturón verde y el aprovechamiento de los recursos hídricos; el desarrollo del niño y el desarrollo y empoderamiento de la juventud, y el cambio climático, los recursos naturales y el ordenamiento ambiental.

En el período que se examina expiró la Estrategia para el Crecimiento y el Desarrollo de Malawi (ECDM): De la Pobreza a la Prosperidad, para el período 2006‑2011. La ECDM tenía cinco esferas temáticas, en sus inicios, que eran las siguientes: crecimiento económico sostenible, protección social, desarrollo social, desarrollo de las infraestructuras y mejora de la gobernanza. En la ECDM se reconocía que todo desarrollo socioeconómico se basaba, en gran medida, en la buena gobernanza y se sostenía que el éxito de las estrategias propuestas dependía, en gran medida, de la implantación de la buena gobernanza.

La primera ECDM, cuya ejecución se extendió de 2006 a 2011, tenía por objetivo crear riqueza mediante del crecimiento económico sostenible, considerado como medio de reducir la pobreza. La ECDM se centraba inicialmente en seis esferas prioritarias, que se aumentaron a nueve a partir de 2009. El Gobierno considera que la aplicación satisfactoria de las esferas prioritarias clave contribuirá efectivamente al logro de los ODM y otros indicadores de desarrollo pertinentes.

La ECDM II se complementa con el Documento de estrategia de lucha contra la pobreza, de 2002, y la Estrategia de Crecimiento Económico de Malawi, de 2004. El Gobierno cree que estos instrumentos agilizarán la consecución de los ODM.

3.Objetivos de Desarrollo del Milenio

El Gobierno, en su determinación de reducir la pobreza y aumentar el bienestar de la población, suscribió la Declaración del Milenio aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2000, en Nueva York. Como ya se ha mencionado, se aspira a cumplir los ODM en Malawi mediante la ECDM, actualmente ECDM II.

Se reseñan, a continuación, los avances logrados en el cumplimiento de las metas de los ODM. El Gobierno, consciente de las dificultades que jalonan el camino, está haciendo todo lo posible por superarlas para que Malawi pueda alcanzar los ODM en 2015.

a)Erradicar la pobreza extrema y el hambre

i)Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar de los Estados Unidos por día. El nivel de partida en 2000 era de 53,9%, que se había reducido a 39% en octubre de 2011. La meta fijada para 2015 es de 27%.

ii)Coeficiente de la brecha de pobreza. El nivel de partida en 2000 era de 18,6%, que se había reducido a 17,8% en octubre de 2011. La meta fijada para 2015 es de 8%.

iii)Proporción del consumo nacional que corresponde a la quinta parte más pobre de la población. El nivel de partida en 2000 era de 10%. En octubre de 2011 la proporción era de 10,1%. La meta fijada para 2015 es de 20%.

iv)Proporción de niños con peso inferior al normal. El nivel de partida en 2000 era de 25,4%, que se había reducido a 12,8% en octubre de 2011. La meta fijada para 2015 es de 14%.

v)Proporción de la población que no alcanza el nivel mínimo de consumo de energía alimentaria. El nivel de partida en 2000 era de 23,6%, que se había reducido a 15% en octubre de 2011. La meta fijada para 2015 es de 11,8%.

A la luz de esos datos, es probable que se pueda alcanzar el primer ODM, consistente en erradicar la pobreza extrema y el hambre.

b)Lograr la enseñanza primaria universal

i)Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria. El nivel de partida en 2000 era de 78%, que había aumentado a 80,2% en octubre de 2011. La meta fijada para 2015 es de 100%.

ii)Proporción de alumnos que comienzan el 1º y llegan al 5º. El nivel de partida en 2000 era de 69%, que había aumentado a 73,5% en octubre de 2011. La meta fijada para 2015 es de 100%.

iii)Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años de edad. El nivel de partida en 2000 era de 68,1%, que había aumentado a 84% en 2011. La meta fijada para 2015 es de 100%.

No es probable que se pueda alcanzar para 2015 el ODM consistente en lograr la enseñanza primaria universal.

c)Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer

i)Relación niñas/niños en la enseñanza primaria. El nivel de partida en 2000 era de 0,91, que había aumentado a 1 en octubre de 2011. La meta fijada para 2015 es 1.

ii)Relación niñas/niños en la enseñanza secundaria. El nivel de partida en 2000 era de 0,6, que había aumentado a 0,78 en octubre de 2011. La meta fijada para 2015 es 1.

iii)Relación mujeres/hombres entre las personas alfabetizadas de 15 a 24 años de edad. El nivel de partida en 2000 era de 0,82, que había aumentado a 0,94 en octubre de 2011. La meta fijada para 2015 es 1.

iv)Proporción de mujeres con empleos remunerados en el sector no agrícola. El nivel de partida en 2000 era de 13,1%, que había aumentado a 15% en octubre de 2011. La meta fijada para 2015 es de 50%.

v)Proporción de escaños ocupados por mujeres en el Parlamento. El nivel de partida en 2000 era de 9,3%, que había aumentado a 22% en octubre de 2011. La meta fijada para 2015 es de 50%.

No es probable que se pueda alcanzar el tercer ODM, consistente en promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer.

d)Reducir la mortalidad infantil

i)Tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años. El nivel de partida en 2000 era de 189‰, que se había reducido a 112‰ en octubre de 2011. La meta fijada para 2015 es de 78‰.

ii)Tasa de mortalidad infantil . El nivel de partida en 2000 era de 103‰, que se había reducido a 66‰ en octubre de 2011. La meta fijada para 2015 es de 44,7‰.

iii)Proporción de niños de 1 año inmunizados contra el sarampión. El nivel de partida en 2000 era de 83,1%, que había aumentado a 93% en octubre de 2011. La meta fijada para 2015 es de 100%.

Es probable que se pueda alcanzar el cuarto ODM, consistente en reducir la mortalidad infantil.

e)Mejorar la salud materna

i)Tasa de mortalidad materna. El nivel de partida en 2000 era de 1.120 por 100.000, que se había reducido a 675 por 100.000 en octubre de 2011. La meta fijada para 2015 es de 155 por 100.000.

ii)Proporción de partos con asistencia de personal sanitario especializado. El nivel de partida en 2000 era de 55,6%, que había aumentado a 73% en octubre de 2011. La meta fijada para 2015 es de 100%.

No es probable que se pueda alcanzar el quinto ODM, consistente en mejorar la salud materna.

f)Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades

i)Prevalencia del VIH entre las mujeres embarazadas de 15 a 24 años de edad. El nivel de partida en 2000 era de 24,1%, que se había reducido a 12% en octubre de 2011. La meta fijada para 2015 es de 0%.

ii)Relación entre la asistencia escolar de niños huérfanos y la de niños no huérfanos. El nivel de partida en 2000 era de 0,121, que se había reducido ligeramente a 0,12 en octubre de 2011.

iii)Tasa de mortalidad por malaria. El nivel de partida en 2000 era de 3,6%, que se había reducido a 2,8% en octubre de 2011.

iv)Acceso a tratamiento contra la malaria. El nivel de partida en 2000 era de 8%, que había disminuido a 2,8% en octubre de 2011.

v)Proporción de hogares que cuentan por lo menos con un mosquitero impregnado de insecticida. El nivel de partida en 2000 era de 31%, que había aumentado a 56,8% en octubre de 2011.

vi)Tasa de mortalidad por tuberculosis. El nivel de partida en 2000 era de 22%, que se había reducido a 7% en octubre de 2011.

vii)Proporción de casos de tuberculosis detectados y curados con el tratamiento breve bajo observación directa. El nivel de partida en 2000 era de 57%, que había aumentado a 87% en octubre de 2011.

Es probable que se pueda alcanzar el sexto ODM, consistente en combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades.

g)Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

i)Proporción de la superficie de tierras cubierta por bosques. El nivel de partida en 2000 era de 37,9%, que había disminuido a 36,2% en octubre de 2011. La meta fijada para 2015 es de 50%.

ii)Proporción de la superficie de tierras protegida para mantener la diversidad biológica. El nivel de partida en 2000 era de 0,16%, y el nivel seguía siendo el mismo en octubre de 2011. La meta fijada para 2015 es de 0,18%.

iii)Proporción de la población que utiliza combustible sólido. El nivel de partida en 2000 era de 97,9%, que había aumentado a 98% en octubre de 2011. La meta fijada para 2015 es de 0%.

iv)Proporción de la población con acceso sostenible a mejores fuentes de agua potable. El nivel de partida en 2000 era de 47%, que había aumentado a 81% en octubre de 2011. La meta fijada para 2015 es de 74%.

v)Proporción de la población con acceso sostenible a mejores servicios de saneamiento. El nivel de partida en 2000 era de 81,4%, que había aumentado a 93% en octubre de 2011. La meta fijada para 2015 es de 86,2%.

vi)Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales. El nivel de partida en 2000 era de 92%, que había disminuido a 67,7% en octubre de 2011.

No es seguro que se pueda alcanzar el séptimo ODM, consistente en garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

h)Fomentar una asociación mundial para el desarrollo

i)Asistencia oficial para el desarrollo neta como porcentaje del producto interno bruto real. El nivel de partida en 2000 era de 12%, que había aumentado a 13% en octubre de 2011.

ii)Tasa de desempleo entre la población urbana de 15 a 24 años de edad. El nivel de partida en 2000 era de 1%, que había aumentado a 4% en octubre de 2011.

iii)Abonados a teléfonos celulares por cada 1.000 habitantes. El nivel de partida en 2000 era de 1,8%, que había aumentado a 22,5% en octubre de 2011.

iv)Líneas telefónicas por cada 1.000 habitantes. El nivel de partida en 2000 era de 0,57%, que había aumentado a 1,19% en octubre de 2011.

v)Usuarios de Internet por cada 1.000 habitantes. El nivel de partida en 2000 era de 0,007%, que había aumentado a 16,8% en octubre de 2011.

Es probable que se pueda alcanzar el octavo ODM, consistente en fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

4.Tasa de delincuencia

Uno de los objetivos de la ECDM es el de reducir la tasa de delincuencia para mejorar la seguridad de los ciudadanos del país. En el gráfico 2 se muestra la evolución de la tasa de delincuencia en Malawi entre 2006 y 2010. La tasa de delincuencia se define como el número total de delitos denunciados a la policía y registrados por esta en el año correspondiente, dividido por la población total y multiplicado por 100.000. La evaluación de referencia realizada en 2010 indica que la tasa de delincuencia disminuyó de 726 casos por 100.000 habitantes en 2006 a 719 en 2007, lo que representa una reducción del 1%. Sin embargo, en 2008 volvió a aumentar en un 5%, a 757 casos por 100.000 habitantes, antes de disminuir de nuevo en 2009 a 691 casos (lo que representa una reducción del 9%) y en 2010 a 615 casos (lo que representa una reducción del 11%). Del análisis se desprende que la tasa de delincuencia está disminuyendo, tendencia que, de mantenerse, se traducirá en mejores resultados.

