Documento básico que forma parte integrante de los informes de los Estados partes

Polonia *

[21 de noviembre de 2012]

Índice

Párrafos Página

I.Territorio y población1–153

II.La economía16–254

III.Las reformas26–366

A.Reforma administrativa26–276

B.Reforma social28–367

IV.El sistema político37–659

A.Poder legislativo38–399

B.Poder ejecutivo40–469

C.Poder judicial47–6510

V.Marco de protección de los derechos humanos66–9414

A.La Constitución y la situación de los acuerdos internacionales en el derecho polaco69–7214

B.Medios para la protección de los derechos y las libertades73–8315

C.Defensor de los Derechos Humanos84–8718

D.Defensor de los Derechos del Niño88–9219

E.Defensor de los Derechos del Paciente9320

F.Convenciones internacionales de derechos humanos9420

VI.Los derechos humanos en la Constitución de Polonia95–14228

A.Principios generales96–10328

B.Derechos y libertades personales104–12730

C.Libertades y derechos políticos128–13335

D.Libertades y derechos económicos, sociales y culturales134–14236

VII.Promoción y enseñanza de los derechos humanos en Polonia143–14538

I.Territorio y población

1.La República de Polonia es un Estado de Europa Central situado a orillas del mar Báltico. Limita con la Federación de Rusia, Lituania, Belarús, Ucrania, Eslovaquia, la República Checa y Alemania. Tiene 3.511 km de fronteras, de los que 440 km corresponden a fronteras marítimas y 1.295 km a fronteras fluviales. Con 312.679 km2 de superficie, es el noveno país más grande de Europa.

2.Polonia tiene una población de 38,1 millones de habitantes. El idioma oficial es el polaco y la unidad monetaria, el zloty (ZI).

3.Los feriados nacionales son el 3 de mayo, Día de la Constitución (en que se conmemora la promulgación de la Constitución de 1791) y el 11 de noviembre, Día de la Independencia (en que se conmemora la recuperación de la independencia en 1918).

4.El país está divido administrativamente en 16 voivodatos.

5.El emblema del Estado consiste en un águila blanca coronada mirando a la diestra, con pico y garras de oro, sobre un escudo rectangular de gules acabado en punta en la parte inferior. La bandera nacional se compone de dos franjas horizontales paralelas, de las cuales la superior es blanca y la inferior roja.

6.Polonia es un país de tierras bajas: el 91,3% de su superficie no sobrepasa los 300 m sobre el nivel del mar (las depresiones constituyen el 0,2%); la altitud media es de 173 m (Europa: 330 m). El punto más elevado es el monte Rysy, en el macizo de los Altos Tatras (2.499 m), y el más bajo se sitúa a 1,8 m por debajo del nivel del mar. El territorio de Polonia presenta una inclinación de sur a noreste.

7.Polonia tiene abundantes recursos naturales. Se extraen más de 70 minerales diferentes, 40 de ellos de gran trascendencia para la economía (la antracita representa el 40%, la arena y la grava el 35% y el lignito y la piedra caliza el 8% cada uno). La antracita es el combustible más importante y el lignito ocupa el segundo lugar como fuente de energía. Entre los productos químicos, el azufre en bruto y la sal gema ocupan el lugar principal, y entre los metales, los yacimientos más abundantes del país son los de cobre, zinc y plomo.

8.En los últimos años, el clima de Polonia se ha caracterizado por cambios meteorológicos rápidos y por una gran variabilidad estacional. Según la clasificación de Koppen-Geiger, por Polonia pasa la línea que separa el clima templado húmedo del clima boreal, de nieve y bosques. Debido a las características físicas de Polonia y a su ubicación geográfica, recibe la influencia de diversas masas de aire que actúan sobre ella y que repercuten en las condiciones meteorológicas, y por ende, en el clima del país.

9.Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2002, Polonia tenía una población total de 38.230.080 habitantes, de los cuales 19.713.677 (51,6%) eran mujeres y 18.516.403 (48,4%) hombres. En 2002, 37.529.751 habitantes tenían la nacionalidad polaca, siendo la única nacionalidad de 37.084.821 de ellos. Había 40.185 personas con otras nacionalidades y 659.668 no declararon su nacionalidad.

10.Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2002, Polonia tiene una composición étnica bastante homogénea. Las minorías más numerosas en Polonia son la alemana (147.094 personas), la belarusa (47.640 personas) y la ucraniana (27.172 personas). Otras minorías son la romaní (12.731 personas), la rusa (3.244 personas), la lemko (5.850 personas), la lituana (5.639 personas), la eslovaca (1.710 personas), la judía (1.055 personas), la armenia (262 personas), la checa (386 personas), la tártara (447 personas) y la karaim (43 personas). Además, 52.665 encuestados (voivodato de Pomerania) declararon que hablaban casubio, un idioma regional de Polonia.

11.Las minorías nacionales y étnicas están concentradas principalmente en los voivodatos de Opole, Podlaquia y Silesia.

12.El Censo reveló asimismo que alrededor del 97,8% de la población de Polonia habla polaco y que, en el caso del 96,5% de los habitantes, es el único idioma que se utiliza en el hogar. Únicamente el 1,47% de los encuestados declaró que hablaba un idioma distinto del polaco con los miembros de su familia. La mayoría de ellos (el 1,34%) admitió que hablaba otro idioma además del polaco y solo el 0,14% declaró que utilizaba únicamente un idioma distinto del polaco en el hogar. Se determinó la existencia de 87 idiomas y dialectos en Polonia, de los cuales solo 20 son utilizados por más de 1.000 personas.

13.En los años noventa se produjo una disminución constante del crecimiento demográfico y la tasa de natalidad. Entre 2002 y 2005, se observó un crecimiento negativo de la población, sobre todo en 2003, cuando el número de muertes superó al de nacimientos en 14.000. Desde 2006, el crecimiento de la población ha vuelto a ser positivo y la tasa de natalidad va en aumento. El crecimiento demográfico (por 1.000 habitantes) disminuyó de 4,1 en 1990 a 0,4 en 2003 y 0,9 en 2010.

14.Desde 1992, la esperanza de vida media de los hombres y las mujeres en Polonia ha aumentado de forma continuada. Para 2001, la esperanza de vida aumentó en 3,7 años para los hombres y 2,9 años para las mujeres. En años posteriores esa evolución fue más lenta y, en 2010, la esperanza de vida era de 80,6 años para las mujeres y 72,1 años para los hombres.

15.Se han logrado adelantos considerables en la lucha contra la mortalidad infantil. El número de muertes de niños menores de un año por cada 1.000 nacidos vivos disminuyó de 19,3 en 1990 a 8,1 en 2000 y 5,0 en 2010.

II.La economía

16.Como resultado del actual proceso de integración y globalización, la economía polaca forma parte de la economía mundial. Su desarrollo en los próximos años dependerá de las elecciones internas en las políticas del país y de factores externos independientes. Se espera que continúe el proceso de integración de la economía mundial y que los mercados de bienes, servicios, información y trabajo sigan ampliándose. Como consecuencia de los procesos de globalización, el papel del intercambio dentro de los sistemas económicos individuales adquirirá una mayor relevancia que el intercambio entre ellos. Por consiguiente, las relaciones comerciales y de capital de Polonia se centrarán fundamentalmente en la zona de la Unión Europea (UE), aunque los demás mercados seguirán siendo importantes para la economía polaca.

17.La transición económica de Polonia comenzó con la introducción de reformas radicales a principios de los años noventa. En los últimos años, se han registrado cambios fundamentales en la economía polaca. El país ha pasado de una economía de planificación central, gestionada mediante directrices dictadas por instancias superiores, a un sistema basado en las reglas del mercado. El objetivo de la transición de la economía polaca era construir un sistema socioeconómico similar al existente en países con una economía de mercado moderna. Actualmente, la aplicación de la política económica estatal no se ve amenazada de manera importante. Se observan resultados económicos satisfactorios: el crecimiento del PIB es relativamente elevado, a pesar de la crisis financiera mundial, la situación del mercado laboral está mejorando y la moneda polaca es estable y relativamente sólida, pese a las tasas de inflación más elevadas y al déficit de la balanza de pagos.

18.Tras la desaceleración de 2009, la economía polaca recobró gradualmente su potencial en 2010 y 2011. En comparación con otros Estados miembros de la Unión Europea, los índices de la economía polaca fueron muy positivos y, por consiguiente, Polonia fue uno de los países con mayor crecimiento. En 2011, el PIB aumentó un 4,3% gracias al incremento del 3,1% en el consumo privado y el crecimiento del gasto en inversiones del 8,7%. La demanda interna fue el principal factor de estímulo del crecimiento económico, de modo que el volumen de las exportaciones netas se incrementó un 0,5%. En los trimestres siguientes, el aumento del PIB fue similar. Según los datos estadísticos de 2010, ese año el PIB de Polonia ascendió a 469.440 millones de dólares de los Estados Unidos.

19.Desde 2000, el crecimiento de las exportaciones superó al de las importaciones, por lo que el valor de las exportaciones netas repercutió positivamente en el crecimiento del PIB. En 2004 y 2005, las exportaciones fueron el principal motor del crecimiento económico. En 2006 y 2007, el valor de las importaciones creció más rápido que el de las exportaciones, lo que generó un déficit comercial más elevado. Según los datos de la Oficina Central de Estadística, en 2007 el valor de las exportaciones en euros (a precios corrientes) era un 15,8% superior al de 2006 y se situó en 101.800 millones de euros, mientras que el valor de las importaciones se incrementó un 19,5%, situándose en 120.400 millones de euros. El déficit comercial fue de 18.600 millones de euros. El porcentaje de productos muy elaborados (productos electromecánicos) en la estructura de las exportaciones de productos básicos aumentó pese a un crecimiento paralelo de las exportaciones de la industria metalúrgica y minera. La estructura de las importaciones de productos básicos ha registrado una evolución similar (con una proporción más elevada de productos de los sectores electromecánico, metalúrgico, minero, agrícola y alimentario). Según datos preliminares, en 2001 el valor de las exportaciones fue de 135,8 millones de euros y el de las importaciones, de 150.500 millones de euros. Por consiguiente, el déficit de la balanza comercial se situó en 14.700 millones de euros (13.800 millones en 2010). En comparación con 2010, el valor de las exportaciones aumentó un 12,8% y el de las importaciones, un 12,1%. La proporción de los equipos de transporte y los productos químicos en la estructura de las exportaciones de productos básicos aumentó, al igual que la proporción de los productos mineros y los metales básicos en las importaciones.

20.Desde 2002, el mercado laboral ha registrado cambios positivos como consecuencia del crecimiento económico que se reflejan en la participación en el mercado de trabajo y la tasa de desempleo. Desde 2008, el mercado polaco se ha visto afectado por los resultados negativos de la recesión económica mundial. Los datos correspondientes a 2011 reflejan un crecimiento de la tasa de desempleo claramente menor que en años anteriores. Otro indicador positivo es el descenso del número de desempleados de larga duración en los últimos años, que refleja no solo las tendencias positivas de la economía nacional, sino también las amplias medidas de estímulo del mercado laboral que han aplicado las oficinas de empleo.

21.El desempleo entre los jóvenes sigue siendo un problema importante, aunque se ha reducido considerablemente desde 2007. Las personas mayores de 50 años también tienen dificultades para encontrar trabajo.

Cuadro 1

Datos estadísticos básicos (cuarto trimestre)

	2007	2008	2009	2010
Población económicamente activa (miles de personas)	16 986	17 159	17 357	17 724
Participación en el mercado laboral según Eurostat, personas entre 15 y 64 años de edad ( porcentaje )	63,6	64,3	64,9	65,7
Tasa de desempleo según Eurostat, personas entre 15 y 64 años de edad (porcentaje )	8,6	6,8	8,6	9,4

Cuadro 2

Fondo de Empleo

	2007	2008	2009	2010
Total	5 367,2	5 753,1	11 245,0	12 376,4
Subsidios de desempleo y otras prestaciones	2 267,8	1 911,0	4 504,1	5 013,7
Total de medidas activas contra el desempleo	2 709,6	3 362,4	6 204,8	6 746,9

22.Según los datos preliminares del Banco Nacional de Polonia, la balanza de pagos de Polonia para el período entre enero y diciembre de 2011 mejoró en comparación con el año anterior. En 2011, los ingresos por inversiones extranjeras directas aumentaron un 47% con respecto al año anterior.

23.La tasa de inflación en 2011 fue del 4,3%, según el Índice de Precios al Consumo. Los costes de transporte aumentaron un 7,7% (incluidos los de combustible, que subieron un 13,7%), y los costes de mantenimiento de los hogares y de energía aumentaron un 6,2%. La subida de estos precios fue la más rápida de todas. En el mismo período, los precios del sector industrial aumentaron un 7,6% y los precios de la construcción y el montaje se incrementaron un 1% (interanual).

