Documento básico que forma parte integrantede los informes de los Estados partes

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte *

[9 de marzo de 2010]

Índice

Párrafos Página

I.Información general 1–1383

A.Características demográficas, económicas, sociales y culturales del Estado13

B.Estructura constitucional, política y jurídica2–1386

II.Marco jurídico general de la protección de los derechos humanos139–23330

A.Aceptación de las normas internacionales de derechos humanos139–14330

B.Marco jurídico de protección de los derechos humanos en el plano nacional144–20531

C.Marco para la promoción de los derechos humanos a nivel nacional206–23240

D.Proceso de presentación de informes a nivel nacional23345

III.Información sobre la no discriminación y la igualdad y recursos efectivos234–24546

I.Información general

A.Características demográficas, económicas, sociales y culturales del Estado

1.Datos estadísticos fundamentales sobre el Reino Unido, basados en las cifras más actualizadas de que se dispone.

Reino Unido

Población
Tamaño	60975300
Crecimiento respecto del año anterior	0,64%
Densidad (personas por km2)	250
Número de hombres por cada 100 mujeres	96
Grupos étnicos	Blancos (92,1%), mestizos (1,2%), asiáticos o asiáticos británicos (4,0%), negros o negros británicos (2,0%), chinos (0,4%), otros grupos étnicos (0,4%) (abril de 2001)
Porcentaje de población menor de 16 años	18%
Porcentaje de población mayor de 65 años	16%
Porcentaje de población residente en zonas urbanas	79,7% (abril de 2001)
Religión	Cristianos (71,8%), ateos (15,1%), sin religión declarada (7,8%), musulmanes (2,8%), hindúes (1,0%), sijs (0,6%), judíos (0,5%), budistas (0,3%), otras religiones (0,3%) (abril de 2001)
Mortalidad infantil – número de fallecimientos de niños menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos	54,8
Tasa de nacimiento	772 200 por 1.000 nacidos vivos en 2007 (12,7 por 1.000 habitantes)
Tasa de mortalidad – por 1.000 habitantes
Hombres	9,1
Mujeres	9,6
Esperanza de vida – al nacer
Hombres	77,2 años
Mujeres	81,5 años
Tasa de fecundidad – niños por mujer	1,90
Tamaño promedio de las familias	2,4 personas por familia (abril de 2001)
PIB	1,4 billones de libras esterlinas
PIB per cápita	22 992,91 libras esterlinas
Inflación	3,0%
Déficit/superávit público	-78 000 millones de libras esterlina (5,4% del PIB)
Deuda pública	750 300 millones de libras esterlinas (52% del PIB)
Tasa de empleo	74,1% (29,36 millones de libras esterlinas) (junio‑agosto de 2007)
Adultos alfabetizados	99,0% (2009)

Indicadores del sistema político

Indicador	Valor
Número de partidos políticos reconocidos a nivel nacional	125 partidos políticos (además de candidatos independientes)
Proporción de la población en condiciones de votar	Tasa media de empadronamiento del 91%
Proporción de no ciudadanos empadronados	Del 8% al 9% no empadronados
Número de denuncias registradas sobre la celebración de elecciones, por tipo de presunta irregularidad	Dos peticiones recibidas en las elecciones generales de 2005
Comparación entre votos y escaños en las elecciones generales de 2005	Partido Laborista: 35,3% y 356 escaños (55%); Partido Conservador: 32,3% y 198 escaños (31%); Partido Demócrata Liberal: 22,1% y 62 escaños (10%); otros 10,3% y 30 escaños (4%)
Porcentaje de mujeres en el Parlamento	128 mujeres elegidas entre los miembros del Parlamento (casi el 20% de todos los miembros
Proporción de las elecciones nacionales y subnacionales celebradas conforme al calendario legislativo establecido	En todas las elecciones (100%)
Participación media de votantes en las elecciones nacionales y subnacionales en las administraciones autónomas	Parlamento del Reino Unido:61,4% (2005), 59,4% (2001), 71,4% (1997) Asamblea de Irlanda del Norte:61% (2005), 59% (2001), 72% (1997) Parlamento de Escocia:52% (2007), 49% (2003), 58% (1999) Asamblea de Gales:43,7% (2007), 46% (1999)

B.Estructura constitucional, política y jurídica

1.El sistema de gobierno

2.El sistema de gobierno parlamentario del Reino Unido no se basa en una constitución escrita, sino que es el resultado de una evolución gradual a lo largo de varios siglos. La esencia del sistema actual, que tiene ya más de dos siglos, consiste en que los dirigentes políticos que ejercen el poder ejecutivo son miembros del Parlamento y responden ante una asamblea elegida, la Cámara de los Comunes, cuyos miembros representan a los distintos distritos electorales de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. La permanencia en funciones del Gobierno depende del apoyo de una mayoría de la Cámara de los Comunes, en la que ha de responder a la crítica fundamentada y pública de una oposición capaz de sucederle si el electorado así lo decide.

3.El Parlamento del Reino Unido tiene tres componentes: la Reina y las dos cámaras (la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, esta última elegida por el pueblo), que están exteriormente separados. Las cámaras, cuya composición se basa en principios diferentes, solo celebran reuniones conjuntas en ocasiones de carácter simbólico, como la coronación o la ceremonia de apertura del Parlamento, en que la Reina convoca a los Comunes a la Cámara de los Lores. Como órgano legislativo del Estado, sin embargo, el Parlamento es un órgano institucional que, con algunas excepciones (véase infra), no puede legislar sin el concurso de todas sus partes.

4.La Ley orgánica del Parlamento de 1911 fijó en cinco años la duración del período parlamentario (si bien el Parlamento puede ser disuelto y pueden celebrarse elecciones generales antes de que se cumpla la totalidad del plazo). Al no estar sujeto al tipo de limitaciones legales impuestas a los órganos legislativos de los países que tienen constituciones escritas, el Parlamento goza prácticamente de libertad total en materia legislativa: en términos generales, puede, pues, promulgar, derogar o modificar cualquier ley, legalizar situaciones ilegales, invalidar y declarar punibles actos que en su momento fueron legales, y anular, de ese modo, decisiones de los tribunales ordinarios; puede también dejar sin efecto convenios vigentes o convertir un convenio en ley vinculante.

5.En la práctica, sin embargo, el Parlamento no ejerce su supremacía de esta manera, ya que sus miembros, que tienen presente el derecho no escrito (common law) que se ha ido elaborando a lo largo de los siglos, tienden a actuar de conformidad con los precedentes y la tradición. Además, ambas cámaras son sensibles a la opinión pública y si bien la validez de una ley del Parlamento que ha sido debidamente aprobada, y legalmente promulgada y publicada por la autoridad pertinente, no puede ser impugnada ante los tribunales, es improbable que un Parlamento apruebe una ley que sepa que no va a contar con el apoyo de la opinión pública. El sistema británico de gobierno basado en los partidos contribuye a garantizar que la labor legislativa del Parlamento se lleve a cabo teniendo en cuenta su responsabilidad ante el electorado.

a)La Corona y el Parlamento

6.Constitucionalmente, la existencia jurídica del Parlamento depende del ejercicio de las prerrogativas reales (es decir, en términos generales, del conjunto de los poderes residuales que mantiene la Corona). Sin embargo, los poderes de la Corona en relación con el Parlamento están sujetos a limitación y modificación por vía legislativa y siempre se ejercen con el asesoramiento de los ministros, que son responsables ante el Parlamento, y por conducto de estos.

7.En su calidad de "cabeza" temporal de la Iglesia de Inglaterra, la Reina designa, atendiendo a los consejos del Primer Ministro, a los arzobispos y obispos, algunos de los cuales forman parte de la Cámara de los Lores a título de "Lores eclesiásticos". Como "dispensadora de honores", la Reina confiere también a ciertas personas (por recomendación del Primer Ministro, el cual consulta a su vez, por lo general, a otras personas) la condición de "par"; esto significa que los "Lores laicos", que constituyen el resto de la Cámara Alta, también han sido creados por prerrogativa real, pudiéndose aumentar su número en todo momento.

8.El Parlamento es convocado por proclamación real, y es igualmente la Reina la que lo prorroga (o suspende hasta el siguiente período de sesiones) y la que lo disuelve. Al comienzo de cada período de sesiones, la Reina declara personalmente abierto el Parlamento. En la ceremonia de apertura, la Reina se dirige a los Lores y a los Comunes reunidos en asamblea, y en su discurso, que es redactado por sus ministros, expone las líneas generales de la política del Gobierno y propone el programa legislativo para el período de sesiones que se inicia.

9.Ninguna ley puede entrar en vigor sin la sanción de la Soberana, sanción que, según la práctica establecida, es generalmente comunicada al Parlamento por los presidentes (speakers) de las dos cámaras. Por otra parte, la Soberana conserva, además del derecho a ser consultada, el derecho a promover la adopción de ciertas decisiones, o, por el contrario, de precaver de tal adopción, pero hace mucho que el derecho de veto en materia legislativa ha caído en desuso.

b)Los períodos de sesiones del Parlamento

10.El mandato del Parlamento se divide en períodos de sesiones. Cada período de sesiones suele durar un año y por lo general concluye con una prórroga, aunque también puede ser disuelto. Durante un período de sesiones, cualquiera de las cámaras puede suspender las sesiones por propia iniciativa y hasta la fecha que estime oportuna.

11.Al clausurarse un período de sesiones, la prórroga suele entrar en vigor mediante un anuncio hecho a ambas cámaras en nombre de la Reina, en la Cámara de los Lores. La prórroga se mantiene en vigor hasta una fecha establecida, fecha que a su vez puede retrasarse o anticiparse mediante una proclama ulterior. La prórroga supone la cesación inmediata de prácticamente todas las actividades parlamentarias. Esto significa que todos los proyectos de ley parlamentarios no completados durante el período de sesiones deben volver a presentarse en el período siguiente a menos que se desista de ellos.

12.Por lo general, el Parlamento se declara disuelto al término del período de cinco años que dura su mandato, pero el Gobierno también puede solicitar su disolución antes de la conclusión de éste. Con arreglo a la práctica actual establecida, la continuidad del Parlamento queda garantizada por la declaración simultánea de la disolución del Parlamento y de la convocatoria de elecciones, con indicación de la fecha en que deberá reunirse el nuevo Parlamento elegido.

13.La suspensión de las sesiones no afecta a la labor parlamentaria en curso. El Parlamento puede volver a reunirse antes de lo previsto (en el caso de una suspensión de más de 14 días), ya por proclamación real, ya, si el interés público lo requiere, con mayor urgencia, haciendo uso de los poderes que cada cámara otorga especialmente a su presidente.

c)Traspaso de competencias

14.En el Reino Unido se concedió autonomía de gobierno, tras la celebración de referendos por mayoría simple, a Gales y Escocia en septiembre de 1997 y a Irlanda del Norte en mayo de 1998. En 1999, el Parlamento de Escocia, la Asamblea Nacional de Gales y la Asamblea de Irlanda del Norte comenzaron a ejercer sus poderes. El propósito del traspaso de competencias es descentralizar el poder y permitir la adopción de decisiones ejecutivas sobre las cuestiones (como la salud, la educación y el medio ambiente) que se transfirieron a los órganos legislativos y las administraciones autónomas. El Parlamento del Reino Unido mantiene su soberanía y se reserva el derecho de legislar en relación con todas las cuestiones, transferidas o reservadas (como la defensa y la seguridad nacionales y los asuntos exteriores) pero prefiere no hacerlo en relación con las cuestiones transferidas sin recabar antes el consentimiento de los órganos legislativos autónomos pertinentes.

15.Tras la promulgación de la Ley de Escocia de 1998, se estableció el Parlamento escocés, que cuenta con 129 miembros elegidos cada cuatro años por el sistema del miembro adicional (una forma de representación proporcional).

16.Tras la promulgación de la Ley del Gobierno de Gales de 1998 (a la que siguió la Ley de Gobierno de Gales de 2006), se estableció la Asamblea Nacional de Gales, integrada por 60 miembros, 40 de ellos elegidos por el sistema electoral de mayoría relativa ( first past the post ) y 20 por el sistema del miembro adicional.

17.El Acuerdo de Belfast dio lugar a la transferencia de competencias a Irlanda del Norte por conducto de la Ley de Irlanda del Norte de 1998. Se estableció en consecuencia una Asamblea de 108 miembros con poderes legislativos y ejecutivos similares en su alcance a los del Parlamento de Escocia.

18.Como consecuencia de la transferencia de competencias, el Parlamento británico (Westminster) ha reconocido que, en relación con las cuestiones transferidas, corresponde a los parlamentos y las asambleas autónomas legislar en relación con cuestiones que recaen dentro de su competencia, aunque mantiene su derecho a legislar si así lo desea. A su vez, Westminster retiene el control de los asuntos exteriores, la defensa y la seguridad nacionales, las cuestiones macroeconómicas y fiscales, el empleo y la seguridad social.

19.El Parlamento escocés funciona en general según el modelo de Westminster y elige un Primer Ministro, que es el jefe del poder ejecutivo (ahora denominado el Gobierno de Escocia). El Parlamento y el poder ejecutivo de Escocia son responsables de la mayor parte de los aspectos de las políticas económicas y sociales internas. En la Ley de Escocia de 1998 se enumeran todas las cuestiones que están "reservadas" a Westminster y al Gobierno británico. Se considera que todas las cuestiones que no están enunciadas se han traspasado. El Parlamento escocés se financia con una subvención global del Gobierno británico.

20.La Ley del Gobierno de Gales de 2006 estableció una separación formal entre la Asamblea Nacional, como poder legislativo, y el Gobierno de la Asamblea de Gales, como poder ejecutivo. La Asamblea Nacional de Gales tiene mandato para promulgar medidas sobre determinadas cuestiones (o esferas de política definidas) dentro de "campos" de gobierno traspasados (enumerados en la Lista 5 de la Ley del Gobierno de Gales de 2006). Una vez que la Lista 5 se ha enmendado mediante la inclusión de un asunto, la Asamblea puede adoptar una medida o medidas que tienen el mismo valor que una ley del Parlamento (con algunas restricciones). La competencia legislativa de la Asamblea de Gales no es tan amplia como la del Parlamento de Escocia (en el caso de Gales el Gobierno del Reino Unido mantiene la responsabilidad de la policía y la justicia).

21.La Ley de Gobierno de Gales de 2006 dispone la celebración de un referéndum para establecer si la Asamblea debería gozar de facultades legislativas primarias en relación con las esferas de gobierno traspasadas. Para que el referéndum pueda llevarse a cabo la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores de Westminster y la Asamblea deben aprobar la orden de realización del referéndum. En virtud de la Ley de Gobierno de Gales de 2006, las funciones que ejerce la Asamblea se transfirieron a los ministros galeses, que también promulgan legislación subordinada. El Primer Ministro de Gales es el jefe ejecutivo del Gobierno de la Asamblea de Gales. El Primer Ministro es designado por la Asamblea y luego este nombra a los ministros del gabinete. La Asamblea y el Gobierno de la Asamblea de Gales se financian con cargo a una subvención global anual del Ministerio de Economía y Hacienda del Reino Unido.

22.El poder ejecutivo de Irlanda del Norte comprende 1 Primer Ministro, 1 Primer Ministro Adjunto y 10 ministros, distribuidos en proporción al caudal electoral de los partidos representados en la Asamblea. Hay comités que se ocupan de las principales funciones ejecutivas del Poder Ejecutivo de Irlanda del Norte. La composición y presidencia de cada comité se reparten también en proporción al caudal electoral de cada partido. Estos comités desempeñan funciones de examen, de formulación de políticas y de consulta. La Ley de Irlanda del Norte enuncia las cuestiones "traspasadas" (sobre las cuales la Asamblea puede legislar), las que están "reservadas" (cuestiones sobre las cuales la Asamblea puede legislar solo con el consentimiento del Secretario de Estado) y las que están "exceptuadas" (cuestiones que retiene Westminster). El 4 de octubre de 2002 el traspaso de competencias a Irlanda del Norte se suspendió, pero se restableció el 8 de mayo de 2007 después de que los dirigentes de los dos partidos principales, el Partido Unionista Democrático y Sinn Fein, celebraron conversaciones directas por primera vez y anunciaron su compromiso de formar un gobierno de coalición.

d)La Comunidad Europea

23.Desde la adhesión del Reino Unido a la Comunidad Europea en 1973, han entrado en vigor en el país las disposiciones del Acta de Adhesión a las Comunidades Europeas, de 1972, relativas a la aplicación del Tratado de Roma. Se han adoptado procedimientos parlamentarios especiales para mantener informados a los miembros de ambas cámaras del Parlamento británico acerca de las novedades que se registran en el ámbito de la Unión Europea. Estos procedimientos consisten en el examen de las propuestas legislativas de la Unión Europea en el Parlamento mediante la presentación por el Gobierno de las nuevas propuestas de la Unión Europea en el Parlamento acompañadas de memorandos explicativos (que tratan, por ejemplo, del principio de subsidiariedad, la base jurídica de las propuestas y sus repercusiones sobre los derechos fundamentales, así como sobre políticas en general y las consecuencias financieras para el Reino Unido).

e)La composición del Parlamento

24.El sistema bicameral es parte integrante del Gobierno parlamentario británico. La Cámara de los Lores (la cámara alta) y la Cámara de los Comunes (la cámara baja) se reúnen por separado y se basan en principios totalmente distintos, pero ambas cámaras participan en el proceso legislativo.

25.Desde los orígenes del Parlamento, el equilibrio de poderes entre las dos cámaras ha registrado cambios fundamentales, y ese proceso continuo de evolución y adaptación se ha acelerado mucho en los últimos 75 años. Con arreglo a la práctica actual, el poder parlamentario reside fundamentalmente en la Cámara de los Comunes, de elección popular, pero hasta el siglo XX el poder de veto de los Lores sobre las medidas propuestas por los Comunes era teóricamente ilimitado. Ahora, con arreglo a las Leyes orgánicas del Parlamento de 1911 y 1949, determinados proyectos de ley pueden convertirse en ley sin el consentimiento de los Lores. La Ley de 1911 restringió ya el derecho de los Lores a retrasar la aprobación de proyectos de ley relativos exclusivamente a gastos o impuestos y limitó su poder para rechazar otro tipo de leyes. Con arreglo a la Ley de 1911, los Lores solo podían retrasar por dos años la aprobación de los proyectos de ley. La Ley de 1949 redujo, a su vez, este plazo a un año.