Conviene prestar especial atención a los delitos sexuales. En 2010 se denunciaron a la policía y fueron registrados por esta 1.679 delitos de ese tipo, frente a los 1.183 casos registrados en 2009, lo que representa un incremento del 42% y arroja un promedio de casi 140 delitos sexuales por mes (Jefatura Nacional de la Policía, 2010).

Gráfico 2Delitos denunciados a la policía por cada 100.000 habitantes, 2006 a 2010

Fuente :Estudio de referencia sobre la justicia en Malawi, 2011.

Con el fin de fundamentar las reformas y seleccionar las intervenciones más eficaces, se analizaron los datos para determinar qué tipos de delitos, según la clasificación del siguiente gráfico, estaban aumentando o disminuyendo. Los resultados del análisis indican que los delitos contra la propiedad disminuyeron durante el período comprendido entre 2008 y 2010, y la misma evolución se aprecia bajo el epígrafe de otros delitos, mientras que los delitos violentos parecen haber aumentado desde 2006.

Gráfico 3Evolución de la tasa de delincuencia en Malawi, 2006 a 2010

Fuente: Estudio de referencia sobre la justicia en Malawi, 2011.

La tasa de esclarecimiento de delitos es un indicador de resultados que puede contribuir a reducir los niveles de delincuencia. Se define como el número de casos investigados en los que llegan a formularse cargos divididos por el número de casos denunciados a la policía. Según la evaluación de referencia, esa tasa fue de alrededor del 86% en 2010. En 2006 había sido del 63%, y había aumentado al 79% en 2007 y al 94% en 2009. Esa evolución ha supuesto una mejora en comparación con el nivel de referencia de 24% en 2005 (ECDM, 2006). Los resultados indican que el aumento de la tasa de esclarecimiento va acompañado de una disminución de la tasa de delincuencia.

Gráfico 4Evolución de la tasa de esclarecimiento de delitos, 2006 a 2010

Fuente: Estudio de referencia sobre la justicia en Malawi, 2011.

5.VIH y SIDA

El primer caso de infección por VIH en Malawi se registró en 1985. La primera respuesta a la nueva enfermedad consistió en la aplicación de un enfoque biomédico. En 1989 se estableció, en el marco del Ministerio de Salud, el Programa Nacional de Lucha contra el Sida, que por su enfoque en gran medida biomédico dio lugar a diversos problemas de gobernanza y estructurales. Además, el Programa no tenía suficientes competencias para responder pronta y resueltamente a una epidemia en rápido crecimiento.

En 2001, el Gobierno sustituyó el Programa Nacional de Lucha contra el Sida por una entidad pública denominada Comisión Nacional de Lucha contra el Sida, destinada a establecer un nuevo paradigma para el VIH/SIDA que superara el enfoque biomédico. Hasta 2002, la Comisión dependía del Ministerio de Salud e informaba al Comité del VIH/SIDA y la Salud del Gabinete. En agosto de ese año, se modificó la estructura de rendición de cuentas y la Comisión pasó a informar, por conducto de la Oficina del Presidente y del Gabinete, al Ministro encargado del VIH/SIDA, que era el propio Presidente. Ese cambio se introdujo con el fin de facilitar la plena implicación de la más alta magistratura en la lucha contra la epidemia y para garantizar que las actividades de supervisión del Gobierno se realizaran al más alto nivel político. La nueva estructura jerárquica colocaba a la Comisión bajo el control directo del Presidente, por intermedio del Ministro de Estado de la Presidencia.

En abril de 2003, se estableció un ministerio dedicado exclusivamente a los asuntos relacionados con el VIH/SIDA, y el Presidente de la Comisión Nacional pasó a rendir cuentas directamente al Ministro. Tras las elecciones generales de mayo de 2004, se suprimió el Ministerio encargado del VIH/SIDA y, en el mismo año, se estableció el Departamento de Nutrición y VIH/SIDA, dependiente de la Oficina del Presidente y del Gabinete. El Gobierno había tomado conciencia de que, en un país en desarrollo como Malawi, los problemas de VIH/SIDA no podían separarse de los de nutrición. De conformidad con los principios normativos consignados en la Constitución, se consideraba que la aplicación de un enfoque nutricional como complemento de la lucha contra la propagación del VIH contribuiría, en medida importante, a prolongar la vida y mejorar las probabilidades de supervivencia de las personas infectadas.

El Departamento se estableció para proporcionar orientación y dirección normativas en ese ámbito, supervisar y facilitar la integración con otras medidas y programas, y establecer estructuras operacionales en relación con la nutrición y el VIH/SIDA. También es responsable de facilitar la promulgación y aplicación de la legislación y de establecer redes en relación con las cuestiones referentes a la nutrición y el VIH/SIDA. Los objetivos del Departamento son formular y examinar las políticas relacionadas con la nutrición y el VIH/SIDA y aplicar las estrategias correspondientes; proporcionar orientación y apoyo para la aplicación de las políticas gubernamentales relacionadas con la nutrición y el VIH/SIDA, y supervisar y evaluar la aplicación de esas políticas.

En octubre de 2003, Malawi adoptó su primera Política Nacional de Lucha contra el VIH/SIDA, denominada "Llamamiento a una acción renovada", que tenía por objetivos orientar la respuesta nacional, con miras a prevenir la ulterior propagación de la infección por VIH; y mitigar las consecuencias del VIH/SIDA en la situación socioeconómica de las personas, las familias, las comunidades y la nación en su conjunto. La Política expiró en 2008 y se ha revisado posteriormente. Una vez aprobada por el Gobierno, se pondrá en marcha la nueva política.

Esa nueva política tiene por objetivos promover la reprogramación y el fortalecimiento de la respuesta nacional contra el VIH/SIDA a la luz de los datos empíricos y teniendo en cuenta las cuestiones nuevas, las lagunas, los problemas y las enseñanzas resultantes de la aplicación de la primera Política Nacional de Lucha contra el VIH/SIDA, intensificar las intervenciones innovadoras basadas en los datos disponibles, y adecuar las medidas de respuesta contra el VIH/SIDA al actual programa de desarrollo del Gobierno.

En el ámbito de la legislación, la Comisión Jurídica estableció, en 2007, una comisión especial encargada de elaborar legislación relativa al VIH/SIDA a propuesta de la Comisión Nacional de Lucha contra el Sida y del Departamento de Nutrición y VIH/SIDA. La Comisión decidió adoptar un triple enfoque, que abarcaba la salud pública, los derechos humanos y el derecho penal. El informe resultante y la legislación propuesta, a pesar del debate entablado desde la publicación del informe, promueven un enfoque de la gestión y prevención del VIH/SIDA basado, en gran medida, en los derechos humanos. La Comisión especial consideraba que debían utilizarse todos los instrumentos disponibles para combatir la epidemia.

Sin embargo, en contra de la opinión predominante en el debate público, la legislación propuesta no solo no contempla pruebas obligatorias, sino que las prohíbe. Se prevén algunas excepciones, por ejemplo en el caso de mujeres embarazadas y sus parejas sexuales, de personas que se propongan formar parte de uniones polígamas, de delincuentes sexuales y de donantes de sangre y de tejidos. En el caso del personal uniformado y los trabajadores domésticos, se permite, en determinadas circunstancias, la realización de pruebas antes de la contratación, pero sin carácter obligatorio. Asimismo, la ley propuesta prohíbe y sanciona la discriminación por infección por VIH, real o aparente. También se prevén recursos efectivos, de conformidad con la Constitución, para las personas infectadas por VIH de forma deliberada, negligente o temeraria. Con ese fin se establecen sanciones penales para los causantes de esa infección. La Comisión considera que esa disposición complementa otras iniciativas tendentes específicamente a prevenir la ulterior propagación del VIH.

El informe, ultimado en diciembre de 2008, se ha sometido al Gabinete para su examen y, una vez aprobado, se remitirá al Parlamento para su promulgación.

II.Estructura constitucional, política y jurídica de Malawi

Antes de acceder a la independencia política, Malawi era conocida por el nombre de Niasalandia y había sido declarada protectorado colonial británico en 1891. En 1953, Niasalandia se convirtió en parte de la Federación de Rhodesia y Niasalandia, que comprendía los territorios de Rhodesia del Sur (Zimbabwe) y Rhodesia del Norte (Zambia). Los primeros vientos de cambio político empezaron a soplar hacia 1958 y desembocaron en el estado de emergencia en 1959. Las demandas de los “nativos”, como se denominaba por entonces a sus ciudadanos, eran que se disolviera la Federación y se les concediera el autogobierno. La Federación fue disuelta el 31 de diciembre de 1962 y Niasalandia accedió al autogobierno en 1963, con el Dr. Hastings Kamuzu Banda como Primer Ministro.

El 6 de julio de 1964, Niasalandia se convirtió en la nación independiente de Malawi, con el Monarca británico como Jefe del Estado, y en 1966 se constituyó en república, con el Dr. Hastings Kamuzu Banda como Presidente.

La Constitución de la que se dotó Niasalandia al acceder a la independencia contenía una declaración de derechos y garantías. Sin embargo, al constituirse en república en 1966, se aprobó una nueva constitución en la que no figuraba tal declaración. Asimismo, Malawi se convirtió en un Estado con un régimen de partido único, en el que el Partido del Congreso de Malawi (MCP) era el único partido político reconocido legalmente.

Al haberse convertido, de hecho, el país en una autocracia monopartidista y en ausencia de un mecanismo que pudiera imponer el respeto y la realización de los derechos humanos, se cometieron graves violaciones contra la población durante casi treinta años. En 1971, el Presidente se hizo nombrar Presidente vitalicio, con un sistema de gobierno nominalmente parlamentario.

La segunda ola de cambio político se inició en 1992 con un doble objetivo: acabar con la autocracia monopartidista e instaurar una democracia pluripartidista en Malawi. A la publicación de una pastoral de los obispos católicos titulada "Vivir nuestra fe" no tardó en seguirle el regreso del Sr. Chakufwa Chihana, que, a su llegada, declaró que su propósito era desafiar la autocracia establecida y que fue detenido juzgado por sedición y encarcelado. Al aumentar la presión sobre el Gobierno para que introdujera cambios políticos, el Presidente convocó un refer e ndum para que los malawianos pudieran manifestar si deseaban mantener el régimen de partido único o establecer un sistema de pluralismo político. Por una mayoría del 67%, la nación se pronunció en favor del pluralismo político el 14 de junio de 1993.

El Gobierno del MCP aceptó el resultado del refer e ndum e inició el proceso de transición hacia un sistema político pluralista, que culminó en la celebración de las primeras elecciones generales multipartidistas en 1994. Los principales partidos participantes fueron la Alianza para la Democracia (Aforo), que tenía su bastión en la Región Septentrional y cuyo líder era el Sr. Chakufwa Chihana; el MCP, dirigido por el Presidente, Dr. H. Kamuzu Banda, y que tenía su bastión en la Región Central, y el Frente Democrático Unido (UDF), firmemente implantado en la poblada Región Meridional y liderado por el Sr. Elson Bakili Muluzi.