24.La categoría más numerosa de empresas la componen las empresas de menor tamaño, de hasta 9 empleados, que constituyen el 95,9% del total de empresas. El porcentaje de pequeñas empresas (10 a 49 empleados) es del 3%, el de medianas empresas (50 a 249 empleados), del 0,9% y el de grandes empresas (más de 250 empleados), en torno al 0,2% del total.

25.El crecimiento económico de Polonia ha propiciado los cambios cualitativos y estructurales deseados en la economía. La productividad está aumentando y la producción con alto consumo de energía y materiales está disminuyendo, lo que mejora la competitividad.

III.Las reformas

A.Reforma administrativa

26.Entre 1990 y 2002, se llevó a cabo en Polonia la reforma del sistema de administración pública. Dicha reforma introdujo un sistema de gobierno autónomo local de conformidad con la Constitución de la República de Polonia y la Carta Europea de Autonomía Local, aprobada por el Consejo de Europa en 1985 y ratificada por Polonia en 1994. Se crearon tres niveles de gobierno autónomo local:

Las gminas, que constituyen el nivel básico de gobierno autónomo local, encargadas de todas las cuestiones públicas de importancia local que no estén reservadas por ley a otras entidades y autoridades;

Los poviatos, que se ocupan de todas las cuestiones de carácter local que no son competencia de las gminas;

Los voivodatos, que se encargan de ejecutar las políticas regionales y llevar a cabo tareas relacionadas con diversos poviatos que no sean competencia del Gobierno central ni conciernan a todo el país. La determinación y la ejecución de esas tareas serán uno de los principales retos para Polonia en el siglo XXI.

27.Como resultado de la descentralización del poder, muchas tareas y competencias se han transferido de la administración central a los voivodatos y también de los voivodatos a los poviatos o las gminas, lo que ha posibilitado que las autoridades centrales se concentren en cuestiones estratégicas. La adaptación de la organización territorial del país y las estructuras del gobierno autónomo local a las normas de la Unión Europea permitirá aplicar los instrumentos jurídicos y económicos elaborados por esta, en particular en relación con el desarrollo regional y local, y la cooperación regional.

B.Reforma social

28.Desde el 1 de enero de 1999, Polonia ha estado llevando a cabo dos importantes reformas sociales: la reforma del sistema de asistencia sanitaria y la reforma de la seguridad social.

1.Reforma de la asistencia sanitaria

29.El sistema de asistencia sanitaria de Polonia se rige por la Ley de 27 de agosto de 2004 sobre los servicios sanitarios financiados con fondos públicos. Esa Ley regula los ámbitos de la atención sanitaria que están financiados por el Estado. En virtud de su artículo 2, los asegurados tienen derecho a los servicios garantizados por la Ley. Además, tienen derecho a utilizar esos servicios no solo los asegurados, sino todos los ciudadanos polacos que no hayan suscrito un seguro pero residan en Polonia y cumplan los requisitos enunciados en la Ley de 12 de marzo de 2004 sobre asistencia social (los beneficiarios), así como aquellos que no cumplan esos requisitos pero sean menores de 18 años de edad y las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio. Esas dos categorías tienen derecho a los servicios de salud financiados por el Estado. Los asegurados también tienen acceso a los servicios sufragados por el Fondo Nacional de Salud, mientras que las demás categorías de beneficiarios pueden recurrir a servicios financiados con cargo al presupuesto nacional.

30.En la actualidad, la única institución de Polonia que sufraga los servicios sanitarios de los asegurados es el Fondo Nacional de Salud. El sistema de atención sanitaria de Polonia se basa principalmente en el plan de seguro médico. El Fondo Nacional de Salud es el único contribuyente exterior del plan de seguro médico de Polonia. El Fondo y sus oficinas regionales prestan servicios de salud sobre la base de contratos celebrados con los prestatarios de los servicios sanitarios. Las personas sujetas a un seguro obligatorio (es decir, los empleados, los trabajadores autónomos, las personas que reciben un subsidio de desempleo, los jubilados, los soldados, los funcionarios, etc.) realizan aportaciones al seguro como porcentaje de sus ingresos. Las personas que suscriben el seguro voluntario en el Fondo Nacional de Salud desembolsan una suma fija que les da derecho a la atención sanitaria financiada por el Fondo y garantizada por la ley.

31.El plan de seguro médico de Polonia se basa en los principios de la igualdad de trato, la solidaridad social, el acceso equitativo a los servicios sociales y la libre elección del profesional de la salud.

32.Los beneficiarios tienen derecho a servicios de atención sanitaria y preventiva, exámenes de control y atención de enfermería. Reciben las prestaciones y los servicios siguientes: exámenes de diagnóstico, atención sanitaria básica, atención especializada ambulatoria, algunos servicios dentales, tratamiento hospitalario, servicios muy especializados y servicios médicos de urgencia. También tienen derecho al reembolso parcial del coste de los tratamientos balnearios, medicamentos y productos y aparatos médicos. Las prestaciones y los servicios garantizados por el sistema sanitario (denominados "paquetes de servicios") los determina el Ministro de Sanidad.

33.La principal ley reguladora de las instituciones de atención sanitaria es la Ley de actividades médicas de 2011. La práctica médica individual o colectiva se rige por la Ley de 5 de diciembre de 1996 sobre el ejercicio profesional de la medicina y la estomatología (modificada en 2011) y la Ley de 15 de julio de 2011 sobre el ejercicio profesional de la enfermería y la partería. Todos los establecimientos que prestan servicios médicos deben estar inscritos en el registro pertinente. En cuanto a los proveedores de atención de salud, la autoridad encargada del correspondiente registro es el voivodato donde se encuentre la consulta o donde el prestatario de los servicios de salud tenga su residencia; en cuanto a la práctica médica, es la junta médica del distrito donde el médico pase consulta; en cambio, para los profesionales de la enfermería y la partería, es el consejo de distrito de enfermeras y parteras competente para el lugar donde esas personas ejerzan su actividad profesional.

34.La Ley de actividades médicas de 2011 mantiene el término de "proveedor de servicios sanitarios públicos independiente" (SPZOZ). Este término se refiere a todas las entidades de atención de la salud que "ofrecen tratamiento médico". En virtud de la Ley, las siguientes entidades pueden prestar servicios médicos según el principio de acceso equitativo a los fondos públicos: las sociedades privadas, los SPZOZ, las entidades que figuran en el presupuesto, los institutos científicos, las fundaciones y asociaciones, las iglesias y los sindicatos, así como los particulares a título individual o colectivo.

2.Reforma de la seguridad social

35.El 13 de octubre y el 17 de diciembre de 1998, el Sejm (cámara baja) aprobó la Ley del sistema de seguro social y la Ley de pensiones de jubilación y discapacidad con cargo a la Caja del Seguro Social. El 28 de agosto de 1997, el Sejm aprobó la Resolución sobre la organización y el funcionamiento de los fondos de pensiones. Estas leyes reformaron el sistema anterior de seguridad social. Garantizan las siguientes prestaciones de seguridad social: pensiones de jubilación y discapacidad, pensiones para los cónyuges supérstites, prestaciones por enfermedad y maternidad, así como prestaciones relacionadas con los accidentes laborales y las enfermedades profesionales.

36.Entre 2007 y 2011, se introdujeron numerosos cambios en la seguridad social. Tres de ellos revisten una gran importancia. En enero de 2009, se introdujeron las denominadas pensiones "puente", que reemplazaban el sistema de pensiones de jubilación anticipada. El objetivo de la reforma era elevar la edad de jubilación debido al agravamiento de la situación demográfica. Desde el 1 de enero de 2009, en virtud de la Ley de pensiones de jubilación financiadas, se otorgaron prestaciones con cargo a los fondos de pensión abiertos obligatorios a las personas nacidas después del 31 de diciembre de 1948, que entraron en el segundo pilar (fondos de pensión de gestión privada). Las nuevas prestaciones están vinculadas con las prestaciones de jubilación de la Caja del Seguro Social. En mayo de 2011, se redujo la porción de las contribuciones para la pensión de jubilación transferidas de la Caja del Seguro Social a los fondos de pensión abiertos gestionados por empresas privadas con el fin de disminuir la considerable carga asumida por las finanzas públicas debido al componente financiado del sistema de jubilación.

IV.El sistema político

37.La ley suprema de la República de Polonia es la Constitución. Sus disposiciones se aplican directamente salvo que se estipule otra cosa (art. 8). El principio rector fundamental del Estado se expresa en el artículo 10, que dice: "El sistema de gobierno de la República de Polonia se basa en la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial y en el equilibrio entre ellos. El poder legislativo es ejercido por el Sejm y el Senado, el ejecutivo, por el Presidente de la República de Polonia y el Consejo de Ministros, y el judicial, por los juzgados y tribunales".

A.Poder legislativo

38.Las competencias del Sejm, establecidas en la Constitución, pueden dividirse en cuatro categorías:

Función legislativa;

Función de designación (el Sejm designa a los miembros del Tribunal del Estado y del Tribunal Constitucional y da el voto de confianza al Consejo de Ministros designado por el Presidente);

Función supervisora (el Sejm supervisa las actividades del Consejo de Ministros conforme a lo estipulado en la Constitución y la legislación aprobada por el Parlamento; esa supervisión incluye el examen de los informes gubernamentales sobre la ejecución del presupuesto del Estado y la designación de comisiones de investigación);

Función política y constitucional (presentación de mociones de censura contra el Gobierno o determinados ministros, presentación de quejas ante el Tribunal del Estado contra funcionarios del Gobierno, votación junto con el Senado como Asamblea Nacional para hacer comparecer al Presidente ante el Tribunal del Estado).

39.Otras prerrogativas del Sejm son la adopción de decisiones relativas al estado de guerra o la firma de un tratado de paz. El Senado tiene derecho a promulgar leyes y aprobar resoluciones. La Constitución no delega en el Senado ninguna atribución en materia de supervisión.

B.Poder ejecutivo

40.El poder ejecutivo recae en el Presidente y el Consejo de Ministros. El artículo 126 de la Constitución estipula que "el Presidente de la República de Polonia es el representante supremo de la República y garante de la continuidad de la autoridad del Estado. El Presidente de la República vela por la adhesión a la Constitución y protege la soberanía y la seguridad del Estado, así como su inviolabilidad y su integridad territorial".

41.En la Constitución de la República de Polonia se ponen de relieve las siguientes facultades presidenciales:

Las facultades inherentes a un Jefe de Estado en relación con asuntos internos y externos, en el ejercicio del mando de las fuerzas armadas y en la defensa y la seguridad del Estado en tiempos tanto de paz como de guerra;

La autoridad para establecer un equilibrio de poderes en relación con el Sejm y el Senado, el Consejo de Ministros y el poder judicial;

La autoridad constitutiva y organizativa en lo que respecta a la dirección del Estado.

42.Ante todo, el Presidente ratifica y denuncia los acuerdos internacionales (antes de su ratificación tiene derecho a consultar al Tribunal Constitucional sobre su constitucionalidad); nombra y cesa a los representantes plenipotenciarios de Polonia ante otros Estados y las organizaciones internacionales y recibe las credenciales y las cartas de retirada de los representantes diplomáticos acreditados por otros Estados; coopera con el Primer Ministro y el ministro competente en la formulación de la política exterior; actúa como jefe supremo de las fuerzas armadas; concede amnistías; otorga la nacionalidad polaca y acepta la renuncia a esa nacionalidad; expide instrumentos oficiales (decretos y órdenes que, salvo que se estipule otra cosa en la Constitución, requieren la firma del Primer Ministro para su validez); a instancias del Primer Ministro, efectúa cambios en el Gobierno; anuncia elecciones al Sejm y al Senado; goza de iniciativa legislativa; aprueba proyectos de ley; eleva peticiones al Tribunal Constitucional y, para la realización de auditorías, a la Cámara Suprema de Control; designa y nombra al Primer Ministro y acepta su renuncia; acepta la renuncia del Gabinete; cesa a los ministros censurados por el Sejm; a propuesta del Consejo Nacional de la Magistratura, nombra al Primer Presidente y demás jueces del Tribunal Supremo, al Presidente y los Vicepresidentes del Tribunal Administrativo Supremo y al Presidente del Tribunal Constitucional.

43.El Presidente es elegido para un mandato de cinco años (y puede ser reelegido solamente una vez) mediante sufragio universal, igualitario, directo y secreto.

44.El Presidente podrá responder ante el Tribunal del Estado por toda vulneración de la Constitución o de la ley o por la comisión de un delito.

