Documento básico común que forma parte integrante de los informes de los Estados partes

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte *

[24 de noviembre de 2011]

Índice

Párrafos Página

I.Información general1–1463

A.Características demográficas, económicas, sociales y culturalesdel Estado13

B.Estructura constitucional, política y jurídica2–1468

II.Marco jurídico general de la protección de los derechos humanos147–24533

A.Aceptación de las normas internacionales de derechos humanos147–15333

B.Marco jurídico de protección de los derechos humanos enel plano nacional154–21734

C.Marco para la promoción de los derechos humanos a nivel nacional218–24344

D.Proceso de presentación de informes a nivel nacional244–24548

III.Información sobre la no discriminación y la igualdad y recursos efectivosdel Reino Unido246–25649

I.Información general

A.Características demográficas, económicas, sociales y culturales del Estado

1.Se presenta a continuación un resumen de la información estadística del Reino Unido, partiendo de los datos disponibles más actualizados.

Reino Unido

Población
Tamaño	61 792 000
Crecimiento con respecto al año anterior	0,60%
Densidad (personas por km2)	255
Número de hombres por cada 100 mujeres	96,68
Grupos étnicos	Blancos 92,1%, mestizos 1,2%, asiáticos o asiáticos británicos 4,0%, negros o negros británicos 2,0%, chinos 0,4%, otros grupos étnicos 0,4%(abril de 2001)
Porcentaje de la población menor de 16 años	19%
Porcentaje de la población mayor de 65 años	16% (65 o más años de edad)
Porcentaje de la población residente en zonas urbanas	79,7% (abril de 2001)
Religión	Cristianos 71,8%, ateos 15,1%, sin religión declarada 7,8%, musulmanes 2,8%, hindúes 1,0%, sijs 0,6%, judíos 0,5%, budistas 0,3%, otras religiones 0,3% (abril de 2001)
Tasa de mortalidad infantil (número de fallecimientos de niños menores de 1 año por cada 1 000 nacidos vivos)	4,7 (cifras correspondientes al Reino Unido en 2008)
Tasa de natalidad	794 383 nacidos vivos en 2008 (12,9 por cada 1 000 habitantes)
Tasa de mortalidad (por cada 1 000 habitantes)	9,4 (2008)
Hombres	9,2
Mujeres	9,7
Esperanza de vida (años al nacer)
Hombres	77,4
Mujeres	81,6
Tasa total de fecundidad (hijos por mujer)	1,90 (2007); 1,96 (2008)
Tamaño promedio de las familias	2,4 personas por familia
PIB	1,3 billones de libras (2009)
PIB per ca pita	20 980 libras (2009)
Inflación	3,2% (junio de 2010)
Déficit/superávit público	-159 200 millones de libras (equivalente al 11,4% del PIB de 2009)
Deuda pública	950 400 millones de libras(equivalente al 68,1% del PIB de 2009)
Tasa de empleo	72,3% (28 984 millones) (marzo a mayo de 2010)
Tasa de alfabetización de los adultos	99,0% (2009)

Indicadores del sistema político

Indicador	Valor
Número de partidos políticos reconocidos a nivel nacional	121 partidos políticos (además de los candidatos independientes)
Proporción de la población en condiciones de votar	78,8% (aproximadamente)
Proporción de no nacionales inscritos para votar	No disponible en el caso de las elecciones parlamentarias
Número de denuncias registradas sobre la celebración de elecciones, por tipo de presunta irregularidad	Dos peticiones que cuestionaban los resultados en las elecciones generales de 2010
Comparación entre votos y escaños en las elecciones generales de 2010	Partido Conservador: 36,1% y 306 escaños (47%); Partido Laborista: 29,0% y 258 escaños (40%); Partido Demócrata Liberal: 23,0% y 57 escaños (9%); otros: 11,9% y 29 escaños (4%)
Porcentaje de mujeres en el Parlamento	143 mujeres elegidas como miembro del Parlamento; el 22% del total
Proporción de las elecciones nacionales y subnacionales celebradas oportunamente (conforme al calendario establecido legalmente)	Todas las elecciones (100%)
Participación media de votantes en las elecciones nacionales y subnacionales en las administraciones autónomas	Westminster: 65,1% (2010), 61,4% (2005), 59,4% (2001), 71,4% (1997) Asamblea de Irlanda del Norte: 62,3% (2007), 63,1% (2003), 68,8% (1998) Parlamento Escocés: 52,4% (2007), 49,4% (2003), 58,2% (1999) Asamblea de Gales: 43,5% (2007), 38,2% (2003), 46,3% (1999)

Indicadores sobre delincuencia y administración de justicia en Inglaterra y Gales

Indicador	Valor
Porcentaje de delitos cometidos, clasificados como delitos violentos	22% (aproximadamente 1/5 de los delitos totales)
Tendencia de los delitos violentos de 1995 a 2007‑2008	-41%
Porcentaje de violencia grave contra la persona	2% de los delitos totales de violencia contra la persona
Personas que corren el mayor riesgo de violencia	Varones jóvenes (de entre 16 y 24 años) Estudiantes a tiempo completo Personas desempleadas
Número de delitos violentos registrados en 2007‑2008	2 164 000
Delitos violentos en 2007-2008 Con lesiones Sin lesiones	1 261 000 903 000
Número de delitos registrados, todos los delitos 2007‑2008	4 950 700
Delitos sexuales totales cometidos en 2007-2008	53 500
Número de delitos de violación registrados en 2007‑2008 Violaciones de mujeres Violaciones de hombres	11 684 1 006
Detección de delitos, según el método de detección Detecciones sancionadas Detecciones no sancionadas Todas las detecciones	1 373 056 868 1 373 933
Promedio de la población reclusa (2009)	82 075
Número de reclusos, por sexo Varones Mujeres	77 812 4 263
Muertes de personas detenidas por la policía Número de muertes de personas detenidas por la policía o relacionadas de otra manera con la policía (1999-2000) Variación porcentual con respecto a 1999-2000	70 + 4%
Causa de la muerte en detención policial Bajo los efectos de bebidas alcohólicas o drogas fiscalizadas Accidentes de motocicleta o de automóvil Lesiones autoinfligidas	30 24 14
Solicitudes de asistencia letrada en causas penales (2005‑2006) Solicitudes recibidas por el servicio del Tribunal de la Corona Solicitudes concedidas por el servicio del Tribunal de la Corona Solicitudes recibidas por los servicios de los juzgados Solicitudes concedidas por los servicios de los juzgados	20 975 20 741 572 965 532 008
Número de sospechosos que recibieron asesoramiento o asistencia en las comisarías de policía (2009-2010)	853 086
Gastos en asistencia letrada de causas penales 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006	872 982 1 096 1 179 1 192 1 197

B.Estructura constitucional, política y jurídica

1.El sistema de gobierno

2.El sistema de gobierno parlamentario del Reino Unido no se basa en una constitución escrita, sino que es el resultado de una evolución gradual a lo largo de varios siglos. La esencia del sistema actual, que tiene ya más de dos siglos, consiste en que los dirigentes políticos que ejercen el poder ejecutivo son miembros del Parlamento y responden ante una asamblea elegida, la Cámara de los Comunes (que forma parte del Parlamento de Westminster), cuyos miembros representan a los distintos distritos electorales de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. La permanencia en funciones del Gobierno depende del apoyo de una mayoría de la Cámara de los Comunes, en la que el Gobierno ha de responder a la crítica fundamentada y pública de la oposición oficial.

3.El Parlamento de Westminster tiene tres componentes, la Reina y las dos cámaras del Parlamento (la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, esta última elegida por el pueblo), que están exteriormente separados. Las cámaras, cuya composición se basa en principios diferentes, solo celebran reuniones conjuntas en ocasiones de carácter simbólico, como la coronación o la ceremonia de apertura del Parlamento, cuando la Reina convoca a los Comunes a la Cámara de los Lores. Como órgano legislativo del Estado, sin embargo, el Parlamento es un órgano institucional que, con algunas excepciones (véase infra), no puede legislar sin el concurso de todas sus partes.

4.La Ley orgánica del Parlamento de 1911 fijó en cinco años la duración del período parlamentario, aunque se puede disolver el Parlamento y celebrar elecciones generales antes de que expire ese plazo. Al no estar sujeto al tipo de limitaciones legales impuestas a los órganos legislativos de los países que tienen constituciones escritas, el Parlamento goza prácticamente de libertad total en materia legislativa: puede sancionar, derogar o modificar cualquier ley.

a)La Corona y el Parlamento

5.Constitucionalmente, la existencia jurídica del Parlamento depende del ejercicio de las prerrogativas reales (es decir, en términos generales, del conjunto de poderes residuales que mantiene la Corona). Sin embargo, los poderes de la Corona en relación con el Parlamento están sujetos a limitación y modificación por vía legislativa y siempre se ejercen con el asesoramiento y por medio de los ministros, que son responsables ante el Parlamento.

6.En su calidad de "cabeza" temporal de la Iglesia de Inglaterra, la Reina designa, atendiendo a los consejos del Primer Ministro, a los arzobispos y obispos, algunos de los cuales forman parte de la Cámara de los Lores a título de "Lores eclesiásticos". Como "dispensadora de honores", la Reina confiere también a ciertas personas (por recomendación del Primer Ministro, que suele consultar a otras personas) la condición de "par"; esto significa que los "Lores laicos", que constituyen el resto de la Cámara Alta, también han sido creados por prerrogativa real, pudiéndose aumentar su número en todo momento.

7.El Parlamento es convocado por proclamación real, y es también la Reina la que lo prorroga (o suspende hasta el siguiente período de sesiones) y lo disuelve. Al inicio de cada período de sesiones, la Reina declara abierto el Parlamento. En la ceremonia de apertura, la Reina se dirige a los Lores y a los Comunes reunidos en asamblea, y en su discurso, que es redactado por sus ministros, expone las líneas generales de la política del Gobierno y propone el programa legislativo para el período de sesiones que se inicia.

8.Ninguna ley puede entrar en vigor sin la sanción de la Soberana, sanción que, según la práctica establecida, es generalmente comunicada al Parlamento por los presidentes ( speakers ) de las dos cámaras. La Soberana conserva, además del derecho a ser consultada, el derecho a promover la adopción de ciertas decisiones, o, por el contrario, de precaver de tal adopción, pero hace mucho tiempo que el derecho de veto en materia legislativa ha caído en desuso.

b)Los períodos de sesiones del Parlamento

9.La actividad del Parlamento se divide en períodos de sesiones. Cada período de sesiones suele durar un año y suele concluir con una prórroga, aunque también puede ser disuelto. Durante un período de sesiones, cualquiera de las cámaras puede suspender las sesiones por propia iniciativa y hasta la fecha que estime oportuna.

10.Al clausurarse un período de sesiones, la prórroga suele entrar en vigor mediante un anuncio comunicado a ambas cámaras en nombre de la Reina, en la Cámara de los Lores. La prórroga se mantiene en vigor hasta una fecha establecida, que a su vez puede retrasarse o anticiparse mediante una proclama ulterior. La prórroga supone la cesación inmediata de casi todas las actividades parlamentarias. Esto significa que todos los proyectos de ley parlamentarios no completados durante el período de sesiones deben volver a presentarse en el período siguiente, a menos que se desista de ellos o se llegue a un acuerdo de que el proyecto de ley se "traslade" al siguiente período de sesiones.

11.Por lo general, el Parlamento se declara disuelto al término del período de cinco años que dura su mandato, pero el Primer Ministro también puede solicitar su disolución antes de su conclusión. Con arreglo a la práctica contemporánea, la continuidad del Parlamento queda garantizada por la declaración simultánea de la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones, con indicación de la fecha en la que deberá reunirse el nuevo Parlamento elegido.

12.La suspensión de las sesiones no afecta a la labor parlamentaria en curso. El Parlamento puede volver a reunirse antes de lo previsto (en el caso de una suspensión de más de 14 días), bien por proclamación real o, si el interés público lo requiere, con mayor urgencia, haciendo uso de los poderes que cada cámara otorga especialmente a su presidente.

c)Traspaso de competencias

13.En el Reino Unido se concedió autonomía de gobierno (tras la celebración de referendos por mayoría simple) a Gales y Escocia en septiembre de 1997 y a Irlanda del Norte en mayo de 1998 En mayo de 1998, también se celebró un referéndum para elegir de forma directa al alcalde de Londres y la Asamblea Metropolitana de Londres. En 1999 el Parlamento Escocés, la Asamblea Nacional de Gales y la Asamblea de Irlanda del Norte, como se establece en su legislación parlamentaria respectiva, comenzaron a ejercer sus poderes y, en mayo de 2000, lo hizo la Asamblea de Londres. El propósito del traspaso de competencias es descentralizar el poder y permitir la adopción de decisiones ejecutivas sobre aquellas cuestiones traspasadas a las administraciones y los órganos legislativos autónomos (como la salud, la educación y el medio ambiente). El Parlamento del Reino Unido mantiene su soberanía y se reserva el derecho de legislar en relación con todas las cuestiones. Como consecuencia del traspaso, el Parlamento del Reino Unido ha reconocido que, con respecto a las competencias transferidas, corresponde a las asambleas y los parlamentos autónomos legislar sobre aquellas cuestiones de su ámbito de competencia, aunque mantiene su derecho a legislar si así lo decide. Además, el Parlamento del Reino Unido sigue manteniendo el control sobre determinadas esferas, como las relaciones exteriores, la defensa y la seguridad nacional, y las políticas macroeconómicas y fiscales.

14.Tras la promulgación de la Ley de Escocia de 1998 se estableció el Parlamento Escocés, que cuenta con 129 miembros, elegidos cada cuatro años por el sistema del representante adicional de representación proporcional.

15.El Parlamento Escocés funciona en general según el modelo de Westminster y elige un Primer Ministro, que es el jefe del poder ejecutivo (el Gobierno de Escocia). El Parlamento y el Gobierno de Escocia son responsables de la mayoría de aspectos de las políticas económicas y sociales internas. En la Ley de Escocia de 1998 se enumeran todas las cuestiones que están "reservadas" al Parlamento del Reino Unido que, como tales, son responsabilidad del Gobierno del Reino Unido. Se considera que todas las cuestiones que no están enumeradas se han transferido. El Parlamento Escocés se financia mediante una subvención global del Gobierno del Reino Unido.

16.Tras la promulgación de la Ley del Gobierno de Gales de 1998, se estableció la Asamblea Nacional de Gales, integrada por 60 miembros, 40 de ellos elegidos por el sistema electoral de mayoría relativa ( first past the post ) y 20 miembros regionales elegidos por el sistema del representante adicional de representación proporcional. (Mediante la Ley del Gobierno de Gales de 2006 se puso fin a la candidatura doble en las elecciones a la Asamblea, mediante la cual los candidatos podían salir elegidos en los dos sistemas.)

17.De conformidad con la Ley del Gobierno de Gales de 1998, la Asamblea Nacional de Gales no tenía potestad para promulgar legislación primaria, pero disponía de amplios poderes ejecutivos y podía dictar legislación secundaria (es decir, decretos y reglamentos). Sus responsabilidades no eran tan amplias como las del Parlamento Escocés (el Gobierno del Reino Unido mantenía la responsabilidad con respecto a la policía y el sistema judicial). La Ley del Gobierno de Gales de 2006 estableció una separación formal entre la Asamblea Nacional, como poder legislativo, y el Gobierno de la Asamblea de Gales, como poder ejecutivo, de forma análoga al modelo de Westminster. El Gobierno de Gales tiene la responsabilidad de las funciones ejecutivas que se le habían otorgado inicialmente a la Asamblea Nacional. En virtud de la Ley de 2006, la nueva Asamblea Nacional tiene potestad para promulgar leyes sobre cuestiones específicas (denominadas medidas de la Asamblea) que se le han transferido en aquellas "esferas" en las que los Ministros Escoceses tienen responsabilidades. Tras el resultado afirmativo en un referéndum sobre un aumento de las facultades legislativas, celebrado en marzo de 2011, la Asamblea asumió la potestad de promulgar leyes en todas las esferas transferidas, como se establece en la Ley de 2006. El Parlamento mantiene la responsabilidad de legislar en aquellas esferas que no se han transferido. La Asamblea se financia mediante una subvención global y no tiene competencias fiscales.

18.El Acuerdo de Belfast dio lugar a la transferencia de competencias a Irlanda del Norte por medio de la Ley de Irlanda del Norte de 1998. Se estableció una Asamblea de 108 miembros con poderes legislativos y ejecutivos y, en diciembre de 1999, se efectuó el traspaso de competencias.

19.El poder ejecutivo de Irlanda del Norte está compuesto por un Primer Ministro, un Primer Ministro Adjunto y 11 ministros, distribuidos de acuerdo con el grado de representación de los partidos en la Asamblea según el sistema D'Hondt, excepto en el caso del Ministro de Justicia, que es elegido directamente por la Asamblea. En la declaración de traspaso de competencias de Irlanda del Norte, que figura en la Ley de Irlanda del Norte de 1998, se establecen tres categorías de competencias legislativas. Las cuestiones "exceptuadas" (que figuran en el anexo 2 de la ley) son cuestiones de importancia nacional que siguen estando bajo la responsabilidad del Gobierno del Reino Unido y solo pueden ser legisladas en Westminster. Las cuestiones "reservadas" (anexo 3 de la ley) son cuestiones que atañen al conjunto del Reino Unido sobre las que la Asamblea puede legislar, pero solo con el consentimiento del Secretario de Estado. Las cuestiones "transferidas" (o traspasadas) (cualquier cuestión que no esté enumerada en los anexos 2 o 3 de la ley) son aquellas cuestiones con respecto a las que la Asamblea tiene competencia legislativa plena. Entre las esferas traspasadas a Irlanda del Norte figuran la agricultura, la educación, la vivienda, el empleo, la salud y, desde abril de 2010, los asuntos relativos a la policía y a la justicia.

d)La Comunidad Europea

20.Desde la adhesión del Reino Unido a la Comunidad Europea en 1973, han entrado en vigor en el país las disposiciones del Acta de Adhesión a las Comunidades Europeas de 1972, relativas a la aplicación del Tratado de Roma. Se han adoptado procedimientos parlamentarios especiales para mantener informados a los miembros de ambas cámaras del Parlamento de Westminster acerca de las novedades que se registran en el ámbito de la Unión Europea. Estos procedimientos consisten en el examen de las propuestas legislativas de la Unión Europea en el Parlamento, mediante la presentación por el Gobierno de las nuevas propuestas de la Unión Europea, acompañadas de memorandos explicativos (que tratan, por ejemplo, del principio de subsidiariedad, el fundamento jurídico de las propuestas y sus repercusiones con respecto a los derechos fundamentales y las políticas en general, así como las implicaciones financieras para el Reino Unido).

e)La composición del Parlamento

21.El sistema bicameral forma parte del Gobierno parlamentario del Reino Unido. La Cámara de los Lores (la cámara alta) y la Cámara de los Comunes (la cámara baja) se reúnen por separado y se basan en principios totalmente distintos, pero ambas cámaras participan en el proceso legislativo.