El Sr. Bakili Muluzi y el UDF obtuvieron una cómoda mayoría que les permitió constituir un gobierno. El UDF ganó las dos elecciones generales siguientes, la primera en 1999 bajo el liderazgo del Sr. Bakili Muluzi, y la segunda en 2004, cuando, después de haber fracasado en su intento de obtener un tercer mandato renovable, aquel fue sustituido por el Dr. Bingu wa Mutharika, de su mismo partido. Menos de un año después de que el UDF hubiera logrado un tercer mandato, el Dr. Bingu wa Mutharika abandonó el partido, en febrero de 2005, y explicó que la corrupción había sido la razón principal de su abandono. Posteriormente, el Dr. wa Mutharika fundó el Partido Progresista Democrático (DPP) y automáticamente el UDF se convirtió en un partido de la oposición. En las cuartas elecciones generales desde 1994 (las celebradas en 2009), el DPP logró una gran mayoría bajo la dirección del Presidente Bingu wa Mutharika.

En las elecciones de 2009 se eligió a la primera Vicepresidenta, la Sra. Joyce Banda, junto al Presidente wa Mutharika. Menos de un año después de la clamorosa victoria, empezaron a abrirse grietas en el DPP, pues diversos miembros destacados del partido empezaron a apoyar al Profesor Arthur Peter Mutharika, hermano del Presidente wa Mutharika, como candidato presidencial del partido para 2014. La Vicepresidenta, que se negó a apoyar al candidato, el cual estaba considerado públicamente como un candidato impuesto, fue expulsada del partido, junto con el Sr. Khumbo Kachali, que era el segundo Vicepresidente del DPP. Ambos emprendieron la constitución del Partido Popular (PP) y afrontaron dificultades para registrarlo. Otros miembros antiguos del DPP que no habían apoyado al hermano del Presidente o cuyas opiniones se consideraba que disentían de las del partido fueron expulsados rápidamente.

En aquella época, empezaron a agriarse las relaciones de Malawi con la mayoría de sus vecinos y donantes tradicionales. En 2011, Malawi expulsó al Alto Comisionado británico entre acusaciones suscitadas por un cable diplomático filtrado que los anfitriones consideraron despreciativo. El aumento de la carencia de combustible y divisas exacerbó la situación, lo que hizo que hubiera una serie de manifestaciones en todo el país el 20 de julio de 2011, en las que resultaron muertas 20 personas.

El 5 de abril de 2012, el Presidente Mutharika sufrió un colapso en la Casa de Gobierno de Lilongwe y fue trasladado urgentemente al Hospital Central de esa localidad, donde falleció a mediodía. Posteriormente su cadáver se trasladó a Sudáfrica por vía aérea, en medio de una atmósfera tensa, en la que su fallecimiento no se reveló hasta el 7 de abril. Aunque se rumoreó que había habido intentos de eludir el requisito constitucional de que la Vicepresidenta, Sra. Joyce Banda, sustituyera al difunto durante el resto del mandato, aquella juró su cargo como cuarto Presidente, y primera Presidenta, del país en la tarde del 7 de abril. Procedió a nombrar Vicepresidente suyo al Sr. Khumbo Kachali. Desde que la Sra. Banda pasó a ocupar el cargo, se han restablecido las relaciones diplomáticas con los donantes principales, se ha otorgado libertad a los medios de difusión para que entrevisten a toda clase de personas con opiniones políticas diversas y se ha reducido la carencia de combustible, divisas y medicamentos. El 20 de mayo de 2014, Malawi celebró sus primeras elecciones tripartitas, que ganó el Profesor Arthur Peter Mutharika, del DPP, que se convirtió en el quinto Presidente del país.

Desde 1994 y dentro de la transformación política de Malawi, ha venido aumentando el número de partidos políticos que participan en las elecciones generales y en la política nacional en general. Los partidos políticos han de inscribirse ante el Registrador de Partidos Políticos, en la Oficina del Registrador General, que depende del Ministerio de Justicia y Asuntos Constitucionales. La inscripción de los partidos no ha suscitado controversias por lo general, salvo en algún caso en que, al ser impugnada la decisión del Registrador de Partidos Políticos, ha tenido que pronunciarse al respecto un tribunal competente.

Además de los partidos que obtenían un número considerable de escaños, siempre han estado representados en la Asamblea Nacional partidos minoritarios, con uno o dos escaños por lo menos. Algunos parlamentarios han entrado en la Asamblea Nacional como candidatos independientes, aunque, en algún caso, esos candidatos han regresado a los partidos que habían abandonado o a los que se habían negado a representar anteriormente o han aceptado nombramientos del Gobierno en general.

Cuando se aprobó la nueva constitución en mayo de 1994, esta estuvo en vigor provisionalmente durante un año. La Constitución provisional transformó, por completo, las relaciones entre los ciudadanos y el Estado y las relaciones entre las propias instituciones estatales. Las primeras se vieron fortalecidas por la aprobación de los Principios de política nacional y de una Declaración de derechos y garantías entre otras cosas, y las segundas, por la instauración de la doctrina de la separación entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El sistema de gobierno de supremacía parlamentaria fue sustituido por el de supremacía constitucional, de conformidad con el artículo 5 de la Constitución.

La Constitución entró definitivamente en vigor en mayo de 1995, y en ella se articulan como sigue los tres poderes.

a)Poder ejecutivo

El artículo 7 de la Constitución dispone que el poder ejecutivo será el responsable de poner en marcha políticas y proponer legislación y de la aplicación de todas las leyes que respondan a la voluntad explícita del pueblo de Malawi y promuevan los principios de la Constitución.

El Presidente, como cabeza del poder ejecutivo, es el responsable de dirigir la actuación de este en interés de la unidad nacional y de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. El Presidente es también Jefe del Estado y del Gobierno y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Malawi. En virtud del artículo 88 1) de la Constitución, le compete, asimismo, garantizar la observancia de la Constitución por el poder ejecutivo y defender y preservar la Constitución como ley suprema del país.

La Presidencia abarca los cargos de Presidente, Vicepresidente y Segundo Vicepresidente. La Oficina del Presidente se rige por el artículo 78 de la Constitución y la del Vicepresidente, por el artículo 79, que le atribuye las funciones de prestar asistencia al Presidente y desempeñar los cometidos que le encomienden, en su caso, la Constitución, una ley del Parlamento o el propio Presidente. Los miembros de la Presidencia podrán ocupar sus cargos durante un máximo de dos mandatos consecutivos de cinco años.

El Gabinete, que se rige por el artículo 92 1) de la Constitución, comprende la Presidencia y los ministros y viceministros que nombre a tal efecto el Presidente.

El Gabinete tiene por funciones asesorar al Presidente; dirigir, coordinar y supervisar las actividades de los departamentos de la administración pública, incluidos los órganos paraestatales; elaborar proyectos de ley para su presentación a la Asamblea Nacional, y explicar esas iniciativas legislativas; preparar, explicar y formular, ante el Parlamento, el presupuesto del Estado y sus programas económicos; mantenerse a disposición del Parlamento para responder a cualquier consulta o participar en cualquier debate sobre el contenido de las políticas del Gobierno; ayudar al Presidente a determinar los acuerdos internacionales que conviene concertar o a los que conviene adherirse, e informar al respecto al Parlamento; asumir la responsabilidad de la aplicación y administración de las leyes, y desempeñar cualesquiera otras funciones que resulten razonablemente necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones conformes con la presente Constitución y prescritas por ley del Parlamento o del Presidente.

b)Poder legislativo

En 1994, el poder legislativo estaba integrado por el Presidente, la Asamblea Nacional y el Senado, que no llegó nunca a constituirse y fue disuelto oficialmente en 2001. En la actualidad comprende la Asamblea Nacional y el Presidente, en su calidad de Jefe del Estado. La Asamblea Nacional es una cámara de 193 miembros, que son elegidos directamente por el pueblo de Malawi de conformidad con la Constitución y la ley electoral vigente. En virtud del artículo 62 de la Constitución, el número de escaños de la Asamblea Nacional corresponde a las circunscripciones de Malawi determinadas por la Comisión Electoral. La función de la Asamblea Nacional es la promulgación de leyes que respondan a los intereses explícitos del pueblo de Malawi y promuevan los valores de la Constitución.

Aunque no se explicite en la Constitución, la Asamblea Nacional tiene a su frente un Presidente, que cuenta con la asistencia de dos Vicepresidentes y es elegido por mayoría de los miembros de la Asamblea en la primera sesión de cada legislatura. Puesto que se trata de un cargo independiente, el Presidente ha de desempeñar sus funciones sin instrucciones ni injerencias de ninguna persona ni autoridad y de conformidad con las disposiciones del reglamento de la Asamblea Nacional. La principal función del Presidente es presidir todas las sesiones de la Asamblea.

La actividad del Parlamento se centra en la tramitación de mociones y proyectos de ley. El 90%, por lo menos, de esa actividad (incluidas las propuestas legislativas) es fruto de iniciativas del poder ejecutivo (cargos de la administración y ministros del Gabinete), al que compete directamente proponer nueva legislación o reformar la existente. No obstante, los miembros del Parlamento pueden influir en la legislación por medio de los debates, especialmente en las comisiones parlamentarias a las que se remiten, en ocasiones, los proyectos de ley después de su primera lectura en la Cámara. Cualesquiera miembros de la Cámara u otros grupos de intereses pueden formular, en la comisión parlamentaria competente, propuestas de enmiendas para que las examine en su momento la Cámara. Esas propuestas deben guardar conformidad con el programa nacional de desarrollo.

La Constitución faculta, asimismo, al Parlamento para fiscalizar los recursos públicos y regular su utilización por medio del proceso presupuestario, y obliga al Gobierno a rendir cuentas, al Parlamento, de sus políticas y prácticas administrativas en relación con el empleo de recursos públicos para promover el desarrollo de la nación.

Por medio de los representantes elegidos que lo integran, el Parlamento ha de mantener una estrecha vinculación con los problemas que se plantean en las diversas circunscripciones, ejercer una función de liderazgo y participar en los acontecimientos y funciones oficiales a nivel local. Los miembros del Parlamento han de ser capaces de motivar a sus electores para que busquen soluciones locales a determinados problemas al tiempo que tratan de obtener ayuda complementaria del Estado u otros asociados en el desarrollo.

