Documento básico común que forma parte integrante de los informes de losEstados partes

Letonia * **

[Fecha de recepción: 9 de noviembre de 2017]

Índice

Página

Introducción3

I.Información general sobre el Estado3

A.Indicadores demográficos, económicos, sociales y culturales3

B.Estructura constitucional, política y jurídica5

II.Marco general de protección y promoción de los derechos humanos15

A.Normas internacionales de derechos humanos15

B.Marco jurídico para la protección de los derechos humanos a nivel nacional17

C.Marco para la promoción de los derechos humanos a nivel nacional27

D.Proceso de presentación de informes a nivel nacional31

III.Medidas para la eliminación de la discriminación y la promoción de la igualdad de género:recursos internos32

Introducción

1.El presente documento es la versión revisada del documento básico común de la República de Letonia, que abarca el período comprendido entre 2002 y 2016 (en adelante, “documento básico común”). El primer documento básico común de la República de Letonia se presentó a las Naciones Unidas el 26 de febrero de 2002.

2.Este documento se ha redactado de conformidad con los requisitos de las “Directrices armonizadas sobre la preparación de informes con arreglo a los tratados internacionales de derechos humanos, incluidas orientaciones relativas a la preparación de un documento básico común y los documentos específicos para cada tratado”, teniendo en cuenta la resolución 68/268 de la Asamblea General, de 9 de abril de 2014, relativa al fortalecimiento y mejora del funcionamiento eficaz del sistema de órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos.

3.El documento básico común, conjuntamente con el informe periódico nacional sobre la aplicación de un tratado de derechos humanos de las Naciones Unidas, proporciona la información más reciente sobre las medidas adoptadas por Letonia para la promoción y protección de los derechos humanos.

4.En la primera parte del documento figura información sobre los indicadores demográficos, económicos, sociales y culturales del Estado. En la segunda parte se presenta información sobre el marco general para la promoción y protección de los derechos humanos en Letonia. En la tercera parte se describen las medidas adoptadas por Letonia para eliminar la discriminación y promover la igualdad de género, así como los recursos internos a disposición de una persona.

5.El documento básico común fue elaborado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en colaboración con el Ministerio de Economía, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Bienestar Social, el Ministerio de Educación y Ciencia, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Regional, el Ministerio de Salud y la Fiscalía General.

I.Información general sobre el Estado

A.Indicadores demográficos, económicos, sociales y culturales

6.La República de Letonia está situada en el noreste de Europa, en la costa oriental del mar Báltico, y tiene una superficie de 64.573 km2. El Estado limita con la República de Estonia al norte, con la República de Lituania al sur y con la República de Belarús y la Federación de Rusia al este. Las vegas y las colinas ondulantes son los rasgos más característicos del paisaje, y la mayor parte del territorio se eleva a menos de 100 m por encima del nivel del mar. El país se divide, histórica y culturalmente, en 4 regiones: Kurzeme, Latgale, Vidzeme y Zemgale. Letonia está integrada por 9 ciudades, 110 regiones, 67 municipios parroquiales y 497 comunidades locales.

7.La capital de la República de Letonia es Riga. El idioma oficial del Estado es el letón, que es uno de los más antiguos idiomas indoeuropeos. De conformidad con los datos estadísticos de 2000, el 79% de la población de Letonia sabía letón, mientras que los estudios llevados a cabo por el Organismo de Idiomas de Letonia en 2009 y 2014 sobre la situación de la competencia lingüística muestra que entre el 91% y el 92% de las personas encuestadas conocen el letón. Desde el 1 de enero de 2014 la moneda nacional es el euro.

Situación demográfica

8.A principios de 2017, el número de residentes en Letonia era de 1.950.116 habitantes; del total de la población residente, 895.863 eran hombres y 1.054.433, mujeres. De estas personas, 303.587 tenían menos de 15 años de edad, 1.258.620 tenían entre 15 y 64 años, y 387.909 personas eran mayores de 64 años.

9.En comparación con los datos de 2002, el porcentaje de la población menor de 15 años ha disminuido, de 16,7% a 15,6%, la proporción de personas de 15 a 64 años de edad ha descendido, de 67,9% a 64,5%, mientras que el porcentaje de personas de 64 años o más ha aumentado, de 15,4% a 19,9%. En general, desde 2000 el número de habitantes sigue disminuyendo, y concretamente, la variación en el número total de habitantes en 2016 es de -1,0%. El crecimiento natural de la población en 2016 fue del -0,3%, lo que indica una mejora de la situación en comparación con los datos de 2002. Si se compara con los años de crisis económica, se observa que un menor número de personas se fueron del Estado en 2016, pero con todo el balance migratorio sigue siendo negativo, y en 2016 representó el -0,9% (en 2009 el indicador era de -1,6%, pero en 2010 fue de -1,7%) (véase el apéndice 2).

10.Para abordar la situación, el 30 de julio de 2013 el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Medidas de Apoyo al Regreso de Emigrantes, 2013-2016. Esencialmente las medidas incluidas en el Plan apuntaban a prestar apoyo y reducir los obstáculos y las dificultades que se plantean a los ciudadanos letones que viven en el extranjero y a sus familiares cuando regresan y se reasientan en Letonia, así como fortalecer el vínculo de los letones residentes en el extranjero con su país y promover su participación en el crecimiento económico de Letonia. Por ejemplo, se han adoptado medidas para atraer mano de obra altamente cualificada, impartir capacitación en letón, prestar apoyo a los estudiantes que ingresan en el sistema educativo de Letonia, etc. Participan en la ejecución del plan diversos organismos públicos y gobiernos locales, así como organizaciones de la diáspora.

11.La tasa de mortalidad perinatal disminuye de año en año, y representaba en 2010 el 8,3 de los nacimientos. La tasa de natalidad también mejora; en 2002 esa tasa era de 8,7, mientras que en 2015 fue de 11,1 (véase el apéndice 2).

Composición étnica

12.Letonia tiene una sociedad multiétnica integrada por representantes de más de 150 etnias. Los principales grupos étnicos son los rusos, los belarusos, los ucranios, los polacos, los lituanos, los judíos, los romaníes, los alemanes y los estonios. Las minorías y su cultura son un componente integrante e importante de la sociedad y el espacio cultural del país. Residen en Letonia desde varias generaciones y se consideran pertenecientes al Estado y la sociedad letona, al mismo tiempo que preservan su identidad cultural. La Constitución de la República de Letonia ( Satversme ) y la legislación nacional garantizan los derechos de las personas pertenecientes a minorías a conservar y desarrollar su lengua y su identidad étnica y cultural (véase el apéndice 2, párrafos 190 y ss.).

13.Desde el restablecimiento de la independencia de Letonia, una de las principales cuestiones de política interna ha sido la relativa a la integración de la sociedad. Letonia sigue aplicando una política estable y sólida en materia de integración y cuestiones de las minorías, como se pone de manifiesto en varios ejemplos de integración satisfactoria en la sociedad. Concretamente, desde 1995, Letonia sigue ofreciendo a varios grupos de residentes la posibilidad de aprender el letón gratuitamente. El país continúa desarrollando y financiando la educación en los idiomas de las minorías. Letonia ha aprobado los instrumentos jurídicos necesarios en cuanto a la naturalización y la adquisición de la ciudadanía, y vela por su aplicación justa y objetiva.

14.El 20 de octubre de 2011 se aprobaron las Directrices sobre Identidad Nacional, Sociedad Civil y Política de Integración, con el objetivo de crear en Letonia una sociedad sólida y unida, es decir, una comunidad nacional y democrática que garantice la preservación y el enriquecimiento de las bases de la unidad, a saber, el idioma , la cultura y la identidad nacional letones, los valores democráticos europeos, y un espacio cultural único, para el desarrollo equilibrado del Estado democrático nacional de Letonia (véanse los párrafos 191 y ss.).

Indicadores económicos

15.De 2005 a 2007 la enorme afluencia de capital externo promovió el aumento significativo del consumo privado y la inversión en Letonia. Las tasas de crecimiento del producto interno bruto (PIB) medio anual superaron el 10%. En 2008 y 2009 el cese de la entrada de capital externo a causa de la crisis financiera mundial provocó la recesión. Durante la crisis, el PIB se redujo en una cuarta parte, la deuda externa prácticamente se duplicó, el número de empleados disminuyó en un 16%, y los salarios de los empleados en servicio se redujeron en un 12%. A partir de finales de 2010 se asistió al final de la recesión económica en Letonia, y el crecimiento se ha reanudado.

16.Entre 2011 y 2013 el PIB aumentó en un 4,4% medio anual, cifra que sitúa el crecimiento de Letonia como uno de los más acelerados en la Unión Europea. En 2014, el PIB aumentó en un 2,1%, y en 2015, en un 2,7%. En los dos últimos años se observó una desaceleración de las tasas de crecimiento, impulsada por las tendencias externas, como el crecimiento más lento de lo previsto de la Unión Europea. Aunque en los últimos años la economía de Letonia está creciendo, el PIB continúa un 7,5% por debajo de la cifra anterior a la crisis de 2007. En 2016 el PIB per c a pita a precios corrientes es de 12.762 euros (véase el apéndice 3).

Indicadores sociales

17.En Letonia se recopila información sobre el número de individuos a los que se que ha reconocido la condición de personas pobres o pertenecientes a una familia pobre, y según esos datos, entre 2005 y 2010, en el total de individuos que viven en hogares particulares, la proporción de personas pobres aumentó del 5,7% al 10,9%. De 2010 a 2015, sin embargo, esa proporción descendió al 4,2%. Las personas sin recursos tienen derecho a prestaciones de asistencia social pagadas por los gobiernos locales (prestaciones en el ingreso bruto mensual, subsidios de vivienda y otras subvenciones para necesidades básicas) y paquetes de alimentos proporcionados por el Fondo Europeo en favor de las personas más pobres (véase el apéndice 3).

B.Estructura constitucional, política y jurídica

Orígenes del país

18.Letonia es una república democrática parlamentaria, fundada el 18 de noviembre de 1918.

19.Letonia perdió su independencia en virtud del protocolo secreto de no agresión firmado entre Alemania y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas el 23 de agosto de 1939 (el denominado Pacto Molotov-Ribbentrop). A pesar de la ocupación por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (1940-1941, 1945-1991) y por la Alemania nazi (1941-1945), Letonia siguió existiendo de iure como sujeto de derecho internacional, lo que fue reconocido por más de 50 países de todo el mundo.

20.Letonia recuperó su independencia con la aprobación de la Declaración sobre la Restauración de la Independencia de la República de Letonia (también conocida como Declaración de Independencia) proclamada por el Consejo Supremo de la República de Letonia el 4 de mayo de 1990, que esencialmente restablecía la República de Letonia fundada el 18 de noviembre de 1918, sobre la base de la continuidad jurídica. En virtud de la Declaración de Independencia se reconoció que la Declaración sobre la Adhesión de Letonia a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, aprobada el 21 de julio de 1940, careció de validez desde su aprobación, y se restableció parcialmente la Constitución de la República de Letonia, aprobada el 15 de febrero de 1922, en todo el territorio del país.

Constitución de la República de Letonia

21.La Constitución de la República de Letonia se aprobó el 15 de febrero de 1922. La vigencia de ese instrumento estuvo suspendida ilegalmente desde 1940 hasta 1990. El 21 de agosto de 1991, el Consejo Supremo del país aprobó la Ley Constitucional de la Condición Jurídica de la República de Letonia como Estado, en que se restableció plenamente la vigencia de la Constitución de la República de Letonia de 1922 y se dio por finalizado el período de transición para la restauración del poder independiente de facto de Letonia.

22.Considerando que la Constitución de 1922 no contenía un capítulo específico sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales, de 10 de diciembre de 1991 el Consejo Supremo aprobó la Ley Constitucional de Derechos y Obligaciones de la Persona y el Ciudadano, en que se definen los derechos fundamentales de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.

23.En 1998, como complemento a la Constitución se añadió el Capítulo VIII, “Derechos humanos fundamentales”, que se basa en las normas de derechos humanos internacionalmente reconocidas. Con su entrada en vigor, quedó sin efecto la ley constitucional de 10 de diciembre de 1991. Los principios establecidos en la Constitución se consagran mediante otros instrumentos jurídicos nacionales (leyes, reglamentos del Consejo de Ministros, etc.). Todas las instituciones de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial están obligadas a respetar los derechos humanos en el ejercicio de sus atribuciones. Se han establecido instituciones para la promoción y protección de los derechos humanos en todos los niveles.

24.El 19 de junio de 2014, tras debates públicos amplios y prolongados, así como deliberaciones entre expertos y legisladores, el Parlamento ( Saeima ) aprobó el preámbulo de la Constitución. Este preámbulo no modifica las normas y los principios de la Constitución, sino que los refuerza al reflejar los objetivos y los principios fundamentales del Estado de Letonia y la esencia de la identidad constitucional del país. En el preámbulo se reafirman los principios de democracia, pluralismo y derechos humanos consagrados en la Constitución, que determinan y garantizan de manera clara e irrevocable el derecho de las personas pertenecientes a minorías nacionales a conservar y desarrollar su idioma y su identidad étnica y cultural.

Sistema electoral

25.En virtud de la Constitución, el poder soberano reside en el pueblo de Letonia. Una de las formas del ejercicio de ese poder es la celebración de elecciones libres y democráticas. Desde el restablecimiento de la independencia en 1990, se han celebrado en Letonia siete elecciones parlamentarias ordinarias y una extraordinaria. Durante el mismo período, también tuvieron lugar seis elecciones locales (véase el apéndice 4).

26.En el artículo 101 de la Constitución se estipula que todos los ciudadanos de Letonia tienen derecho a participar en la labor del Estado y el gobierno local. Los ciudadanos letones que tengan 18 años cumplidos el día de las elecciones tienen derecho a elegir a los miembros del Parlamento de la República de Letonia. El máximo órgano rector de los gobiernos locales, es decir, los consejos, son elegidos por los ciudadanos letones y los ciudadanos de la Unión Europea que residan permanentemente en Letonia. De conformidad con la ley, todos los ciudadanos de la Unión Europea que residan en Letonia con carácter permanente tienen derecho a participar en las actividades de los gobiernos locales.

27.El 29 de enero de 2004 se aprobó la Ley de Elecciones para el Parlamento Europeo. La Ley establece el procedimiento para elegir en la República de Letonia a los miembros de del Parlamento Europeo. Todo elector que tenga 21 años cumplidos el día de las elecciones puede presentarse como candidato a las elecciones para ese Parlamento. Las elecciones para el Parlamento Europeo se celebraron por vez primera en Letonia el 12 de junio de 2004. El electorado de Letonia tuvo la posibilidad de participar nuevamente en las elecciones para el Parlamento Europeo en 2009 y 2014.

28.En virtud de la sentencia del Tribunal Constitucional de 6 de marzo de 2002, se consideró anticonstitucional la disposición de la Ley de Elecciones para el Parlamento que deniega el derecho a votar a los sospechosos, acusados o encausados en primera instancia a quienes se haya impuesto la detención como medida cautelar. Esa disposición fue declarada nula y sin efecto a partir del pronunciamiento de la sentencia del Tribunal Constitucional. La votación de las personas a quienes se imponga la detención como medida cautelar se organiza en el lugar en que se encuentren. Las personas detenidas y las personas que cumplen penas de privación de libertad pueden participar en las elecciones y votar por correo.

29.Con arreglo a la legislación nacional sobre el proceso electoral, cuando un elector, por motivos de salud, no pueda acudir al lugar de votación, la mesa electoral organiza la emisión del sufragio en el lugar en que se encuentre ese elector, así como la persona que le atiende. Se debe garantizar el secreto del voto.

30.El 17 de junio de 2004, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la sentencia dictada en la causa Tatjana Ždanoka c. Letonia, observó que la restricción impuesta por Letonia a una persona que solicitaba presentarse como candidato en las elecciones al Parlamento nacional no constituía una violación del artículo 3 (derecho a elecciones libres) del Protocolo del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Esta prohibición se fundaba en la determinación de un hecho jurídico relacionado con las actividades del solicitante en el Partido Comunista de la República Socialista Soviética de Letonia después del 13 de enero de 1991. El Tribunal Europeo reconoció que la finalidad de la restricción del derecho a presentarse a elecciones no era castigar a quienes se oponían a la integridad de los procesos democráticos, sino más bien excluir la participación en el proceso legislativo de personas que habían participado activamente en un partido que había intentado de forma violenta derrocar el régimen democrático en el país.

31.A diferencia de las elecciones para el Parlamento nacional y las elecciones locales, ya no están sujetos a restricciones para las elecciones para el Parlamento Europeo el personal de los servicios de seguridad, el servicio de inteligencia o de contrainteligencia de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la República Socialista Soviética de Letonia o un Estado extranjero, así como a las personas que participaron en el Partido Comunista de la Unión Soviética (Partido Comunista de Letonia), la Unión Internacional de Trabajadores de la República Socialista Soviética de Letonia, el Consejo Mixto de Trabajadores, la Organización de Veteranos de Guerra y del Trabajo, el Comité de Socorro de la Sociedad a nivel de toda Letonia o sus comités regionales después del 13 de enero de 1991.