26.Estas limitaciones de las facultades de la Cámara de los Lores se basan en la idea de que la principal función legislativa de esa Cámara debe reducirse a la revisión de los proyectos de ley, y de que su actividad no es opuesta sino complementaria de la de la Cámara de los Comunes.

i)La Cámara de los Comunes

27.La Cámara de los Comunes es una asamblea de representantes elegidos por sufragio universal de las personas que han alcanzado la mayoría de edad, y está integrada por hombres y mujeres (llamados miembros del Parlamento) que proceden de todos los sectores de la sociedad, con independencia de toda diferencia de orden económico o profesional. La Cámara de los Comunes tiene 646 escaños, que representan a todo el Reino Unido.

28.Los miembros de la Cámara de los Comunes, que mantienen sus escaños durante todo el período parlamentario, son elegidos en las elecciones generales que se celebran en caso de disolución del Parlamento y de convocación para la constitución de otro por la Soberana, o en las elecciones parciales que tienen lugar cuando se produce una vacante en la Cámara por fallecimiento o dimisión de uno de sus miembros, o como consecuencia de la elevación de un miembro a la Cámara de los Lores.

ii)La Cámara de los Lores

29.Actualmente la Cámara de los Lores tiene 743 miembros. La reforma de la Cámara de los Lores ha sido uno de los temas prioritarios del programa político del Gobierno desde que asumió su mandato en 1997. Aunque la reforma aún no ha finalizado, ya se han llevado a cabo algunos cambios radicales. Con arreglo a la Ley de la Cámara de los Lores de 1999 se reformó la composición de la Cámara mediante la eliminación de los derechos de participación y de voto de la mayoría de los pares hereditarios. De resultas de este cambio, la mayoría de los escaños de la Cámara de los Lores pertenece ahora a los "pares vitalicios", las personas designadas con arreglo a la Ley sobre pares vitalicios de 1958, cuyo número actual asciende a unos 600. Además, siguen integrando la Cámara de los Lores 92 pares hereditarios y 26 arzobispos y obispos de la Iglesia de Inglaterra.

30.El Gobierno ha afirmado su voluntad de llevar a cabo una reforma amplia en respuesta a la votación emitida en marzo de 2007 en la Cámara de los Comunes, de establecer una segunda cámara que tenga un 100% o un 80% de miembros elegidos. En una serie de consultas celebradas, se han puesto de manifiesto algunos temas comunes sobre los logros previstos de la reforma. Los principios operacionales más importantes de la reforma de la Cámara de los Lores son los siguientes:

La reforma no debe menoscabar la primacía de la Cámara de los Comunes;

Debe eliminarse por completo la institución de los pares hereditarios e introducirse el elemento de elección en la Cámara; y

La reforma debe garantizar que el funcionamiento de la Cámara de los Lores sea eficaz y legítimo.

31.Aunque esta reforma parece de gran alcance, se ha reconocido que se mantendrán prácticamente idénticas tanto las atribuciones como el papel de la Cámara, y se ha reconocido que en general el Parlamento decidirá acerca de toda reforma. Uno de los cambios más importantes en lo que se refiere al papel de la Cámara de los Lores es el resultado de la introducción de la Ley de reforma constitucional de 2005, que elimina la función judicial de la Cámara de los Lores al disponer la creación de un tribunal supremo de Inglaterra y de Gales. En octubre de 2009, el Tribunal Supremo sustituyó a la Cámara de los Lores como el tribunal final de apelación para todas las cuestiones en todo el Reino Unido, con excepción de Escocia. El Alto Tribunal de Justicia sigue siendo el máximo tribunal en materia penal en Escocia.

32.El proyecto de ley de reforma constitucional y gobernanza, que actualmente está ante el Parlamento, incluye disposiciones destinadas a eliminar el principio hereditario de la Cámara de los Lores al poner fin a las disposiciones para reemplazar a los pares hereditarios que fallecen. El proyecto de ley también permitirá que los miembros de la Cámara de los Lores puedan renunciar o ser inhabilitados, expulsados o suspendidos en determinadas circunstancias. El Gobierno también tiene previsto presentar propuestas amplias sobre una segunda cámara reformada.

f)Las elecciones legislativas

33.Para las elecciones legislativas, el Reino Unido está dividido en zonas geográficas o circunscripciones, cada una de las cuales envía un representante a la Cámara de los Comunes. A fin de garantizar una representación equitativa existen Comisiones de Delimitación para Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, las cuales revisan periódicamente, a intervalos de 8 a 12 años, las circunscripciones parlamentarias y recomiendan la redistribución de escaños que estimen necesaria a la luz de los cambios demográficos y de otro tipo. Esas comisiones pueden también presentar informes provisionales sobre determinadas circunscripciones cuando, por ejemplo, sea necesario adaptar los límites de una circunscripción determinada a una nueva delimitación municipal.

34.Las disposiciones relativas a las elecciones legislativas figuran en las Leyes sobre la representación popular. Las elecciones de representantes para la Cámara de los Comunes se efectúan por sufragio secreto. En ellas pueden participar todos los ciudadanos británicos, ciudadanos de otros países del Commonwealth y ciudadanos de la República de Irlanda residentes en el Reino Unido que tengan 18 años cumplidos y no estén inhabilitados para ello por la ley. No tienen, en cambio, derecho a votar en elecciones legislativas las siguientes personas: los pares que son miembros de la Cámara de los Lores, los delincuentes que están cumpliendo condena en prisión y cualquier persona que en los cinco años anteriores haya sido condenada por corrupción u otras prácticas electorales ilegales. Para poder votar en una circunscripción determinada, el elector debe estar registrado en el correspondiente padrón electoral actualizado. En Gran Bretaña, los oficiales de registro electoral elaboran el padrón electoral de cada circunscripción realizando anualmente una encuesta de los electores habilitados en las zonas que les competen. Además, en virtud de disposiciones de "inscripción automática" instituidas en 2000, toda persona puede solicitar en cualquier momento su incorporación en el padrón electoral. Esta disposición está dirigida a las personas que se han mudado durante el año. Con arreglo a cambios más recientes en la Ley electoral, antes de las elecciones las personas en condiciones de votar ahora pueden empadronarse hasta 11 días antes de la fecha de las elecciones en todo el Reino Unido.

35.En Irlanda del Norte desde 2002 hay un sistema de registro electoral diferente, de inscripción individual, no familiar. En virtud de este sistema, todo elector habilitado debe rellenar su propio formulario de inscripción y suministrar su fecha de nacimiento y número de seguro nacional. El Oficial Electoral Jefe de Irlanda del Norte puede verificar las inscripciones en el registro con otras autoridades públicas y cotejarlas con las de la base de datos del seguro nacional para determinar si son correctas. Este sistema de registro personal se instituyó inicialmente para disipar la percepción de fraude electoral y ha contribuido en gran medida a garantizar un alto grado de exactitud en el registro. Así pues, en 2006 se eliminó el requisito de la encuesta anual de votantes en Irlanda del Norte, aunque el Oficial Electoral Jefe deberá realizarla periódicamente, conforme a lo dispuesto en la legislación.

36.Aunque el voto no es obligatorio, en una elección general la mayoría del electorado (el 61,36% en las elecciones generales de mayo de 2005) ejerce ese derecho. En las elecciones parciales el porcentaje de participación puede ser inferior. Por lo general, los electores votan personalmente en las mesas electorales especialmente establecidas con ese fin. También pueden solicitar el voto postal o designar un representante para que vote en su nombre.

37.Todo hombre o mujer que sea ciudadano británico, ciudadano de otro país del Commonwealth o ciudadano de la República de Irlanda que no esté inhabilitado para el voto y tenga 18 años cumplidos, puede presentarse como candidato en las elecciones legislativas. Entre las personas inhabilitadas figuran las personas declaradas en quiebra no rehabilitadas, las personas condenadas a más de un año de privación de libertad, los pares que son miembros de la Cámara de los Lores, los candidatos condenados o denunciados ante un tribunal electoral por prácticas corruptas o ilícitas (la inhabilitación dura cinco años en el primer caso y tres en el segundo), y las personas afectadas por la Ley sobre inhabilitaciones para la Cámara de los Comunes de 1975, personas entre las que se encuentran las que desempeñan cargos judiciales, los funcionarios públicos, los miembros de las fuerzas armadas regulares o de los servicios de policía, y los ciudadanos británicos que son miembros de los órganos legislativos de países o territorios no pertenecientes al Commonwealth. Los candidatos pertenecen por lo general a uno de los principales partidos políticos nacionales, pero también los partidos más pequeños y otras agrupaciones pueden designar candidatos, y cualquier persona puede presentarse como candidato "independiente" aun sin el apoyo de un partido. Toda candidatura debe estar firmada por dos electores, que la inician en calidad de proponente y coadyuvante, respectivamente, y por otros ocho electores inscritos en el padrón electoral de la circunscripción de que se trate.

38.El sistema de votación utilizado es el de la mayoría relativa, en virtud del cual queda elegido el candidato que más votos haya obtenido en una circunscripción determinada.

39.Hasta hace cierto tiempo, el presidente de la Cámara de los Comunes celebraba periódicamente una conferencia de miembros del Parlamento en la que participaban los miembros seleccionados por el presidente y bajo su dirección, en la que se examinaban el derecho de sufragio y posibles cambios en las leyes y las prácticas electorales. Como en el caso de otros comités parlamentarios, la composición de la conferencia refleja la representación de cada uno de los partidos en la Cámara. Las sesiones de las conferencias anteriores eran privadas y sus recomendaciones se publicaban en forma de notas del presidente al Primer Ministro. En la actualidad, la conferencia no es un comité especial sino un comité de la cámara que reúne y publica datos por escrito y recibe testimonios orales en público sobre la misma base que los comités especiales y presenta informes a la cámara al finalizar sus investigaciones. Sus sesiones son privadas y en ellas se examinan y formulan recomendaciones para corregir la disparidad entre la proporción de mujeres, minorías étnicas y personas con discapacidad en la Cámara de los Comunes y su proporción en la población del Reino Unido.

g)El sistema de partidos

40.La existencia en el Reino Unido de partidos políticos organizados, cada uno de los cuales propone su propia política al electorado, ha dado lugar en el Parlamento a divisiones políticas claras, que se consideran fundamentales para un gobierno democrático. Cada vez que se convocan elecciones generales (o parciales), al optar el día de los comicios por unos u otros candidatos, el electorado indica cuál de las políticas propuestas desearía que se aplicase.

41.Desde 1945, el Partido Laborista y el Partido Conservador han ganado una mayoría general de escaños en ocho elecciones, y en una elección ningún partido obtuvo la mayoría, pero el Partido Laborista formó un gobierno de minoría, por haber obtenido el mayor número de escaños. La gran mayoría de miembros elegidos a la Cámara de los Comunes ha representado a uno u otro de estos dos partidos. Las elecciones generales de mayo de 2005 han sido las terceras elecciones consecutivas ganadas por el Partido Laborista.

h)El gobierno y la oposición

42.Por convenio constitucional la Soberana invita a formar gobierno y nombra Primer Ministro al jefe del partido que más escaños (aunque no necesariamente más votos) ha obtenido en una elección general, o que cuenta con el apoyo de la mayoría de los miembros de la Cámara de los Comunes. En ciertas ocasiones, cuando ningún partido ha conseguido esa mayoría de escaños, puede formarse un gobierno minoritario.

43.El Primer Ministro elige un equipo de ministros y forma un gabinete de unos 20 miembros, cuyo nombramiento propone a la Soberana como Ministros de la Corona. Juntos constituyen el Gobierno de Su Majestad.

44.El segundo partido, por el número de escaños obtenidos, es oficialmente reconocido como "la oposición de Su Majestad" (o "la oposición oficial") y tiene su propio jefe y su propio "gabinete paralelo", cuyos miembros actúan como portavoces sobre los temas que son de la incumbencia de cada uno de los ministros del Gobierno. Los miembros del Parlamento pertenecientes a otros partidos, así como los miembros independientes de la Cámara, apoyan o se oponen al Gobierno según las opiniones de su partido o las suyas propias.

45.El Gobierno es el principal responsable del control y la organización de las labores de ambas cámaras, tiene la iniciativa en materia de política general e indica, por ende, las decisiones que a su juicio debe adoptar el Parlamento, explicando y defendiendo su posición en debate público. La mayoría de los gobiernos actuales suelen contar con el voto de sus partidarios en la Cámara de los Comunes, por lo que, conforme a la mayoría global que hayan conseguido, pueden lograr la aprobación de sus proyectos de ley sin grandes modificaciones. Esta evolución, que es resultado de una mayor disciplina de partido, no sólo ha fortalecido la acción de Gobierno, sino que además ha realzado el papel de la oposición. A la oposición incumbe ahora, en efecto, la función de crítica como medio de presión, función que debe y se le da la oportunidad de desempeñar exponiendo, con arreglo a la práctica establecida en ambas cámaras, sus propios puntos de vista.

i)El control parlamentario del poder ejecutivo

46.El control sobre el Gobierno se ejerce en definitiva mediante la facultad que tiene la Cámara de los Comunes de obligarle a dimitir aprobando para ello una resolución de "censura", rechazando una propuesta que el Gobierno estime tan fundamental para la aplicación de su política que haya hecho de ella "cuestión de confianza" o en última instancia negándose a aprobar las asignaciones de recursos que se requieran para la administración pública.

47.Como representante de los simples ciudadanos, todo miembro del Parlamento puede poner en tela de juicio la política propuesta por un ministro: i) interviniendo en el debate sobre determinado proyecto de ley, ya en segunda lectura formulando objeciones a sus principios generales, ya como habitualmente sucede, proponiendo enmiendas cuando el proyecto es objeto de examen por el comité correspondiente; ii) mediante el mecanismo de las interpelaciones parlamentarias; iii) durante los debates que se celebran con ocasión de la suspensión de los períodos de sesiones; o iv) durante los debates reservados para iniciativas de la oposición. Además, los comités especiales de la Cámara de los Comunes se encargan del seguimiento estricto de los gastos, la administración y la política de los principales ministerios del Gobierno.

j)Las interpelaciones parlamentarias

48.El mecanismo de las interpelaciones en la Cámara de los Comunes constituye el medio más adecuado para obtener información (a la que los miembros no tendrían acceso por otra vía) sobre las intenciones del Gobierno, así como el procedimiento más eficaz para exponer y, posiblemente, remediar las irregularidades que los electores pongan en conocimiento de sus representantes. Los ministros también pueden formular declaraciones públicas mediante la presentación de una declaración ministerial escrita.

49.Si bien la admisión de preguntas se ha regido fundamentalmente por convenios basados en las decisiones adoptadas por sucesivos presidentes de la Cámara con ocasión de interpelaciones concretas, un comité especial de la Cámara de los Comunes examina periódicamente la práctica y el procedimiento del mecanismo de interpelación.

2.La aplicación de las leyes

a)La administración

50.El Reino Unido no tiene un sistema judicial unificado, con algunas excepciones. En las jurisdicciones del Reino Unido (es decir, en Inglaterra y Gales, Escocia e Irlanda del Norte), la magistratura es independiente del Gobierno en sus funciones judiciales y no está sujeta a dirección ni control ministeriales. Los más altos cargos de la magistratura son nombrados por la Reina, previa recomendación del Primer Ministro. Otros nombramientos que también competen a la Reina se hacen por recomendación del Lord Canciller (Lord Chancellor), por recomendación a su vez de la Comisión de Nombramientos Judiciales, en el caso de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, y del Secretario de Estado en el de Escocia, con asesoramiento del Procurador General (Lord Advocate), en Escocia.

i)Inglaterra y Gales

51.En la Ley de reforma constitucional de 2005, se establece por primera vez en la legislación la independencia judicial de Inglaterra y Gales. En virtud de esta ley se sustituye al Lord Canciller como jefe del poder judicial en Inglaterra y Gales por el Presidente del Tribunal Supremo, que también preside los tribunales. A diferencia del Lord Canciller, el Presidente del Tribunal Supremo no es un ministro ni un miembro del Parlamento sino que ha sido nombrado por un grupo especial convocado por la Comisión de Nombramientos Judiciales.

52.Además de la sustitución del Lord Canciller como jefe del poder judicial y las reformas conexas, La Ley de reforma constitucional instituyó un conjunto de cambios importantes. Estableció un nuevo Tribunal Supremo; impuso la obligación del Gobierno de salvaguardar la independencia del poder judicial; estableció la Comisión de Nombramientos Judiciales y estableció el cargo de Ombudsman de Nombramientos y Conducta Judiciales.

53.La Ley de reforma constitucional de 2005 reviste gran importancia constitucional ya que ha cambiado la dirección del poder judicial, la forma en que se nombra a los miembros del poder judicial y la manera en que se tramitan las quejas contra el poder judicial. Además, aunque la ley no abolió el cargo del Lord Canciller, el traspaso de sus funciones judiciales al Presidente del Tribunal Supremo refuerza la independencia del poder judicial en el Reino Unido. Como jefe del poder judicial, el Presidente del Tribunal Supremo tiene unas 400 obligaciones jurídicas, de las cuales las principales son el despliegue de personal judicial, la asignación de tareas y la formación de ese personal, así como la representación de la opinión judicial ante el poder ejecutivo y legislativo.

54.Además de la responsabilidad de seguir las recomendaciones para los nombramientos de los titulares de cargos judiciales, la Comisión de Nombramientos Judiciales también tiene el cometido de tener en cuenta la diversidad de las personas calificadas para integrar el poder judicial. La Comisión está integrada por 15 miembros, 12 de los cuales (incluido el Presidente) se nombran por un mandato de cinco años mediante un concurso abierto.