Compete, asimismo, al Parlamento autorizar anualmente el gasto público propuesto por el Gobierno. Los miembros del Parlamento tienen el cometido de examinar, debatir y aprobar las estimaciones financieras (presupuesto), incluidas las medidas tributarias tendentes a aumentar los ingresos para financiar los programas y proyectos públicos de desarrollo presentados por el ejecutivo. El Parlamento ha de velar, pues, por que se asignen a los departamentos gubernamentales recursos suficientes para la buena gobernanza y el desarrollo nacional.

c)Poder judicial

Antes de 1994, existía en Malawi un sistema de tribunales tradicionales paralelo a la estructura del Tribunal Superior. Los tribunales tradicionales se regían por la Ley de Tribunales Tradicionales, que no se derogó tras la aprobación de la Constitución de 1994. Sin embargo, el funcionamiento de los tribunales tradicionales quedó suspendido hasta la promulgación, en 2011, de la Ley de Tribunales Locales. La suspensión del funcionamiento de los tribunales tradicionales en 1994 se basó, en gran medida, en el artículo 103 3) de la Constitución, en el que se disponía que “[N]o habrá tribunales de jurisdicción superior o paralela a la del Tribunal Supremo de Apelación o el Tribunal Superior”.

La función del poder judicial es la de interpretar, proteger y aplicar la Constitución, y las demás leyes a la luz de la Constitución, de forma independiente e imparcial y atendiendo solo a los hechos jurídicamente pertinentes y a lo dispuesto en las propias leyes.

La judicatura está debidamente facultada para defender la supremacía de la Constitución, para imponer el respeto de los derechos humanos y para declarar nulas y carentes de validez la legislación y otras disposiciones del Gobierno que vulneren la Constitución. Para cumplir eficazmente ese mandato, los tribunales deben mantenerse vigilantes y actuar resueltamente. En palabras de Kapanda J. en Jumbe y Mvula c. el Fiscal General (causas constitucionales Nos 1 y 2 de 2005), “[A] menos que los tribunales mantengan su vigilancia, no se podrá impedir que el Estado pisotee los derechos de los ciudadanos”.

El sistema judicial comprende, por orden de precedencia, el Tribunal Supremo de Apelación, el Tribunal Superior y los tribunales subordinados, a saber, el Tribunal de Relaciones Laborales, los tribunales de magistrados y los tribunales locales.

El Tribunal Supremo de Apelación, establecido en virtud del artículo 104 de la Constitución, es el más alto tribunal de casación de Malawi y no tiene jurisdicción de primera instancia en ningún ámbito. Es un tribunal superior de segunda instancia y puede ejercer los poderes que le confieran la Constitución o cualquier otra ley. El Tribunal Supremo de Apelación puede examinar los recursos contra decisiones del Tribunal Superior o de cualquier otro tribunal, según lo dispuesto por una ley del Parlamento.

El poder judicial está dividido administrativamente en registros al nivel del Tribunal Superior y de los cuatro tribunales subordinados. El Registro Principal del Tribunal Superior se encuentra en Blantyre, en la Región Meridional. Complementan la estructura los registros de los distritos de Zomba, en la Región Oriental; Lilongwe, en la Región Central, y Mzuzu, en la Región Septentrional. Cada uno de los registros del Tribunal Superior está presidido por el juez decano, conocido como Juez Presidente.

El Tribunal Superior, por su parte, tiene jurisdicción ilimitada de primera instancia para entender y resolver de cualquier asunto civil o penal en relación con cualquier ley.

Además de tener jurisdicción dual, de primera instancia y de apelación, el Tribunal Superior ejerce funciones generales de supervisión sobre los tribunales subordinados y puede revisar las decisiones de los tribunales de magistrados en cualquier etapa del procedimiento del tribunal inferior. En ejercicio de esas mismas funciones de supervisión puede, asimismo, confirmar las decisiones de los tribunales de magistrados. Además de su División General, el Tribunal Superior cuenta, desde hace poco, con otras dos divisiones establecidas por ley, la División Comercial, que entiende exclusivamente en asuntos comerciales, y la División Constitucional, que examina diferencias en materia de constitucionalidad.

El artículo 110 1) de la Constitución prevé el funcionamiento de tribunales subordinados al Tribunal Superior si así se dispone en una ley del Parlamento. Los tribunales de magistrados pueden ser presididos por magistrados profesionales o legos.

El artículo 110 2) de la Constitución prevé el establecimiento del Tribunal de Relaciones Laborales, subordinado al Tribunal Superior, con jurisdicción de primera instancia en conflictos laborales y otras cuestiones relacionadas con el empleo.

En virtud de la Ley de Tribunales Locales se establecieron tribunales locales que entienden en causas penales menores. Con esos tribunales, contemplados en la Constitución, se pretende mejorar el acceso a la justicia, entendida como justicia primaria, pues pueden acudir fácilmente a ellos los habitantes de las zonas rurales.

La Constitución es la ley suprema de Malawi, y a ella están subordinadas, en la arquitectura legislativa del país, las leyes del Parlamento, la legislación subsidiaria, los instrumentos internacionales y las normas consuetudinarias. La legislación subsidiaria puede ser promulgada por la Asamblea Nacional o bajo su autoridad. Los instrumentos internacionales, sean o no vinculantes, no forman parte de la estructura legislativa nacional justiciable, a menos que así lo disponga una ley. A ese respecto, pues, Malawi tiene un ordenamiento jurídico dual. Las normas consuetudinarias no son uniformes, pues existen diferentes grupos étnicos en el país. No obstante, el derecho consuetudinario está reconocido como tal y, en algunos casos, su existencia y eficacia están refrendadas por la propia legislación.

En ese entorno legislativo, el Gobierno elabora e impulsa un conjunto de políticas insertadas en el marco general de la ECDM II. En el marco general de la ECDM, el Gobierno impulsa políticas sectoriales en ámbitos tales como los del VIH/SIDA, la igualdad de género, los derechos de salud sexual y reproductiva, la asistencia social, la educación, las tierras, el agua, la protección de la infancia, y la agricultura.

III.Marco general de protección y promoción de losderechos humanos

A.Marco general

El marco general de derechos humanos se rige por la Constitución, en la que se consignan explícitamente la mayor parte de los derechos concretos y que establece un modelo que abarca el marco institucional y de aplicación; las normas de legitimación procesal; los derechos concretos; las limitaciones y restricciones; y los supuestos de inaplicabilidad de derechos. Cabe señalar que la Constitución contempla también derechos no justiciables al formular los principios de política nacional, que tienen “carácter orientativo”, pero a los que pueden remitirse los tribunales para interpretar y aplicar cualquier disposición de la Constitución o de otras leyes con el fin de determinar la validez de las decisiones del poder ejecutivo, o para interpretar la propia Constitución.

En relación con el marco institucional y de aplicación, se han mencionado ya diversas instituciones, como los tribunales, la Oficina del Defensor del Pueblo, la Comisión de Derechos Humanos y otros órganos gubernamentales. En ese sentido, instituciones como la Comisión Jurídica, que está facultada para examinar y reformar cualquier ley, incluida la Constitución, pueden desempeñar un papel importante en la promoción y protección de los derechos humanos. Puesto que en la Constitución se tipifican como delitos punibles las prácticas discriminatorias y su propagación, también instituciones tales como la policía y el sistema penitenciario pueden desempeñar un papel en el marco de derechos humanos, sin perjuicio de sus demás funciones.

Aunque el régimen definido por la Constitución es restrictivo en cuanto a la legitimación procesal para promover, proteger y hacer valer los derechos humanos, los tribunales han venido relajando progresivamente la norma que requiere la existencia de un “interés suficiente” para incoar procedimientos tendentes a hacer valer derechos o a castigar violaciones de derechos.

En cuando a los derechos concretos, la Constitución ha proclamado algunos de ellos como principios no justiciables en su artículo 13. Es el caso de los derechos relacionados con la igualdad de género, la nutrición, el medio ambiente, la educación, la protección de las personas de edad, y la solución pacífica de diferencias. Algunos de esos principios se han proclamado explícitamente como derechos, como los de igualdad de género, protección de la infancia, y educación. En el caso de todos los principios de política nacional, el titular de las obligaciones es, en última instancia, el Estado. En la Declaración de Derechos (cap. IV) figuran, además de los derechos civiles y políticos, los económicos, sociales y culturales.

La Declaración de Derechos se inserta también en un marco internacional de derechos humanos constituido por diversos instrumentos internacionales, continentales y regionales, entre los que destacan la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y el Protocolo sobre género y desarrollo aprobado por la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo. Sin embargo, esos instrumentos internacionales solo pueden aplicarse de conformidad con la Constitución, por lo que no pueden invocarse ante los tribunales de Malawi si no han sido incorporados por ley al ordenamiento jurídico del país.

El disfrute de los derechos no es absoluto en todos los casos ni para todos los derechos. La Constitución establece condiciones estrictas para la limitación o restricción de los derechos en ella proclamados: la limitación o restricción debe disponerse en una ley de aplicación general; ser razonable; no negar el contenido esencial del derecho; ser reconocida por normas internacionales de derechos humanos; y responder a las necesidades de una sociedad abierta y democrática.

La Constitución, de conformidad con los instrumentos internacionales fundamentales de derechos humanos, permite la suspensión, durante un estado de emergencia, de algunos derechos humanos especificados, como los de libertad de expresión, de información, de circulación y de reunión. También pueden suspenderse el derecho a ser llevado prontamente ante un tribunal y a no permanecer detenido sin juicio. Esa suspensión, sin embargo, ha de ser compatible con las obligaciones de Malawi dimanantes del derecho internacional. Además, todas las medidas de suspensión de derechos, como la detención de sospechosos sin juicio, pueden ser objeto de peticiones y recursos ante el Tribunal Superior.

B.Examen periódico universal

Malawi se sometió, en 2010, al proceso de examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Para coordinar el informe correspondiente se estableció un Grupo de Tareas Nacional, integrado por representantes del Ministerio de Justicia, que ejerció la presidencia; el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Oficina del Presidente y del Gabinete; el Ministerio de Seguridad Interior; el Ministerio de Educación; el Ministerio de Información, el Ministerio de Trabajo; el Ministerio de Hacienda; el Ministerio de Salud; la Comisión Jurídica; la Comisión de Derechos Humanos; la Oficina del Defensor del Pueblo; la Asamblea Nacional, y la sociedad civil. El Grupo de Tareas Nacional formulará un plan de aplicación en el marco de los preparativos de Malawi para presentar un informe de mitad del período en noviembre de 2012.

C.Instrumentos internacionales de derechos humanos ytransposición nacional de los tratados

Malawi otorga gran importancia a la promoción y protección de los derechos humanos como principios y normas universalmente compartidos que se proclaman en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos de derechos humanos pertinentes. Todos los acuerdos internacionales suscritos por Malawi antes de 1994 forman parte integrante del ordenamiento jurídico del país. Los instrumentos internacionales ratificados por Malawi después de 1994 se incorporan a la legislación nacional mediante una ley del Parlamento. En el anexo 2 figuran algunos de los instrumentos internacionales de derechos humanos y de derecho humanitario en los que Malawi es parte.