45.El Consejo de Ministros (Gobierno) es el órgano ejecutivo y administrativo supremo de la autoridad del Estado. Rinde cuentas de sus actividades al Sejm. El Consejo de Ministros dicta la política interior y exterior de la República de Polonia y se ocupa de la administración pública. Elabora el proyecto de presupuesto del Estado. El Consejo de Ministros dicta reglamentos de aplicación de las leyes aprobadas por el Parlamento y concluye tratados internacionales que han de ser ratificados, vela por la seguridad interna y externa y gestiona la defensa del Estado.

46.Las actividades de las autoridades públicas supremas son supervisadas por: el Tribunal Constitucional (que dictamina si las leyes y los demás instrumentos jurídicos se ajustan a la Constitución), el Tribunal del Estado (que establece la responsabilidad de las personas que desempeñan las más altas funciones públicas en relación con vulneraciones de la Constitución y las leyes), la Cámara Suprema de Control (que fiscaliza la actividad económica, financiera, administrativa y organizativa de los órganos de la administración pública y de las empresas que dependen de ella, desde el punto de vista de la legalidad, la gestión correcta, la oportunidad y la fiabilidad) y el Defensor de los Derechos Humanos, el Defensor de los Derechos del Niño y el Defensor de los Derechos del Paciente.

C.Poder judicial

47.En Polonia, la estructura y la organización del poder judicial se rigen por la Constitución y la Ley de 27 de julio de 2001 relativa a la organización de los tribunales ordinarios. Como se establece en la Constitución, y teniendo en cuenta el principio de la separación de poderes, los juzgados y tribunales son un elemento del sistema de división de poderes y son independientes de los otros dos poderes. Los juzgados y tribunales dictan sentencias en nombre de la República de Polonia.

48.La administración de la justicia en Polonia está a cargo del Tribunal Supremo, los tribunales ordinarios, los tribunales administrativos y los tribunales militares. Los tribunales ordinarios administran la justicia en asuntos de todo tipo, salvo los reservados por la ley a otros tribunales, desempeñando un papel importante en la protección de los derechos humanos y las libertades amparados por el Estado.

49.De conformidad con el artículo 176 de la Constitución, las actuaciones judiciales se dividen en al menos dos etapas, lo que significa que toda decisión adoptada en primera instancia podrá ser objeto de apelación y podrá someterse a la consideración de un órgano de nivel superior. Se trata del denominado procedimiento de apelación ordinario. Además, existen también procedimientos de apelación extraordinarios que permiten el control de las sentencias válidas en procedimientos judiciales (casación y reapertura de los procedimientos penales y civiles).

50.Los jueces son nombrados para un período indeterminado por el Presidente de la República por recomendación del Consejo Nacional de la Magistratura. Los requisitos para el nombramiento son: tener la nacionalidad polaca y gozar de todos los derechos civiles y políticos, tener una reputación irreprochable, contar con un título universitario en Derecho, haber aprobado las oposiciones a juez o fiscal, haber ejercido como juez o fiscal auxiliar por lo menos tres años o como secretario judicial durante cinco años y tener una edad mínima de 29 años. En el desempeño de sus funciones, los jueces son independientes y están sujetos únicamente a la Constitución y la legislación. Además, un juez no puede pertenecer a un partido político ni a un sindicato, ni participar en actividades públicas incompatibles con los principios de independencia de los tribunales y los jueces. De conformidad con la Constitución y la Ley relativa a la organización de los tribunales ordinarios, los jueces son inamovibles. El cese de un juez, la suspensión de sus funciones y su traslado a otro puesto contra su voluntad solo podrán efectuarse en virtud de una decisión judicial y exclusivamente en los casos establecidos por la Ley. Los jueces se jubilan a la edad de 65 años (salvo que expresen el deseo de seguir desempeñando sus funciones, con un límite máximo de 70 años). Un juez podrá jubilarse por enfermedad o por una discapacidad que le impida seguir ejerciendo. Los jueces están exentos de responsabilidad penal y no podrán ser privados de libertad sin el consentimiento previo de un tribunal disciplinario. Tampoco pueden ser detenidos o arrestados salvo que se los sorprenda en flagrante delito o cuando sea necesaria su privación de libertad para garantizar el debido curso de las diligencias judiciales. Cualquier detención de esa índole deberá notificarse al Presidente del tribunal local pertinente, que podrá ordenar la puesta en libertad inmediata del juez. Los procedimientos concretos que se aplican a esas situaciones figuran en la Ley relativa a la organización de los tribunales ordinarios.

51.La independencia de los tribunales y de los jueces está protegida por la Constitución (cap. VIII) y amparada por el Consejo Nacional de la Magistratura, órgano colegiado que tiene la prerrogativa de someter al Tribunal Constitucional cuestiones relativas a la constitucionalidad de los instrumentos normativos que guarden relación con la independencia de los tribunales y los jueces.

52.En el artículo 182 de la Constitución se enuncia otro principio fundamental: la participación de los ciudadanos en la administración de la justicia. Así pues, las causas en los tribunales ordinarios se dirimen ante jueces legos; las excepciones a esta norma están reguladas por la ley.

1.Tribunales ordinarios

53.Las causas no reservadas a otros tribunales se dirimen en los tribunales de distrito. Las apelaciones de sentencias dictadas por los tribunales de distrito son examinadas por tribunales provinciales, que también entienden en primera instancia de las causas que les están reservadas por ley. Los tribunales de apelación examinan las apelaciones de las sentencias dictadas por tribunales provinciales de primera instancia. La Ley de 6 de junio de 1997, relativa al Código de Procedimiento Penal, y la Ley de 17 de noviembre de 1964, relativa al Código de Procedimiento Civil, prevén también medidas extraordinarias de apelación.

2.Tribunales militares

54.Los tribunales militares administran justicia en las causas contra miembros de las Fuerzas Armadas de la República de Polonia y determinados civiles que trabajan para el Ejército o han participado en la comisión de alguno de los delitos previstos en la ley. El procedimiento de los tribunales militares se enuncia en la Ley de 21 de agosto de 1997 sobre la organización de los tribunales militares.

3.Tribunal Supremo

55.De conformidad con lo establecido en el artículo 183 de la Constitución, el Tribunal Supremo es el máximo órgano judicial. Supervisa los fallos de los tribunales ordinarios y los tribunales militares. Según la Ley de 23 de diciembre de 2002 sobre el Tribunal Supremo, le corresponden las siguientes atribuciones:

Administrar justicia;

Velar, en el marco de sus funciones de supervisión, por la conformidad de las sentencias de los tribunales ordinarios y los tribunales militares con la ley y por su uniformidad mediante el examen de los recursos en casación y otras medidas de apelación;

Resolver acerca de cuestiones jurídicas;

Decidir otras cuestiones previstas por la ley;

Examinar las objeciones presentadas en el curso de procedimientos de elección y decidir la validez de las elecciones generales, las elecciones presidenciales, las elecciones al Parlamento Europeo y los referendos nacionales;

Emitir dictámenes sobre los proyectos de ley y otros instrumentos normativos, sobre la base de los cuales operan y adoptan sus decisiones los tribunales, así como otras leyes, en los límites que considere apropiados;

Llevar a cabo otras actividades conforme a lo dispuesto por la ley.

4.Tribunales administrativos

56.El 4 de enero de 2004 se introdujo el principio de doble instancia ante los tribunales administrativos mediante la Ley de 25 de julio de 2002 sobre la organización de los tribunales administrativos y la Ley de 30 de agosto de 2002 sobre los procedimientos ante los tribunales administrativos. Conforme a las nuevas disposiciones, los tribunales administrativos de los voivodatos actuarán como tribunales de primera instancia y el Tribunal Administrativo Supremo asumirá el papel de tribunal de segunda instancia (tribunal de apelación).

57.Los tribunales administrativos ejercen el control de las actividades de la administración pública y dirimen los conflictos de competencia entre los órganos de dicha administración. Ese control se ejerce de conformidad con el principio de legalidad, salvo si la ley dispone otra cosa.

58.Los tribunales administrativos pueden examinar quejas sobre decisiones administrativas relativas a causas de particulares y otras decisiones de las autoridades públicas, ordenanzas (instrumentos normativos) de los órganos de la administración local y decisiones de esos órganos que guarden relación con los asuntos públicos y la inacción de los órganos administrativos.

59.El examen judicial de las decisiones administrativas en las causas de particulares suele referirse a contenciosos entre un ciudadano y un órgano administrativo que haya tomado una decisión que prive al ciudadano de sus derechos o le imponga una obligación jurídica determinada. Esos casos son revisados por un órgano exterior a la administración pública dentro de la estructura del Estado. Los tribunales administrativos resuelven de manera independiente y entienden de casos o dictan sentencias de forma objetiva, con arreglo al estado de derecho.

5.Tribunal Constitucional

60.El Tribunal Constitucional es el órgano del poder judicial facultado para examinar la constitucionalidad de los instrumentos normativos y los acuerdos internacionales; la conformidad de los textos legislativos con los acuerdos internacionales para cuya ratificación se precisa un consentimiento previo según la ley; la constitucionalidad de los instrumentos normativos aprobados por los órganos centrales del Estado, de los acuerdos internacionales ratificados y de los textos legislativos. Además, el Tribunal Constitucional resuelve las causas relativas a denuncias de particulares sobre la constitucionalidad de los instrumentos normativos; la constitucionalidad de los objetivos y las actividades de los partidos políticos; las cuestiones planteadas por los tribunales en relación con la constitucionalidad de los instrumentos normativos en los casos en que el fallo sobre una causa concreta esté supeditado a la decisión del Tribunal; y otras cuestiones previstas en la Ley de 1 de agosto de 1997 relativa al Tribunal Constitucional.

6.Tribunal del Estado

61.El Tribunal del Estado dictamina sobre la responsabilidad de los altos funcionarios del Estado en relación con la vulneración de la Constitución o de un texto legislativo en el desempeño de sus funciones o en el marco del alcance de estas (artículos 198 a 201 de la Constitución). Los pormenores relativos al funcionamiento del tribunal están enunciados en la Ley de 26 de marzo de 1982 sobre el Tribunal del Estado.

7.Los fiscales

62.Según la Constitución (art. 175), los fiscales no forman parte del poder judicial. Las disposiciones pertinentes en relación con los fiscales figuran en la Ley de 20 de junio de 1985 relativa al ministerio público. En esa Ley se define al ministerio público como el órgano encargado de defender la ley y el orden y supervisar el enjuiciamiento de los delitos.

63.El ministerio público comprende la Oficina del Fiscal General, que es el órgano supremo, las fiscalías públicas y militares inferiores, así como el Instituto de Memoria Nacional – Comisión Principal para la Represión de los Crímenes contra la Nación Polaca (crímenes cometidos por los nazis y en la era comunista, crímenes de guerra, crímenes contra la paz y crímenes de lesa humanidad). El Instituto de Memoria Nacional supervisa también los procedimientos de depuración. El Fiscal General es nombrado por el Presidente de la República de Polonia para un mandato de seis años y se selecciona entre los candidatos propuestos por el Consejo Nacional de la Magistratura y el Consejo Nacional de Fiscales. El Fiscal General puede ser destituido por el Sejm exclusivamente con dos tercios de los votos o más en circunstancias extraordinarias especificadas en la ley. Las dependencias orgánicas del ministerio público son la Oficina del Fiscal General, las fiscalías de apelación y las fiscalías regionales y de distrito.

64.En los procedimientos judiciales, el fiscal es independiente de otros órganos estatales y rinde cuentas solamente a sus superiores. A pesar de la estructura jerárquica, los fiscales son independientes en el desempeño de sus funciones de conformidad con lo dispuesto en la ley.

65.El Fiscal General nombra a los fiscales previa solicitud del Consejo Nacional de Fiscales. Para ser nombrado fiscal, el candidato debe reunir las condiciones exigidas, además de las que se aplican a los jueces. Los fiscales solo pueden ser destituidos en unos pocos casos extraordinarios establecidos en la ley.

V.Marco de protección de los derechos humanos

66.En 1989 se iniciaron las reformas destinadas a transformar el país que había pertenecido al bloque oriental en un Estado democrático de derecho. Fue entonces cuando se crearon las instituciones fundamentales del orden democrático. La oposición democrática, cuya base era el sindicato "Solidaridad", ganó las elecciones de 1989 y participó en la formación del Gobierno. Se legalizó el funcionamiento de los partidos políticos, los sindicatos libres y las organizaciones no gubernamentales (ONG), lo que impulsó la confianza social en el sistema de gobierno, aumentó la participación social en el ejercicio del poder y, en consecuencia, facilitó la transformación indispensable de la economía. Las principales instituciones que regían la vida social cambiaron, lo que supuso un cambio cualitativo en el día a día de las personas como ciudadanos, empleados y consumidores. Para el ciudadano de a pie, estos cambios fueron a menudo difíciles, puesto que la transformación económica condujo a la recesión y al desempleo generalizado.

