DOCUMENTO DE BASE QUE FORMA PARTE INTEGRANTE
DE LOS INFORMES DE LOS ESTADOS PARTES
TERRITORIOS DEPENDIENTES DE ULTRAMAR Y DEPENDENCIAS
DE LA CORONA DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA
E IRLANDA DEL NORTE
[30 de enero de 2001]
ÍNDICE
Página
Introducción2
Anexos
I.Anguila3
II.Bermudas11
III.Islas Vírgenes Británicas22
IV.Islas Caimán29
V.Islas Falkland35
VI.Gibraltar48
VII.Montserrat59
VIII.Pitcairn66
IX.Santa Elena70
X.Islas Turcas y Caicos77
XI.Isla de Man84
XII.Alguacilazgo de Jersey91
XIII.Alguacilazgo de Guernesey105
GE. 01-43440
Introducción
1.De conformidad con las directrices consolidadas para la parte inicial de los informes de los Estados Partes (HRI/1991/1), transmitidas con la nota del Secretario General de fecha 26 de abril de 1991 (HRI/CORE/1), el Gobierno del Reino Unido presenta adjunto el documento básico (“perfil del país”) respecto de:
i)Cada uno de los Territorios Dependientes de Ultramar a los que se aplica uno o más de los diversos tratados sobre derechos humanos de las Naciones Unidas, a saber: Anguila, las Bermudas, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, las Islas Falkland, Gibraltar, Hong Kong, Montserrat, Pitcairn, Santa Elena y las Islas Turcas y Caicos (anexos I a XI).
ii)Cada una de las Dependencias de la Corona a las que se aplica uno o más de esos tratados, es decir: la Isla de Man, Guernesey y Jersey (anexos XII a XIV).
2.Los apéndices que se mencionan en los anexos pueden consultarse en la Secretaría.
Anexo I
ANGUILA
I. TERRITORIO Y POBLACIÓN
1.La población residente en Anguila aumentó 13,4% pasando de 6.680 habitantes en 1984 a 8.960 en 1992, años de censo. La población de 1992 comprendía 4.473 varones y 4.487 mujeres. Un 68% de la población tenía menos de 36 años. La densidad de población se registró en 106 habitantes por kilómetro cuadrado (276 habitantes por milla cuadrada). Casi un 15% de la población registrada estaba formada por nacionales de otros países del Caribe, y menos del 10% consistía en nacionales del Reino Unido, los Estados Unidos y otros lugares. La información estadística ofrece también los siguientes datos:
Ingreso por habitante16.400 dólares del Caribe Oriental (1992)
Producto interno bruto152,57 millones de dólares del Caribe Oriental (1992)
Tasa de inflación2% (1992)
Deuda externa
(en millones de dólares del Caribe Oriental)23,6 (1992)
Tasa de desempleo7% (1992)
Tasa de alfabetización de los adultos92% (1992)
Porcentaje de la población que emplea No se dispone de datos, pero se estima en 100%.
el inglés como lengua maternaEsto no comprende a diversos nacionales españoles y franceses que residen en la isla.
Expectativa de vidaVarones68 años (1992)
Mujeres 69 años (1992)
Tasa de mortalidad infantil28,4 (1992)
(por cada 1.000 nacidos)
Tasa de mortalidad derivada de la maternidadNo se dispone de datos
Tasa de fecundidad1,79 (1992)
Porcentaje de la población:
De menos de 15 años30,5% (1992)
De 65 años o más9,0% (1992)
Población de iure
Residentes8.960 (1992) )
Fuera de la isla ) Total 9.290
(durante más de tres meses)330 (1992))
Porcentaje de la población en zonas No existen en Anguila zonas urbanas claramente rurales y urbanas identificables, aunque algunos lugares están
poblados más densamente que otros.
Porcentaje de familias a cargo de una mujerNo se dispone de datos; se supone que es inferior a 15%
ReligionesLas principales son la anglicana, metodista, adventista del séptimo día, baptista, católica, y la Iglesia de Dios de la Profecía.
II. ESTRUCTURA POLÍTICA GENERAL
A. Sistema de gobierno
2.Antes de establecerse el régimen de Estado Asociado, Anguila estaba gobernada como parte de la colonia de Saint Kitts-Nevis-Anguila. Se presentaron peticiones contra esa unión en 1825, 1872 y 1958. Las protestas alcanzaron su máximo nivel cuando las tres islas pasaron a constituir un Estado Asociado, en febrero de 1967, quedando la responsabilidad de los asuntos exteriores a cargo del gobierno central, en Saint Kitts.
3.En mayo de ese año Anguila se rebeló y se hizo cargo de sus propios asuntos. La policía británica ocupó la isla en 1969 y se designó a un alto funcionario británico para colaborar en su administración. En 1971 el Parlamento del Reino Unido aprobó la Ley sobre Anguila (Administración), con arreglo a la cual se designó a un Comisionado para la administración directa de la isla, actuando en estrecha consulta y cooperación con un Consejo electivo.
4.En 1976 una nueva Constitución estableció un régimen de gobierno ministerial en Anguila y dispuso la administración de la isla que, sin embargo, mantuvo su vínculo jurídico con Saint Kitts y Nevis.
5.En diciembre de 1980, al aprobarse el Proyecto de Ley sobre Anguila por el Parlamento del Reino Unido, la isla quedó separada formalmente del resto del Estado Asociado y volvió a adquirir la condición de territorio dependiente.
6.La Constitución de Anguila figura actualmente en el Anexo del Decreto sobre la Constitución de Anguila de 1982, modificado por el Decreto sobre la Constitución de Anguila (Modificación) de 1990. (En los apéndices 1 y 2 se adjuntan ejemplares de estos dos instrumentos.) La Constitución establece un régimen de gobierno parlamentario de “estilo de Westminster”, con un Gobernador (representante de la Corona), un Consejo Ejecutivo (correspondiente al Gabinete) y un órgano legislativo, principalmente electivo (la Asamblea), de entre cuyos integrantes provienen los del Consejo Ejecutivo que, en principio, es responsable ante ella.
7.El Gobernador es designado por la Reina a propuesta del Secretario de Estado para los Asuntos Exteriores y del Commonwealth del Reino Unido, ante el cual responde del ejercicio de aquellas de sus funciones que la ley no le impone desempeñar a propuesta de otra autoridad. El Gobernador preside el Consejo Ejecutivo, al que en general debe consultar y cuyas propuestas debe poner en práctica. Pero conserva responsabilidad directa respecto de ciertas cuestiones, en particular las de defensa, asuntos exteriores, asuntos financieros extraterritoriales, seguridad interna (incluida la policía) y la administración pública, y no está obligado a consultar a su respecto al Consejo Ejecutivo. También tiene facultades legislativas que le están reservadas bajo la autoridad el Secretario de Estado para procurar la aprobación por el Consejo Legislativo de las leyes que considere necesarias en interés del orden público y la fe pública. Está facultado para delegar algunas de sus facultades en el Vicegobernador.
8.El Consejo Ejecutivo está formado por el Gobernador, el Ministro Principal y otros tres Ministros, y también el Vicegobernador y el Fiscal General en calidad de miembros natos.
9.La Asamblea está formada por 12 miembros: el Presidente; el Vicegobernador y el Fiscal General como miembros natos; siete miembros electivos; y dos miembros designados.
Facultades de la Asamblea
10.Con sujeción a las disposiciones de la Constitución y a la aprobación del Gobernador, la Asamblea reglamenta sus propios procedimientos. Puede dictar leyes sobre cualquier tema y lo hace a través de proyectos que, una vez aprobados por ella, se presentan al Gobernador para su sanción. Una vez obtenida esa sanción pasan a ser ordenanzas. Aunque el Gobernador tiene la facultad de devolver los proyectos a la Asamblea para que ésta examine cualquier modificación que el Gobernador recomiende, en general hace uso de su facultad de sanción conforme al asesoramiento del Consejo Ejecutivo, y en la práctica la mayor parte de los proyectos son presentados por el Gobierno, redactados en la Fiscalía General y aprobados por el Consejo Ejecutivo antes de su presentación a la Asamblea. Formalmente todas las ordenanzas están sujetas a desautorización por la Reina a propuesta del Secretario de Estado. El Gobierno del Reino Unido conserva la facultad de legislar para Anguila mediante leyes del Parlamento o decretos del Consejo.
Legislaturas
11.La duración máxima de la Asamblea está fijada en cinco años, pero el Gobernador puede disolverla anticipadamente, previa consulta con el Ministro Principal, lo que abre el camino para una elección general antes del vencimiento del plazo máximo. Deben celebrarse elecciones generales dentro de los dos meses siguientes a la disolución. La Asamblea debe celebrar por lo menos una reunión cada año. La prórroga, que es el procedimiento mediante el cual se interrumpe un período de sesiones cuando no se disuelve la Asamblea, se dispone por el Gobernador a propuesta del Ministro Principal.
Elecciones parlamentarias
12.Anguila está dividida en siete distritos electorales a los efectos de la elección general.
13.El régimen legal para la realización de las elecciones se encuentra en la Constitución y la legislación complementaria, en particular la Ordenanza sobre la Constitución y las Elecciones (capítulo 162) y la Ordenanza sobre la Elección del Consejo de Anguila de 1972.
14.Con arreglo a la Constitución, las personas pueden ser elegidas miembros de la Asamblea si, siendo “pertenecientes a Anguila” (expresión definida en la Constitución), están registradas como votantes en Anguila y nacieron en Anguila o se domicilian en la isla en la fecha de su propuesta para la elección o han residido en ella durante los tres años inmediatamente anteriores a esa propuesta, así como en esa fecha, y alguno de sus progenitores nació en Anguila.
15.Ciertas personas, a pesar de cumplir los requisitos del párrafo 14, están expresamente inhabilitadas por la Constitución del derecho de formar parte de la Asamblea. Entre ellas figuran los ministros de las religiones (definidos en la Constitución), las personas que han sido declaradas en quiebra o mentalmente incapaces o condenadas a la pena de muerte o a una pena superior a la de 12 meses de prisión por delito o que han cometido ciertos delitos electorales.
16.La Constitución establece también los requisitos para los votantes. Tienen derecho a votar las personas que han cumplido 18 años de edad y son residentes en el distrito electoral en que pretenden registrarse como votantes siempre que se trate de ciudadanos de un Territorio Dependiente Británico nacidos y domiciliados actualmente en Anguila o de personas “pertenecientes a Anguila” y que tienen determinadas vinculaciones de familia o residencia con Anguila. Existen ciertas causas de inhabilitación para el registro de votantes que, en términos generales, son análogas a las que rigen para ser miembro de la Asamblea (véase el párrafo 15).
17.Se efectúa un censo de votantes cada cuatro años. Durante los intervalos, el registro de votantes se actualiza anualmente.
Sistema de partidos
18.Cuando Anguila procuró la autonomía en 1967 prevalecía la idea de que no sería prudente formar partidos políticos, pues ello generaría divisiones en la población en momentos en que necesitaba permanecer unida. No obstante, con el curso de los años se formaron diversos partidos. En consecuencia, cuando se celebran elecciones generales (o complementarias) los partidos presentan sus candidatos y exponen sus proyectos para la isla. En algunos casos pueden presentarse candidatos independientes. El candidato de cada distrito electoral que obtiene mayor número de votos el día de la elección queda elegido y presta juramento posteriormente como miembro de la Asamblea.