D.Poder judicial

La Constitución establece, en su artículo 11, que, al interpretar las disposiciones constitucionales, los tribunales de Malawi deberán tener en cuenta las actuales normas del derecho internacional público y la jurisprudencia comparable de otros países. En sus observaciones sobre la aplicación, en el país, de las actuales normas del derecho internacional público y la jurisprudencia comparable de otros países, el Tribunal Supremo de Apelación de Malawi ha señalado lo siguiente:

“El artículo 11 de la Constitución faculta expresamente a este Tribunal para elaborar criterios de interpretación constitucional. Esos criterios han de promover los valores en los que se fundamenta una sociedad abierta y democrática y tener plenamente en cuenta los principios fundamentales que subyacen al texto constitucional y sus disposiciones sobre derechos humanos. En el artículo 11 también se establece explícitamente que, siempre que sea posible, deberemos tomar en consideración las actuales normas de derecho internacional público y la jurisprudencia comparable de otros países. Somos conscientes de que nuestros criterios interpretativos han de ser acordes con el carácter singular de la Constitución en tanto que ley suprema del país. Deben contribuir a reforzar ese carácter fundamental de la Constitución y promover los valores de una sociedad abierta y democrática que impregnan todo el marco constitucional de Malawi. Estamos, pues, convencidos de que hemos de orientarnos por el examen del conjunto del texto constitucional para determinar cómo se propusieron, los redactores de la Constitución, promover el objetivo general de la Constitución, que no es otro que el de crear un marco democrático en el que la población pueda participar libremente en la elección de su gobierno, es decir, el de crear una sociedad abierta y democrática.”

Por consiguiente, el poder judicial de Malawi está debidamente facultado para aplicar las normas internacionales de derechos humanos.

La Constitución ha establecido varias instituciones independientes encargadas de promover y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales y supervisar su disfrute, a saber, la Comisión de Derechos Humanos, la Oficina del Defensor del Pueblo y la Comisión Jurídica.

E.Comisión de Derechos Humanos

La Comisión de Derechos Humanos es un órgano independiente establecido en virtud del artículo 129 de la Constitución y que tiene por función investigar y formular recomendaciones razonablemente necesarias para la promoción efectiva de los derechos humanos. Está facultada para estudiar las leyes, las decisiones judiciales, las disposiciones administrativas, los proyectos de ley y las propuestas administrativas con el fin de cerciorarse de que guarden conformidad con los principios fundamentales de derechos humanos. En el desempeño de ese mandato, la Comisión recibe reclamaciones, lleva a cabo investigaciones y celebra audiencias en relación con casos de vulneración de los derechos humanos.

F.Oficina del Defensor del Pueblo

La Oficina del Defensor del Pueblo se creó en virtud del artículo 120 de la Constitución. Es independiente de toda injerencia u orden de cualquier persona y debe rendir cuentas al Parlamento. Está facultada para investigar cualquier caso en que una persona alegue haber sido víctima de una injusticia y no parezca haber recursos disponibles en procedimientos judiciales, apelaciones de un tribunal o cualquier otro recurso factible. Las competencias del Defensor del Pueblo no sustituyen a la jurisdicción de los tribunales, y sus decisiones son recurribles ante el Tribunal Superior. En 2010, por primera vez en la historia del país, se designó a una mujer para el cargo de Defensor del Pueblo.

G.Comisión Jurídica

La Comisión Jurídica, establecida con arreglo al capítulo XII de la Constitución y su ley de habilitación, la Ley de la Comisión Jurídica (cap. 3:09), entró en funcionamiento con el nombramiento del Primer Comisionado Jurídico en 1996. Las funciones que le asigna la Constitución son las de examinar las cuestiones relacionadas con las leyes de Malawi y su conformidad con la Constitución y las normas internacionales pertinentes, y formular recomendaciones al respecto; formular recomendaciones sobre cualquier asunto relacionado con la Constitución; examinar cualquier propuesta que presenten personas o entidades respecto de las leyes o la Constitución de Malawi, y remitir sus constataciones y recomendaciones al Parlamento por conducto del Ministro de Justicia.

El artículo 6 de la Ley de la Comisión Jurídica asigna a la Comisión, además de sus funciones de examen constitucional, la de revisar las leyes de Malawi con el fin de promover el desarrollo y la reforma sistemáticos de la legislación, incluidas, en particular, las tareas siguientes:

a)Modernizar las leyes poniéndolas en conformidad con los actuales criterios y normas nacionales e internacionales;

b)Subsanar posibles vicios de las leyes, ya sean de procedimiento, sustantivos o de política;

c)Simplificar las leyes;

d)Formular recomendaciones sobre métodos y procedimientos nuevos o más eficaces para la administración de las leyes;

e)Formular recomendaciones para la fusión o armonización de las normas consuetudinarias con otras leyes de Malawi;

f)Formular recomendaciones para la codificación de cualquier rama del derecho o cualesquiera normas consuetudinarias, y promover el conocimiento de las leyes y de la Constitución por la población en general y por los departamentos del Gobierno y otras autoridades u órganos.

La secretaría de la Comisión está integrada por el Comisionado Jurídico, como jefe ejecutivo de la institución, y otros cargos subordinados. El Comisionado Jurídico es nombrado por el Presidente a recomendación de la Comisión de la Magistratura por un período renovable de cinco años. Los demás cargos de la Comisión son nombrados por la propia Comisión y tienen la consideración de funcionarios.

La Comisión cuenta con dos divisiones principales: la División de Reforma Legislativa y la División de Servicios Institucionales. La principal actividad de la institución es la reforma legislativa, que entraña tareas de investigación jurídica, desarrollo legislativo, examen de las leyes, redacción de textos legislativos y educación cívica. La División de Servicios Institucionales proporciona servicios de apoyo en relación con la administración general y la gestión de los recursos humanos.

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de la Comisión Jurídica, la Comisión publica, de vez en cuando, su programa de trabajo para un período determinado no superior a un año civil, enumerando las cuestiones que han de abordarse por orden de prioridad.

La Comisión Jurídica, en consulta con la Comisión de la Magistratura, nombra, de vez en cuando, a comisionados para participar en comisiones especiales en las que se lleva a cabo el proceso de revisión de las leyes en sesiones plenarias y mediante investigaciones y consultas jurídicas. La comisión especial de que se trate prepara, entonces, un informe para su publicación, en el que se indican las esferas problemáticas, la situación de la legislación en Malawi, incluidos los instrumentos internacionales, y las constataciones y recomendaciones de reforma de la comisión especial, teniendo en cuenta los resultados de las investigaciones, las aportaciones recibidas de las partes interesadas, las políticas gubernamentales pertinentes, y las tendencias legislativas en jurisdicciones extranjeras y regionales comparables.

El informe de acompañamiento de una propuesta legislativa (un proyecto de ley) se presenta al Ministro de Justicia para su publicación en nombre del Ministro en el Boletín Oficial, y el Ministro somete al Parlamento el informe publicado. También lo somete al Gabinete y, si este aprueba las recomendaciones de la Comisión, la legislación propuesta se presenta al Parlamento como proyecto de ley del Gobierno para su promulgación.

En el anexo I figuran los programas de reforma legislativa emprendidos por la Comisión Jurídica desde que entró en funcionamiento en 1996.

Con arreglo a su programa de trabajo para 2012, la Comisión Jurídica acometerá el examen de determinadas disposiciones y leyes que suscitan inquietud, como el artículo 35 de la Ley de Policía; el artículo 10 de la Ley de Procedimiento Civil (Demandas del Gobierno o contra el Gobierno); la Ley de Tribunales Locales; los artículos 137A, 153 y 156 del Código Penal, atendiendo a las preocupaciones manifestadas en relación con esas disposiciones por distintos sectores de la sociedad. La Comisión se propone impulsar un verdadero proceso de reforma y formular, en consecuencia, recomendaciones respecto de las disposiciones y leyes mencionadas. Con arreglo al mismo programa de trabajo, la Comisión Jurídica examinará también la Ley de Prisiones a la luz de las aportaciones del Departamento de Instituciones Penitenciarias.

H.Comisión Electoral

La Comisión Electoral, establecida en virtud del artículo 75 1) de la Constitución, es el órgano responsable de la celebración de las elecciones en Malawi y está presidida por un juez nombrado por la Comisión de Servicios Judiciales. En el artículo 76 2) de la Constitución se indican las siguientes funciones de la Comisión Electoral: delimitación imparcial de las circunscripciones de manera que en todas resida un número similar de electores potenciales; revisar la delimitación de las circunscripciones a intervalos de no más de cinco años con el fin de atender a las peticiones y quejas electorales relacionadas con la celebración de las elecciones; velar por el cumplimiento de las disposiciones de la presente Constitución y de cualquier otra ley del Parlamento, y realizar cualesquiera otras funciones que prescriban la Constitución o una ley del Parlamento.

Malawi ha celebrado cuatro elecciones parlamentarias y presidenciales desde 1994. Aunque esos comicios han sido considerados, por lo general, libres y limpios, subsisten problemas relacionados con diversos aspectos del proceso electoral, como la capacidad y la independencia de la Comisión Electoral, el comportamiento de los medios públicos de radiodifusión y el uso indebido de recursos públicos durante las campañas.

I.Servicio de Prisiones

La Constitución trata del Servicio de Prisiones en su artículo 163, de la Oficina del Comisionado Jefe de Prisiones en el artículo 164, y de la Comisión del Servicio de Prisiones y de la Inspección de Prisiones en los artículos 167 y 169 respectivamente. El Servicio de Prisiones está dirigido por el Comisionado Jefe, encargado de velar por la buena administración de las instituciones penitenciarias, la protección de los derechos humanos, el respeto de las órdenes e instrucciones judiciales y la aplicación de las normas internacionales.

Con arreglo al artículo 8 de la Ley de Prisiones, el Servicio de Prisiones de Malawi comprende todas las instituciones penales, los campos de trabajo, las escuelas especiales y de seguridad y otras instituciones utilizadas para alojar, mantener recluidas y rehabilitar a personas condenadas a penas de privación de libertad en todas sus formas, pero no los calabozos de las comisarías de policía. La Ley de Prisiones, por la que se rigen la administración y la estructura del Servicio de Prisiones, se promulgó en 1955 y precisa, con urgencia, de una reforma a fondo.

El Servicio tiene su sede en Zomba y cuenta con oficinas en las tres regiones, dirigidas por sendos comisionados regionales. Cada prisión está dirigida por un oficial encargado al que compete supervisar y controlar tanto al personal penitenciario como a los reclusos, asistido por funcionarios de prisiones responsables de diversas funciones. La Comisión del Servicio de Prisiones y la Inspección de Prisiones supervisan el funcionamiento de las instituciones penitenciarias. La principal responsabilidad del Comisionado Jefe de Prisiones es velar por la administración adecuada y eficiente de las instituciones penales dependientes del Servicio de Prisiones de Malawi. Con arreglo al artículo 2 de la Ley de Prisiones, por recluso se entiende cualquier persona, condenada o no, que se encuentre recluida en una institución penitenciaria. Recluso no condenado es cualquier persona que, sin haber sido condenada, se encuentre en situación de privación de libertad en virtud de un mandamiento o una orden judicial, de una orden de detención emitida por una persona autorizada para ello por la ley, o de una orden de un consejo de guerra.