22.Desde los orígenes del Parlamento, el equilibrio de poderes entre las dos cámaras ha registrado cambios fundamentales, y ese proceso continuo de evolución y adaptación se ha acelerado de forma considerable en los últimos 75 años. Con arreglo a la práctica actual, el poder parlamentario reside fundamentalmente en la Cámara de los Comunes, de elección popular, pero hasta el siglo XX el poder de veto de los Lores sobre las medidas propuestas por los Comunes era teóricamente ilimitado. En la actualidad, con arreglo a las Leyes orgánicas del Parlamento de 1911 y 1949, determinados proyectos de ley pueden convertirse en ley sin el consentimiento de los Lores. La Ley de 1911 impuso restricciones al derecho de los Lores a retrasar la aprobación de proyectos de ley que hacen referencia a gastos o impuestos, y limitó su poder para rechazar otro tipo de leyes. Con arreglo a la Ley de 1911, los Lores solo podían retrasar la aprobación de los proyectos de ley durante dos años. Mediante la Ley de 1949 ese plazo se redujo a un año.

23.Estas limitaciones de las facultades de la Cámara de los Lores se basan en la idea de que, en la actualidad, la principal función legislativa de esa Cámara es la revisión de los proyectos de ley, y de que su actividad no es opuesta, sino complementaria, de la de la Cámara de los Comunes.

f)La Cámara de los Comunes

24.La Cámara de los Comunes es una asamblea de representantes elegidos por el sufragio universal de las personas mayores de edad, y está integrada por hombres y mujeres (los miembros del Parlamento) que proceden de una amplia gama de sectores de la sociedad. La Cámara de los Comunes tiene 650 escaños, que representan al Reino Unido en su conjunto; en las elecciones generales previstas para 2015 los escaños se reducirán a 600.

25.Los miembros de la Cámara de los Comunes mantienen sus escaños durante todo el período parlamentario. Son elegidos en las elecciones generales que se celebran tras la disolución del Parlamento y la convocatoria para constituir otro por la Soberana, o en las elecciones parciales que se celebran cuando se produce una vacante en la Cámara por fallecimiento u otro tipo de inhabilitación.

g)La Cámara de los Lores

26.En la actualidad, la Cámara de los Lores tiene 738 miembros. Con arreglo a la Ley de la Cámara de los Lores de 1999, se reformó la composición de la Cámara mediante la eliminación de los derechos de participación y de voto de la mayoría de los pares hereditarios. En consecuencia, actualmente la mayoría de los escaños de la Cámara de los Lores pertenece a los "pares vitalicios", las personas designadas con arreglo a la Ley sobre pares vitalicios de 1958, cuyo número actual asciende a unos 600. Además, siguen integrando la Cámara de los Lores 92 pares hereditarios y 26 arzobispos u obispos de la Iglesia de Inglaterra.

27.Mediante la Ley de reforma constitucional de 2005 se eliminó la función judicial de la Cámara de los Lores, al disponer la creación de un tribunal supremo de Inglaterra y de Gales. En octubre de 2009, el Tribunal Supremo sustituyó a la Cámara de los Lores como última instancia de recurso para todos los asuntos en todo el Reino Unido, con excepción de Escocia. El Tribunal Superior de Justicia sigue siendo el más alto tribunal en materia penal en Escocia.

28.El Gobierno ha publicado un libro blanco y un proyecto de ley en el que figuran sus propuestas para que todos, o la mayoría, de los miembros de la cámara alta se elijan sobre la base de la representación proporcional.

h)Las elecciones legislativas

29.Las disposiciones relativas a las elecciones legislativas figuran en las leyes sobre la representación popular. Las elecciones de representantes para la Cámara de los Comunes se efectúan por sufragio secreto. En ellas pueden participar todos los ciudadanos del Reino Unido, los ciudadanos de otros países del Commonwealth y los ciudadanos de la República de Irlanda residentes en el Reino Unido que tengan 18 años o más de edad y no estén inhabilitados para ello por la ley. Sin embargo, no tienen derecho a votar en las elecciones legislativas las siguientes personas: los pares que son miembros de la Cámara de los Lores, los delincuentes que están cumpliendo condena en prisión y cualquier persona que en los cinco años anteriores haya sido condenada por corrupción u otras prácticas electorales ilícitas. En la mayoría de los casos, para poder votar en la circunscripción el elector debe estar registrado ante la autoridad local pertinente. En Gran Bretaña, los oficiales de registro electoral elaboran el padrón electoral, realizando anualmente una encuesta de los hogares en las zonas que les competen. Además, en virtud de las disposiciones de "inscripción automática" instituidas en 2000, toda persona puede solicitar en cualquier momento su incorporación al padrón electoral. Esta disposición está dirigida a las personas que han cambiado de domicilio durante el año. Con arreglo a cambios más recientes en la legislación electoral, las personas en condiciones de votar pueden empadronarse en todo el Reino Unido hasta 11 días antes de la fecha de las elecciones.

30.En Irlanda del Norte, desde 2002, existe un sistema de registro electoral diferente, que se basa en la inscripción de las personas y no de los hogares. El Gobierno ha anunciado que en 2014 se aplicará en Gran Bretaña el registro electoral individual y, el 30 de junio de 2011, publicó un libro blanco y un proyecto de ley en el que figuran las propuestas para su aplicación, que serán objeto de control previo a la legislación. En Irlanda del Norte, el registro individual implica que todo elector habilitado debe cumplimentar su propio formulario de inscripción y proporcionar su firma, fecha de nacimiento y número de seguro nacional. El Oficial Electoral Jefe de Irlanda del Norte puede verificar las inscripciones en el registro con otras autoridades públicas y cotejarlas con la base de datos del Departamento de Empleo y Jubilaciones para determinar si son correctas. Este sistema de registro personal se instituyó inicialmente para disipar la percepción de fraude electoral y ha contribuido en gran medida a garantizar un alto grado de exactitud en el registro. Por lo tanto, en 2006 se eliminó en Irlanda del Norte el requisito de la encuesta anual de votantes.

31.El voto no es obligatorio. Por lo general, los electores votan personalmente en las mesas electorales especialmente establecidas con ese fin. También pueden solicitar el voto por correo o designar a un representante para que vote en su nombre.

32.El sistema de votación utilizado es el de la mayoría relativa, en virtud del cual queda elegido el candidato que más votos haya obtenido en una circunscripción determinada. El 22 de julio de 2010, el Gobierno de coalición presentó un proyecto de ley sobre el sistema de votación y las circunscripciones en las elecciones legislativas, que recibió la sanción real el 16 de febrero de 2011. En la Ley del sistema de votación y las circunscripciones en las elecciones legislativas se disponía la celebración de un referéndum en el Reino Unido sobre el sistema de votación de las elecciones legislativas, que se celebró el 5 de mayo de 2011. Se preguntó a los votantes si se debería utilizar el sistema de votación alternativo en lugar del sistema anterior de mayoría relativa para elegir a los miembros del Parlamento de la Cámara de los Comunes. El resultado del referéndum indicó que una mayoría estaba a favor de mantener el sistema actual.

33.En las elecciones legislativas, el Reino Unido está dividido en zonas geográficas denominadas circunscripciones, y a cada una le corresponde un representante en la Cámara de los Comunes.

34.En la Ley del sistema de votación y las circunscripciones en las elecciones legislativas, que recibió la sanción real el 16 de febrero de 2011, se establecen nuevas reglas para la distribución de escaños, y se requieren 600 escaños y circunscripciones en la Cámara de los Comunes en lugar de los actuales 650. Este reglamento dará prioridad a la igualdad numérica como principio, y habrá una cuota electoral uniforme para el número de escaños de las circunscripciones del Reino Unido, que no variará en más de un 5% por ciento de la cuota, con algunas excepciones limitadas. Las comisiones de delimitación parlamentarias realizarán un examen a finales de septiembre de 2013, con revisiones posteriores cada cinco años.

35.Todos los ciudadanos del Reino Unido, los ciudadanos de otro país del Commonwealth o de la República de Irlanda que no estén inhabilitados para el voto y tengan 18 años cumplidos pueden presentarse como candidatos en las elecciones legislativas. Entre las personas inhabilitadas figuran las personas declaradas en quiebra no rehabilitadas, las personas detenidas condenadas a más de un año de privación de libertad, los pares que son miembros de la Cámara de los Lores, las personas condenadas o denunciadas ante un tribunal electoral por prácticas corruptas o ilícitas (la inhabilitación dura cinco años en el primer caso y tres en el segundo), y las personas afectadas por la Ley sobre inhabilitaciones para la Cámara de los Comunes de 1975, entre las que se encuentran las que desempeñan cargos judiciales, los funcionarios públicos, los miembros de las fuerzas armadas regulares o de los servicios policiales, y los ciudadanos del Reino Unido que son miembros de órganos legislativos de países o territorios no pertenecientes al Commonwealth. Los candidatos suelen pertenecer a uno de los principales partidos políticos nacionales, pero también los partidos más pequeños y otras agrupaciones pueden designar candidatos, y cualquier persona puede presentarse como candidato "independiente" aunque no tenga el apoyo de un partido. Toda candidatura debe contar con la firma de dos electores, que la inician en calidad de proponente y coadyuvante, respectivamente, y con la de otros ocho electores inscritos en el padrón electoral de la circunscripción de que se trate.

i)El sistema de partidos

36.La existencia en el Reino Unido de partidos políticos organizados que proponen su propia política al electorado ha dado lugar a agrupaciones políticas claramente definidas en el Parlamento.

37.Desde 1945, el Partido Conservador y el Partido Laborista han ganado cada uno 9 de las 18 elecciones generales celebradas, y la gran mayoría de los miembros de la Cámara de los Comunes ha representado a alguno de estos dos partidos. Tras las elecciones generales de mayo de 2010, se ha formado un Gobierno de coalición entre el Partido Conservador y el Partido Demócrata Liberal.

j)El gobierno y la oposición

38.Por convenio constitucional, la Soberana invita a formar gobierno y nombra Primer Ministro al jefe del partido que ha obtenido más escaños (aunque no necesariamente más votos) en unas elecciones generales, o que cuenta con el apoyo de la mayoría de los miembros de la Cámara de los Comunes. En ocasiones, cuando ningún partido ha conseguido esa mayoría de escaños, puede formarse una coalición o un gobierno minoritario.

39.El Primer Ministro elige un equipo de ministros y forma un gabinete de unos 20 miembros, cuyo nombramiento propone a la Soberana como Ministros de la Corona. Juntos constituyen el Gobierno de Su Majestad.

40.El segundo partido, por el número de escaños obtenidos, es oficialmente reconocido como "la oposición de Su Majestad" (o "la oposición oficial") y tiene su propio jefe y su propio "gobierno en la sombra", cuyos miembros actúan como portavoces sobre los temas que incumben a cada ministro del Gobierno. Los miembros del Parlamento de otros partidos, así como los miembros independientes de la Cámara, apoyan o se oponen al Gobierno según las opiniones de su partido o las suyas propias.

41.El Gobierno es el principal responsable de la supervisión y organización de la labor de ambas cámaras. Tiene la iniciativa en materia de políticas e indica, por ende, las decisiones que a su juicio debe adoptar el Parlamento, explicando y defendiendo su posición en debate público. La mayoría de los gobiernos contemporáneos suelen contar con el voto de sus partidarios en la Cámara de los Comunes, por lo que, conforme a la mayoría total conseguida, pueden lograr la aprobación de sus proyectos de ley sin grandes modificaciones. Ello es resultado de una mayor disciplina de partido que ha fortalecido la acción de Gobierno, pero también ha realzado el papel de la oposición. La función de ejercer la crítica como medio de presión incumbe sobre todo a la oposición, que debe exponer sus propios puntos de vista, y se le da la oportunidad para ello, con arreglo a la práctica establecida en ambas cámaras.

k)El control parlamentario del poder ejecutivo

42.El control sobre el Gobierno se ejerce en definitiva mediante la facultad que tiene la Cámara de los Comunes de obligarle a dimitir, aprobando para ello una resolución de "censura", rechazando una propuesta que el Gobierno estime tan fundamental para la aplicación de su política que haya hecho de ella una cuestión de confianza o, en última instancia, negándose a aprobar las asignaciones de recursos necesarios para la administración pública. La Cámara de los Lores también desempeña una importante función de examen de la labor de las cámaras y de supervisión cuidadosa de la legislación y las propuestas presentadas por el Gobierno.

43.Se prevé que el proyecto de ley de plazo fijo de los parlamentos recibirá la sanción real antes de finalizar el año. En resumen, en este proyecto de ley se establecen plazos fijos de cinco años y la celebración de elecciones generales cada cinco años, el primer jueves del mes de mayo (la próxima elección prevista sería el 7 mayo de 2015). En el proyecto de ley se establece que el Parlamento solo podría ser disuelto antes de ese plazo si al menos dos tercios de los miembros del Parlamento votaran a favor de la disolución, o si un gobierno fuera incapaz de asegurar la confianza de la Cámara de los Comunes en un plazo de 14 días desde la votación de una moción de censura. La Cámara de los Comunes mantendría la potestad de aprobar una moción de censura contra el Gobierno, con una mayoría simple. Esta parte importante de la forma en que el Gobierno responde ante los Comunes se consagraría en la ley. Los plazos fijos supondrían que los gobiernos ya no podrían decidir la fecha de las elecciones con el fin de satisfacer sus propios intereses políticos, y aportarían más seguridad, ya que el público sabría cuándo está prevista la celebración de las elecciones generales.

44.Como representante de los ciudadanos corrientes, todo miembro del Parlamento puede poner en tela de juicio la política propuesta por un ministro: i) interviniendo en el debate sobre determinado proyecto de ley, sea en segunda lectura, formulando objeciones a sus principios generales, o sea, como habitualmente sucede, proponiendo modificaciones cuando es objeto de examen por el comité correspondiente; ii) mediante el mecanismo de las interpelaciones parlamentarias; iii) durante los debates que se celebran con ocasión de la suspensión de los períodos de sesiones; o iv) durante los debates reservados para iniciativas de la oposición. Además, los comités parlamentarios se encargan del seguimiento estricto de los gastos, la administración y la política de los principales ministerios del Gobierno.

l)Las interpelaciones parlamentarias

45.El mecanismo de las interpelaciones en la Cámara de los Comunes constituye el medio más adecuado para obtener información (a la que los miembros no tendrían acceso por otra vía) sobre las intenciones del Gobierno, así como el procedimiento más eficaz para exponer y, posiblemente, remediar las irregularidades que los electores pongan en conocimiento de sus representantes. Los ministros también pueden formular declaraciones públicas mediante la presentación de una declaración ministerial escrita o de una declaración oral en el Parlamento, que podrían dar lugar a la celebración de un debate.

46.La admisión de preguntas se ha regido fundamentalmente por convenios basados en las decisiones adoptadas por los sucesivos presidentes de la Cámara con ocasión de interpelaciones concretas. No obstante, un comité especial de la Cámara de los Comunes examina periódicamente la práctica y el procedimiento del mecanismo de interpelación.

m)Organizaciones no gubernamentales (ONG)

47.En el Reino Unido trabajan diversas ONG de derechos humanos. Por razones impositivas, estas organizaciones suelen asumir la forma de organizaciones de beneficencia. En el Reino Unido no hay un sistema unificado para estas organizaciones. El funcionamiento de las organizaciones de beneficencia en Inglaterra y Gales, Escocia e Irlanda del Norte se rige por leyes diferentes.

48.En el Reino Unido, pertenecer a la categoría de organización de beneficencia supone una serie de ventajas fiscales. En general, las organizaciones de beneficencia pueden solicitar exenciones impositivas sobre la mayor parte de los ingresos o beneficios que perciben, así como sobre las utilidades de algunas actividades. Además, tienen derecho a solicitar la devolución de los impuestos sobre los ingresos percibidos respecto de los que ya se han pagado impuestos.

49.En Inglaterra y Gales, los organismos que desean acogerse al estatuto de "organizaciones de beneficencia" deben registrarse como tales, proceso cuya supervisión corresponde a la Comisión de Obras de Beneficencia. Salvo algunas excepciones, los procedimientos de inscripción deben realizarse de conformidad con la Ley de organizaciones de beneficencia de 1993 (enmendada por la Ley de organizaciones de beneficencia de 2006).

50.En Escocia también existe un órgano de supervisión del funcionamiento de estas organizaciones: la Oficina de reglamentación de obras de beneficencia de Escocia. Para que el organismo en cuestión sea considerado una organización de beneficencia debe cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley de organizaciones de beneficencia e inversiones fiduciarias (Escocia) de 2005 y, posteriormente, inscribirse en el Registro de obras de beneficencia de Escocia.

51.En Irlanda del Norte, la ley relativa a las obras de beneficencia es claramente diferente, ya que las organizaciones de beneficencia no tienen la obligación de registrarse. En lo fundamental, desempeñan sus funciones con arreglo a la Ley de organizaciones de beneficencia (Irlanda del Norte) de 1964 y al Decreto de la Ley de organizaciones de beneficencia (Irlanda del Norte) de 1987. El Departamento de Desarrollo Social supervisa el funcionamiento de estas organizaciones.

2.La aplicación de las leyes

a)Administración

52.El Reino Unido no tiene un sistema judicial unificado, con excepción de unos pocos tribunales que abarcan todo el Reino Unido. En las jurisdicciones del Reino Unido (es decir, en Inglaterra y Gales, Escocia e Irlanda del Norte), la magistratura es independiente del poder ejecutivo. El Tribunal Supremo del Reino Unido es el más alto tribunal de apelación para los casos civiles en el Reino Unido y para los casos penales de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. Los más altos cargos de la magistratura son designados por Su Majestad la Reina, previa recomendación del Primer Ministro. El Presidente del Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales es designado de forma independiente por un grupo especial convocado por la Comisión de Nombramientos Judiciales de Inglaterra y Gales. La mayoría de los demás cargos son designados por Su Majestad la Reina, previa recomendación del ministro pertinente (después de una selección realizada por las comisiones de nombramientos judiciales pertinentes de cada jurisdicción).

i)Inglaterra y Gales

53.En la Ley de reforma constitucional de 2005 se establece por primera vez en la legislación la independencia judicial en Inglaterra y Gales. En virtud de esta ley se sustituye al Lord Canciller como jefe del poder judicial en Inglaterra y Gales por el Presidente del Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales, que también preside los tribunales de Inglaterra y Gales.

54.Mediante esa ley también se estableció un nuevo Tribunal Supremo del Reino Unido; se impuso la obligación al Gobierno de salvaguardar la independencia del poder judicial; se estableció la Comisión de Nombramientos Judiciales; y se creó el cargo de Ombudsman de Nombramientos y Conducta Judiciales.

55.Aunque la ley no abolió el cargo del Lord Canciller, el traspaso de sus funciones judiciales al Presidente del Tribunal Supremo refuerza la independencia del poder judicial en el Reino Unido. Como jefe del poder judicial, el Presidente del Tribunal Supremo tiene unas 400 obligaciones legales siendo las principales el despliegue del personal judicial, la asignación de tareas y la formación de ese personal, y la representación de la opinión del poder judicial ante el poder ejecutivo y el legislativo.