19.La última elección general celebrada, en marzo de 1994, dio lugar a resultados no definitorios al obtener dos escaños cada uno la Alianza Nacional de Anguila (ANA), el Partido Unido de Anguila (AUP) y el Partido Democrático de Anguila (ADP). El séptimo escaño correspondió a un candidato independiente. El AUP y el ADP formaron entonces una coalición que formó el nuevo gobierno el 18 de marzo.
Gobierno y oposición
20.El Gobernador designa como Ministro Principal (jefe del Gobierno) al miembro electivo de la Asamblea que a su juicio tiene perspectivas de obtener el apoyo de la mayoría de los miembros electivos de la Asamblea. Por regla general es el jefe del partido que ha obtenido mayor número de escaños en la última elección general, y ese partido, en consecuencia, forma el Gobierno. Pero pueden producirse casos, como se ha señalado ya, en que el Ministro Principal es el jefe de un partido que forma una coalición con otros para constituir el Gobierno. El jefe del partido que obtiene mayor número de escaños en la Asamblea, fuera del Gobierno, queda designado jefe oficial de la oposición. Junto con los miembros de la Asamblea elegidos por su partido y los demás miembros de la oposición ocupan sus lugares frente a los del Gobierno.
21.Se otorga igual tiempo a ambas partes en la Asamblea para exponer y defender sus puntos de vista sobre cualquier tema de interés público, asegurando con ello el procedimiento democrático. Las actuaciones de la Asamblea están abiertas al público y también se transmiten en directo por la estación de radio del Gobierno para que el público tenga oportunidad de escuchar los debates.
B. Sistema judicial
Los tribunales
22.La estructura judicial de Anguila está compuesta por un Juzgado de Paz, un Tribunal Superior, un Tribunal de Apelaciones y la Comisión Judicial del Consejo Privado. El Tribunal Superior y el Tribunal de Apelaciones son, en realidad, los tribunales que constituyen en conjunto el Tribunal Supremo del Caribe Oriental. Estos tribunales y los magistrados que los componen actúan no sólo en Anguila, sino también en otros diversos países independientes del Caribe Oriental y en varios otros territorios dependientes británicos de la región. (Actualmente visitan Anguila en forma periódica para sus audiencias, pero el Tribunal Supremo del Caribe Oriental considera la posibilidad de designar a un juez permanente conjunto para Anguila y Montserrat.) Existen disposiciones detalladas que forman parte de la legislación de todos los países y territorios respectivos, que rigen la designación y el mandato de los magistrados y aseguran su protección contra la interferencia política de cualquier origen. En lo que respecta al Juzgado de Paz y a los titulares de otros puestos judiciales o cuasijudiciales inferiores (como el Secretario local del Tribunal Superior), la Constitución de Anguila exige que el Gobernador, al hacer uso de sus facultades de designación, etc., consulte a la Comisión de Servicios Judiciales, establecida en virtud de la Constitución y que está formada por el Presidente del Tribunal Supremo del Caribe Oriental, otro magistrado de ese tribunal y el Presidente de la Comisión de Administración Pública.
Procedimiento penal
23.La responsabilidad de promover el procedimiento penal recae generalmente en Anguila en la policía; pero ésta remite los asuntos que pueden plantear cierta dificultad a la Fiscalía General para que imparta orientación o para que el Fiscal General los tome a su cargo. En algunos casos el Fiscal General puede promover procedimientos por sí mismo. El párrafo 1 del artículo 34 de la Constitución de Anguila lo faculta para promover y llevar adelante procedimientos penales contra cualquier persona por delito contra la legislación de Anguila; tomar a su cargo y continuar procedimientos penales promovidos por cualquier otra persona o autoridad; y poner fin a esos procedimientos en cualquier etapa antes de que se haya dictado sentencia.
24.Existen en Anguila otras tres categorías de delitos: los que sólo pueden juzgarse mediante acta de acusación (es decir, ante un juez y un jurado); los que sólo dan lugar a procedimiento sumario; y los que pueden ser juzgados en una u otra forma (mediante acta de acusación o en procedimiento sumario).
25.Los delitos muy graves, como el homicidio doloso o culposo y la violación, sólo pueden juzgarse mediante acta de acusación. Los delitos menos graves, llamados de procedimiento sumario, se juzgan por el Juez de Paz, que actúa sin jurado. Los delitos que pueden juzgarse en una u otra forma pueden quedar a cargo del Juez de Paz o de un juez que actúa con un jurado, según las circunstancias del caso, la opción que efectúe el acusado y el acuerdo de la acusación.
26.Además de juzgar delitos de procedimiento sumario (y delitos que pueden juzgarse en cualquiera de las dos formas y que se ha resuelto juzgar en procedimiento sumario), el Juez de Paz también actúa como tribunal de investigación preliminar a los efectos de resolver si existen o no fundamentos suficientes para someter a un acusado al Tribunal Superior para su juzgamiento mediante acta de acusación. Cuando el Juez de Paz ha condenado a una persona, en procedimiento sumario, por un delito que puede ser juzgado por uno u otro procedimiento, si estima que corresponde una pena más grave que la que está facultado para imponer, puede remitir el asunto al Tribunal Superior para que éste fije la pena.
27.El Juez de Paz generalmente actúa en audiencia abierta en que se permite la presencia del público y la prensa.
28.Los asuntos en que intervienen personas menores de 16 años de edad generalmente se resuelven por el Tribunal de Menores. Se trata de un Juzgado de Paz constituido especialmente y que actúa en otro momento. Sólo pueden asistir personas de determinadas categorías.
Las apelaciones en los procedimientos penales
29.Las personas condenadas por el Juzgado de Paz o el Tribunal Superior pueden recurrir ante el Tribunal de Apelaciones contra la pena que se les haya impuesto si se declararon culpables, o contra la sentencia condenatoria o la pena que se les haya impuesto si se declararon inocentes. En ciertos casos cabe un recurso ulterior ante la Comisión Judicial del Consejo Privado, por derecho propio o mediante autorización del Tribunal de Apelaciones. La Comisión Judicial siempre puede conceder autorización especial para la apelación.
Juicios penales
30.Como es habitual en los sistemas del common law, los juicios penales se tramitan en procedimiento contradictorio. Se presume la inocencia del acusado hasta que se pruebe su culpabilidad, y la acusación debe probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. El derecho de los acusados a un juicio imparcial, con todas las garantías necesarias procesales y de otra índole, está asegurado por el artículo 9 de la Constitución de Anguila, que en lo fundamental corresponde a los artículos 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 3 de la Constitución establece las garantías de las personas detenidas y, específicamente, de las que se encuentran en prisión preventiva. (Respecto de los mecanismos de aplicación de estas disposiciones, véase el párrafo 40, infra.) Aunque no existe en Anguila ningún programa formal de asistencia jurídica, en los asuntos penales graves, como los de homicidio doloso u homicidio culposo, que el tribunal acostumbra designar a un abogado, con cargo a fondos públicos, para asistir al acusado si éste carece de los medios necesarios.
El jurado
31.En los juicios con juez y jurado, el juez decide las cuestiones jurídicas, resume las pruebas para el jurado, imparte instrucciones a éste sobre el derecho aplicable, y absuelve al acusado o dicta sentencia conforme al veredicto del jurado. Éste tiene jurisdicción exclusiva respecto de los hechos y decide si la acusación ha probado o no, más allá de toda duda razonable, la culpabilidad del acusado. En caso negativo, el jurado debe declararle inocente. Cuando un jurado no puede lograr un veredicto unánime, el juez puede disponer que dicte un veredicto por mayoría.
32.Por lo general, las personas de entre 21 y 60 años de edad que están habilitadas para votar lo están para actuar como jurados. No pueden ser designadas las personas de ciertas categorías. Entre ellas figuran los sacerdotes y los profesionales del derecho.
Jueces de Instrucción
33.En Anguila, el Juez de Paz actúa como Juez de Instrucción de la isla. Investiga las muertes violentas o no naturales y las muertes súbitas de causa desconocida. En algunos casos, pero no en todos, debe convocar un jurado para que le asista.
Procedimiento civil
34.El procedimiento civil se cumple ante el Juez de Paz o el Tribunal Superior. El primero tiene jurisdicción civil limitada que alcanza a los litigios cuya cuantía no excede de 15.000 dólares, y también ciertas cuestiones de derecho de familia, como la guarda de menores y las pensiones para alimentos. La mayoría de los demás procedimientos civiles se cumplen ante el Tribunal Superior.
Las apelaciones en materia civil
35.Los procedimientos civiles seguidos por el Juez de Paz o el Tribunal Superior pueden admitir recurso ante el Tribunal de Apelaciones. Puede corresponder un recurso ulterior contra las sentencias del Tribunal de Apelaciones ante la Comisión Judicial del Consejo Privado, por derecho propio o mediante autorización del Tribunal de Apelaciones. La Comisión Judicial siempre puede conceder autorización especial para esa apelación.
Tribunales administrativos
36.Los tribunales administrativos están constituidos en virtud de diversas facultades legales, como las que otorga la Ordenanza sobre el Departamento de Trabajo. Estos tribunales cumplen funciones judiciales independientes de los tribunales ordinarios. Su ventaja es la mayor facilidad de acceso a ellos, su actuación menos formal y menos onerosa que la de los tribunales ordinarios y también que cuentan con conocimientos especializados en su materia. Desde luego, están sometidos al control de los tribunales; por ejemplo, si se exceden de sus facultades u omiten observar las normas de la justicia natural.
III. MARCO NORMATIVO GENERAL DE PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS
37.El medio fundamental de protección de los derechos humanos y para hacerlos valer en Anguila, además de la presión ejercida por la opinión pública a través del procedimiento democrático, reside en la invocación de la legislación interna aplicable y en el sistema de tribunales ordinarios que, como ya se ha explicado, es independiente e imparcial y está protegido contra la interferencia política.
38.En virtud del sistema del common law que se aplica en Anguila, los tratados aplicables a Anguila (incluidos los tratados sobre derechos humanos) no tienen por sí mismos la eficacia de la ley interna y no pueden invocarse directamente ante los tribunales como fuente de derechos individuales, aunque los tribunales, en lo posible, interpretan la legislación interna de modo que evite la incompatibilidad con las obligaciones jurídicas internacionales del Reino Unido. El método habitual para poner en aplicación las obligaciones derivadas de los tratados (cuando para ello es preciso modificar la legislación o la práctica en vigor) consiste en dictar una nueva ley especial –lo que puede hacerse mediante una ordenanza dictada localmente o por un Decreto del Consejo dictado por el Gobierno del Reino Unido– o la modificación de las normas legales en vigor o la adaptación de las prácticas administrativas, según haga falta en cada caso. Cuando esto da lugar a la creación o definición de determinados derechos, y éstos no son reconocidos o son objeto de injerencias (o existe amenaza de ello), puede obtenerse reparación judicial por el procedimiento ordinario civil o, en algunos casos, mediante sanciones penales.