67.A principios del pasado decenio se establecieron instituciones políticas importantes (elecciones y medios de difusión libres, partidos políticos y ONG independientes, sindicatos libres). El nuevo sistema político introdujo mecanismos jurídicos y políticos que regulaban la participación social y determinaban el nivel y las modalidades de actividad social. También se pasó de hacer hincapié en la promoción de los derechos humanos a protegerlos de forma efectiva.

68.La República de Polonia es ahora un Estado democrático de derecho que aplica los principios de la justicia social, en el que el poder supremo está depositado en la Nación, que lo ejerce bien directamente, bien por conducto de sus representantes.

A.La Constitución y la situación de los acuerdos internacionales en el derecho polaco

69.La Constitución de Polonia de 2 de abril de 1997 protege los derechos humanos y civiles fundamentales. En el capítulo II, titulado "Las libertades, los derechos y las obligaciones de las personas y los ciudadanos", se enumeran las libertades y los derechos individuales, políticos, económicos, sociales y culturales y se especifican las medidas necesarias para su protección. La Constitución garantiza derechos humanos como la libertad de organizar reuniones pacíficas y de participar en ellas, la libertad de asociación, el derecho a participar en los asuntos públicos y el derecho a presentar peticiones, propuestas y quejas a las autoridades públicas. La Constitución también garantiza derechos y libertades económicos, sociales y culturales como el derecho de propiedad; la libertad de elegir y ejercer un oficio; la libertad de elegir el lugar de trabajo; el derecho a unas condiciones de trabajo seguras y saludables; el derecho a la seguridad social, a la atención de la salud y a la educación; el derecho de las familias a que se tengan en cuenta sus intereses en la política social y económica del Estado; el derecho del niño a la protección; y el derecho a la libertad de creación artística, a la seguridad ambiental y a políticas conducentes a la satisfacción de las necesidades de vivienda de los ciudadanos y a la protección de los consumidores, los usuarios, los arrendadores y los arrendatarios.

70.El artículo 37 de la Constitución estipula que toda persona que viva en el Estado polaco goza de las libertades y los derechos garantizados por la Constitución, y que toda excepción a esta norma debe especificarse por ley. Algunas de esas excepciones están descritas en la Ley de extranjería de 13 de junio de 2003, que establece las reglas y condiciones que rigen la entrada, el tránsito, la residencia y la salida del territorio de la República de Polonia, y en la Ley de 14 de julio de 2006 sobre la entrada, la residencia y la salida de la República de Polonia de los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y sus familiares, que establece las reglas y condiciones que rigen la entrada, la residencia y la salida del territorio polaco de los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, los nacionales de los Estados del Espacio Económico Europeo no pertenecientes a la Unión Europea y los nacionales de la Confederación Suiza, así como de los familiares que se reúnan con ellos. También figuran excepciones en la Ley de 13 de junio de 2003 sobre la concesión de protección a los extranjeros que se encuentren en el territorio de la República de Polonia, que establece las reglas, las condiciones y los procedimientos para otorgar protección a los extranjeros que se encuentren en el territorio de la República de Polonia y para determinar la naturaleza de dicha protección. Además, la Ley de 24 de marzo de 1920 sobre la adquisición de propiedades por extranjeros exige que estos obtengan un permiso expedido por el Ministerio del Interior, y la Ley de 20 de abril de 2004 sobre la promoción del empleo y las instituciones del mercado de trabajo exige en ciertos casos a los extranjeros que obtengan un permiso de trabajo expedido por la máxima autoridad regional del Gobierno.

71.En el capítulo III de la Constitución se establece que las fuentes del derecho son la Constitución, las leyes, los acuerdos internacionales ratificados y las ordenanzas. Las disposiciones de la Constitución son de aplicación directa, salvo que se establezca otra cosa en ella. Todo acto normativo debe ajustarse a la Constitución.

72.De conformidad con el artículo 91 de la Constitución, los acuerdos internacionales ratificados por la República de Polonia, una vez publicados en la Gaceta Oficial (Dziennik Ustaw), forman parte del ordenamiento jurídico interno y pueden ser aplicados directamente, salvo que ello esté sujeto a la promulgación de una ley. Todo acuerdo internacional ratificado con el consentimiento previo de una ley tiene precedencia sobre esta si las disposiciones del acuerdo no pueden conciliarse con las disposiciones de esa ley. La ratificación de un acuerdo internacional, así como su denuncia, requieren el consentimiento previo de la ley si dicho acuerdo se refiere a: las libertades, los derechos y las obligaciones de los ciudadanos; la paz, alianzas, tratados políticos o militares, la pertenencia de la República de Polonia a una organización internacional o la imposición de importantes responsabilidades financieras al Estado; o las cuestiones reguladas por ley o respecto de las cuales la Constitución exige su plasmación en una ley.

B.Medios para la protección de los derechos y las libertades

73.El ordenamiento jurídico polaco ha elaborado diversos instrumentos para proteger los derechos y las libertades consagrados en la Constitución. Entre ellos figuran:

La indemnización de toda persona perjudicada por las actividades contrarias a derecho de las autoridades públicas;

El principio según el cual las leyes no pueden impedir que una persona que alegue que se han vulnerado sus derechos o libertades recurra a un tribunal;

El derecho a recurrir los fallos y las decisiones de los tribunales de primera instancia a través de los medios establecidos por la ley (los Códigos de Procedimiento Penal, Civil o Administrativo);

El derecho de las personas cuyas libertades o derechos constitucionales hayan sido vulnerados a presentar una reclamación ante el Tribunal Constitucional para que dictamine sobre la constitucionalidad de los instrumentos normativos en los que un tribunal o una autoridad pública haya fundamentado una decisión definitiva sobre sus libertades, derechos y obligaciones constitucionales;

El derecho a solicitar asistencia al Defensor de los Derechos Humanos para la protección de las libertades o los derechos vulnerados por las autoridades públicas; y

Cuestiones específicas reguladas por ley o respecto de las cuales la Constitución exige su plasmación en una ley.

74.En virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el que Polonia también es parte, toda persona cuyos derechos hayan sido vulnerados puede apelar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. Como parte en el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Polonia reconoce asimismo la competencia del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para recibir y examinar quejas individuales; lo mismo se aplica al Comité contra la Tortura, al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

1.Medios de protección de conformidad con el derecho civil

75.Las garantías de protección de los intereses de la persona (derechos de la persona) están establecidas en la Ley de 23 de abril de 1964 (Código Civil). En caso de que se perjudique un interés de una persona, la víctima tiene derecho a reclamar la revocación de sus consecuencias, en particular mediante una declaración pública adecuada y una indemnización pecuniaria. Si se han producido daños materiales, la persona puede también reclamar una indemnización por daños y perjuicios, de conformidad con los principios generales del derecho.

76.El artículo 77 de la Constitución confiere a toda persona el derecho a recibir una indemnización por cualquier daño causado por una autoridad pública en violación de la ley. El Tesoro Público es responsable de los daños causados por los actos de funcionarios públicos (funcionarios públicos o administradores de empresas estatales) o de personas que actúen en su nombre, así como de los daños causados por funcionarios nombrados por elección, jueces, fiscales o miembros de las fuerzas armadas.

77.A raíz de una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional, la responsabilidad del Tesoro Público por los daños causados por un funcionario público no depende de que se demuestre la culpabilidad del funcionario en un procedimiento penal o disciplinario. El Tribunal dictaminó que todo ciudadano tenía derecho a recibir una indemnización por los daños sufridos por un acto ilícito de la autoridad pública, fuera cual fuere la declaración de culpabilidad del autor inmediato de los daños, y consideró que las normas anteriores eran incompatibles con el artículo 77 de la Constitución.

78.En 2004 entró en vigor una reforma del Código Civil que establecía medios más eficaces para reclamar una indemnización por los daños sufridos como consecuencia de los actos ilícitos cometidos por las autoridades públicas. Esta reforma concernía los daños causados por la aprobación de una ley o la emisión de un fallo o sentencia judicial, o por omisión de las autoridades públicas en relación con la emisión de un fallo o una sentencia o la promulgación de una ley (la responsabilidad por el daño dependerá de que se haya dictaminado previamente el carácter ilícito de dichas acciones u omisiones). Además, en los casos en que, a pesar de que la autoridad pública haya actuado de conformidad con la ley, se haya perjudicado a una persona, esta puede reclamar una reparación total o parcial y una compensación pecuniaria por el daño causado cuando las circunstancias, en especial la incapacidad para trabajar o una situación financiera difícil, indiquen que así lo exige el principio de equidad. La Ley de 7 de julio de 2005, sobre la indemnización del Estado a las víctimas de determinados delitos intencionales, establece otras garantías en materia de indemnización.

2.Protección de conformidad con el derecho penal

79.La Ley de 6 de junio de 1997 (Código Penal), que entró en vigor en 1998, prevé el enjuiciamiento de diversos delitos que entrañan la vulneración de los derechos y las libertades fundamentales, como el genocidio, el asesinato, la violación, las lesiones físicas, la tortura, la utilización de la amenaza o la violencia (en particular por diferencias nacionales, étnicas, raciales, políticas o religiosas), la detención ilegal, la restricción de la libertad religiosa de una persona, etc.

80.El Código Penal define explícitamente las condiciones del enjuiciamiento de los delincuentes y las correspondientes penas que han de imponerse, teniéndose debidamente en cuenta los principios humanitarios y el respeto de la dignidad humana. El Código abolió la pena de muerte, tras la vigencia de una moratoria legal de su ejecución desde 1995 (de hecho, esta pena no se había ejecutado desde 1988). La reclusión a perpetuidad es la forma de castigo más rigurosa para los autores de los delitos más graves. De conformidad con el Código de Procedimiento Penal, también está prohibido extraditar a una persona a un país extranjero si existen motivos razonables para creer que en el país que solicita la extradición dicha persona podría ser condenada a la pena de muerte, ejecutada o sometida a torturas.

81.El Código Penal ha aumentado las penas para las diversas formas de maltrato de las personas privadas de libertad. Por ejemplo, estipula que se enjuiciará a todo funcionario público que recurra a la violencia o a amenazas ilegales, o que de otra forma maltrate física o mentalmente a una persona para obtener su declaración. Con la adopción de esta disposición se cumple una obligación contraída con arreglo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes relativa a la penalización de los actos de tortura.

82.En el Código de Procedimiento Penal se incluyen todas las garantías a las que tienen derecho los sospechosos (acusados) de conformidad con las normas internacionales, a saber:

El derecho de los detenidos a comunicarse de inmediato con su abogado y a recurrir ante los tribunales cualquier forma de privación de libertad;

La fijación del período máximo de prisión provisional y el reconocimiento de la competencia exclusiva del tribunal para ordenar esta medida preventiva;

El derecho a pedir a los tribunales que examinen la adopción de otras medidas preventivas;

El principio según el cual los testimonios o declaraciones son inaceptables como pruebas cuando hayan sido obtenidos en contravención de la prohibición de ejercer cualquier influencia sobre una persona sometida a interrogatorio mediante coerción o amenazas ilegales, o se hayan formulado de cualquier otra forma en circunstancias que impidan el ejercicio de la libertad de expresión.

83.La Ley de 6 de junio de 1997 (Código de Ejecución de Penas) resalta en particular los derechos y las obligaciones de los presos y prevé garantías jurídicas adecuadas, que consisten en la concesión a los presos del derecho a:

Interponer quejas ante un tribunal competente contra las decisiones relativas a la ejecución de la pena por razones de legalidad;

Remitir quejas a las instituciones nacionales e internacionales competentes encargadas de la protección de los derechos humanos;

Recurrir al asesoramiento de un abogado durante todo el período de ejecución de la pena.

C.Defensor de los Derechos Humanos

84.La Defensoría de los Derechos Humanos fue establecida en 1987. De conformidad con la Constitución y la Ley del Defensor de los Derechos Humanos, de 15 de julio de 1987, el Defensor de los Derechos Humanos es independiente de los demás órganos del Estado y es nombrado por el Sejm, con la aprobación del Senado, para un período de cinco años. El Defensor protege los derechos y las libertades de la persona y el ciudadano establecidos en la Constitución y otras leyes. Todas las personas sujetas al derecho polaco, tanto los ciudadanos polacos como los extranjeros y los apátridas, tienen derecho a solicitar la asistencia del Defensor de los Derechos Humanos para hacer valer aquellos de sus derechos y libertades que hayan sido vulnerados por las autoridades públicas. La presentación de solicitudes al Defensor de los Derechos Humanos es gratuita y no necesita ajustarse a ningún formato específico. El Defensor de los Derechos Humanos también tiene derecho a impulsar iniciativas legislativas.