55.Bajo la responsabilidad conjunta del Lord Canciller y el Presidente del Tribunal Supremo, la Oficina de Quejas contra la Judicatura garantiza que todas las quejas sobre la conducta de los miembros del poder judicial se tramiten con equidad y que la disciplina judicial sea coherente y eficaz. La Oficina de Quejas contra la Judicatura está adscripta al Ministerio de Justicia, el departamento gubernamental encargado de prestar apoyo al poder judicial en Inglaterra y Gales. El Ombudsman de Nombramientos y Conducta Judicial, que trabaja en forma independiente de la Oficina de Quejas, se encarga de tramitar las quejas respecto del nombramiento de los miembros del poder judicial o de la gestión de la disciplina o conducta judicial. Aunque la oficina del Ombudsman también está adscripta al Ministerio de Justicia, trabaja con total independencia del poder judicial y del Gobierno.

56.En Inglaterra y Gales hay unos 1.448 jueces que trabajan a tiempo completo (asalariados). Además, hay unos 1.305 jueces auxiliares, abogados en ejercicio que trabajan a tiempo parcial (perciben honorarios) en el Tribunal de la Corona y en tribunales de condado. Algunos abogados también actúan de vez en cuando como suplentes de los jueces del Tribunal Superior, y otros abogados trabajan a tiempo parcial en los tribunales de condado como suplentes de los jueces de distrito. Asimismo, hay unos 30.000 jueces de paz, no profesionales, que ejercen sus funciones en los tribunales de magistrados de todo el país. Se trata de ciudadanos comunes, que dedican parte de su tiempo a administrar la justicia local (sin percibir remuneración alguna). Por lo general, forman tribunales de tres personas, y un oficial con formación jurídica les asesora en los asuntos de derecho. Así pues, una característica notable de la administración de justicia en el país es que a un pequeño número de jueces profesionales se suma un gran número de jueces legos que se hacen cargo de la gran mayoría de los juicios por delitos menores.

57.Un principio cardinal del sistema es que, en el ejercicio de su función judicial, todos los jueces son completamente independientes. Es inevitable y oportuno que el Parlamento y el poder ejecutivo examinen a fondo la legislación y la aplicación de la ley en los tribunales. Pero también es una convención generalmente aceptada que los parlamentarios y los políticos no deben criticar las decisiones judiciales, pese a que el Parlamento tiene la facultad de anular por ley sus efectos generales. Así como el Parlamento y el poder ejecutivo no deben inmiscuirse en la esfera judicial, a la inversa, los jueces deben distanciarse de la política. Los jueces a tiempo completo no pueden ser miembros de la Cámara de los Comunes. En virtud de la Ley de reforma constitucional de 2005, se prohíbe a los jueces del Tribunal Supremo participar en las sesiones de la Cámara de los Lores, en un comité de esa cámara o en un comité conjunto de ambas cámaras, o votar en dichos órganos.

58.El Procurador General y el Fiscal General son los principales asesores del Gobierno en materia de derecho inglés y representan a la Corona en las causas nacionales e internacionales pertinentes. Ambos son abogados experimentados y miembros por elección de la Cámara de los Comunes o de la Cámara de los Lores, y tienen rango ministerial. El Procurador General, que lo es también de Irlanda del Norte, además de ejercer diversas funciones en el campo de lo civil, es el máximo responsable de la aplicación de las leyes penales y supervisa, por otra parte, la actuación del Director del Ministerio Público. También incumbe al Procurador General tramitar ciertos tipos de procedimientos penales, en los que debe actuar con absoluta independencia y sin dejarse influir por sus colegas del Gobierno. El Fiscal General es, por su parte, el suplente del Procurador. El Gobierno de la Asamblea de Gales tiene su propio asesor jurídico, el Letrado General.

ii)Escocia

59.El sistema jurídico escocés es distinto del resto del Reino Unido. El Ministro de Justicia de Escocia es responsable del derecho y la justicia civil y penal, de los servicios de asistencia social, de policía y del sistema penitenciario, la administración de los tribunales, la asistencia letrada y el enlace con los abogados. Las obligaciones administrativas de los tribunales son, en estrecha colaboración con el Servicio Judicial de Escocia, un organismo del poder ejecutivo de Escocia, las operaciones de financiación, el nombramiento de miembros del poder judicial y la tramitación de quejas. El Servicio Judicial es responsable de la administración diaria y, más concretamente, de la administración del Tribunal Supremo y los tribunales de condado (sheriff courts), en tanto que las autoridades locales son responsables de los tribunales de distrito.

60.Los jueces y los jueces titulares de primera instancia (sheriffs) en Escocia son nombrados por la Reina, conforme al asesoramiento del Primer Ministro (por recomendación de la Junta de Nombramientos Judiciales, un órgano independiente). El Presidente del Tribunal Supremo (que también es el Presidente de la Sala de la Corona de Escocia), es la máxima autoridad del poder judicial y el juez que preside el Colegio de Justicia y el Tribunal de Justicia, así como el Alto Tribunal de Justicia.

61.El Procurador General es el asesor jurídico superior del Poder Ejecutivo de Escocia. Es el principal funcionario jurídico del Gobierno y la Corona en el ámbito del derecho civil y penal de Escocia, con excepción de cuestiones reservadas. Como resultado de la reforma constitucional reciente, el Procurador General ya no asesora al Gobierno del Reino Unido en materia de derecho escocés, responsabilidad esta que recae ahora en el Abogado General, un funcionario judicial de la Corona.

62.El Procurador General tiene la responsabilidad general de enjuiciar los delitos en Escocia y, aunque tiene un cargo ministerial, debe ejercer su propia discreción en el desempeño de su labor. El Fiscal General de Escocia presta asistencia al Procurador General, que también es responsable de la Cancillería de la Corona y de la Fiscalía, el Servicio de Procesamiento Penal de Escocia. Administrativamente, los juzgados de paz dependen de los servicios judiciales de Escocia; los jueces son jueces de paz, no profesionales, y las autoridades locales pueden designar de oficio hasta la cuarta parte de sus miembros elegidos para que sean jueces. En Glasgow hay 4 magistrados estipendiarios a tiempo completo y 5 sustitutos. Se trata de abogados remunerados, a tiempo completo, cuya jurisdicción penal es equivalente a la de un juez de condado que actúe en juicio sumario.

iii)Irlanda del Norte

63.En Irlanda del Norte, la responsabilidad de la justicia penal (incluidos los tribunales) aún no se ha transferido a la Asamblea de Irlanda del Norte. El Secretario de Estado tiene a su cargo todo el sistema penal y la policía y desempeña sus funciones por conducto de la Dirección de Irlanda del Norte. Los Servicios Judiciales también son el departamento responsable de la Comisión de Nombramientos Judiciales de Irlanda del Norte, que es un órgano público independiente encargado de seleccionar y recomendar a los candidatos para su nombramiento a cargos judiciales en Irlanda del Norte. El Presidente del Tribunal Supremo de Irlanda del Norte preside la Comisión.

64.Al igual que Inglaterra y Gales, en virtud de la Ley de reforma constitucional de 2005 el Presidente del Tribunal Supremo es el jefe del poder judicial de Irlanda del Norte. Como tal, tiene numerosas obligaciones, entre ellas el despliegue de personal judicial, la asignación de tareas y la formación de ese personal, así como la representación de la opinión judicial ante el Parlamento, el Lord Canciller y los ministros de la Corona en general.

b)El derecho penal

65.En Inglaterra y en Gales, la decisión inicial de entablar un procedimiento penal en caso de delitos leves incumbe a la policía, de lo contrario dicha decisión compete al Servicio Procesal de la Corona, un órgano independiente. En Escocia el ministerio público decide si se entabla o no un procedimiento. En Irlanda del Norte hay un Director del Ministerio Público. En Inglaterra y Gales (y excepcionalmente en Escocia) también los particulares pueden iniciar un procedimiento penal. La policía puede hacer amonestaciones y, en Escocia, el fiscal tiene varias alternativas al enjuiciamiento, entre ellas la de amonestar y la de remitir los casos al Departamento de Servicios Sociales.

66.En abril de 1988 se estableció, como departamento gubernamental, la Dirección de Delitos Graves de Fraude, que investiga y enjuicia los casos más graves y complejos de fraude en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. Una dependencia parecida, la Dependencia de Servicios Especializados y Fraude de la Corona, investiga esos casos en Escocia.

i)Inglaterra y Gales

67.La Ley de enjuiciamiento penal de 1985 estableció en Inglaterra y Gales el Servicio Procesal de la Corona, cuyo jefe, que es el Director del Ministerio Público, asume la responsabilidad del enjuiciamiento de la mayoría de los delitos penales ante los tribunales de magistrados y ante el Tribunal de la Corona. El Director del Ministerio Público responde ante el Parlamento por el Servicio por conducto del Procurador General. El Servicio facilita abogados para la vista de los casos en los tribunales de magistrados e instruye a los letrados que han de actuar en el Tribunal de la Corona. Aunque la mayoría de los casos se tramitan en la región en que se plantean, algunos se delegan al "Fichero Central": se trata de los casos de importancia nacional, excepcionalmente difíciles o que son causa de gran preocupación pública, así como de aquellos en los que es necesario evitar cualquier sospecha de influencia local. Se incluyen entre ellos los delitos de terrorismo, los de violación de las leyes sobre los secretos de Estado, los casos de corrupción y algunos delitos cometidos por agentes de la policía.

ii)Escocia

68.El Procurador General de Escocia, que ejerce sus funciones por conducto de la Cancillería de la Corona y de la Fiscalía, es responsable de los sistemas de enjuiciamiento penal, y las investigaciones de muertes y quejas presentadas contra la policía. No existe ningún derecho general de iniciación de un proceso ante los tribunales por los particulares; con pequeñas excepciones, solo el Procurador General, sus suplentes o el Fiscal General que, colectivamente, constituyen la Asesoría Jurídica de la Corona, o los representantes locales del Procurador General, los fiscales, deciden si procede, o no, en interés público, iniciar el procedimiento, ateniéndose a las directrices del Procurador General.

69.Conforme a la Ley de enjuiciamiento penal (Escocia) de 1995, el fiscal puede, en el caso de ciertos delitos de menor cuantía, hacer al presunto delincuente una oferta condicional de pena fija, en lugar del encausamiento: el delincuente no está obligado a aceptar esa oferta, pero si lo hace, el ministerio público pierde su derecho a iniciar el proceso.

iii)Irlanda del Norte

70.El sistema de justicia penal de Irlanda del Norte comprende siete organizaciones, cada una de las cuales asume la responsabilidad de diversas esferas de la justicia penal, incluido el servicio penitenciario, el servicio de libertad vigilada, la policía, la justicia de menores, el servicio de la judicatura y el ministerio público.

71.El Ministerio Público de Irlanda del Norte es el organismo ejecutivo responsable del enjuiciamiento de todas las personas acusadas de delitos penales. Esto supone colaborar estrechamente con la policía que lleva adelante la investigación, prestar asesoramiento sobre posibles procesamientos, autorizar la presentación de cargos, examinar causas y preparar y presentar casos en los tribunales. El Ministerio Público está encabezado por un Director, que es nombrado por el Procurador General de Irlanda del Norte y responde ante este.

c)Los tribunales penales

i)Inglaterra y Gales

72.En Inglaterra y Gales los delitos penales pueden agruparse en tres categorías. La primera corresponde a los delitos que sólo pueden juzgarse previo procesamiento, esto es, los delitos muy graves, como el asesinato, el homicidio, la violación y el robo, y que sólo pueden ser juzgados por el Tribunal de la Corona, presidido por un juez, con la asistencia de un jurado. La segunda son los delitos a los que se aplica el procedimiento sumario, que son los delitos menos graves y que constituyen la gran mayoría de las infracciones penales, y son juzgados por jueces no profesionales y no remunerados o por jueces de distrito remunerados, sin jurado. Una tercera categoría de delitos (como el hurto, el allanamiento de morada o las lesiones intencionadas), conocidos con el nombre de "delitos de tipo intermedio", pueden ser juzgados ya sea por jueces legos o por el Tribunal de la Corona, según las circunstancias de cada caso y los deseos del acusado.

73.El Tribunal de la Corona se ocupa de las causas más graves, de la condena de los delincuentes que le son remitidos para sentencia por los tribunales de magistrados y de los recursos de apelación contra las decisiones de estos últimos. Hay tribunales de este tipo en unos 78 centros. Todos los juicios objeto de recurso se ven ante un juez que puede ser un juez territorial del Alto Tribunal de Justicia o un juez auxiliar, y un jurado integrado por 12 personas.

74.Además de ocuparse de los delitos de procedimiento sumario y de los delitos "de tipo intermedio" que se les confían, los tribunales de magistrados remiten al Tribunal de la Corona aquellos delitos que solo pueden juzgarse previo procesamiento y someten a juicio los delitos "de tipo intermedio" en que el acusado haya optado por un juicio ante el Tribunal de la Corona, o se haya decidido que se someterán a dicho tribunal. Se remiten, en cambio, para sentencia aquellos casos "de tipo intermedio" en que el acusado ha sido juzgado sumariamente, pero que el juzgado ha decidido someter al Tribunal de la Corona para sentencia.

75.En Inglaterra y Gales hay actualmente unos 30.000 magistrados, que reciben formación con la supervisión de la Junta de Estudios Judiciales. Los magistrados son titulares de cargos judiciales no remunerados, que se ocupan de un 95% de todas las causas penales de Inglaterra y Gales, así como de algunas causas familiares y civiles. Hay 101 comités asesores que convocan y seleccionan a los candidatos, cuyo nombramiento recomiendan al Lord Canciller, con la aprobación del Presidente del Tribunal Supremo. Los magistrados forman tribunales de tres personas, y un oficial con formación jurídica les asesora en los asuntos de derecho y de procedimiento. Cada magistrado tiene competencia en una zona determinada, pero con arreglo a la Ley sobre los tribunales de 2003 su jurisdicción es nacional.

76.Además, los jueces de distrito (tribunales de magistrados), de los cuales hay unos 136, se ocupan de los casos más complejos o delicados. Estos jueces deben tener por lo menos 7 años de experiencia como abogados o letrados y otros 2 años de experiencia remunerada.

77.Con unas pocas excepciones, los casos en que están implicados menores de 18 años se ven ante los tribunales de menores. Son tribunales de magistrados especialmente constituidos que, o bien actúan con independencia de los demás tribunales, o bien entienden de esos casos en diferente momento. Solo pueden estar presentes ciertas categorías de personas y los medios de información no pueden publicar el nombre de ningún menor que esté implicado, ya sea como acusado o como testigo. Cuando un menor de 18 años es acusado junto con una persona de esa edad o más, la causa se ve en un tribunal de magistrados ordinario o en el Tribunal de la Corona. Si el menor es declarado culpable, el tribunal puede transferir el caso para sentencia a un tribunal de menores, a menos que esté convencido de que no procede hacerlo.

78.Toda persona condenada por un tribunal de magistrados puede apelar al Tribunal de la Corona la sentencia que se le ha impuesto si se ha confesado culpable, o la condena o sentencia dictada en su contra, si ha negado la acusación. Cuando la apelación se refiere a una cuestión de derecho o de jurisdicción, el fiscal o el acusado pueden recurrir al Alto Tribunal de Justicia. Los recursos contra las decisiones del Tribunal de la Corona, ya se refieran al fallo condenatorio o a la pena impuesta, se dirigen al Tribunal de Apelación (Sala de lo Penal). El Tribunal Supremo es la última instancia de apelación para todos los casos, ya sea que procedan del Alto Tribunal de Justicia o del Tribunal de Apelación. Para que un caso pueda llegar al Tribunal Supremo, el tribunal que haya conocido del recurso anterior ha de certificar que en él se ha planteado una cuestión de derecho de importancia pública general y, o bien ese tribunal o el Tribunal Supremo, deben autorizar la sustanciación del recurso ante este.

79.Cuando una persona haya sido procesada sobre la base de un auto de acusación formal y absuelta (ya sea respecto de toda la acusación o solamente de partes de ella), el Procurador General puede solicitar la opinión del Tribunal de Apelación sobre cualquier cuestión de derecho que se haya planteado en el caso. Antes de dar su opinión sobre la cuestión remitida, el Tribunal debe oír los argumentos del Procurador General, presentados por él personalmente o en su nombre. La persona absuelta también tiene derecho a exponer sus argumentos por conducto de su abogado. Sea cuál sea la opinión expresada por el Tribunal de Apelación, la sentencia absolutoria original no resulta afectada. Por vía de referencia, el Procurador General puede obtener un fallo que ayude al ministerio público en casos futuros, pero no puede pedir al tribunal que revoque la absolución del acusado cuyo proceso dio lugar a la referencia. La cuestión puede remitirse también a la Cámara de los Lores, si el Tribunal de Apelación estima que debe ser examinado por los Lores magistrados de esa Cámara.

80.El Procurador General puede también remitir una causa al Tribunal de Apelación si considera que la sentencia dictada por el juez del Tribunal de la Corona es excesivamente benigna o ilegal. Esta facultad concierne a los delitos que solo pueden juzgarse previo procesamiento y algunos delitos "de tipo intermedio" sentenciados por el Tribunal de la Corona. El Tribunal de Apelación debe dar la autorización para remitir la sentencia. Este Tribunal puede revocar cualquier sentencia y dictar otra más o menos severa, según considere procedente, pero sin rebasar los límites de las atribuciones del juez del Tribunal de la Corona que impuso la condena original. En general, la prohibición de juzgar a una persona dos veces por el mismo delito supone que una vez que una persona ha sido absuelta por un delito no se la puede procesar por segunda vez. No obstante, con arreglo a la Parte X de la Ley de justicia penal de 2003, ahora es posible la reapertura del proceso en relación con determinados delitos muy graves, en que han salido a la luz nuevas pruebas convincentes desde la absolución.

ii)Escocia

81.En Escocia, el Alto Tribunal de Justicia juzga todos los delitos graves, como el asesinato, la traición y la violación; los tribunales de condado conocen de los delitos menos graves, y los jueces de paz de las faltas. Las causas penales se ven, ya en juicio solemne, cuando el proceso se inicia sobre la base de un auto de acusación formal y el juez actúa acompañado de un jurado de 15 miembros, ya en procedimiento sumario, sin jurado. Todas las causas que se dirimen ante el Alto Tribunal de Justicia y las más graves de las que se confían a los tribunales de condado son resueltas por un juez y un jurado. El procedimiento sumario se aplica a las causas menos graves confiadas a los tribunales de condado y a todas las causas que corresponden a los tribunales de distrito. Las penas máximas que se pueden imponer varían.