39.Sin embargo, a lo anterior se añade que la Constitución de Anguila contiene, en su capítulo I (artículos 1 a 18), un conjunto plenamente desarrollado de disposiciones para la protección de los derechos y libertades fundamentales del individuo. Esas disposiciones, que definen detalladamente los derechos respectivos y las limitaciones admisibles que pueden sufrir, derivan directamente del Convenio Europeo de Derechos Humanos y, en última instancia, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En situaciones de emergencia (definidas por la Constitución), la ley puede autorizar la adopción de medidas que se aparten de algunos de los derechos protegidos, pero sólo si esas medidas se justifican razonablemente para tratar la situación existente en ese momento, cuestión que en última instancia puede ser determinada por los tribunales.
40.El artículo 16 de la Constitución dispone que, si cualquier persona alega que se ha infringido o se está infringiendo cualquiera de las disposiciones de fondo del capítulo I en relación con ella o con otra persona que ha sido detenida, sin perjuicio de cualquier otro recurso de que disponga legalmente, puede recurrir ante el Tribunal Superior. Ante tal solicitud, el Tribunal Superior puede dictar las órdenes, mandamientos y directrices que estime adecuadas para hacer valer los derechos de la persona interesada con arreglo al capítulo I. Además, si se plantea ante cualquier tribunal inferior una cuestión relativa a la infracción de cualquiera de las disposiciones del capítulo I, ese tribunal puede remitirla para su decisión al Tribunal Superior (y está obligado a hacerlo si cualquiera de las partes lo solicita) y debe resolver el asunto, en ese caso, de conformidad con la decisión del Tribunal Superior. Puede recurrirse por derecho propio ante el Tribunal de Apelaciones, y posteriormente ante la Comisión Judicial del Consejo Privado, contra cualquier decisión del Tribunal Superior correspondiente al capítulo I.
41.Cabe señalar que, como se aclara en el artículo 16 de la Constitución, estas salvaguardias de la protección de los derechos humanos que figuran establecidas en la Constitución se añaden a los recursos que existan conforme a la legislación ordinaria, como la acción por detención ilícita o la prisión o el enjuiciamiento indebidos, en virtud del Reglamento de Policía, por el ejercicio ilícito o innecesario de su autoridad por un funcionario policial.
42.Corresponde añadir que, conforme al artículo 90A de la Ley sobre el Procedimiento del Juzgado de Paz (capítulo 46), el tribunal puede imponer al condenado, a solicitud de una persona perjudicada, el pago de indemnización por las pérdidas o los perjuicios sufridos. Sin embargo, tal indemnización impide que el beneficiario haga valer cualquier otra acción civil por el mismo motivo.
IV. INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
43.Los textos de los instrumentos sobre derechos humanos de las Naciones Unidas en que es parte el Reino Unido respecto de Anguila suelen publicarse desde que se dispone de ellos en la isla. Los textos pueden publicarse en la Gaceta Oficial y en las secciones de la prensa local o exhibirse en la Biblioteca y en las escuelas. El Departamento de Información y Radiodifusión del Gobierno da publicidad a diversas cuestiones referentes a los derechos humanos en sus programas de noticias o de debates utilizando fuentes externas como la Radio de las Naciones Unidas, de Nueva York.
44.La Constitución de Anguila, que conforme a lo ya explicado permite hacer valer la protección de los derechos y libertades fundamentales del individuo que figuran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se ha difundido al público. Desde luego, éste tiene acceso a las demás leyes de Anguila, conforme a lo que ya se ha indicado.
Anexo II
BERMUDAS
I. TERRITORIO Y POBLACIÓN
1.Aunque es habitual referirse a todo el territorio de las Bermudas como “las Islas Bermudas”, en realidad está formado por un grupo de unas 138 islas e islotes situados en el Océano Atlántico a unos 942 kilómetros al oeste del Cabo Hatteras, en Nueva Carolina. Las diez islas principales, que forman una cadena de unos 35 km de largo, están muy próximas entre sí y unidas por puentes. Su tamaño varía, pero la isla principal, que tiene unos 23 km de largo y una anchura media de 1.600 m, tiene una superficie de unos 36 km2. Su punto más elevado está a apenas 79 m sobre el nivel del mar. La superficie total de las demás islas alcanza a unos 172 km2. No existen ríos ni lagos.
2.La ciudad de Hamilton ha sido capital de las Bermudas desde 1815. Su población es de unos 1.100 habitantes. La ciudad de Saint George fue la primera capital de las Bermudas; su población es de 1.648 habitantes.
3.Se considera que las Bermudas fueron descubiertas por un navegante español alrededor de 1503, pero estaban totalmente inhabitadas cuando se asentaron allí los primeros emigrantes de Inglaterra, habilitados por una Carta Real, en 1612. La Carta fue anulada en 1684 y la Corona Británica asumió el gobierno de las Bermudas. Ha seguido siendo siempre una dependencia británica desde entonces.
4.La información estadística básica, utilizando los datos más actualizados de que se dispone, es la siguiente:
Ingreso por habitante23.980 dólares (1993)
Producto nacional bruto1.408,8 millones de dólares (datos provisionales de 1992-93)
Tasa de inflación2,5 (1993)
Deuda externa80 millones de dólares (datos provisionales de 1993)
Índice de desocupaciónMasculina 4% (1991)
Femenina2% (1991)
Tasa de alfabetizaciónNo se dispone de datos
Población59.040 habitantes (1993)
Distribución de la población La gran mayoría de la población asentada en las
según la lengua maternaBermudas es de lengua materna inglesa. Existe una pequeña comunidad de habla portuguesa, pero no se conoce su número exacto. No existen otras comunidades lingüísticas minoritarias.
Expectativa de vidaVarones78 años (1991)
Mujeres70 años (1991)
Tasa de mortalidad infantil11,6 por cada 1.000 nacidos vivos (datos provisionales de 1992)
Tasa de natalidad15,5 por 1.000 (datos provisionales de 1992)
Tasa de mortalidad7,9 por cada 1.000 habitantes (datos provisionales de 1992)
Tasa de mortalidad derivada de la maternidadNo se dispone de datos
Tasa de fecundidad60 por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años (1992)
Porcentaje de la población
menor de 15 añosVarones5,076% (1991)
Mujeres5,699 (1991)
de más de 65 añosVarones2,199% (1991)
Mujeres3,197% (1991)
Porcentajes de la poblaciónRural0%
Urbana100%
Porcentaje de familias a cargo de una mujer34% (1991)
5.En el apéndice 1 se adjunta un ejemplar de Bermuda Digest of Statistics 1993, que contiene otras diversas estadísticas útiles compiladas y publicadas por el Departamento de Estadística del Ministerio de Hacienda de las Bermudas.
II. ESTRUCTURA GENERAL DEL GOBIERNO
A. Sistema de gobierno
Gobierno
6.La actual Constitución, que entró en vigor el 2 de junio de 1968, figura en el Anexo 2 del Decreto sobre la Constitución de las Bermudas de 1968, con sus modificaciones sucesivas. Se adjunta en el apéndice 2 un ejemplar de dicho Decreto.
7.El capítulo I de la Constitución, que se analiza más detalladamente en la parte III, contiene disposiciones que protegen los derechos y libertades fundamentales de la persona. Las principales características de la Constitución, aparte de su capítulo I, son las que siguen.
a)Poder ejecutivo
8.El Gobernador es designado por la Reina a propuesta del Secretario de Estado para los Asuntos Exteriores y del Commonwealth del Reino Unido, ante el cual responde. El Gobernador dispone del poder ejecutivo pero está obligado a recabar el asesoramiento del Consejo de Ministros, o de un ministro que actúe bajo la autoridad general del Consejo de Ministros, y debe actuar en conformidad con él, en el ejercicio de todas sus funciones excepto en determinados casos que se especifican. Esos casos se refieren principalmente a funciones relativas a las relaciones exteriores, la defensa, la seguridad interna y la policía (respecto de las cuales el Gobernador conserva una responsabilidad directa, aunque puede delegar algunas funciones de esas materias en un ministro) y algunas otras funciones específicas en que está facultado para actuar discrecionalmente (por ejemplo, la designación de tres miembros del Senado) o siguiendo el consejo o la recomendación de otras personas o autoridades o previa consulta con ellas (por ejemplo, la designación de magistrados).
9.El Consejo de Ministros está formado por el Primer Ministro y no menos de seis ministros más. El Primer Ministro es el miembro de la Asamblea que el Gobernador considera en mejores condiciones de obtener la confianza de la mayoría de los miembros de ésta. Los demás ministros son designados por el Gobernador a propuesta del Primer Ministro: por lo menos uno de ellos, pero no más de dos, deben ser designados entre los miembros del Senado, y los demás, entre los miembros de la Asamblea. El Gobernador, actuando conforme al asesoramiento del Primer Ministro, también puede designar secretarios parlamentarios (colaboradores de los ministros) entre los miembros del Senado y de la Asamblea, pero los ministros y secretarios parlamentarios designados entre los miembros de la Asamblea no pueden ser más de 12.
10.El Consejo de Ministros responde colectivamente ante el poder legislativo por todo asesoramiento que dé al Gobernador o que se dé a éste en ejercicio de facultades generales del Consejo de Ministros, y por todos los actos de los ministros en el cumplimiento de sus funciones. Si la Asamblea emite por mayoría de sus componentes un voto de censura al Gobierno, el Gobernador debe destituir al Primer Ministro (y en ese caso cesan todos los demás ministros), o disolver la Asamblea.
11.El Consejo de Ministros sólo es convocado por disposición del Primer Ministro, que preside sus reuniones (o lo hace en su ausencia otro ministro designado por él). Las carteras se adjudican a los ministros por el Gobernador a propuesta del Primer Ministro, pero con excepción de algunos fines limitados esas carteras no pueden comprender asuntos respecto de los cuales el Gobernador mantiene responsabilidad directa (asuntos exteriores, defensa, etc.) ni algunos otros temas específicos (como las funciones judiciales de los tribunales, el enjuiciamiento penal y el nombramiento, etc., de funcionarios públicos).
12.La Constitución establece también un Consejo del Gobernador a los fines de examinar cuestiones de responsabilidad directa del Gobernador. El Consejo está formado por el Gobernador (que lo preside), el Primer Ministro y no menos de dos ni más de tres otros ministros designados por el Gobernador previa consulta con el Primer Ministro.
13.La Constitución también dispone que el Gobernador designe al Jefe de la Oposición, al que está obligado a consultar en el ejercicio de varias de sus funciones (y conforme a cuya propuesta está obligado a actuar en ciertos casos). El Jefe de la Oposición es el miembro de la Asamblea que dirige el mayor partido de oposición de esa Cámara o, si ningún partido se encuentra en esa situación, el miembro de esa Cámara que a juicio de Gobernador puede ser aceptado como Jefe de la Oposición por la mayoría de los miembros de ésta.