85.El Defensor de los Derechos Humanos puede, entre otras cosas:

Presentar ante los organismos, organizaciones e instituciones cuyas actividades hayan vulnerado los derechos humanos o los derechos y las libertades civiles una moción que recoja sus opiniones y conclusiones sobre cómo podría solucionarse el problema, pudiendo también pedir que se adopten medidas disciplinarias o que se impongan oficialmente sanciones;

Presentar a los organismos competentes propuestas para la adopción de iniciativas legislativas o para la promulgación o enmienda de cualquier instrumento jurídico relativo a los derechos y las libertades civiles;

Solicitar al Tribunal Constitucional que examine la constitucionalidad de instrumentos normativos;

Pedir a la fiscalía que inicie la instrucción preliminar en casos relativos a delitos enjuiciables de oficio; exigir que se incoe un proceso civil o administrativo y participar en las actuaciones pertinentes;

Interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra un fallo jurídicamente vinculante que haya puesto término a un proceso judicial;

Examinar las cuestiones que le someta el Defensor de los Derechos del Niño;

Cooperar con las ONG y las instituciones de la sociedad civil para promover los derechos humanos y las libertades fundamentales.

86.El Defensor de los Derechos Humanos presenta anualmente al Sejm y al Senado informes sobre sus actividades y la situación de observancia de los derechos humanos y los derechos y las libertades civiles, que posteriormente se publican.

87.Polonia ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura en 2005. Desde enero de 2008, el Defensor de los Derechos Humanos se encarga de la ejecución de las tareas del mecanismo nacional de prevención en Polonia. También presenta informes anuales sobre sus actividades al Parlamento. Los equipos de tareas del mecanismo nacional de prevención de la Defensoría de los Derechos Humanos están facultados para realizar visitas a los centros de privación de libertad, incluso sin previo aviso. Después de cada visita se elabora un informe que contiene una descripción de las irregularidades observadas y recomendaciones para eliminar las infracciones de la ley (modificando los reglamentos vigentes o eliminando lagunas y formulando recomendaciones para situaciones específicas, como las normas imperantes en una prisión determinada). Posteriormente, esas recomendaciones se transmiten a los órganos competentes. El mecanismo nacional de prevención no ha detectado casos de empleo de la tortura en Polonia.

D.Defensor de los Derechos del Niño

88.La Defensoría de los Derechos del Niño fue establecida en virtud de la Ley del Defensor de los Derechos del Niño, de 6 de enero de 2000. Es independiente de otros organismos estatales y solo rinde cuentas ante el Parlamento, sobre la base de disposiciones legales separadas. Su presupuesto no está sujeto al control del Gobierno. El Defensor es nombrado por el Sejm (la cámara baja del Parlamento polaco) con la aprobación del Senado (la cámara alta del Parlamento) para un mandato de cinco años, y podrá ser reelegido una sola vez. Al término de su mandato, el Defensor de los Derechos del Niño tiene garantizada su vuelta a su cargo anterior.

89.El Defensor de los Derechos del Niño no puede ser considerado penalmente responsable ni privado de libertad sin el consentimiento previo del Sejm. De conformidad con la Constitución de Polonia, el cargo de Defensor no es compatible con ningún otro cargo, excepto el de profesor de enseñanza superior; el Defensor no podrá desempeñar otras actividades profesionales, pertenecer a un partido político ni realizar otras actividades públicas que no puedan conciliarse con la dignidad de su mandato.

90.El Defensor de los Derechos del Niño protege los derechos del niño establecidos en la Constitución de Polonia, la Convención sobre los Derechos del Niño y otras leyes, y difunde información sobre los derechos del niño y su protección.

91.El Defensor de los Derechos del Niño actúa por iniciativa propia dentro de los límites especificados en la legislación aplicable, tomando en consideración la información recibida que sugiera que se han vulnerado los derechos o el interés superior del niño. El Defensor no reemplaza los servicios, instituciones u organizaciones especializados que participan en la protección de los niños, sino que interviene en situaciones en las que los procedimientos aplicados anteriormente no han funcionado o han sido desestimados. El Defensor investiga, incluso sin previo aviso, todos los casos; solicita aclaraciones o informaciones a las autoridades, organizaciones e instituciones públicas, así como el acceso a los registros y documentos, incluidos los que contienen datos personales; participa en los procedimientos del Tribunal Constitucional; presenta solicitudes al Tribunal Supremo para que se pronuncie sobre las diferentes interpretaciones de las disposiciones legales sobre los derechos del niño; presenta recursos de casación contra sentencias jurídicamente vinculantes; solicita la incoación de un proceso civil y participa en las actuaciones en curso; solicita la incoación de procesos penales; solicita la incoación de procesos administrativos; presenta quejas al tribunal administrativo; participa en los procedimientos; presenta propuestas para la imposición de penas en los procesos por infracciones; ordena exámenes, opiniones de expertos y pruebas; presenta propuestas a las autoridades o instituciones públicas competentes para que inicien las actuaciones apropiadas en el interés del niño en el marco de su competencia; presenta a las autoridades o instituciones públicas competentes evaluaciones y propuestas diseñadas para garantizar la protección efectiva de los derechos e intereses del niño, a fin de abordar cuestiones importantes, y presenta propuestas para aprobar o modificar disposiciones legales. El Defensor no tiene capacidad de iniciativa legislativa, por lo que debe presentar sus propuestas por conducto de las autoridades competentes.

92.El Defensor de los Derechos del Niño debe presentar informes anuales sobre sus actividades al Sejm y al Senado, y facilitarles información sobre la situación de los derechos del niño en Polonia. Puesto que esta información se publica posteriormente, constituye una excelente oportunidad para organizar un debate nacional sobre la observancia de los derechos del niño en Polonia.

E.Defensor de los Derechos del Paciente

93.La Defensoría de los Derechos del Paciente es una institución gubernamental. Todo ciudadano tiene derecho a solicitar al Defensor de los Derechos del Paciente asistencia gratuita para la protección de sus derechos. El Defensor también puede iniciar una investigación cuando le llega información que confirma la violación de los derechos de un paciente. Los pacientes pueden presentar recursos contra una opinión o un diagnóstico médico al Consejo Médico de la Defensoría de los Derechos del Paciente si dicha opinión o diagnóstico afecta a sus derechos u obligaciones. El Consejo tiene la obligación de pronunciarse inmediatamente sobre toda cuestión en un plazo de 30 días a contar desde la fecha de presentación del recurso. La Defensoría de los Derechos del Paciente también cuenta con un Defensor de los Derechos de los Pacientes Psiquiátricos, cuya misión es proteger los derechos de los pacientes que reciben atención en hospitales psiquiátricos.

F.Convenciones internacionales de derechos humanos

94.La República de Polonia es parte en los principales acuerdos internacionales sobre derechos humanos de las Naciones Unidas, así como en los acuerdos europeos. Entre los acuerdos ratificados por Polonia figuran los siguientes.

Convenciones de derechos humanos, fecha de firma	Fecha de entrada en vigor	Fecha de entrada en vigor para Polonia
Principales convenciones y protocolos internacionales de derechos humanos
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 16 de diciembre de 1966	3 de enero de 1976	18 de junio de 1977
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 16 de diciembre de 1966	23 de marzo de 1976	18 de junio de 1977
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, de 7 de marzo de 1966	4 de enero de 1969	4 de enero de 1969
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 18 de diciembre de 1979	3 de septiembre de 1981	3 de septiembre 1981
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 10 de diciembre de 1984	26 de junio de 1987	25 de agosto de 1989
Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989	2 de septiembre de 1990	7 de julio de 1991
Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, de 25 de mayo de 2000	12 de febrero de 2002	7 de mayo de 2005
Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, de 25 de mayo de 2000	18 de enero de 2002	4 de marzo de 2005
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 16 de diciembre de 1966	23 de marzo de 1976	7 de febrero de 1992
Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 6 de octubre de 1999	22 de diciembre de 2000	1 de diciembre de 2009
Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 18 de diciembre de 2002	22 de junio de 2006	22 de junio de 2006
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
Otras convenciones de derechos humanos y convenciones conexas de las Naciones Unidas
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 9 de diciembre de 1948	12 de enero de 1951	12 de enero de 1951
Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, de 31 de marzo de 1953	7 de julio de 1954	11 de noviembre de 1954
Convención sobre la Esclavitud de 1926, en su forma enmendada, de 7 de septiembre de 1956	30 de abril de 1957	10 de enero de 1963
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 28 de julio de 1951	22 de abril de 1954	26 de diciembre de 1991
Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, de 31 de enero de 1967	4 de octubre de 1967	27 de septiembre de 1991
Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, de 26 de noviembre de 1968	11 de noviembre de 1970	11 de noviembre de 1970
Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, de 30 de noviembre de 1973	18 de julio de 1976	18 de julio de 1976
Convención Internacional contra el Apartheid en los Deportes, de 10 de diciembre de 1985	3 de abril de 1988	3 de abril de 1988
Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 6 de octubre de 1999	22 de diciembre de 2000	22 de marzo de 2004
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de 17 de julio de 1998	1 de julio de 2002	1 de julio de 2002
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de 15 de noviembre de 2000	29 de septiembre de 2003	29 de septiembre de 2003
Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de 15 de noviembre de 2000	28 de enero de 2004	28 de enero de 2004
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de 15 de noviembre de 2000	25 de diciembre de 2003	25 de diciembre de 2003
Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (resumen)
Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio (Nº 29), de 28 de junio de 1930	1 de mayo de 1932	30 de julio de 1959
Convenio relativo a la inspección del trabajo en la industria y el comercio (Nº 81), de 11 de julio de 1947	7 de abril de 1950	2 de junio de 1996
Convenio relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación (Nº 87), de 9 de julio de 1948	4 de julio de 1950	25 de febrero de 1958
Convenio relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva (Nº 98), de 1 de julio de 1949	18 de julio de 1951	25 de febrero de 1958
Convenio relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor (Nº 100), de 29 de junio de 1951	23 de mayo de 1953	25 de octubre de 1955
Convenio relativo a la abolición del trabajo forzoso (Nº 105), de 25 de junio de 1957	17 de enero de 1959	30 de julio de 1959
Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación (Nº 111), de 25 de junio de 1958	15 de junio de 1960	30 de mayo de 1962
Convenio relativo a la política del empleo (Nº 122), 9 de julio de 1964	15 de julio de 1966	24 de noviembre de 1967
Convenio relativo a la inspección del trabajo en la agricultura (Nº 129), de 25 de junio de 1969	19 de enero de 1972	2 de junio de 1996
Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo (Nº 138), de 26 de junio de 1973	19 de junio de 1976	22 de marzo de 1979
Convenio sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública (Nº 151), de 27 de junio de 1978	25 de febrero de 1981	26 de julio de 1983
Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación (Nº 182), de 17 de junio de 1999	19 de noviembre de 2000	9 de agosto de 2003
Convenios de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, de 14 de diciembre de 1960	22 de mayo de 1962	15 de diciembre de 1964
Convenios de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado
Convenio sobre Competencia de Autoridades y Ley Aplicable en Materia de Protección de Menores, de 5 de octubre de 1961	4 de febrero de 1969	25 de julio de 1993
Convenio sobre Ley Aplicable a las Obligaciones Alimenticias, de 2 de octubre de 1973	1 de octubre de 1977	1 de mayo de 1996
Convenio sobre el Reconocimiento de Divorcios y de Separaciones Legales, de 1 de junio de 1970	24 de agosto de 1975	24 de junio de 1996
Convenio sobre Reconocimiento y Ejecución de Resoluciones relativas a las Obligaciones Alimenticias, de 2 de octubre de 1973	1 de agosto de 1976	1 de julio de 1996
Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, de 25 de octubre de 1980	1 de diciembre de 1983	1 de noviembre de 1992
Convenio para Facilitar el Acceso Internacional a la Justicia, de 25 de octubre de 1980,	1 de mayo de 1988	1 de noviembre de 1992
Convenio relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional, de 29 de mayo de 1993	1 de mayo de 1993	1 de octubre de 1995
Acuerdos internacionales multilaterales en materia de derecho internacional humanitario
Convenio relativo a la apertura de las hostilidades, de 18 de octubre de 1907	26 de enero de 1910	8 de julio de 1925
Convención relativa a las leyes y costumbres de la guerra terrestre, de 18 de octubre de 1907	26 de enero de 1910	9 de julio de 1925
Convenio de Ginebra (I) para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña, de 12 de agosto de 1949	21 de octubre de 1950	26 de mayo de 1955
Convenio de Ginebra (II) para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar, de 12 de agosto de 1949	21 de octubre de 1950	26 de mayo de 1955
Convenio de Ginebra (III) relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, de 12 de agosto de 1949	21 de octubre de 1950	26 de mayo de 1955
Convenio de Ginebra (IV) relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949	21 de octubre de 1950	26 de mayo de 1955
Tratado por el que se prohíben los ensayos con armas nucleares en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y debajo del agua, de 5 de agosto de 1963	10 de octubre de 1963	14 de octubre de 1963
Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción, de 10 de abril de 1972	26 de marzo de 1975	26 de marzo de 1975
Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles, de 10 de diciembre de 1976	5 de octubre de 1978	5 de octubre de 1978
Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), de 8 de junio de 1977	7 de diciembre de 1978	23 de abril de 1992
Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II), de 8 de junio de 1977	7 de diciembre de 1978	23 de abril de 1992
Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, de 10 de octubre de 1980	2 de diciembre de 1983	2 de diciembre de 1983
Protocolo Adicional a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados (Protocolo IV, titulado Protocolo sobre armas láser cegadoras), de 10 de octubre de 1980	30 de julio de 1998	23 de mayo de 2005
Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos según fue enmendado el 3 de mayo de 1996 (Protocolo II según fue enmendado el 3 de mayo de 1996), anexo a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, de 10 de octubre de 1980	3 de diciembre de 1998	14 de abril de 2004
Enmienda a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, de 10 de octubre de 1980	18 de mayo de 2004	15 de marzo de 2007
Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción, de 13 de enero de 1993	29 de abril de 1997	29 de abril de 1997
Protocolo Adicional a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, de 13 de octubre de 1995	30 de julio de 1998	23 de marzo de 2005
Enmienda al artículo 1 de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, con anexos	10 de octubre de 1980	2008
Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la aprobación de un signo distintivo adicional (Protocolo III)	8 de diciembre de 2005	26 de abril de 2010
Protocolo sobre los Restos Explosivos de Guerra, anexo a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados (Protocolo V), firmado en Ginebra el 28 de noviembre de 2003 (ratificado por Polonia el 1 de julio de 2011, entrará en vigor en Polonia el 26 de marzo de 2012)	28 de noviembre de 2003	26 de marzo de 2012
Tratados del Consejo de Europa
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales /005/, de 4 de noviembre de 1950	3 de septiembre de 1953	19 de enero de 1993
Protocolo del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales /009/, de 20 de marzo de 1952	18 de mayo de 1954	10 de octubre de 1994
Protocolo Nº 2 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales /44/, de 6 de mayo de 1963	21 de septiembre de 1970	19 de enero de 1993
Protocolo Nº 4 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales /46/, de 16 de septiembre de 1963	2 de mayo de 1968	10 de octubre de 1994
Protocolo Nº 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales relativo a la abolición de la pena de muerte /114/, de 28 de abril de 1983	1 de marzo de 1985	1 de noviembre de 2000
Protocolo Nº 7 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales /117/, de 22 de noviembre de 1984	1 de noviembre de 1988	1 de marzo de 2003
Protocolo Nº 9 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales /140/, de 6 de noviembre de 1990	1 de octubre de 1994	1 de febrero de 1995
Protocolo Nº 11 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales /155/, de 11 de mayo de 1994	1 de noviembre de 1998	1 de noviembre de 1998
Protocolo Nº 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales /045/, de 6 de mayo de 1963	21 de septiembre de 1970	19 de enero de 1993
Protocolo Nº 5 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales /055/, de 20 de enero de 1966	20 de diciembre de 1971	19 de enero de 1993
Protocolo Nº 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales /118/, de 19 de marzo de 1985	1 de enero de 1990	19 de enero de 1993
Carta Social Europea /35/, de 18 de octubre de 1961	26 de febrero de 1965	25 de julio de 1997
Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes /126/, de 26 de noviembre de 1987	1 de febrero de 1989	1 de febrero de 1995
Protocolo Nº 1 del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes /151/, de 4 de noviembre de 1993	1 de marzo de 2002	1 de marzo de 2002
Protocolo Nº 2 del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes /152/, de 4 de noviembre de 1993	1 de marzo de 2002	1 de marzo de 2002
Protocolo Nº 14 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, por el que se modifica el sistema de control del Convenio	13 de mayo de 2004	1 de junio de 2010
Acuerdo europeo relativo a las personas que participan en procedimientos de la Comisión Europea de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos /67/, de 6 de mayo de 1969	17 de abril de 1971	13 de mayo de 1996
Convenio Marco para la protección de las minorías nacionales /157/, de 1 de febrero de 1995	1 de febrero de 1998	1 de abril de 2001
Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos	16 de mayo de 2005	1 de marzo de 2009