82.En Escocia, los menores de 16 años que hayan cometido un delito o a los que, por otras razones especificadas por la ley, se considere que es necesario aplicar ciertas medidas coercitivas de custodia o protección serán juzgados normalmente por un tribunal de menores, integrado por tres miembros seleccionados de un grupo de voluntarios nombrados por ministros escoceses. En cada audiencia deben estar representados ambos sexos. Después de la vista, el niño o sus padres pueden recurrir el fallo en los 21 días siguientes. Este recurso se presenta también ante un juez de condado. Un pequeño número de niños que han cometido delitos graves puede ser procesado todavía en el marco del sistema de justicia penal para los adultos.

83.En Escocia, las seis circunscripciones judiciales basadas en los condados se dividen en distritos judiciales, cada uno de los cuales tiene uno o más sheriffs, que son los jueces del tribunal. El Alto Tribunal de Justicia, tribunal supremo de lo penal en Escocia, funciona a la vez como tribunal de primera instancia y como tribunal de apelación. Cualquiera de los jueces que se enumeran a continuación puede actuar en el Alto Tribunal: el presidente del tribunal, el vicepresidente del tribunal o uno de los vocales.

84.El Alto Tribunal se ocupa asimismo de todos los recursos de apelación. Tanto en el caso de procedimiento normal como en el de procedimiento sumario, existe la posibilidad de apelar la declaración de culpabilidad de la sentencia o ambas. En caso de anulación del fallo, el tribunal puede autorizar la revisión de la causa en un nuevo juicio. No existe posibilidad de apelación ulterior a la Cámara de los Lores. En los procesos sumarios el fiscal puede apelar basándose en una cuestión de derecho, contra la absolución o la sentencia. El Procurador General de Escocia puede pedir al Alto Tribunal su opinión sobre cualquier cuestión de derecho que se haya planteado en una causa en la que el procesado contra el que se haya dictado auto formal de acusación haya resultado absuelto. Esa gestión no afecta, sin embargo, al fallo absolutorio dictado en la causa original.

iii)Irlanda del Norte

85.Los tribunales de Irlanda del Norte tienen, en general, una estructura semejante a la de los tribunales de Inglaterra y Gales. El trabajo diario de tramitación sumaria de los casos de menor cuantía incumbe a los tribunales de magistrados presididos por un juez residente, con formación jurídica, que trabaja a tiempo completo, al que se denomina juez de distrito (tribunales de magistrados). Los menores de 18 años comparecen ante los tribunales de menores, integrados por el juez de distrito (tribunales de magistrados) y dos asesores no profesionales (uno de los cuales, como mínimo, ha de ser una mujer) especialmente capacitados para ocuparse de esos menores. Al igual que en Inglaterra y Gales, los tribunales de menores están sujetos a restricciones en lo que se refiere a la publicación del nombre o la fotografía de los acusados. De los recursos contra los fallos de los tribunales de magistrados (incluidos los tribunales de menores) entienden los tribunales de condado.

86.El Tribunal de la Corona se ocupa de las causas penales en las que ya ha habido auto de acusación. Los jueces de ese tribunal proceden del Alto Tribunal o de los tribunales de condado. El juicio tiene lugar ante un solo juez, y todas las causas controvertidas que no sean las que conciernen a delitos especificados en la legislación de emergencia se someten también a consideración de un jurado.

87.Durante el período de violencia sectaria y terrorismo de la década de 1970 la vista de las causas que guardan relación con la legislación de emergencia por un juez sin jurado se hizo necesaria porque los miembros del jurado eran objeto de intimidación. La promulgación de la Ley relativa a la justicia y la seguridad (Irlanda del Norte) el 31 de julio de 2007 puso fin a la vigencia de los tribunales unipersonales, o "tribunales Diplock". El nuevo sistema se centra en las circunstancias en que se ha cometido el delito, y no en el delito propiamente dicho, y exige una evaluación del riesgo de que la administración de justicia se vea menoscabada. Todos los juicios ahora son por jurado a menos que el Director del Ministerio Público certifique que los casos son aptos para un juicio sin jurado.

88.De los recursos contra los fallos condenatorios o las sentencias dictadas por el Tribunal de la Corona entiende el Tribunal de Apelación de Irlanda del Norte. Los procedimientos para la interposición de nuevos recursos ante la Cámara de los Lores son similares a los vigentes en Inglaterra y Gales.

d)Los procesos penales

i)El juicio

89.En el Reino Unido, los juicios penales se basan esencialmente en un debate contradictorio entre el ministerio público y la defensa. Dado que la ley presume la inocencia de todo acusado mientras no se haya demostrado su culpabilidad, el ministerio público no goza de ninguna ventaja, ni real ni aparente, sobre la defensa. El acusado (defendant y, en Escocia, accused), tiene derecho a utilizar los servicios de un abogado y puede, si es necesario, ser asistido por un defensor de oficio pagado con cargo a los fondos públicos. En caso de prisión preventiva, el acusado puede recibir la visita de un abogado a fin de preparar debidamente su defensa.

90.Los juicios penales se celebran normalmente en audiencia pública y en ellos se aplican rigurosamente las normas referentes a la presentación de pruebas relacionadas con los hechos. En caso de admisión de pruebas improcedentes, puede anularse la sentencia en segunda instancia. Durante el juicio, el acusado tiene derecho a escuchar las declaraciones de los testigos de cargo y a proceder a su contrainterrogatorio, normalmente por conducto de un abogado; a hacer comparecer a sus propios testigos, a los que puede legalmente obligarse a comparecer si no lo hicieren a título voluntario; y a dirigirse al tribunal, ya sea personalmente o por conducto de un abogado. El defensor tiene en todo caso derecho a ser el último que hable en el juicio. El acusado no puede ser interrogado si previamente no ha consentido en declarar bajo juramento como testigo en defensa propia. En caso de que preste testimonio, no podrá, sino en circunstancias excepcionales, ser objeto de contrainterrogatorio respecto de su persona y conducta; por lo general, el ministerio público no recurre a ese testimonio.

91.En Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, durante la preparación de la causa y salvo en el caso de cargos de menor cuantía, el ministerio público está obligado a revelar al abogado defensor, ya sea automáticamente o cuando se le solicite, todas las pruebas que se proponga utilizar contra el acusado. Además, el ministerio público deberá informar del material que el acusado no haya visto hasta ese momento y que pueda socavar los argumentos de la fiscalía o contribuir a la defensa del acusado. No obstante, la legislación actual permite no revelar a la defensa ni al jurado determinados materiales no utilizados si el tribunal decide que redunda en el interés público mantener el carácter confidencial de ese material (y si su revelación no es necesaria para la equidad del juicio).

92.En Escocia, la Corona tiene la obligación de suministrar proactivamente a la defensa todas las pruebas materiales a favor o en contra del acusado, lo que incluye toda la información que la Corona considere que debilita materialmente la posición de esta o materialmente fortalece la de la defensa.

93.El abogado defensor o el fiscal pueden alegar que el estado mental del acusado hace improcedente su juicio, en cuyo caso, y siempre que el jurado (o, en Escocia, el juez) se pronuncie en ese sentido, se ordena su ingreso en un hospital determinado.

ii)El jurado

94.En los juicios con jurado, el juez resuelve las cuestiones de derecho, resume las pruebas para mejor información del jurado y da a este instrucciones sobre la legislación pertinente, y finalmente absuelve al acusado o dicta contra él sentencia condenatoria. Sólo el jurado puede decidir si el acusado es o no culpable. En Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, si el jurado no llega a un veredicto unánime, el juez puede pedirle que dé su veredicto por mayoría siempre que, en el jurado normal constituido por 12 personas, no haya más de 2 disidentes. En Escocia, donde el jurado está constituido por 15 personas, el veredicto puede pronunciarse por mayoría simple, pero, por regla general, nadie puede ser declarado culpable sin pruebas corroborantes. Si el veredicto del jurado es de inocencia (not guilty o, en Escocia, not proven, que es otro posible veredicto de "absuelto de culpa y cargos"), el fiscal no tiene derecho a apelar, y el acusado no puede ser juzgado de nuevo por el mismo delito. En cambio, si el veredicto es de culpabilidad, el acusado tiene derecho a interponer un recurso ante el tribunal competente.

95.El jurado es totalmente independiente del poder judicial. Todo intento de injerencia en la labor del jurado, una vez que ha prestado juramento, es punible en virtud de la Ley de desacato a los tribunales de 1981.

96.El ministerio público y la defensa tienen derecho a recusar a las personas propuestas para un jurado exponiendo sus motivos, cuando estimen que un miembro del jurado pueda estar predispuesto en un sentido o en otro. El derecho de recusación no es automático, siempre deben exponerse los motivos. Además, el ministerio público puede ejercer su derecho a solicitar que se sustituya un miembro del jurado por un suplente, o el juez puede usar sus facultades discrecionales para dispensar a un miembro del jurado, si ello procede. La Ley de procedimiento penal (de Escocia) de 1995 abolió el derecho de recusación sin causa en Escocia.

97.Todas las personas de 18 a 70 años de edad cuyo nombre aparezca en el padrón electoral, que hayan residido en el Reino Unido durante un período ininterrumpido de por lo menos 5 años a partir de los 13 años, a menos que estén inhabilitadas para ello o hayan sido eximidas, pueden tener que actuar como jurados. Están inhabilitadas para actuar como miembros del jurado las personas que, dentro de los 10 años anteriores, hayan sido condenadas a una pena de prisión de 5 años o más en el Reino Unido, hayan sido condenadas dentro de los 10 años anteriores a una pena de 3 meses o más de prisión, reclusión en un reformatorio para menores o detención, o hayan estado sometidas a una orden de servicio a la comunidad, o las que reciben tratamiento regular de un médico o estén ingresadas en un hospital o una institución semejante por padecer alguna enfermedad mental

e)La investigación de los casos de muerte

98.En Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, los funcionarios forenses investigan los casos de muerte violenta o sospechosa cuya causa se desconoce. Tales casos pueden ser puestos en conocimiento del funcionario forense local (que puede tener formación médica o jurídica, o ambas) por los médicos, la policía, el secretario judicial, las autoridades públicas o particulares. Cuando la muerte ha sido repentina y por causa desconocida, el funcionario forense no necesita llevar a cabo una investigación si, como resultado de la autopsia, llega a la conclusión de que la muerte se ha debido a causas naturales. Cuando haya motivos para creer que se trata de muerte violenta o sospechosa, o cuando la muerte se haya producido en la cárcel o en otras circunstancias determinadas, el funcionario forense procederá a una investigación y determinará, en el ejercicio de sus facultades judiciales, cómo, cuándo y dónde se ha producido esa muerte. El funcionario forense puede desempeñar sus funciones solo o, en determinadas circunstancias, con la asistencia de un jurado. Ni el funcionario forense ni su jurado pueden expresar opinión alguna sobre cuestiones de responsabilidad penal y civil, que son de la competencia de otros tribunales.

99.En Escocia, el fiscal local investiga todas las muertes repentinas y sospechosas, y puede comunicar los resultados a la Cancillería de la Corona. En un número reducido de casos, la investigación sobre una muerte accidental puede efectuarse ante el representante de la Corona en el condado. En ciertas categorías de casos, como los de muerte en prisión, la investigación es obligatoria. Además, en los casos en que las circunstancias hayan sido motivo de inquietud para la población, el Procurador General puede, si lo estima procedente y de interés público, instruir una investigación.

f)Las prisiones, la libertad vigilada y la libertad condicional

100.En mayo de 2007, el Secretario de Justicia asumió la responsabilidad del servicio penitenciario y el servicio de libertad vigilada y atención poscarcelaria en Inglaterra y Gales. El Organismo Nacional de Servicios de Gestión de los Delincuentes (un organismo ejecutivo del Ministerio de Justicia) se encarga de encomendar y realizar esa gestión en el caso de delincuentes adultos detenidos y en la comunidad en Inglaterra y Gales.

101.El Secretario de Justicia nombra en cada establecimiento penitenciario una Junta Independiente de Vigilancia que representa a la comunidad local para que formule una opinión independiente de las normas de justicia y humanidad con que se trata a las personas detenidas y sobre el alcance y la pertinencia de los programas que las preparan para la excarcelación. La Junta transmite al Secretario de Justicia todas sus preocupaciones y le informa anualmente del grado en que el establecimiento penitenciario ha cumplido las normas y los requisitos que le competen y los efectos que esto ha tenido en las personas detenidas.

102.La inspección de las cárceles es la responsabilidad del Inspector Principal de Prisiones de la Corona, nombrado por la Reina, y que rinde cuentas directamente al Secretario de Justicia. El Inspector Principal de Libertad Vigilada, nombrado por el Secretario de Justicia y que depende directamente de este, se encarga de determinar la eficacia de la labor de libertad vigilada.

103.El Secretario de Justicia también nombra al Defensor del Pueblo encargado de las prisiones y libertad vigilada, cuya función es investigar y formular recomendaciones sobre las quejas de los reclusos, los delincuentes bajo libertad vigilada y los detenidos por motivos de inmigración. El Defensor también es responsable de la investigación de todas las muertes ocurridas en las prisiones, otros establecimientos de detención aprobados y centros de detención de inmigrantes. Presenta informes anuales al Secretario de Justicia, que es asesorado por una junta especial de libertad condicional acerca de la puesta en libertad de los presos bajo palabra.

104.Las fundaciones que prestan servicios de cuidados primarios del Servicio Nacional de la Salud se encargan de la contratación de servicios de salud en las cárceles estatales de Inglaterra.

g)Indultos

105.El Ministro del Interior asesora a la Reina respecto de si hay motivos excepcionales para ejercer la prerrogativa real del indulto, por ejemplo, en ausencia de una solución jurídica, para conceder el indulto a un condenado o para perdonar la totalidad o parte de la pena que le haya impuesto un tribunal. Las responsabilidades del Ministro del Interior en lo que respecta a la prerrogativa real abarcan Inglaterra y Gales. Los Secretarios de Estado para Escocia e Irlanda del Norte tienen responsabilidades análogas.

h)El derecho civil

106.Las principales subdivisiones del derecho civil en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte son: el derecho de familia, el derecho patrimonial, el derecho contractual y el derecho de agravios o de responsabilidad civil extracontractual (torts), que comprende los daños sufridos por una persona por culpa de otra, independientemente de la relación que exista entre ellas, incluidas figuras como negligencia, difamación e injerencia ilegal en los bienes o derechos de otro. Otras ramas del derecho civil son el derecho constitucional y administrativo (que se ocupa en particular del ejercicio del poder ejecutivo), el derecho laboral, el derecho marítimo y el derecho eclesiástico. El derecho civil escocés tiene sus propias secciones, en gran medida comparables.

107.En 1999 se instituyeron normas de procedimiento unificadas, las Normas de Procedimiento Civil para los tribunales de condado y el Alto Tribunal, con el objeto de que los tribunales se ocuparan de los casos con equidad. También se estableció el Consejo de Justicia Civil para supervisar y coordinar la modernización del sistema de justicia civil en Inglaterra y Gales. Su principal función es examinar el sistema permanentemente y reformarlo en consecuencia.

i)Los tribunales civiles

i)Inglaterra y Gales

108.Los tribunales de magistrados tienen una jurisdicción civil limitada, que abarca algunas causas del derecho de familia, los casos de molestias o perjuicios causados en violación de la legislación sobre salud pública y la recaudación de impuestos. A los comités de magistrados incumbe conceder las licencias necesarias para la apertura de establecimientos de bebidas, locales de apuestas y clubes.

109.La jurisdicción de los 216 juzgados de condado comprende las acciones relativas a contratos y a casos de responsabilidad civil extracontractual (con pequeñas excepciones), las causas sobre fideicomisos e hipotecas y las acciones para la recuperación de tierras. Los casos de reclamaciones que exceden de los límites fijados pueden juzgarse en estos tribunales previo consentimiento de las partes o, en determinadas circunstancias, por haber sido remitidos por el Alto Tribunal.

110.Entre otras cuestiones de que pueden entender los tribunales de condado figuran los contratos de alquiler-venta, las causas relacionadas con la legislación de alquileres, los litigios entre arrendadores y arrendatarios y la adopción. Los casos de divorcio incumben a los tribunales de esa categoría especialmente designados para tales causas y, fuera de Londres, hay algunos que se ocupan asimismo de los casos de quiebra. Los tribunales de condado también entienden de las quejas referentes a discriminación racial y sexual. Para las reclamaciones de menor importancia (en particular las relacionadas con los consumidores) existen servicios especiales de arbitraje y procedimientos simplificados.

111.Todos los magistrados del Tribunal Supremo (que comprende el Tribunal de Apelación, el Tribunal de la Corona y el Alto Tribunal de Justicia), así como todos los jueces territoriales y los jueces auxiliares, pueden actuar en los tribunales de condado, pero cada tribunal tiene uno o más jueces territoriales que le han sido asignados por el Lord Canciller y que ejercen principalmente su competencia en las sesiones regulares del tribunal. Normalmente, el juez actúa solo, si bien, excepcionalmente y a petición del tribunal, puede ordenar un juicio con jurado.

112.El Alto Tribunal de Justicia está dividido en salas: la Sala de la Cancillería, la Sala del Tribunal de la Reina y la Sala de Familia. Tiene jurisdicción tanto en primera instancia como en apelación, y tanto en las causas civiles como en algunas causas penales. En general, se asigna a cada sala un determinado tipo de trabajo. Así, por ejemplo, la Sala de Familia se ocupa de todos los asuntos que se refieren a la institución familiar, incluidos los relativos a la adopción y a la tutela. La Sala de la Cancillería ejerce su competencia en la interpretación de últimas voluntades y en la administración de patrimonios hereditarios. Finalmente, las cuestiones de derecho marítimo y comercial son de la competencia de los tribunales comerciales y del Almirantazgo, de la Sala del Tribunal de la Reina.