14.Salvo respecto de ciertos puestos para los cuales la Constitución contiene disposiciones especiales, la facultad de designar a los funcionarios públicos, destituirlos y ejercer el control disciplinario de las personas así designadas corresponde al Gobernador, que actúa por recomendación de la Comisión de Administración Pública. Esta Comisión está formada por un Presidente y cuatro vocales, todos los cuales son designados por el Gobernador previa consulta con el Primer Ministro, el cual debe haber consultado previamente al Jefe de la Oposición. Los miembros de la Comisión, que no pueden ser funcionarios públicos ni miembros del poder legislativo, y no pueden ser designados para desempeñar funciones públicas durante los cinco años siguientes a su cesación como miembros de la Comisión, forman parte de ésta durante un plazo fijo de entre tres y cinco años y mientras tanto quedan protegidos contra la destitución arbitraria.
b)Poder legislativo
15.El poder legislativo de las Bermudas está a cargo de dos Cámaras: el Senado y la Asamblea. Existen 11 senadores, de los cuales cinco son designados por el Gobernador a propuesta del Primer Ministro, tres lo son a propuesta del Jefe de la Oposición y tres lo son discrecionalmente. La Asamblea tiene 40 miembros, todos los cuales son elegidos. Para poder ser designado Senador o elegido miembro de la Asamblea es preciso ser ciudadano del Commonwealth mayor de 21 años de edad y poseer la condición de “bermudense” conforme a la legislación respectiva. Los candidatos también deben ser, por lo general, residentes en las Bermudas. Existen igualmente diversos motivos de inhabilitación en ambos casos: por ejemplo, la incapacidad mental o el cumplimiento de una pena superior a la de 12 meses de prisión o la condena por ciertos delitos electorales, o el desempeño de funciones públicas, o la omisión de revelar intereses relacionados con contratos públicos.
16.Los votantes en la elección de la Asamblea deben ser ciudadanos del Commonwealth mayores de 18 años que tengan la condición de “bermudenses” y sean residentes habituales en la circunscripción en que pretendan registrarse como votantes. También en este caso rigen ciertos motivos de inhabilitación: la incapacidad mental o el cumplimiento de una pena de prisión (en ciertas circunstancias) o la condena anterior por ciertos delitos electorales.
17.Para los efectos electorales las Bermudas están divididas en 20 circunscripciones, cada una de las cuales elige dos miembros de la Asamblea. Los límites de las circunscripciones se revisan periódicamente (a intervalos de entre tres y siete años) por una Comisión de Delimitación de Circunscripciones, formada por un Presidente y un miembro judicial (es decir, un titular o ex titular de altas funciones judiciales) y otros cuatro miembros. El Presidente y el miembro judicial son designados por el Gobernador, discrecionalmente; los demás miembros de la Comisión son designados por el Gobernador entre los miembros de las dos Cámaras del poder legislativo, dos de ellos a propuesta del Primer Ministro y dos a propuesta del Jefe de la Oposición. La función de la Comisión consiste en recomendar las eventuales modificaciones de la delimitación de las circunscripciones de modo que éstas contengan, en la medida de lo razonablemente posible, igual número de personas en condiciones de registrarse como votantes, teniendo en cuenta determinados factores (entre los cuales está excluida expresamente la distribución racial de los votantes). Las recomendaciones de la Comisión se someten a la Asamblea y, aprobadas por ella (con o sin modificaciones), entran en vigor a partir de la siguiente disolución de las Cámaras.
18.Los períodos de sesiones de las Cámaras deben celebrarse de tal modo que el intervalo entre la terminación de un período de sesiones y el comienzo del siguiente no exceda de 12 meses. En la práctica, las Cámaras se reúnen de manera mucho más frecuente. El Gobernador, en general, debe proceder conforme al consejo del Primer Ministro al resolver cuándo se ha de prorrogar la legislatura (es decir, poner fin a su período de sesiones sin disolver las Cámaras) y cuándo corresponde disolverlas (dando lugar a la celebración de una elección general); pero excepcionalmente puede rechazar la propuesta del Primer Ministro de disponer la disolución si considera que el Gobierno de las Bermudas puede seguir desarrollándose sin ello y que la disolución no convendría a los intereses de las Bermudas. Las Cámaras deben disolverse en cualquier caso a más tardar a los cinco años de su primera sesión siguiente a la elección general anterior. Debe celebrarse una elección general dentro de los tres meses siguientes a cada disolución y el Gobernador, tan pronto como sea posible después de cada elección general, debe proceder al nombramiento de los miembros del Senado.
19.El poder legislativo está facultado para dictar leyes sobre cualquier tema. Las leyes derivan de proyectos que, una vez aprobados por ambas Cámaras, se presentan al Gobernador para su sanción en nombre de la Reina. (Existen, sin embargo, limitaciones a las facultades del Senado en relación con ciertas medidas financieras y también a su facultad de impedir indefinidamente la aprobación de otros proyectos que han sido aprobados por la Asamblea. Estas restricciones corresponden en lo fundamental a las limitaciones de las facultades de la Cámara de los Lores en el Parlamento del Reino Unido.) Los proyectos que han obtenido sanción se convierten en leyes. Al decidir si otorga o no la sanción o reserva un proyecto “para que se manifieste la voluntad de Su Majestad” (es decir, para que lo resuelva el Secretario de Estado), el Gobernador debe proceder siguiendo las normas habituales que rigen el ejercicio de sus funciones, salvo que debe reservar ciertas categorías de proyectos a menos que antes haya sido autorizado por el Secretario de Estado para otorgarles sanción: entre esas categorías figuran los proyectos que a su juicio son contrarios a obligaciones internacionales del Reino Unido o afectan a alguna de las cuestiones en que el Gobernador conserva responsabilidad directa. El Parlamento del Reino Unido conserva la facultad de legislar para las Bermudas, y varias leyes del Parlamento (en especial las dictadas para poner en aplicación obligaciones internacionales) autorizan a dictar leyes para las Bermudas (como también para otros territorios dependientes) mediante Decreto del Consejo.
Religión
20.La libertad de religión está garantizada expresamente por el artículo 8 de la Constitución.
B. Sistema judicial
Los tribunales
21.La estructura del poder judicial de las Bermudas está formada por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Apelaciones (cuyas sentencias admiten apelación en algunos casos ante la Comisión Judicial del Consejo Privado) y también un Juzgado de Paz, el Tribunal Especial, los Juzgados de Instrucción y diversos tribunales administrativos. Todos ellos se analizan más detenidamente en los párrafos que siguen.
22.El Tribunal Supremo se encuentra establecido en los artículos 73 a 76 de la Constitución, que rigen su composición. Tiene una jurisdicción originaria muy amplia en materia tanto civil como penal, y también para resolver apelaciones de tribunales inferiores, igualmente en materia civil y penal. Los magistrados del Tribunal Supremo son su Presidente y jueces pedáneos cuyo número se determina por una ley dictada por el poder legislativo. El Presidente del Tribunal Supremo es designado por el Gobernador previa consulta con el Primer Ministro, que a su vez debe haber consultado al Jefe de la Oposición; y los jueces pedáneos son designados por el Gobernador previa consulta con el Presidente del Tribunal Supremo. El Gobernador también tiene la facultad, previa consulta con el Presidente del Tribunal Supremo, de designar magistrados asistentes (con iguales facultades que los jueces pedáneos) siempre que así lo requiera la actividad del Tribunal Supremo. El artículo 74 de la Constitución contiene disposiciones para asegurar la inamovilidad (y, por lo tanto, la independencia) de los magistrados del Tribunal Supremo protegiéndolos contra la destitución, salvo por incapacidad comprobada o actos indebidos determinados por un tribunal judicial.
23.El Tribunal de Apelaciones se encuentra establecido por los artículos 77 a 80 de la Constitución, que rige su composición. El Tribunal de Apelaciones conoce en apelaciones contra sentencias del Tribunal Supremo dictadas tanto en su jurisdicción originaria como en su jurisdicción de apelación, y tanto en materia civil como en materia penal. En ciertos casos cabe una apelación ulterior ante la Comisión Judicial del Consejo Privado, ya sea mediante autorización o (como en los asuntos sobre derechos humanos derivados del artículo 15 de la Constitución) por derecho propio. Los magistrados del Tribunal de Apelaciones, que está formado por su Presidente y magistrados cuyo número, no inferior a dos, se determina por una ley dictada por el poder legislativo, son designados por el Gobernador discrecionalmente entre las personas que son titulares o ex titulares de cargos judiciales en tribunales con jurisdicción ilimitada en materia civil y penal en algún lugar del Commonwealth o en un tribunal con jurisdicción de apelación respecto de las sentencias de tal tribunal. La inamovilidad de los magistrados del Tribunal de Apelaciones está protegida por el artículo 78 de la Constitución del mismo modo que la de los magistrados del Tribunal Supremo.
24.El Gobernador, previa consulta con el Presidente del Tribunal Supremo, está facultado para designar a dos o más Jueces de Paz –uno de los cuales es Juez de Paz Superior– y cada uno de ellos está facultado para presidir un Juzgado de Paz con jurisdicción civil y penal. En los asuntos penales, el Juez de Paz, actuando por sí solo o con un jurado, juzga los delitos (menos graves) que se clasifican como “de procedimiento sumario” y actúa como tribunal de encuesta preliminar para determinar si existen o no fundamentos suficientes para someter a una persona al Tribunal Supremo para su juzgamiento mediante acta de acusación (es decir, por un juez y jurado), en los casos de delitos más graves. Ciertos delitos, conocidos “delitos de ambos procedimientos”, pueden juzgarse en procedimiento sumario ante el Juzgado de Paz o mediante acta de acusación ante el Tribunal Supremo, a elección del acusado. Cuando una persona ha sido condenada por un delito de esta clase en procedimiento sumario ante un Juzgado de Paz, el juez respectivo puede, si estima que corresponde una pena más grave que la que puede imponer con sus propias facultades limitadas, someter a la persona al Tribunal Supremo para la determinación de la pena. En los asuntos civiles, la jurisdicción de los Juzgados de Paz está limitada a los asuntos cuya cuantía no exceda de 10.000 dólares, por créditos o indemnización de daños de origen contractual o extracontractual.
25.La legislación de las Bermudas también dispone la constitución de un Tribunal Especial cuando lo requieran las circunstancias para ejercer cualquier jurisdicción que le otorgue una ley dictada por el poder legislativo. Cada Tribunal Especial así constituido está formado por un Presidente, que puede ser un Juez de Paz Superior u otro magistrado designado por él, y otros dos miembros (uno de los cuales, por lo menos, debe ser una mujer), escogidos por el Presidente entre un grupo de por lo menos seis personas (que incluyan por lo menos a tres mujeres), designado por el Gobernador. El Tribunal Especial se ocupa en procedimiento sumario de los asuntos que se le someten, pero cualquiera de las partes en tales asuntos tiene derecho a la asistencia jurídica en los procedimientos. En los asuntos en que intervienen menores actúa generalmente un Tribunal Especial que, al desempeñar esa jurisdicción, se conoce como “Tribunal de Menores”. Todos los casos referentes a personas menores de 16 años se juzgan por un Tribunal Especial con excepción de unos pocos asuntos de suma gravedad, como las imputaciones de homicidio, tentativa de homicidio u homicidio culposo.
26.El Gobernador está facultado por la ley para designar a dos o más personas para que actúen como Jueces de Instrucción en las Bermudas, y puede nombrar a una de ellas Juez de Instrucción Superior. Todos los casos en que existan motivos para creer que una persona ha muerto por causas no naturales o en circunstancias sospechosas deben remitirse a un ***. Éste debe decidir, entonces, si se realiza o no una autopsia y si se lleva a cabo o no una investigación sobre la muerte, para cuyo fin, si lo estima oportuno, puede actuar asistido por un jurado.