VI.Los derechos humanos en la Constitución de Polonia

95.Los derechos y libertades de la persona, que se enuncian principalmente en el capítulo II de la Constitución, se ajustan fielmente a las disposiciones adoptadas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, Polonia ha apoyado con gran interés la creación, en el marco institucional de la Unión Europea, de un órgano encargado de vigilar la observancia de los derechos humanos en el proceso de incorporación del acervo comunitario por los Estados miembros. Polonia ha participado activamente en la labor de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea desde su creación.

A.Principios generales

1.Dignidad humana

96.En el artículo 30 de la Constitución se define la dignidad humana como el origen de todo un conjunto de derechos y libertades. La dignidad humana se considera inviolable, y las autoridades públicas están obligadas a respetarla y protegerla. La obligación de respetar la dignidad humana y observar los derechos humanos se describe en detalle en instrumentos normativos concretos, tales como las leyes de la policía y de la guardia fronteriza.

2.Obligación de respetar las libertades de la persona

97.En el artículo 31 de la Constitución se garantiza el debido respeto de las libertades de la persona: puesto que las libertades de la persona están protegidas por la ley, nadie puede ser obligado a hacer algo que la ley no exija. El ejercicio de las libertades y derechos constitucionales solo podrá ser limitado por ley y cuando sea necesario en un Estado democrático para proteger su seguridad o el orden público, o para proteger el medio ambiente natural, la salud o la moral pública, o las libertades o derechos de los demás. Esas limitaciones no podrán conculcar las libertades y los derechos fundamentales.

3.Igualdad ante la ley

98.El principio de la igualdad ante la ley, el derecho a recibir un trato igualitario por parte de las autoridades públicas, y la prohibición de la discriminación en la vida política, social o económica están consagrados en el artículo 32 de la Constitución. En otras disposiciones se garantiza a hombres y mujeres condiciones de igualdad en los ámbitos familiar, político, social y económico, así como igualdad de derechos en la educación, el empleo, la promoción, la paridad de los salarios por trabajo de igual valor, la seguridad social, el ejercicio de cargos públicos y la concesión de condecoraciones y honores públicos.

4.Derecho a la ciudadanía

99.De conformidad con el artículo 34 de la Constitución, adquieren la ciudadanía polaca por nacimiento los nacidos de padre o madre polaco. Las demás formas de adquirir la ciudadanía polaca (aplicables a los repatriados, extranjeros y apátridas) se especifican en la Ley de 15 de febrero de 1962 relativa a la ciudadanía polaca (Dz. U. de 2000, Nº 28, secc. 353, en su forma modificada). Un ciudadano polaco no puede perder su ciudadanía, salvo si renuncia a ella.

5.Derechos y libertades de las minorías nacionales y étnicas

100.En el artículo 35 de la Constitución se garantiza a los ciudadanos polacos pertenecientes a minorías nacionales o étnicas la libertad de mantener y cultivar su propio idioma, conservar sus costumbres y tradiciones, y desarrollar su propia cultura. Las minorías nacionales y étnicas tienen derecho a establecer sus propias instituciones educacionales y culturales, o instituciones ideadas para proteger su identidad religiosa, así como a participar en la resolución de problemas que tengan que ver con su identidad cultural. Polonia es parte en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y el Convenio Marco del Consejo de Europa para la protección de las minorías nacionales. Polonia también ha firmado tratados bilaterales de amistad y buena vecindad con Lituania, Belarús, Ucrania, Alemania, la República Checa, la Federación de Rusia y Eslovaquia, en virtud de los cuales los signatarios tienen la obligación de proteger los derechos de las minorías étnicas.

101.En 2005 entró en vigor la Ley de 6 de enero de 2005 sobre minorías nacionales y étnicas e idioma regional. Una de las cuestiones más importantes tratadas en dicha Ley es la del derecho a preservar el idioma de las minorías nacionales, en particular, la cuestión de los idiomas minoritarios como idiomas complementarios en las relaciones con la administración pública.

102.Con objeto de fortalecer los derechos políticos de las minorías nacionales, en la Ley de 12 de abril de 2001 relativa a las elecciones al Sejm y al Senado se estipula que el requisito del umbral electoral mínimo del 5% o del 8% de los sufragios emitidos (requisito según el cual el umbral mínimo de votos exigido para los partidos y los comités electorales es del 5%, mientras que para los partidos de coalición es del 8%) no se aplicará en el caso de candidatos inscritos en las listas presentadas por minorías nacionales reconocidas como tales, siempre que los interesados presenten declaraciones a tal efecto.

6.Derechos de las iglesias y las organizaciones religiosas

103.Se garantiza la igualdad de derechos a todas las iglesias y demás organizaciones religiosas, así como la imparcialidad del Estado en cuestiones de convicción personal, tanto religiosas, filosóficas como de planteamiento vital, asegurándose así la libertad de expresión en la vida pública (artículo 25 de la Constitución). Las relaciones entre el Estado y las iglesias y demás organizaciones religiosas se basan en el principio del respeto de su autonomía y la independencia de cada una en sus respectivas esferas. Las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica Romana se rigen por el Concordato, es decir, el acuerdo internacional entre la República de Polonia y la Santa Sede, y por la Ley sobre las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica en la República de Polonia. Las relaciones entre la República de Polonia y las demás iglesias y organizaciones religiosas se rigen por las leyes aprobadas de conformidad con los acuerdos concluidos por el Consejo de Ministros con los respectivos representantes de esas instituciones.

B.Derechos y libertades personales

1.Protección de la vida humana

104.La Constitución consagra diversos derechos y libertades personales, entre ellos el derecho humano fundamental a la protección de la vida. El Código Penal no prevé la pena de muerte.

105.El asesinato es uno de los crímenes más graves y se castiga severamente. La eutanasia está prohibida y se castiga con una pena de hasta cinco años de prisión (aunque en circunstancias excepcionales el tribunal puede renunciar a imponer una pena).

106.Otra consecuencia de la concepción de la vida como valor humano supremo son las disposiciones de la Ley de 7 de enero de 1993 sobre la planificación de la familia, la protección del feto humano y las condiciones en las que el aborto es permisible, en las que se penaliza el aborto. De conformidad con esta Ley, el aborto está permitido en la República de Polonia en tres circunstancias específicas, a saber:

a)Si el embarazo supone un riesgo para la vida o la salud de la embarazada;

b)Si un examen prenatal u otras pruebas médicas indican una alta probabilidad de malformación grave e irreversible del feto o una enfermedad incurable que amenace su vida;

c)Cuando existan motivos razonables para sospechar que el embarazo es consecuencia de un hecho constitutivo de delito.

107.De conformidad con la legislación penal, el aborto ilegal se castiga con una pena de hasta tres años de prisión. En virtud del artículo 153 del Código Penal, toda persona que interrumpa el embarazo de una mujer sin su consentimiento, mediante el uso de la fuerza o por cualquier otro medio, o la induzca a interrumpir el embarazo valiéndose de violencia, amenaza o engaño, será condenada a una pena de privación de libertad por un período de entre seis meses y ocho años. Toda persona que cometa ese tipo de acto cuando el feto pueda sobrevivir de manera independiente fuera del útero materno será condenada a la pena de privación de libertad por un período de entre uno y diez años.

2.Prohibición de los experimentos científicos en seres humanos

108.El artículo 39 de la Constitución dispone que nadie puede ser sometido a experimentos científicos sin su consentimiento explícito. El consentimiento debe darse voluntariamente. Las condiciones en que pueden realizarse experimentos científicos se especifican en la Ley de 5 de diciembre de 1996 sobre el ejercicio profesional de la medicina y la estomatología. El Código Penal prohíbe los experimentos cognitivos en personas protegidas por el derecho internacional humanitario, aun con su consentimiento. En el Código Penal se reitera la obligación constitucional de obtener el consentimiento de todo aquel que participe en un experimento científico, tras informarle debidamente acerca de los beneficios previstos, así como sobre sus posibles consecuencias negativas y la probabilidad de su ocurrencia, y de hacerle saber que puede optar por retirarse del experimento en cualquier momento.