56.La Comisión de Nombramientos Judiciales está integrada por 15 miembros, 12 de los cuales (incluido el Presidente) se nombran por un mandato de cinco años mediante un concurso abierto. Además de formular las recomendaciones para los nombramientos de los titulares de cargos judiciales, la Comisión de Nombramientos Judiciales también tiene el cometido de tener en cuenta la diversidad de las personas calificadas para integrar el poder judicial en Inglaterra y Gales.

57.Bajo la responsabilidad conjunta del Lord Canciller y el Presidente del Tribunal Supremo, la Oficina de Quejas contra la Judicatura garantiza que todas las quejas sobre la conducta de los miembros del poder judicial en Inglaterra y Gales se tramiten con equidad y que la disciplina judicial sea coherente y eficaz. La Oficina de Quejas contra la Judicatura está adscripta al Ministerio de Justicia, que es el departamento gubernamental encargado de prestar apoyo al poder judicial en Inglaterra y Gales. El Ombudsman de Nombramientos y Conducta Judicial, que es independiente a la Oficina de Quejas, se encarga de tramitar las quejas con respecto al nombramiento de los miembros del poder judicial o a la gestión de la disciplina o la conducta judicial. Aunque la oficina del Ombudsman y la Oficina de Quejas contra la Judicatura también están adscritas al Ministerio de Justicia, son totalmente independientes del poder judicial y del Gobierno.

58.En Inglaterra y Gales hay unos 1.448 jueces que trabajan a tiempo completo (perciben sueldos). Además, hay aproximadamente 1.233 jueces temporales, que son abogados en ejercicio que trabajan a tiempo parcial (perciben honorarios) en el Tribunal de la Corona y los tribunales de condado. Algunos abogados también actúan en ocasiones como adjuntos de los jueces del Tribunal Superior, y otros abogados trabajan a tiempo parcial en los tribunales de condado como adjuntos de los jueces de distrito. Asimismo, hay unos 30.000 jueces de paz, no profesionales, que ejercen sus funciones en los juzgados de todo el país. Se trata de ciudadanos comunes, que dedican parte de su tiempo a administrar justicia local (sin percibir remuneración alguna). Por lo general, forman tribunales de tres personas, y un oficial con formación jurídica les asesora en los asuntos de derecho. Así pues, una característica notable de la administración de justicia es que, junto a un pequeño número de jueces profesionales hay un gran número de jueces legos que son responsables de la gran mayoría de los juicios por delitos menores.

59.Un principio cardinal del sistema es que, en el ejercicio de su función judicial, todos los jueces son completamente independientes. Es inevitable y oportuno que el Parlamento y el poder ejecutivo examinen a fondo la legislación y la aplicación de la ley en los tribunales. Pero también es una convención generalmente aceptada que los miembros del Parlamento y los políticos no deben criticar las decisiones judiciales, pese a que el Parlamento tiene la facultad de anular por ley sus efectos generales. Así como el Parlamento y el poder ejecutivo no deben inmiscuirse en la esfera judicial, a la inversa, los jueces deben distanciarse de la política. Los jueces a tiempo completo no pueden ser miembros de la Cámara de los Comunes, y los Lores magistrados del Tribunal de Apelación y otros jueces superiores que pertenecen a la Cámara de los Lores no suelen participar en sus procedimientos, excepto cuando hacen referencia a asuntos jurídicos. En virtud de la Ley de reforma constitucional de 2005 se prohíbe a los jueces del Tribunal Supremo participar o votar en las sesiones de la Cámara de los Lores, en un comité de esa cámara o en un comité conjunto de ambas cámaras.

60.El Procurador General y el Fiscal General son los principales asesores del Gobierno en materia de derecho inglés y representan a la Corona en las causas nacionales e internacionales pertinentes. Ambos son abogados experimentados y miembros por elección de la Cámara de los Comunes, y tienen rango ministerial. El Procurador General también es el Abogado General de Irlanda del Norte, ya que, desde el traspaso de competencias policiales y judiciales de abril de 2010, Irlanda del Norte tiene su propio Procurador General. Además de ejercer diversas funciones en la esfera civil, es el máximo responsable de la aplicación de las leyes penales, ya que supervisa la actuación del Director del Ministerio Público (véase el párr. 604 infra). También incumbe al Procurador General tramitar ciertos tipos de procedimientos penales, en los que debe actuar con absoluta independencia y sin dejarse influir por sus colegas del Gobierno. El Fiscal General es, de hecho, el adjunto del Procurador General.

ii)Escocia

61.El sistema jurídico de Escocia es distinto al del resto del Reino Unido. Con arreglo a la Ley de Escocia de 1998, la mayoría de sus funciones se han traspasado al Parlamento Escocés. Por lo tanto, el Gobierno de Escocia (el poder ejecutivo del gobierno autónomo de Escocia) es responsable de la legislación y de la justicia civil y penal, los servicios de asistencia social, la policía, las prisiones, la administración de los tribunales, el asesoramiento jurídico y la relación con los profesionales del derecho.

62.Mediante la Ley del poder judicial y los tribunales (Escocia) de 2008 se introdujeron cambios significativos en el ordenamiento jurídico de Escocia: se estableció una garantía legal de la independencia judicial; se dio un fundamento legal al sistema de designación de jueces; se designó al Lord Presidente (el juez más veterano de Escocia) como máxima autoridad del poder judicial en Escocia y, como tal, responsable de la administración eficaz de las actividades de los tribunales de Escocia; y se estableció el Servicio Judicial de Escocia como departamento no ministerial, presidido por el Lord Presidente del Tribunal Supremo, cuya función principal es proporcionar los bienes, el personal y los demás recursos necesarios para el funcionamiento de los tribunales.

63.El Tribunal Superior de Justicia es el máximo tribunal de Escocia en el ámbito penal, y está presidido por su Presidente o su Vicepresidente, que generalmente actúa como presidente en los tribunales penales de apelación. El Tribunal Superior también actúa como un tribunal de primera instancia en los asuntos penales graves. El Tribunal Supremo decide en los asuntos civiles importantes, tanto en primera instancia como en apelación. En el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo participan los mismos jueces. El siguiente nivel son los tribunales de condado, que constituyen tribunales de nivel intermedio en las causas penales y se ocupan de todos los asuntos civiles en el nivel inferior al Tribunal Supremo. En el nivel inferior de las causas penales deciden los jueces de paz (jueces legos) en los juzgados de paz.

64.Los jueces y los sheriffs (jueces de primera instancia) son nombrados por la Reina con el asesoramiento del Primer Ministro (por recomendación de la Junta de Nombramientos Judiciales de Escocia, un órgano independiente). Los jueces de paz son designados en nombre de la Reina por los Ministros Escoceses.

65.El Procurador General (Lord Advocate) es el asesor jurídico superior del Gobierno de Escocia. Es el principal funcionario jurídico del Gobierno y la Corona en materia de derecho civil y penal de Escocia, con excepción de cuestiones reservadas. También es responsable de asesorar al Gobierno del Reino Unido en cuestiones de derecho escocés.

66.El Procurador General es la autoridad máxima del sistema de procesamiento e investigación de las muertes en Escocia, y con respecto a esa función actúa de forma independiente de los demás Ministros Escoceses y de cualquier otra persona. Esta independencia está consagrada en la ley. El Fiscal General es el adjunto del Procurador General. La Procuraduría tiene a su cargo los enjuiciamientos penales en Escocia. Los fiscales están sujetos en sus funciones a las instrucciones del Procurador General.

iii)Irlanda del Norte

67.La responsabilidad con respecto a la policía y la justicia (incluidos los tribunales) se transfirió a la Asamblea de Irlanda del Norte el 12 de abril de 2010. El Ministro de Justicia de Irlanda del Norte es responsable del sistema penal y la policía en Irlanda del Norte, y desempeña sus funciones por conducto del Departamento de Justicia de Irlanda del Norte. El Servicio de Tribunales de Irlanda del Norte es responsable de la administración de los tribunales de Irlanda del Norte. Hay 67 jueces a tiempo completo y dos miembros a tiempo parcial en los distintos niveles de la judicatura, así como 224 de jueces de paz. Si es necesario, también se asignan a las audiencias grupos de jueces auxiliares. Además, en la actualidad hay cinco funcionarios de juzgado que perciben sueldos y aproximadamente 320 miembros de los tribunales que perciben honorarios.

68.La Comisión de Nombramientos Judiciales de Irlanda del Norte está bajo la responsabilidad de la Oficina del Primer Ministro y el Primer Ministro Adjunto. Es un organismo público independiente que selecciona y recomienda a los candidatos para su designación en cargos judiciales en Irlanda del Norte. La Comisión también designa algunos cargos judiciales (como los jueces y los jueces adjuntos de los tribunales) Todos los nombramientos se realizan en función de los méritos. No obstante, la Comisión tiene también la obligación de contar con un programa de acción para asegurar, en la medida de lo razonablemente posible, que las personas designadas para cargos judiciales reflejen la comunidad de Irlanda del Norte y que la lista de candidatos para ocupar cargos judiciales sea también un reflejo de la comunidad. El Presidente del Tribunal Supremo de Irlanda del Norte preside la Comisión.

69.El Ombudsman de Nombramientos Judiciales es un funcionario público independiente que se encarga de investigar las reclamaciones con respecto al proceso de nombramientos judiciales. Esta oficina se creó en virtud de la Ley de reforma constitucional de 2005 y cuenta con el patrocinio del Servicio de Tribunales.

70.En virtud de la Ley de reforma constitucional de 2005, se reforzó la independencia judicial y se designó al Presidente del Tribunal Supremo como jefe del poder judicial de Irlanda del Norte. Como tal, tiene numerosas obligaciones, entre ellas el despliegue de personal judicial, su formación y asesoramiento, y los asuntos de disciplina judicial. También es responsable de la representación de la opinión del poder judicial ante el Parlamento, la Asamblea de Irlanda del Norte y los ministros en general.

71.El Procurador General de Irlanda del Norte fue designado por el Primer Ministro y el Primer Ministro Adjunto tras el traspaso de competencias en materia de justicia a la Asamblea de Irlanda del Norte en abril de 2010. Es el principal asesor jurídico del poder ejecutivo de Irlanda del Norte. El Procurador General de Inglaterra y Gales también tiene algunas responsabilidades como Abogado General de Irlanda del Norte.

b)El derecho penal

72.En Inglaterra y en Gales, la decisión inicial de incoar un procedimiento penal en caso de delitos leves incumbe a la policía; por otra parte, la decisión de imputar un cargo penal compete al Ministerio Público de la Corona, que es un órgano independiente. En Escocia son los fiscales los que deciden si se entabla o no un procedimiento y, en Irlanda del Norte, el Director del Ministerio Público. En Inglaterra y Gales (y excepcionalmente en Escocia) también los particulares pueden iniciar un procedimiento penal. En Inglaterra y Gales, los fiscales de la Corona pueden dictar amonestaciones condicionales en determinados tipos de casos. La policía puede formular amonestaciones y, en Escocia, el fiscal tiene varias alternativas al enjuiciamiento, entre ellas la de amonestar y la de remitir los casos al Departamento de Servicios Sociales.

73.En abril de 1988 se estableció la Dirección de Delitos de Fraude Graves, que es un departamento gubernamental que investiga y enjuicia los casos de fraude más graves y complejos en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. En Escocia, investiga esos casos una dependencia similar, la Dependencia de Servicios Especializados y Fraude de la Corona.

i)Inglaterra y Gales

74.En Inglaterra se estableció el Ministerio Público de la Corona en virtud de la Ley de enjuiciamiento penal de 1985. El Director del Ministerio Público, que es su máxima autoridad, asume la responsabilidad del enjuiciamiento de la mayoría de los delitos penales ante los juzgados y el Tribunal de la Corona El Director del Ministerio Público responde ante el Parlamento por conducto del Procurador General. Los abogados del Ministerio Público de la Corona se ocupan de las causas ante los juzgados y, en determinados casos, ante el Tribunal de la Corona. El Ministerio Público de la Corona también instruye a abogados privados para que actúen ante el Tribunal de la Corona en su nombre. Aunque la mayoría de los casos se tramitan a nivel local, algunos se delegan a la División de delitos graves, esto es, los casos de importancia nacional, excepcionalmente difíciles o que causan una gran preocupación pública, así como aquellos en los que es necesario evitar cualquier sospecha de influencia local. Entre esos casos figuran los delitos de terrorismo, los de contravención de la Ley de secretos de Estado, los casos de corrupción y algunos delitos cometidos por funcionarios policiales. Las alegaciones de tortura y de muertes de personas detenidas competen a la División central de casos.

ii)Escocia

75.El Procurador General (Lord Advocate) es la autoridad máxima del sistema de enjuiciamiento penal y de investigación de las muertes. La Procuraduría es el servicio de enjuiciamiento penal de Escocia. Los fiscales están sujetos en sus funciones a las instrucciones del Procurador General. El procesamiento es iniciado por los fiscales ante los tribunales de condado locales y los juzgados de paz. Las acciones ante el Tribunal Superior incumben al Procurador General, el Fiscal General y los defensores delegados ( advocate deputies ), que colectivamente se conocen como Abogado de la Corona.

76.Conforme a la Ley de enjuiciamiento penal (Escocia) de 1995, el fiscal puede, en el caso de ciertos delitos menores, hacer al presunto delincuente una oferta condicional de pena fija, en lugar del encausamiento; el infractor no está obligado a aceptar la oferta, pero si lo hace, el ministerio público pierde el derecho a iniciar el proceso. El fiscal también puede proponer otras alternativas al enjuiciamiento, como una orden de compensación fiscal o una carta de advertencia.

iii)Irlanda del Norte

77.El sistema de justicia penal de Irlanda del Norte está compuesto por siete organizaciones, que son responsables de diversas esferas de la justicia penal, en particular el servicio penitenciario, el servicio de libertad condicional, la policía, la justicia juvenil, los tribunales y el ministerio público.

78.El Ministerio Público de Irlanda del Norte es la autoridad encargada del enjuiciamiento en Irlanda del Norte. Es independiente de la policía y del Gobierno. La policía es responsable de la investigación de los casos penales y el Ministerio Público adopta las decisiones de enjuiciamiento en todos los casos y se encarga de la presentación de los casos ante los tribunales. El Ministerio Público también presta asesoramiento fiscal a la policía si se le solicita, y autoriza los cargos.

79.El responsable del Ministerio Público es el Director del Ministerio Público, y también hay un director adjunto. Ambos puestos son cargos públicos designados por el Procurador General de Irlanda del Norte. Debido al traspaso de competencias policiales y judiciales de abril de 2010, recientemente se ha creado un nuevo cargo. En las nuevas disposiciones se establece que la relación del Director con el Procurador General de Irlanda del Norte es una relación de consultas, y que el Director tiene plena independencia en las cuestiones relativas a las políticas o los casos particulares. El Director es responsable ante la Asamblea de Irlanda del Norte con respecto a las finanzas y la administración.

c)Los tribunales penales

i)Inglaterra y Gales

80.En Inglaterra y Gales, los delitos penales pueden agruparse en tres categorías. La primera corresponde a los delitos que solo pueden juzgarse previo procesamiento (los delitos muy graves, como el asesinato, el homicidio, la violación y el robo), que solo pueden ser juzgados por el Tribunal de la Corona, presidido por un juez, con la asistencia de un jurado. La segunda son los delitos a los que se aplica el procedimiento sumario (los delitos menos graves y la gran mayoría de los casos penales), que son juzgados por jueces no profesionales y no remunerados o por jueces de distrito remunerados, sin jurado. Una tercera categoría de delitos (como el hurto, el allanamiento de morada o las lesiones intencionales), conocidos con el nombre de "delitos de tipo intermedio", pueden ser juzgados por los jueces de paz o por el Tribunal de la Corona, según las circunstancias de cada caso y la voluntad del acusado.

81.El Tribunal de la Corona se ocupa de las causas más graves, de la condena de los delincuentes que le son remitidos para sentencia por los juzgados y de los recursos contra las decisiones de estos últimos. Hay tribunales de este tipo en 78 centros. Todos los juicios objeto de recurso se plantean ante un juez, que puede ser un juez o un juez auxiliar del Tribunal Superior de Justicia, y un jurado integrado por 12 personas.

82.Los juzgados se ocupan de los delitos de procedimiento sumario y los delitos "de tipo intermedio" que consideran oportunos y en los que el acusado consiente el procedimiento sumario. Los juzgados remiten al Tribunal de la Corona aquellos delitos que solo pueden juzgarse previo procesamiento, los delitos "de tipo intermedio" que, según su criterio, deben ser juzgados por ese tribunal y aquellos casos en los que el acusado haya optado por un juicio ante el Tribunal de la Corona. Si el acusado de un caso "de tipo intermedio" ha sido condenado por un juzgado (con un resultado de declaración judicial de culpabilidad o tras un procedimiento sumario), el juzgado puede decidir someter el caso al Tribunal de la Corona para que dicte sentencia.

83.Además, los 136 jueces de distrito (juzgados) se ocupan de los casos más complejos o delicados. Estos jueces deben tener por lo menos siete años de experiencia como abogados y otros dos años de experiencia remunerada mediante honorarios.

84.Los menores de 18 años acusados de delitos penales son juzgados generalmente por los tribunales de menores. Estos son juzgados especialmente constituidos que, o bien actúan con independencia de los demás tribunales, o bien entienden en esos casos en diferentes momentos. Solo pueden estar presentes ciertas categorías de personas y los medios de comunicación no pueden publicar el nombre de ningún joven involucrado, ya sea como acusado o como testigo. Cuando un menor de 18 años es acusado junto con una persona de 18 o más años de edad, la causa se tramita ante un juzgado ordinario o ante el Tribunal de la Corona. Si el joven es declarado culpable, el tribunal puede remitir el caso a un tribunal de menores para que dicte la condena, a menos que esté convencido de que no procede hacerlo.

85.Toda persona condenada por un juzgado puede recurrir la sentencia ante el Tribunal de la Corona si se ha confesado culpable, o la condena o sentencia dictada en su contra si ha negado la acusación. Cuando el recurso se refiere a una cuestión de derecho o de jurisdicción, el fiscal o el acusado pueden recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia. Las apelaciones contra las decisiones del Tribunal de la Corona, tanto si se refieren al fallo condenatorio como a la pena impuesta, se plantean ante el Tribunal de Apelación (Sala de lo Penal). El Tribunal Supremo (que está compuesto por 11 Lores magistrados del Tribunal de Apelación) es la última instancia de apelación en todos los casos, procedan del Tribunal Superior de Justicia o del Tribunal de Apelación. Para que un caso pueda llegar al Tribunal Supremo, el tribunal que haya conocido del recurso anterior ha de certificar que en él se ha planteado una cuestión de derecho de importancia pública general, o ese tribunal o el Tribunal Supremo deben autorizar la sustanciación del recurso.