27.La legislación de las Bermudas también dispone el establecimiento, y reglamenta las funciones, de diversos tribunales administrativos destinados a investigar cuestiones específicas en que puede hacer falta un procedimiento menos formal o un conocimiento técnico más especializado, o en que la naturaleza de la investigación no es esencialmente judicial. Por ejemplo, con arreglo a la Ley de Desarrollo y Planificación de 1974, pueden designarse tribunales de tres o más personas para realizar encuestas públicas sobre objeciones y comunicaciones presentadas respecto de los planes de desarrollo, mientras que la Ley sobre el Uso Indebido de Medicamentos de 1972 permite designar un tribunal para que asesore al Ministro acerca de si debe o no impartir directrices que prohíban a determinado médico la prescripción de medicamentos controlados.
Procedimiento penal
28.Como ya se indicó, los asuntos penales se juzgan en las Bermudas en procedimiento sumario (por un Juzgado de Paz) o mediante acta de acusación (por el Tribunal Supremo, con juez y jurado). Tanto en un caso como en el otro, el procedimiento es básicamente similar al que corresponde en circunstancias similares en Inglaterra y Gales. Los juicios son “contradictorios” por su naturaleza, y se presume la inocencia del acusado hasta que se prueba su culpabilidad más allá de toda duda razonable. El derecho del acusado a un juicio imparcial con todas las salvaguardias necesarias, procesales y de otra índole, está garantizada por el artículo 6 de la Constitución, que en lo substancial corresponde a los artículos 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 5 de la Constitución establece las garantías para las personas en reclusión, y específicamente para las que se encuentran en prisión preventiva. El artículo 15 de la Constitución establece un mecanismo para la aplicación de esas disposiciones (véase el párrafo 34, infra).
29.Cuando un juicio se lleva a cabo en el Tribunal Supremo mediante acta de acusación, lo dirige un juez que actúa con un jurado. Éste se escoge entre personas aptas para la función y no eximidas de ella. Todas las personas no mayores de 65 años que figuran inscritas como electores para las elecciones parlamentarias son aptas para actuar como jurados a menos que sean objeto de una inhabilitación específica, por ejemplo, porque no sepan leer y escribir en inglés o sean ciegas, mudas o sordas o estén mentalmente incapacitadas o se encuentren detenidas en una cárcel o internadas en un hospital psiquiátrico. Algunas personas, aunque estén habilitadas, pueden invocar exoneración del servicio como jurados: por ejemplo, los ministros, los jueces de paz y los demás profesionales del derecho. En el juicio con jurado el juez decide las cuestiones jurídicas y tiene el deber de instruir al jurado sobre el derecho aplicable al caso y resumir las pruebas para su examen por el jurado; pero éste es único árbitro respecto de los hechos que resultan de las pruebas y, como ya se ha explicado, debe cerciorarse más allá de toda duda razonable antes de que pueda dictar un veredicto de culpabilidad. Si el jurado no tiene esa convicción, el acusado debe ser absuelto. En general, el veredicto del jurado debe ser unánime, pero en ciertas circunstancias puede autorizarse que un jurado que no ha logrado la unanimidad dicte un veredicto por mayoría con el apoyo de nueve o más de sus miembros. Todos los veredictos deben dictarse en audiencia pública por el Presidente del jurado en presencia de todos sus miembros.
Responsabilidad por el enjuiciamiento
30.Por regla general, la responsabilidad de promover procedimientos penales corresponde a la Policía de las Bermudas. Sin embargo, la Constitución (artículo 71) otorga al Fiscal General la facultad de decidir en última instancia respecto del enjuiciamiento dándole la posibilidad, en todos los casos en que considere conveniente proceder así, de entablar y promover un procedimiento penal contra cualquier persona sometida a cualquier tribunal de las Bermudas; de tomar a su cargo y proseguir cualquier procedimiento de esa clase que se haya entablado por otra persona o autoridad; y de poner fin a esos procedimientos, tanto cuando fueron promovidos por él mismo como cuando lo fueron por otra persona o autoridad. La facultad de tomar a su cargo y continuar los procedimientos y la de poner fin a éstos le corresponden con exclusión de toda otra persona; y en el ejercicio de todas sus facultades respecto del control de los enjuiciamientos el Fiscal General está expresamente exento de las directrices o el control de cualquier otra persona o autoridad. Por regla general, el cargo de Fiscal General es una función pública (es decir, un puesto de la administración pública) cuyo titular es designado por el Gobernador discrecionalmente; y la inamovilidad del Fiscal General, que determina su independencia respecto de presiones externas, está garantizada por disposiciones (incluidas en el artículo 86 de la Constitución) que son esencialmente las mismas que se aplican a los magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal de Apelaciones (véanse los párrafos 23 y 24, supra). Sin embargo, la Constitución establece que la función de Fiscal General puede ser desempeñada algunas veces por un miembro del poder legislativo y que, en ese caso, sus funciones respecto de los enjuiciamientos penales (y todas las garantías de su régimen y su independencia en el ejercicio de esas funciones) deben transferirse a un Director del Ministerio Público independiente.
La policía y las cárceles
31.La organización y administración de la Policía de las Bermudas se rigen por la Ley sobre la Policía de 1974. Con arreglo a esa Ley, la responsabilidad “ministerial” respecto de la policía queda reservada al Gobernador, que actúa discrecionalmente (véase el párrafo 9, supra); pero el Gobernador puede delegar, discrecionalmente y con la aprobación previa del Secretario de Estado para los Asuntos Exteriores y del Commonwealth, la totalidad o una parte de esa responsabilidad en el Primer Ministro o en otro ministro designado por él previa consulta con el Primer Ministro. Las cárceles de las Bermudas se administran por el Departamento de Prisiones bajo la supervisión del Comisionado de Prisiones (funcionario público) y bajo la dirección general y el control del Ministro de Salud, Servicios Sociales y Vivienda.
III. MARCO NORMATIVO GENERAL DE PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS
A. Autoridades con jurisdicción que afecta a los derechos humanos
32.El capítulo I de la Constitución de las Bermudas (artículos 1 a 16) dispone el marco normativo básico para asegurar los derechos y libertades fundamentales de todas las personas en las Bermudas. Ese capítulo, en los artículos 1 a 14, contiene disposiciones que pueden hacerse valer judicialmente para asegurar la protección del derecho a la vida, la protección contra los tratos inhumanos, la esclavitud y el trabajo forzoso, la protección contra la detención o encarcelamiento arbitrarios, la protección de la intimidad del hogar y otros bienes, la libertad de circulación, la protección contra la discriminación por motivos de raza, lugar de origen, opiniones políticas, color o credo, y la protección contra la privación de la propiedad, garantizando también la protección de la ley (lo que comprende el derecho a un juicio imparcial y todas las garantías correspondientes, tanto en asuntos penales como en asuntos civiles).
33.El artículo 15 de la Constitución otorga a cualquier persona que alegue que se ha violado cualquiera de las disposiciones de los artículos 1 a 14, o que es probable que se violen esas disposiciones en relación con ella, el derecho de recurrir directamente ante el Tribunal Supremo. Si se plantea cualquier cuestión referente a la infracción de cualquiera de esas disposiciones en procedimientos seguidos ante un tribunal inferior, éste debe remitir la cuestión al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo está facultado para conocer y resolver acerca de cualquier demanda o asunto que se le haya remitido y a dictar las órdenes, mandamientos y directrices que considere pertinentes para lograr o imponer el cumplimiento de las disposiciones respectivas. Cualquier decisión dictada por el Tribunal Supremo con arreglo al artículo 15 admite apelación ante el Tribunal de Apelaciones, y ulteriormente ante la Comisión Judicial del Consejo Privado.
34.El derecho de acceso al Tribunal Supremo que otorga el artículo 15 de la Constitución se establece expresamente sin perjuicio de cualquier otro recurso de que disponga lícitamente el reclamante. Efectivamente, muchas infracciones de los derechos humanos fundamentales de las personas pueden ser objeto de otras vías judiciales. Por ejemplo, una persona privada ilícitamente de su libertad personal puede entablar un procedimiento civil para obtener su liberación, o hacer que otra persona lo haga en su nombre (a través de un recurso de hábeas corpus). Además, puede promover acción de indemnización de daños y perjuicios por reclusión indebida, detención ilícita o agresión u otras violaciones de sus derechos civiles, según las circunstancias de hecho. En algunos casos puede invocarse también la legislación penal.
35.En lo que respecta en particular a la discriminación (por ejemplo, por motivos de raza, sexo, estado civil o situación personal, etc.), también la Ley de Derechos Humanos de 1981, con sus modificaciones, contiene algunas medidas de protección de muy vasto alcance (y los correspondientes mecanismos de aplicación). (En el apéndice 3 se presenta un ejemplar de esa Ley con su texto actual.) La Ley prohíbe la discriminación en un amplio conjunto de actividades y circunstancias (por ejemplo, en el suministro de bienes, locales y servicios y en relación con la adhesión a organizaciones, etc.). Prohíbe expresamente la publicación de materiales de exaltación del racismo o incitación a la hostilidad racial, y prohíbe también el acoso sexual en el trabajo. Contiene diversas disposiciones sobre la anulación o rectificación de los instrumentos jurídicos que contengan elementos discriminatorios.
36.El principal mecanismo para lograr el cumplimiento de la Ley de Derechos Humanos de 1981 es una Comisión de Derechos Humanos cuyos miembros son designados por el Gobernador a propuesta del Primer Ministro, previa consulta de éste con el Jefe de la Oposición. La Comisión debe investigar las denuncias de discriminación en infracción de la Ley (disponiendo para ello de amplias facultades) y, si es posible, resolverlas mediante sus buenos oficios. Cuando no es posible tal arreglo, la Comisión puede (con la conformidad del Fiscal General) promover procedimientos penales o, cuando éstos no resultan convenientes, remitir el asunto al Ministro, que puede someterlo a una junta de investigación. Esta última, si considera que se ha infringido alguna disposición de la Ley, puede ordenar el pleno cumplimiento de esa disposición y también disponer la reparación de cualquier perjuicio causado y la indemnización económica correspondiente. Si considera que tal orden no sería acatada (o la orden efectivamente no es acatada, lo que en sí mismo constituye un delito independiente), puede remitir el asunto al Fiscal General con vistas al enjuiciamiento. Además de sus funciones de investigación, conciliación y aplicación de normas, la Comisión desempeña diversas funciones educativas y de promoción relacionadas con la eliminación de la discriminación y tiene también el deber general de fomentar la comprensión de los derechos y libertades fundamentales de la persona garantizados por el capítulo I de la Constitución.
37.En los dos párrafos precedentes se explica la situación actual respecto de la discriminación por motivos de raza, etc. Sin embargo, el Gobierno de las Bermudas ha reconocido que, aunque se han logrado progresos en cuanto al logro de la igualdad en la comunidad, es preciso adoptar nuevas medidas. En consecuencia, el Ministro de Asuntos Humanos e Información publicó en junio de 1994 un Libro Blanco que establece las propuestas del Gobierno con ese fin. Entre ellas figura la creación de una Comisión para la Unidad y la Igualdad Racial a fin de promover la igualdad de oportunidades y procurar la eliminación de la discriminación racial sistémica; la ampliación de las facultades, el alcance y las funciones de la Comisión de Derechos Humanos; y la calificación de determinados actos racistas como delitos con arreglo al Código Penal. En el apéndice 4 se presenta un ejemplar del Libro Blanco, titulado “Eliminación del prejuicio y la discriminación”.