Marco político

32.La República de Letonia se rige por el principio de la separación de poderes. En el plano nacional, el pueblo está representado por el Parlamento, que ejerce el poder legislativo, mientras que el Consejo de Ministros ejerce el poder ejecutivo. El Presidente del Estado representa al país en el plano internacional, y es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. El ejercicio del poder judicial recae en tribunales de tres niveles (tribunales de distrito (municipales), tribunales regionales y Tribunal Supremo), así como en el Tribunal Constitucional, como mecanismo de control de la constitucionalidad. En Letonia se ha creado una institución nacional de protección de los derechos humanos, a saber, el Ombudsman, que funciona con arreglo a los Principios de París.

Poder legislativo

33.El Parlamento, como el pueblo de Letonia, tienen derecho a legislar, de conformidad con los procedimientos establecidos en la Constitución. El Parlamento está integrado por 100 diputados elegidos en elecciones generales directas, secretas, proporcionales y celebradas en condiciones de igualdad. Los legisladores son elegidos para un período de cuatro años. El Parlamento es elegido por los ciudadanos letones de pleno derecho que tengan al menos 18 años cumplidos en el día de las elecciones, y podrán ser elegidos para el Parlamento todos los ciudadanos letones de pleno derecho que tengan más de 21 años en el primer día de las elecciones. Las elecciones para el Parlamento se celebran el primer sábado de octubre. Las elecciones parlamentarias que tuvieron lugar en 2002, 2006, 2010 y 2014 fueron ordinarias, mientras que las de 2011 fueron extraordinarias (es decir, en el 80% de los casos las elecciones fueron ordinarias). Todas las elecciones se celebraron de conformidad con el procedimiento establecido por la ley.

34.Con arreglo a la Constitución, el Parlamento desempeña varias funciones, y la más importante es la aprobación de leyes. Pueden presentar proyectos de ley al Parlamento: el Presidente, el Consejo de Ministros o las comisiones parlamentarias, al menos cinco miembros del Parlamento, o al menos una décima parte del electorado. Las comisiones parlamentarias examinan los proyectos de ley antes de la aprobación definitiva por el Parlamento. En total hay 16 comisiones en el Parlamento, que trabajan en un ámbito legislativo específico o realizan otras tareas.

35.Además, el Parlamento controla la actuación del Gobierno. Una vez al año, el Primer Ministro informa al Parlamento sobre la labor realizada por el Consejo de Ministros y la labor prevista. El Parlamento también celebra anualmente debates sobre política exterior, en que el Ministro de Relaciones Exteriores informa sobre los logros y las medidas previstas en el ámbito de la política exterior y cuestiones relacionadas con la Unión Europea. El Parlamento recibe las respuestas a las preguntas formuladas por los miembros del Parlamento al Primer Ministro, a los miembros del Consejo de Ministros o al Presidente del Banco de Letonia.

36.Además, incumbe al Parlamento la elección, aprobación y nombramiento, dimisión o cese en el cargo de muchos funcionarios públicos, como el Presidente, los miembros del Gobierno, el Presidente del Tribunal Supremo, el Fiscal General, los jueces, el Auditor General, el Presidente del Banco de Letonia, el Jefe de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, y otros funcionarios. El Parlamento aprueba también la designación del Ombudsman.

37.El Parlamento aprueba todos los tratados internacionales que rigen las cuestiones que deben resolverse por medio de la legislación, y coopera con los parlamentos de otros países. También incumbe al Parlamento la concesión de una amnistía.

Presidente del Estado

38.De conformidad con la Constitución, el Presidente del Estado es elegido por el Parlamento en votación secreta. Se lo elige por un período de cuatro años, y la misma persona no puede ocupar el cargo de Presidente del Estado por más de dos mandatos.

39.El Presidente representa al Estado en el plano internacional, nombra a los representantes diplomáticos de Letonia y recibe a los representantes diplomáticos de otros Estados. Ejecuta las decisiones del Parlamento sobre la ratificación de los acuerdos internacionales. El Presidente es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Letonia.

40.De conformidad con las disposiciones de la Constitución, el Presidente tiene derecho a presentar proyectos de ley. Proclama todas las leyes aprobadas por el Parlamento de Letonia, pero puede pedir un nuevo examen de una ley. Entre 1997 y noviembre de 2015, el Presidente devolvió 58 leyes al Parlamento para un nuevo examen. Además, con arreglo a las disposiciones de la Constitución, está facultado para suspender la publicación de la ley durante dos meses. De conformidad con la Ley del Tribunal Constitucional, el Presidente tiene derecho a interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional sobre la conformidad de una ley con la Constitución. Desde la aprobación de la citada Ley, el Presidente ha recurrido a ese Tribunal una vez, en 2009.

41.El Presidente ha establecido una serie de órganos consultivos cuya función es evaluar la situación y formular propuestas, en particular en las esferas relacionadas con los derechos humanos. Por ejemplo, el Consejo Consultivo sobre las Minorías Nacionales tiene por finalidad favorecer un diálogo sobre cuestiones étnicas, culturales, lingüísticas y religiosas de las minorías, y apoyar la promoción de su participación en los ámbitos político y social. El Consejo da su opinión sobre las cuestiones de actualidad de las minorías, y evalúa y emite opiniones sobre los principios fundamentales de la autonomía cultural de las minorías. En 2015 se estableció la Comisión para la Mejora del Entorno Jurídico, cuya función es ofrecer opinión especializada sobre las cuestiones de defensa nacional, mejor funcionamiento del sistema judicial, eficiencia de la legislación y otros temas de importancia nacional.

Poder ejecutivo

42.De conformidad con la Constitución, las autoridades de la administración del Estado de Letonia están subordinadas al Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros está compuesto por el Primer Ministro, persona designada por el Presidente, y los ministros. El Parlamento expresa su confianza al Primer Ministro y los ministros, que deben responder de sus actividades ante el Parlamento. El Consejo de Ministros examina todos los proyectos de instrumentos jurídicos elaborados por los ministerios y todas las cuestiones relacionadas con las actividades de los ministerios. En la actualidad hay 13 ministerios en Letonia.

43.El ministerio de cada sector se encarga de la promoción y protección de los derechos humanos, así como del cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito de su competencia. Las diversas autoridades encargadas del cumplimiento de la ley y la supervisión del cumplimiento de las leyes están subordinadas a los ministerios.

Poder judicial

44.El sistema judicial en Letonia se compone de tres niveles, a saber, los tribunales de distrito (municipales), los tribunales regionales y el Tribunal Supremo. La resolución de las causas civiles, penales y administrativas está a cargo de 35 tribunales, divididos en 3 niveles: 28 tribunales de distrito (municipales), 6 tribunales regionales y el Tribunal Supremo. A partir de 2004, los tribunales en lo contencioso administrativo de distrito y los tribunales en lo contencioso administrativo a nivel regional, así como el Departamento de Causas Administrativas del Tribunal Supremo, se encargan de resolver las causas administrativas (véase el apéndice 5).

45.Con el fin de introducir en Letonia un sistema judicial de instancias “puro”, el 1 de enero de 2014 se completó la reforma judicial del Código de Procedimiento Penal, y en 2015 se inició la reforma judicial del Código de Procedimiento Civil y otras leyes conexas. De conformidad con el nuevo sistema, los tribunales de distrito (municipales) juzgarán todas las causas como tribunal de primera instancia; los tribunales regionales resolverán las causas solo en fase de apelación, y el Tribunal Supremo juzgará únicamente los casos en procedimiento de casación. Antes de la reforma, algunas causas estaban sujetas a la jurisdicción del tribunal regional como tribunal de primera instancia, y el Tribunal Supremo funcionaba a la vez como instancia de apelación (Salas del Tribunal) y como instancia de casación (Departamentos).

46.El Parlamento aprueba el nombramiento de los jueces. Los jueces son independientes y están sujetos exclusivamente a la ley. Para ser propuesta en el cargo de juez, una persona debe reunir los criterios establecidos en la Ley del Poder Judicial, superar la selección de un candidato para el cargo de juez, seguir una formación en servicio, y aprobar el examen de aptitud profesional para juez. El cargo de juez es incompatible con la pertenencia a partidos políticos y otras organizaciones políticas. La Ley de Prevención del Conflicto de Intereses en las Actividades de los Funcionarios Públicos reglamenta las posibilidades de ocupar más de un cargo y establece restricciones a la actividad comercial de los jueces.

47.En el procedimiento penal de Letonia se ha introducido el cargo de juez de investigación. El juez de investigación es un juez al que el presidente del tribunal de distrito (municipal) ha asignado, durante un período determinado y de conformidad con el procedimiento previsto en la ley, la tarea de vigilar el cumplimiento de las normas de derechos humanos en las actuaciones penales. El juez de investigación podrá iniciar medidas contra los funcionarios autorizados a participar en actuaciones penales, cuando estime que son responsables de violaciones de los derechos humanos derivadas del ejercicio de sus atribuciones procesales en ese tipo de actuaciones (véase el párrafo 105).

48.En 1996 se aprobó la Ley del Tribunal Constitucional, y ese año el Tribunal Constitucional inició su labor, que consiste en pronunciarse sobre las causas relativas al cumplimiento de la normativa de Letonia, así como la conformidad de los acuerdos internacionales concertados con Letonia con la Constitución. Las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional y las interpretaciones de las disposiciones jurídicas pertinentes hechas en dichas sentencias tienen carácter obligatorio para todas las instituciones (incluidos tribunales) y funcionarios de los gobiernos estatales y locales, así como para las personas físicas y jurídicas. Desde 2001, toda persona tiene derecho a interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Entre 2002 y el 31 de diciembre de 2016, ese Tribunal examinó 292 casos. Se pronunciaron 214 sentencias en las categorías de causas mencionadas (en particular, con arreglo a los procedimientos de acumulación de causas), mientras que en 77 causas las actuaciones judiciales se suspendieron (véanse los párrafos 115 y ss.).

49.Entre las personas pertenecientes al poder judicial figuran los fiscales, los abogados, los notarios, y los receptores jurados.

Fiscalía

50.La fiscalía es una autoridad judicial independiente que ejercen la supervisión del cumplimiento de la ley en el marco de su competencia. Las fiscalías, en el ejercicio de sus funciones reglamentarias, supervisan la fase de instrucción, inician y llevan a cabo las actuaciones penales, y presentan los cargos ante el tribunal, incluso cuando se trata de infracciones penales contra los derechos humanos fundamentales. El fiscal también se encarga de la supervisión, con el fin de detectar y prevenir delitos en los centros en que se encuentran personas detenidas y privadas de libertad, así como personas que cumplen una condena de reclusión, y en los casos previstos por la ley, y participa en el examen de las cuestiones relacionadas con la ejecución de la condena penal (véase el apéndice 5).

51.El fiscal interviene en la resolución de las causas civiles en los tribunales, si ha presentado una demanda civil, o su participación es obligatoria. El fiscal podrá iniciar una acción civil o presentar una comunicación al tribunal si: 1) es necesario para la protección de los derechos y los intereses del Estado o de la administración local; 2) se han vulnerado los derechos o intereses legítimos de menores de edad, personas privadas de libertad, personas con discapacidad, presos y otras personas que tengan pocas posibilidades de proteger sus derechos, y 3) la violación ha quedado demostrada durante el examen de los cargos. La participación de la fiscalía en la resolución de causas civiles es obligatoria si: 1) un tribunal la ha reconocido como necesaria; 2) está prevista por el Código de Procedimiento Civil u otras leyes, por ejemplo, en las causas sobre aprobación y cancelación de la adopción, y en las causas relativas a la determinación de restricciones de la capacidad jurídica y el establecimiento de tutela debido a trastornos de la salud mental u otras cuestiones relacionadas con la salud.

52.Desde la aprobación de la Ley del Tribunal Constitucional, la fiscalía ha presentado tres comunicaciones ante el Tribunal Constitucional. En 1999, el Fiscal General presentó una comunicación a ese Tribunal para solicitar que examinara si el reglamento sobre el “Procedimiento para el alquiler de apartamentos libres en viviendas sujetas a la administración de la Dirección de Bienes Inmobiliarios” cumplía con los requisitos de los instrumentos jurídicos en el ámbito de las relaciones jurídicas vinculadas con el alquiler. En su sentencia de 9 de julio de 1999, el Tribunal Constitucional reconoció que el reglamento mencionado no era conforme con la normativa jurídica de Letonia, y carecía de validez. En 2003, el Fiscal General presentó una comunicación al Tribunal Constitucional para solicitar que examinara si las disposiciones del Código del Trabajo relativas a tareas no previstas en el contrato de empleo y las horas extraordinarias eran conformes con la Constitución, y el Tribunal, en su sentencia de 27 de noviembre de 2003, reconoció que las normas controvertidas no eran compatibles con la Constitución. En 2007, el Fiscal General presentó una comunicación al Tribunal Constitucional para solicitarle que examinara si las condiciones relativas a la asignación de la cuota de producción de biocombustibles eran conformes a la ley. En su sentencia de 23 de septiembre de 2008, el Tribunal Constitucional reconoció que las condiciones mencionadas no se ajustaban a los instrumentos jurídicos de Letonia, y carecían de validez.

Policía Estatal y Oficina de Seguridad Interna

53.La Policía Estatal es una institución de administración directa sujeta a la supervisión del Ministerio del Interior que, de conformidad con su competencia, aplica la política estatal en el ámbito de la prevención del delito, la protección de la seguridad y el orden público, así como la protección de los derechos e intereses legítimos de las personas. La labor de la Policía Estatal se rige por la Ley de Policía y otras disposiciones normativas. Cada policía tiene el deber de ajustarse a los requisitos del Código de Ética de la Policía Estatal.

54.El 17 de diciembre de 2014, el Parlamento aprobó la Ley de la Oficina de Seguridad Internacon el fin de garantizar una investigación efectiva, imparcial e independiente de los delitos cometidos por funcionarios de las autoridades investigadoras. Esta Ley prevé la creación de una nueva institución, sujeta a la supervisión del Ministerio del Interior, que asumirá las funciones de la Oficina de Seguridad Interna de la Policía Estatal. La recientemente establecida Oficina comenzó sus actividades el 1 de noviembre de 2015, y entre sus funciones figuran la detección, la investigación y la prevención de los delitos cometidos por funcionarios y empleados de instituciones dependientes del Ministerio del Interior, con excepción de los funcionarios y empleados de la policía de seguridad; los funcionarios de la administración penitenciaria con rango de servicio especial en el ejercicio de sus funciones oficiales en las prisiones, si el delito se cometió con violencia; los empleados de la policía portuaria en el ejercicio de sus funciones oficiales, si el delito se cometió con violencia; y los agentes de la policía municipal en el ejercicio de sus funciones oficiales, si el delito se cometió con violencia.

55.La Policía Estatal coopera con diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas a la protección de los derechos del niño y la mujer, que promueven las cuestiones relativas a la igualdad, la lucha contra la corrupción, etc. En cooperación con las ONG, en la página web de la Policía Estatal se creó una sección de información sobre el mecanismo de presentación de quejas, en letón y en inglés.

Institución Nacional de Derechos Humanos (Ombudsman)

56.En 1995, de conformidad con los Principios de París de las Naciones Unidas, se estableció la Oficina Nacional de Derechos Humanos, institución estatal dedicada a la promoción de los derechos y libertades fundamentales y a la educación en materia de derechos humanos. En 2007, sobre la base de esa Oficina se estableció la Oficina del Ombudsman, para reforzar la independencia de la institución y ampliar su competencia.

57.La Oficina del Ombudsman es la Institución Nacional de Derechos Humanos de Letonia que funciona de conformidad con los Principios de París de las Naciones Unidas. En 2015, dicha Oficina obtuvo la categoría de acreditación “A” otorgada por el Subcomité de Acreditación del Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos. El Ombudsman es elegido por el Parlamento por un período de cinco años.

58.La labor del Ombudsman se rige por la Ley del Ombudsman, que entró en vigor en 2007. La mencionada Ley dispone que el Ombudsman es independiente en sus actividades y está sujeto únicamente a la Ley. Sus principales tareas son promover la protección de los derechos humanos y favorecer la administración legal, eficaz y racional del poder del Estado.

59.La Oficina del Ombudsman examina las solicitudes individuales y aborda los problemas sistémicos en la esfera de los derechos humanos, mediante la prestación de asesoramiento, la realización de investigaciones y el análisis de la situación en materia de derechos humanos. El Ombudsman está facultado para iniciar un examen sobre la base de una solicitud o denuncia o por iniciativa propia. Tiene derecho a indicar al Parlamento y al Consejo de Ministros las deficiencias de la ley, invitar a subsanarlas, interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional, y en los casos de violación de la prohibición de discriminación, recurrir a los tribunales de jurisdicción general para amparar los intereses de la sociedad. El informe anual sobre la labor de la Oficina del Ombudsman se presenta a los miembros del Parlamento (véase el apéndice 5).

Gobiernos locales

60.En el país ejercen su autoridad 119 gobiernos locales, a saber, en 110 regiones y 9 ciudades de la República. Los gobiernos locales trabajan independientemente dentro de su ámbito de competencia y del marco de la ley. De conformidad con la Ley de los Gobiernos Locales, sus actividades están sujetas a la supervisión del Ministerio de Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Regional. El Consejo de Ministros se encarga de coordinar con los municipios en las cuestiones que afectan a los intereses de los gobiernos locales. En 2005, 2009 y 2013 se celebraron elecciones locales ordinarias y de conformidad con la ley.