Entre los numerosos problemas que tiene planteados el Servicio de Prisiones destaca el de la capacidad. En 2010, el personal penitenciario sumaba 1.109 personas, de las que 886 eran hombres y 223 mujeres. Un indicador importante de la situación penitenciaria es la relación guardias-reclusos, que en 2005 era de 1:16. Según la encuesta de referencia de 2010, la relación era de 1:11, y los datos desglosados por género indicaban una relación más elevada entre las mujeres (1:1,4) que entre los hombres (1:13). Hay en Malawi 32 prisiones, en su mayoría construidas antes de la independencia del país. En el cuadro 3 infra, figuran los datos sobre prisiones, personal penitenciario y número de reclusos entre 2006 y 2010.

Cuadro 3Prisiones, personal penitenciario y reclusos, 2006 a 2010

Indicador	Unidad	2006	2007	2008	2009	2010
Número de prisiones e instituciones penitenciarias	Número	32	32	32	32	32
Número de funcionarios de prisiones	Total	763	791	855	1 002	1 109
	Hombres	623	630	689	812	886
	Mujeres	140	161	166	190	223
Número de reclusos	Condenados	9 004	9 382	9 567	9 511	11 050
	En espera de juicio	3 087	3 255	3 550	3 787	3 424
Número de reclusos condenados	Total	10 078	10 368	10 691	11 722	11 864
	Hombres	9 912	10 187	10 481	11 452	11 558
	Mujeres	166	181	210	270	306
Número de reclusos por guardia	Total	13 , 2	13 , 1	12 , 5	11 , 7	10 , 7
	Hombres	15 , 9	16 , 2	15 , 2	14 , 1	13 , 0
	Mujeres	1 , 2	1 , 1	1 , 3	1 , 4	1 , 4

Fuente: Departamento de Prisiones, 2011.

Un problema importante del sistema penitenciario de Malawi es el hacinamiento. En su informe de 2010 sobre los derechos humanos, Amnistía Internacional resumió como sigue la situación general en las prisiones del país:

Las prisiones están congestionadas, y en la mayoría de las celdas se recluye al doble de presos de los inicialmente previstos. Por ejemplo, en diciembre la prisión de Maula (Región Central), construida para 700 reclusos, albergaba a alrededor de 2.200; la prisión de Zomba (Región Meridional), construida para 900, a 2.176; la prisión de Chichiri, en Blantyre, construida para 700, a 1.800; y la prisión de Mzuzu (Región Septentrional), construida para 200, a 412. El hacinamiento dio lugar a la propagación de enfermedades infecciosas, como la tuberculosis y la sarna.

Ante esa situación, el Gobierno ha adoptado diversas medidas, como la elaboración de un proyecto de ley de prisiones para reemplazar la actual Ley de Prisiones y ha acometido programas encaminados a la mejora general de las condiciones carcelarias. Se ha construido una prisión modelo en Mzimba, en la Región Septentrional, y se planea construir nuevas prisiones de alta seguridad en Lilongwe y Blantyre, en sustitución de las de Maula y Chichiri, ya obsoletas.

J.Servicio de Policía

El Servicio de Policía de Malawi se estableció con arreglo al artículo 152 de la Constitución como órgano independiente del ejecutivo, con el cometido de proteger la seguridad pública y los derechos de las personas en Malawi, de conformidad con la Constitución y todas las leyes escritas del país. Está sujeto a la responsabilidad política del Ministerio de Seguridad Interior y dirigido por un Inspector General nombrado por el Presidente con la aprobación del Parlamento, con arreglo al artículo 154 2) de la Constitución. El Servicio tiene la siguiente estructura operativa:

a)Jefatura Nacional de la Policía;

b)Jefaturas regionales;

c)Comisarías;

d)Subcomisarías;

e)Puestos;

f)Unidades.

El Servicio de Policía tiene su Jefatura Nacional en Lilongwe y cuatro oficinas regionales en el sur, el este, el centro y el norte. Cada oficina regional está a cargo de un Comisionado. En la actualidad hay en todo el país un total de 34 comisarías de policía, cada una de ellas encabezada por un oficial encargado auxiliado por un adjunto que se ocupa de las operaciones cotidianas, como la tramitación de las denuncias. Las funciones principales del Servicio de Policía de Malawi, detalladas en el artículo 4 1) de la Ley de Policía de 2010, son las de prevención, investigación y esclarecimiento de delitos, detención y enjuiciamiento de delincuentes, preservación de la ley y el orden, protección de la vida, las propiedades y los derechos y libertades fundamentales de las personas, y aplicación de todas las leyes que se encomiendan directamente a la policía.

Es importante subrayar que el Servicio de Policía existe para proteger la vida de los ciudadanos de Malawi y garantizar el pleno disfrute de sus derechos. No se trata, por lo tanto, de un instrumento de opresión. A lo largo de la corta historia del país, se han tenido que superar dificultades para establecer un Servicio de Policía profesional y competente. Aunque en la Constitución de 1994 se definen claramente las funciones del Servicio, ha habido discrepancias entre los ideales proclamados en la ley y la realidad práctica sobre el terreno. Con la promulgación de la Ley de Policía en 2010 se buscaba introducir cambios drásticos para subsanar esas deficiencias.

La Ley prevé el establecimiento de una Comisión de Reclamaciones de carácter independiente, que todavía no se ha constituido, encargada de investigar denuncias de brutalidad, muertes en circunstancias dudosas o casos de comportamiento indebido por parte de la policía. También ha establecido un sistema de visitantes legos, consistente en que un equipo integrado por representantes de la población local inspecciona las condiciones de detención en cada comisaría de policía. Además, en la Ley se regulan detalladamente la celebración de reuniones públicas y manifestaciones y las actividades de prevención de disturbios en los partidos de fútbol.

Persisten muchos problemas, y ante todo el de la falta de recursos y de capacidad. Los resultados del Estudio de referencia sobre la justicia en Malawi realizado en 2010 indican que la relación entre efectivos de la policía y población sigue siendo baja, de menos de 1 agente de policía por cada 1.000 habitantes. En 2010, la relación era de 1:1.450, frente al objetivo recomendado de 1:500. La situación es peor en las zonas rurales, con una relación de 1:6.455, frente a la de 1:266 de las zonas urbanas.

K.Ministerio de Igualdad de Género, Protección de la Infanciay Asistencia Social

Este Ministerio es el motor que mueve la maquinaria gubernamental de aplicación de medidas relacionadas con la igualdad de género y la protección de la infancia, y se encarga de aplicar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en nombre del Gobierno. El Ministerio tiene presencia en casi todos los distritos de Malawi. Dado que tiene un departamento encargado de asuntos de la infancia, también se encarga de la Convención sobre los Derechos del Niño. Ha sido decisivo en el establecimiento de centros de coordinación de los asuntos de igualdad de género en otros ministerios y departamentos, lo que ha aumentado su visibilidad general en el sector público. Desde su creación, el Ministerio de Igualdad de Género siempre ha estado dirigido por una ministra. En la actualidad, el Primer Secretario es una mujer que sustituyó a un hombre. Cabe señalar que el Director de Asuntos de Igualdad de Género es un hombre.

L.Ministerio de Justicia y Asuntos Constitucionales

El Ministerio de Justicia y Asuntos Constitucionales desempeña un papel importante en el ámbito de los derechos humanos y el estado de derecho. El Ministerio estableció recientemente una Dependencia de Derechos Humanos encargada de coordinar las cuestiones relacionadas con los derechos humanos y la presentación de informes, que no dispone, sin embargo, del personal y la capacidad necesarios. La Dirección del Ministerio Público, responsable de todos los procedimientos penales, depende orgánicamente del Ministerio de Justicia. Su mandato se enuncia en los artículos 99 a 102 de la Constitución, que lo facultan para incoar, asumir, suspender y supervisar los procedimientos penales. Su Director es designado por el Presidente, con la aprobación del Comité de Nombramientos del Parlamento. La Dirección tiene el deber de garantizar que los sospechosos en causas penales gocen de todos sus derechos constitucionales, entre los que se incluye el de ser juzgados en un plazo razonable, lo que ha planteado dificultades considerables, especialmente en casos graves, como los de homicidio. En los últimos años ha mejorado algo la situación gracias al establecimiento del Grupo de Trabajo sobre Homicidios, integrado por componentes clave del sector de la justicia penal. Se han logrado, así, esclarecer 1.272 homicidios desde 2009.

El Departamento de Asistencia Jurídica ha formado parte tradicionalmente del Ministerio de Justicia como dependencia encargada de la prestación de asistencia jurídica a los ciudadanos. La Ley de Asistencia Jurídica promulgada a principios de 2011 ha modificado profundamente el entramado jurídico y organizativo de los servicios de asistencia jurídica en Malawi al disponer el establecimiento de la Oficina de Asistencia Jurídica como entidad independiente no integrada en el Ministerio de Justicia. Una vez establecida, la Oficina de Asistencia Jurídica funcionará con total independencia de cualquier persona o autoridad. La Oficina estará a cargo de un Director, asistido por un Director Adjunto. Con su establecimiento se planea subsanar las enormes lagunas que presentan los servicios de asistencia jurídica en Malawi, especialmente por las dificultades de acceso a esos servicios de las personas que más los necesitan. Por esa razón, la Oficina funcionará de forma descentralizada, con centros de asistencia jurídica repartidos por todo el país, a diferencia del Departamento de Asistencia Jurídica, que solo cuenta con oficinas en los centros urbanos de Blantyre, Lilongwe y Mzuzu.

En el artículo 4 de la Ley se asignan a la Oficina los siguientes cometidos y funciones: prestación de asistencia jurídica, enlace y cooperación con las organizaciones de la sociedad civil y otras entidades para la prestación de asistencia jurídica, realización de investigaciones sobre diversos aspectos de la asistencia jurídica, y preparación de informes y recomendaciones al Ministro.