B. Recursos, indemnización y rehabilitación
38.En el párrafo 33 se han descrito las facultades del Tribunal Supremo para disponer la reparación de las violaciones de los derechos humanos fundamentales de las personas que garantiza el capítulo I de la Constitución, y también se señaló el párrafo 4 de su artículo 5, que dispone que toda persona detenida ilícitamente o encarcelada por otra persona tendrá derecho a una indemnización a cargo de ésta. El párrafo 36 indica también el mecanismo establecido por la Ley de Derechos Humanos de 1981 para obtener la reparación (incluyendo, cuando corresponde, la indemnización pecuniaria) de las víctimas de discriminación ilícita. Fuera de esas disposiciones no existen otras en la legislación de las Bermudas que otorguen expresamente un derecho de indemnización o rehabilitación a las víctimas de violaciones de derechos humanos; pero esas personas, como ya se ha señalado, muchas veces disponen de recursos a través de la legislación ordinaria en virtud de los cuales pueden obtener reparación (incluso indemnización de daños y perjuicios) por la infracción de sus derechos civiles ordinarios, que puede constituir también la violación de los derechos humanos.
39.También son de interés a este respecto las disposiciones de la Ley sobre los Perjuicios Penales (Indemnización) de 1973, aunque no se refieren únicamente a los casos en que se ha producido una violación de los derechos humanos de las personas. En virtud de esta Ley, cuando una persona ha sufrido la muerte o lesiones como consecuencia directa de un delito o acto de violencia cometido por otra persona, puede solicitarse una indemnización de la Junta de Indemnización de Perjuicios Criminales, creada por la Ley. La Junta, si se cerciora respecto de los hechos, y teniendo en cuenta los diversos factores que en su texto se estipulan, puede disponer la indemnización de la víctima con cargo a fondos públicos o (si la víctima ha muerto) de las personas a su cargo, o bien (en determinadas circunstancias) en beneficio de una persona que haya incurrido en gastos para el cuidado de la víctima o como consecuencia de su muerte. La Junta está formada por cinco miembros designados por el Gobernador a propuesta del Primer Ministro, y uno de ellos (el Presidente) es un magistrado del Tribunal Supremo; uno es un médico calificado; y uno es un abogado que ejerce su profesión privadamente en las Bermudas. En el apéndice 5 se adjunta un ejemplar de la Ley de Perjuicios Criminales (Indemnización) de 1973, en su texto actual, ya que la versión original de la Ley ha sufrido diversas modificaciones.
Asistencia jurídica
40.El derecho de las Bermudas establece el otorgamiento de asistencia jurídica en los siguientes casos:
a)Los juicios mediante acta de acusación, las encuestas preliminares por delitos que dan lugar a tales juicios y los juicios de procedimiento sumario por delitos que pueden juzgarse por ambos procedimientos;
b)Los procedimientos civiles ante el Tribunal Supremo o un Juzgado de Paz;
c)Las apelaciones en materia penal o civil.
C. Protección constitucional de los derechos humanos: excepciones, etc.
41.Como se explicó en el párrafo 32, el capítulo I de la Constitución de las Bermudas garantiza y protege los derechos y libertades fundamentales de las personas. Ese capítulo proviene directamente del Convenio Europeo de Derechos Humanos y, en última instancia, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los derechos y libertades que se especifican quedan sujetos únicamente a las limitaciones que también se establecen y que tienen por objeto asegurar que el goce de los derechos y libertades de cada persona no perjudique al de terceros ni al interés público. El artículo 14 de la Constitución permite que se autorice por ley la adopción de medidas que se aparten de determinadas disposiciones del capítulo I durante un período de emergencia pública, pero sólo en el grado en que tales medidas se justifiquen razonablemente para tratar la situación existente. La cuestión de si las medidas se justifican realmente sobre esa base puede resolverse en última instancia por los tribunales.
D. Efectos de los instrumentos sobre derechos humanos en el derecho interno
42.En virtud del sistema del common law que se aplica en las Bermudas, los tratados aplicables a las Bermudas (incluidos los tratados sobre derechos humanos) no tienen por sí mismos la eficacia de la ley interna y no pueden invocarse directamente ante los tribunales como fuente de derechos individuales, aunque los tribunales, en lo posible, interpretan la legislación interna de modo que evite la incompatibilidad con las obligaciones jurídicas internacionales del Reino Unido. El método habitual para poner en aplicación las obligaciones derivadas de los tratados (cuando para ello es preciso modificar la legislación o la práctica en vigor) consiste en dictar una nueva ley especial o modificar leyes en vigor o bien, según lo requiera la situación, adaptar prácticas administrativas actuales. Cualquier norma que sea necesaria puede tomar la forma de una Ley del poder legislativo de las Bermudas (o de un instrumento dictado en virtud de esa Ley) o un decreto del Consejo dictado en virtud de una Ley del Parlamento del Reino Unido que autorice expresamente a dictar tal decreto. Cuando esto da lugar a la creación o definición de determinados derechos, y éstos no son reconocidos o son objeto de injerencias (o existe amenaza de ello), puede obtenerse reparación judicial por el procedimiento ordinario civil o, en algunos casos, mediante sanciones penales.
IV. INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
43.El texto de la Constitución de las Bermudas y otras leyes de las Bermudas que son de interés respecto de los derechos humanos se incluyen en la publicación conocida como Revised Laws of Bermuda, que se mantiene actualizada bajo la dirección del Fiscal General. Se guardan colecciones completas de esta publicación en los Archivos de las Bermudas, la Biblioteca Universitaria de las Bermudas y la Biblioteca Pública, que están abiertos al público.
44.Los proyectos de los informes referentes a las Bermudas que deben presentarse a los órganos de fiscalización creados por los tratados en virtud de los instrumentos pertinentes sobre derechos humanos se elaboran por los departamentos responsables del Gobierno de las Bermudas y se completan por el Gobierno del Reino Unido.
Anexo III
ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
I. TERRITORIO Y POBLACIÓN
1.La población residente de las Islas Vírgenes Británicas aumentó 47% entre los censos de 1980 y 1991, cuando se estimó en 16.108 habitantes. La densidad de la población se estableció en 109 habitantes por kilómetro cuadrado (282 por milla cuadrada). Se estima que alrededor del 40% de la población está formada por inmigrantes de territorios del Commonwealth en el Caribe, principalmente de Saint Kitts y Nevis y de San Vicente. Otro 10% proviene de América del Norte, Europa y otros países; el grupo que aumenta con mayor rapidez es el proveniente de la República Dominicana. Otros datos estadísticos indican lo que sigue:
1991
Ingreso por habitante (1991)10.200 dólares de los EE.UU.
Producto interno bruto
(en millones de dólares de los EE.UU.)210,19
Índice de inflaciónNo se dispone de datos
Deuda externa (en millones de dólares del Caribe)No se dispone de datos
Tasa de desocupación3,3%
Tasa de alfabetización de adultos100,0%
Porcentaje de la población de lengua materna inglesa90%
Expectativa de vida:Varones73 años
Mujeres75 años
Tasa de mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos)23,9%
Tasa de mortalidad derivada de la maternidad-
Tasa de fecundidad2,4%
Porcentaje de la población
menor de 15 años22,0%
de 65 años o más6,0%
Población16.108 habitantes
Porcentaje de la población que reside en zonas
rurales y urbanas82,0% en Tórtola; 18,0% en las demás islas
Porcentaje de familias a cargo de una mujer13,0%
Religiones: Las principales confesiones son la metodista (32,9%), anglicana (16,7%), católica romana (10,5%), Iglesia de Dios (9,2%), Adventistas del Séptimo Día (6,3%), baptista (4,7%) e Iglesia Pentecostal (4,1%).
II. ESTRUCTURA POLÍTICA GENERAL
A. Sistema de gobierno
2.Las islas que actualmente constituyen las Islas Vírgenes Británicas fueron colonizadas en primer lugar por plantadores ingleses a fines del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII, y alcanzaron el régimen de colonia separada, con su poder legislativo propio, en 1773. Con el curso de los años se realizaron diversas modificaciones constitucionales, y la Presidencia de las Islas Vírgenes Británicas pasó a formar parte de la colonia de las Islas de Sotavento en 1872. Esto se mantuvo hasta 1956, cuando las Islas de Sotavento se separaron y las “presidencias” de Antigua, Saint Kitts-Nevis-Anguila, Montserrat y las Islas Vírgenes Británicas volvieron a constituir colonias separadas, con su propio poder legislativo y demás instituciones, pero administradas por el Gobernador de las Islas de Sotavento hasta 1960, cuando se suprimió ese puesto. A diferencia de las otras anteriores Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes Británicas no formaron parte de la Federación de las Indias Occidentales, formada en 1957 pero disuelta en 1962.
3.La Constitución de las Islas Vírgenes Británicas se modificó varias veces desde 1956 y figura actualmente en el Decreto sobre la Constitución de las Isla Vírgenes de 1976, modificado por los Decretos sobre las Islas Vírgenes (Constitución) (Modificación) de 1979, 1981, 1991 y 1994. (En los apéndices 1 a 5 se presentan ejemplares de estos instrumentos.) Se establece una forma de gobierno parlamentario de “estilo de Westminster”, con un Gobernador (que representa a la Corona), un Consejo Ejecutivo (que corresponde al Consejo de Ministros) y un Consejo Legislativo casi totalmente electivo.
4.El Gobernador es designado por la Reina a propuesta del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores y del Commonwealth del Reino Unido, ante el cual es responsable en el ejercicio de sus funciones. El Gobernador preside el Consejo Ejecutivo, al que en general está obligado a consultar y cuyo consejo debe seguir. Los ministros (que, junto con el Gobernador mismo y el Fiscal General, son los integrantes del Consejo Ejecutivo: véase el párrafo siguiente) pueden ser encargados, a propuesta del Ministro Principal, de la dirección de cualquier asunto gubernamental, incluyendo la administración de los departamentos del Gobierno. El Gobernador, sin embargo, mantiene responsabilidad directa sobre ciertas cuestiones (y no está obligado a consultar a su respecto al Consejo Ejecutivo), en particular la defensa, los asuntos exteriores, la seguridad interior (incluyendo la policía), la administración pública y la administración de justicia. También tiene facultades legislativas reservadas, bajo la autoridad del Secretario de Estado, para proponer la aprobación por el Consejo Legislativo de las leyes que estime necesarias o convenientes a los efectos de cualquiera de los temas que están bajo su responsabilidad directa. Está facultado para delegar en un Ministro algunas de sus funciones sobre esos temas.
5.El Consejo Ejecutivo está formado por el Gobernador, el Ministro Principal, no menos de dos ni más de tres Ministros, y el Fiscal General como miembro nato.
6.El Consejo Legislativo está formado por el Gobernador, un Presidente elegido por el Consejo Legislativo entre personas que no lo componen, nueve miembros electivos que representan otras tantas circunscripciones electorales, cuatro miembros electivos que representan un único distrito electoral correspondiente a una isla, y el Fiscal General como miembro nato.