61.El gobierno local garantiza el cumplimiento de las funciones previstas en la ley por conducto de la oficina representativa elegida por los ciudadanos (consejo municipal) y las instituciones y autoridades creadas por ella. El consejo está integrado por diputados elegidos, cuyo número se determina en función del número de habitantes inscritos en el territorio administrativo del gobierno local correspondiente, y la labor del consejo se realiza en las reuniones y los comités ordinarios. De conformidad con las disposiciones de la Ley de Gobiernos Locales, el Parlamento puede disolver el consejo.

62.Es de competencia del gobierno local brindar atención social y prestaciones de asistencia social a los habitantes, y participar en el suministro de atención de salud y educación, el desarrollo de la cultura, así como las cuestiones relativas a la integración de la sociedad. Los gobiernos locales otorgan prestaciones de asistencia social a las familias de bajos ingresos y las personas socialmente desfavorecidas, y obtienen o prestan servicios de atención y rehabilitación social a largo y a corto plazo. La prestación de servicios de asistencia social está a cargo de los servicios sociales locales.

63.En la esfera de la protección de los derechos de los niños, los gobiernos locales ofrecen a los huérfanos y los niños privados del cuidado de los padres plazas en instituciones educativas y de crianza, y atienden a las cuestiones de tutela, custodia, adopción y protección de otros derechos e intereses de los niños. Los gobiernos locales han creado tribunales para huérfanos y personas sujetas a custodia, para asegurar la protección de los derechos y los intereses jurídicos del niño y otras personas con capacidad jurídica restringida (véanse los párrafos 131 y ss.).

64.Varios gobiernos locales han establecido consejos consultivos de habitantes, que formulan propuestas para resolver los problemas en los ámbitos de competencia de las autoridades locales.

Organizaciones no gubernamentales

65.El sector de las ONG es un importante asociado en la cooperación para la administración pública. La normativa de Letonia prevé la contribución del público en la administración del Estado, a través de su participación en diversos grupos de trabajo, consejos, órganos consultivos, así como la formulación de opiniones y recomendaciones a raíz de la iniciativa de los funcionarios de una institución.

66.En Letonia hay dos tipos de ONG, a saber, las asociaciones y las fundaciones. Una asociación es una unión de voluntarios que trabajan para lograr el objetivo estatutario, mientras que la fundación (por ejemplo, un fondo) consiste en un conjunto de bienes que se reservan para la consecución del objetivo fijado por el fundador. El procedimiento para el establecimiento y registro de asociaciones y fundaciones, así como los principios básicos de funcionamiento, se rigen por la Ley de Asociaciones y Fundaciones.

67.De conformidad con los requisitos de la normativa reglamentaria, las personas físicas y jurídicas pueden establecer una asociación por un período limitado o ilimitado; el número de fundadores de una asociación no puede ser inferior a dos personas, y para establecer una asociación no se requieren inversiones iniciales. La fundación puede ser establecida por una o más personas; en la fundación no hay miembros. La ley mencionada también define los requisitos para los órganos de gestión de una asociación y una fundación. Las ONG están inscritas en el Registro de Asociaciones y Fundaciones que lleva el Registro de Empresas de la República de Letonia.

68.La denegación de inscripción de una fundación podrá impugnarse ante el Notario Estatal en Jefe del Registro de Empresas, mientras que la decisión del notario estatal sobre la denegación de la inscripción de una fundación podrá recurrirse ante el tribunal de distrito en lo contencioso administrativo. El 21 de enero de 2016 había en Letonia 20.662 ONG registradas y en actividad (no disueltas). Desde 2013 hasta 2016 el número de ONG ha acusado un aumento de 2.498 organizaciones (12%).

69.Con el fin de promover la cooperación con las ONG, en enero de 2014 el Gobierno aprobó un nuevo memorando de cooperación entre las ONG y el Consejo de Ministros. Este memorando mejorado tiene por objeto fortalecer aún más la participación de la sociedad civil en todos los niveles y etapas de la adopción de decisiones. El memorando ha sido firmado por más de 350 representantes de ONG. El Consejo de Aplicación del Memorando promueve el cumplimiento de los objetivos y principios del memorando en la administración del Estado.

70.Entre 2011 y 2014, el número de ONG que participan en los consejos consultivos ha aumentado gradualmente, de 830 a 1.128. Los representantes de esas organizaciones también suelen ser incluidos en los grupos de trabajo interministeriales que preparan los proyectos de ley y los documentos de planificación. Las ONG tienen la posibilidad de presentar propuestas en el proceso de evaluación de los proyectos de ley, y participar en las reuniones de las comisiones parlamentarias, para aportar sus opiniones y recomendaciones sobre esos proyectos.

71.Varios ministerios sectoriales han establecido órganos consultivos con la participación de ONG y expertos para la promoción de los derechos humanos en el ámbito de su competencia. Por ejemplo, el Consejo Consultivo del Ministerio de Educación y Ciencia sobre la Educación de las Minorías organiza intercambios de opiniones y propone debates sobre la manera de facilitar en la práctica una enseñanza de alta calidad en las escuelas de las minorías. El Consejo Consultivo de la Juventud se ocupa de la coordinación de la política de la juventud y promueve la participación de los jóvenes en la adopción de decisiones y la vida social.

72.El Ministerio de Bienestar Social está abierto a la cooperación con las ONG, así como diversas instituciones y grupos públicos, para asegurar la participación del público en la formulación de una política de seguridad social democrática, estable y responsable. Ese Ministerio coordina la labor del Consejo Nacional para Asuntos de Discapacidad y las tareas del Comité para la Igualdad de Género (véase el párrafo 142), que incluye a representantes del Estado y de las instituciones gubernamentales locales, ONG e instituciones sociales asociadas. El Subconsejo de la Cooperación Tripartita en Asuntos Laborales, el Comité de Coordinación de las Políticas de Inclusión Social, el Comité Consultivo para la Aplicación de los Programas de Garantías para los Jóvenes, el Consejo de Asuntos de Personas Mayores, el Consejo de Cooperación de Especialistas en Trabajo Social, el Comité de los Derechos del Niño (véase el párrafo 130), el Comité de Formación para la determinación de las esferas de capacitación, programas de educación, profesiones y aptitudes sociales y profesionales, así como el Consejo de Desarrollo de Servicios Sociales, trabajan en el Ministerio de Bienestar Social. Ese Ministerio también desempeña las funciones de secretaría en el Consejo Demográfico y el Subconsejo de Seguridad Social.

73.Bajo los auspicios del Ministerio de Cultura, el Comité Consultivo de los Representantes de las Organizaciones No Gubernamentales de las Minorías trabaja con el objetivo de promover la participación de las ONG en la formación de la sociedad civil, el desarrollo de la etnopolítica, y en la esfera de los derechos y la cultura de las minorías. Además, el Comité Consultivo también presenta propuestas al Ministerio de Cultura para la coordinación del cumplimiento de las obligaciones previstas en el Convenio Marco del Consejo de Europa para la Protección de las Minorías Nacionales. En 2012 se estableció el Consejo Consultivo para la Aplicación de la Política de Integración de los Romaníes, con el objetivo de promover la integración de los romaníes de Letonia y evaluar su puesta en práctica, el fortalecimiento de la cooperación entre la comunidad romaní y la administración pública, así como la activación de la participación cívica de la comunidad romaní. En 2013 se constituyó el Consejo Consultivo para la Integración de los Nacionales de Terceros Países, con el objeto de promover el debate y la cooperación entre las instituciones para la integración de los nacionales de terceros países, a fin de promover la participación de esas personas, así como de las ONG que las representan, en la formación de la política estatal en materia de integración social.

74.Las actitudes y conductas de las minorías de Letonia sobre la forma de adaptarse a los cambios económicos y sociales en la sociedad, así como a los requisitos de conocimiento del idioma letón, la naturalización y la posibilidad de participar en los procesos políticos y sociales, son muy variadas. Uno de los mecanismos para promover la participación más activa de las minorías en los procesos políticos y sociales es apoyar sus intereses y organizaciones culturales, a condición de que amplíen las redes sociales existentes y, sobre todo, promuevan la comunicación intercultural, así como el uso y el aprendizaje del idioma letón.

75.El 1 de junio de 2015 había 306 ONG de minorías inscritas en el Registro de Empresas de la República de Letonia. Las asociaciones de las minorías en su mayoría están inscritas en las ciudades, y el 85% de esas asociaciones lo están en grandes ciudades, como Riga y otros centros urbanos de la República. Una de cada dos organizaciones de minorías trabaja con el objetivo de preservar y desarrollar una cultura específica (160%, o 52%), y el objetivo del 11% de las asociaciones y fundaciones de las minorías es representar los intereses de un grupo de población. Las actividades del 37% de las ONG de minorías están orientadas a la consecución de los objetivos mencionados. El 42% de ellas participan activamente en los procesos de adopción de decisiones a nivel del gobierno nacional y local.

Medios de comunicación

76.El sistema de medios de difusión de Letonia abarca medios de comunicación públicos (televisión y radio) y privados. Pueden funcionar con alcance nacional, regional y local. En Letonia se preparan emisiones de radio y televisión, se publican periódicos y revistas impresos, se establecen portales en la Web, etc. Habida cuenta de la amplia disponibilidad y uso de Internet, puede observarse una convergencia de medios y la oferta de amplios contenidos en plataformas de Internet. Varios medios de la prensa escrita en Letonia funcionan exclusivamente en plataformas de Internet, y el contenido de las noticias originales se transmite en letón y ruso. La televisión y la radio ofrecen su contenido en sitios web y en plataformas y aplicaciones especiales.

77.Los habitantes de Letonia tienen acceso a diversos programas de televisión a nivel nacional, regional y local, y además pueden mirar programas de otros países. En el país opera un gran número de emisoras de radio, en letón y ruso. El mercado de la prensa impresa se está reduciendo; se publican tres diarios en letón, así como varios en ruso. La crisis económica de 2007-2009 produjo graves efectos en el entorno de los medios de comunicación, y el volumen del mercado publicitario todavía no ha recuperado el nivel anterior a la crisis.

78.Los datos de estudios internacionales indican que la diversidad de los medios de comunicación en Letonia está expuesta a un riesgo de bajo a moderado.

II.Marco general de protección y promoción de losderechos humanos

A.Normas internacionales de derechos humanos

79.Los instrumentos de derecho internacional forman parte integrante del ordenamiento jurídico nacional de Letonia. Se los utiliza en el establecimiento y la interpretación de la legislación nacional y, en algunos casos, el derecho internacional puede aplicarse directamente. De conformidad con los requisitos de la Ley de Acuerdos Internacionales de la República de Letonia, los tratados internacionales ratificados por el Parlamento del país tienen mayor fuerza legal que las normas jurídicas nacionales, pero menos que la Constitución. Las normas del derecho internacional se utilizan a menudo para establecer el contenido de las disposiciones de la Constitución.

80.Letonia es Miembro de las Naciones Unidas desde 1991, y desde entonces ha colaborado estrechamente con diversos organismos de la Organización, incluida la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En 1991, Letonia restableció su condición de miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y en 1999 pasó a ser miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC). El país participa activamente en varias organizaciones regionales. Así pues, en 1991 se convirtió en miembro de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), en 1995, se afilió como miembro del Consejo de Europa, y en 2004, como miembro de la Unión Europea y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El 2 de junio de 2016, Letonia firmó el acuerdo de adhesión a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

81.Letonia se ha adherido a los principales instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas, y presenta regularmente informes a los mecanismos que supervisan la aplicación de esos instrumentos. En 2013, el Comité contra la Tortura examinó el informe periódico de Letonia sobre la aplicación en ese país de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 1984, mientras que en 2014 el Comité de Derechos Humanos examinó el informe periódico de Letonia sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966. En enero de 2016, el Comité de los Derechos del Niño examinó el informe periódico de Letonia sobre la aplicación en Letonia de la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989 y los informes iniciales sobre la aplicación de los dos Protocolos Facultativos de esta Convención, relativo a la participación de niños en los conflictos armados, y relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.

82.Letonia fue uno de los primeros países en cursar una invitación permanente a los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, en 2001, y desde entonces los titulares de mandatos de esos procedimientos especiales han visitado el país en cuatro ocasiones (en 2004, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; en 2007, el Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia; en 2008, el Relator Especial encargado de examinar las cuestiones relativas a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, y en 2012, el Experto Independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos).

83.Letonia prosigue su iniciativa de invitar a los países a mantener una estrecha cooperación con los procedimientos especiales, en particular, al cursar una invitación permanente a los titulares de mandato.

84.El 19 de abril de 2013 Letonia ratificó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 16 de diciembre de 1966, relativo a la abolición de la pena de muerte. Desde septiembre de 1996 rige en el país una moratoria de la pena capital, y no se han pronunciado condenas de muerte ni ha habido ejecuciones. El 1 de enero de 2012 entraron en vigor las enmiendas al Código Penal, con el fin de excluir en ese Código la pena de muerte como forma de castigo.

85.Desde 1997 el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y varios de sus Protocolos son vinculantes para Letonia. Este país ha reconocido la competencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para recibir y examinar quejas individuales. Letonia se ha adherido también a otros convenios regionales como el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales, la Carta Social Europea revisada, el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, y se ha sometido a los mecanismos de supervisión de su aplicación. El 18 de agosto de 2014 el país ratificó el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual (véase el apéndice 1).

86.En su calidad de Estado miembro de la Unión Europea, Letonia está obligada por las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009. La Carta incluye los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los ciudadanos de la Unión Europea, así como a todas las personas que viven en el territorio de la Unión Europea, como reflejo de los valores comunes en Europa y su legado constitucional. Los derechos se dividen en seis secciones principales (respeto, libertad, igualdad, solidaridad, derechos de los ciudadanos y estado de derecho); en la séptima sección se exponen las condiciones generales. El propósito de la Carta es proteger los derechos fundamentales de las personas que podrían verse afectadas por instrumentos jurídicos aprobados por instituciones y Estados miembros de la Unión Europea en aplicación de los tratados de esa organización. Letonia tiene la obligación de aplicar directamente o hacer aplicar los instrumentos jurídicos de la Unión Europea.

87.Letonia examinará la posibilidad de adherirse a otros instrumentos internacionales. Al mismo tiempo, el país destaca la labor del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y su amplia competencia en la esfera de la promoción y la protección de los derechos humanos, al aceptar y examinar las denuncias individuales. Toda persona tiene derecho a presentar una denuncia ante ese Tribunal si considera que Letonia ha violado los derechos garantizados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Los fallos del Tribunal Europeo son jurídicamente vinculantes y el Estado demandado tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para modificar el marco normativo, a fin de prevenir la repetición de las infracciones.

88.Letonia ha trabajado activamente para promover el respeto y la protección de los derechos humanos, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Así lo confirma su participación como miembro del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (2011-2013), el Consejo Ejecutivo de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (2013-2015), así como el Consejo de Derechos Humanos, en 2015-2017.

B.Marco jurídico para la protección de los derechos humanos anivel nacional

Disposiciones de la Constitución

89.El artículo 1 de la Constitución estipula que Letonia es una república democrática independiente, lo que impone ciertas exigencias sobre el sistema político y jurídico del país. De conformidad con las enmiendas introducidas en la Constitución en octubre de 1998 (en virtud de las cuales se añadió en la Constitución un nuevo capítulo VIII sobre los derechos humanos fundamentales, véase el párrafo 23), los derechos humanos y libertades fundamentales inherentes a un Estado democrático, seguro y basado en el derecho se consolidaron en el plano constitucional, por primera vez desde la renovación de la independencia de Letonia. En el artículo 89 de la Constitución se estipula que “el Estado reconocerá y protegerá los derechos humanos fundamentales de conformidad con la Constitución, las leyes y los acuerdos internacionales vinculantes para Letonia”.

90.En la Constitución se estipula una serie de derechos que, según lo previsto, no están sujetos a restricciones, como la igualdad ante la ley y los tribunales (artículo 91), el derecho a la vida (artículo 93), el derecho a la integridad física de una persona y la prohibición de la tortura (artículo 95), etc. La Constitución incluye el derecho a la libertad de circulación (artículo 97), el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (artículo 99), el derecho a la educación (artículo 112), los derechos de las minorías a preservar y desarrollar su idioma y su identidad étnica y cultural (artículo 114), etc.

91.La posibilidad de restringir algunos derechos está prevista en varios artículos de la Constitución y, en particular, en el artículo 116, que se aplica a varios derechos (el derecho al respeto de la vida privada, el domicilio y la correspondencia (artículo 96), el derecho a salir de Letonia y regresar con toda libertad (artículo 98), el derecho a la libertad de expresión (artículo 100), el derecho a afiliarse a asociaciones (artículo 102), el derecho a la libertad de reunión (artículo 103), el derecho a elegir libremente una ocupación (artículo 106), el derecho a la negociación colectiva (artículo 108).

92.Las mencionadas disposiciones de la Constitución son muy escuetas, y el Tribunal Constitucional especifica su alcance y la interpretación del contenido. La jurisprudencia de ese Tribunal confirmó que determinados derechos fundamentales de una persona están consolidados no solo en el capítulo VIII de la Constitución, sino también en otros capítulos. Por ejemplo, en la sentencia en la causa núm. 2002-08-01, el Tribunal Constitucional consideró que el derecho a votar y a ser elegido es un derecho fundamental previsto en la Constitución. A su vez, en la sentencia en la causa núm. 2002-02-01, el Tribunal indicó que “el derecho de voto está reconocido como el derecho político más importante. En Letonia el derecho de voto está consagrado en la Constitución y especificado en determinadas leyes” (el derecho a votar y a ser elegido está regulado por el capítulo II de la Constitución).