La asistencia jurídica se ha definido en sentido amplio para incluir las funciones de asesoramiento jurídico, asistencia letrada, representación ante los tribunales y órganos y autoridades similares, y educación cívica e información sobre las leyes. La Oficina tiene, pues, un amplio mandato, en particular por la inclusión en él de disposiciones de educación cívica e información sobre las leyes como parte de los servicios de asistencia jurídica. También se prevé que la Oficina abra más oficinas locales por todo el país con el fin de facilitar el acceso a la asistencia jurídica. El artículo 28 de la Ley permite a la Oficina concertar lo que se denominan acuerdos de cooperación con organizaciones de la sociedad civil para la prestación de asistencia jurídica, lo que tiene gran importancia habida cuenta de la considerable presencia de las organizaciones de la sociedad civil en el sistema de justicia. Aunque ya se había observado y destacado el papel de la sociedad civil, la disposición dedicada específicamente a la cooperación entre la Oficina y las organizaciones de la sociedad civil otorga, por primera vez, a estas reconocimiento oficial en el sistema de justicia penal.

Se establece, por ley, una Oficina del Administrador General , que depende operativamente del Ministerio de Justicia y se encarga de administrar el patrimonio de las personas que hayan fallecido sin testar. La Oficina se rige, además de por la Ley del Administrador General, por la Ley del Impuesto sobre las Sucesiones y la Ley sobre la Sucesión de Personas Fallecidas (Testamentos, Herencias y Protección).

A pesar haber sido establecida oficialmente y de contar con un mandato explícito, la Oficina tienen muchos problemas, que dan lugar a demoras en el cumplimiento de sus obligaciones. Hasta 2011, tenía su sede en Blantyre, que se halla en la Región Meridional del país, lo que provocó que los beneficiarios tuvieran graves problemas de acceso. Las viudas que solían viajar hasta Blantyre para percibir las prestaciones a que tenían derecho por la muerte de sus difuntos esposos se encontraban con demoras que las obligaban a gastar el dinero que tenían para mantenerse, con lo que caían en la indigencia. Asimismo, el hecho de que los archivos no estuvieran informatizados hacía que, en numerosos casos, se perdieran datos, lo que menoscababa las probabilidades de que las personas dispusieran de esas prestaciones por muerte de familiares con puntualidad.

Según el Administrador General, se están abordando y resolviendo esos problemas. Desde que la Oficina se trasladó a Lilongwe, ha mejorado el acceso que tienen a ella las personas procedentes de los extremos del país. Se han abierto más oficinas regionales, que han prestado asistencia a las personas con familiares fallecidos. Asimismo, la Oficina procura informatizar sus archivos, para reducir, si no erradicar, los casos de pérdida de datos y expedientes.

M.Sociedad civil

Malawi cuenta con una dinámica sociedad civil, que ha ido adquiriendo creciente influencia en los últimos años. El funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil, conocidas como organizaciones no gubernamentales (ONG), se rige por la Ley de las Organizaciones No Gubernamentales (denominada en lo sucesivo Ley de las ONG) (capítulo 5:05 de las Leyes de Malawi), que se aplica a las instituciones u organizaciones constituidas para promover el bien común, con exclusión explícita de iglesias, organizaciones religiosas, partidos políticos, sindicatos y clubes sociales. Esa Ley, como marco de regulación de la actividad de las ONG, tiene por objeto promover el desarrollo y los valores de una sociedad civil dinámica e independiente, y está estructurada en torno a los tres componentes fundamentales de todo sistema de regulación de las ONG, a saber, la inscripción, la supervisión, y la detección y corrección de las prácticas indebidas. Los artículos 20 a 24 de la parte VI de la Ley de las ONG tratan del registro de las ONG en Malawi. Se establecen los siguientes requisitos para la inscripción: órgano rector y plan de actividades de la organización, fuentes de financiación, estados financieros anuales comprobados más recientes, y constancia de que la organización es miembro del Consejo de Organizaciones No Gubernamentales de Malawi (CONGOMA), que agrupa a todas las ONG del país. Con fines de supervisión y detección de las prácticas indebidas, la Ley establece la obligación de que las ONG informen sobre sus actividades a la Junta de las ONG, presenten anualmente estados financieros comprobados, revelen sus fuentes de financiación y comuniquen las actividades realizadas cada año.

N.Oficina de Lucha contra la Corrupción

En sus esfuerzos por combatir la corrupción, el Gobierno creó, en 1998, la Oficina de Lucha contra la Corrupción como organismo estatal independiente, con el mandato de investigar los casos de corrupción, abuso de poder y otros delitos relacionados con la corrupción, e incoar las acciones judiciales correspondientes. En 2005, el Gobierno anunció una política de tolerancia cero contra la corrupción. En el cuadro 4 infra, se muestran los casos de corrupción de los que se ha ocupado la Oficina desde 2005.

Cuadro 4Número de casos tramitados por la Oficina de Lucha contra laCorrupción, 2005 a 2011

	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	Total
ci
Reclamaciones recibidas	1 008	795	938	1 553	2 104	1 961	8 359
Reclamaciones sobre las que se ha autorizado una investigación	175	301	134	304	351	251	1 516
Reclamaciones pendientes de la adopción de medidas	56	42	333	834	1 225	1 293	3 673
Investigaciones concluidas	255	246	276	480	634	463	2 354
Casos cerrados/en revisión	1 024	0	0	0	0	219	1 243
Casos remitidos a la fiscalía	82	68	95	128	152	153	678
Casos cerrados tras el dictamen jurídico	168	178	198	352	482	310	1 688
Casos pendientes de medidas administrativas	5	0	0	0	0	0	5
Casos remitidos a la Dirección del Ministerio Público	0	0	0	0	0	0	0
Procedimientos judiciales concluidos	22	16	21	20	25	34	138
Condena	15	10	9	9	10	23	76
Absolución	5	5	8	7	12	4	41
Retirada de cargos o anulación del procedimiento	2	1	4	4	3	10	24

Fuente: Oficina de Lucha contra la Corrupción, 2012.

Entre las investigaciones concluidas se incluyen las investigaciones preventivas contra la corrupción. El número de investigaciones concluidas es mayor que el de investigaciones autorizadas porque comprende las iniciadas en años anteriores. Sigue aumentando la proporción de investigaciones concluidas que se remiten a la fiscalía. En la actualidad hay más de 70 casos planteados ante los tribunales.

IV.Igualdad, no discriminación y recursos efectivos

A.Igualdad y no discriminación

El principio de igualdad y no discriminación es uno de los pilares de la Constitución de la República de Malawi. En el artículo 4 de la Constitución se establece que esta es vinculante para todos los órganos ejecutivos, legislativos y judiciales del Estado a todos los niveles de gobierno y que todos los ciudadanos de Malawi tienen derecho a la misma protección en el marco de la Constitución y de las leyes promulgadas a su amparo.

En el artículo 20 se garantiza el principio de igualdad ante la ley y de igualdad de protección ante cualquier forma de discriminación y se prohíbe discriminar a las personas de la forma que sea y se les garantiza a todas ellas, al amparo de cualquier ley, una protección igual y efectiva contra la discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, convicciones políticas o de otro tipo, nacionalidad, ascendencia étnica o extracción social, discapacidad, patrimonio, cuna u otra condición. En el artículo mencionado también se prevé la promulgación de disposiciones tendentes a corregir las desigualdades sociales y a prohibir las prácticas discriminatorias y su propagación y hacerlas penalmente sancionables por los tribunales.

En el artículo 41 1) de la Constitución se establece que toda persona tiene derecho a ser reconocida como tal ante la ley. El derecho a la igualdad y al reconocimiento igualitario ante la ley no se puede limitar, restringir o derogar.

En la Constitución también se tratan específicamente la igualdad entre los géneros y la no discriminación por motivos de género. En virtud de los Principios de política nacional proclamados en el artículo 13 de la Constitución, el Estado debe promover activamente el bienestar y el desarrollo de la población de Malawi adoptando y aplicando progresivamente políticas y legislación encaminadas a lograr la igualdad entre las mujeres y los hombres.

En el artículo 20 se enuncia que el sexo es uno de los motivos de discriminación que se prohíben y en el artículo 24, relativo a los derechos de las mujeres, se enuncian otros dos motivos: el estado civil y el género.

Las personas con discapacidad también están protegidas por el artículo 20 de la Constitución. Además, en el artículo 13 se dispone que el Gobierno aplicará políticas tendentes a garantizar a esas personas un acceso adecuado a los lugares públicos, igualdad de oportunidades de empleo y plena participación en todos los ámbitos de la vida del país. En 2009, Malawi ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En 2010, se añadió a la Constitución una enmienda en virtud de la cual el Estado se comprometía a que el Gobierno favoreciera la dignidad y la calidad de vida de las personas con discapacidad proporcionándoles, entre otras cosas, acceso adecuado a los lugares públicos. En virtud de la misma enmienda, se modificó el artículo 23, relativo a los derechos de los niños, para reconocer que los niños con discapacidades se hallaban en condiciones de desventaja especial y que, dadas esas condiciones, tenían derecho a recibir, cuando procediera, asistencia del Estado.

El proyecto de ley de discapacidades, que el Gabinete había tenido en estudio durante años, se aprobó como ley en mayo de 2012, una ley que, con el apoyo del marco constitucional que acaba de exponerse en los párrafos anteriores, favorecerá la promoción y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad.

Aunque los principios de igualdad y no discriminación se asientan en un sólido marco constitucional, persisten problemas de desigualdad y discriminación, en particular contra grupos vulnerables como las mujeres y los niños. El Gobierno de Malawi ha promulgado leyes y aplicado políticas y programas encaminados a subsanar las desigualdades y a promover activamente la no discriminación. Se enumeran a continuación algunos ejemplos:

a)Se ha aprobado la Ley de Prevención de la Violencia Doméstica, de 2006.

b)Se promulgó la Ley sobre la Sucesión de Personas Fallecidas (Testamento, Herencia y Protección), de 2011.

c)Se ha procedido a un examen de las disposiciones discriminatorias sobre matrimonio y divorcio, en el que se ha fundamentado la elaboración del proyecto de ley sobre el matrimonio, el divorcio y las relaciones familiares, de 2006.

d)La Política nacional para los huérfanos y otros niños vulnerables, de 2009, promueve, de forma coordinada, el cuidado, la protección y el desarrollo de esos niños con el fin de proporcionarles un entorno en el que puedan disfrutar plenamente de sus derechos y realizar todo su potencial.

e)El Programa acelerado de educación para las niñas que aplica el Ministerio de Educación promueve la mejora de las infraestructuras escolares, y en particular de las instalaciones sanitarias, con el fin de crear un entorno más adecuado a las necesidades de las alumnas.

f)Se están adoptando medidas de discriminación positiva o acción afirmativa para la concesión de becas a alumnos necesitados. En la actualidad se conceden más becas a niñas con el fin de corregir la situación actual de desigualdad de acceso a la educación, que presenta un sesgo favorable a los varones.

g)Se aplica, asimismo, un programa de readmisión para madres jóvenes con el fin de facilitar la reanudación de los estudios interrumpidos prematuramente por la maternidad.

h)El Ministerio de Educación está realizando, asimismo, un esfuerzo deliberado por asegurar la igualdad de oportunidades entre niños y niñas en la selección para el paso de la enseñanza primaria a la secundaria, lo que no ocurría hasta ahora.

i)El Marco de Inversión en Política Educativa, que es el marco estratégico nacional en la esfera de la enseñanza, promueve la igualdad educativa mediante el establecimiento de un entorno acogedor que atienda a las necesidades de los niños y de las niñas, así como a las de los niños con necesidades especiales y los niños con discapacidad grave.

j)Se ha introducido recientemente, en el proceso de selección de estudiantes para el ingreso en la Universidad de Malawi, un sistema de cupos que tiene por objetivo corregir las desigualdades de acceso a la educación universitaria.

k)El suministro de fertilizantes y otros insumos agrícolas subvencionados a personas de edad, personas muy pobres, personas con discapacidad y otros grupos socialmente desfavorecidos, tiene también por objetivo corregir las desigualdades de acceso a los recursos agrícolas y, por ende, a los alimentos.