113.Cada uno de los 108 jueces que integran el Alto Tribunal de Justicia es destinado inicialmente a una sala, pero puede ser trasladado a otra mientras siga en funciones. Fuera de Londres, en donde actúa a través de los Reales Tribunales de Justicia, el Alto Tribunal actúa por intermedio de 27 tribunales centrales. Para la vista de las causas en primera instancia, los magistrados del Alto Tribunal actúan solos. Los recursos de apelación en asuntos civiles contra tribunales inferiores se ven en tribunales de dos (o, a veces, tres) jueces, o ante un solo juez de la sala pertinente.

114.En Inglaterra y Gales, los recursos referentes a causas matrimoniales, de adopción y de tutela vistos en los tribunales de magistrados pasan a la Sala de Familia del Alto Tribunal. De los recursos interpuestos contra decisiones de los comités de magistrados en materia de licencias entiende el Tribunal de la Corona. Los recursos de apelación contra las sentencias dictadas por el Alto Tribunal y por los tribunales de condado se ven ante el Tribunal Superior de Apelaciones (Sala de lo Civil), que está constituido por el Guardián de la Abogacía (Master of the Rolls) y 35 Lores (Lords Justice of Appeal), y pueden llegar hasta la Cámara de los Lores, que es el tribunal final de apelación en todos los casos civiles y penales. Los jueces en la propia Cámara de los Lores son los 11 Lores del Comité de Apelación de dicha Cámara (Lords of Appeal in Ordinary), cuyo quórum mínimo es de 3, pero que por lo general constituyen un grupo de 5 y, a veces, incluso de 7. Sin embargo, a partir de octubre de 2009 el Tribunal Supremo sustituirá a la Cámara de los Lores como tribunal final de apelación.

ii)Escocia

115.Los principales tribunales civiles de Escocia son los tribunales de condado y el Tribunal Supremo. La jurisdicción civil del tribunal de condado abarca casi todos los tipos de acción y no suele estar limitada por la importancia del caso, puesto que el juez del tribunal tiene jurisdicción en prácticamente todas las cuestiones de derecho civil y en todo tipo de procedimiento, a excepción de determinados recursos de apelación y peticiones previstos en la ley que se presentan ante el Tribunal Supremo. Gran parte de la labor es realizada por el juez del tribunal, cuyas decisiones pueden apelarse al juez principal, o directamente al Tribunal Supremo. El juez también conoce de varios recursos de apelación y peticiones previstos en la ley, como la apelación de las decisiones de las juntas de concesión de licencias.

116.El Tribunal Supremo de Escocia funciona solamente en Edimburgo y tiene en general facultades para ocuparse de todo tipo de acción. La excepción principal es la de las acciones exclusivamente reservadas a los tribunales de condado, cuando el valor de lo reclamado sea inferior a una suma establecida. El Tribunal Supremo está dividido en dos: la Cámara Exterior (Outer House), que es un tribunal de primera instancia, y la Cámara Interior (Inner House), que actúa principalmente como tribunal de apelación. La Cámara Interior se divide a su vez en dos salas que tienen la misma categoría y cada una de las cuales está integrada por cuatro jueces: la primera sala está presidida por el Lord Presidente y la segunda, por el Lord Magistrado Auxiliar. En los recursos presentados a la Cámara Interior puede impugnarse tanto las sentencias de la Cámara Exterior como las de los tribunales de condado. Los magistrados del Tribunal Supremo son los mismos que los del Alto Tribunal de Justicia. El Lord Presidente del Tribunal Supremo ejerce las funciones de Presidente de la Sala de la Corona (Lord Justice General) en el Alto Tribunal de Justicia. El Tribunal Supremo aplica varios procedimientos especiales para el ejercicio de determinadas acciones, en particular asuntos mercantiles y demandas por daños y perjuicios en casos de lesiones personales y muerte. Tiene jurisdicción exclusiva en determinados casos internacionales, en particular los relacionados con las convenciones internacionales en materia de secuestro y custodia de niños.

117.El Tribunal Escocés de la Tierra es un tribunal especial que se ocupa exclusivamente de cuestiones referentes a la agricultura. Su presidente tiene la categoría y los derechos de un magistrado del Tribunal Supremo, y los demás miembros son especialistas en agricultura ajenos a la profesión judicial.

iii)Irlanda del Norte

118.En Irlanda del Norte, las causas civiles de menor cuantía se ven en los tribunales de condado, aunque también los tribunales de magistrados tienen facultad para conocer de algunas categorías civiles. El tribunal superior en lo civil es el Alto Tribunal de Justicia, de cuyas sentencias cabe recurrir al Tribunal de Apelación. Estos dos tribunales, junto con los de la Corona, constituyen el Tribunal Supremo de Justicia de Irlanda del Norte, cuya práctica y procedimientos son análogos a los de Inglaterra y Gales. En octubre de 2009 el Tribunal Supremo del Reino Unido sustituyó a la Cámara de los Lores como la última instancia para todas las causas civiles.

j)El procedimiento civil

i)Inglaterra y Gales

119.En Inglaterra y Gales el perjudicado, al que se denomina "solicitante", inicia la acción civil, no requiriéndose investigación preliminar alguna sobre la autenticidad del perjuicio. El procedimiento que se sigue ante el Alto Tribunal y el tribunal de condado se inicia por lo general presentando un documento denominado "formulario de reclamación". Las primeras etapas del procedimiento civil se caracterizan por el intercambio de declaraciones formales del caso por las respectivas partes.

120.Los juicios civiles pueden por lo general terminar en cualquier momento por desistimiento del demandante o por avenencia entre las partes. Las acciones incoadas ante un tribunal suelen ser juzgadas sin jurado. No obstante, con el acuerdo del tribunal, se tiene derecho a un juicio por jurado en los casos de reclamaciones por dolo, injuria, calumnia intencionada, encausamiento indebido o detención ilegal. El jurado se pronuncia sobre las cuestiones de hecho y fija la indemnización de daños y perjuicios que corresponde al perjudicado. Sus conclusiones deben ser unánimes, pero en caso de que un jurado no pueda llegar a un acuerdo, estas pueden adoptarse por mayoría.

121.En los tribunales de magistrados, la acción judicial se inicia con una demanda, basándose en la cual el tribunal puede enviar al demandado un auto de comparecencia. En ese auto se especifican los detalles de la demanda y la fecha en que se verá la causa. Las partes y los testigos prestan declaración en audiencia ante el tribunal. Los juicios acerca de cuestiones de familia son normalmente sustanciados por no más de tres jueces no profesionales, uno de los cuales será, de ser posible, una mujer, y no se permite la asistencia del público. El tribunal puede decidir sobre la residencia, el derecho de visita y la supervisión de los niños, así como sobre el pago de pensiones alimentarias a cónyuges e hijos.

122.Si una parte se niega a cumplir con una sentencia u orden judicial, se dispone de un conjunto de procedimientos para asegurar su cumplimiento. Cuando se trata de la entrega de una suma de dinero, el método más común para hacerla efectiva es mediante el embargo de los bienes del deudor o mediante una orden judicial que exija pagos al tribunal deduciéndolos del sueldo del deudor. En otros casos la sentencia consiste en una prohibición judicial. La negativa a obedecer el fallo de un tribunal puede conducir a la prisión por desacato. Normalmente, el tribunal condena a la parte que pierde el proceso al pago de las costas de éste.

ii)Escocia

123.En Escocia, los juicios ante el Tribunal Supremo o las acciones ordinarias ante los tribunales de condado se inician con el envío al demandado de un auto de comparecencia. Todo demandado que tenga la intención de oponerse a la acción debe informar al respecto al tribunal y, en caso de no comparecencia, el tribunal dicta una declaración de ausencia en favor del demandante. El caso comienza con un auto inicial de comparecencia y el demandado tiene que comunicar su intención de contestar la demanda y presentar después elementos de descargo, seguido de una audiencia en la que se presentan opciones. En el procedimiento relativo a los asuntos de familia las partes asisten a la audiencia en las que se presentan opciones y el tribunal puede remitir los casos a mediación. Después de la audiencia se procede a debatir las cuestiones jurídicas o las relativas a la prueba.

124.En el procedimiento sumario del tribunal de condado (demandas de una cuantía de 750 a 1.500 libras) la exposición de la demanda se incorpora a la notificación, y el procedimiento está previsto de modo que, en la mayoría de los casos, pueda llevarse a cabo sin que las partes implicadas tengan que comparecer en audiencia. Normalmente, ni ellas ni sus representantes tienen que comparecer cuando no hay oposición a la demanda. Ese procedimiento sumario se tramita con arreglo a un calendario fijo y con escasas alegaciones por escrito. Abarca determinadas demandas para obtener el pago de una deuda y para recuperar la posesión de bienes raíces transmisibles por herencia.

125.En 1988 se instituyó en Escocia un procedimiento para demandas de hasta 750 libras, que es una variante del procedimiento sumario, y prevé que dichas demandas se inicien de manera similar a aquel. Cuando el demandante no esté representado por un abogado, el tribunal lo asesorará para la preparación y notificación de los autos de comparecencia. Aunque el procedimiento en las demandas de menor cuantía es similar al sumario, está sujeto a muy pocas formalidades y se alienta al tribunal a que adopte normas menos estrictas con respecto al procedimiento y a la prueba. No se dispone de asistencia letrada para ese tipo de demandas y las costas están estrictamente limitadas.

iii)Irlanda del Norte

126.En Irlanda del Norte, el procedimiento es similar al de Inglaterra y Gales. En los tribunales de condado se inicia con la notificación de la demanda; no se presentan en cambio alegatos. Los fallos de los tribunales civiles se hacen efectivos por un procedimiento centralizado de cuya administración se encarga la Oficina de Ejecución de las Sentencias.

k)El Tribunal de Prácticas Restrictivas

127.El Tribunal de Prácticas Restrictivas es un tribunal especial del Reino Unido que se ocupa de los monopolios y de las prácticas comerciales restrictivas. De él forman parte 5 jueces y hasta 10 personas con experiencia industrial, comercial o en la vida pública.

l)El Servicio de Tribunales

128.Los tribunales se ocupan de todo tipo de controversias, principalmente entre particulares y el Estado, y tradicionalmente respondían al mismo departamento gubernamental cuyos fallos examinaban. La necesidad de reformar el sistema de los tribunales se expuso por primera vez en el estudio de Sir Andrew Leggatt’s Tribunals for Users – One System, One Service (Tribunales para usuarios: Un sistema, un servicio). El Gobierno aceptó sus propuestas y el 3 de abril de 2006 se estableció el Servicio de Tribunales, formado por más 16 tribunales existentes como un organismo ejecutivo del Ministerio de Justicia. Se trata del cambio más radical de esta parte del sistema de justicia de los últimos cincuenta años.

129.Con arreglo a la Ley de tribunales, cortes y ejecución de 2007, el 3 de noviembre de 2008 se creó un tribunal de primer nivel y un tribunal superior. El tribunal de primer nivel es el tribunal de primera instancia para la mayoría de las jurisdicciones. El tribunal superior se ocupa principalmente, aunque no exclusivamente, de examinar y emitir fallos relativos a las apelaciones del tribunal de primer nivel. También está facultado para entender de la labor de examen judicial delegada por el Alto Tribunal y el Tribunal Supremo. Ambos son administrados por el Servicio de Tribunales. Debido a su estructura flexible, si en el futuro el Parlamento decide crear un nuevo derecho de apelación o de jurisdicción, no será necesario crear un nuevo tribunal para administrarlo.

130.El tribunal de primer nivel está dividido en cinco salas, a saber: la Sala de reglamentación general, la Sala de prestaciones sociales, la Sala de salud, educación y asistencia social, la Sala de pensiones de guerra e indemnizaciones a las fuerzas armadas y la Sala de tributos.

131.Las obligaciones del Presidente Primero de los tribunales incluyen la representación de las opiniones de los jueces del tribunal ante los ministros, el Parlamento, y con fines de capacitación, orientación y bienestar. Además, el Presidente del Tribunal Supremo ha delegado en el Presidente Primero algunas de sus facultades en virtud de la Ley de reforma constitucional de 2005, en particular en relación con la disciplina judicial de la mayoría de los jueces y miembros del tribunal.

132.El Comité de Procedimiento de los Tribunales establece las normas que rigen la práctica y el procedimiento del tribunal de primer nivel y el tribunal superior. El Comité se estableció en mayo de 2008. Con el traspaso a los tribunales de primer nivel o superior, las normas de todos los tribunales se sustituyen por normas específicas correspondientes a las salas establecidas por el Comité.

m)El Consejo de justicia administrativa y tribunales

133.El Consejo de justicia administrativa y tribunales es un órgano público consultivo no ministerial. Sustituye al Consejo de los tribunales. Además de asumir la función anterior del Consejo respecto de los tribunales y las investigaciones, mantiene en examen el sistema de justicia administrativa en general con miras a hacerlo accesible, equitativo y eficiente. También asesora a los ministros y al Presidente Primero acerca de la evolución del nuevo sistema y remite propuestas para modificarlas. El Consejo procura garantizar que las relaciones entre las cortes, los tribunales, los defensores del pueblo y los proveedores de soluciones alternativas a las controversias reflejen las necesidades de los usuarios. Por ley es miembro del Comité de Procedimientos de los Tribunales, lo cual le garantiza un papel central en el proceso normativo de los tribunales.

n)Organizaciones no gubernamentales

134.En el Reino Unido funcionan numerosas organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos. Por razones impositivas, en general estas organizaciones asumen la forma de organizaciones de beneficencia. En el Reino Unido no hay un sistema unificado para estas organizaciones y otras ONG. El funcionamiento de las organizaciones de beneficencia en Inglaterra y Gales, Escocia e Irlanda del Norte se rige por diferentes leyes.

135.En Inglaterra y Gales, los órganos que desean acogerse al estatuto de "organizaciones de beneficencia" deben registrarse como tales, un proceso supervisado por la Comisión de Obras de Beneficencia. Salvo algunas excepciones, los procedimientos de inscripción deben llevarse a cabo de conformidad con la Ley de organizaciones de beneficencia de 1993 (en su forma enmendada por la Ley de organizaciones de beneficencia de 2006).

136.Un órgano de supervisión, la Oficina escocesa de reglamentación de obras de beneficencia, también reglamenta el funcionamiento de las organizaciones mencionadas. Para que el órgano de que se trata se considere una organización de beneficencia debe cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley de organizaciones de beneficencia e inversiones fiduciarias (Escocia) de 2005 y luego inscribirse en el Registro de obras de beneficencia de Escocia.

137.En Irlanda del Norte, la ley relativa a las obras de beneficencia es claramente diferente porque las organizaciones de beneficencia no tienen la obligación de registrarse. Mayormente desempeñan sus funciones con arreglo a la Ley de organizaciones de beneficencia (Irlanda del Norte) de 1964 y a la Orden de organizaciones de beneficencia (Irlanda del Norte) de 1987. El Departamento de Desarrollo Social supervisa el funcionamiento de las organizaciones de beneficencia.

138.Pertenecer a la categoría de organización de beneficencia en el Reino Unido supone una serie de ventajas fiscales. En general, las organizaciones de beneficencia en el Reino Unido pueden solicitar exenciones impositivas sobre la mayor parte de los ingresos o beneficios que perciben, así como sobre las utilidades de algunas actividades. Además, las organizaciones de beneficencia tienen derecho a solicitar la devolución de los impuestos sobre los ingresos percibidos respecto de los que ya se han pagado impuestos.

II.Marco jurídico general de la protección de los derechos humanos

A.Aceptación de las normas internacionales de derechos humanos

139.El Reino Unido ha ratificado los importantes instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas que figuran a continuación:

a)Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial;

b)Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

c)Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;

d)Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;

e)Convención sobre los Derechos del Niño;

f)Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer;

g)Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

140.El Reino Unido también ha ratificado los Protocolos Facultativos de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

141.El Reino Unido no ha firmado la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.

142.El Reino Unido también ha presentado un informe como parte del proceso del examen periódico universal.

143.Los tratados internacionales ratificados por el Reino Unido no se incorporan de manera directa al derecho interno. En cambio, cuando es preciso modificar las leyes para dar cumplimiento a un instrumento internacional, el Gobierno introduce los cambios necesarios en la legislación interna siguiendo el procedimiento parlamentario normal, antes de convertirse en parte en el instrumento. El Reino Unido no ratifica ningún tratado a menos que el Gobierno tenga la certeza de que el derecho interno y la práctica permiten su cumplimiento. La adhesión a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y otros importantes tratados de derechos humanos se ha llevado a cabo en este marco.

B.Marco jurídico de protección de los derechos humanos en el plano nacional

1.Protección e incorporación constitucional

144.El Reino Unido no tiene una constitución escrita como parte de su derecho nacional. Los habitantes del Reino Unido gozan desde hace mucho tiempo de una firme tradición de libertades individuales pero no siempre ha sido fácil establecer precisamente qué entrañaba, ni qué hacer cuando las libertades que no figuran por escrito son incompatibles con otras leyes.

145.El Convenio Europeo de Derechos Humanos, que el Reino Unido ratificó en 1951, consagra los derechos civiles y políticos fundamentales. Aunque el Reino Unido estaba obligado a cumplir sus obligaciones con arreglo al Convenio en virtud del derecho internacional a partir de su ratificación, el Convenio no se ha incorporado directamente en la legislación del Reino Unido y los derechos reconocidos en el Convenio no son aplicables directamente ante los tribunales de ese país. El Gobierno del Reino Unido promulgó la Ley de derechos humanos de 1998 (en adelante la ley) para dar mayor efecto a los derechos previstos en el Convenio. Esta ley entró en vigor el 2 de octubre de 2000.

146.La ley permite a las víctimas de una violación de los derechos previstos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos presentar una queja directamente ante un tribunal del Reino Unido y recibir una reparación, incluida una indemnización por daños y perjuicios si se determina que se ha cometido una infracción. Garantiza que los derechos reconocidos en el Convenio y los fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que los sustentan sean tenidos plenamente en cuenta por los tribunales del Reino Unido. También garantiza que el Parlamento reflexione cuidadosamente, al examinar la legislación propuesta, sobre las dificultades de mantener el equilibrio entre los derechos individuales y las necesidades de la comunidad en general. El principio fundamental de la ley es que, siempre que sea posible, la legislación debería ser compatible con los derechos previstos en el Convenio. Asimismo, la ley suministra una clara justificación de los derechos básicos y las libertades fundamentales.