93.Los tribunales de Letonia, incluido el Tribunal Constitucional, son los elementos básicos de la protección institucional de los derechos humanos (véanse los párrafos 44 y ss.).

94.Los tribunales son las principales autoridades del poder judicial en el Estado. El artículo 3 de la Ley del Poder Judicial establece que toda persona tiene derecho a la protección judicial contra las amenazas a su vida, salud, libertad personal, honra, reputación y bienes. El artículo 4 de la citada Ley dispone que todas las personas son iguales ante la ley y ante los tribunales, y tienen los mismos derechos a la protección de la ley.

95.La Ley del Poder Judicial estipula también que toda persona tiene el derecho garantizado a que sus derechos y obligaciones, o la validez de los cargos que se presenten en su contra, se determinen sobre la base de la igualdad plena, por un tribunal independiente e imparcial que dirima la cuestión en audiencia pública y teniendo en cuenta todos los requisitos de la justicia. El tribunal resuelve las causas con independencia del origen, la condición social y económica, la raza o nacionalidad, el sexo, la educación, el idioma, la actitud hacia la religión, el tipo y la naturaleza de la ocupación, el lugar de residencia, o las opiniones políticas o de otra índole de la persona.

96.Los tribunales nacionales determinan, reconocen y reparan las violaciones de los derechos humanos en tres tipos de procedimientos, a saber, las actuaciones civiles, las actuaciones administrativas y las actuaciones penales, así como durante el proceso de examen de un recurso de inconstitucionalidad. Se debe reconocer que los tribunales nacionales constituyen un recurso interno efectivo, ya que son accesibles a todas las personas en teoría y en la práctica, se pronuncian sobre las denuncias en cuanto al fondo, y proporcionan una reparación adecuada a la persona de que se trate; además, en sus sentencias los tribunales nacionales aplican el derecho internacional y analizan su aplicación en las actuaciones nacionales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha expresado, en varios fallos, su opinión sobre la eficacia de los tribunales nacionales como un recurso interno eficaz en esferas concretas (véanse los párrafos 100, 106,114, 119).

Actuaciones civiles

97.La reglamentación incluida en el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil establece un mecanismo eficaz a nivel nacional para la protección de los derechos. Toda persona física o jurídica tiene derecho a la protección de sus derechos civiles presuntos o impugnados mediante el inicio de una acción civil por daños y perjuicios ante un tribunal de jurisdicción general. De conformidad con las enmiendas al Código Civil de 2006, en el artículo 1635 se determina que todo delito, es decir, todo hecho ilícito en sí mismo a raíz del cual se ha causado un daño (incluso daño moral), genera para la persona damnificada el derecho a reclamar reparación satisfactoria del infractor, en la medida en que se lo pueda considerar responsable de ese acto.

98.El artículo 23521 del Código Civil estipula que toda persona tiene derecho a iniciar una acción judicial para obtener la retractación de una información que perjudique su reputación y dignidad, si la entidad que difundió la información no puede demostrar que esa información es cierta. Si la información perjudicial para la reputación y la dignidad se publica en la prensa, y luego tal información no resulta cierta, la retractación también se debe publicar en la prensa. La persona que ilícitamente lesiona la reputación y la dignidad de otra persona, verbalmente, por escrito o por acciones, deberá ofrecer una compensación (indemnización económica). El tribunal determinará la cuantía de la indemnización.

99.El Código Civil dispone que por daño moral debe entenderse todo sufrimiento físico o mental causado por una infracción a derechos o beneficios intangibles de la víctima, a raíz de una actividad no autorizada. El tribunal determina a su discreción la cuantía de la indemnización por daño moral, teniendo en cuenta la gravedad y las consecuencias de ese daño. En determinadas categorías de casos, la ley introduce una presunción de daño moral, es decir, que si el acto no autorizado constituye un delito contra la vida, la salud, la moralidad, la integridad sexual, la libertad, la honra o la dignidad, o se perpetra contra una familia o un menor de edad, se considera que ese acto ha causado un daño moral a la víctima. En otros casos, es la víctima quien debe probar la existencia de daño moral.

100.Puede considerarse que la demanda presentada con arreglo al procedimiento civil es un recurso jurídico eficaz en los casos de indemnización por daños y perjuicios contra una persona cuando se haya denegado el inicio de actuaciones penales, o las actuaciones penales iniciadas contra esa persona hayan resultado ineficaces o excesivamente prolongadas, o se haya desestimado la petición, o si durante el proceso penal no se satisfizo plenamente la solicitud de indemnización por daños y perjuicios. Una demanda presentada de conformidad con el procedimiento civil puede ofrecer un verdadero mecanismo alternativo para la protección de los derechos de una persona.

101.A los fines de reducir el tiempo de la resolución de las causas y aumentar la eficiencia de los tribunales, se incorporaron enmiendas en el Código de Procedimiento Civil, así como otros instrumentos jurídicos, para eximir a los tribunales de pronunciarse en las causas civiles cuando no sean contenciosas (véase el apéndice 5). Por ejemplo, en febrero de 2011 se transfirieron a notarios jurados algunas de las funciones de los tribunales (disolución del matrimonio no contenciosa), mientras que desde el principio de 2012 se trasladaron a la competencia de los jueces de las Oficinas de Registro de Bienes Raíces algunas categorías de asuntos extrajudiciales (como la ejecución forzosa de las obligaciones no impugnadas, etc.).

102.Desde el 31 de marzo de 2014 se ha añadido al Código de Procedimiento Civil un capítulo sobre la protección temporal contra la violencia, con lo que se introduce un nuevo recurso civil en el ordenamiento jurídico de Letonia. En adelante las víctimas pueden lograr que se impongan restricciones a la persona violenta no solo en el marco de procedimientos penales, sino también en las actuaciones civiles, y, además, de un modo sencillo y rápido. Pueden presentar una solicitud de protección temporal contra la violencia los cónyuges o excónyuges; las personas que están en relación de filiación, las personas sujetas a guarda u otra forma de relación basada en cuidados fuera del entorno familiar, parentesco o afinidad; las personas que residan o hayan residido en el mismo hogar; las personas que tienen o están esperando un hijo en común, independientemente de que hayan estado casadas o alguna vez hayan vivido juntas; las personas entre las cuales existe o ha habido una relación personal estrecha o íntima. La ejecución de las sentencias de los tribunales está sujeta al control de la policía del Estado. Desde abril de 2014 hasta el 20 de septiembre de 2016, los tribunales han adoptado 3.999 decisiones sobre cuestiones relativas a la protección temporal contra la violencia; en el 45% de los casos, los tribunales nacionales han atendido íntegramente a las solicitudes, en un 15% se las ha atendido parcialmente, pero en el 29% de los casos las solicitudes han sido denegadas. La reglamentación de protección temporal contra la violencia se aplica a todas las personas, independientemente de su origen, situación social y económica, ocupación, ciudadanía, raza y nacionalidad, actitud ante la religión, sexo, educación, idioma, lugar de residencia y otras circunstancias.

Actuaciones penales

103.El Código de Procedimiento Penal, que entró en vigor el 1 de octubre de 2005, establece un procedimiento de actuaciones penales que garantice la aplicación efectiva de las disposiciones del Código Penal y una solución justa de las cuestiones relacionadas con el derecho penal, sin una injerencia injustificada en la vida de las personas.

104.El Código de Procedimiento Penal dispone que las actuaciones penales se lleven a cabo de conformidad con los derechos humanos reconocidos internacionalmente y sin imponer cargas procesales injustificadas ni una injerencia desproporcionada en la vida de las personas. Durante las actuaciones penales los derechos humanos podrán restringirse solo por consideraciones de seguridad pública y únicamente en la forma prescrita por la ley, de acuerdo con la índole del delito y el peligro que representa. En dichas actuaciones, nadie puede ser considerado culpable hasta que se haya demostrado su culpabilidad en la comisión de un delito. De conformidad con el Código de Procedimiento Penal, nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual ya haya sido absuelto o condenado, en Letonia o en el extranjero, de conformidad con una sentencia aprobada y ejecutable en el marco de la causa penal o administrativa.

105.Desde el 1 de octubre de 2005, se ha introducido en el proceso penal un cargo de juez de investigación que, de conformidad con el procedimiento establecido por el Código de Procedimiento Penal, controla en las causas que se respeten los derechos humanos en las actuaciones penales hasta el inicio del juicio (véase el párrafo 47).

106.De conformidad con el artículo 14 del Código de Procedimiento Penal, toda persona tiene derecho a esperar que las actuaciones penales se finalicen en un plazo razonable, es decir, sin dilaciones injustificadas. El funcionario responsable de las actuaciones debe elegir el tipo de procedimiento penal más sencillo que se ajuste a la situación específica, y no permitir injerencias injustificadas en la vida de las personas ni gastos infundados. De conformidad con los procedimientos establecidos en el Código, la inobservancia del requisito del tiempo razonable puede ser causa de terminación de las actuaciones. Teniendo en cuenta la práctica de los tribunales y las instituciones de la fiscalía de Letonia, la reglamentación recogida en el artículo 14 del Código de Procedimiento Penal (derecho a que las actuaciones penales estén finalizadas en un plazo razonable, y la posibilidad de que los tribunales den por terminadas las actuaciones penales o reduzcan la sentencia en caso de inobservancia) y en el artículo 491 del Código Penal (posibilidad de que el tribunal imponga una pena reducida o una sanción más leve si no se respeta el derecho de la persona a que las actuaciones penales estén finalizadas en un plazo razonable) ha permitido que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos llegara a la conclusión de que el mecanismo establecido es un recurso eficaz para proteger los derechos del acusado a la resolución de la causa con prontitud. Por consiguiente, el Tribunal Europeo no examinará las quejas sobre una dilación excesiva de las actuaciones sobre el fondo de la causa si la persona que presenta la reclamación no ha intentado previamente invocar el artículo 14 del Código de Procedimiento Penal en el ámbito nacional.

107.El artículo 11 del Código de Procedimiento Penal estipula que toda persona con derecho a defenderse, toda víctima y su representante, todo testigo, especialista, perito, o auditor, así como las demás personas que intervienen en actuaciones penales pueden, si no hablan el idioma oficial, utilizar durante las diligencias procesales el idioma que comprendan, y recurrir gratuitamente a la asistencia de un intérprete, cuya participación está garantizada por el funcionario responsable del procedimiento. La persona con derecho a defenderse, si no tiene conocimiento del idioma oficial, puede utilizar el idioma que conozca, y en su reunión con el abogado defensor solicitar gratuitamente la asistencia de un intérprete, cuya participación está garantizada por el funcionario responsable del procedimiento (véase el párrafo 220).

108.El artículo 22 del Código de Procedimiento Penal establece que toda persona que como consecuencia de un delito penal haya sufrido un daño, lo que incluye perjuicio moral, sufrimiento físico y pérdidas financieras, tiene el derecho a iniciar un procedimiento para solicitar una indemnización por daño moral.

Actuaciones administrativas

109.En el contexto de los recursos jurídicos generales, se debe destacar especialmente la función de los tribunales en lo contencioso administrativo. Estos tribunales comenzaron a funcionar el 1 de febrero de 2004, cuando entró en vigor el Código de Procedimiento Administrativo. Sobre la base de la solicitud formulada por una persona, los tribunales en lo contencioso administrativo ejercen el control de la legalidad o validez de un acto administrativo, o de una medida de facto, ejecutado por una institución, en el marco de sus facultades discrecionales. Estos tribunales evalúan las obligaciones jurídicas o derechos públicos de una persona y examinan los litigios derivados de un contrato de derecho público. Se trata de un recurso jurídico eficaz a disposición de las personas físicas y jurídicas, incluidos los grupos menos protegidos de la sociedad. Toda persona cuyos derechos (subjetivos) establecidos por ley hayan sido infringidos por una autoridad pública, puede presentar una petición al tribunal en lo contencioso administrativo. Estos tribunales pueden conceder una indemnización por la vulneración de los derechos.

110.A diferencia de los tribunales que juzgan las causas civiles y penales, el tribunal en lo contencioso administrativo, para establecer las circunstancias de la causa, actúa de conformidad con el principio de la investigación objetiva. De ser necesario, puede reunir pruebas, por iniciativa propia, y dar instrucciones y recomendaciones a los participantes en las actuaciones administrativas a fin de establecer las circunstancias reales del asunto y llegar a una resolución legal y justa de la cuestión dentro de los límites de la reclamación.

111.Es importante señalar que, aunque las actuaciones administrativas en la institución sean gratuitas para la persona interesada, esta debe pagar las tasas estatales para presentar la comunicación ante el tribunal; puede quedar exenta de la obligación de pagar esas tasas en determinados casos especificados por la ley. El propio tribunal puede decidir reducir el monto de las tasas estatales o eximir totalmente a la persona de la obligación de pagarlas.

112.Desde el momento de la petición ante el tribunal en lo contencioso administrativo, toda persona tiene los derechos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo para solicitar la aplicación de una de las medidas de protección temporal, a saber, la suspensión y la renovación de la vigencia del acto administrativo y la medida de facto, una solución temporal y la ejecución inmediata de la sentencia.

113.El artículo 92 del Código de Procedimiento Administrativo dispone que toda persona tiene derecho a reclamar la indemnización debida por la pérdida financiera o daños personales, incluido el daño moral, que se hayan causado a esa persona a raíz de un acto administrativo o una medida de facto de una institución.

114.El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido que los tribunales administrativos de Letonia constituyen un recurso interno eficaz (y compensatorio) en la teoría y en la práctica, para las quejas relacionadas las condiciones de los centros de privación de libertad, las denuncias sobre registros corporales, la falta de suministro de alimentos cuando se escolta a los detenidos a una sesión del tribunal, la falta de ropa adecuada para las estaciones y la denegación de autorización para prolongar una reunión, así como la falta de atención de la salud en los centros de privación de libertad. A su vez, toda persona está obligada a utilizar ese mecanismo antes de presentar una queja ante el Tribunal Europeo.

Proceso de examen de un recurso de inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional

115.En caso de violación de los derechos fundamentales previstos en la Constitución, toda persona tiene derecho a presentar un recurso de inconstitucionalidad por incompatibilidad de las leyes y los acuerdos internacionales suscritos o concertados por Letonia con la Constitución, incompatibilidad de otros instrumentos normativos o partes de ellos, con las normas jurídicas (leyes) de mayor fuerza jurídica, e incompatibilidad de la legislación nacional de Letonia con los acuerdos internacionales concertados por Letonia que no estén en pugna con la Constitución.

116.La eficacia del Tribunal Constitucional como recurso jurídico está demostrada, en primer lugar, por el hecho de que las comunicaciones se examinan en un plazo relativamente breve (aproximadamente de 5 a 11 meses). En segundo lugar, el procedimiento para presentar un recurso de inconstitucionalidad es sencillo; no se exige el pago de tasas estatales para presentar una solicitud. Además, si la resolución del recurso de inconstitucionalidad redunda en el interés general, o si la protección de los derechos mediante recursos jurídicos generales no puede impedir que la persona que presenta el recurso sufra daños importantes, el Tribunal Constitucional puede decidir examinar la queja antes de que se hayan agotado todos los demás recursos jurídicos.

117.Un recurso de inconstitucionalidad debe contener una fundamentación jurídica, con indicación de la ley que vulnera los derechos garantizados en la Constitución. Se puede interponer ese recurso en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la decisión de la última institución, o si no fuera posible defender los derechos fundamentales con los recursos jurídicos generales, en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la violación de los derechos fundamentales.

118.Las sentencias del Tribunal Constitucional son generalmente vinculantes. El Tribunal puede no solo anular una de las disposiciones jurídicas por no ser conforme con la Constitución, sino también decidir sobre cambios en la interpretación de una disposición jurídica, sin derogarla.

119.El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido que si el solicitante considera que una disposición no es conforme a la Constitución, y que este instrumento garantiza la protección de los derechos vulnerados, se considera un remedio judicial eficaz interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional por incompatibilidad de las disposiciones en pugna con la Constitución. A su vez, la persona está obligada a utilizar ese mecanismo antes de presentar una queja ante el Tribunal Europeo.

Indemnización del Estado a las víctimas

120.El 20 de junio de 2006 entró en vigor la Ley de Indemnización del Estado a las Víctimas. Esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas físicas el derecho a recibir una indemnización del Estado cuando hayan sido reconocidas como víctimas, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento Penal. La mencionada Ley establece que la víctima tiene derecho a recibir una indemnización del Estado por daño moral, sufrimientos físicos o pérdidas de bienes a raíz de un delito intencional, si ese delito ha provocado la muerte de una persona, o le ha causado lesiones físicas graves o moderadas, o la persona ha sido objeto de agresión sexual, o ha sido víctima de la trata de seres humanos, o ha sido infectada por el virus de inmunodeficiencia humana, la hepatitis B o C. La víctima tiene derecho a recibir una indemnización del Estado, aun cuando no se haya identificado a los autores o cómplices en un delito penal, o los autores o cómplices no puedan ser considerados penalmente responsables.