86.Cuando una persona haya sido procesada sobre la base de un escrito de acusación y absuelta (de toda la acusación o solo de algunos cargos), el Procurador General puede solicitar la opinión del Tribunal de Apelación sobre cualquier cuestión de derecho que se haya planteado en el caso. Antes de dar su opinión sobre la cuestión remitida, el Tribunal debe oír los argumentos del Procurador General, presentados personalmente o en su nombre. La persona absuelta también tiene derecho a exponer sus argumentos por medio de su abogado. Independientemente de la opinión expresada por el Tribunal de Apelación, la sentencia absolutoria inicial no resulta afectada. Por vía de referencia, el Procurador General puede obtener un fallo que ayude al ministerio público en casos futuros, pero no puede pedir al tribunal que revoque la absolución del acusado cuyo proceso dio lugar a la referencia. La cuestión puede remitirse también a la Cámara de los Lores, si el Tribunal de Apelación estima que debe ser examinado por los Lores magistrados de esa Cámara.

87.Además, el Procurador General puede remitir una causa al Tribunal de Apelación si considera que la sentencia dictada por el juez del Tribunal de la Corona es excesivamente benigna o ilícita. Esta facultad concierne a los delitos que solo pueden juzgarse previo procesamiento y algunos delitos "de tipo intermedio" sentenciados por el Tribunal de la Corona. El Tribunal de Apelación debe autorizar la remisión de la sentencia. El Tribunal de Apelación puede revocar cualquier sentencia y dictar otra más o menos severa, según considere procedente, pero sin rebasar los límites de las atribuciones del juez del Tribunal de la Corona que impuso la condena inicial. En general, la prohibición de juzgar a una persona dos veces por el mismo delito supone que una vez que una persona ha sido absuelta por un delito no se la puede procesar por segunda vez. No obstante, con arreglo a la Parte 10 de la Ley de justicia penal de 2003, en la actualidad se pueden reabrir los procesos relacionados con determinados delitos muy graves, si el Tribunal de Apelación constata que han salido a la luz nuevas pruebas convincentes desde la absolución.

ii)Escocia

88.En Escocia, el Tribunal Superior de Justicia juzga todos los delitos graves, como el asesinato, la traición y la violación; los tribunales de condado conocen de los delitos menos graves, y los jueces de paz juzgan las faltas. Las causas penales se enjuician mediante un procedimiento ordinario, cuando el proceso se inicia sobre la base de un escrito de acusación y el juez actúa acompañado de un jurado de 15 miembros, o bien en procedimiento sumario, en el que el juez actúa sin jurado. Todas las causas que se dirimen ante el Tribunal Superior de Justicia y las más graves de las que se confían a los tribunales de condado son resueltas por un juez y un jurado. El procedimiento sumario se aplica a las causas menos graves confiadas a los tribunales de condado y a todas las causas que corresponden a los tribunales de distrito. Las penas máximas que se pueden imponer varían.

89.En Escocia, los menores de 16 años que hayan cometido un delito o a los que, por otras razones especificadas por la ley, se considera que es necesario aplicar ciertas medidas coercitivas de custodia o protección, serán juzgados normalmente por un tribunal de menores, integrado por tres miembros seleccionados de un grupo de voluntarios nombrados por el Secretario de Estado. En cada audiencia deben estar representados ambos sexos. Después de la vista, el niño o sus padres pueden recurrir el fallo en los 21 días siguientes. Este recurso se presenta también ante un juez de condado. Un pequeño número de niños que han cometido delitos graves todavía puede ser procesado en el marco del sistema de justicia penal de adultos, y actualmente el Tribunal de Menores está llevando a cabo un programa piloto con respecto a los jóvenes infractores reincidentes.

90.En Escocia, las seis circunscripciones judiciales de los condados se dividen en distritos judiciales de condado, cada uno de los cuales tiene uno o más jueces de primera instancia, que son los jueces del tribunal. El Tribunal Superior de Justicia, que es el tribunal supremo de lo penal en Escocia, funciona a la vez como tribunal de primera instancia y como tribunal de apelación. Cualquiera de los jueces que se enumeran a continuación puede actuar en el Tribunal Superior de Justicia: el presidente del tribunal, el vicepresidente del tribunal o uno de los vocales.

91.El Tribunal Superior de Justicia conoce asimismo en todos los recursos de apelación. Tanto en el caso de procedimiento ordinario como en el de procedimiento sumario, se puede apelar la condena, la sentencia, o ambas cosas. En caso de revocación del fallo, el tribunal puede autorizar la revisión de la causa en un nuevo juicio. No existe posibilidad de apelación ulterior ante la Cámara de los Lores. En los procesos sumarios, el fiscal puede apelar, basándose en una cuestión de derecho, contra la absolución o contra la condena. El Procurador General (Lord Advocate) puede pedir al Tribunal Superior de Justicia su dictamen sobre cualquier cuestión de derecho que se haya planteado en una causa en la que el procesado contra el que se haya formulado una acusación haya resultado absuelto. Esa gestión no afecta, sin embargo, al fallo absolutorio dictado en la causa inicial.

iii)Irlanda del Norte

92.Los tribunales de Irlanda del Norte tienen, en general, una estructura semejante a la de los tribunales de Inglaterra y Gales. La labor cotidiana de tramitación sumaria de los casos menores incumbe a los juzgados presididos por un juez residente, con formación jurídica, que trabaja a tiempo completo, al que se denomina juez de distrito (juzgado).

93.El Tribunal de la Corona se ocupa de las causas penales en las que ya ha habido acusación. Los jueces de ese tribunal proceden del Tribunal Superior de Justicia o de los tribunales de condado. Generalmente, el juicio tiene lugar ante un solo juez y todas las causas controvertidas se someten también a consideración de un jurado (excepto aquellas con respecto a las cuales el Director del Ministerio Público ha emitido un certificado para que se celebre un juicio sin jurado).

94.Los menores de 18 años comparecen ante los tribunales de menores, integrados por el juez de distrito (juzgado) y dos asesores no profesionales especialmente capacitados en asuntos de justicia juvenil (uno de los cuales, como mínimo, debe ser una mujer). Como en Inglaterra y Gales, los tribunales de menores están sujetos a restricciones en lo que se refiere a la publicación del nombre o la fotografía de los acusados. Los tribunales de condado son competentes en las apelaciones contra los fallos de los juzgados (incluidos los tribunales de menores).

95.Durante el período de violencia sectaria y terrorismo de la década de 1970, fue necesario que las audiencias en las causas relacionadas con la legislación de emergencia estuvieran a cargo de un juez sin jurado, ya que los miembros del jurado eran objeto de intimidación ("tribunales Diplock"). El 31 de julio de 2007, la promulgación de la Ley de justicia y seguridad (Irlanda del Norte) puso fin a la vigencia de los tribunales unipersonales o "tribunales Diplock". El nuevo sistema se centra en las circunstancias del delito, y no en el delito propiamente dicho, y requiere una evaluación del riesgo de menoscabo de la administración de justicia. Actualmente todos los juicios se celebran con jurado, excepto que el Director del Ministerio Público haya emitido un certificado para que se celebre un juicio sin jurado.

96.En las apelaciones contra los fallos condenatorios o las sentencias dictadas por el Tribunal de la Corona entiende el Tribunal de Apelación de Irlanda del Norte. Los procedimientos para la interposición de nuevos recursos ante el Tribunal Supremo son similares a los vigentes en Inglaterra y Gales.

3.Los procesos penales

a)Juicio

97.En el Reino Unido, los juicios penales se basan esencialmente en un debate contradictorio entre el ministerio público y la defensa. Dado que la ley presume la inocencia de todo acusado mientras no se haya demostrado su culpabilidad, el ministerio público no goza de ninguna ventaja, ni real ni aparente, sobre la defensa. El acusado (defendant y, en Escocia, accused) tiene derecho a contar con un abogado y, si es necesario, puede ser asistido por un defensor de oficio sufragado mediante fondos públicos. En caso de prisión preventiva, el acusado puede recibir la visita de un abogado para preparar debidamente su defensa.

98.En Inglaterra y Gales, el ministerio público está obligado a revelar al abogado defensor, antes de la celebración del juicio, las pruebas que se proponga utilizar para probar los cargos, así como cualquier prueba de descargo. En las causas tramitadas ante el Tribunal de la Corona, posteriormente la defensa debe presentar una declaración en la que se indique la naturaleza de la defensa del acusado. En los juzgados esa declaración es voluntaria. El ministerio público tiene la obligación permanente, en particular después de haber recibido la declaración de la defensa, de permitir que se examine si tiene en su poder alguna prueba no revelada que sea pertinente. Además, antes del juicio, el acusado debe indicar la información sobre los testigos que pretende llamar a declarar.

99.En Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, durante la preparación de la causa, el ministerio público está obligado a revelar al abogado defensor, ya sea automáticamente o cuando se le solicite, todas las pruebas que se proponga utilizar contra el acusado, excepto en los casos de menor importancia. Además, el ministerio público deberá revelar la información que el acusado no conozca hasta ese momento y que pueda menoscabar los argumentos de la fiscalía o contribuir a la defensa del acusado. No obstante, la legislación actual permite no revelar determinada información no utilizada si el tribunal decide que el interés público de mantener el carácter confidencial de esa información es mayor (y si su revelación no es necesaria para la equidad del juicio).

100.Desde el caso de Sinclair c. HMA, en 2005, la Corona se vio obligada a revelar las declaraciones policiales de los testigos de la defensa. La Corona tiene ahora la obligación de revelar a la defensa toda la información disponible, sea a favor o en contra de un acusado.

101.El abogado defensor o el fiscal pueden alegar que el estado mental del acusado hace improcedente su juicio, en cuyo caso, y siempre que el juez se pronuncie en ese sentido, se ordena su ingreso en un hospital determinado. Asimismo, en Inglaterra y Gales algunos acusados vulnerables pueden, si así lo decide el tribunal, dar testimonio a través de enlaces de televisión en directo.

102.En Inglaterra y Gales, todas las personas, cualquiera que sea su edad, son competentes para declarar como testigos, a menos que no puedan comprender las preguntas que se les formulen en el tribunal o no puedan responderlas de forma inteligible, con asistencia, en caso necesario, de las medidas especiales dictadas por el tribunal.

103.Los niños (personas de menos de 18 años) y adultos con una deficiencia o trastorno físico o mental o una discapacidad de aprendizaje, pueden beneficiarse automáticamente de una o varias medidas adoptadas para ayudarles a dar testimonio ante un tribunal. Entre esas medidas se incluyen el testimonio mediante enlace de televisión en directo o desde un lugar donde estén protegidos del acusado en la sala de audiencia, la declaración grabada en vídeo, el desalojo de la galería pública (delitos sexuales y en casos de intimidación), la eliminación de las pelucas y togas y la asistencia para la comunicación con equipo especial o a través de un intermediario.

b)El jurado

104.En los juicios con jurado, el juez resuelve las cuestiones de derecho, resume las pruebas para mejor información del jurado, le instruye sobre la legislación pertinente y, por último, absuelve al acusado o dicta una sentencia condenatoria. Solo el jurado puede decidir si el acusado es o no culpable. En Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, si el jurado no llega a un veredicto unánime, el juez puede pedirle que dé su veredicto por mayoría siempre que, en el jurado ordinario constituido por 12 personas, no haya más de dos disensiones. En Escocia, donde el jurado está constituido por 15 personas, el veredicto puede pronunciarse por mayoría simple, pero, por regla general, nadie puede ser declarado culpable sin pruebas que lo corroboren. Si el veredicto del jurado es de inocencia (not guilty o, en Escocia, not proven, que es otro posible veredicto de "absuelto de culpa y cargo"), el fiscal no tiene derecho a apelar, y el acusado no puede ser juzgado de nuevo por el mismo delito. En cambio, si el veredicto es de culpabilidad, el acusado tiene derecho a interponer un recurso ante el tribunal competente.

105.El jurado es totalmente independiente del poder judicial. Todo intento de injerencia en la labor del jurado, una vez que ha prestado juramento, es punible en virtud de la Ley de desacato a los tribunales de 1981.

106.El ministerio público y la defensa tienen derecho a recusar a las personas propuestas para un jurado, exponiendo sus motivos, si estiman que un miembro del jurado puede estar predispuesto en algún sentido. El derecho de recusación no es automático, ya que siempre deben exponerse los motivos. Además, el ministerio público puede ejercer su derecho a solicitar que se sustituya a un miembro del jurado por un suplente, o el juez puede usar sus facultades discrecionales para dispensar a un miembro del jurado si ello procede. Mediante la Ley de justicia penal (Escocia) de 1995 se abolió el derecho de recusación sin causa en Escocia.

107.Todas las personas de entre 18 y 70 años de edad cuyo nombre aparezca en el padrón electoral, que hayan residido en el Reino Unido durante un período ininterrumpido mínimo de cinco años desde los 13 años de edad, pueden tener que actuar como jurados, excepto que estén inhabilitadas para ello o hayan sido eximidas. Están inhabilitadas para actuar como miembros del jurado: las personas condenadas a una pena de prisión de cinco años o más en el Reino Unido; las personas condenadas en los diez años anteriores a una pena de prisión, reclusión o detención en un centro para menores; las personas con una condena condicional o que hayan sido objeto de una orden de servicio a la comunidad; y las personas que reciben de un médico un tratamiento regular, o están ingresadas en un hospital o una institución semejante por padecer algún tipo de trastorno mental.

c)La investigación de los casos de muerte

108.En Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, los Coroners investigan los casos de muertes violentas y por causas no naturales, así como las muertes súbitas cuyas causa se desconoce. Estos casos pueden ser puestos en conocimiento del Coroner local (que puede tener formación médica o jurídica, o ambas) por los médicos, la policía, el secretario judicial, las autoridades públicas o particulares. Cuando la muerte ha sido repentina y por causa desconocida, el Coroner no necesita llevar a cabo una investigación si, como resultado de la autopsia, llega a la conclusión de que la muerte se ha debido a causas naturales. Cuando haya motivos para creer que se trata de una muerte violenta o debida a causas no naturales, o cuando la muerte se haya producido en la prisión o en otras circunstancias determinadas, el Coroner procederá a una investigación y determinará, en el ejercicio de sus facultades judiciales, cómo, cuándo y dónde se ha producido esa muerte. El Coroner puede desempeñar sus funciones solo o, en determinadas circunstancias, con la asistencia de un jurado. Ni el Coroner ni su jurado pueden expresar opinión alguna sobre cuestiones de responsabilidad penal y civil, que competen a otros tribunales.

109.En Escocia, el fiscal local investiga todas las muertes repentinas y sospechosas, accidentales, inesperadas e inexplicadas, y puede comunicar las conclusiones a la Procuraduría para que el Abogado de la Corona indique si se debe ahondar en la investigación e iniciar un procedimiento penal o realizar una investigación sobre una muerte accidental. Con arreglo a la Ley de investigación de accidentes mortales y muertes súbitas (Escocia) de 1976, si la persona falleció mientras estaba detenida debe efectuarse una investigación sobre muerte accidental, que es una investigación pública realizada a solicitud del fiscal ante el juez de primera instancia. En un número reducido de casos, la investigación sobre muerte accidental puede efectuarse ante el juez de primera instancia. En ciertas categorías de casos, como la muerte de personas detenidas, la investigación es obligatoria. Además, cuando las circunstancias del caso hayan sido motivo de preocupación pública, el Procurador General (Lord Advocate) puede, si lo estima procedente y de interés público, instruir una investigación.

d)El derecho civil

110.Las principales subdivisiones del derecho civil en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte son el derecho de familia, el derecho patrimonial, el derecho contractual y el derecho de responsabilidad civil extracontractual ( torts ) (que incluye los daños sufridos por una persona por culpa de otra, independientemente de la relación que exista entre ellas, y figuras tales como la negligencia, la difamación y la injerencia ilegal en los bienes o derechos de otro). Otras ramas del derecho civil son el derecho constitucional y administrativo (que se ocupa en particular del ejercicio del poder ejecutivo), el derecho laboral, el derecho marítimo y el derecho eclesiástico. El derecho civil escocés tiene sus propias secciones, que, en gran medida, son análogas.

111.En 1999 se introdujeron las Normas de Procedimiento Civil, que son normas procesales unificadas para los tribunales de condado y el Tribunal Superior de Justicia, con el propósito de que los tribunales se ocuparan de los casos con equidad. También se estableció el Consejo de Justicia Civil, encargado de supervisar y coordinar la modernización del sistema de justicia civil en Inglaterra y Gales. Su principal función es examinar el sistema permanentemente y reformarlo en consecuencia.

e)Los tribunales civiles

i)Inglaterra y Gales

112.En Inglaterra y Gales, las causas civiles pueden tramitarse ante los juzgados, los tribunales de distrito y los tribunales superiores, hasta llegar al Tribunal Supremo.

113.La jurisdicción civil de los juzgados es limitada. Abarca algunas causas del derecho de familia, los casos de molestias o perjuicios causados en violación de la legislación sobre salud pública y la recaudación de impuestos. También actúan como tribunal de apelación con respecto a las decisiones adoptadas por los comités locales que conceden las licencias necesarias para la apertura de bares, locales de apuestas y clubes.

114.La jurisdicción de los tribunales de condado abarca las acciones relativas a contratos y a casos de responsabilidad civil extracontractual (con pequeñas excepciones), las causas sobre fideicomisos e hipotecas y las acciones para la recuperación de tierras. Los casos de reclamaciones que exceden de los límites fijados pueden ser juzgados en estos tribunales, previo consentimiento de las partes o, en determinadas circunstancias, si han sido remitidos por el Tribunal Superior de Justicia.

115.Entre otras cuestiones en las que pueden entender los tribunales de condado figuran los contratos de venta o alquiler, las causas relacionadas con la legislación de alquileres, los litigios entre arrendadores y arrendatarios y la adopción. Los casos de divorcio incumben a los tribunales de condado especialmente designados para tales causas y, fuera de Londres, hay algunos tribunales de condado que se ocupan también de los casos de quiebra. Esos tribunales también entienden en las quejas referentes a la discriminación racial o por motivos de género. Existen procedimientos simplificados para las reclamaciones de menor importancia (en particular las relacionadas con los consumidores).

116.El Tribunal Superior de Justicia está dividido en salas: la Sala de la Cancillería, la Sala del Tribunal de la Reina y la Sala de Familia. Tiene jurisdicción tanto en primera instancia como en apelación con respecto a las causas civiles y a algunas causas penales. En general, se asigna a cada sala un determinado tipo de causas. La Sala de Familia se ocupa de todos los asuntos que se refieren a la institución familiar, incluidos los relativos a la adopción y a la tutela. La Sala de la Cancillería se encarga de la interpretación de los testamentos y de la administración de los patrimonios hereditarios. Las cuestiones de derecho marítimo y comercial incumben a los tribunales comerciales y del Almirantazgo, de la Sala del Tribunal de la Reina.