Facultades del Consejo Legislativo
7.Con sujeción a las disposiciones de la Constitución, el Consejo Legislativo reglamenta sus propios procedimientos. Puede dictar leyes sobre cualquier tema, y lo hace a través de proyectos que, una vez aprobados por el Consejo, se presentan al Gobernador para su sanción. Una vez que la han obtenido, se convierten en ordenanzas. Aunque el Gobernador está facultado para negar la sanción o reservar un proyecto hasta que se manifieste la voluntad de Su Majestad, en la práctica la mayoría de los proyectos son iniciativas gubernamentales proyectadas por la Fiscalía General y aprobadas por el Consejo Ejecutivo antes de su presentación al Consejo Legislativo. Formalmente todas las ordenanzas están sujetas a la desautorización por la Reina a propuesta del Secretario de Estado. El Gobierno del Reino Unido mantiene el derecho de legislar para las Islas Vírgenes Británicas mediante leyes del Parlamento o decretos del Consejo.
Legislaturas
8.La duración máxima de la Asamblea está fijada en cuatro años, pero el Gobernador puede disolverla anticipadamente, previa consulta con el Ministro Principal, lo que abre el camino para una elección general antes del vencimiento del plazo máximo. Deben celebrarse elecciones generales dentro de los dos meses siguientes a la disolución. La Asamblea debe celebrar por lo menos una reunión cada año. La prórroga, que es el procedimiento mediante el cual se interrumpe un período de sesiones cuando no se disuelve el Consejo Legislativo, se dispone por el Gobernador a propuesta del Ministro Principal.
9.El marco legal para la realización de las elecciones figura en la Constitución y la Ley de Elecciones de 1994.
10.Como se explicó en el párrafo 6, supra, las Islas Vírgenes Británicas están divididas en nueve distritos electorales, cada uno de los cuales elige a un miembro del Consejo Legislativo, y un distrito electoral equivalente al territorio de una isla, que elige a cuatro miembros. Las elecciones se realizan por mayoría simple dentro de cada circunscripción, de modo que en cada distrito electoral el candidato que obtiene mayor número de votos se considera elegido (o, en el distrito electoral correspondiente a la isla, cada uno de los cuatro candidatos que obtienen más votos).
11.Conforme a la Constitución, tienen derecho a participar en la elección como candidatos al Consejo Legislativo los súbditos británicos mayores de 21 años que se consideran pertenecientes a las Islas Vírgenes Británicas y tienen derecho de actuar como votantes en las Islas Vírgenes Británicas. Ciertas personas, sin embargo, aunque cumplan estas disposiciones, están expresamente excluidas por la Constitución de la posibilidad de integrar el Consejo Legislativo. Entre ellas figuran las personas que, en virtud de sus propios actos, mantienen dependencia de cualquier potencia extranjera, o ejercen funciones públicas o el sacerdocio o han sido declaradas en quiebra o incapaces.
12.La Constitución también establece los requisitos para los votantes. Puede inscribirse como votante cualquier persona mayor de 18 años de edad que sea súbdito británico y se considere perteneciente a las Islas Vírgenes y que esté domiciliado o sea residente en las Islas Vírgenes Británicas en la fecha correspondiente o esté domiciliado o sea residente en esa fecha en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. También en este caso rigen determinadas causas de inhabilitación, por ejemplo, la incapacidad mental o el cumplimiento de una pena de prisión de más de 12 meses.
13.El registro de los votantes se rige por la Ley de Elecciones de 1994, que establece un censo de votantes “en los años que establezca el Gobernador en Consejo por recomendación del Supervisor de Elecciones”, pero dispone también el registro permanente de los votantes durante el año.
El sistema de partidos: gobierno y oposición
14.Las Islas Vírgenes Británicas tienen varios partidos políticos, de los cuales los principales son, en la actualidad, el Partido de las Islas Vírgenes, el Movimiento de Ciudadanos Interesados y el Partido de la Unidad. Sin embargo, muchos candidatos al Consejo Legislativo se presentan de manera independiente. La Constitución dispone que si un solo partido político obtiene la mayoría de los escaños electivos del Consejo, el Gobernador debe designar Ministro Principal al miembro electo del Consejo Legislativo que recomiende la mayoría de los pertenecientes a ese partido; si ningún partido obtiene tal mayoría o no se formula esa recomendación, el Gobernador debe designar Ministro Principal al miembro electivo del Consejo Legislativo que, en su opinión, esté en mejores condiciones de obtener el apoyo de la mayoría de los miembros electivos. Los demás Ministros (que, junto con el Ministro Principal, pasan a constituir el gobierno) son designados por el Gobernador a propuesta del Ministro Principal entre los miembros electivos del Consejo.
15.Cuando un único partido ha obtenido la mayoría del Consejo, el Gobierno está formado habitualmente por ministros pertenecientes a ese único partido. Pero es habitual que los gobiernos correspondan a una coalición de más de un partido, o tengan el apoyo de tal coalición, así como de uno o más miembros independientes del Consejo. En la última elección general, celebrada en febrero de 1995, el Partido de las Islas Vírgenes obtuvo seis de los escaños, el Movimiento de Ciudadanos Interesados y el Partido de la Unidad obtuvieron dos escaños cada uno, y los tres escaños restantes correspondieron a candidatos independientes. Como consecuencia de ello, el Gobierno se formó por el Partido de las Islas Vírgenes (VIP) con el apoyo de uno de los independientes. Se efectuó una elección complementaria en uno de los escaños del VIP en 1995, pero ese partido conservó el escaño y se le sumó entonces uno de los demás miembros del Consejo que inicialmente habían sido elegidos como independientes. La situación actual, por lo tanto, es la de un gobierno de coalición apoyado por los siete miembros del VIP y un independiente (que desempeña la cartera de Ministro de Comunicaciones).
16.La Constitución también faculta al Gobernador para designar al Jefe de la Oposición oficial. Se trata de un miembro del Consejo Legislativo recomendado por los pertenecientes al mayor de los partidos representados en el Consejo que se opone al Gobierno o, si no se produce tal recomendación o no existe un único partido en esa situación, el miembro del Consejo que, en opinión del Gobernador, esté en mejores condiciones de obtener el apoyo de los miembros del Consejo que se oponen al Gobierno. Se otorga igual tiempo al Gobierno y a la oposición para manifestar y defender en el Consejo sus puntos de vista sobre los temas de interés público. Las actuaciones del Consejo son públicas y se transmiten en directo por la radio.
B. Sistema judicial
Los tribunales
17.La estructura judicial de las Islas Vírgenes Británicas está formada por un Juzgado de Paz, un Tribunal Superior y un Tribunal de Apelaciones (que forman parte del Tribunal Supremo del Caribe Oriental), y la Comisión Judicial del Consejo Privado. Las Islas Vírgenes Británicas están comprendidas en la jurisdicción del Tribunal Supremo del Caribe Oriental y en ellas actúan los magistrados de ese tribunal. El Tribunal Supremo del Caribe Oriental y sus magistrados no sólo atienden las Islas Vírgenes Británicas, sino también diversos países independientes del Caribe Oriental y varios otros territorios dependientes británicos de la región. Existen disposiciones detalladas, que forman parte del derecho de todos los países y territorios interesados, que rigen la designación y el mandato de los magistrados y aseguran su protección contra las interferencias políticas de cualquier origen. En lo que respecta al Juez de Paz y a los titulares de otros órganos judiciales o cuasijudiciales inferiores de las Islas Vírgenes Británicas (como el Secretario local del Tribunal Superior), la Constitución de las Islas Vírgenes Británicas dispone que el Gobernador, en el ejercicio de sus facultades de designación, etc., consulte a la Comisión de Servicios Judiciales, establecida a su vez en virtud de la Constitución y formada por el Presidente del Tribunal Supremo del Caribe Oriental, otro magistrado de ese Tribunal y el Presidente de la Comisión de Administración Pública.
Procedimiento penal
18.La responsabilidad de promover el procedimiento penal recae generalmente en las Islas Vírgenes Británicas en la policía; pero ésta remite los asuntos que pueden plantear cierta dificultad a la Fiscalía General para que imparta orientación o para que el Fiscal General los tome a su cargo. En algunos casos el Fiscal General puede promover procedimientos por sí mismo.
19.Existen en las Islas Vírgenes Británicas tres categorías de delitos: los que sólo pueden juzgarse mediante acta de acusación (es decir, ante un juez y un jurado); los que sólo dan lugar a procedimiento sumario; y los que pueden ser juzgados en una u otra forma (mediante acta de acusación o en procedimiento sumario).
20.Los delitos muy graves, como el homicidio doloso o culposo y la violación, sólo pueden juzgarse mediante acta de acusación. Los delitos menos graves, llamados de procedimiento sumario, se juzgan por el Juez de Paz, que actúa sin jurado. Los delitos que pueden juzgarse en una u otra forma pueden quedar a cargo del Juez de Paz o de un juez que actúa con un jurado, según las circunstancias del caso, la opción que efectúe el acusado y el acuerdo de la acusación.
21.Además de juzgar delitos de procedimiento sumario (y delitos que pueden juzgarse en cualquiera de las dos formas y que se ha resuelto juzgar en procedimiento sumario), el Juez de Paz también actúa como tribunal de investigación preliminar a los efectos de resolver si existen o no fundamentos suficientes para someter a un acusado al Tribunal Superior para su juzgamiento mediante acta de acusación. Cuando el Juez de Paz ha condenado a una persona, en procedimiento sumario, por un delito que puede ser juzgado por uno u otro procedimiento, si estima que corresponde una pena más grave que la que está facultado para imponer, puede remitir el asunto al Tribunal Superior para que éste fije la pena.
22.El Juez de Paz generalmente actúa en audiencia abierta en que se permite la presencia del público y la prensa.
23.Los asuntos en que intervienen personas menores de 16 años de edad generalmente se resuelven por el Tribunal de Menores. Se trata de un tribunal especial, presidido por un Juez de Paz que actúa con asesores. Éstos son legos designados por el Gobernador. El tribunal de Menores es distinto e independiente del Juzgado de Paz, y puede funcionar en un momento y un lugar diferentes.
Las apelaciones en los procedimientos penales
24.Las personas condenadas por el Juzgado de Paz o el Tribunal Superior pueden recurrir ante el Tribunal de Apelaciones respecto de la pena que se les ha impuesto si se han declarado culpables, o respecto de la condena o la pena si se han declarado inocentes. En ciertos casos cabe un recurso ulterior ante la Comisión Judicial del Consejo Privado, por derecho propio o mediante autorización del Tribunal de Apelaciones. La Comisión Judicial siempre puede conceder autorización especial para la apelación.
Juicios penales
25.Como es habitual en los sistemas del common law, los juicios penales se tramitan en procedimiento contradictorio. Se presume la inocencia del acusado hasta que se pruebe su culpabilidad, y la acusación debe probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Aunque no existen disposiciones legislativas que garanticen expresamente el derecho a un juicio imparcial, las normas procesales y de otra índole correspondientes a ese derecho que se aplican por los tribunales en las Islas Vírgenes Británicas son análogas en lo esencial a las que se aplican por los tribunales del Reino Unido y en otras jurisdicciones del common law en el Caribe. Como ya se ha indicado, los tribunales superiores de las Islas Vírgenes Británicas forman parte del Tribunal Supremo del Caribe Oriental.