147.La ley exige que los tribunales del Reino Unido respeten las leyes promulgadas por el Parlamento. No obstante, permite que un tribunal superior declare que una ley no puede interpretarse en un sentido compatible con los derechos reconocidos en el Convenio. Luego el Parlamento puede decidir si enmendará la ley y de qué manera. De este modo, la ley establece un equilibrio entre los derechos y responsabilidades de las partes legislativa y judicial de la constitución, de forma que la última palabra la tenga el proceso democrático.

148.La ley representa un cambio importante en el funcionamiento del sistema político y jurídico del Reino Unido. Antes de su promulgación, el Reino Unido no había establecido explícitamente que las autoridades públicas y los tribunales del Reino Unido debían respetar los derechos previstos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y los tribunales sólo recurrían a éste en casos excepcionales, por ejemplo, si la legislación del Reino Unido no era clara.

149.Con arreglo a la ley, las autoridades públicas más importantes (como el gobierno central y local, el ejército, la policía y otros) deben garantizar que todos sus actos sean compatibles con los derechos reconocidos en el Convenio a menos que una ley del Parlamento lo impida.

150.La ley actúa de tres formas principales. En primer lugar, requiere que las leyes se interpreten y se apliquen de manera compatible con los derechos del Convenio, en la medida de lo posible. Cuando ello no es posible, un tribunal superior puede revocar o derogar legislación subordinada (como reglamentaciones u órdenes) o, si se trata de un tribunal superior, formular una declaración de incompatibilidad en relación con la legislación primaria. Esto desencadena la posibilidad de que el ministro competente dicte una orden correctiva de enmendar la legislación para armonizarla con los derechos del Convenio.

151.Hasta la fecha, siempre que los tribunales han declarado alguna ley incompatible con los derechos del Convenio (y que esa declaración no ha sido revocada en apelación), el Gobierno ha remitido o se ha propuesto remitir la incompatibilidad al Parlamento para que este adopte las enmiendas oportunas.

152.En segundo lugar, la ley considera ilegal que una autoridad pública actúe de manera incompatible con los derechos previstos en el Convenio. Si una autoridad pública actúa de esa manera, cabe emprender acciones legales contra ella en un juzgado o un tribunal británico. No obstante, una autoridad pública no habrá actuado ilícitamente en virtud de la ley si, como resultado de una disposición de legislación primaria (como otra ley del Parlamento) no podría haber actuado de manera diferente.

153.Los tribunales realizarán un "análisis detallado" para determinar si la injerencia en el derecho de que se trata fue realmente necesaria para alcanzar uno o más de los objetivos declarados reconocidos en el Convenio. Si no lo fue, los tribunales llegarán a la conclusión de que la autoridad pública ha actuado ilícitamente. No obstante, los tribunales sencillamente sustituirán la opinión de la instancia que tomó la decisión por la propia, de modo que su función seguirá siendo la de "examinar" y no la de volver a determinar cabalmente la decisión inicial. Corresponde ahora que la naturaleza del examen sea más intensa.

154.En tercer lugar, los juzgados y tribunales del Reino Unido deben tener en cuenta los derechos previstos en el Convenio en todos los casos que se les presenten. Ello significa, por ejemplo, que están obligados a desarrollar el common law de manera compatible con los derechos del Convenio. También deben tener en cuenta la jurisprudencia de Estrasburgo. Por ejemplo, se ha recurrido a la ley para fallar en casos de intereses contrapuestos entre la privacidad y la libertad de expresión.

155.La ley impone también una obligación a los ministros del Gobierno cuando se promulgan nuevas leyes. Según la ley, el ministro encargado de proponer leyes primarias deberá hacer una declaración al Parlamento sobre la compatibilidad de las disposiciones de los proyectos de ley con los derechos del Convenio. De esta manera se tendrá la seguridad de que el Gobierno examinará los efectos de la legislación en los derechos humanos antes de que se debata el proyecto de ley en el Parlamento y se prestará asistencia al Parlamento en su labor de análisis.

156.En las notas explicativas que acompañan al proyecto de ley, el Gobierno se refiere también a las principales cuestiones de derechos humanos que dimanan del proyecto. Durante su tramitación en el Parlamento, la mayoría de los proyectos de ley son examinados por el Comité Parlamentario Mixto sobre los Derechos Humanos, que puede hacer propuestas sobre la manera de aumentar la compatibilidad del proyecto de ley con el Convenio o con otros instrumentos de derechos humanos.

157.Desde 2000 solo se ha presentado al Parlamento una declaración en el sentido de que no se podía garantizar la compatibilidad de un proyecto de ley con los derechos del Convenio. Se trata del proyecto que se convirtió en la Ley de comunicaciones de 2003, que trataba de las restricciones a la financiación de la publicidad política. Esta actuación fue apoyada en su momento por el Comité Parlamentario Mixto sobre los Derechos Humanos y refrendada por el Parlamento, que aprobó la ley. El Tribunal Superior y la Cámara de los Lores determinaron ulteriormente que la ley era compatible con los derechos del Convenio. El asunto se someterá más adelante a la consideración del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

158.El Acuerdo de Belfast de 1998 encomendó a la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte la labor de asesorar al Secretario de Estado de Irlanda del Norte sobre "la posibilidad de definir, en la legislación de Westminster, derechos complementarios a los del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que reflejen las circunstancias particulares de Irlanda del Norte". Tras el Acuerdo de St. Andrews de octubre de 2006, se estableció un foro sobre una declaración de derechos con la finalidad de prestar asistencia en este proceso. El 31 de marzo el Foro presentó recomendaciones a la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte que, tras examinar el informe del Foro, el 10 de diciembre de 2008 prestó asesoramiento al Gobierno. Actualmente el Gobierno está analizando el asesoramiento prestado y tiene previsto celebrar una consulta pública sobre las propuestas.

159.En el artículo 1 2) de la ley se dispone que los derechos previstos en el Convenio tendrán efecto en la legislación interna con sujeción a toda derogación o reserva prevista. Con arreglo al artículo 15 del Convenio, el Reino Unido tiene derecho a tomar medidas que deroguen las obligaciones previstas en el Convenio en circunstancias excepcionales y establecidas. El artículo 14 de la Ley de derechos humanos mantiene este derecho de derogación en la legislación interna para garantizar la coherencia con las derogaciones del Reino Unido en virtud del derecho internacional. Asimismo, en virtud del artículo 57 del Convenio, en determinadas circunstancias el Reino Unido tiene derecho a formular reservas a propósito de una disposición particular del Convenio. El artículo 15 de la ley garantiza que estas reservas se apliquen a la legislación interna a fin de garantizar la coherencia con las reservas formuladas por el Reino Unido en virtud del derecho internacional. Hasta ahora, el Reino Unido ha formulado una reserva al Convenio, en relación con artículo 2 del primer protocolo. En el artículo 15 se mantiene expresamente esta reserva y se confiere al Secretario de Estado la facultad de formular nuevas reservas al Convenio en nombre del Reino Unido en el futuro.

160.La Ley de derechos humanos se aplica a las administraciones y legislaturas autónomas como autoridades públicas, pero estas también están sujetas a requisitos jurídicos complementarios a fin de dar cumplimiento al Convenio Europeo de Derechos Humanos. La Ley de Escocia de 1998, por la que se creó el Parlamento escocés, exige que los ministros escoceses actúen de conformidad con los derechos enunciados en el Convenio y establece que todo acto de estos que sea incompatible con el Convenio excede su competencia. También dispone que toda ley promulgada por el Parlamento y el poder ejecutivo escocés que sea incompatible con el Convenio quede fuera de la competencia legislativa del Parlamento y, por consiguiente, carezca de validez. Esto permite a los tribunales internos derogar toda ley que sea incompatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por otra parte, la Ley de Irlanda del Norte, por la que se creó la Asamblea de Irlanda del Norte, también exige que los ministros actúen de conformidad con los derechos previstos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y establece que toda ley que sea incompatible con los derechos reconocidos en el Convenio excede su competencia. En virtud de la Ley del Gobierno de Gales de 2006, las disposiciones contenidas en las Medidas de la Asamblea Nacional de Gales incompatibles con el Convenio serían inválidas. Asimismo, se considera que los actos del Gobierno de la Asamblea de Gales que sean incompatibles excederían las atribuciones de esta. Así pues, los tribunales podrían derogar toda ley de Gales que no fuera compatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

2.La reforma constitucional

161.En julio de 2007, el Gobierno publicó un libro verde sobre la gobernanza británica y un programa que proponía un conjunto de opciones destinadas a fortalecer la relación entre el Gobierno, el Parlamento y la población.

162.Se han elaborado diversos informes y celebrado consultas. En el libro verde se expresaba la intención de seguir examinando ideas relacionadas con una declaración más formal de derechos y responsabilidades, que estructurara la relación entre los particulares y entre el Estado y los ciudadanos. El 23 de marzo de 2009, el Gobierno publicó un libro verde sobre los derechos y responsabilidades y la elaboración de un marco constitucional. La consulta pública tiene por objeto examinar la mejor forma de valerse de la Ley de derechos humanos para reflejar los derechos, responsabilidades y valores que conforman la sociedad del Reino Unido.

163.El Gobierno está preparando un proyecto de ley de reforma constitucional y gobernanza que incluirá disposiciones sobre cuestiones como la ratificación de los tratados internacionales, el establecimiento de la base reglamentaria de la administración pública y las normas relativas a la remoción y suspensión de los miembros de la Cámara de los Lores.

3.Reparación, indemnización y rehabilitación

Asistencia letrada

164.En las tres jurisdicciones del Reino Unido hay un sistema amplio en virtud del cual toda persona que requiere asesoramiento o representación letrados en los tribunales puede recibir asistencia financiera con cargo a fondos públicos. Este plan se conoce como "asistencia letrada" y es fundamental para el ejercicio de los derechos jurídicos de las personas. Está destinado a las personas que perciben un ingreso bajo o pequeño y puede prestarse gratuitamente o en proporción a la contribución del interesado. Si se otorga esa asistencia, la causa sigue su curso ordinario, con la salvedad de que el cliente no abona directamente suma alguna al letrado sino que todos los pagos se hacen a través del Fondo para la asistencia letrada. La responsabilidad ministerial de la asistencia letrada en Inglaterra y Gales corresponde al Lord Canciller y en Escocia a los ministros escoceses.

165.En Inglaterra y Gales, la Comisión de Servicios Jurídicos administra la asistencia letrada, que recae en dos dependencias separadas, el Servicio Jurídico Comunitario y el Servicio de Defensa Penal.

166.El Servicio Jurídico Comunitario dispone del fondo de una red de organizaciones que suministra y promueve servicios jurídicos civiles. Las normas relativas a la prestación de asistencia letrada civil figuran en el código de financiación. La asistencia financiera está sujeta al alcance del plan y a la comprobación tanto de los medios de vida del interesado como de sus méritos. Además de la asistencia letrada la Comisión de Servicios Jurídicos dispone de un servicio telefónico de ayuda que suministra asesoramiento jurídico gratuito, confidencial e independiente.

167.El Servicio de Defensa Penal presta asistencia letrada a las personas que son objeto de investigación o que hacen frente a cargos penales. El tribunal que tramita la causa determinará las condiciones exigidas para recibir asistencia letrada en cuestiones penales. En el tribunal de magistrados, un acusado solo podrá recibir asistencia letrada si se han comprobado los medios de vida y la asistencia redunda en "interés de la justicia". En el Tribunal de la Corona solo se requiere que la causa del acusado responda al interés de la justicia. No obstante, el tribunal puede emitir una orden para recuperar los gastos realizados si cree que el acusado está en condiciones de pagar. Tras la celebración de consultas, el Gobierno ha decidido que se aplicará la comprobación de los medios de vida también en el Tribunal de la Corona y para comenzar pondrá en práctica el nuevo plan en cinco tribunales en enero de 2010, y entre abril y junio del mismo año el plan se aplicará a nivel nacional.

168.En Escocia, la Junta de Asistencia Letrada se encarga de gestionar este tipo de asistencia. Esto incluye la prestación de asesoramiento y asistencia jurídica y la determinación de los beneficiarios de la asistencia financiera. Al igual que en Inglaterra y Gales, el plan también es ejecutado en dos dependencias separadas: Asistencia Letrada Civil y Asistencia Letrada Penal. Para estar en condiciones de recibir asistencia letrada civil la persona debe reunir determinadas condiciones financieras, tener un fundamento jurídico para el caso y no contar con otro tipo de asistencia financiera. Para recibir asistencia letrada penal la persona debe demostrar que sus ingresos y su capital están dentro de los límites financieros establecidos por el Parlamento.

169.En Irlanda del Norte, la Comisión de Servicios Jurídicos de Irlanda del Norte se encarga del suministro de asistencia letrada que, tanto para asuntos civiles como penales está sujeta a la comprobación de los medios de vida del interesado y de sus méritos.

170.En caso de que un particular considere que se han violado sus derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y se propone presentar su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se dispone de varios planes posibles para suministrarle asesoramiento y asistencia letrada. En el plano nacional, en virtud del plan de ayuda jurídica, un particular puede recibir la asistencia de un abogado experimentado o de un asesor letrado en las primeras etapas de su aplicación. En caso de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo declare que la solicitud es admisible, el particular puede recibir asistencia financiera directamente de Estrasburgo. Para que la persona pueda recibir esa asistencia también deberá estar en condiciones de recibir asistencia letrada a nivel nacional.

171.En algunas zonas urbanas hay centros jurídicos que proporcionan gratuitamente asesoramiento y representación letrada. Estos centros, entre cuyas diversas fuentes de financiación figuran con frecuencia las autoridades locales, emplean generalmente a abogados remunerados de modo permanente, y muchos tienen asimismo trabajadores de la comunidad. Gran parte de su tiempo está dedicada a los problemas de la vivienda, el empleo, la seguridad social y la inmigración. También puede obtenerse asesoramiento gratuito en las Oficinas de Asesoramiento del Ciudadano, los centros de asesoramiento de los consumidores y de asesoramiento sobre la vivienda, y en los centros de asesoramiento especializados mantenidos por diversas organizaciones voluntarias. El Centro de asistencia letrada a los refugiados y el Servicio de asesoramiento a los inmigrantes, que reciben financiación gubernamental, suministran asesoramiento y ayuda gratuitos a los solicitantes de asilo, en tanto que el Servicio de asesoramiento a los inmigrantes también aconseja y ayuda a las personas que tienen derecho a apelar en cuestiones de inmigración.

4.Indemnización por una condena o detención injusta

172.La Comisión de Revisión de Casos Penales investigará y examinará las presuntas condenas injustas y remitirá las correspondientes causas al Tribunal de Apelación.

173.En virtud de la Ley de procedimiento penal de 1988, toda persona cuya condena por un delito penal haya sido revocada por el Tribunal de Apelación tendrá derecho a solicitar del Secretario de Estado una indemnización. Si la persona interesada falleciese, su representante personal podrá presentar al Secretario de Estado la solicitud correspondiente.

174.Para decidir si procede o no la indemnización en virtud de la Ley de 1988, el Secretario de Estado determinará si la decisión del Tribunal de Apelación de revocar la condena o conceder el indulto se ha debido a que se ha producido o descubierto un hecho que prueba más allá de toda duda razonable un error judicial. Este criterio es menos restrictivo que el del artículo 14 6) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que requiere que se haya producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial. Para decidir si procede pagar o no una indemnización, el Secretario de Estado tendrá también en cuenta si el no haberse revelado el hecho desconocido es en todo o en parte imputable a la persona que solicita la indemnización.

175.El artículo 133 de la Ley de procedimiento penal de 1988 no prevé la indemnización en el caso de que la persona haya estado detenida bajo la inculpación de un delito que posteriormente se ha demostrado infundada, o de la que ha sido absuelta por un tribunal o en virtud de una apelación formulada en el plazo fijado por la ley. En tales circunstancias y cuando la persona haya sido detenida, el Secretario de Estado puede, a petición del interesado, autorizar el pago de una indemnización ex gratia.

176.Sólo se considerará la posibilidad de conceder una indemnización ex gratia si la detención se ha debido a un error grave de un miembro de la policía o de otro órgano público, o en otras circunstancias excepcionales, como, por ejemplo, si en el juicio se dan a conocer hechos que exoneren plenamente al acusado. En cambio, no se tomarán en cuenta las solicitudes de indemnización basadas en el simple hecho de que, en el curso del juicio o durante la apelación, el ministerio público no haya podido demostrar más allá de toda duda razonable la realidad de la acusación formulada.

177.Si el Secretario de Estado considera que la indemnización se justifica con arreglo al artículo 133 de la Ley de procedimiento penal de 1988, su cuantía será determinada por un asesor independiente. El Secretario de Estado se ha comprometido a abonar toda indemnización ex gratia que recomiende el asesor. Cuando se haya obtenido una sentencia favorable, el asesor aprobará también el pago de las costas procesales razonables en que haya incurrido el solicitante.

178.Las personas retenidas por otras razones no basadas en una autorización legal, por ejemplo por error en el cálculo de la sentencia de un tribunal o por no haberse ejecutado sin dilación la orden judicial de puesta en libertad de una persona bajo fianza, también pueden solicitar del Secretario de Estado una indemnización ex gratia. Pueden asimismo presentar una demanda de daños y perjuicios.

5.La situación de las víctimas de la delincuencia

179.Los tribunales pueden ordenar a toda persona que haya sido condenada por un delito que abone a la víctima de este una indemnización por las lesiones, pérdidas o daños que haya sufrido de resultas del mismo. En Inglaterra y Gales los tribunales tienen la obligación de considerar esta cuestión en todos los casos procedentes y de motivar toda decisión denegatoria. La indemnización a las víctimas debe tener prioridad sobre la multa en el caso de que el tribunal esté considerando la posibilidad de imponer ambas cosas, y, entre el cobro de la suma adjudicada como indemnización y el cobro de la multa, debe darse la preferencia al primero.