117.En Inglaterra y Gales, las apelaciones sobre causas matrimoniales, de adopción y de tutela tramitadas ante los juzgados pasan a la Sala de Familia del Alto Tribunal. Las apelaciones contra las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia y por los tribunales de condado se interponen ante el Tribunal Superior de Apelaciones (Sala de lo Civil), que está constituido por el Vicepresidente del Tribunal de Apelación y 35 Lores ( Lords Justice of Appeal ), y pueden llegar hasta Tribunal Supremo, que es el tribunal final de apelación en todos los casos civiles y penales, integrado por 12 jueces designados de forma independiente, los magistrados del Tribunal Supremo.

ii)Escocia

118.Los principales tribunales civiles de Escocia son los tribunales de condado y el Tribunal Supremo. La jurisdicción civil del tribunal de condado abarca casi todos los tipos de acciones y no suele estar limitada por la importancia del caso, ya que el juez de primera instancia tiene jurisdicción en prácticamente todas las cuestiones de derecho civil y en todos los procedimientos, excepto determinados recursos de apelación y peticiones previstos en la ley, que se presentan ante el Tribunal Supremo. Gran parte de la labor corresponde al juez de primera instancia, cuyas decisiones pueden apelarse ante el sheriff ‑ principal o directamente ante el Tribunal Supremo. El juez de primera instancia también conoce de varios recursos de apelación y peticiones previstos en la ley, como la apelación con respecto a las decisiones de las juntas de concesión de licencias.

119.El Tribunal Supremo de Escocia funciona solamente en Edimburgo y, en general, tiene facultades para ocuparse de todo tipo de acciones. La excepción principal es la de las acciones exclusivamente reservadas a los tribunales de condado, cuando el valor de lo reclamado es inferior a una suma establecida. El Tribunal Supremo aplica varios procedimientos especiales para el ejercicio de determinadas acciones, entre los que figuran los asuntos mercantiles y las demandas por daños y perjuicios en los casos de lesiones personales y muerte. Tiene jurisdicción exclusiva en determinados casos internacionales, en particular los relacionados con los convenios internacionales relativos al secuestro y la tutela de niños. Las apelaciones de los casos civiles se pueden presentar desde la Cámara Interior hasta el Tribunal Supremo del Reino Unido, que es el máximo tribunal de apelación para Escocia.

120.El Tribunal Escocés de la Tierra es un tribunal especial que se ocupa exclusivamente de cuestiones referentes a la agricultura. Su presidente tiene la categoría y los derechos de un magistrado del Tribunal Supremo y los demás miembros son especialistas en agricultura ajenos a la profesión judicial. Las apelaciones de los casos civiles se pueden presentar desde la Cámara Interior hasta el Tribunal Supremo del Reino Unido, que es el máximo tribunal de apelación para Escocia.

iii)Irlanda del Norte

121.En Irlanda del Norte las causas civiles de menor importancia se tramitan ante los tribunales de condado, aunque los juzgados también tienen potestad para conocer de algunas categorías de causas civiles. El tribunal superior en lo civil es el Tribunal Superior de Justicia, de cuyas sentencias cabe recurrir al Tribunal de Apelación. Estos dos tribunales, junto con los de la Corona, constituyen el Tribunal Supremo de Justicia de Irlanda del Norte, cuya práctica y procedimientos son análogos a los de Inglaterra y Gales. El Tribunal Supremo del Reino Unido es la última instancia para todas las causas civiles.

f)El procedimiento civil

i)Inglaterra y Gales

122.En Inglaterra y Gales inicia la acción civil la persona perjudicada, a la que se denomina "demandante". Para ello no se requiere una investigación preliminar sobre la autenticidad de la reclamación. Tanto si es ante el Tribunal Superior de Justicia como ante un tribunal de condado, el procedimiento civil se inicia, generalmente, mediante la presentación de un documento denominado "formulario de demanda". Las primeras etapas del procedimiento civil se caracterizan por el intercambio de declaraciones formales por las partes.

123.En general, los procedimientos civiles pueden terminar en cualquier momento por desistimiento del demandante o avenencia entre las partes. Las acciones incoadas ante un tribunal suelen ser juzgadas sin jurado. No obstante, con el acuerdo del tribunal, se tiene derecho a un juicio por jurado en los casos de demandas por fraude, injuria, calumnia, enjuiciamiento indebido o detención ilegal. El jurado se pronuncia sobre las cuestiones de hecho y fija la indemnización de daños y perjuicios que corresponde a la parte agraviada. Sus conclusiones deben ser unánimes, pero en caso de que un jurado no pueda llegar a un acuerdo puede adoptarse una resolución por mayoría.

124.Si una parte se niega a cumplir una sentencia o una orden judicial, existe un conjunto de procedimientos para asegurar su cumplimiento. Cuando se trata de la entrega de una suma de dinero, el método más común para hacerla efectiva es el embargo de los bienes o del sueldo del deudor. Si la sentencia consiste en una prohibición judicial, la negativa a obedecer el fallo puede conducir a la prisión por desacato. Normalmente, el tribunal condena a la parte que pierde el proceso al pago de las costas, pero en las reclamaciones de menor importancia se supone que las partes abonan sus propias costas, aunque generalmente las tasas judiciales pueden quedar a cargo de la parte perdedora. Esto se debe a que los procedimientos de reclamaciones de menor importancia están formulados de tal manera que las partes puedan tratar los asuntos sin necesidad de recurrir a un abogado.

ii)Escocia

125.En Escocia, los procedimientos civiles ante el Tribunal Supremo o las acciones ordinarias ante los tribunales de condado se inician con el envío al demandado de una orden de comparecencia. Todo demandado que tenga la intención de oponerse a la acción debe informar al respecto al tribunal y, en caso de no comparecencia, el tribunal dicta una declaración de ausencia en favor del demandante. En las acciones ordinarias ante un tribunal de condado, el caso comienza con un auto inicial de comparecencia y el demandado tiene que comunicar su intención de contestar la demanda y presentar después elementos de descargo, seguido de una audiencia en la que se presentan opciones. En los procedimientos de familia las partes asisten a la audiencia en las que se presentan opciones y el tribunal puede remitir los casos a mediación. Después de la audiencia, se procede a debatir las cuestiones jurídicas o probatorias.

126.En los procedimientos sumarios ante los tribunales de condado (demandas de una cuantía de entre 750 y 1.500 libras) se incorpora a la orden de comparecencia una copia de la demanda. El procedimiento está formulado de modo que, en la mayoría de los casos, pueda llevarse a cabo sin que las partes tengan que comparecer en audiencia. Generalmente, la partes (o sus representantes) solo tienen que comparecer si hay oposición a la demanda. Ese procedimiento sumario se tramita con arreglo a un calendario fijo y con escasas alegaciones por escrito. Abarca determinadas demandas para obtener el pago de una deuda o recuperar la posesión de bienes raíces hereditarios.

127.En 1988 se instituyó en Escocia un procedimiento para demandas de hasta 750 libras, que es una variante del procedimiento sumario y se inicia de manera similar. Cuando el demandante no esté representado por un abogado, el tribunal lo asesorará para la preparación y notificación de los autos de comparecencia. Aunque el procedimiento en las demandas de menor cuantía es similar al procedimiento sumario, está sujeto a muy pocas formalidades y se alienta al tribunal a que adopte normas de procedimiento y de prueba menos estrictas. No se dispone de asistencia jurídica para ese tipo de demandas, y las costas están estrictamente limitadas.

iii)Irlanda del Norte

128.Los procedimientos de Irlanda del Norte son similares a los de Inglaterra y Gales. En los tribunales de condado se inician con la notificación de la demanda al demandado. Los fallos de los tribunales civiles se hacen efectivos mediante un procedimiento centralizado, administrado por la Oficina de Ejecución de Sentencias.

g)El Tribunal de Prácticas

129.El Tribunal de Prácticas Restrictivas es un tribunal especial del Reino Unido que se ocupa de los monopolios y las prácticas comerciales restrictivas. Está compuesto por cinco jueces y hasta un máximo de otras diez personas con experiencia empresarial, comercial o en la vida pública.

h)El Servicio de Tribunales

130.Los tribunales se ocupan de todo tipo de controversias, principalmente entre particulares y el Estado, y tradicionalmente respondían ante el mismo departamento gubernamental cuyos fallos examinaban. La necesidad de reformar el sistema de los tribunales se planteó por primera vez en el estudio de Sir Andrew Leggatt titulado Tribunals for Users – One System, One Service (Tribunales para usuarios: Un sistema, un servicio). El Gobierno aceptó sus propuestas y, el 3 de abril de 2006, se estableció el Servicio de Tribunales, formado por más 16 tribunales ya existentes, como organismo ejecutivo del Ministerio de Justicia. Se trata del cambio más radical de esta parte del sistema judicial efectuado en los últimos 50 años.

131.El 3 de noviembre de 2008, con arreglo a la Ley de tribunales, cortes y ejecución de 2007, se creó un tribunal de primer nivel y un tribunal superior. El tribunal de primer nivel es el tribunal de primera instancia para la mayoría de las jurisdicciones. El tribunal superior se ocupa sobre todo de examinar y decidir sobre las apelaciones contra resoluciones del tribunal de primer nivel, aunque no exclusivamente. También está facultado para ocuparse de la labor de examen judicial delegada por el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo de Escocia. Ambos son administrados por el Servicio de Tribunales.

132.Tanto el tribunal de primer nivel como el tribunal superior están divididos en salas, que agrupan jurisdicciones que se ocupan de temas similares o en las que los jurados requieren el mismo tipo de miembros. Debido a su estructura flexible, si en el futuro el Parlamento decide crear un nuevo derecho de apelación o una nueva jurisdicción, no será necesario crear un nuevo tribunal para ocuparse de ello.

133.En noviembre de 2008 se completó la primera fase de aplicación de la ley. El nuevo sistema establece tribunales en dos niveles: un tribunal de primer nivel y un tribunal superior. Cada uno de ellos se divide en salas que se ocupan de tipos similares de apelaciones, de la siguiente manera:

Tribunal superior

Sala de apelaciones administrativas

Tribunal de primer nivel

Sala de prestaciones sociales

Sala de salud, educación y asistencia social

Sala de pensiones de guerra e indemnizaciones a las fuerzas armadas

134.Las obligaciones del Presidente Primero de los tribunales incluyen la presentación de las opiniones de los jueces del tribunal ante los ministros y el Parlamento, y las cuestiones relacionadas con la capacitación, la orientación y el bienestar. Además, el Presidente del Tribunal Supremo ha delegado en el Presidente Primero algunas de sus facultades en virtud de la Ley de reforma constitucional de 2005, en particular en relación con la disciplina judicial de la mayoría de los jueces y miembros del tribunal.

i)El Consejo de justicia administrativa y tribunales

135.El Consejo de justicia administrativa y tribunales es un órgano público consultivo no ministerial. Sustituye al Consejo de los tribunales. Además de asumir la función anterior del Consejo respecto de los tribunales y las investigaciones, se encarga del examen del sistema de justicia administrativa en general, con miras a hacerlo accesible, equitativo y eficiente. También asesora a los ministros y al Presidente Primero acerca de la evolución del nuevo sistema y presenta propuestas de modificación. El Consejo procura garantizar que las relaciones entre las cortes, los tribunales, los defensores del pueblo y los proveedores de soluciones alternativas a las controversias reflejen las necesidades de los usuarios. Por ley es miembro del Comité de Procedimientos de los Tribunales, lo que le garantiza un papel central en el proceso normativo de los tribunales.

j)Las prisiones, la libertad vigilada y la libertad

136.En Inglaterra y Gales, la responsabilidad de encargar y prestar los servicios de gestión de los delincuentes adultos detenidos o en la comunidad corresponde al Servicio Nacional de Tratamiento de los Delincuentes (organismo ejecutivo del Ministerio de Justicia).

137.En Escocia, la responsabilidad de las prisiones corresponde al Servicio Penitenciario de Escocia, organismo ejecutivo del Gobierno de Escocia. La responsabilidad principal con respecto a la libertad vigilada y los servicios posteriores a la puesta en libertad corresponde a las autoridades locales.

138.En Inglaterra y Gales, el Secretario de Estado de Justicia nombra en cada establecimiento penitenciario una junta de supervisión independiente que representa a la comunidad local, para que formule una opinión independiente sobre las normas de justicia y humanidad que rigen el tratamiento de los reclusos y verifique la amplitud y pertinencia de los programas que los preparan para su puesta en libertad. La junta transmite al Secretario de Estado todas sus preocupaciones y le informa anualmente acerca del grado en el que la prisión ha cumplido las normas y los requisitos que tenía establecidos, así como las repercusiones en la población penitenciaria. En Escocia, los comités de visitadores llevan a cabo actividades similares en todas las instituciones.

139.La inspección de las prisiones en Inglaterra y Gales es responsabilidad del Inspector Jefe de Prisiones de Su Majestad, nombrado por la Reina, que rinde cuentas directamente al Secretario de Estado. El Inspector Jefe de Libertad Vigilada de Su Majestad, nombrado por el Secretario de Estado y que depende directamente de este, se encarga de supervisar la eficacia de la labor relativa a la libertad vigilada en Inglaterra y Gales. En Escocia, la inspección de las prisiones está a cargo del Cuerpo de Inspectores de Prisiones de Su Majestad de Escocia, y los servicios de asistencia social de la justicia penal son supervisados por el Organismo de Inspección de la Asistencia Social, organismo gubernamental independiente.

140.En Inglaterra y Gales, el Secretario de Estado de Justicia también nombra al Ombudsman de Prisiones y de Libertad Provisional. Su función es investigar y formular recomendaciones sobre las quejas de los reclusos, los delincuentes bajo libertad vigilada y los detenidos por motivos de inmigración. El Ombudsman también es responsable de la investigación de todas las muertes ocurridas en las prisiones, otros establecimientos de detención autorizados y los centros de detención de inmigrantes. Presenta informes anuales al Secretario de Estado.

141.El Secretario de Estado de Justicia es asesorado por una junta especial de libertad condicional acerca de la puesta en libertad de los reclusos.

142.En Escocia, las quejas de los reclusos que no han sido resueltas por medio del procedimiento del Servicio Penitenciario de Escocia son investigadas por el Comisionado de Denuncias de las Prisiones de Escocia, que es independiente. Las quejas sobre los servicios de asistencia social de la justicia penal, como la libertad condicional, pueden ser examinadas por el Ombudsman para los servicios públicos de Escocia.

k)Salud de los reclusos

143.La responsabilidad de contratar los servicios de salud penitenciarios en las prisiones públicas de Inglaterra corresponde a los consorcios de atención primaria del Servicio Nacional de Salud. En el libro blanco para la celebración de consultas sobre el Servicio Nacional de Salud (2010) del Departamento de Salud se presenta una serie de propuestas para sustituir a los consorcios de atención primaria por una junta delegada independiente del Servicio Nacional de Salud.

144.Los servicios médicos de los establecimientos que gestiona directamente el Servicio Penitenciario de Escocia se prestan en el marco de un contrato nacional. Una de las condiciones de ese contrato es que todos los médicos estén debidamente cualificados para el trabajo penitenciario y registrados en el Consejo Médico General. También es un requisito para todos los médicos participar en cursos de iniciación y de desarrollo profesional permanente, así como en la formación específica para el trabajo penitenciario, que abarca la gestión del riesgo de suicidio. Esto incluye la formación pertinente sobre las cuestiones éticas y morales, que también figuran en la estrategia de capacitación y aprendizaje del personal de enfermería penitenciario.

l)Indultos

145.En Inglaterra y Gales, el Secretario de Estado de Justicia asesora a la Reina respecto de si hay motivos excepcionales para ejercer la prerrogativa real del indulto, por ejemplo, en ausencia de una solución judicial, para conceder el indulto a un condenado o para conmutar la totalidad o parte de la pena impuesta por un tribunal.

146.El Secretario de Justicia del Gobierno de Escocia tiene responsabilidades similares con respecto a Escocia. El Ministro de Justicia del Gobierno de Irlanda del Norte se ocupa de las peticiones de ejercicio de la prerrogativa real del indulto con respecto a los delitos no relacionados con el terrorismo en Irlanda del Norte, y el Secretario de Estado para Irlanda del Norte se encarga de esas solicitudes en los casos de delitos relacionados con el terrorismo.

II.Marco jurídico general de la protección de los derechos humanos

A.Aceptación de las normas internacionales de derechos humanos

147.El Reino Unido ha ratificado los importantes instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas que figuran a continuación:

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial;

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;

Convención sobre los Derechos del Niño;

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer;

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

148.El Reino Unido también ha ratificado los Protocolos Facultativos de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

149.El Examen Periódico Universal del Reino Unido tuvo lugar en abril de 2008.

150.El Reino Unido también es parte en el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor en el país el 1 de febrero de 1989, y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ratificado por el Reino Unido en 1951.

151.Los tratados internacionales ratificados por el Reino Unido no se suelen incorporar de manera directa al derecho interno. En general, el Reino Unido cumple sus obligaciones internacionales mediante la promulgación o la modificación de la legislación nacional a fin de garantizar la compatibilidad con las obligaciones derivadas del tratado de que se trate. El Gobierno suele adoptar ese tipo de medidas en la medida en la que sean necesarias antes de pasar a ser parte en el tratado, de acuerdo con el procedimiento parlamentario ordinario. El Reino Unido no ratifica ningún tratado a menos que el Gobierno tenga la certeza de que el derecho interno y la práctica permiten su cumplimiento. En el caso del Convenio Europeo de Derechos Humanos se siguió este enfoque desde el principio, cuando se firmó el Convenio en 1951, hasta que entró en vigor la Ley de derechos humanos de 1998, en 2000. Esta ley amplia el alcance de los derechos del Convenio en el derecho del Reino Unido y permite que sean directamente aplicables en los tribunales del Reino Unido.

152.Las suspensiones, reservas y declaraciones del Reino Unido en vigor con respecto a estos instrumentos internacionales figuran en forma resumida en el sitio web de la Colección de Tratados de las Naciones Unidas.

Convención contra la Tortura

153.El artículo 134 de la Ley de justicia penal de 1988 da cumplimiento a la obligación que el artículo 4 de la Convención contra la Tortura impone al Reino Unido de tipificar la tortura como delito en su legislación interna. De conformidad con este artículo, la tortura constituye un delito, independientemente de donde se practique y de la nacionalidad del autor. El primer proceso incoado al amparo del artículo 134 de la Ley de justicia penal, en el que se da efecto en el Reino Unido al artículo 7 de la Convención, llegó a su término en julio de 2005 con la declaración de culpabilidad del antiguo caudillo afgano Faryadi Zardad.

B.Marco jurídico de protección de los derechos humanos en el plano nacional

1.Convenio Europeo de Derechos Humanos y Ley de derechos humanos

154.El Reino Unido no tiene una constitución escrita como parte de su derecho nacional. Las personas del Reino Unido gozan desde hace mucho tiempo de una sólida tradición de libertades individuales, pero no siempre ha sido fácil precisar su contenido ni lo que se debía hacer cuando las libertades que no figuraban por escrito contradecían otras leyes.

155.El Convenio Europeo de Derechos Humanos, ratificado por el Reino Unido en 1951, consagra los derechos civiles y políticos fundamentales. Aunque el Reino Unido estaba obligado a cumplir sus obligaciones con arreglo al Convenio en virtud del derecho internacional a partir de su ratificación, el Convenio no se había incorporado directamente a la legislación del Reino Unido y los derechos reconocidos en el Convenio no eran aplicables directamente ante los tribunales. El Gobierno del Reino Unido promulgó la Ley de derechos humanos de 1998 para ampliar el alcance los derechos previstos en el Convenio. Esa ley entró en vigor el 2 de octubre de 2000.