3.Prohibición de la tortura

109.En el artículo 40 de la Constitución se prohíben la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como el castigo corporal. Asimismo, desde el 1 de agosto de 2010, el Código de Familia y Tutela prohíbe expresamente el castigo corporal infligido por los padres. El régimen penal polaco contiene disposiciones que garantizan el enjuiciamiento de los actos de tortura. Además, está sancionado por la ley el recurso ilícito a la amenaza o la violencia para ejercer presión sobre un sospechoso o un testigo con el fin de obtener pruebas o declaraciones. Asimismo, se han establecido diversas medidas judiciales ideadas para prevenir los actos de trato inhumano, incluida la supervisión de los centros de detención por jueces de vigilancia penitenciaria o el Defensor de los Derechos Humanos.

110.El 13 de junio de 2003 se aprobó la Ley de protección de los extranjeros en el territorio de la República de Polonia, que introdujo una nueva forma de protección, a saber, el permiso de estancia tolerada. Ese permiso se remite a las disposiciones del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. El permiso de estancia tolerada puede otorgarse a los extranjeros cuya expulsión solo pueda efectuarse hacia un país en el que pudieran verse amenazados su derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona, ser objeto de tortura o tratos o penas inhumanos o degradantes o ser forzados a trabajar, privados del derecho a un juicio imparcial o castigados sin ningún fundamento legal.

4.Derecho a la integridad física

111.La Constitución defiende el derecho a la integridad física y a la libertad de la persona. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 41, solo podrá imponerse la privación o restricción de la libertad con sujeción a los principios de la legalidad y conforme a lo estipulado en la ley. Las normas respectivas figuran en leyes como el Código de Procedimiento Penal, la Ley de extranjería y la Ley de 6 de septiembre de 2001 sobre la lucha contra las enfermedades infecciosas.

112.En el párrafo 2 del mismo artículo se establece que toda persona privada de libertad tendrá derecho a recurrir a los tribunales para que estos determinen inmediatamente la legalidad de dicha privación. La familia de la persona privada de libertad o la persona que esta designe deberá ser informada de inmediato de la detención. Entre otros derechos y libertades de la persona mencionados en la Constitución figuran también el derecho de toda persona detenida a que se la informe de inmediato, de una manera que pueda entender, de las razones de su detención. La persona detenida debe comparecer ante un tribunal para que examine el caso en un plazo de 48 horas contadas a partir del momento de la detención. Deberá ponerse en libertad al detenido salvo que un tribunal haya dictado un auto de prisión preventiva contra él, con indicación de los cargos que se le imputan, y notificado al detenido dicho auto en un plazo de 24 horas desde que este fuera puesto a disposición del tribunal. En otras palabras, la Constitución otorga al tribunal 24 horas para dictar el auto de ingreso en prisión. El tribunal es el único facultado para decidir sobre una prisión preventiva. Por otra parte, en la Constitución se concede el derecho de indemnización a toda persona privada de libertad de forma contraria a derecho. De conformidad con el Código de Procedimiento Penal, las quejas relativas a la detención, además de poder impugnar la validez y la legalidad de la detención y exigir la libertad inmediata, pueden también tener por objeto que el tribunal dictamine sobre la aplicación indebida de esa medida.

113.Otra disposición importante para la protección de las libertades personales es la que garantiza el derecho del detenido a comunicarse de inmediato con su abogado y a reunirse con él. Si el detenido es un ciudadano extranjero, estará autorizado a comunicarse con el consulado o la misión diplomática pertinente.

5.Derecho a un juicio imparcial

114.En el artículo 42 de la Constitución se establecen los principios de nullum crimen sine lege, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Según la Constitución y el Código Penal, solo podrá considerarse penalmente responsable a aquella persona que hubiere cometido un acto que, en el momento de cometerse, estuviera prohibido por una ley vigente. El principio de la presunción de inocencia, según el cual el acusado es considerado inocente mientras no se haya determinado su culpabilidad mediante una sentencia judicial firme y vinculante, queda reflejado en el Código de Procedimiento Penal, en el que se estipula que toda duda irresoluble deberá interpretarse a favor del acusado. Por otra parte, toda persona contra la que se hayan incoado actuaciones penales tiene derecho a la defensa en cualquier etapa de esas actuaciones. En particular, el acusado puede elegir un abogado o, si existen pruebas de que no dispone de medios para contratarlo, utilizar los servicios de un abogado de oficio, según los términos previstos en la ley. El tribunal designará de oficio a un abogado cuando el acusado sea menor de edad, sordo, mudo o ciego, o cuando haya razones fundadas para creer que sufre demencia. Además, la representación letrada es obligatoria si el tribunal determina que las circunstancias ponen en riesgo el ejercicio efectivo del derecho a la defensa.

115.En virtud de la Constitución y del Código Penal, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Además, de conformidad con la Ley de 18 de diciembre de 1998, sobre el Instituto de Memoria Nacional – Comisión para la Represión de los Crímenes contra la Nación Polaca, los crímenes contra la paz, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra cometidos por los nazis y los comunistas, así como otros crímenes contra la paz, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, no están sujetos a plazos de prescripción. Por otra parte, en el artículo 44 de la Constitución se establece que el plazo de prescripción de los delitos cometidos por funcionarios públicos, o por orden de funcionarios públicos, que no hayan sido enjuiciados por razones políticas se interrumpirá hasta que esas razones dejen de existir.

116.De conformidad con el artículo 45 de la Constitución, toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y en un proceso justo, sin dilaciones indebidas, por un tribunal competente, imparcial e independiente. La Constitución también protege el principio de la independencia de la judicatura: en el artículo 173 se afirma que los juzgados y tribunales constituyen una autoridad aparte, que son independientes de otros órganos de poder y que los jueces que desempeñan cargos son independientes y están sujetos únicamente a la Constitución y a las leyes. El juicio imparcial y público está garantizado por el principio en virtud del cual los procedimientos judiciales tendrán al menos dos etapas (artículo 176 de la Constitución) y por el derecho a presentar recursos ante el Tribunal Constitucional en relación con la conformidad con las disposiciones de la Constitución y otros instrumentos normativos en que se haya basado un tribunal u otra autoridad para emitir un dictamen definitivo sobre las libertades, los derechos y las obligaciones estipulados en la Constitución. El carácter público de la audiencia judicial puede limitarse o suspenderse por ley únicamente en los casos especificados en la Constitución (art. 45, párr. 2), por razones de moralidad, seguridad del Estado, orden público, o para proteger la intimidad de una de las partes u otros intereses privados importantes. Sin embargo, los fallos se anunciarán públicamente.

117.Por lo que se refiere al principio de que las actuaciones judiciales deberán celebrarse sin dilaciones indebidas, el Código de Procedimiento Penal establece que uno de los objetivos de los procesos penales es llegar a un fallo dentro de un plazo razonable. En el Código de Procedimiento Civil se establece que el tribunal debe impedir toda dilación de las actuaciones y también procurar juzgar la causa en la primera sesión, siempre que ello no vaya en perjuicio del examen de la causa. En las actuaciones ante los tribunales administrativos se aplican disposiciones similares. En 2004 entró en vigor la Ley de 17 de junio de 2004 relativa a las quejas presentadas por violación del derecho de una parte a que su causa sea examinada sin dilaciones indebidas en un proceso judicial realizado o supervisado por un fiscal. La Ley introduce importantes recursos jurídicos de reparación que pueden interponer las partes en caso de dilaciones judiciales. Asimismo, define las normas y procedimientos para el examen de las denuncias presentadas por una parte cuyo derecho a ser oída sin dilaciones indebidas haya sido conculcado a resultas de las acciones u omisiones del tribunal o del fiscal.

6.Derecho a la intimidad

118.Otras normas constitucionales son el derecho a la protección jurídica de la vida privada y familiar, el carácter privado de las comunicaciones, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la protección del honor y la buena reputación de la persona y el derecho a tomar decisiones relativas a la vida privada de cada persona (artículos 47, 49, 50 y 51 de la Constitución).

119.Las disposiciones del Código Civil garantizan la protección de intereses personales como la salud, la libertad, el honor, la libertad de convicción, el nombre o el seudónimo, el derecho a la propia imagen, el carácter privado de las comunicaciones, la inviolabilidad del domicilio y las actividades científicas, artísticas, inventivas e innovadoras. Toda persona tiene derecho a exigir que se suspenda todo acto ilegal que vaya en contra del interés de la persona, y que se reparen las consecuencias de esa acción, así como a exigir que se pague la debida indemnización y se compensen cualesquiera daños o perjuicios. La libertad y el carácter privado de las comunicaciones (artículo 49 de la Constitución) también están protegidos por disposiciones penales en las que se contemplan sanciones por violar, encubrir o dañar ilícitamente la correspondencia, intervenir una línea telefónica y comunicar la información obtenida de este modo. Esos derechos solo podrán ser limitados por la ley, de conformidad con lo establecido en el Código Penal, en las leyes relativas a la policía, al Organismo de Seguridad Nacional, al Organismo de Inteligencia y a la guardia fronteriza, y en el Código de Ejecución de Penas.

120.La inviolabilidad del domicilio está garantizada por el artículo 50 de la Constitución. Solo podrán realizarse registros del domicilio, locales o vehículos en los casos y formas previstos en la ley. La inviolabilidad del domicilio también está amparada por el Código Penal, que sanciona la lesión del derecho a la inviolabilidad.

121.El derecho del ciudadano a no revelar datos personales y la prohibición consiguiente de obtener, reunir o consultar información distinta de la que sea indispensable en un país democrático, así como el derecho a limitar el acceso a información sobre sí mismo y el derecho a pedir que se corrija o suprima toda información falsa, incompleta u obtenida ilícitamente (artículo 51 de la Constitución), se establecen de manera detallada en la Ley de 29 de agosto de 1997 sobre la protección de los datos personales. Las autoridades del Estado están facultadas para reunir y archivar ciertos tipos de datos sobre los ciudadanos con arreglo a las leyes sobre la guardia fronteriza, el Organismo de Seguridad Nacional y la policía.

7.Libertad de expresión

122.En el artículo 54 de la Constitución se garantiza a todas las personas el derecho a expresar opiniones y a adquirir y divulgar información, y se prohíbe la censura previa en los medios de comunicación y la concesión de licencias para ejercer el periodismo escrito. La concesión de licencias a las emisoras de radio y televisión se rige por la Ley de 29 de diciembre de 1992 sobre las emisoras de radio y televisión. Esta Ley, al igual que la Ley de prensa, de 26 de enero de 1984 (Dz. U. de 1984, Nº 5, secc. 24, en su forma modificada), proclama el principio de la libertad de los medios de comunicación.

8.Derecho a educar a los hijos en la familia

123.En el artículo 48 de la Constitución se garantiza el derecho de los padres a educar a sus hijos de conformidad con sus propias convicciones, con el debido respeto al grado de madurez del niño y a su libertad de conciencia, religión y convicción. De conformidad con el párrafo 3 del artículo 53, los padres tienen derecho a velar por que sus hijos reciban una educación y una enseñanza moral y religiosa que sean acordes con sus propias convicciones. La cuestión se aborda con más detalle en la Ley de 25 de febrero de 1964, relativa al Código de Familia y Tutela, en la que se estipula que los padres deben ejercer su patria potestad sobre los hijos teniendo en cuenta el interés superior del niño y el interés de la sociedad. La patria potestad solo podrá limitarse o suspenderse en los casos especificados por la ley: podrá suspenderse cuando su ejercicio se vea impedido por obstáculos temporales; podrá privarse completamente de ella a los padres cuando estos abusen de su autoridad sobre los hijos o cuando descuiden manifiestamente sus obligaciones para con ellos. El Código Penal establece que, en caso de delito cometido contra un menor o en cooperación con él, el tribunal deberá notificarlo al tribunal de familia competente si considera que se requiere la privación o restricción de la patria potestad o de los derechos de tutela.

9.Libertad de circulación

124.En el artículo 52 de la Constitución se enuncia el principio de libertad de circulación en el territorio de la República de Polonia, de elección del lugar de residencia y estancia en Polonia, así como el principio de libertad para salir del país. Estas libertades solo están sujetas a las restricciones fijadas por la ley.

125.En virtud del artículo 55 de la Constitución, se prohíbe la extradición de ciudadanos polacos salvo en el caso que se explica a continuación. Puede realizarse la extradición de un ciudadano polaco a petición de un Estado extranjero o un órgano judicial internacional si esa posibilidad está prevista en un acuerdo internacional ratificado por la República de Polonia o en una ley de aplicación de un instrumento jurídico aprobado por una organización internacional de la cual sea miembro la República de Polonia, siempre que el acto a que se refiere la solicitud de extradición:

1)Haya sido cometido fuera del territorio de la República de Polonia y;

2)Constituya delito con arreglo a la legislación de la República de Polonia o hubiera constituido delito con arreglo a la legislación en la República de Polonia si se hubiese cometido dentro del territorio de la República de Polonia, tanto en el momento de su comisión como en el momento en que se formula la solicitud.