180.Si el Servicio Procesal de la Corona decide no incoar el proceso, las víctimas pueden entablar una acción privada, pero en la práctica rara vez lo hacen. También pueden tratar de obtener daños y perjuicios ante los tribunales civiles. Se ha simplificado el procedimiento ante estos a fin de que las personas que carecen de conocimientos jurídicos puedan obtener satisfacción.

181.Todas las víctimas, cualquiera que sea su nacionalidad, que sufran lesiones graves a causa de un delito violento en Inglaterra, Gales o Escocia pueden solicitar indemnización con cargo a los fondos públicos con arreglo al plan de indemnización por lesiones derivadas de delito. La indemnización se basa en una escala de cantidades, y los pagos son de 1.000 a 500.000 libras para las víctimas que hayan sufrido lesiones más graves.

182.En Irlanda del Norte existen disposiciones separadas, ya que en algunas circunstancias la indemnización puede pagarse con cargo a fondos públicos si se trata de lesiones de origen delictivo o de daños causados intencionadamente a bienes, incluido el lucro cesante.

183.En el Reino Unido hay tres organizaciones que tienen planes de apoyo genéricos a las víctimas de delitos: Apoyo a las Víctimas en Inglaterra y Gales, Apoyo a las Víctimas Escocia y Apoyo a las Víctimas Irlanda del Norte, que reciben financiación del Gobierno.

184.En junio de 1996 el Gobierno publicó una nueva Carta de la Víctima, que en abril de 2006 pasó a ser una condición legal con arreglo al Código de Práctica de la Víctima. Ahora las víctimas tienen el derecho jurídico de recibir un servicio de calidad de los organismos de justicia penal. El Código informa a las víctimas cómo reclamar si no obtienen un servicio de calidad. La introducción de la Carta de los Testigos el año próximo ofrecerá el mismo nivel de servicios a los testigos. A todas las víctimas que denuncien un delito se les entrega un ejemplar de la Carta de la Víctima que contiene asesoramiento práctico sobre lo que ha de hacerse después de un delito. En ella se explica con sencillez los procedimientos policiales y judiciales, cómo solicitar indemnización y qué otras ayudas existen.

6.Mecanismo nacional para la aplicación de los derechos humanos

a)Comité Mixto sobre los Derechos Humanos

185.Para facilitar el seguimiento de los progresos logrados en la promoción y protección de los derechos humanos en el Reino Unido, el Parlamento ha creado un comité de especialistas, el Comité Mixto sobre los Derechos Humanos, con el mandato de analizar las cuestiones relacionadas con los derechos humanos y dar cuenta de sus conclusiones y recomendaciones al Parlamento.

186.El Comité está integrado por 12 miembros de distintos partidos nombrados por la Cámara de los Comunes y por la Cámara de los Lores. El Comité examina todos los proyectos de ley del Gobierno y somete a nuevo examen los que a su juicio tienen repercusiones significativas en los derechos humanos. Aunque no puede hacerse cargo de casos individuales, el Comité examina las medidas adoptadas por el Gobierno para ejecutar las sentencias de los tribunales del Reino Unido y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos de violación de los derechos humanos. Como parte de su labor, el Comité analiza la forma en que el Gobierno ha recurrido a órdenes correctivas para enmendar la legislación cuando los tribunales encuentran alguna incompatibilidad con los derechos del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

b)Comisiones nacionales de derechos humanos

187.En el Reino Unido hay tres comisiones nacionales independientes de derechos humanos: la Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte y la Comisión de Derechos Humanos de Escocia. Todas se financian con fondos públicos, pero son independientes del Gobierno.

188.La Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte es un organismo independiente que se constituyó legalmente en 1999. Su función es promover el conocimiento de la importancia de los derechos humanos en Irlanda del Norte, examinar las leyes y prácticas vigentes y asesorar al Gobierno sobre las medidas necesarias para proteger los derechos humanos en Irlanda del Norte. Tiene la capacidad de realizar investigaciones, asistir a las personas que han iniciado actuaciones judiciales y, en su caso, iniciar esas actuaciones.

189.La Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos se constituyó el 1º de octubre de 2007. Su mandato es propugnar la igualdad y los derechos humanos para todos, eliminar la discriminación, reducir las desigualdades, proteger los derechos humanos y construir unas buenas relaciones entre las comunidades, de manera que todos y cada uno tengan las mismas oportunidades de participar en la sociedad. Su competencia se extiende a Inglaterra y Gales y a Escocia. La Comisión engloba la labor de las tres comisiones de igualdad anteriores (igualdad racial, igualdad de género y derechos de las personas con discapacidad) y asume también la responsabilidad de las nuevas ramificaciones de las leyes de discriminación (edad, orientación sexual y religión o creencia), así como de los derechos humanos. Puede exigir la aplicación de las leyes de igualdad y tiene el mandato de fomentar el cumplimiento de la Ley de derechos humanos.

190.La Comisión de Derechos Humanos de Escocia se creó con arreglo a la Ley sobre la Comisión de Derechos Humanos de Escocia de 2006 y se estableció en 2008. El objeto principal de la Comisión es la promoción de los derechos humanos y el fomento de la aplicación de las mejores prácticas en relación con los derechos humanos (su mandato no se extiende a la legislación en materia de igualdad, que queda fuera de la competencia del Parlamento escocés). Podrá también revisar y recomendar la introducción de cambios en la legislación escocesa y en las políticas y prácticas de las autoridades públicas de Escocia. Está facultada legalmente para obtener información y visitar los centros de detención y puede intervenir en las actuaciones judiciales sobre derechos humanos.

7.Protección de datos y libertad de información

191.La Ley de libertad de información de 2000, que entró en vigor en enero de 2005, concede el derecho de acceso general a la información en poder del Gobierno. La ley se aplica a la información grabada en poder de las autoridades públicas de Inglaterra, Irlanda del Norte y Gales. Escocia tiene su propia ley: la Ley de libertad de información (Escocia) de 2002.

192.El sector público distinto de los órganos del Gobierno central recibe no menos de 87.000 peticiones al año basadas en la Ley de libertad de información. En 2007 el Gobierno central recibió casi 33.000 peticiones. Ese año se resolvió el 63% de las peticiones dirigidas al Gobierno central en su totalidad y el 13% en parte. Si el solicitante no está satisfecho con la decisión de la autoridad pública sobre el acceso a la información, puede pedir a la autoridad pública que proceda a un examen interno. Si sigue estando insatisfecho puede quejarse ante el Comisionado de información independiente y, ulteriormente, ante el Tribunal de información.

193.El Gobierno tiene la obligación de garantizar que la información se distribuya de manera segura y controlada, reconociendo que se deben establecer controles legales y procesales que aseguren que la información no se distribuya de manera inadecuada o desproporcionada.

194.El procesamiento de datos personales se rige por la Ley de protección de datos de 1998, que entró en vigor en marzo de 2000 (en remplazo de la Ley de protección de datos de 1984). Con arreglo a esta ley, las organizaciones y los particulares deben cumplir los principios de protección de datos. Estos principios incluyen la garantía de que el procesamiento de datos es justo y lícito, que los datos se procesan únicamente con fines legítimos y específicos y que son exactos.

195.El Comisionado de información es una autoridad de fiscalización independiente encargada de la aplicación de la legislación relativa a la libertad de información y la protección de datos. La Oficina del Comisionado de información también promueve las buenas prácticas sobre el acceso a la información oficial y la protección de la información personal mediante decisiones sobre la admisibilidad de las quejas, el suministro de información y orientación a particulares y organizaciones y la adopción de medidas adecuadas cuando se viola la ley.

8.Quejas contra el poder ejecutivo

196.Los particulares que afirmen haber sido tratados injustamente como resultado de la mala administración pueden quejarse ante la Oficina del Defensor del Pueblo, conocida con frecuencia como el Ombudsman, establecida por la Ley del Defensor del Pueblo de 1967.

197.El Defensor del Pueblo puede investigar las medidas adoptadas "en el ejercicio de funciones administrativas" por dependencias del Gobierno central o en nombre de ellas. Las quejas se deben dirigir inicialmente a un miembro del Parlamento que decidirá si las transmite al Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo es independiente del Gobierno e informa a un comité de la Cámara de los Comunes. Sus informes se hacen públicos.

198.Se han establecido también varios Ombudsman para los gobiernos locales y para el Servicio Nacional de Salud. Se ha creado también el Ombudsman de asistencia jurídica.

199.Existen defensores del pueblo independientes para Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Según la Ley del Defensor del Pueblo para los servicios públicos de Escocia de 2002, el Gobierno de Escocia tiene la obligación jurídica de cooperar con las investigaciones del Defensor del Pueblo y de facilitarle informes para su estudio. La Ley del Defensor del Pueblo para los servicios públicos (Gales) de 2005 estableció el Ombudsman para los servicios públicos de Gales con el mandato de que realizara investigaciones independientes e imparciales de las supuestas malas prácticas de la administración de los servicios públicos en Gales. La Ley del Defensor del Pueblo (Irlanda del Norte) de 1969 (sustituida por la Orden del Defensor del Pueblo (Irlanda del Norte) de 1996) prevé el establecimiento de un defensor del pueblo para supervisar la labor de los departamentos del Gobierno de Irlanda del Norte. La Ley del Comisionado de quejas (Irlanda del Norte) de 1969 (sustituida por la Orden del Comisionado de quejas (Irlanda del Norte) de 1996) prevé una supervisión similar del sector público en general en Irlanda del Norte.

9.Quejas contra la policía

200.En Inglaterra y Gales las quejas contra la policía se sustancian ante la Comisión Independiente de Quejas contra la Policía, que comenzó a funcionar el 1º de abril de 2004 en sustitución del anterior Servicio de Denuncias contra la Policía.

201.La Comisión Independiente tiene la responsabilidad de asegurarse de la existencia de mecanismos suficientes para tramitar las quejas o denuncias de mala conducta de cualquier funcionario o agente de la policía. Puede también llevar a cabo investigaciones independientes de las denuncias en casos más graves. La Comisión Independiente fue creada en respuesta a la necesidad de aumentar la confianza en el sistema de quejas y promover el respeto de los derechos humanos de los particulares garantizando una investigación independiente de las quejas.

202.En 2006/07 la Comisión Independiente recibió 28.998 quejas (un aumento del 10% respecto de las recibidas en el período anterior). En ellas se formularon 41.584 denuncias, de las cuales 12.683 (el 30%) fueron investigadas (por la policía y por la Comisión Independiente conjuntamente). Del total de investigaciones completadas, 1.389 (el 11%) fueron sustanciadas (lo que equivale al 3,3% del total de las denuncias).

203.Desde que comenzó a funcionar el 1º de abril de 2004, la Comisión Independiente ha iniciado 189 investigaciones independientes de los asuntos más graves (es decir, las encomendadas a los propios investigadores especializados de la Comisión). De las 147 investigaciones independientes iniciadas entre el 1º de abril de 2004 y el 31 de marzo de 2007, 90 se completaron en ese período.

204.En Escocia las quejas contra la policía se tramitan en primera instancia por la propia policía. Si el denunciante no queda satisfecho con la forma en que se ha tratado la queja puede transmitir el caso al Comisionado de quejas contra la policía de Escocia, cargo que fue creado por la Ley de justicia penal, orden público y policía (Escocia) de 2006. En 2007/08 el Comisionado recibió 322 quejas y en 2008/09, 378.

205.La Ley de policía (Irlanda del Norte) de 1998 estableció el Ombudsman de la policía de Irlanda del Norte, órgano independiente encargado de investigar las quejas contra la policía. El Ombudsman controla de manera independiente todo el proceso de quejas contra la policía, las cuales se han de presentar ante su oficina. Si el Ombudsman considera que se ha cometido un delito, transmite el resultado de sus investigaciones con las consiguientes recomendaciones a la consideración del Director del Ministerio Público. Si considera que se ha cometido una falta disciplinaria, traslada el asunto con las recomendaciones correspondientes al director de policía o a la junta de policía, según la antigüedad del funcionario.

C.Marco para la promoción de los derechos humanos a nivel nacional

1.El papel del Parlamento nacional y las instituciones de derechos humanos

206. A nivel nacional las comisiones de derechos humanos desempeñan un papel fundamental en la promoción y protección de los derechos humanos en todo el Reino Unido, una de sus responsabilidades centrales. El Comité Mixto sobre los Derechos Humanos también aporta una contribución fundamental. Al examinar la labor del Gobierno y, en consecuencia, hacer responsable al poder ejecutivo, se han constituido en un sistema de pesos y contrapesos eficaz.

2.Formación judicial, legal y oficial y educación en derechos humanos

207.La promulgación de la Ley de derechos humanos en 1998 fue un hecho significativo en la historia jurídica y constitucional del Reino Unido. La ley hizo exigibles en los tribunales del Reino Unido los derechos consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, lo que impuso la necesidad de ambiciosos programas de formación para quienes trabajaban en el sistema jurídico. Entró en vigor en octubre de 2000 a fin de dar tiempo a la formación de los profesionales del derecho.

208.Entre enero y octubre de 2000 la Junta de Estudios Judiciales coordinó la formación de los jueces en lo referente a la Ley de derechos humanos. La formación se impartió en seminarios que consistieron de conferencias de presentación, estudios prácticos y sesiones plenarias. Entre los profesores figuraron Sir Nicholas Bratza, juez del Reino Unido en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el juez Luzius Wildhaber, Presidente del Tribunal.

209.A partir de septiembre de 1999 se impartieron cursos similares para los asesores jurídicos de los magistrados y los secretarios judiciales, con una jornada de repaso a principios del último trimestre de 2000, inmediatamente antes de la entrada en vigor de la ley. Con posterioridad a ello se organizó la formación de los magistrados, impartida por los asesores jurídicos.

210.El Consejo de Abogados de Gran Bretaña proporcionó formación oficial en derechos humanos a unos 6.000 abogados de audiencia. La Fiscalía de la Corona organizó tres días de formación para todos los fiscales y publicó un manual de orientación para todo su personal, que contenía una lista de todos los casos europeos de interés, con actualizaciones quincenales de la jurisprudencia.

211.La enseñanza de los derechos humanos se incluyó en el programa del doctorado en derecho de todas las universidades del Reino Unido y figura también en todos los cursos de formación profesional de abogados y procuradores.

212.No obstante, en su examen de 2006 de la aplicación de la Ley de derechos humanos, el Gobierno reconoció que existía una incomprensión generalizada de la ley entre los funcionarios que trabajaban en el sector público y recomendó un programa urgente de formación y concienciación. Como resultado, el Ministerio de Justicia ha distribuido más de 100.000 ejemplares de un nuevo manual, titulado Human Rights: Human Lives (Derechos humanos: Vidas humanas) a otros departamentos del Gobierno, sus órganos subsidiarios y otras organizaciones del sector público. El manual tiene por objeto mejorar la comprensión y aplicación de la política interna de derechos humanos en particular, pero no exclusivamente, entre las autoridades públicas. El público en general y los no expertos disponen principalmente de dos publicaciones: Human Rights Act – an Introduction (La Ley de derechos humanos: Introducción) y la tercera edición de la Guide to the Human Rights Act 1998 (Guía de la Ley de derechos humanos 1998), que tuvo gran aceptación. Ambas publicaciones están disponibles en línea y en formato impreso, que se entrega previa solicitud.

213.En marzo de 2007 el Departamento de Salud Pública presentó Human Rights in Healthcare – A Framework for Local Action (Los derechos humanos y la atención de salud – un marco para la acción local). El marco proporciona a las organizaciones del Servicio Nacional de Salud orientaciones sobre la forma de aplicar criterios basados en los derechos humanos para mejorar la planificación y prestación de servicios. El Departamento de Salud trabajó también con cinco consorcios del Servicio Nacional de Salud para elaborar una serie de instrumentos prácticos de derechos humanos. Estos instrumentos y un marco revisado se dieron a conocer a escala nacional en octubre de 2008.

214.Dentro de un programa más general de derechos humanos puesto en marcha como resultado del examen de 2006, el Gobierno estableció también un grupo especial de funcionarios superiores para examinar la actuación del sistema de justicia penal en relación con los derechos humanos, y un nuevo sitio web que facilita asesoramiento práctico a los funcionarios que trabajan en el sistema. Además, el Gobierno ha organizado e impartido una capacitación más efectiva en derechos humanos dentro de los departamentos.

215.En marzo de 2008 el Gobierno presentó un programa de enseñanza electrónica para capacitar a funcionarios públicos en derechos humanos, que tiene por objeto crear conciencia acerca de los derechos humanos y promover una "cultura de derechos humanos" en el sector público. El programa consta de varios estudios de casos cuya lectura brindará a los estudiantes una mayor comprensión de la aplicación de los derechos humanos en su trabajo. Está disponible para todas las autoridades públicas (y el público en general) por conducto de la Escuela Virtual de la National School of Government y recibe promoción amplia del Ministerio de Justicia y la National School of Government.

3.Educación en derechos humanos en la sociedad en general

216.En julio de 2008 el Gobierno publicó un nuevo recurso para maestros de la etapa clave 3 (niños de 11 a 14 años) en Inglaterra denominado Right Here, Right Now: Teaching Citizenship through Human Rights (Aquí mismo, ahora mismo: Educación cívica mediante los derechos humanos). El recurso es parte del proyecto Los derechos humanos en la escuela, una asociación entre el Ministerio de Justicia y el Instituto Británico de Derechos Humanos, con la participación del Departamento para la Infancia, la Escuela y la Familia, Amnistía Internacional y otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Por medio de sus 12 planes de estudio, el recurso tiene por objeto vincular los conceptos de derechos humanos universales con la vida cotidiana, centrándose en lo que los derechos humanos significan en la práctica. Su objetivo es integrar los derechos humanos en la vida del aula, sentar las bases de nuevos análisis y debates, y garantizar que todos en la escuela comprendan sus derechos y los de las personas que los rodean. El recurso puede descargarse gratuitamente.

a)Concienciación y participación pública

217.Desde que la Ley de derechos humanos entró en vigor en 2000, ha tropezado con la hostilidad de ciertos sectores de los medios de comunicación y de los partidos de la oposición. Una falsa presentación de los hechos en ciertos casos de importancia y la repetición de mitos sin fundamento se han arraigado en la imaginación popular, lo que ha llevado a una profunda incomprensión de la ley por parte de la población. Aunque las investigaciones encargadas por el Gobierno llegaron a la conclusión de que en 2006 el 84% de las personas entrevistadas creía que debería haber una ley de protección de los derechos humanos en el Reino Unido, el 43% pensaba que la ley favorecía a demasiadas personas (solicitantes de asilo, extranjeros, personas que buscaban ventajas financieras y abogados). Desde entonces, los departamentos del Gobierno han tratado de facilitar información exacta y rápida que contrarreste las informaciones falsas sobre la ley, siempre que aparezcan, mediante la creación de una nueva red de periodistas especializados en derechos humanos.