156.La Ley de derechos humanos de 1998 permite a las víctimas de una vulneración de los derechos previstos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos presentar una queja directamente ante un tribunal del Reino Unido y recibir una reparación, incluida una indemnización por daños y perjuicios si se determina que se ha cometido una infracción. Garantiza que los derechos reconocidos en el Convenio y los fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que los sustentan sean tenidos plenamente en cuenta por los tribunales del Reino Unido. También garantiza que, al examinar la legislación propuesta, el Parlamento reflexione cuidadosamente sobre las dificultades de mantener el equilibrio entre los derechos individuales y las necesidades de la comunidad en general. El principio fundamental de la ley es que, siempre que sea posible, la legislación debe ser compatible con los derechos previstos en el Convenio. Además, la ley proporciona una detallada declaración jurídica de los derechos y las libertades fundamentales.

157.La Ley de derechos humanos de 1998 exige que los tribunales del Reino Unido respeten las leyes promulgadas por el Parlamento. No obstante, permite que un tribunal superior declare que una ley no puede interpretarse en un sentido compatible con los derechos reconocidos en el Convenio. Posteriormente, el Parlamento puede decidir si enmendará la ley y de qué manera. De este modo, la ley establece un equilibrio entre los derechos y las responsabilidades de los ámbitos legislativo y judicial de nuestra Constitución, de forma que la última palabra la tenga el proceso democrático.

158.La Ley de derechos humanos de 1998 representa un cambio importante en el funcionamiento del sistema político y jurídico del Reino Unido. Antes de su promulgación, el Reino Unido no había establecido explícitamente que las autoridades públicas y los tribunales del Reino Unido debían respetar los derechos previstos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y los tribunales solo recurrían a ese instrumento en casos excepcionales, por ejemplo, si la legislación del Reino Unido no era clara.

159.Con arreglo a la Ley de derechos humanos de 1998, todas las autoridades públicas fundamentales (como el gobierno central, los gobiernos locales, el ejército y la policía, entre otros) deben garantizar que todos sus actos sean compatibles con los derechos reconocidos en el Convenio, excepto que una ley del Parlamento lo impida.

160.La Ley de derechos humanos de 1998 actúa en tres sentidos principales. En primer lugar, requiere que, en la medida de lo posible, las leyes se interpreten y se apliquen de manera compatible con los derechos del Convenio. Si ello no es posible, un tribunal puede revocar o derogar legislación subordinada (reglamentos u órdenes) o, si se trata de un tribunal superior, formular una declaración de incompatibilidad en relación con la legislación primaria. Esto permite que el ministro competente dicte una orden correctiva de enmendar la legislación para armonizarla con los derechos del Convenio.

161.Hasta la fecha, siempre que los tribunales han declarado alguna ley incompatible con los derechos del Convenio (y que esa declaración no ha sido revocada en apelación), el Gobierno ha remitido o se ha propuesto remitir la incompatibilidad al Parlamento para que este adopte las modificaciones oportunas.

162.En segundo lugar, de conformidad con la Ley de derechos humanos de 1998 se considera ilícito que una autoridad pública actúe de manera incompatible con los derechos previstos en el Convenio, y se pueden emprender acciones legales contra ella ante un juzgado o un tribunal del Reino Unido. No obstante, una autoridad pública no habrá actuado ilícitamente en virtud de la ley si, como resultado de una disposición de legislación primaria (como otra ley del Parlamento), no podría haber actuado de manera diferente.

163.Los tribunales realizarán un "análisis detallado" para determinar si la injerencia en el derecho de que se trata fue realmente necesaria para alcanzar uno o más de los objetivos declarados reconocidos en el Convenio. Si no lo fue, los tribunales llegarán a la conclusión de que la autoridad pública ha actuado ilícitamente. No obstante, los tribunales no sustituirán automáticamente la opinión de la instancia que tomó la decisión por su propia opinión, por lo que su función seguirá siendo la de "examinar" y no la de volver a determinar exhaustivamente la decisión inicial. Se trata solamente de que el carácter del examen es en este caso más detallado.

164.En tercer lugar, los juzgados y tribunales del Reino Unido deben tener en cuenta los derechos previstos en el Convenio en todos los casos que se les presenten. Ello significa, por ejemplo, que están obligados a desarrollar el common law de manera compatible con los derechos del Convenio. También deben tener en cuenta la jurisprudencia de Estrasburgo. Por ejemplo, se ha recurrido a la Ley de derechos humanos de 1998 para fallar en casos de intereses contrapuestos entre la privacidad y la libertad de expresión.

165.La Ley de derechos humanos de 1998 impone también una obligación a los ministros del Gobierno cuando se promulgan nuevas leyes. Según la ley, el ministro encargado de cualquier ley primaria debe formular una declaración ante el Parlamento sobre la compatibilidad de las disposiciones del proyecto de ley con los derechos del Convenio. Esto asegura que el Gobierno examine los efectos de la legislación en los derechos humanos antes de que se debata el proyecto de ley en el Parlamento, y ayuda a la labor de análisis del Parlamento.

166.Además, en las notas explicativas que acompañen al proyecto de ley, el Gobierno debe hacer referencia a las principales cuestiones de derechos humanos que dimanen del proyecto. Durante su tramitación en el Parlamento, la mayoría de los proyectos de ley son examinados por el Comité Mixto sobre los Derechos Humanos, que puede formular propuestas para mejorar la compatibilidad del proyecto de ley con el Convenio o con otros instrumentos de derechos humanos.

167.Desde 2000, solo se ha presentado ante el Parlamento una declaración en el sentido de que no se podía garantizar la compatibilidad de un proyecto de ley con los derechos del Convenio.Se trata del proyecto que se convirtió en la Ley de comunicaciones de 2003, que trataba de las restricciones a la financiación de la publicidad política. Esta actuación fue apoyada en su momento por el Comité Mixto sobre los Derechos Humanos y refrendada por el Parlamento, que aprobó la ley. El Tribunal Superior de Justicia y la Cámara de los Lores determinaron ulteriormente que la ley era compatible con los derechos del Convenio. El asunto se someterá más adelante a la consideración del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

168.En el artículo 1, párrafo 2, de la Ley de derechos humanos de 1998 se dispone que los derechos previstos en el Convenio tendrán efecto en la legislación interna con sujeción a toda derogación o reserva prevista. Con arreglo al artículo 15 del Convenio, el Reino Unido tiene derecho a tomar medidas que deroguen las obligaciones previstas en el Convenio en circunstancias excepcionales y establecidas. El artículo 14 de la Ley de derechos humanos mantiene este derecho de derogación en la legislación interna para garantizar la coherencia con las derogaciones del Reino Unido en virtud del derecho internacional. De forma análoga, en virtud del artículo 57 del Convenio, en determinadas circunstancias el Reino Unido tiene derecho a formular reservas a propósito de una disposición particular del Convenio. El artículo 15 de la ley garantiza que esas reservas se apliquen a la legislación interna a fin de asegurar la coherencia con las reservas formuladas por el Reino Unido en virtud del derecho internacional. Hasta la fecha, el Reino Unido ha formulado una reserva al Convenio, en relación con el artículo 2 del primer protocolo. En el artículo 15 se mantiene expresamente esta reserva y se confiere al Secretario de Estado la facultad de formular nuevas reservas al Convenio en nombre del Reino Unido en el futuro.

169.La Ley de derechos humanos se aplica a las administraciones y asambleas legislativas autónomas en tanto que autoridades públicas, pero que también están sujetas a requisitos jurídicos complementarios a fin de dar cumplimiento al Convenio Europeo de Derechos Humanos. La Ley de Escocia de 1998, mediante la que se estableció el Parlamento y el Gobierno de Escocia, exige que los Ministros Escoceses actúen de conformidad con los derechos del Convenio y estipula que cualquier acto de estos incompatible con el Convenio significaría que se extralimitan en el ejercicio de sus funciones. También dispone que cualquier ley promulgada por el Parlamento de Escocia que fuera incompatible con el Convenio quedaría al margen de la competencia legislativa del Parlamento y, por consiguiente, carecería de validez. Esto permite a los tribunales internos no aplicar cualquier ley de Escocia que sea incompatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por otra parte, la Ley de Irlanda del Norte, mediante la que se estableció la Asamblea de Irlanda del Norte, también exige que los ministros de Irlanda del Norte actúen de conformidad con los derechos del Convenio Europeo de Derechos Humanos y estipula que toda ley que sea incompatible con los derechos del Convenio excedería su competencia. De conformidad con la Ley del Gobierno de Gales de 1998 se aplica una disposición similar a la Asamblea de Gales.

170.Mediante el Acuerdo de Belfast de 1998, se encomendó a la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte la labor de asesorar al Secretario de Estado para Irlanda del Norte sobre "la posibilidad de definir, en la legislación de Westminster, derechos complementarios a los del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que reflejen las circunstancias particulares de Irlanda del Norte". Tras el Acuerdo de St. Andrews de octubre de 2006, se estableció un foro sobre una declaración de derechos, con la finalidad de prestar asistencia en este proceso. El 31 de marzo de 2008 el Foro presentó recomendaciones a la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte que, tras examinar el informe del Foro, presentó sus conclusiones al Gobierno el 10 de diciembre de 2008. El 30 de noviembre de 2009, el Gobierno de entonces inició una consulta sobre "Una Carta de Derechos para Irlanda del Norte: las próximas etapas", que finalizó el 31 de marzo de 2010. Esto puso de manifiesto las profundas divisiones y la falta de acuerdo sobre el camino a seguir. El actual Gobierno tiene la firme voluntad de colaborar con el poder ejecutivo, los partidos políticos y otras partes interesadas de Irlanda del Norte para hallar la mejor manera de alcanzar el consenso necesario para resolver este problema definitivamente.

171.Tras las elecciones generales celebradas en mayo de 2010, el Gobierno se comprometió a establecer una comisión para analizar la formulación de una Carta de Derechos del Reino Unido, que incorpore y se base en todas nuestras obligaciones en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos, asegure que esos derechos sigan consagrados en el derecho del Reino Unido, y proteja y amplíe las libertades en el Reino Unido. Se desplegarán esfuerzos para promover una mejor comprensión del verdadero alcance de estas obligaciones y libertades.

172.El Ministerio de Justicia del Reino Unido tiene la responsabilidad política con respecto a la Comisión propuesta. Las decisiones sobre el momento preciso, el alcance y la composición de la Comisión se adoptarán oportunamente.

2.Medida sobre los derechos de los niños y jóvenes (Gales) de 2011

173.La Medida sobre los derechos de los niños y los jóvenes, que recibió la sanción real en marzo de 2011, impone la obligación a los ministros y al Primer Ministro de Gales de tener debidamente en cuenta los derechos y las obligaciones de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y sus Protocolos Facultativos al tomar decisiones políticas de carácter estratégico.

174.La Medida requerirá que los ministros de Gales preparen un programa con respecto a los niños y elaboren informes sobre el cumplimiento de la obligación de tener debidamente en cuenta la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos, y que promuevan la comprensión de la Convención y de los cambios en la legislación para hacer más efectiva la Convención y sus protocolos facultativos.

175.La Medida tiene como objetivo integrar los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en la legislación de Gales en favor de los niños.

3.Proyecto de ley sobre las libertades

176.El Gobierno también se comprometió a presentar un proyecto de ley sobre las libertades. Se prevé que ese proyecto de ley incluya disposiciones para introducir salvaguardas contra la arbitrariedad en la aplicación de la legislación antiterrorista, regular mejor la utilización de los circuitos cerrados de televisión y adoptar nuevas medidas de protección con respecto a la base de datos nacional de ADN. Se prevé que el proyecto de ley se presente en el Parlamento en 2011.

4.Asistencia jurídica, indemnización y rehabilitación

a)Asistencia letrada

177.En las tres jurisdicciones del Reino Unido hay un sistema amplio en virtud del cual toda persona que requiere asesoramiento jurídico o representación letrada en los tribunales puede recibir asistencia financiera con cargo a los fondos públicos. Este plan se conoce como "Asistencia Jurídica" y su propósito es, fundamentalmente, el ejercicio de los derechos jurídicos de las personas. Está destinado a las personas con bajos ingresos y puede abarcar el costo total o bien el interesado sufraga una parte del mismo. Si se otorga esa asistencia, la causa sigue su curso ordinario, con la salvedad de que el cliente no abona directamente suma alguna al letrado, sino que todos los pagos se hacen por medio del Fondo para la asistencia jurídica. La responsabilidad ministerial de la asistencia jurídica en Inglaterra y Gales corresponde al Lord Canciller y, en Escocia, a los Ministros Escoceses.

178.En Inglaterra y Gales, la Comisión de Servicios Jurídicos administra la asistencia jurídica, que corresponde a dos dependencias separadas, el Servicio Jurídico Comunitario (para los casos civiles) y el Servicio de Defensa Penal.

179.El Servicio Jurídico Comunitario consiste en una red de organizaciones contratadas que presta servicios jurídicos en asuntos civiles. Las normas relativas a la prestación de asistencia jurídica civil se establecen sobre todo en la Ley de acceso a la justicia de 1999, y en el Código de Financiación, establecido en el marco de esa ley. La asistencia económica está sujeta al alcance del plan y a la comprobación tanto de los medios de vida del interesado como de sus razones. Además de la asistencia letrada presencial, la Comisión de Servicios Jurídicos dispone de un servicio telefónico gratuito que ofrece asesoramiento jurídico confidencial e independiente.

180.El Servicio de Defensa Penal presta asistencia jurídica a las personas que son objeto de investigación o que hacen frente a cargos penales. El tribunal que tramita la causa determinará las condiciones exigidas para recibir asistencia letrada en cuestiones penales. En el juzgado, un acusado solo podrá recibir asistencia letrada si se han comprobado los medios de vida y la asistencia redunda en "interés de la justicia". En el Tribunal de la Corona se considera que los acusados en espera de juicio satisfacen automáticamente el "interés de la justicia". Aunque todos los acusados reúnen las condiciones para obtener asistencia letrada, se comprueban sus medios de vida y se les puede requerir que contribuyan a los costos de su causa mediante sus ingresos o su capital. A los acusados que hayan contribuido y que posteriormente sean absueltos, se les devuelve la contribución con intereses.

181.La asistencia letrada está siendo objeto de amplias reformas en la actualidad, y se está debatiendo en el Parlamento en el marco del proyecto de ley sobre asistencia letrada, sentencias y castigo de los delincuentes. El proyecto de ley abolirá la Comisión de Servicios Jurídicos, y se creará un organismo nuevo al margen del proyecto de ley con el fin de administrar la ayuda letrada en el futuro. El proyecto de ley servirá también para reducir la gama de casos para los que se dispondrá de asistencia letrada, con el fin de dar prioridad a las esferas donde está en juego la vida o libertad de las personas, donde corren riesgo de daño físico gravo o pérdida inmediata del hogar o donde sus hijos pueden ser confiados a centros de acogida.

182.En Escocia, la Junta de Asistencia Jurídica se encarga de gestionar este tipo de asistencia. Esto incluye la prestación de asesoramiento y asistencia jurídicos y la determinación de los beneficiarios de la asistencia económica. Al igual que en Inglaterra y Gales, la aplicación del plan corresponde a dos dependencias separadas: Asistencia Jurídica Civil y Asistencia Jurídica Penal. Para poder recibir asistencia jurídica civil la persona debe reunir determinadas condiciones económicas, tener un fundamento jurídico para el caso y no contar con otro tipo de asistencia económica. Para recibir asistencia jurídica penal la persona debe demostrar que sus ingresos y su capital están dentro de los límites económicos establecidos por el Parlamento.

183.En Irlanda del Norte, la Comisión de Servicios Jurídicos de Irlanda del Norte se encarga de la asistencia jurídica que, tanto en los asuntos civiles como penales, está sujeta a la comprobación de los medios de vida y las razones del interesado.

184.Si una persona considera que se han vulnerado los derechos que la asisten en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos y pretende presentar su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dispone de varios programas de asistencia y asesoramiento letrados. En el marco del programa de ayuda jurídica, un particular puede recibir la asistencia de un abogado experimentado o de un asesor jurídico en las primeras etapas de su solicitud. Si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo admite la solicitud, el particular puede recibir asistencia económica directamente de Estrasburgo. Para que la persona pueda recibir esa asistencia es necesario que reúna las condiciones para recibir asistencia jurídica a nivel nacional.

185.En algunas zonas urbanas hay centros jurídicos que proporcionan asesoramiento jurídico y representación letrada de forma gratuita en función de la evaluación de los medios económicos. Estos centros, cuya financiación proviene de distintas fuentes, a menudo de las autoridades locales, suelen emplear a abogados remunerados a jornada completa, aunque muchos también cuentan con trabajadores de la comunidad. Gran parte de su labor se dedica a problemas relacionados con la vivienda, el empleo, la seguridad social y la inmigración. También se puede obtener asesoramiento gratuito en las Oficinas de Asesoramiento del Ciudadano, los centros de asesoramiento de los consumidores y sobre la vivienda, y en los centros de asesoramiento especializados de diversas organizaciones de voluntariado. El Centro jurídico para los refugiados y el Servicio de asesoramiento para los inmigrantes, que reciben financiación gubernamental, prestan asistencia y ayuda de forma gratuita a los solicitantes de asilo, y el Servicio de asesoramiento para los inmigrantes también aconseja y ayuda a las personas que tienen derecho a apelar en cuestiones de inmigración.

b)Víctimas de la delincuencia

186.Los tribunales pueden ordenar que una persona condenada por un delito abone a la víctima una indemnización por las lesiones, las pérdidas o los daños que haya sufrido debido a ese delito. En Inglaterra y Gales los tribunales tienen la obligación de examinar esta cuestión en todos los casos procedentes y de motivar toda decisión desestimatoria. La indemnización a las víctimas debe tener prioridad sobre la multa en el caso de que el tribunal considere la posibilidad de imponer ambas cosas, y el cobro de la suma adjudicada como indemnización tiene preferencia sobre el cobro de la multa.

187.Si el Ministerio Público de la Corona decide no incoar el proceso, en Inglaterra y Gales las víctimas pueden entablar una acción privada, pero en la práctica rara vez lo hacen. También pueden tratar de obtener daños y perjuicios ante los tribunales civiles. Ese procedimiento se ha simplificado para que las personas que carecen de conocimientos jurídicos puedan presentar reclamaciones por pérdidas o daños de menor importancia.

188.Todas las víctimas que sufran lesiones graves a causa de un delito violento en Inglaterra, Gales o Escocia, independientemente de su nacionalidad, pueden solicitar indemnización con cargo a los fondos públicos con arreglo al plan de indemnización por lesiones derivadas de delito. La indemnización se basa en una escala de cantidades, y los pagos a las víctimas que han sufrido lesiones más graves oscilan entre 1.000 y 500.000 libras.