121.El importe de la indemnización que debe pagarse a la víctima de un delito penal se calcula teniendo en cuenta la cuantía del salario mínimo mensual fijado en el momento en que se reconoció a la persona como víctima. La Administración de Asistencia Letrada examina la solicitud de indemnización del Estado, y adopta la decisión correspondiente, sobre el pago o la denegación del pago de la indemnización (véase el párrafo 134). Estas decisiones se pueden recurrir ante el Ministerio de Justicia, cuya decisión, a su vez, puede ser recurrida ante el tribunal en lo contencioso administrativo.

Ley de Indemnización de los Daños causados por Instituciones de laAdministración del Estado

122.La Ley de Indemnización de los Daños causados por Instituciones de la Administración del Estado, de 2005, tiene por objeto garantizar a las personas físicas el derecho establecido por la Constitución y el Código de Procedimiento Administrativo de una indemnización apropiada por las pérdidas materiales o lesiones corporales, incluido el daño moral, causados por un acto administrativo ilegal o una medida de facto ilegal de una institución de la administración del Estado. La Ley contiene disposiciones para determinar la base y la cuantía de la indemnización por pérdidas, y estipula el procedimiento para que la institución evalúe los casos de indemnización por pérdidas, adopte una decisión sobre esa indemnización, y vele por que dicha indemnización se abone efectivamente.

123.Se reconoce a la víctima el derecho a reclamar una indemnización. Según el Código de Procedimiento Administrativo, se entiende por víctima a toda persona física contra la cual se dirige el acto administrativo ilegal, o un tercero interesado, así como toda persona física contra la cual se dirige la medida de facto ilegal de la institución, o que está directamente afectada por ella. La víctima también puede ser un familiar de la persona física que haya muerto a causa de un acto ilícito de la autoridad.

Indemnización por la pérdida causada por actos ilegales o infundados de lainstitución encargada de la investigación, la fiscalía o un tribunal

124.De conformidad con la Ley de Indemnización por la Pérdida causada por Actos Ilegales o Infundados de la Institución Encargada de la Investigación, la Fiscalía o un Tribunal, aprobada el 29 de mayo de 1998, la institución encargada de la investigación, la fiscalía o el tribunal tiene la obligación de compensar las pérdidas causadas a las personas físicas a raíz de un acto ilegal o infundado realizado en el desempeño de sus funciones oficiales. La Ley establece que la base jurídica para la indemnización de las pérdidas es: 1) la sentencia absolutoria, independientemente de los motivos que la justifiquen; 2) la finalización de una causa penal por motivo de exoneración; 3) el reconocimiento de la ilegalidad de una detención administrativa y la finalización de las actuaciones administrativas.

125.De conformidad con la mencionada Ley, toda persona tiene derecho a reclamar una indemnización por las pérdidas sufridas en los casos siguientes: 1) que se haya impuesto una condena penal a la persona, y esta la haya cumplido; 2) que se haya impuesto a la persona una medida de seguridad, como detención o arresto domiciliario; 3) que la persona haya sido detenida de conformidad con el procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Penal; 4) que se hayan aplicado a la persona medidas forzosas de carácter médico previstas en el derecho penal; 5) que la persona sea internada contra su voluntad en una institución de tratamiento médico, de conformidad con los procedimientos especificados en el Código de Procedimiento Penal; 6) que por estar acusada en una causa penal, se haya suspendido a la persona de sus cargos; 7) que se haya impuesto a la persona una sanción administrativa o detención administrativa; 8) que la persona haya utilizado asistencia jurídica de un abogado jurado por haber sido declarada responsable penalmente. Una persona no tiene derecho a recibir una indemnización por pérdidas si se ha demostrado que, durante la instrucción o el juicio, hubiera asumido deliberadamente la culpabilidad de otra persona, o de alguna otra manera hubiera causado las pérdidas por actos deliberados.

Inspección Estatal de Protección de los Derechos del Niño

126.Los principios básicos del sistema para la protección de los derechos de los niños y su funcionamiento se rigen por la Ley de Protección de los Derechos del Niño. El sistema incluye a los servicios sociales municipales, la policía, y las instituciones de educación, tratamiento médico y atención social. La cooperación efectiva entre las instituciones mencionadas es una de las condiciones indispensables para que el sistema de protección de los derechos del niño funcione de forma óptima.

127.La Inspección Estatal de Protección de los Derechos del Niño trabaja bajo la supervisión del Ministerio de Bienestar Social. La función de la Inspección es supervisar el respeto de los derechos de los niños, prestar asistencia metodológica, y llevar a cabo actividades educativas e informativas. La Inspección realiza verificaciones sobre la observancia de los derechos de los niños en las instituciones, examina los expedientes de los niños privados del cuidado de los padres, inspecciona los centros públicos de deportes y esparcimiento, e investiga los expedientes de los niños y de otras personas con capacidad jurídica restringida en los tribunales para huérfanos y niños sujetos a guarda. La Inspección está facultada para examinar los casos de infracciones administrativas relativas al incumplimiento de los requisitos de protección de los derechos del niño (actos de violencia física o emocional contra un niño cometidos por funcionarios o empleados de las instituciones y la participación ilegal de niños en eventos).

128.La Inspección también presta asistencia metodológica y formula recomendaciones para prevenir las violaciones establecidas de la protección de los derechos de los niños, organiza actividades de capacitación para los especialistas de atención social, los empleados de las instituciones de atención fuera de la familia y los empleados de otras administraciones del Estado e instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, en relación con las características específicas del trabajo con la infancia y la garantía de los intereses personales y económicos de los niños.

129.En 2012 se destinaron 586.012 lati (aproximadamente 819.591 euros) a las actividades de la Inspección, con cargo a la partida asignada de la financiación estatal; en 2013, 588.943 lati (aproximadamente 837.990 euros); en 2014, 843.522 euros y en 2015, 920.556 euros.

Comisión de los Derechos del Niño

130.La Comisión de los Derechos del Niño es un órgano consultivo colegiado encargado de promover la aplicación en Letonia de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 1989, y las observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño. La Comisión se estableció en 2013 en virtud de una orden del Ministerio de Bienestar Social. Está integrada por varios ministros, el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Letonia ante las instituciones internacionales de derechos humanos, el Ombudsman, así como a los representantes de varias ONG. La Comisión se reúne por lo menos una vez por año. En la actualidad, las autoridades competentes estudian posibles mejoras para aumentar la eficiencia de la Comisión.

Tribunales para huérfanos y personas sujetas a custodia

131.El tribunal para huérfanos y personas sujetas a custodia es una institución de guarda y tutela establecida por un municipio o administración local que, como cuestión prioritaria, garantiza la protección de los derechos e intereses jurídicos de un niño o una persona sujeta a custodia. La función de este tribunal es ofrecer al niño atención fuera de la familia, a cargo de un tutor o una familia de acogida, y únicamente si ello no fuera posible, en una institución. En la actualidad funcionan 132 tribunales para huérfanos y personas sujetas a custodia en el territorio de Letonia. Las actividades de esos tribunales se rigen por la nueva Ley de Tribunales para Huérfanos y Personas Sujetas a Custodia, que entró en vigor en 2007.

132.Los procedimientos de adopción de decisiones a nivel de los tribunales para huérfanos y personas sujetas a custodia y la organización de los trabajos se orientan a ofrecer la máxima protección y garantía de los derechos e intereses del niño. Las decisiones adoptadas por esos tribunales cobran fuerza ejecutiva y son aplicables inmediatamente; toda persona puede presentar un recurso ante el tribunal en lo contencioso administrativo. La presentación del recurso ante el tribunal no suspenderá la aplicación de la decisión adoptada por el tribunal para huérfanos y personas sujetas a custodia.

Administración de la Asistencia Letrada

133.La Administración de la Asistencia Letrada trabaja desde 2006 como entidad dependiente del Ministerio de Justicia. Dicha oficina se encarga de asignar y prestar asistencia letrada (adopta la decisión pertinente a raíz de la solicitud de una persona) en las actuaciones judiciales y extrajudiciales de causas civiles y ciertas causas administrativas (por ejemplo, en los casos de asilo y en otros casos previstos por la ley), y en particular presta asistencia a grupos determinados de personas (por ejemplo, personas de bajos ingresos o pobres). En lo que respecta a las actuaciones penales, la asistencia jurídica se presta por conducto de otro mecanismo, a saber, el funcionario encargado del procedimiento penal (la policía, la fiscalía, el tribunal), que en los casos y según el procedimiento establecido por el Código de Procedimiento Penal, si se dan los criterios enunciados por la ley, tiene la responsabilidad de invitar a un abogado o a un representante a que presten asistencia letrada a la persona interesada. En tal caso, la Administración de la Asistencia Letrada financia la asistencia jurídica que se presta.

134.Sobre la base de la Ley de Indemnización del Estado a las Víctimas, la Administración de Asistencia Letrada decide el pago de la indemnización estatal a las víctimas de delitos intencionales (véase el apéndice 5), y ofrece apoyo informativo a las víctimas de delitos penales.

135.En 2002-2015, se asignaron 255.717,41 euros para el funcionamiento de la Administración de la Asistencia Letrada.

Inspección de Salud

136.La Inspección de Salud es una institución dependiente del Ministerio de Salud, y sus actividades son las siguientes: control de las instituciones médicas; seguimiento y control de la disponibilidad de servicios de atención de la salud, y supervisión y control del uso de los fondos del presupuesto del Estado; control de la calidad de la atención de la salud y de los exámenes de expertos sobre capacidad laboral; mantenimiento de un registro de instituciones médicas, profesionales médicos y personal de apoyo médico; control de las empresas farmacéuticas, farmacéuticas veterinarias y distribución de productos médicos; control de los sujetos a mayor riesgo; vigilancia de los factores ambientales que afectan a la salud de los habitantes; control de sustancias químicas, productos cosméticos de mezclas de productos químicos, productos de tabaco y cigarrillos electrónicos en el mercado de Letonia; supervisión de la distribución y el uso de dispositivos médicos.

137.Toda persona que tenga dificultades en relación con la calidad de la atención médica y los exámenes de expertos sobre incapacidad laboral (por ejemplo, la calidad de la atención de la salud en un centro de salud, la calidad de la atención de la salud en las cárceles), tiene derecho a presentar una comunicación a la Inspección de Salud. Al examinar las comunicaciones relativas a la calidad de la atención de la salud y los exámenes de expertos para determinar la incapacidad laboral, la Inspección de Salud evalúa la documentación médica, recibe explicaciones de los profesionales médicos, de ser necesario, visita la institución de tratamiento médico o el centro penitenciario, y emite una opinión. La Inspección informa sobre la decisión adoptada al autor de la comunicación. Este tiene derecho a impugnar esa decisión ante el director de la institución, pero después puede apelar ante el tribunal en lo contencioso administrativo.

138.En el ámbito de su competencia, la Inspección de Salud examina las comunicaciones sobre la disponibilidad de servicios de atención de la salud y el pago de esos servicios; el cumplimiento de los requisitos de higiene en los objetos expuestos a alto riesgo, la calidad del agua potable y los factores ambientales; la conformidad de los productos químicos, mezclas de productos químicos, productos cosméticos, productos de tabaco y cigarrillos electrónicos disponibles en el mercado con los requisitos especificados en la normativa; la supervisión de la distribución y el uso de dispositivos médicos. Durante el examen de dichas comunicaciones, si es necesario, se llevan a cabo pruebas de laboratorio.

139.En 2004-2016 se asignaron 46,17 millones de euros para el funcionamiento de la Inspección de Salud (establecida en 2007, a raíz de la reestructuración y la fusión de tres instituciones de administración directa, bajo la supervisión directa del Ministerio de Salud, a saber, la Inspección de Control del Examen de Expertos sobre Estado de Salud y Capacidad Laboral, la Inspección Estatal de Farmacia e la Inspección Estatal de Sanitad).

Fondo para Riesgos de Tratamientos Médicos

140.Desde el 25 de octubre de 2013, fecha en que comenzó a funcionar el Fondo para Riesgos de Tratamientos Médicos, administrado por el Servicio Nacional de Salud, existe en Letonia la posibilidad de recurrir a un procedimiento extrajudicial para recibir una compensación por los daños causados a la vida o la salud del paciente durante el proceso de atención de la salud. Concretamente, el Fondo proporciona al paciente la posibilidad de recibir una indemnización por los daños (incluido daño moral) causados a su vida o su salud, así como los gastos relacionados con el tratamiento médico, si es necesario, a fin de prevenir o reducir esos daños. La demanda de indemnización ha de presentarse dentro de los dos años desde la fecha de la detección de los daños, y como máximo dentro de los tres años de la fecha en que fue causado. La cuantía máxima de la indemnización por los daños causados a la vida o la salud de un paciente está fijada en 142.290 euros.

141.Entre 2013 y finales de 2016, 499 personas presentaron reclamaciones al Servicio Nacional de Salud para solicitar indemnización por daños causados a la vida o la salud durante el proceso de tratamiento médico (véase el apéndice 3). En 119 casos se decidió conceder indemnizaciones por un valor total de 2.795.250,09 euros. La existencia o inexistencia de daños a la vida o la salud, sus consecuencias y su magnitud, así como la relación entre los gastos médicos y la eliminación de las consecuencias de los daños causados al paciente, se evalúan durante un examen de expertos independientes a cargo de la Inspección de Salud.

Comité para la Igualdad de Género

142.En 2010, en cumplimiento de la orden del Ministerio de Bienestar Social, se creó el Comité de Igualdad de Género, institución de coordinación en la esfera de la igualdad de género que contribuye a la cooperación y la participación de los ministerios, las ONG, los interlocutores sociales, las autoridades locales y otras partes interesadas. La finalidad del Comité es promover la aplicación, la supervisión y la mejora de las políticas de igualdad de género. Está integrado por representantes del Estado y de las ONG, así como interlocutores sociales. En sus reuniones se examinan las medidas aplicadas por diversos sectores desde la perspectiva de la igualdad de género, por ejemplo, la conciliación de la vida laboral y la vida familiar, la violencia en el hogar y la prevención de la violencia contra la mujer, la salud y la educación, así como cuestiones de actualidad de la Unión Europea a nivel internacional. Durante las reuniones del Comité también se examinan los acontecimientos actuales relacionados con el período ordinario de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, del Consejo Económico y Social, y las cuestiones internacionales relativas a los convenios de derechos humanos.

Sociedad civil

143.De conformidad con la Ley de la Estructura de la Administración del Estado, aprobada en 2002, las autoridades públicas deben velar por la participación de los representantes de la sociedad, mediante su inclusión en sus grupos de trabajo, consejos consultivos o en el procedimiento para obtener opiniones de expertos. El Parlamento y el Gobierno han establecido una estrecha cooperación con las ONG.

144.Se ha establecido en Letonia el Consejo Nacional Tripartito de Cooperación, en que participan representantes del Gobierno, la Confederación de Empleadores de Letonia y la Confederación de Sindicatos Libres de Letonia. La autoridad administrativa del Estado tiene la obligación de celebrar un debate público para la adopción de decisiones que sean de gran importancia para la sociedad. Se informa a la sociedad sobre la elaboración de los documentos de planificación y los proyectos de ley y se vela por la participación de las ONG y organizaciones de asociaciones sociales en el proceso de elaboración de esos proyectos. El gobierno local tiene la responsabilidad de convocar un debate público sobre la modificación de la frontera del territorio administrativo local y sobre su programa de desarrollo y plan espacial. El consejo o su presidente pueden, como seguimiento de la iniciativa de la población local, organizar un debate público sobre las cuestiones de la competencia de los gobiernos locales autónomos, con fines de consulta. Toda persona tiene derecho a expresar su opinión, de forma oral y escrita, sobre la cuestión sometida a debate público.

145.En la Constitución se garantiza el derecho de toda persona a presentar peticiones a las instituciones del Estado y de los gobiernos locales, mediante comunicaciones en la forma prescrita por la ley, y a recibir una respuesta sobre el fondo. La Ley de Comunicaciones establece el derecho de toda persona a impugnar y recurrir un acto administrativo o las medidas de facto de una institución, si la institución no responde a la comunicación, no lo hace dentro del plazo fijado o con arreglo al procedimiento establecido por la ley, o no se da trámite a la comunicación o se niega de otro modo a responder a ella. La Ley de Libertad de Información, aprobada en 1998, estipula que las personas físicas tienen derecho a solicitar a la institución que facilite la información de que disponga o que tenga la obligación de generar.

146.Se puede presentar al Parlamento una petición colectiva, suscrita al menos por 10.000 ciudadanos de Letonia mayores de 16 años, que incluya una reclamación a dicho órgano. Las firmas para esa petición también pueden reunirse por medios electrónicos, si se garantiza la identificación de los signatarios y la protección de los datos personales. El Parlamento acepta y examina la petición colectiva, de conformidad con el Reglamento del Parlamento.

C.Marco para la promoción de los derechos humanos anivel nacional

147.El Comité de Derechos Humanos y Asuntos Públicos del Parlamento examina las cuestiones y proyectos de ley relacionados con los derechos humanos y los procesos de integración social. Este Comité supervisa una amplia gama de cuestiones, como las actividades de los medios de difusión pública y de las organizaciones religiosas, la situación de los condenados reclusos en centros de privación de la libertad, la promoción de la igualdad de género, la lucha contra la trata de seres humanos y la prevención de la violencia en las instituciones educativas. Hay otros comités del Parlamento que también examinan cuestiones relativas a los derechos humanos.