Malawi también está tramitando la Ley sobre Igualdad entre los Géneros, con la que se propone, entre otros objetivos, eliminar las prácticas culturales perjudiciales con el fin de proteger a los niños, y especialmente a las niñas, contra las prácticas culturales discriminatorias que afectan negativamente a su desarrollo físico y psicológico.

Asimismo, Malawi ha ratificado la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Habida cuenta de las disparidades existentes entre lo proclamado en la Constitución y los instrumentos internacionales pertinentes y la realidad sobre el terreno, el Gobierno, atendiendo a recomendaciones de la Comisión Jurídica, está aplicando una ley tendente a suprimir prácticas nocivas (ya sean sociales, culturales o religiosas) que perpetúan el sometimiento de la mujer y que propician relaciones de explotación sexual. Se recomienda que se fije un cupo mínimo del 40% y un cupo máximo del 60% en los ámbitos del empleo, la educación y la administración pública.

B.Recursos efectivos

La Constitución de Malawi proporciona un marco para la reparación de las violaciones de los derechos y libertades. Su artículo 15 1) dispone que todos los órganos de los tres poderes han de respetar y promover, en su totalidad, los derechos y libertades proclamados en la Constitución. En esta se prevén, asimismo, recursos efectivos en casos de violaciones de derechos o de amenazas para el ejercicio de esos derechos.

A esos recursos puede accederse por medio de los tribunales, la Comisión de Derechos Humanos, la Oficina del Defensor del Pueblo y otros órganos gubernamentales. El artículo 41 3) de la Constitución hace posible actuar con eficacia ante toda vulneración de cualquier derecho (proclamado en ella o en otra ley) o incluso ante una mera amenaza al disfrute de cualquier derecho.

En la Constitución ya se establece que se impongan sanciones penales por la violación de determinados derechos, como en los casos de discriminación previstos en el artículo 20. A la luz de lo anterior, cabe ver las sanciones penales como una forma de recurso accesible en el marco de la protección de los derechos humanos.

El artículo 43 de la Constitución establece el derecho a una administración de justicia adecuada. Las decisiones del Gobierno están sujetas a examen judicial y los tribunales están facultados para otorgar recursos efectivos en casos de violación de derechos.

Por ejemplo, se han presentado numerosas demandas por daños y perjuicios en casos de encarcelamiento injustificado, como en la causa Martin Machipisa Munthali c. el Fiscal General (causa civil Nº 52 de 1993), en la que se otorgó al demandante una indemnización por daños y perjuicios por habérsele mantenido injustificadamente en prisión durante 27 años. En la causa Felix Katha c. el Fiscal General (causa civil Nº 988 de 2007) también se otorgó al demandante una indemnización por haber sido encarcelado por error durante 2 meses.

Apéndice I

[Inglés ú nicamente]

Status of Law Reform of Programmes in Malawi (1996–2011)

No.	Report title	Year of publication	Proposed legislation	Status
1.	Review of certain laws on Defilement of young girls, Wills and Inheritance, Citizenship, Marriage and Affiliation	October, 1996	(1) Penal Code (Amendment) Bill	Enacted in 1997 and 1998
			(2) Wills and Inheritance (Amendment) Bill	Enacted in 1997 and 1998
			(3) Citizenship (Amendment) Bill	Enacted in 1997 and 1998
			(4) Marriage (Amendment) Bill	Enacted in 1997 and 1998
			(5) Affiliation Act (Amendment) Bill	Enacted in 1997 and 1998
2.	Technical Review of the Constitution	November, 1998	Constitution (Amendment) Bill	Enacted as Act No. 11 of 2010
3.	Criminal Justice Reform on Bail Guidelines	February, 2000	Bail (Guidelines) Bill	Enacted as Act No. 14 of 2000
4.	Review of the Penal Code	June, 2000	Penal Code (Amendment) Bill	Enacted as Act No. 1 of 2011
5.	Review of the Army Act	July, 2001	Defence Forces Bill	Enacted as Act No. 11 of 2004
6.	Review of Censorship and Control of Entertainment Act	August, 2001	Classification of Public Entertainment and Publications Bill	Before Cabinet
7.	Review of the Legal Education and Legal Practitioners Act	September, 2002	Legal Education and Legal Practitioners (Amendment) Bill	Enacted as Act No. 9 of 2004
8.	Review of the Corrupt Practices Act	November, 2002	Corrupt Practices (Amendment) Bill	Enacted as Act No. 17 of 2004
9.	Review of the Police Act	July, 2003	Police Bill	Enacted as Act No. 12 of 2010
10.	Review of the Criminal Procedure and Evidence Code	December, 2003	Criminal Procedure and Evidence Code (Amendment) Bill	Enacted as Act No. 14 of 2010
11.	Criminal Justice Reform on Conversion of Fines	December, 2003	Fines (Conversion) Bill	Enacted as Act No. 10 of 2005
12.	Review of the Wills and Inheritance Act	January, 2004	(1) Deceased Estates, (Wills, Inheritance, and Protection) Bill	Enacted as Act No. 14 of 2011
			(2) Estate duty (Amendment) Bill
13.	Review of the Legal Aid Act	July, 2005	Legal Aid Bill	Enacted as Act No. 7 of 2011
14.	Review of Children and Young Persons Act	October, 2005	Child Care, Protection and Justice Bill	Enacted as Act No. 22 of 2010
15.	Review of the Land Related Laws	March, 2010	(1) Land Bill	Before cabinet
			(2) Customary Land Bill
			(3) Registered Land (Amendment) Bill
			(4) Physical Planning Bill
			(5) Forestry (Amendment) Bill
			(6) Public Roads (Amendment) Bill
			(7) Mines & Minerals (Amendment) Bill
			(8) Land Survey Bill
			(9) Land Acquisition (Amendment) Bill
			(10) Local Government (Amendment) Bill
			(11) Malawi Housing Corporation (Amendment) Bill
			(12) Companies (Amendment) Bill
16.	Review of the Laws on Marriage and Divorce	June, 2006	(1) Marriage, Divorce and Family Relations Bill	Before Parliament
			(2) Penal Code (Amendment) Bill
17.	Review of Traditional Courts Act	September, 2007	Local Courts Bill	Enacted as Act No. 9 of 2011
18.	Review of the Constitution	September, 2007	(1) Constitution (Amendment) Bill	Before Cabinet
			(2) Constitution (Amendment) (No. 2) Bill
			(3) Impeachment of President Bill
			(4) Political Parties Registration and Regulation (Amendment) Bill
			(5) Electoral Commission (Amendment) Bill
			(6) Parliamentary and Presidential Elections (Amendment) Bill
			(7) Courts (Amendment) Bill
			(8) Ombudsman (Amendment) Bill
19.	Development of Legislation on Declaration of Assets, Liabilities and Business interests by Public and Elected Officers	August, 2008	(1) Public Officers Declaration of Assets, Liabilities and Business Interests Bill	Before Cabinet
			(2) Parliamentary and Presidential Elections (Amendment) Bill
			(3) Local Government Elections (Amendment) Bill
20.	Development of HIV and AIDS Legislation	December, 2008	(1) HIV and AIDS (Prevention and Management) Bill	Before Cabinet
			(2) Employment (Amendment) Bill
21.	Review of Education Act	March, 2010	Education Bill	Before Cabinet
22.	Development of Gender Equality Statute		Gender Equality Bill	Before Cabinet
23.	Development of Human Trafficking Legislation	February, 2011	(1) Trafficking in Persons Bill (2) Tourism and Hotels (Amendment) Bill (3) Immigration (Amendment ) Bill (4) Penal Code ( Amendment) Bill (5) Extradition (Amendment) Bill (6) Child Care, Protection and Justice (Amendment) Bill	Before Cabinet

Apéndice II

[ Inglés únicamente ]

List of human rights instruments to which Malawi is a party

	Convention	Date
1.	International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)	22nd December, 1993
2.	International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)	22nd December, 1993
3.	Optional Protocol to the International Covenant for Civil and Political Rights	11th June, 1996
4.	International Covenant on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination	11th June, 1996
5.	Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women	17th March, 1987
6.	United Nations Convention Against Transnational Organized Crime	17th March, 2005
7.	Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime	17th March, 2005
8	Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime	17th March, 2005
9.	Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery	2nd August, 1965
10	Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others	13th October 1965
11.	Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment	17th November, 1996
12.	Convention on the Rights of the Child	2nd January, 1991
13.	Convention Concerning the Prohibition and the Immediate Action for the Elimination of Worst Forms of Labour	19th November, 2000
14.	1951 Convention Relating to Status of Refugees	10th December, 1987
15.	1967 Protocol relating to the Status of Refugees	10th December, 1987
16.	Rome Statute of the International Criminal Court	1st December, 2002
17.	Geneva Conventions of 12 August 1949	5th January, 1968
18.	Protocol for the Prohibition of the Use of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases and of Bacteriological Methods of Warfare, 17 June 1925	14th September, 1970
19.	Convention on the Prohibition of Military or any Hostile Use of Environmental Modification Techniques, 10 December, 1976	5th October, 1978
20.	Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1977	7th April, 1997
21.	Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction	14th June, 1998
22.	Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction	13th August, 1998
23.	Convention on the prohibition of the development, production, stockpiling and use of chemical weapons and on their destruction, Paris 13 January 1993	11th June, 1998
24.	Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict, 25 May 2000	21st September, 2010
25.	Convention on Cluster Munitions, 30 May 2008	7th October, 2009
26.	International Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, 1970	21st December, 1972
27.	Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, 1963	28th December, 1972
28.	International Convention Against the taking of Hostages, 1979	17th March, 1986
29.	Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, 1973	14th March, 1977
30.	International Convention on the Suppression of Terrorist Bombing 1997	11th August, 2003
31.	International Convention for the Suppression of Financing of Terrorism, 1999	11th August, 2003
32.	Convention on Specific Aspects of Refugee Problems in Africa, 1974	4th November, 1987
33.	African Charter for Human and Peoples Rights	17th November, 1989
34.	African Charter on Rights and Welfare of the Child	17th November, 1999