189.En Irlanda del Norte, existen disposiciones separadas, ya que en algunas circunstancias la indemnización puede pagarse con cargo a fondos públicos si se trata de lesiones de origen delictivo o de daños causados intencionadamente a bienes, incluido el lucro cesante.

190.En el Reino Unido, hay tres organizaciones que apoyan a las víctimas de delitos en general y reciben financiación del Gobierno: Apoyo a las Víctimas (que abarca Inglaterra y Gales), Apoyo a las Víctimas Escocia y Apoyo a las Víctimas Irlanda del Norte.

191.En junio de 1996, el Gobierno publicó una nueva Carta de la Víctima que, en abril de 2006, pasó a tener carácter legal en virtud del Código de prácticas para las víctimas. Ahora las víctimas tienen el derecho legal de recibir un servicio de calidad de los organismos de justicia penal. En el Código se informa a las víctimas sobre la manera de presentar una reclamación si no obtienen un servicio de calidad. La introducción de la Carta de los Testigos permite ofrecer el mismo nivel de servicios a los testigos, aunque no tiene carácter legal. En Irlanda del Norte, se ha publicado un Código de prácticas para las víctimas, en el que se establece el nivel de servicios que se debe prestar a las víctimas en su relación con el sistema de justicia penal en Irlanda del Norte y el mecanismo para formular una reclamación. A todas las víctimas que denuncian un delito se les entrega un folleto sobre las "víctimas de delitos", que contiene asesoramiento práctico sobre lo que debe hacerse después de un delito. En ella se explican con sencillez los procedimientos policiales y judiciales, la manera de solicitar una indemnización y las demás ayudas disponibles.

c)Indemnización por una condena o detención injusta

192.La Comisión de Revisión de Casos Penales investiga y examina las presuntas condenas injustas (133).

193.En virtud del artículo 133 de la Ley de justicia penal de 1988, toda persona cuya condena por un delito penal haya sido revocada por el Tribunal de Apelación, tras una apelación extemporánea o una remisión de la Comisión de Revisión de Casos Penales, tendrá derecho a solicitar del Secretario de Estado una indemnización. Si la persona interesada falleciese, su representante personal podrá presentar la solicitud correspondiente.

194.Para decidir si procede o no la indemnización en virtud de la Ley de 1988, el Secretario de Estado determinará si la decisión del Tribunal de Apelación de revocar la condena o conceder el indulto se ha debido a que se ha producido o descubierto un hecho que prueba más allá de toda duda razonable un error judicial. Para decidir si procede pagar o no una indemnización, el Secretario de Estado tendrá también en cuenta si el no haberse revelado el hecho desconocido es en todo o en parte imputable a la persona que solicita la indemnización.

195.Si el Secretario de Estado considera que la indemnización está justificada con arreglo a la Ley de justicia penal de 1988, su cuantía será determinada por un asesor independiente, de conformidad con esa ley.

5.Mecanismo nacional para la aplicación de los derechos humanos

a)Comité Mixto sobre los Derechos Humanos

196.Para facilitar el seguimiento de los progresos logrados en la promoción y protección de los derechos humanos en el Reino Unido, se ha establecido en el Parlamento un comité especializado, el Comité Mixto sobre los Derechos Humanos, encargado de analizar las cuestiones relacionadas con los derechos humanos y presentar sus conclusiones y recomendaciones al Parlamento.

197.El Comité está integrado por 12 miembros designados por todos los partidos, procedentes de las dos cámaras del Parlamento. El Comité examina todos los proyectos de ley del Gobierno y analiza con más detenimiento los que considera que tienen repercusiones significativas en los derechos humanos. Aunque no puede ocuparse de casos individuales, el Comité examina las medidas adoptadas por el Gobierno para ejecutar las sentencias de los tribunales del Reino Unido y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos de vulneración de los derechos humanos. Como parte de su labor, el Comité analiza la forma en que el Gobierno ha recurrido a órdenes correctivas para enmendar la legislación cuando los tribunales concluyen que existía alguna incompatibilidad con los derechos del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

b)Comisiones nacionales de derechos humanos

198.En el Reino Unido hay tres comisiones nacionales independientes de derechos humanos: la Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte y la Comisión de Derechos Humanos de Escocia. Aunque todas ellas se financian con fondos públicos, son independientes del Gobierno.

199.La Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos se constituyó el 1 de octubre de 2007. Su mandato consiste en defender la igualdad y los derechos humanos para todos, eliminar la discriminación, reducir las desigualdades, proteger los derechos humanos y fomentar las buenas relaciones entre las comunidades, asegurando que todas las personas tengan las mismas oportunidades de participar en la sociedad. Su competencia abarca Inglaterra y Gales y Escocia. La Comisión engloba la labor de las tres comisiones de igualdad anteriores de Gran Bretaña (igualdad racial, igualdad de género y derechos de las personas con discapacidad) y asume también la responsabilidad de las nuevas leyes contra la discriminación en otras esferas (edad, orientación sexual y religión o creencias), así como en materia de derechos humanos. Puede exigir la aplicación de las leyes de igualdad y tiene el mandato de impulsar el cumplimiento de la Ley de derechos humanos.

200.La Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte es un organismo independiente que se constituyó legalmente en 1999. Su función es promover la sensibilización acerca de la importancia de los derechos humanos en Irlanda del Norte, examinar las leyes y prácticas vigentes y asesorar al Gobierno sobre las medidas necesarias para proteger los derechos humanos en Irlanda del Norte. Tiene la capacidad de realizar investigaciones, asistir a las personas que han iniciado actuaciones judiciales y, en su caso, iniciar esas actuaciones.

201.La Comisión de Derechos Humanos de Escocia se creó con arreglo a la Ley sobre la Comisión de Derechos Humanos de Escocia de 2006 y se constituyó en 2008. El objetivo principal de la Comisión es promover los derechos humanos y alentar las mejores prácticas en relación con los derechos humanos (su mandato no abarca la legislación en materia de igualdad, ya que no es de la competencia del Parlamento de Escocia). Además, puede examinar la legislación de Escocia y recomendar la introducción de cambios en la legislación y en las políticas y prácticas de las autoridades públicas de Escocia. Está facultada legalmente para obtener información y visitar los centros de detención, y puede intervenir en las actuaciones judiciales sobre derechos humanos.

c)Comisionado para la Infancia

202.El Reino Unido ha establecido un Comisionado para la Infancia independiente en cada una de las jurisdicciones del Reino Unido. El mandato del Comisionado para la Infancia de Gales, el Comisionado para la Infancia y la Juventud de Irlanda del Norte y el Comisionado para la Infancia y la Juventud de Escocia consiste en proteger y promover los derechos del niño.

203.La función de este Comisionado es diferente de la que ejerce actualmente el Comisionado para la Infancia de Inglaterra, cuya función es promover el conocimiento de las opiniones e intereses de los niños en Inglaterra. Sin embargo, tras la realización de un examen independiente del Comisionado para la Infancia de Inglaterra, el Gobierno ha aceptado, en principio, todas sus recomendaciones. Además de otorgar más independencia al Comisionado para la Infancia, se modificará su mandato para que también se centre en la promoción y protección de los derechos del niño, de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

d)Protección de datos y libertad de información

204.La Ley de libertad de información de 2000, que entró en vigor en enero de 2005, concede a todas las personas el derecho de acceso a la información en poder de las autoridades públicas. La ley se aplica a la información registrada por las autoridades públicas de Inglaterra, Irlanda del Norte y Gales. Escocia tiene su propia ley equivalente: la Ley de libertad de información (Escocia) de 2002.

205.Los organismos del sector público que no dependen del Gobierno central reciben no menos de 87.000 peticiones al año basadas en la Ley de libertad de información. En 2009 el Gobierno central recibió más de 40.000 peticiones basadas en la Ley de libertad de información y el Reglamento sobre información ambiental. Ese año el 58% de las peticiones dirigidas al Gobierno central se resolvieron en su totalidad; en otro 23% de los casos no se divulgó la información. Si el solicitante no está satisfecho con la decisión de la autoridad pública sobre el acceso a la información, puede pedir a la autoridad que proceda a un examen interno. Si sigue estando insatisfecho, puede quejarse ante el Comisionado de información independiente y, ulteriormente, ante el Tribunal de información.

206.El Gobierno tiene la obligación de garantizar que la información se comparta de manera segura y controlada, estableciendo controles legales y de procesamiento que aseguren que la información no se comparta de manera inadecuada o desproporcionada.

207.El procesamiento de datos personales se rige por la Ley de protección de datos de 1998, que entró en vigor en marzo de 2000 (sustituyendo a la Ley de protección de datos de 1984). Con arreglo a esta ley, las organizaciones y los particulares deben cumplir los principios de protección de datos. Estos principios incluyen la garantía de que el procesamiento de datos sea justo y lícito, que los datos se procesen únicamente con fines legítimos y específicos, y que los datos sean correctos.

208.El Comisionado de información es una autoridad de supervisión independiente encargada de la aplicación de la legislación relativa a la libertad de información y la protección de datos. La Oficina del Comisionado de información también promueve las buenas prácticas sobre el acceso a la información oficial y la protección de la información personal mediante la reglamentación de la admisibilidad de las quejas, el suministro de información y orientación a particulares y organizaciones, y la adopción de medidas adecuadas cuando se infringe la ley.

e)Quejas contra el poder ejecutivo

209.Los particulares que consideren que han sido tratados injustamente como resultado de un acto administrativo inapropiado pueden presentar sus quejas a la Oficina del Comisionado parlamentario para la administración, denominado con frecuencia el "Ombudsman", establecida en virtud de la Ley del comisionado parlamentario de 1967.

210.El Comisionado parlamentario para la administración puede investigar las medidas adoptadas "en el ejercicio de funciones administrativas" por los departamentos del Gobierno central, directamente o en su nombre. Las quejas se deben dirigir inicialmente a un miembro del Parlamento quien decidirá si las remite al Comisionado parlamentario. El Comisionado parlamentario para la administración es independiente del Gobierno y presenta sus informes a un comité de la Cámara de los Comunes. Sus informes se hacen públicos.

211.También se ha establecido el Ombudsman para los gobiernos locales, el Ombudsman del Servicio Nacional de Salud y el Ombudsman de asesoramiento jurídico.

212.En Escocia, Gales e Irlanda del Norte hay Ombudsman independientes. Según la Ley del Ombudsman para los servicios públicos de Escocia de 2002, el Gobierno de Escocia tiene la obligación legal de colaborar en las investigaciones del Ombudsman y facilitarle los informes para su estudio. Mediante la Ley del Ombudsman para los servicios públicos (Gales) de 2005 se estableció el Ombudsman para los servicios públicos de Gales, con el mandato de efectuar investigaciones independientes e imparciales de las presuntas prácticas irregulares en la administración de los servicios públicos de Gales. En la Ley del Ombudsman (Irlanda del Norte) de 1969 (sustituida por el Decreto del Ombudsman (Irlanda del Norte) de 1996) se prevé el establecimiento de un Ombudsman para supervisar la labor de los departamentos del Gobierno de Irlanda del Norte. En la Ley del Comisionado de quejas (Irlanda del Norte) de 1969 (sustituida por el Decreto del Comisionado de quejas (Irlanda del Norte) de 1996) se estipula una supervisión similar del sector público de Irlanda del Norte en general.

f)Quejas contra la policía

213.En Inglaterra y Gales, las quejas contra la policía son tramitadas por la Comisión Independiente de Quejas contra la Policía, que comenzó a funcionar el 1 de abril de 2004 en sustitución del anterior Órgano de Quejas contra la Policía.

214.La Comisión Independiente tiene la responsabilidad de asegurar que se dispone de mecanismos suficientes para tramitar las quejas o denuncias de conducta indebida de cualquier agente de policía o miembro del personal policial. También puede llevar a cabo investigaciones independientes de las denuncias de casos más graves. La Comisión Independiente se estableció para aumentar la confianza en el sistema de denuncias y promover el respeto de los derechos humanos de las personas, garantizando una investigación independiente de las quejas.

215.En 2008-2009, la Comisión Independiente recibió 31.259 quejas (que representa un aumento del 8% con respecto a 2007-2008). En ellas se formularon 53.534 alegaciones, de las que 18.137 (el 36%) fueron investigadas (por la policía y por la Comisión Independiente conjuntamente). Del total de investigaciones completadas, 1.810 (el 10%) fueron consideradas fundadas.

216.En Escocia, las quejas contra la policía son tramitadas en primera instancia por el cuerpo policial afectado. Si el denunciante no queda satisfecho con la forma en que se ha tratado la queja, puede remitir el caso al Comisionado de quejas contra la policía de Escocia, cargo que fue creado mediante la Ley de justicia penal, orden público y policía (Escocia) de 2006. En 2007-2008 el Comisionado recibió 325 quejas y, en 2008-2009, 375.

217.La Ley de policía (Irlanda del Norte) de 1998 estableció el Ombudsman de la Policía de Irlanda del Norte, órgano independiente encargado de investigar las quejas contra la policía. El Ombudsman controla de manera independiente todo el proceso de quejas contra la policía, que se deben presentar en su oficina. Si el Ombudsman considera que se ha cometido un delito, transmite el resultado de sus investigaciones, con las consiguientes recomendaciones, al Director del Ministerio Público, para su examen. Si se considera que se ha cometido una falta disciplinaria, el asunto y las recomendaciones correspondientes se traslada al Director de la Policía o a la Junta de fiscalización de la policía, según el rango del funcionario. En los nueve años transcurridos desde el establecimiento de la oficina, se han tramitado 30.242 quejas (hasta el 31 de marzo de 2010).

C.Marco para la promoción de los derechos humanos a nivel nacional

1.El papel del Parlamento nacional y las instituciones de derechos humanos

218.A nivel nacional, las comisiones de derechos humanos desempeñan un papel fundamental en la promoción y protección de los derechos humanos en todo el Reino Unido, ya que es una de sus responsabilidades fundamentales. La labor del Comité Mixto sobre los Derechos Humanos también es fundamental. Al examinar la labor del Gobierno y, en consecuencia, asegurar la rendición de cuentas del poder ejecutivo, constituye un sistema de pesos y contrapesos eficaz. Además, el Comité Mixto sobre los Derechos Humanos también asegura una progresión positiva en la promoción de los derechos humanos en general.

2.Formación judicial, legal y oficial y educación en derechos humanos

219.La promulgación de la Ley de derechos humanos de 1998 impuso la necesidad de articular ambiciosos programas de formación destinados al personal del sistema judicial. Aunque la ley fue aprobada por el Parlamento en 1998, no entró en vigor hasta octubre de 2000, a fin de dar tiempo a la formación de los profesionales del derecho.

220.Entre enero y octubre de 2000 la Junta de Estudios Judiciales coordinó la formación de todos los jueces con respecto a la Ley de derechos humanos. La formación se impartió en seminarios que consistieron en conferencias de presentación, estudios de casos y sesiones plenarias. Entre los profesores figuraron Sir Nicholas Bratza, juez del Reino Unido en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el juez Luzius Wildhaber, antiguo Presidente de ese Tribunal.

221.A partir de septiembre de 1999, se impartieron cursos similares a los asesores jurídicos de los magistrados, los secretarios judiciales, y una jornada de repaso a principios del último trimestre de 2000, inmediatamente antes de la entrada en vigor de la ley. Posteriormente se organizó la formación de los magistrados, impartida por los asesores jurídicos.

222.El Colegio de Abogados de Gran Bretaña proporcionó formación oficial en derechos humanos a unos 6.000 abogados. El Ministerio Público de la Corona organizó tres días de formación para todos los fiscales y publicó un manual de orientación para todo su personal, que contenía una lista de todos los casos europeos de interés, con actualizaciones quincenales de la jurisprudencia.

223.La enseñanza de los derechos humanos se incluyó en el programa del doctorado en derecho de todas las universidades del Reino Unido y figura también en todos los cursos de formación profesional de los abogados.

224.No obstante, en el examen de 2006 de la aplicación de la Ley de derechos humanos, el Gobierno reconoció que existía una comprensión insuficiente de la ley entre los funcionarios del sector público en general, y recomendó la ejecución de un programa urgente de formación y sensibilización, con el propósito de asegurar que la Ley de derechos humanos se comprendiera y aplicara correctamente. Como resultado de ello, el Ministerio de Justicia ha distribuido más de 118.000 ejemplares del manual titulado Human Rights: Human Lives (Derechos humanos: Vidas humanas) a otros departamentos gubernamentales, sus órganos subsidiarios y otras organizaciones del sector público. El manual tiene por objeto mejorar la comprensión y aplicación de la política interna de derechos humanos en particular (aunque no exclusivamente) entre las autoridades públicas. Hay dos publicaciones destinadas al público en general: Human Rights Act – an Introduction (La Ley de derechos humanos: Introducción) y la tercera edición de la Guide to the Human Rights Act 1998 (Guía de la Ley de derechos humanos 1998), que tuvo gran aceptación. Ambas publicaciones están disponibles en línea y en formato impreso, que se entrega previa solicitud.

225.Algunos funcionarios superiores designados en los departamentos gubernamentales han dirigido la incorporación de los derechos humanos en sus departamentos y organismos subsidiarios por medio de una red de funcionarios superiores defensores de los derechos humanos. Esta red sigue reuniéndose cada tres meses y permite que los departamentos compartan experiencias, información y buenas prácticas. Mediante el intercambio de buenas prácticas, el Ministerio de Justicia dirige la formación de otros departamentos gubernamentales y lleva a cabo otras iniciativas para asegurar que se aplica el marco de derechos humanos, tanto en su departamento como en los organismos subsidiarios.

226.En marzo de 2007, el Departamento de Salud Pública presentó el proyecto Human Rights in Healthcare – A Framework for Local Action (Los derechos humanos y la atención de salud: un marco para la acción local). Los objetivos del proyecto eran los siguientes: ofrecer una serie de instrumentos de derechos humanos que puedan ser utilizados por los consorcios del Servicio Nacional de Salud; organizar una serie de actividades de sensibilización en materia de derechos humanos; realizar un estudio de viabilidad sólido para el desarrollo de enfoques basados en los derechos humanos; e identificar los principales factores que permiten obtener buenos resultados. En enero de 2009, el Departamento de Salud publicó la primera Constitución del Servicio Nacional de Salud de Inglaterra en la que se establecen las normas, los valores y los principios que guían al Servicio Nacional de Salud. Esto incluye, como primer principio, que el Servicio Nacional de Salud ofrece un servicio integral, abierto a todos, y que "tiene un deber con todas y cada una de las personas a las que presta servicio y debe respetar sus derechos humanos". Esto se fundamenta en el Manual de la Constitución del Servicio Nacional de Salud, en el que se explica lo que la legislación sobre derechos humanos significa para la práctica del Servicio Nacional de Salud.