148.El Comité de Derechos Humanos y Asuntos Públicos del Parlamento organiza asimismo reuniones dedicadas al examen de los informes nacionales de Letonia sobre la aplicación de los principales convenios de derechos humanos de las Naciones Unidas. Durante las reuniones, los miembros de las instituciones invitadas y el Comité examinan el contenido de los informes nacionales y deliberan sobre las cuestiones de mayor actualidad en materia de derechos humanos, así como el contenido de las observaciones finales aprobadas por los órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados, y su aplicación. Por ejemplo, el 1 de junio de 2016, el Comité de Asuntos Sociales y Cuestiones Relativas al Empleo y el Comité de Derechos Humanos y Asuntos Públicos del Parlamento examinaron el informe periódico de la República de Letonia al Comité de los Derechos del Niño y la aplicación de las recomendaciones contenidas en las observaciones finales de ese Comité.

149.El Parlamento tiene una participación activa en la labor de las organizaciones regionales. La delegación del Parlamento participa regularmente en la labor de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que procura reforzar los valores comunes de Europa en esferas como los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho, mediante la formulación de recomendaciones y opiniones y la aprobación de resoluciones y convenciones.

150.En 2007 se estableció un grupo de mujeres diputadas del Parlamento, con participación de casi todas las parlamentarias, a los fines de la cooperación con sus homólogas de otros países. Los principales ámbitos de actividad de ese grupo se refieren a una mayor cooperación con las mujeres en los parlamentos de otros países, el establecimiento de un diálogo con las ONG y la sensibilización sobre cuestiones relativas a la igualdad en la sociedad.

151.Al elaborar los proyectos de ley, las autoridades competentes analizan constantemente y tienen en cuenta los instrumentos de derecho internacional, la jurisprudencia de los tribunales internacionales y los mecanismos extrajudiciales. Cuando se elaboran proyectos de ley, se reúne información sobre las diversas cuestiones relacionadas con los proyectos respectivos, en particular las exigencias de los instrumentos de derecho internacional y las directrices emitidas por el mecanismo de supervisión del tratado. De conformidad con la instrucción núm. 19 del Consejo de Ministros, “Procedimiento de Evaluación Inicial del Impacto de un Proyecto de Ley”, aprobada el 15 de diciembre de 2009, los resultados de la evaluación y el análisis de los compromisos internacionales se reflejan de manera detallada en el informe o anotación inicial de evaluación del impacto, con indicación de los instrumentos jurídicos que se deben evaluar, las opiniones, las conclusiones y los fallos de las instituciones internacionales. Antes de la aprobación de los instrumentos jurídicos por el Consejo de Ministros, el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Letonia ante las instituciones internacionales de derechos humanos, el Ombudsman y las ONG tienen derecho a expresar sus opiniones en el marco del proceso de armonización del instrumento jurídico. Los comités competentes del Parlamento, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos y Asuntos Públicos, analizan también en detalle la conformidad del proyecto de ley con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

152.Bajo los auspicios del Ministerio de Justicia, varios grupos de trabajo permanentes examinan las cuestiones que se plantean en las actuaciones civiles, penales, y administrativas y los procedimientos por infracción administrativa y otros ámbitos de la justicia. Uno de esos grupos trabaja de forma activa en la evaluación de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra Letonia. El grupo analiza el contenido de las sentencias pronunciadas contra el país, procede a una evaluación y, de ser necesario, toma iniciativas para mejorar el instrumento jurídico nacional pertinente lo antes posible. Ese grupo de trabajo también considera las medidas adicionales que es necesario aplicar en el plano nacional a fin de evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro.

153.Por último, en los procesos judiciales nacionales también se utiliza la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra Letonia y otros países, las directrices publicadas por los órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados, y las opiniones aprobadas por esos órganos.

154.Para que todas las personas puedan ejercer los derechos previstos en el artículo 90 de la Constitución, los tratados de derechos humanos que son vinculantes para Letonia se traducen y se ponen a disposición del público. Cuando Letonia concluye un acuerdo internacional, el texto del acuerdo se traduce al letón y se publica en el Boletín Oficial, Latvijas Vēstnesis, así como en el sitio web www.likumi.lv. Se trata de un sitio web administrado por la editorial oficial Latvijas Vēstnesis, que ofrece acceso gratuito a los instrumentos jurídicos sistematizados de la República de Letonia, la información más reciente sobre ellos, así como sus modificaciones.

155.Los informes nacionales de la República de Letonia sobre la aplicación de los convenios de derechos humanos de las Naciones Unidas se publican en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la sección sobre las actividades del representante de Letonia ante las instituciones internacionales de derechos humanos (véase el párrafo 173). Los documentos de planificación de las políticas nacionales relacionados con la aplicación de las obligaciones dimanantes de los convenios de derechos humanos de las Naciones Unidas pueden consultarse en el sitio web de la institución coordinadora del convenio respectivo.

156.La base de datos de las traducciones de las sentencias pronunciadas en las causas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra Letonia está disponible en el portal de los tribunales de Letonia, www.tiesas.lv, así como en el sitio web del Tribunal Supremo. En este último también están disponibles, en letón, las opiniones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en las causas contra Letonia.

157.Los informes nacionales de la República de Letonia sobre la aplicación nacional de los convenios de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos y sus traducciones se publican en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores y el ministerio competente. Las observaciones finales de los órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados también se anuncian, traducidas en letón, en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores y el ministerio competente. Del mismo modo, antes y después de cada diálogo con el comité pertinente de las Naciones Unidas durante el cual se examina el informe periódico nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la autoridad responsable preparan y publican un comunicado de prensa para informar a la población sobre el curso del diálogo, la composición de la delegación nacional, las cuestiones examinadas durante el diálogo, etc.

158.En el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores se publican asimismo los informes anuales del representante de Letonia ante las instituciones internacionales de derechos humanos, relativos a la representación de los intereses del país ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados. Tales informes anuales contienen información sobre las opiniones aprobadas por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en las causas contra Letonia, en su caso, y las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en causas contra Letonia, con un breve resumen de los hechos y las conclusiones del caso.

159.Las instituciones de la administración del Estado y las encargadas de hacer cumplir la ley organizan periódicamente campañas de sensibilización en los medios de comunicación para diversos grupos de destinatarios. Por ejemplo, en el ámbito de la protección de los derechos del niño, las instituciones de la administración del Estado, en colaboración con ONG, organizan actividades de educación y capacitación para los padres sobre el desarrollo y la crianza de los hijos, un entorno seguro y saludable para los niños y otros temas. Se emprenden diversas actividades de información pública con el fin de que se comprenda mejor la cuestión de la igualdad de género.

160.En el sitio web de la Oficina del Ombudsman hay un gran volumen de información disponible sobre los acuerdos internacionales y otros documentos conexos, así como su traducción al letón.

161.Las ONG de Letonia también contribuyen activamente a informar a la población sobre las cuestiones que afectan a los derechos humanos y las normas internacionales pertinentes. Por ejemplo, la labor de la Asociación “Centro de Recursos ZELDA” es un ejemplo de buena práctica, que apunta a promover el respeto de los derechos de las personas con trastornos mentales y la protección de sus intereses. El Centro realiza investigaciones y análisis de políticas en la esfera de la protección de los derechos de las personas con trastornos mentales, ofrece asesoramiento jurídico gratuito a los habitantes, educa a diversos grupos del público (por ejemplo, funcionarios de las autoridades de la administración del Estado, especialistas de la salud mental y centros de atención social, jueces, representantes de otras ONG, personas con trastornos mentales), y traduce las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos pertinentes para el ámbito de su labor. Por su parte, la sociedad “Centro de Recursos Marta” presta asistencia profesional y apoyo a las mujeres en situación de crisis, y les ofrece consultas con un trabajador social, un psicólogo, un psicoterapeuta, un abogado y otros especialistas.

Actividades educativas e informativas en materia de derechos humanos

162.Con el fin de mejorar periódicamente las calificaciones y los conocimientos sobre las cuestiones de derechos humanos y el contenido y el alcance de los convenios internacionales, se organizaron varias actividades educativas e informativas sistemáticas para los empleados de las instituciones de la administración pública responsable del Estado, los funcionarios del sistema judicial y las personas pertenecientes al sistema judicial.

163.Las cuestiones relativas a los derechos humanos se incluyen en los programas de formación para los empleados de las instituciones de la administración del Estado, como la Academia de Policía Estatal y la Academia de la Guardia Estatal de Fronteras, así como en los programas de perfeccionamiento profesional de la Policía Estatal. En el marco de los programas se examinan cuestiones como la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la prevención de la trata de seres humanos, los aspectos psicológicos y jurídicos de la actuación de los funcionarios de policía en los casos de violencia sexual, la violencia doméstica, etc. En 2015, la Academia Estatal de Policía aprobó el programa de educación no formal para adultos titulado “Aspectos jurídicos y prácticos de las actividades de los oficiales con rango de servicio especial de los centros de detención temporal de la Policía Estatal”, en cuyo marco en 2016 se impartió capacitación a 27 funcionarios.

164.Periódicamente también se organizan cursos de formación y talleres para funcionarios de la Administración Penitenciaria y la Oficina de Asuntos de Ciudadanía y Migración. Se presta especial atención a formar a los profesionales sobre las características específicas del trabajo con menores de edad en centros de reclusión, niños que han sido víctimas de actividades ilícitas, solicitantes de asilo y otras cuestiones. En colaboración con las ONG y la Oficina del Ombudsman de los Derechos Humanos a menudo se imparte formación para el personal especializado. Se presta atención a la formación y los programas de perfeccionamiento profesional para los empleados de la Oficina de Asuntos de Ciudadanía y Migración y la Guardia Estatal de Fronteras, por ejemplo, para mejorar los métodos de entrevista y los conocimientos de idiomas extranjeros.

165.Desde 1995 funciona en el país el Centro de Formación Judicial de Letonia, que ofrece nuevas actividades de educación y de perfeccionamiento profesional para los jueces y el personal judicial, los fiscales y los abogados jurados. El objetivo del Centro es mejorar la calidad de las sentencias judiciales y preparar a los profesionales para que refuercen la calidad de su trabajo en el sistema judicial. Se organizan actividades periódicas de capacitación sobre temas de derechos humanos; por ejemplo, en 2015 se impartió formación a los jueces sobre el respecto efectivo de los derechos humanos en las actuaciones penales, los procedimientos administrativos y las actuaciones civiles, el derecho de los niños y otras cuestiones. En 2016, los jueces y los aspirantes a jueces recibieron también capacitación sobre cuestiones relativas al derecho a la libertad y la seguridad, así como prácticas en las decisiones sobre detención y derecho a un juicio imparcial.

166.Las cuestiones relativas a la observancia de los derechos humanos (la tolerancia, la no discriminación, la diversidad étnica, la igualdad de género) se integran en el contenido de las asignaturas ordinarias y los ejemplos de temas para varios programas de la enseñanza primaria y secundaria general. El material didáctico incluye también temas relacionados con la sensibilización y la prevención del riesgo de la trata de personas, así como los matrimonios de complacencia.

167.El contenido del plan de estudios de educación general de Ciencias Sociales, asignatura “Política y Derecho”, incluye las cuestiones relativas a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 1989. Por ejemplo, en la educación sobre el tema “Ciencias Sociales”, el estudiante aprende la tolerancia hacia las personas diferentes; conoce y utiliza en la práctica las posibilidades de participación ciudadana en las actividades de la escuela, en los planos local y nacional; entiende que las personas tienen diferentes creencias religiosas, políticas y de otra índole; es tolerante hacia las opiniones de las minorías; acepta y respeta a otros miembros del grupo. El contenido de las asignaturas de educación general “Política y Derecho” y “Ética” se ha completado con el mismo propósito, con la inclusión de las cuestiones de la participación y los derechos y las obligaciones de los estudiantes en el contenido obligatorio de los estudios. A su vez, en el nivel de la asignatura obligatoria “Estudio de la Salud” también se incluyen algunos temas de la enseñanza secundaria general, como la salud reproductiva, la prevención de los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual, la sexualidad y las relaciones sexuales.

168.Los empleados de la Oficina del Ombudsman periódicamente asesoran, verbalmente y por escrito, a las personas que desean recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los mecanismos de las Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos. Los informes anuales del Ombudsman incluyen una sinopsis de la observancia en Letonia de los derechos garantizados por los convenios de derechos humanos de las Naciones Unidas.

Promoción de los derechos humanos en todo el mundo en el contexto de la cooperación para el desarrollo

169.Letonia aporta su contribución a los presupuestos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Se hacen algunas aportaciones específicas para asistencia en situaciones de emergencia, como la guerra en Siria y Ucrania. La contribución refuerza la imagen de Letonia como asociado digno de confianza y país donante, y confirma su apoyo a la promoción de los derechos humanos a nivel internacional (véase el apéndice 3).

170.El objetivo de la política de cooperación para el desarrollo de Letonia es contribuir a la aplicación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible en los países en desarrollo, en particular en los países prioritarios asociados de Letonia, a fin de promover el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, el estado de derecho y la buena gobernanza (véase el apéndice 3).

171.En el contexto de la cooperación para el desarrollo, Letonia trabaja en los países de la Asociación Oriental de la Unión Europea y los países de Asia Central, y se centra en las siguientes esferas de cooperación: desarrollo de la administración pública y fomento de la capacidad, desarrollo empresarial y fortalecimiento de la capacidad de exportación, gobernanza y reforma de las estructuras de seguridad pública, promoción de la participación democrática y desarrollo de la sociedad civil y la educación.

172.Letonia pone de relieve la aplicación y la promoción de los derechos humanos como principio interdisciplinario primordial para la planificación y aplicación de la política de cooperación para el desarrollo, con utilización de un enfoque basado en los derechos humanos. En la política de cooperación para el desarrollo y la política exterior, Letonia en general insiste en la integración de la democracia, la buena gobernanza, la igualdad de género y la sostenibilidad ambiental, así como las cuestiones relacionadas con el clima.

D.Proceso de presentación de informes a nivel nacional

173.De conformidad con el reglamento del Consejo de Ministros núm. 121, “Procedimiento para la Representación en las Instituciones Internacionales de Derechos Humanos”, aprobado el 7 de marzo de 2017, el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Letonia ante las instituciones internacionales de derechos humanos asume la representación de los intereses del país ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados. Dicho representante también prepara los informes nacionales sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, de 1965, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966, la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 1979, la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 1984, y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 1989.

174.La preparación de los informes nacionales sobre la aplicación de los Protocolos Facultativos de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 1989, está a cargo del Ministerio de Bienestar Social (Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados) y el Ministerio del Interior (Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía). Por otra parte, el Ministerio de Bienestar Social elabora el informe nacional relativo a la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 2006.

175.En la redacción de un informe nacional, el representante de Letonia ante las instituciones internacionales de derechos humanos tiene en cuenta las exigencias de las directrices pertinentes de las Naciones Unidas en cuanto al contenido y la forma del informe. La información sobre la aplicación de una convención específica de las Naciones Unidas en Letonia se recopila en colaboración con los responsables de las instituciones sectoriales y se somete a la aprobación del Consejo de Ministros. Además, el citado representante se encarga de la traducción de los informes nacionales en uno de los idiomas de trabajo oficiales de las Naciones Unidas y su presentación a las Naciones Unidas, y participa en la formación de la delegación nacional para el examen de los informes nacionales por parte de la Organización.

176.Cabe destacar que las ONG, el Ombudsman y los comités especializados participan en la preparación de los informes nacionales. Las observaciones recibidas de las ONG quedan reflejadas en el texto de cada informe nacional. Además, se indica a esas organizaciones que tienen la posibilidad de presentar un informe alternativo. El informe nacional recoge también la labor de la Oficina del Ombudsman en relación con la aplicación de una convención específica de las Naciones Unidas. Participan asimismo en la preparación del informe nacional algunos comités establecidos especialmente; por ejemplo, la Comisión de los Derechos del Niño (véase el párrafo 130) examina el informe nacional sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, y evalúa las observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño.

III.Medidas para la eliminación de la discriminación y la promoción de la igualdad de género: recursos internos

No discriminación

177.El marco normativo en vigor en Letonia y los compromisos internacionales que el país ha contraído estipulan que en Letonia se garantizan los derechos humanos sin discriminación alguna.

178.La Constitución garantiza a todas las personas residentes en Letonia la igualdad ante la ley y los tribunales, y el disfrute de sus derechos sin discriminación alguna. El artículo 91 de ese instrumento estipula que todas las personas son iguales ante la ley y los tribunales. Los derechos humanos se ejercerán sin discriminación de tipo alguno. El citado artículo de la Constitución debe interpretarse de conformidad con los acuerdos internacionales vinculantes para Letonia. Se puede concluir, por consiguiente, que la prohibición de la discriminación que figura en el artículo 91 de la Constitución también refleja el marco jurídico internacional pertinente.

179.Las disposiciones sobre la prohibición de la discriminación y la diferencia de trato figuran asimismo en las leyes de determinados sectores. Por ejemplo, el Código del Trabajo estipula que todas las personas tienen los mismos derechos a trabajar, en condiciones justas, seguras y saludables, así como a recibir una remuneración justa por su labor. Esos derechos se deben garantizar sin discriminación directa o indirecta, con independencia de la raza, el color, el género, la edad y la discapacidad, las convicciones religiosas, políticas o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica o el estado civil, la orientación sexual u otras circunstancias.