218.Además, el Gobierno ha sensibilizado a la población acerca de los derechos humanos mediante varios actos públicos en colaboración con los Archivos Nacionales y gracias a una mejor coordinación con la labor de ONG (por ejemplo, por conducto del Foro de la Igualdad y la Diversidad, integrado por nacionales de derechos humanos y varias ONG).

b)Divulgación de los instrumentos de derechos humanos a nivel nacional

219.Hay distintos métodos por los cuales se divulga material sobre los instrumentos internacionales de derechos humanos en todo el Reino Unido. La Imprenta de su Majestad (en nombre del Gobierno) publica los instrumentos de las Naciones Unidas firmados por el Reino Unido, los presenta al Parlamento, se distribuyen a bibliotecas y se ponen en venta. El Gobierno prepara y presenta al Parlamento, las entidades interesadas y al público los informes sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales en virtud de los instrumentos de derechos humanos de órganos de las Naciones Unidas. Además, el departamento gubernamental responsable de la supervisión de la aplicación (y el cumplimiento) de los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas también es responsable de su difusión. El mismo principio se aplica en el caso de la legislación interna de derechos humanos, en que el departamento principal también se encarga de divulgar el contenido de las propuestas.

220.Como resultado de su mandato específico en la esfera de los derechos humanos a nivel nacional e internacional, tanto el Ministerio de Justicia como el Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth tienen páginas especiales sobre el tema en sus sitios web:

a) Ministerio de Justicia :

i)Instrumentos internacionales de derechos humanos: www.dca.gov.uk/peoples-rights/human-rights/int-human-rights.htm;

ii)Orientación sobre derechos humanos: www.justice.gov.uk/guidance/humanrights.htm.

b) Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth :

i)Estrategia gubernamental de derechos humanos a escala internacional: www.fco.gov.uk/humanrights.

221.El Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth publica un informe anual sobre los derechos humanos, que contiene un resumen de las actividades de derechos humanos a escala mundial del Ministerio, incluidos los principales temas prioritarios y los países que son motivo de mayor preocupación.

4.Asociación con organizaciones internacionales y de la sociedad civil

Organizaciones no gubernamentales

222.Las organizaciones de la sociedad civil y las ONG desempeñan un papel fundamental en la protección, la promoción y el adelanto de los derechos humanos en el Reino Unido. El Gobierno estima que es beneficioso trabajar en estrecha colaboración con estos órganos en la formulación de la política nacional de derechos humanos y consultarlos antes de las reuniones intergubernamentales. Estos órganos también desempeñan un papel clave en la capacitación de funcionarios públicos sobre derechos humanos y en la creación de conciencia sobre cuestiones fundamentales de derechos humanos.

5.Compromisos

223.El Reino Unido está firmemente comprometido con la labor de las Naciones Unidas a favor del respeto de los derechos humanos en todo el mundo. En consecuencia, se ha propuesto trabajar en asociación con el Consejo de Derechos Humanos para reforzar los derechos humanos en el seno de las Naciones Unidas, continuar su apoyo a los órganos de las Naciones Unidas, trabajar en favor del progreso de los derechos humanos en el plano internacional y mantener los más altos niveles de respeto de los derechos humanos en la esfera interna.

6.Iniciativas internacionales

224.Además de defender los derechos humanos en el plano nacional, el Reino Unido está empeñado en la causa de su promoción y protección a nivel internacional. El Gobierno del Reino trabaja en el ámbito de los derechos humanos en todo el mundo por medio de contactos bilaterales, la pertenencia a organizaciones internacionales, la asistencia y ayuda para el desarrollo y la colaboración con la sociedad civil.

225.Dentro de las Naciones Unidas, el Reino Unido participó activamente en la creación del Consejo de Derechos Humanos y se centra en la actualidad en dar al órgano la mayor efectividad posible. Además, el Reino Unido se ha comprometido a que la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas obtenga resultados en coordinación con la labor realizada por otros participantes en el marco de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Una parte importante de ese marco es la valiosa labor realizada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El Reino Unido aporta actualmente 2,5 millones de libras anuales a la Oficina en concepto de contribución voluntaria, además de su cuota al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas.

226.El Reino Unido coopera plenamente con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y acoge con satisfacción las visitas de los titulares de mandatos de los procedimientos especiales. En septiembre de 2007 el Reino Unido fue el principal patrocinador de una iniciativa que culminó con la creación del nuevo cargo de Relator Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud.

227.El Reino Unido fomenta la ratificación de los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas y, por medio de programas de asistencia para el desarrollo y de otra índole, se esfuerza por asegurar su aplicación. Así pues, en los cinco últimos años el Reino Unido ha participado en actividades de promoción en todo el mundo para fomentar la ratificación de la Convención contra la Tortura y su Protocolo Facultativo y ha prestado asistencia técnica práctica de utilidad a tal efecto. Además, el Reino Unido apoya enérgicamente la iniciativa Medida 2, un programa de las Naciones Unidas para incorporar, fortalecer y simplificar el trabajo de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en el plano de los países.

228.Fuera del ámbito de las Naciones Unidas, el Reino Unido participa activamente en el estudio de toda una gama de cuestiones de derechos humanos con otras organizaciones internacionales y regionales, como la Unión Europea, el Grupo de los Ocho, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, el Commonwealth, el Consejo de Europa, el Banco Mundial y muchas otras. El Gobierno del Reino Unido pretende promover una mayor integración de los derechos humanos en el sistema internacional en su conjunto y asegurar que los derechos humanos ocupen un lugar central en la actividad de los organismos internacionales.

229.El Reino Unido reconoce que el desarrollo y los derechos humanos están relacionados entre sí y se refuerzan mutuamente y por consiguiente apoya las estrategias de desarrollo dirigidas por los países que integran los derechos humanos. El Departamento de Desarrollo Internacional trabaja para ayudar a los gobiernos asociados a cumplir sus obligaciones de derechos humanos y reforzar la capacidad de las personas para reivindicar sus derechos.

230.El Reino Unido se esfuerza por desarrollar alianzas eficaces con otros gobiernos. Lo hace mediante el compromiso común con tres objetivos: la reducción de la pobreza y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el respeto de los derechos humanos y otras obligaciones internacionales, y el fortalecimiento de la rendición de cuentas y la gestión financiera.

231.El Reino Unido aplica estas políticas por conducto de una serie de programas: por ejemplo, en el ámbito del derecho a la educación se ha comprometido a invertir 8.500 millones de libras hasta 2016 en apoyo de la educación, particularmente en África subsahariana y en Asia Meridional. En cuanto al derecho al disfrute del más alto nivel de salud física y mental posible, el Reino Unido es el segundo mayor donante bilateral en la lucha contra el sida y se ha comprometido a aportar 1.500 millones de libras en el período 2005-2008.

232.En cumplimiento del compromiso con los derechos humanos a escala mundial, el Reino Unido actúa con un espíritu de consulta, apertura y responsabilidad. Mediante su participación en un elevado número de órganos internacionales y su red de embajadas en todo el mundo, el Reino Unido trata de apoyar el deseo de todas las personas de disfrutar de todos los derechos humanos individuales.

D.Proceso de presentación de informes a nivel nacional

233.En el cuadro siguiente se enumeran los departamentos gubernamentales más importantes para el proceso de presentación de informes en virtud de los siete principales instrumentos de las Naciones Unidas ratificados por el Reino Unido y el examen periódico universal (EPU).

Instrumento de las Naciones Unidas	Departamento gubernamental principal	Coordinación con las dependencias de la Corona	Coordinación con los territorios de ultramar
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial	Departamento de Comunidades y Gobierno local	Ministerio de Justicia	Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos	Ministerio de Justicia	Ministerio de Justicia	Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales	Ministerio de Justicia	Ministerio de Justicia	Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer	Oficina de Igualdad del Gobierno	Ministerio de Justicia	Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes	Ministerio de Justicia	Ministerio de Justicia	Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth
Convención sobre los Derechos del Niño	Departamento para la Infancia, la Escuela y la Familia	Ministerio de Justicia	Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad	Departamento de Trabajo y Pensiones	Ministerio de Justicia	Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth
Examen periódico universal	Ministerio de Justicia	Ministerio de Justicia	Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth

III.Información sobre la no discriminación y la igualdad y recursos efectivos

Medidas adoptadas para eliminar la discriminación y garantizarla igualdad

234. En el cuadro infra se resume la legislación promulgada desde 1998 para garantizar la igualdad ante la ley, igual protección ante la ley y la lucha contra la discriminación.

235.Uno de los principios más importantes en que se basa la constitución no escrita del Reino Unido es el estado de derecho. Es la convicción de que todas las personas y autoridades son iguales ante la ley. Este principio no solo refuerza el concepto de pesos y contrapesos inherente a toda sociedad democrática, sino también la idea de igualdad jurídica. La aplicación de esta norma, sin excepciones ni condiciones, indica que la idea de igualdad es de suma importancia constitucional en el Reino Unido. El artículo 1 de la Ley de reforma constitucional de 2005 ilustra su importancia permanente en el Reino Unido en la actualidad al afirmar que:

"Esta ley no afecta negativamente:

a)El principio constitucional vigente del estado de derecho; ni

b)El papel constitucional actual del Lord Canciller en relación con este principio."

236.En los últimos cuarenta años se han promulgado en Gran Bretaña diversas leyes que prohíben la discriminación. La primera fue la Ley de relaciones raciales de 1965 (derogada y sustituida por la Ley de relaciones raciales de 1976), a la que siguieron la Ley sobre la igualdad de remuneración de 1970 y la Ley contra la discriminación sexual de 1975. La Ley contra la discriminación por discapacidad se promulgó en 1995. En 2003 y 2006 se promulgaron nuevas leyes para prohibir la discriminación en el empleo y la formación profesional por razones de orientación sexual, religión, creencia y edad, a fin de llevar a la práctica la directiva marco europea. La discriminación fuera del lugar de trabajo por motivos de religión o creencia y orientación sexual se prohibió en 2007.

237.La Ley contra la discriminación por discapacidad es la única ley contra la discriminación que se aplica en todo el Reino Unido. Otras leyes contra la discriminación se aplican solamente en Gran Bretaña. La legislación de Irlanda del Norte contra la discriminación concuerda en términos generales con la legislación de Gran Bretaña.

238.La legislación de Gran Bretaña contra la discriminación prohíbe por lo general la discriminación directa, la discriminación indirecta, la victimización y el acoso. Prohíbe la discriminación en el empleo (y en áreas relacionadas con el empleo), la formación profesional (incluida la educación superior y permanente) y en las escuelas, en el suministro de bienes, medios y servicios, en los clubes privados, en la venta y gestión de locales y en el ejercicio de la función pública.

239.La legislación también impone a las autoridades públicas la obligación positiva de promover la igualdad de oportunidades sin consideraciones de raza, discapacidad y género. Esta "obligación positiva" exige a las autoridades públicas que erradiquen de manera proactiva toda discriminación y promuevan la igualdad de oportunidades en la concepción y aplicación de políticas y servicios, y en su condición de empleadores. Las obligaciones pueden exigir medidas positivas para hacer frente a las desigualdades e integrar la igualdad en todas las esferas de la labor de las autoridades públicas.

240.En junio de 2007 el Gobierno publicó un documento de consulta titulado A framework for fairness: proposals for a Single Equality Bill for Great Britain (Un marco para la justicia: Propuestas para una ley única sobre la igualdad en Gran Bretaña). Se han recibido más de 4.000 respuestas, de las cuales unas 600 proceden de organizaciones. Después de la consulta, en junio y julio de 2008 se publicaron dos documentos que describían la política propuesta del Gobierno respecto del nuevo proyecto de ley sobre la igualdad. El tratamiento del proyecto de ley sobre la igualdad se aplazó para el quinto período de sesiones del Parlamento (2009/10), en que se presentó.

241.En Irlanda del Norte se han establecido protecciones adicionales para promover la igualdad. Tras el Acuerdo de Belfast de 1998 se creó la Comisión de Igualdad para Irlanda del Norte. Sus funciones incluyen la promoción de la igualdad de oportunidades, la acción afirmativa y las buenas relaciones entre personas de diferentes grupos raciales. La Comisión supervisa también la efectividad de las leyes contra la discriminación y de igualdad y la obligación de igualdad impuesta por el artículo 75 de la Ley de Irlanda del Norte de 1998, incluidas las facultades de investigación para asegurar su cumplimiento.

242.La Ley del Gobierno de Gales de 2006 contiene disposiciones destinadas a promover la igualdad y proteger los derechos. En particular, los ministros de Gales deben adoptar disposiciones para asegurarse de que el Gobierno de la Asamblea de Gales actúa "teniendo debidamente en cuenta el principio de igualdad de oportunidades para todos".

Medidas prácticas

243.La Ley de igualdad de 2006 instituyó una serie de medidas prácticas destinadas a fortalecer la igualdad en el Reino Unido. La ley no solo dispone el establecimiento de la Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos, sino que también empodera a este órgano para que actúe como defensor independiente de la igualdad y los derechos humanos en el Reino Unido. La ley también impone el "deber de la igualdad de género" a todas las autoridades públicas que, en consecuencia, deben promover activamente la igualdad de oportunidades entre los géneros. Además, amplió el alcance de la ley a fin de prohibir la discriminación por razones de orientación sexual y religión o creencia en el suministro de bienes, medios y servicios, y el ejercicio de la función pública.

244.La Oficina Gubernamental para la Igualdad es responsable de la estrategia y las prioridades generales del Gobierno sobre la igualdad, por ser el órgano principal en materia de política y legislación sobre igualdad. La Oficina, que trabaja con todos los sectores del Gobierno, vela por que la política de igualdad se integre firmemente en el enfoque del Gobierno y supervisa su aplicación y ejecución efectivas. La inclusión de un acuerdo especial de igualdad en los servicios públicos en los planes de gastos futuros para 2008-2011 demuestra el empeño permanente del Gobierno por resolver el problema de la desigualdad. El objetivo de este acuerdo es prestar atención especial a la igualdad y al mismo tiempo contribuir a la ejecución del programa interdepartamental de igualdad del Gobierno.

245.Las medidas que abordan la desigualdad en la sociedad han tenido una prioridad elevada en el programa gubernamental, y la política del Gobierno no se ha centrado solo en las personas desfavorecidas en razón de sus bajos ingresos. El enfoque del Gobierno es más amplio y está destinado a abordar las causas (y las consecuencias) combinadas y vinculadas entre sí de la exclusión social. El Grupo de trabajo sobre la exclusión social es la entidad principal que se encarga de este tema y determina las prioridades gubernamentales, ensaya posibles soluciones y facilita la aplicación de las políticas en distintos ámbitos del Gobierno y, ulteriormente, del Gobierno a la sociedad. Las medidas adoptadas incluyen iniciativas centradas en revitalizar la comunidad; programas destinados especialmente a mejorar la salud y el bienestar de los niños de zonas desfavorecidas; el incremento de la financiación y la gestión del desempeño de los servicios deficientes, y planes e incentivos destinados a la reinserción a las personas desfavorecidas en el mercado de trabajo.

Medidas legislativas relativas a la igualdad y los derech os humanos adoptadas desde 1997 (y año de su adopción)	Objetivo o esfera principal
Ley de derechos humanos de 1998	Aplicación directa en los tribunales nacionales del Reino Unido de los derechos consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Las personas mantienen el derecho de apelar ante el Convenio una vez que hayan agotado todos los recursos internos disponibles
Ley contra la discriminación por razones de sexo de candidatos a elecciones de 2002	Lucha contra la discriminación por motivos de género en el proceso electoral
Reglamento de 2003 de la Ley de relaciones raciales de 1976 (enmienda)	Enmienda de la ley sobre la discriminación por motivos raciales para ajustarla a la Directiva sobre el origen racial de 2000 de la Unión Europea (incluida la definición legal de acoso y la inversión de la carga de la prueba)
Reglamento sobre la Igualdad en el Empleo de 2003 (orientación sexual)	Prohibición de la discriminación en el empleo y la formación profesional por motivos de orientación sexual
Reglamento sobre la Igualdad en el Empleo de 2003 (religión o creencia)	Prohibición de la discriminación en el empleo y la formación profesional por motivos de religión o creencia
Ley de registro civil de parejas de 2004	Reconocimiento civil de las parejas del mismo sexo
Ley de relaciones laborales de 2004	Protección contra despidos y procedimientos de acciones laborales
Ley de reconocimiento de sexo de 2004	Reconocimiento civil del nuevo sexo que han adquirido los transexuales
Ley de la infancia de 2004	Protección de los niños contra los malos tratos
Ley sobre violencia doméstica, delitos y víctimas de 2004	Aumento de las sanciones en los casos de violencia doméstica y apoyo a las víctimas
Ley sobre discriminación por motivos de discapacidad de 2005	Fortalecimiento de las disposiciones para luchar contra la discriminación por motivos de discapacidad
Ley de igualdad de 2006	Creación de la Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos y promoción de los derechos humanos. Prohibición de la discriminación por razones de orientación sexual y religión o creencia en el suministro de bienes, medios y servicios, y el ejercicio de la función pública
Ley sobre el trabajo y las familias de 2006	Un equilibrio más justo de los derechos y responsabilidades de empleadores y empleados, en particular con respecto a las trabajadoras embarazadas
Reglamento sobre la igualdad en el empleo de 2006 (edad)	Lucha contra la discriminación en el trabajo por razones de edad
Ley sobre la Comisión de Derechos Humanos de Escocia de 2006	Establecimiento de la Comisión de Derechos Humanos de Escocia