227.En 2009 se publicó una guía de derechos humanos destinada a los organismos reguladores, de inspección y de defensoría. En la guía se hace hincapié en el hecho de que mediante el uso de un marco de derechos humanos en la formulación, interpretación y aplicación de las prácticas de reglamentación e inspección, los organismos que se ocupan de esas esferas pueden conseguir una mayor coherencia y ayudar a proteger los derechos humanos en todos los niveles de su organización. Estas organizaciones tienen un papel importante que desempeñar en la promoción de los derechos humanos en los servicios públicos, no solo asegurando que las autoridades públicas tengan en cuenta los derechos humanos, sino también por medio de la orientación, la difusión de buenas prácticas y la participación de los usuarios del servicio en las normas de supervisión.

228.En marzo de 2008, el Gobierno presentó un programa de enseñanza electrónica para capacitar a los funcionarios públicos en derechos humanos, que tiene por objeto sensibilizar y mejorar los conocimientos acerca de los derechos humanos y promover una "cultura de derechos humanos" en el sector público. El programa consta de varios estudios de casos, cuya lectura proporciona una mayor comprensión de la aplicación de los derechos humanos en el trabajo. Está disponible para todas las autoridades públicas (y el público en general) en la Escuela Virtual de la National School of Government y es ampliamente difundido por el Ministerio de Justicia y la National School of Government.

3.Educación en derechos humanos en la sociedad en general

229.En julio de 2008, el Gobierno publicó un nuevo recurso didáctico para los maestros de la Etapa Básica 3 (niños de entre 11 y 14 años) en Inglaterra, denominado Right Here, Right Now: Teaching Citizenship through Human Rights (Aquí mismo, ahora mismo: Educación cívica mediante los derechos humanos). Forma parte del proyecto Los derechos humanos en la escuela, que se lleva a cabo mediante una asociación entre el Ministerio de Justicia y el Instituto Británico de Derechos Humanos, con participación del Departamento para la Infancia, la Escuela y la Familia, Amnistía Internacional y otros organismos gubernamentales y ONG. Mediante 12 unidades didácticas, tiene por objeto relacionar los conceptos de derechos humanos universales con la vida cotidiana, centrándose en el significado práctico de los derechos humanos. Su objetivo es integrar los derechos humanos en la vida del aula, sentar las bases de nuevos análisis y debates, y garantizar que todos en la escuela comprendan sus derechos y los de las personas que los rodean. Se puede descargar gratuitamente.

230.El Gobierno ha puesto en marcha un programa de trabajo para sensibilizar acerca de los derechos humanos en el sector privado del Reino Unido y alentar a las organizaciones del sector privado a adoptar en su actividad un enfoque basado en los derechos humanos. El programa ha incluido un estudio preliminar de evaluación para conocer la manera en la que las empresas del Reino Unido abordan los derechos humanos, y la creación de un portal de información en línea, que incluye una guía sobre los derechos humanos para las empresas y un esquema de las funciones y responsabilidades de las organizaciones en la esfera comercial y de derechos humanos.

4.Divulgación de los instrumentos de derechos humanos a nivel nacional

231.Los instrumentos internacionales de derechos humanos se divulgan en el Reino Unido mediante distintos mecanismos. La Imprenta Oficial del Estado (en nombre del Gobierno) publica los instrumentos de las Naciones Unidas firmados por el Reino Unido, los presenta al Parlamento, los distribuye a las bibliotecas y los pone a disposición para su comercialización. El Gobierno prepara y presenta al Parlamento, a los organismos interesados y al público en general los informes sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales en virtud de los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas. Además, el departamento gubernamental responsable de la supervisión de la aplicación (y el cumplimiento) de los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas también es responsable de su difusión. El mismo principio se aplica en el caso de la legislación interna de derechos humanos, ya que el departamento responsable también se encarga de divulgar el contenido de las propuestas.

232.Como resultado de su mandato específico en la esfera de los derechos humanos a nivel nacional e internacional, tanto el Ministerio de Justicia como el Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth tienen páginas especiales sobre el tema en sus sitios web:

Ministerio de Justicia (derechos humanos): http://www.justice.gov.uk/about/human-rights.htm;

Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth (estrategia gubernamental de derechos humanos a escala internacional): http://www.fco.gov.uk/en/global-issues/human-right.

5.Asociación con organizaciones internacionales y de la sociedad civil

Organizaciones no gubernamentales

233.Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel fundamental en la protección, la promoción y el avance de los derechos humanos en el Reino Unido. El Gobierno estima que es beneficioso trabajar en estrecha colaboración con estas organizaciones en la formulación de la política nacional de derechos humanos y cuestiones afines, consultándolas antes de la celebración de las reuniones intergubernamentales. Las organizaciones de la sociedad civil también desempeñan un papel importante en la capacitación de los funcionarios públicos en materia de derechos humanos y en la sensibilización del público en general sobre cuestiones fundamentales de derechos humanos.

6.Compromisos

234.El Reino Unido está firmemente comprometido con la labor de las Naciones Unidas para promover el respeto de los derechos humanos en todo el mundo. En consecuencia, colabora con el Consejo de Derechos Humanos a fin de reforzar los derechos humanos en el seno de las Naciones Unidas; mantiene su apoyo a los órganos de las Naciones Unidas; despliega esfuerzos para el avance de los derechos humanos a nivel internacional; y asegura el máximo nivel de respeto de los derechos humanos en el plano interno.

7.Iniciativas internacionales

235.Además de defender los derechos humanos en el plano nacional, el Reino Unido está comprometido en su promoción y protección a nivel internacional. El Gobierno de Su Majestad trabaja en el ámbito de los derechos humanos en todo el mundo por medio de contactos bilaterales, la pertenencia a organizaciones internacionales, la asistencia y ayuda para el desarrollo y la colaboración con la sociedad civil.

236.En el ámbito de las Naciones Unidas, el Reino Unido participó activamente en el establecimiento del Consejo de Derechos Humanos como miembro fundador, y se centra en la actualidad en conseguir que el órgano sea lo más eficaz posible. Además, el Reino Unido se ha comprometido a que la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas obtenga resultados en coordinación con la labor realizada por otros participantes en el marco de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Una parte importante de ese marco es la valiosa labor realizada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El Reino Unido aporta actualmente 2,5 millones de libras anuales a la Oficina en concepto de contribución voluntaria, además de su cuota al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas.

237.El Reino Unido colabora plenamente con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y acoge con satisfacción las visitas de los titulares de mandatos de los procedimientos especiales. En septiembre de 2007, el Reino Unido fue el principal patrocinador de una iniciativa que culminó con la creación del nuevo cargo de Relator Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud.

238.El Reino Unido fomenta la ratificación de los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas y, por medio de programas de asistencia para el desarrollo y de otra índole, contribuye a asegurar su aplicación satisfactoria. Así pues, en los cinco últimos años el Reino Unido ha participado en actividades de promoción en todo el mundo para fomentar la ratificación de la Convención contra la Tortura y su Protocolo Facultativo y ha prestado asistencia técnica práctica de utilidad a tal efecto. Además, el Reino Unido apoya activamente la iniciativa Medida 2, programa de las Naciones Unidas para incorporar, fortalecer y simplificar la labor de las Naciones Unidas relacionada con los derechos humanos en los países.

239.Fuera del ámbito de las Naciones Unidas, el Reino Unido participa activamente en una amplia gama de iniciativas de derechos humanos con otras organizaciones internacionales y regionales, como la Unión Europea, el Grupo de los Ocho, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, el Commonwealth, el Consejo de Europa, el Banco Mundial y muchas otras. El Gobierno del Reino Unido pretende promover una mayor integración de los derechos humanos en el sistema internacional en su conjunto y asegurar que los derechos humanos ocupen un lugar central en la actividad de los organismos internacionales.

240.El Reino Unido reconoce que el desarrollo y los derechos humanos están relacionados entre sí y se refuerzan mutuamente y, por consiguiente, apoya las estrategias de desarrollo, dirigidas por los países, que integran los derechos humanos. El Departamento de Desarrollo Internacional presta ayuda a los gobiernos asociados para cumplir sus obligaciones de derechos humanos y reforzar la capacidad de las personas para reivindicar sus derechos.

241.El Reino Unido procura establecer alianzas eficaces con otros gobiernos. Esto se consigue mediante el compromiso común con tres objetivos: la reducción de la pobreza y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio; el respeto de los derechos humanos y otras obligaciones internacionales; y el fortalecimiento de la rendición de cuentas y la gestión financiera.

242.El Reino Unido aplica estas políticas por medio de diversas iniciativas. Por ejemplo, en el ámbito del derecho a la educación, el Reino Unido se ha comprometido a dar prioridad en la ayuda económica a los programas destinados a garantizar que todas las personas tengan acceso a la educación.

243.En cumplimiento del compromiso con los derechos humanos a escala mundial, el Reino Unido actúa con un espíritu de consulta, apertura y responsabilidad. Mediante su participación en un elevado número de órganos internacionales y su red de embajadas en todo el mundo, el Reino Unido trata de apoyar el deseo de todas las personas de hacer efectivos todos los derechos humanos individuales.

D.Proceso de presentación de informes a nivel nacional

244.En el cuadro siguiente se enumeran los departamentos gubernamentales más importantes que intervienen en el proceso de presentación de informes en virtud de los seis principales instrumentos de las Naciones Unidas ratificados por el Reino Unido y el examen periódico universal.

Instrumento de las Naciones Unidas	Departamento gubernamental principal	Coordinación con las dependencias de la Corona	Coordinación con los territorios de ultramar
ICERD	Departamento de Comunidades y Gobierno local	Ministerio de Justicia	Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth
ICCPR	Ministerio de Justicia	Ministerio de Justicia	Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth
ICESCR	Ministerio de Justicia	Ministerio de Justicia	Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth
CEDAW	Oficina de Igualdad del Gobierno	Ministerio de Justicia	Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth
CAT	Ministerio de Justicia	Ministerio de Justicia	Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth
CRC	Departamento de Educación	Ministerio de Justicia	Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth
CRPD	Departamento de Trabajo y Pensiones	Ministerio de Justicia	Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth
UPR	Ministerio de Justicia	Ministerio de Justicia	Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth

245.Los informes del Reino Unido incluyen las contribuciones de todo el ámbito gubernamental. Los proyectos de informes se comparten con las partes interesadas pertinentes, incluidas las ONG y los organismos nacionales de derechos humanos, para recabar sus opiniones antes de finalizar los informes y presentarlos ante las Naciones Unidas.

III.Información sobre la no discriminación y la igualdad y recursos efectivos

Reino Unido

246.En el cuadro que figura infra se resume la legislación promulgada desde 1998 para garantizar la igualdad ante la ley, la igual protección ante la ley y la prohibición de la discriminación.

247.Uno de los principios más importantes en los que se basa la constitución no escrita del Reino Unido es el estado de derecho. Se basa en la convicción de que todas las personas y autoridades son iguales ante la ley. Este principio no solo refuerza el concepto de pesos y contrapesos inherente a toda sociedad democrática, sino también la idea de igualdad jurídica. La aplicación de esta norma, sin excepciones ni condiciones, indica que la idea de igualdad es de suma importancia constitucional en el Reino Unido. El artículo 1 de la Ley de reforma constitucional de 2005 ilustra su importancia permanente en el Reino Unido en la actualidad al afirmar que:

"Esta ley no modifica negativamente:

a)El principio constitucional vigente del estado de derecho; ni

b)El papel constitucional actual del Lord Canciller en relación con este principio."

248.En los últimos cuarenta años se han promulgado en Gran Bretaña diversas leyes que prohíben la discriminación. La primera fue la Ley de relaciones raciales de 1965 (derogada y sustituida por la Ley de relaciones raciales de 1976), a la que siguieron la Ley sobre la igualdad de remuneración de 1970 y la Ley contra la discriminación sexual de 1975. La Ley contra la discriminación por discapacidad se promulgó en 1995. En 2003 y 2006 se promulgaron nuevas leyes para prohibir la discriminación en el empleo y la formación profesional por razones de orientación sexual, religión, creencia y edad, a fin de llevar a la práctica la directiva marco europea. La discriminación fuera del lugar de trabajo por motivos de religión o creencia y orientación sexual se prohibió en 2007. Todas estas leyes se incorporaron posteriormente a la Ley de igualdad de 2010, que entró en vigor en abril de 2010, y la mayoría de sus disposiciones entraron en vigor el 1 de octubre de 2010. Esto significa que las anteriores leyes contra la discriminación están actualmente derogadas excepto una serie de disposiciones que permanecen en vigor con carácter transitorio.

249.La Ley contra la discriminación por discapacidad es la única ley contra la discriminación que se aplica en todo el Reino Unido. Otras leyes contra la discriminación se aplican solamente en Gran Bretaña. La legislación de Irlanda del Norte contra la discriminación concuerda en términos generales con la legislación de Gran Bretaña.

250.En la legislación de Gran Bretaña contra la discriminación, de conformidad con la Ley de igualdad de 2010, se prohíbe la discriminación directa, la discriminación indirecta, la victimización y el acoso en el empleo (y en esferas relacionadas con el empleo), la formación profesional (incluida la educación superior y permanente) y en las escuelas y otras instituciones de enseñanza intermedia y superior, en el suministro de bienes, medios y servicios, en los clubes privados, en la venta y gestión de locales y en el ejercicio de la función pública. Uno de los dos principales objetivos de la Ley de igualdad de 2010 era racionalizar y simplificar la legislación, reuniéndola en una única ley de manera más coherente. El otro objetivo fundamental era fortalecer la ley en una serie de aspectos, lo que incluía una mayor protección para las personas con discapacidad y para aquellas personas, como los cuidadores, que puedan ser discriminadas debido a su relación con una persona de edad o con discapacidad.

251.Entre otras cosas, la Ley de igualdad de 2010 consolida y amplía el deber existente de las autoridades públicas de tener en cuenta las repercusiones de sus programas y políticas desde la perspectiva de la raza, el género y la discapacidad. En la ley se requiere que las autoridades públicas tengan debidamente en cuenta la necesidad de eliminar la discriminación ilícita, avanzar en la igualdad de oportunidades y promover las buenas relaciones en lo tocante a los "aspectos de protección", esto es, la edad, la discapacidad, el cambio de sexo, el embarazo y la maternidad, la raza, la religión o las creencias, el sexo y la orientación sexual. Este modelo de "obligación positiva" requiere que las autoridades públicas incluyan activamente las consideraciones de igualdad en la formulación y ejecución de sus políticas y servicios, así como en su calidad de empleadores.

252.En Irlanda del Norte se han establecido protecciones adicionales para promover la igualdad. Tras el Acuerdo de Belfast de 1998, se creó la Comisión de Igualdad para Irlanda del Norte. Sus funciones incluyen la promoción de la igualdad de oportunidades, la acción afirmativa y las buenas relaciones entre las personas de diferentes grupos raciales. La Comisión también supervisa la efectividad de las leyes contra la discriminación y de igualdad, así como el requisito en materia de igualdad que establece el artículo 75 de la Ley de Irlanda del Norte de 1998, lo que incluye las facultades de investigación para asegurar su cumplimiento.

253.La Ley del Gobierno de Gales contiene disposiciones destinadas a promover la igualdad y proteger los derechos. En particular, los ministros de Gales deben adoptar disposiciones para garantizar que el Gobierno de la Asamblea de Gales actúa "teniendo debidamente en cuenta el principio de igualdad de oportunidades para todos".

Medidas prácticas

254.La Ley de igualdad de 2006 instituyó una serie de medidas prácticas destinadas a fortalecer la igualdad en el Reino Unido. En esa ley no solo se dispone el establecimiento de la Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos, sino que también se otorgan facultades a ese órgano para que actúe como defensor independiente de la igualdad y los derechos humanos en el Reino Unido.

255.El compromiso del Gobierno de coalición en materia de igualdad figura en el programa del gobierno de coalición, en el que se compromete a derribar las barreras a la movilidad social y la igualdad de oportunidades. La Oficina Gubernamental para la Igualdad es responsable de la estrategia y las prioridades generales del Gobierno en materia de igualdad, ya que es el órgano principal en relación con las políticas y la legislación en esta esfera. La Oficina, cuya labor abarca todo el ámbito gubernamental, vela por que la política de igualdad se incorpore sólidamente en el enfoque del Gobierno, y supervisa su aplicación y ejecución efectivas.

256.Las medidas que combaten la desigualdad en la sociedad han tenido una prioridad elevada en el programa gubernamental, y la política del Gobierno no se ha centrado solo en las personas desfavorecidas debido a sus bajos ingresos. El enfoque del Gobierno es más amplio y tiene por objeto abordar las causas (y las consecuencias) combinadas y vinculadas entre sí de la exclusión social. El Grupo de trabajo sobre la exclusión social es el organismo principal que se encarga de este tema, ya que determina las prioridades gubernamentales, ensaya posibles soluciones y facilita la aplicación de las políticas en el ámbito gubernamental y, ulteriormente, desde el Gobierno hacia la sociedad. Entre las medidas adoptadas figuran las siguientes: iniciativas centradas en la revitalización de la comunidad; programas destinados especialmente a mejorar la salud y el bienestar de los niños de zonas desfavorecidas; el incremento de la financiación y la gestión del desempeño de los servicios deficientes; y planes e incentivos destinados a la reinserción de las personas desfavorecidas en el mercado de trabajo.

Medida s legislativas o de otra índole (y año de adopción)	Objetivo o esfera principal
Ley de derechos humanos de 1998	Aplicación directa en los tribunales nacionales del Reino Unido de los derechos consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Las personas mantienen el derecho de apelar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos una vez que hayan agotado todos los recursos internos disponibles.
Ley contra la discriminación por razones de sexo de candidatos a elecciones de 2002	Lucha contra la discriminación por motivos de género en el proceso electoral.
Reglamento sobre la Igualdad en el Empleo de 2003 (orientación sexual, religión o creencias)	Lucha contra la discriminación en el empleo por motivos de orientación sexual, religión o creencias.
Ley de registro civil de parejas de 2004	Reconocimiento civil de las parejas del mismo sexo.
Ley de relaciones laborales de 2004	Protección contra despidos y procedimientos de movilizaciones laborales.
Ley de reconocimiento de sexo de 2004	Reconocimiento civil del nuevo sexo que han adquirido los transexuales.
Ley de la infancia de 2004	Protección de los niños contra los malos tratos.
Ley sobre violencia doméstica, delitos y víctimas de 2004	Aumento de las sanciones en los casos de violencia doméstica y apoyo a las víctimas.
Ley sobre discriminación por motivos de discapacidad de 2005	Fortalecimiento de las disposiciones para luchar contra la discriminación por motivos de discapacidad.
Ley de administración electoral de 2006	Aumentar la participación respecto de las elecciones y la confianza en el proceso electoral.
Ley de igualdad de 2006	Creación de la Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos y promoción de los derechos humanos.
Ley sobre el trabajo y las familias de 2006	Un equilibrio más justo de los derechos y las obligaciones de empleadores y empleados, en particular con respecto a las trabajadoras embarazadas.
Reglamento sobre la igualdad en el empleo de 2006	Lucha contra la discriminación en el trabajo por razones de edad.
Ley sobre la Comisión de Derechos Humanos de Escocia de 2006	Establecimiento de la Comisión de Derechos Humanos de Escocia.
Ley sobre la salud mental de 1983	Marco jurídico para la atención a las personas con trastornos mentales en "circunstancias claramente definidas".