126.Sin embargo, no se exige el cumplimiento de las condiciones anteriores si la solicitud de extradición ha sido formulada por un órgano judicial internacional establecido en virtud de un tratado internacional ratificado por la República de Polonia en relación con un crimen de genocidio, de lesa humanidad, de guerra o de agresión, comprendido dentro de la competencia de dicho órgano.

10.Libertad de conciencia y de religión

127.Otro derecho fundamental garantizado por la Constitución (art. 53) es la libertad de conciencia y de religión, que abarca la libertad de profesar o aceptar una religión por convencimiento propio, así como de manifestar dicha religión, individual o colectivamente, en público o en privado, mediante el culto, la oración, la participación en ceremonias, la realización de ritos o la enseñanza. El culto de una iglesia u otra organización religiosa legalmente reconocida puede ser enseñado en las escuelas, siempre que no se vulnere la libertad de conciencia y de religión de otras personas. Al mismo tiempo, se afirma que nadie puede ser obligado a participar, o a no hacerlo, en cultos religiosos, o a dar a conocer su filosofía de vida, sus convicciones religiosas o su fe. Los principios enunciados en el artículo citado se plasman también en la Ley de 17 de mayo de 1989 sobre la protección de la libertad de conciencia y de religión, la Ley de 7 de septiembre de 1991 sobre el sistema educativo, así como en la ordenanza del Ministro de Educación sobre las condiciones y forma en que debe enseñarse la religión en las escuelas públicas.

C.Libertades y derechos políticos

1.Libertad de reunión

128.La libertad de reunión, que consiste en la libertad para organizar reuniones pacíficas y participar en ellas, está consagrada en el artículo 57 de la Constitución. En la Ley de 5 de julio de 1990 sobre reuniones se establecen normas detalladas sobre la organización de esas reuniones y se enuncian las restricciones excepcionales que pueden imponerse, de conformidad con la Constitución, en interés de la seguridad del Estado, el orden público y la protección de la salud y la moral públicas, y los derechos y libertades de los demás.

2.Libertad de asociación

129.La libertad de asociación es otro principio constitucional. Las normas pertinentes figuran en los artículos 58 y 59, pero deben considerarse en el marco establecido por los artículos 11 y 12. Esas disposiciones garantizan la libertad de creación y funcionamiento de partidos políticos, sindicatos, organizaciones socioprofesionales de agricultores, sociedades, movimientos ciudadanos y cualesquiera otras asociaciones y fundaciones voluntarias. Asimismo, la Constitución dispone que los partidos políticos se fundarán sobre los principios de la adhesión voluntaria y la igualdad de los ciudadanos polacos, y que su propósito será influir en la formulación de la política del Estado por medios democráticos. En el artículo 13 de la Constitución se prohíben los partidos políticos y otras organizaciones cuyos programas estén basados en prácticas y métodos totalitarios del nazismo, el fascismo y el comunismo, así como aquellos cuyos programas o actividades aprueben el odio racial o nacional o la aplicación de la violencia para llegar al poder o para influir en la política del Estado, o aquellos cuya estructura o composición tenga carácter secreto.

130.Aunque se garantiza a todos la libertad de asociación, están prohibidas las asociaciones cuyos propósitos o actividades sean contrarios a la Constitución o las leyes. Solo podrán imponerse restricciones con arreglo a la legislación y en interés de la seguridad del Estado y del orden público y para proteger la salud o la moral pública o los derechos y libertades de los demás. El tribunal puede negarse a registrar una asociación o puede prohibirla. La libertad de asociarse en sindicatos, organizaciones socioprofesionales de agricultores y organizaciones de empleadores se expone con más detalle en las leyes relativas a este tipo de organizaciones.

131.Al mismo tiempo, la Constitución garantiza el derecho de negociación colectiva y el derecho de los trabajadores a organizar huelgas u otras formas de protesta.

3.Derecho a participar en los asuntos públicos y a presentar peticiones, solicitudes y denuncias a las autoridades públicas

132.El derecho a participar en los asuntos públicos abarca otro grupo de libertades, entre ellas el derecho a votar en elecciones y referendos, el derecho a presentarse como candidato en elecciones, el derecho a acceder a la función pública (en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos polacos) y el derecho a obtener información sobre las actividades de las autoridades y las instituciones públicas. En el artículo 61 de la Constitución se garantiza a todo ciudadano el derecho a obtener información sobre la labor de las autoridades públicas y las personas que desempeñen funciones públicas, las actividades de los órganos económicos y profesionales autónomos, así como la labor de otras personas u órganos seleccionados por elección. En virtud del derecho a obtener información se garantiza el acceso a los documentos y las reuniones de los órganos colectivos de la autoridad pública constituidos mediante elecciones universales, incluida la posibilidad de hacer grabaciones en audio y vídeo. De conformidad con la Ley de la prensa, esos órganos están obligados a informar sobre sus actividades a los medios de comunicación.

133.Asimismo, los ciudadanos polacos tienen derecho a presentar peticiones, propuestas y denuncias, en interés público y propio, a las autoridades públicas, así como a las organizaciones e instituciones sociales. Los procedimientos para el examen de las peticiones, propuestas y denuncias se especifican en la Ley de 14 de junio de 1960, relativa al Código de Procedimiento Administrativo.

D.Libertades y derechos económicos, sociales y culturales

1.Derecho de propiedad

134.Otros derechos fundamentales consagrados en la Constitución son el derecho a la propiedad, otros derechos conexos y el derecho de herencia. La legislación consagra la igualdad de protección jurídica de la propiedad, los derechos relacionados con la propiedad y el derecho de herencia de todas las personas. El derecho a la propiedad solo podrá limitarse por ley.

2.Libertad de elegir y ejercer una ocupación

135.En el artículo 65 de la Constitución se consagran la libertad de ejercer la ocupación elegida, así como la libertad de elegir una profesión y lugar de trabajo, y se establece también que la obligación de trabajar solo podrá imponerse por ley. Esta obligación está contemplada en el Código Penal, que estipula que toda persona condenada a una pena privativa de libertad podrá ser obligada por el tribunal a realizar un trabajo concreto durante un período determinado, o en la Ley de 18 de abril de 2002 relativa a la situación de desastre natural. También en su artículo 65 la Constitución prohíbe el empleo permanente de niños menores de 16 años y dispone que el tipo y la naturaleza del empleo permitido deberán establecerse por ley. Las condiciones específicas para el empleo de menores se definen en la Ley de 26 de junio de 1974 relativa al Código de Trabajo y en las ordenanzas pertinentes del Ministerio de Trabajo. Con objeto de facilitar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos en el ámbito del empleo, la Constitución establece medios y procedimientos para reducir el desempleo. En la Ley sobre promoción del empleo e instituciones del mercado de trabajo se describen con detalle las medidas previstas para lograr este objetivo.

3.Derecho a condiciones de trabajo decentes

136.En el artículo 66 de la Constitución se reconocen los derechos a la seguridad y la higiene en el trabajo, a días de descanso fijados por ley, a vacaciones pagadas y a un número máximo permisible de horas de trabajo. El Código de Trabajo dispone que una de las responsabilidades principales de los empleadores y los empleados es la de cumplir las normas y los principios de la seguridad y la higiene en el trabajo. En el capítulo X del Código de Trabajo (relativo a la seguridad y la higiene en el trabajo) se enuncian normas detalladas relativas a la seguridad e higiene en el trabajo en virtud de las cuales el empleador es responsable de observar las normas prescritas, y se especifican los respectivos derechos y deberes de los empleados. En el Código Penal se prevé la responsabilidad penal por violaciones graves de las normas de seguridad e higiene en el trabajo. Las normas relativas a las horas de trabajo y a las vacaciones pagadas se fijan en los capítulos VI y VII del Código de Trabajo.

4.Acceso a la seguridad social

137.En el artículo 67 de la Constitución se garantiza el derecho del trabajador a la seguridad social en caso de incapacidad para trabajar o de desempleo involuntario. Las normas detalladas al respecto figuran en la Ley de 13 de octubre de 1998 sobre el sistema de seguridad social y la Ley sobre promoción del empleo e instituciones del mercado de trabajo, entre otros instrumentos.

138.En el Código Penal se sancionan como violaciones de la Ley sobre la seguridad social el incumplimiento de la obligación de presentar los datos exigidos, aun con el consentimiento de la parte interesada, o la presentación de datos falsos que afecten al derecho a las prestaciones de la seguridad social.

5.Derecho a la atención de la salud

139.El derecho a la atención de la salud (protección de la salud) se garantiza en el artículo 68 de la Constitución, en el que también se consagra el principio del acceso en pie de igualdad de los ciudadanos polacos a los servicios de atención de la salud financiados con cargo al erario público. De conformidad con el mismo artículo, las autoridades están obligadas a velar por que los niños, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad y las personas de edad reciban una atención de la salud especializada. En la Ley de 27 de agosto de 2004 sobre servicios de atención de la salud financiados con cargo al erario público se especifican detalladamente el ámbito y las condiciones de aplicación de los procedimientos médicos, así como las normas y procedimientos de la financiación pública (en virtud de esta Ley, las mujeres durante el embarazo, el parto y el período posterior al nacimiento, así como los niños menores de 18 años tienen derecho a acceso gratuito a los servicios de salud y a una protección jurídica especial). En el artículo 69 de la Constitución se establece la prestación de atención sanitaria para las personas con discapacidad y se impone a las autoridades públicas la obligación de ayudar a esas personas a encontrar medios de subsistencia y oportunidades de integración laboral y comunicación social. La normativa al respecto se expone con mayor detalle en la Ley de 27 de agosto de 1997 sobre la rehabilitación profesional y social y el empleo de las personas con discapacidad, la Ley de 12 de marzo de 2004 sobre la asistencia social y la Ley de 15 de noviembre de 1984 sobre el transporte, en la que se especifican las responsabilidades pertinentes de los proveedores de servicios de transporte.

6.Derecho a la educación

140.Otro derecho garantizado por la Constitución (art. 70) es el derecho a la educación. En virtud de este artículo, la educación se imparte de forma gratuita en las escuelas públicas, el acceso a la educación es universal e igual para todos, puede elegirse entre escuelas públicas y no públicas, y las instituciones educativas pueden recibir financiación con cargo al erario público. En la Ley de 7 de septiembre de 1991 sobre el sistema educativo y la Ley de 27 de julio de 2005 sobre la enseñanza superior, que garantiza la autonomía de las universidades, figuran disposiciones detalladas relativas a la cuestión de la educación.

7.Protección de la familia

141.Con arreglo a los artículos 71 y 72 de la Constitución, el Estado está obligado a proteger jurídicamente a la familia y al niño, y a asistir a la madre antes y después del parto. En la Ley sobre la planificación de la familia, la protección del feto humano y las condiciones en las que el aborto es permisible, así como en la Ley sobre la asistencia social y en los reglamentos de aplicación pertinentes, se definen las modalidades y formas de asistencia ofrecidas a las mujeres durante el embarazo. El castigo corporal está prohibido desde el 1 de agosto de 2010.

142.Con respecto a los derechos del niño, la legislación polaca reconoce el interés superior del niño como un factor decisivo a tener en cuenta en todas las decisiones (sentencias judiciales) relativas al niño.

VII.Promoción y enseñanza de los derechos humanosen Polonia

143.Los derechos humanos son objeto de enorme atención en Polonia, en lo que respecta tanto a su promoción como a su enseñanza. Varios institutos de enseñanza superior imparten regularmente cursos sobre derechos humanos. También se incluyen cuestiones relativas a los derechos humanos en el programa básico de enseñanza general en todos los niveles educativos. Además, los programas de formación y educación de la policía y la guardia fronteriza incluyen cuestiones relativas a los derechos humanos que son pertinentes para su labor. Periódicamente se publican numerosas obras sobre derechos humanos.

144.Las decisiones del Comité de Derechos Humanos y las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se difunden en publicaciones especializadas, así como en los diarios de circulación general.

145.El Ministerio de Justicia organiza sesiones de capacitación para jueces y fiscales, y el Tribunal Supremo celebra seminarios sobre derechos humanos. También ofrecen cursos intensivos el Consejo General de la Abogacía y la asociación de jueces "Iustitia". Las cuestiones relativas a los derechos humanos están igualmente incluidas en los programas de formación de los abogados y asesores jurídicos. Asimismo, ONG como la Fundación para los Derechos Humanos de Helsinki, el Centro de Derechos de la Mujer La Strada y Amnistía Internacional realizan actividades en el ámbito de los derechos humanos.