180.La Ley de Derechos de los Pacientes estipula que, como garantía del derecho de los pacientes, se prohíbe toda diferencia de trato en función de la raza, el origen étnico, el color de la piel, el género, la edad, la discapacidad, el estado de salud, la religión, la opinión política o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica o el estado civil u otras circunstancias de la persona. La diferencia de trato incluye la discriminación directa o indirecta contra una persona, la agresión a la persona o la instrucción de discriminarla.

181.Además, las disposiciones sobre la no discriminación y la prohibición de la diferencia de trato se han incorporado en la Ley de Seguridad Social, la Ley del Ombudsman, la Ley de Asociaciones y Fundaciones, el Código de Infracciones Administrativas, el Código Penal, la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor, la Ley de Educación, la Ley de Prohibición de la Discriminación de las Personas Físicas que Realizan Actividades Económicas, la Ley de Prestación de Apoyo a los Desempleados y Solicitantes de Empleo, la Ley de Publicidad y otros instrumentos jurídicos.

182.El artículo 9 del Código de Procedimiento Civil estipula que las partes tienen los mismos derechos procesales y el tribunal debe velar por que las partes dispongan de las mismas oportunidades de ejercer sus derechos para proteger sus intereses.

183.Los principios generales definidos en el Código de Procedimiento Administrativo incluyen el principio de respeto de los derechos de las personas físicas. El principio de igualdad establece que, en las mismas circunstancias de hecho y de derecho, una institución y un tribunal deben adoptar decisiones idénticas (si las circunstancias de hecho o de derecho son diferentes, las decisiones son diferentes), independientemente del género, la edad, la raza, el color, el idioma, la religión o la nacionalidad de los participantes en el procedimiento administrativo, las opiniones políticas o de otra índole, el origen social, la nacionalidad, la educación, la situación social y económica, la ocupación y otros factores.

184.Uno de los principios generales del Código de Procedimiento Penal establece un procedimiento unificado para todas las personas que participan en actuaciones penales, con independencia de su origen, situación social y económica, ocupación, ciudadanía, raza y nacionalidad, actitud ante la religión, sexo, educación, idioma, lugar de residencia y otras circunstancias.

185.El Código de Ejecución de Penas estipula que en la ejecución de cualquier forma de sanción penal no se permite la discriminación de las personas condenadas por motivos de raza, origen étnico, idioma, género, posición social y económica, opiniones políticas, convicciones religiosas y otros criterios. Todas las personas condenadas son iguales ante la ley.

186.Ante la violación de la prohibición de la discriminación, el Estado puede hacer valer la responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal. Concretamente, el Código de Infracciones Administrativas prevé la responsabilidad por violación de la prohibición de discriminación estipulada en la normativa. El Código Penal aplica la responsabilidad penal por las actividades que apuntan a la incitación al odio o la intolerancia por razón de nacionalidad, origen étnico, raza o religión (artículo 78 del Código Penal) y los actos dirigidos a incitar al odio o a la enemistad en razón del género, la edad, la discapacidad o cualesquiera otras características, si se ha causado daño considerable (artículo 150 del Código Penal) y la discriminación por motivos de raza, nacionalidad, origen étnico o afiliación religiosa o cualquier otro tipo de discriminación, si causa un daño material (artículo 1491 del Código Penal). La pena por estos delitos es más severa cuando son cometidos por un funcionario público o un empleado de una compañía (o empresa comercial) u organización, o un grupo de personas, o si los delitos se cometen mediante el uso de un sistema automatizado de procesamiento de datos. En el Código Penal se ha considerado que una motivación racial, nacional, étnica o sesgo religioso es circunstancia agravante (artículo 48, 1), 14) del Código Penal).

187.La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha desarrollado el contenido del principio de la prohibición de la discriminación. Ese Tribunal ha reconocido que ese principio, integrado en la Constitución, tiene por objeto impedir que se puedan restringir los derechos fundamentales de una persona sobre la base de un criterio inadmisible, como la raza, el origen étnico o el género, en un país democrático y regido por el derecho. En virtud del principio de igualdad se prohíbe que las instituciones del Estado emitan normas que, sin ningún motivo razonable, permitan un trato diferente a personas que se encuentren en condiciones equiparables y determinadas, en circunstancias comparables. El principio de igualdad permite, e incluso requiere, un trato diferente para las personas que se encuentran en circunstancias diferentes, y autoriza un trato diferente de personas que están en condiciones de igualdad, si existe un fundamento objetivo y razonable. Una diferencia de trato no es imparcial ni razonable si no tiene un objetivo legítimo, o si existe una relación desproporcionada entre los medios elegidos y los objetivos fijados.

188.La promoción de la igualdad de trato y la prevención de todas las formas de discriminación son una parte importante del ámbito de competencia de la Oficina del Ombudsman. El Ombudsman presta asistencia a las víctimas de discriminación mediante el examen de las denuncias individuales de violación de la prohibición de la discriminación o de la igualdad de trato por instituciones del Estado o personas físicas o jurídicas, la prestación de asesoramiento jurídico, y la representación de las personas ante los tribunales, así como la promoción de la conciliación entre las partes en la controversia. Entre 2011 y 2016, la Oficina del Ombudsman realizó una serie de actividades de información sobre la no discriminación. Por ejemplo, las opiniones y dictámenes del Ombudsman se publicaron en los medios de comunicación, se organizaron encuestas públicas sobre casos de violación de la prohibición de la discriminación, y se ejecutaron actividades educativas para el público y los funcionarios del Estado. La Oficina también ha elaborado varios estudios y preparado informes sobre la no discriminación, y participa activamente en debates públicos, aportando una opinión sobre los procesos importantes para la población relacionados con los asuntos de igualdad ante la ley.

Integración social. Promoción de los derechos de las personas pertenecientesa minorías nacionales

189.En la Constitución se estipula que, “las personas pertenecientes a minorías étnicas tienen derecho a preservar y desarrollar su lengua y su identidad étnica y cultural”. La sociedad en Letonia está integrada por representantes de más de 150 etnias. Las minorías y su cultura son un componente esencial de la sociedad y el espacio cultural del país. La política de integración de Letonia garantiza plenamente la protección de los derechos de las minorías y el respeto de su cultura, idioma y tradiciones. El Gobierno sigue aportando una importante contribución práctica en materia de educación, cultura y otros ámbitos, a fin de fortalecer la identidad de las minorías que viven en Letonia, y garantizar la participación de sus representantes en el proceso de formulación de políticas y la adopción de decisiones.

190.Las Directrices sobre Identidad Nacional, Sociedad Civil y Política de Integración (2012-2018) hacen hincapié en la importancia de preservar la singularidad de una minoría. En 2015 se aprobó el plan de aplicación de las mencionadas Directricespara el período hasta 2016; en ese plan se prevé el desarrollo de la educación cívica, el fortalecimiento de las formas tradicionales y no tradicionales de participación ciudadana, así como la promoción de la integración de los grupos socialmente excluidos y la prevención de la discriminación a ese respecto.

191.De conformidad con la Ley sobre el Desarrollo Libre de Grupos Étnicos y Nacionales de Letonia y el Derecho a la Autonomía Cultural, todos los residentes permanentes de Letonia tienen derecho a establecer sus propias sociedades, sindicatos y asociaciones. El Estado tiene la obligación de promover sus actividades y ayudar a atender sus necesidades materiales.

192.El Estado financia los programas de educación para minorías en siete idiomas: ruso, polaco, belaruso, ucranio, estonio, lituano y hebreo. En el año académico 2014/15, 106 instituciones educativas que ofrecen programas de educación para las minorías recibieron financiación del Estado (incluidas 99 escuelas que ofrecen programas de enseñanza en ruso y en forma bilingüe, 4 en polaco y en forma bilingüe, 1 en ucranio y en forma bilingüe, 1 en belaruso y en forma bilingüe, 2 en hebreo, 1 en letón y lituano, y 1 en letón y estonio) y 75 escuelas que imparten clases en paralelo (programas en letón y en idiomas minoritarios). En el año académico 2015/16, 103 instituciones educativas que aplican programas de educación para las minorías recibieron financiación del Estado (incluidas 94 escuelas que ejecutan programas de enseñanza en ruso y en forma bilingüe, 4 en polaco y en forma bilingüe, 1 en ucranio y en forma bilingüe, 1 en belaruso y en forma bilingüe, 2 en hebreo, 1 en letón y en lituano, y 1 en letón y estonio) y 60 escuelas que imparten clases en paralelo (programas en letón y en idiomas minoritarios).

193.Al rendir los exámenes estatales sobre adquisición de la enseñanza básica, los estudiantes tienen derecho a elegir el idioma del material del examen, a saber, letón o ruso. En los exámenes estatales de la enseñanza secundaria general, el material del examen está redactado en el idioma oficial. En 2014-2015, se organizaron talleres de desarrollo profesional para los especialistas en metodología de las instituciones de preescolar de las minorías, sobre la introducción de la educación bilingüe en el nivel preescolar.

194.Muchas instituciones de enseñanza de las minorías de Letonia cooperan con los Gobiernos y las instituciones educativas de los Estados respectivos, y reciben diversas publicaciones y material didáctico para mejorar el proceso educativo. Por ejemplo, la República de Polonia coopera estrechamente con Letonia y apoya a las escuelas polacas en Letonia.

195.Una de las tareas mencionadas en las Directrices para el Desarrollo de la Educación en Letonia, 2014-2020, es promover el desarrollo de una personalidad plurilingüe, mediante el aprendizaje de idiomas extranjeros, así como la promoción del aprendizaje de la lengua materna y el idioma oficial. Letonia se sitúa en segundo lugar en el indicador de plurilingüismo de la Unión Europea.

196.Bajo la dirección del Ministerio de Cultura, en 2011 se elaboró una serie de medidas de política nacional para la integración de los romaníes, que se incluye en las Directrices sobre Identidad Nacional, Sociedad Civil y Política de Integración (2012-2018).Se presta especial atención a la educación de los niños romaníes mediante el desarrollo de la práctica de incluir maestros auxiliares romaníes en las instituciones de preescolar y las escuelas de enseñanza general, así como actividades para la integración y la participación de los integrantes de ese grupo en Letonia, la facilitación de la cooperación entre la comunidad romaní y el gobierno local y/o los interlocutores sociales y el desarrollo del diálogo intercultural. Además de las actividades del Consejo Consultivo para la Aplicación de la Política de Integración de los Romaníes (véase el párrafo 73), en 2014 se estableció una red de expertos regionales sobre cuestiones relativas a la integración de los romaníes, con el fin de promover el intercambio periódico de información y experiencia entre los especialistas del gobierno local sobre las cuestiones de la integración de ese grupo y desarrollar la cooperación entre el Ministerio de Cultura, las instituciones locales y la comunidad romaní y, de este modo, lograr una aplicación más eficiente de las políticas para la inclusión de esa comunidad. Participan en la red expertos de 15 gobiernos municipales y locales de Letonia. El Ministerio de Cultura presta regularmente apoyo con cargo al presupuesto del Estado para la puesta en práctica de las iniciativas de integración de las ONG romaníes a nivel regional, en el marco de la competencia abierta de proyectos.

197.Según los resultados del estudio “Romaníes en Letonia”, realizado en 2015, los romaníes han de considerarse como un grupo de personas en riesgo de pobreza, que son objeto de discriminación en el mercado de trabajo y cuyas oportunidades de empleo no son iguales a los de otras nacionalidades, debido a su bajo nivel de educación y situación socioeconómica.

198.Desde 2016, el Ministerio de Cultura ejecuta el proyecto “Plataforma de romaníes letones I: diálogo, cooperación y participación”, para promover la cooperación y el diálogo entre la sociedad civil romaní, los representantes del Estado y las instituciones gubernamentales locales y los interlocutores sociales, a fin de asegurar una participación más efectiva de las personas de que se trata y una mejor coordinación de la política de integración de los romaníes. Varios activistas romaníes en Letonia participan en la ejecución del proyecto.

199.Desde 2015, el Ministerio de Cultura, en cooperación con el Centro de Derechos Humanos de Letonia, ejecuta diversas actividades encaminadas a promover la tolerancia de la sociedad y reducir los estereotipos negativos contra los romaníes, así como fomentar la cultura de ese grupo.

Adquisición de la ciudadanía y naturalización

200.Tras el restablecimiento de la independencia de Letonia, el 15 de octubre de 1991 el Consejo Supremo, sobre la base del principio de continuidad jurídica, aprobó una resolución sobre la renovación de la ciudadanía para los habitantes de Letonia que la poseían el día de la ocupación del país, a saber, el 17 de junio de 1940, y para sus descendientes, independientemente de su origen étnico. Sobre la base de ese principio, en 1994 se aprobó una nueva Ley de Ciudadanía. En 1998, la Ley de Ciudadanía se enmendó en un refer e ndum para facilitar la adquisición de la ciudadanía mediante la naturalización.

201.Paralelamente a la condición jurídica de ciudadano letón, en 1995 se creó la condición de no ciudadano de Letonia, como situación temporal especial para los antiguos ciudadanos de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y sus descendientes residentes en la República de Letonia que no tenían la nacionalidad letona ni la de ningún otro Estado. Los no ciudadanos de Letonia no son apátridas en el sentido de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, de 1954, dado que los derechos de los no ciudadanos tienen un alcance mucho más amplio, y Letonia ha contraído compromisos específicos con respecto a ellos, por ejemplo, les garantiza ex lege derechos de residencia permanente en Letonia, la protección consular en el extranjero, así como el derecho a regresar a Letonia y no ser expulsados de ese país. Los no ciudadanos disfrutan de la mayoría de los derechos garantizados a los ciudadanos. Tienen derecho a adquirir la ciudadanía por naturalización, y Letonia ha creado todas las condiciones para que las personas identificadas como no ciudadanos estén motivadas para adquirir la ciudadanía letona y puedan hacerlo.

202.Letonia ha realizado importantes progresos en la promoción del proceso de naturalización, y ha reducido el número de no ciudadanos del 29% (730.000) en 1995, al 11,75% (252.017) en enero de 2016 (véase el apéndice 2).

203.En cuanto a la promoción de la integración de la sociedad y la naturalización, el Gobierno de Letonia sigue aplicando una política coherente, por la que se invita a los no ciudadanos a solicitar la naturalización, promulga leyes destinadas a facilitar aún más el proceso para adquirirla y organiza campañas de información. El proceso de naturalización se ha simplificado en varias ocasiones, teniendo en cuenta las normas internacionales aplicables. La Oficina de Asuntos de Ciudadanía y Migración, que determina la condición jurídica de las personas en el país, organiza periódicamente diversas actividades informativas y educativas, para orientar sobre el procedimiento de naturalización.

204.Con las enmiendas a la Ley de Ciudadanía, aprobadas por el Parlamento el 9 de mayo de 2013, el procedimiento de concesión de la ciudadanía se ha simplificado. Por ejemplo, los hijos de no ciudadanos y apátridas se reconocen como ciudadanos de Letonia en el momento de la inscripción del nacimiento del niño, sobre la base del deseo expresado por uno de los progenitores. Existe la posibilidad de conceder la ciudadanía a los niños menores de 15 años, a solicitud de uno de los progenitores (anteriormente era necesario que lo pidieran ambos progenitores). Las personas de entre 15 y 18 años de edad pueden inscribirse como ciudadanos de Letonia, si así lo solicitan. Además, se han simplificado los requisitos relativos al período de residencia permanente para el solicitante de naturalización, y se especifican facilidades para los exámenes de idiomas y exenciones de los exámenes. Por ejemplo, los estudiantes que hayan seguido la parte principal de su enseñanza en letón, y hayan cursado más de la mitad del programa de enseñanza primaria en ese idioma, están exentos de todos los exámenes de naturalización.

205.Con las enmiendas a la Ley de Ciudadanía aprobadas en 2013, Letonia ha facilitado y hecho más accesible el proceso de inscripción de los hijos recién nacidos de los no ciudadanos, lo cual contribuye a poner fin a esa condición jurídica provisional.

206.Teniendo en cuenta la historia de Letonia, la creciente movilidad de las personas y la necesidad de mantener vínculos con los ciudadanos en todo el mundo, junto con la aprobación de las enmiendas indicadas a la Ley de Ciudadanía, se ha ampliado considerablemente el ámbito de aplicación de la doble ciudadanía. La doble ciudadanía en el sentido de la Ley permite que determinados ciudadanos puedan adquirir la ciudadanía letona y mantener al mismo tiempo su nacionalidad, y viceversa.

Derechos de los extranjeros, refugiados y solicitantes de asilo

207.El 19 de enero de 2016 entró en vigor una nueva Ley de Asilo, con el objeto de garantizar los derechos de las personas a recibir asilo en la República de Letonia, obtener la condición de refugiado o una condición alternativa, o recibir protección temporal. Un solicitante de asilo y refugiado no puede ser expulsado o extraditado a un Estado de su nacionalidad, si se encuentra fuera de ese Estado y razonablemente teme la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, y no pueda o, a causa de dichos temores, no esté dispuestos a aceptar la protección del Estado de su nacionalidad. No está permitido expulsar a una persona apátrida que, mientras se encuentre fuera del Estado de su anterior residencia habitual, no pueda o no esté dispuesta a regresar a ese Estado por las mismas razones. No se puede expulsar a una persona que haya obtenido una condición alternativa en la República de Letonia, si hay motivos para creer que puede ser víctima de daños graves después de regresar a su país de origen y, por lo tanto, no pueda o no esté dispuesta a aceptar la protección de ese país.

208.La Oficina de Asuntos de Ciudadanía y Migración lleva un registro de solicitantes de asilo para disponer de una constancia de los solicitantes de asilo y el avance del procedimiento de asilo (véase el apéndice 2). La decisión sobre la concesión o denegación de la condición de refugiado o de una condición alternativa debe adoptarse dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la entrevista personal con el solicitante de asilo, pero a más tardar dentro de los seis meses siguientes al registro de la solicitud.

209.A fin de asegurar al solicitante de asilo el ejercicio de sus derechos y obligaciones, la Guardia Estatal de Fronteras y la Oficina de Asuntos de Ciudadanía y Migración informan de inmediato a la persona sobre el procedimiento de asilo, sus plazos, los derechos y obligaciones respectivos y las instituciones que prestan asistencia jurídica, así como sobre las condiciones de admisión, incluido el derecho a recibir servicios de atención de la salud, etc. Un agente de la Guardia Estatal de Fronteras y de la Oficina facilita la información mencionada al solicitante por escrito, en un idioma que entienda, o que razonablemente debería entender.

210.El aumento del número de solicitantes de asilo ha puesto de manifiesto la necesidad de elaborar y planificar la cooperación interinstitucional, y fortalecer la capacidad del sistema de asilo de Letonia y la disponibilidad de ciertas garantías sociales para los solicitantes de asilo, los refugiados y las personas a las que se ha concedido la condición alternativa.

211.Así pues, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Asilo, un menor de edad que haya obtenido una condición de refugiado o condición alternativa, debe tener la posibilidad de recibir educación en el idioma oficial. Lo mismo se aplica a los menores de edad a los que se ha concedido protección temporal. Los solicitantes de asilo menores disponen de oportunidades educativas, que incluyen la preparación para recibir la enseñanza básica; a partir de los 5 años, adquisición de la enseñanza básica y la enseñanza secundaria general; después de cumplir los 18 años, la continuación de la educación general que ya se haya iniciado, clases sobre diversos temas de estudio, clases de conocimientos lingüísticos del idioma letón y el idioma materno, si los hijos de los solicitantes de asilo estudian en instituciones educativas que aplican programas de educación de las minorías, así como apoyo financiero para la compra de libros de texto.

212.De conformidad con la Ley de Servicios Sociales y Asistencia Social de 2003, las personas a las que se ha concedido la condición de refugiado tienen los mismos derechos que los ciudadanos y no ciudadanos de Letonia a recibir asistencia social, rehabilitación social o profesional, servicios sociales financiados con cargo al presupuesto de los gobiernos estatal y locales y prestaciones de asistencia social financiados por el gobierno local. A raíz de las enmiendas a la Ley de 2016, se ha ampliado la gama de servicios que pueden recibir los adultos que hayan recibido una condición alternativa en la República de Letonia (por ejemplo, una prórroga del permiso de residencia temporal). Los niños a quienes se ha concedido una condición alternativa tienen el mismo derecho a recibir asistencia social, rehabilitación social y servicios de asistencia social financiados por el Estado o las administraciones locales, al igual que los demás niños de Letonia en situación similar. Desde 2007, una persona que haya sido declarada víctima de la trata de seres humanos tiene derecho a recibir servicios de rehabilitación social financiados por el Estado; para utilizar este servicio, no es necesario que la persona tenga un permiso de residencia temporal.

213.De conformidad con las disposiciones de la Ley de Inmigración, se concede el derecho a empleo sin restricciones al solicitante de asilo a quien se haya entregado el documento de identificación personal de solicitante de asilo, y que no haya recibido una decisión de la Oficina de Asuntos de Ciudadanía y Migración relativa a la concesión o la denegación de la condición de refugiado o una condición alternativa dentro del plazo de seis meses a partir de la presentación de la solicitud de condición de refugiado o una condición alternativa, sin que ello pueda imputarse a su culpa. El derecho al empleo sigue vigente hasta que la decisión definitiva sobre la concesión o la denegación de la condición de refugiado o una condición alternativa cobre fuerza legal y sea definitiva.

214.La Ley de Inmigración, aprobada en 2003, tiene por objeto determinar los procedimientos para la entrada, permanencia, tránsito y salida, así como la detención de extranjeros. El 16 de junio de 2011 entraron en vigor enmiendas a la Ley de Inmigración en virtud de las cuales se modificaron considerablemente los procedimientos de protección de los derechos de los individuos. Las enmiendas establecen que una orden o una decisión de expulsión, y la decisión sobre la inclusión en la lista que la acompaña, así como la decisión de denegar la entrada en el espacio Schengen, podrán ser impugnadas ante una autoridad de nivel superior con arreglo al procedimiento jerárquico, en un plazo de siete días desde la fecha de su entrada en vigor. La decisión adoptada por la autoridad superior puede ser recurrida ante el Tribunal Administrativo de Distrito en un plazo de siete días a partir de la fecha de su entrada en vigor, y la decisión adoptada por ese Tribunal puede ser impugnada mediante la interposición de un recurso de casación ante el Departamento de Causas en lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.

215.Los extranjeros, los solicitantes de asilo (incluidos los refugiados y las personas que han obtenido una condición alternativa en la República de Letonia), que no sean ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea, si residen legalmente en la República de Letonia y han obtenido un permiso de residencia permanente, así como los extranjeros que estén sujetos a procedimientos de expulsión, en los casos previstos en la Ley de Inmigración, tienen derecho a asistencia jurídica financiada por el Estado, en los casos y por la cantidad fijada por la Ley de Asistencia Letrada Garantizada por el Estado.

216.El 1 de enero de 2017 había en Letonia 73.965 nacionales de terceros países registrados; de ellos, 26.262 tenían permiso de residencia y 47.703, permisos de residencia permanente. Los principales países de origen son la Federación de Rusia (75%), Ucrania (9%), Belarús (4%), Uzbekistán (2%), China (2%); otros países (8%). Los principales motivos de entrada en el país son trabajo, estudios, matrimonios e inversiones en bienes raíces o empresas locales.

Protección de los derechos de las personas con discapacidad

217.A fin de aplicar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, el Consejo de Ministros ha aprobado las Directrices sobre la Aplicación de la Convención para 2013-2010, así como el plan de aplicación para 2015-2017.

218.Letonia se ha esforzado sistemáticamente por establecer una cooperación armonizada y bien coordinada entre las instituciones que participan en la aplicación de los derechos de las personas con discapacidad, en particular para la instauración de un sistema de educación inclusiva, así como la promoción del acceso al entorno y la participación en proyectos sociales. Desde 2011, se han introducido varios servicios dirigidos a reducir las consecuencias de la discapacidad y la promoción del acceso a los servicios y actividades cotidianas.

219.Por ejemplo, se han ofrecido servicios de psicólogos para los niños y personas menores cuya condición de discapacidad se acaba de determinar (y sus representantes legales). En 2012, se introdujo en las instituciones educativas para niños y personas menores entre 5 y 18 años un servicio de maestros auxiliares, a fin de promover la educación inclusiva y garantizar las necesidades de los niños durante el proceso de enseñanza. Se sigue trabajando para prestar los servicios de auxiliares a las personas con discapacidad mientras cursan la enseñanza superior; está en ejecución un proyecto que ayuda a las personas con enfermedades mentales en la realización de tareas cotidianas; aumenta gradualmente el número de programas y películas subtitulados y traducidos a la lengua de señas, etc.

220.Desde el 1 de julio de 2014 se han introducido y aumentado varias prestaciones, a fin de ayudar a las personas con discapacidad y mejorar su situación financiera. En general, la cuantía de las prestaciones para esas personas se ha incrementado en un 30%.

221.El 27 de octubre de 2013 entraron en vigor las enmiendas al artículo 11 del Código de Procedimiento Penal, que establecen que el derecho de una persona a utilizar el idioma que conozca durante las actuaciones penales, y a ser asistida gratuitamente por un intérprete, también se aplica a las personas con deficiencias auditivas, visuales o del habla. En los casos previstos por la ley, los documentos del proceso se ponen a disposición de esas personas en el idioma que comprendan, o de una manera que sean capaces de comprender.

222.El 1 de enero de 2013 entraron en vigor las enmiendas al Código Civil, el Código de Procedimiento Civily la Ley de Tribunales de Huérfanos y Personas Sujetas a Custodia, en virtud de las cuales se abolió la privación total de la capacidad jurídica y se la sustituyó por la capacidad jurídica restringida. Ya no es posible despojar totalmente a alguien de su capacidad jurídica. Tampoco se podrán restringir los derechos inmateriales de una persona (por ejemplo, el derecho a contraer matrimonio), así como el derecho de defender, en instituciones y ante un tribunal, sus derechos e intereses legítimos en relación con las restricciones de la capacidad jurídica y la libertad personal, los litigios con un tutor y el nombramiento y la destitución de un tutor. En la actualidad, solo puede restringirse la capacidad jurídica en el ámbito de los derechos patrimoniales (como cuestiones financieras y el derecho a administrar sus bienes). Se puede restringir la capacidad jurídica de una persona con enfermedad mental u otros trastornos de la salud solo en casos excepcionales y únicamente en la medida en que no sea capaz de comprender el significado de sus actos o no esté en condiciones de gestionar sus actos.

223.Además, en 2013 entraron en vigor las enmiendas al Código Civil en virtud de las cuales se introduce un nuevo concepto jurídico, a saber, el poder de representación de larga duración. Si una persona es consciente de que, en el futuro, puede haber situaciones que le impidan decidir por sí misma, la disposición le permite suscribir un poder de representación de larga duración para resolver cuestiones concretas en las situaciones en que la persona, debido a trastornos médicos u otras razones o circunstancias, es incapaz de comprender las consecuencias de sus acciones y administrar sus actos.

224.En el ámbito del derecho laboral, el legislador ha determinado que, a fin de promover la aplicación del principio de la igualdad de derechos de las personas con discapacidad, el empleador está obligado a tomar las medidas que requieran las circunstancias, para adaptar el entorno de trabajo, facilitar la capacidad de esas personas para establecer relaciones laborales, desempeñar sus funciones, obtener promociones o recibir formación profesional o aumentar su calificación. El Códigodel Trabajo también estipula que la aplicación de esas medidas debe equilibrarse con la carga que representa para el empleador el cumplimiento de esta obligación.

225.El sitio web de la radio letona contiene la transcripción de los programas de mayor actualidad y más populares destinados a las personas con deficiencia auditiva. Se ha prestado especial atención a sensibilizar a la población acerca de cuestiones relacionadas con la discapacidad, mediante la inclusión de temas relativos a los derechos y las necesidades de las personas con discapacidad en el contenido de las emisiones de radio letona y televisión letona.

Promoción de la igualdad de género

226.La política de igualdad de género de Letonia se basa en el enfoque integrado de esa cuestión en el país. De conformidad con este enfoque, el aspecto de la igualdad de género se tiene en cuenta en todas las etapas de la planificación de políticas, en particular, la redacción de instrumentos jurídicos y la redacción y aplicación de los documentos de planificación de políticas. En las diversas secciones de los principales instrumentos jurídicos se establecen la prohibición de la diferencia de trato y el principio de igualdad. A fin de garantizar la aplicación del enfoque integrado de la política de igualdad de género en todos los niveles y sectores, cada ministerio y la Cancillería del Estado han designado a un funcionario que se encarga de la aplicación de los principios básicos de la igualdad de género en el ámbito pertinente. La política de igualdad de género de Letonia se elaboró en estrecha cooperación con las ONG. El Comité para la Igualdad de Género prosigue su labor (véase el párrafo 142).

227.El marco para la política de igualdad de género se basa en el marco conceptual aprobado en 2001 para llevar a la práctica la igualdad de género. Varios documentos de planificación de políticas, incluido el Plan para la Aplicación de la Igualdad de Género 2012-2014, se prepararon sobre la base de las cuestiones señaladas y las mejoras necesarias. En el plan se identificaron cuatro líneas de acción y las medidas principales para su aplicación: la reducción de las funciones y los estereotipos de género, la promoción de estilos de vida saludables e inocuos para el medio ambiente para las mujeres y los hombres, la promoción de la independencia económica y la igualdad de oportunidades en el mercado laboral para las mujeres y los hombres, y el seguimiento y la evaluación de las políticas de igualdad de género. Con el fin de establecer un marco para la aplicación ulterior de las políticas de igualdad de género, en ese momento se redacta el plan de acción para la igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres, correspondiente al período 2017-2020.

228.El 12 de mayo de 2015 se aprobaron las Directrices sobre Empleo Inclusivo (2015‑2020). Este documento de planificación de políticas, cuyos objetivos principales son crear un mercado de trabajo inclusivo y equilibrado y establecer las condiciones que faciliten el empleo, se centra también en cuestiones como la segregación del mercado laboral y la falta de una representación equilibrada de mujeres y hombres en distintos sectores de ese mercado, lo que también incide en la formación de diferencias salariales entre mujeres y hombres.

229.En Letonia se aplican deliberadamente medidas para promover el equilibrio entre la vida laboral y familiar, a saber, mediante el desarrollo de servicios de guardería y la introducción de horarios y métodos de trabajo flexibles. Por ejemplo, el Ministerio de Bienestar Social, en cooperación con varios gobiernos locales y el Instituto de Sostenibilidad y Responsabilidad Empresarial, ejecuta un proyecto destinado a desarrollar servicios de guardería flexibles para los niños cuyos padres tienen horarios de trabajo poco habituales, a fin de promover el empleo de los padres, en particular las mujeres, y el equilibrio entre la vida laboral y familiar. Se presta especial atención a las medidas orientadas a los padres de niños recién nacidos y su participación activa en el cuidado del hijo, para reforzar de este modo las relaciones familiares en general. Conviene señalar la importante contribución de las ONG y el sector privado en la promoción de la participación de los hombres en una sociedad en constante cambio y una colaboración más activa de los padres en el cuidado y la crianza de los hijos. Según las estadísticas, ha aumentado el número de padres que han tomado licencia de paternidad por el nacimiento de un hijo, lo que indica una mayor participación de los hombres en el cuidado de los niños: en 2004 ese porcentaje era del 22%, en 2014, del 45%, y en 2015, del 48%.

230.Entre 2013 y 2014, en el marco de un proyecto sobre la igualdad de géneros en la adopción de decisiones económicas, se organizó una campaña de información pública, en la que se destacó la observancia de los principios de igualdad en relación con la remuneración de mujeres y hombres, la elección de la profesión y las oportunidades de carrera. También se actualizó el índice de desarrollo sostenible, para poner de relieve la importancia de la igualdad de género en la labor de las empresas, así como reconocer y recompensar a aquellas con los resultados más satisfactorios. En el marco de la Semana de Empresas Responsables en 2014 se otorgó una distinción a la empresa más comprometida con la igualdad de género, en reconocimiento del trabajo sostenible y la responsabilidad institucional. En 2016 se puso en marcha un proyecto sobre la promoción de la diversidad y la prevención de la discriminación, en cuyo marco se prevé mejorar los instrumentos para evaluar las políticas nacionales y centrar el enfoque en las consecuencias que tiene la elaboración del presupuesto en el cambio de la situación de las mujeres y los hombres, y sensibilizar a la opinión pública sobre la no discriminación y la sociedad inclusiva.

231.Letonia ha logrado indicadores muy positivos de participación de la mujer en la adopción de decisiones, especialmente en la esfera de la economía. Según los datos del Registro de Empresas de la República de Letonia, una tercera parte de las empresas del país pertenece a mujeres; ese porcentaje era de 33,01% en 2014, y de 32,9% en 2015. La mayoría de las mujeres administran microempresas y pequeñas empresas. Los datos también muestran la presencia de mujeres como miembros de los consejos de administración en el 25% de las empresas con un volumen de negocios de más de 7 millones de euros por año. Al mismo tiempo, el número de mujeres en la gestión de las empresas que cotizan en bolsa ha disminuido ligeramente en comparación con 2014 (31%), se ha situado en 28,5% y ocupa el séptimo lugar entre los Estados miembros de la Unión Europea.

232.En la esfera de la educación en Letonia, la tendencia indica un mayor nivel de educación entre las mujeres respecto de los hombres, con una diferencia particularmente marcada entre los que han cursado la enseñanza superior. Según las estadísticas, el porcentaje de mujeres con educación superior en 2016 fue del 65%. Al mismo tiempo, las mujeres están menos representadas en las disciplinas científicas y tecnológicas en todos los niveles de la educación, y ello también se refleja en el mercado laboral. A fin de reducir la segregación educativa, el grupo de trabajo establecido bajo la supervisión del Comité de Igualdad de Género, en 2013 elaboró recomendaciones sobre “Equilibrio en el número de mujeres y hombres e incorporación de la igualdad de género en la enseñanza preescolar, la enseñanza general, profesional y superior en Letonia, en el proceso educativo y el contenido hasta 2020”. En el ámbito de la educación, se presta atención al rendimiento de los varones, con el fin de atenuar la diferencia en los resultados del aprendizaje de lectura (intuitiva), matemáticas y ciencia, y reducir el número de niños, especialmente varones, que abandonan el sistema educativo.