El jurado
26.En los juicios con juez y jurado, el juez decide las cuestiones jurídicas, resume las pruebas para el jurado, imparte instrucciones a éste sobre el derecho aplicable, y absuelve o condena al acusado conforme al veredicto del jurado. Éste tiene jurisdicción exclusiva respecto de los hechos y decide si la acusación ha probado o no, más allá de toda duda razonable, la culpabilidad del acusado. En caso negativo, el jurado debe declararle inocente. Cuando un jurado no puede lograr un veredicto unánime, el juez puede disponer que dicte un veredicto por mayoría.
27.Por lo general, las personas de entre 21 y 60 años de edad que están habilitadas para votar lo están para actuar como jurados. No pueden ser designadas las personas de ciertas categorías. Entre ellas figuran los sacerdotes y los profesionales del derecho.
Jueces de Instrucción
28.En las Islas Vírgenes Británicas, el Juez de Paz actúa como Juez de Instrucción de las Islas. Investiga las muertes violentas o no naturales y las muertes súbitas de causa desconocida. En algunos casos, pero no en todos, debe convocar un jurado para que le asista.
Procedimiento civil
29.El procedimiento civil se cumple ante el Juez de Paz o el Tribunal Superior. El primero tiene jurisdicción civil que alcanza a los litigios cuya cuantía no excede de 20.000 dólares.
Las apelaciones en materia civil
30.Los procedimientos civiles seguidos por el Juez de Paz o el Tribunal Superior pueden admitir recurso ante el Tribunal de Apelaciones. Puede corresponder un recurso ulterior contra las sentencias del Tribunal de Apelaciones ante la Comisión Judicial del Consejo Privado, por derecho propio o mediante autorización del Tribunal de Apelaciones. La Comisión Judicial siempre puede conceder autorización especial para esa apelación.
III. MARCO NORMATIVO GENERAL DE PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS
31.El medio fundamental de protección de los derechos humanos y para hacerlos valer en las Islas Vírgenes Británicas, además de la presión ejercida por la opinión pública a través del procedimiento democrático, reside en la invocación de la legislación interna aplicable y en el sistema de tribunales ordinarios que, como ya se ha explicado, es independiente e imparcial y está protegido contra la interferencia política.
32.En virtud del sistema del common law que se aplica en las Islas Vírgenes Británicas, los tratados aplicables a las Islas Vírgenes Británicas (incluidos los tratados sobre derechos humanos) no tienen por sí mismos la eficacia de la ley interna y no pueden invocarse directamente ante los tribunales como fuente de derechos individuales, aunque los tribunales, en lo posible, interpretan la legislación interna de modo que evite la incompatibilidad con las obligaciones jurídicas internacionales del Reino Unido. El método habitual para poner en aplicación las obligaciones derivadas de los tratados (cuando para ello es preciso modificar la legislación o la práctica en vigor) consiste en dictar una nueva ley especial –lo que puede hacerse mediante una ordenanza dictada localmente o por un Decreto del Consejo dictado por el Gobierno del Reino Unido– o la modificación de las normas legales en vigor o la adaptación de las prácticas administrativas, según haga falta en cada caso. Cuando esto da lugar a la creación o definición de determinados derechos, y éstos no son reconocidos o son objeto de injerencias (o existe amenaza de ello), puede obtenerse reparación judicial por el procedimiento ordinario civil o, en algunos casos, mediante sanciones penales.
IV. INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
33.Los textos de los instrumentos sobre derechos humanos de las Naciones Unidas en que es parte el Reino Unido respecto de las Islas Vírgenes Británicas suelen publicarse desde que se dispone de ellos en las Islas. Los textos pueden publicarse en la Gaceta Oficial y en las secciones de la prensa local o exhibirse en la Biblioteca y en las escuelas. El Departamento de Información y Radiodifusión del Gobierno da publicidad a diversas cuestiones referentes a los derechos humanos en sus programas de noticias o de debates utilizando fuentes externas como la Radio de las Naciones Unidas, de Nueva York.
Anexo IV
ISLAS CAIMÁN
I. TERRITORIO Y POBLACIÓN
1.Las Islas Caimán son un territorio dependiente del Reino Unido formado por tres islas: Gran Caimán, Caimán Brac y Pequeño Caimán. El Territorio tiene una superficie total de unos 260 km2, distribuido del siguiente modo: Gran Caimán, unos 195 km2; Caimán Brac, 39 km2; y Pequeño Caimán, 26 km2. La capital del Territorio, George Town, está situada en Gran Caimán.
2.Según los resultados del censo de población y vivienda realizado en octubre de 1989, la población residente en las Islas Caimán era de 25.355 habitantes, frente a 16.677 en 1979, cuando se efectuó el censo anterior. Unas 13.202 personas, equivalentes al 52% de los residentes en el Territorio, habían nacido en las Islas Caimán. El censo mostró que 23.877 personas (94,2% de la población) residen en Gran Caimán; 1.445 en Caimán Brac; y 33 en Pequeño Caimán. La población de George Town, la capital, es de 12.972 habitantes. La tasa de natalidad de 1991 se estimó en 18 por cada 1.000 habitantes, y la tasa de mortalidad en 4 por 1.000.
Información estadística
3.Otros datos estadísticos son los siguientes:
Población25.355 habitantes
Ingreso por habitante (1991)27.280 dólares de los EE.UU.
Producto interno bruto (1991)700 millones de dólares de los EE.UU.
Índice de inflación (1992-1993)2,5%
Deuda externa: deuda neta del sector público
(1991)21,3 millones de dólares de los EE.UU.
Tasa de desocupación:Varones:3%
Mujeres:4%
Tasa de alfabetización96%
Distribución de la población según su
lengua maternaNo se dispone de datos
Expectativa de vida: hombres y mujeresPromedio de 77,1 años
Tasa de mortalidad infantilVarones4 por cada 1.000
Mujeres5 por cada 1.000
Tasa de mortalidad derivada de la maternidadNo se dispone de datos
Tasa de fecundidad (1992)371
Porcentaje de la población menor de 15 años
y mayor de 65 años29%
II. ESTRUCTURA POLÍTICA GENERAL
A. Sistema de gobierno
Aspectos generales
4.Las Islas Caimán son un Territorio Dependiente Británico.
5.La actual Constitución de las Islas Caimán figura en el Decreto sobre las Islas Caimán (Constitución) de 1972, modificado por el Decreto sobre las Islas Caimán (Constitución) (Modificación) de 1984, el Decreto sobre las Islas Caimán (Constitución) (Modificación) de 1987, el Decreto sobre las Islas Caimán (Constitución) (Modificación) de 1992 y el Decreto sobre las Islas Caimán (Constitución) (Modificación) de 1993. En los anexos 1 a 5, respectivamente, se presentan ejemplares de estos instrumentos.
6.La Constitución establece una forma modificada de gobierno parlamentario de “estilo de Westminster”, con un Gobernador (que representa a la Corona), un Consejo Ejecutivo (que corresponde en lo esencial al Consejo de Ministros) y un órgano legislativo principalmente electivo, la Asamblea, de cuyos miembros provienen los del Consejo Ejecutivo, que responde ante ella.
Poder ejecutivo
7.El Gobernador, que es el jefe del poder ejecutivo, es designado por la Reina a propuesta del Secretario de Estado para los Asuntos Exteriores del Reino Unido, ante el cual responde del ejercicio de aquellas de sus funciones que la ley no le obliga a desempeñar a propuesta de otra autoridad. En general, sin embargo, debe consultar al Consejo Ejecutivo para el desempeño de sus funciones y actuar conforme a su consejo. Sin embargo, no está obligado a consultar al Consejo ni a actuar conforme al asesoramiento de éste respecto de ciertas cuestiones sobre las cuales mantiene responsabilidad directa (véase más adelante) y también puede actuar contrariamente a la propuesta del Consejo (si obtiene el consentimiento del Secretario de Estado) cuando estima que así corresponde por razones de orden público, buena fe o buena administración.
8.El Consejo Ejecutivo, cuyas sesiones son presididas habitualmente por el Gobernador, está formado por tres miembros natos (el Secretario Principal, el Fiscal General y el Secretario de Hacienda) y otros siete miembros, denominados Ministros, elegidos por los miembros electivos de la Asamblea entre los integrantes de ésta. El Gobernador conserva la responsabilidad directa en materia de defensa, asuntos exteriores, seguridad interna, policía y administración pública, ejerciendo esa responsabilidad, cuando corresponde, a través de funcionarios. El Secretario Principal ocupa la cartera de Asuntos Internos y Exteriores, el Fiscal General ocupa la de Asuntos Jurídicos, y el Secretario de Hacienda ocupa la cartera de Hacienda y Desarrollo. Los cinco Ministros tienen a su cargo los asuntos corrientes de gobierno, ocupándose cada uno de ellos de un Ministerio al que se asigna determinada cartera, mientras que los secretarios permanentes de los diversos departamentos del Ministerio ponen en práctica la política ministerial y supervisan la administración de esos departamentos. Actualmente las carteras asignadas a los Ministros son las siguientes: Turismo, Medio Ambiente y Planificación; Desarrollo de la Comunidad, Deportes, Asuntos de la Juventud y Cultura; Agricultura, Comunicaciones y Obras Públicas; Educación y Aeronáutica; y Salud y Prevención y Rehabilitación
del Abuso de Drogas. La Constitución dispone que los Ministros desempeñen sus funciones individuales de conformidad con el principio de responsabilidad colectiva.
Poder legislativo
9.El poder legislativo está formado por tres miembros natos (el Secretario Principal, el Fiscal General y el Secretario de Hacienda), 15 miembros electivos y (cuando no es él mismo uno de los miembros electivos de la Asamblea), el Presidente de la Asamblea. (Los miembros electivos de la Asamblea eligen a su Presidente entre ellos o entre personas que cumplen los requisitos para ser miembros de la Asamblea.) Tanto los candidatos a miembros de la Asamblea como los aspirantes a la inscripción como votantes en esa elección deben cumplir determinados requisitos en materia de residencia para establecer su estrecha vinculación con las Islas Caimán. Los candidatos deben haber cumplido 21 años y no tener motivos de inhabilitación (por ejemplo, por ser funcionarios públicos o mentalmente incapaces o estar cumpliendo, o haber cumplido recientemente, una pena de prisión prolongada o haber sido condenados por un delito relacionado con las elecciones). Para inscribirse en el registro de electores es preciso haber cumplido 18 años y no ser objeto de inhabilitación (por ejemplo, por incapacidad mental o por estar cumpliendo una pena de prisión prolongada o por participación en un delito relacionado con las elecciones).
10.Para los fines electorales, las Islas Caimán están divididas en seis distritos, cada uno de los cuales elige un número de miembros de la Asamblea proporcional a su población. Las elecciones no son disputadas por partidos políticos en cuanto tales, salvo en la última de ellas (1992) en que se produjo una participación sin precedentes de más de 90% de los 10.193 votantes inscritos en el Territorio, y 12 de los 15 escaños fueron ganados por un grupo de candidatos conocido con el nombre de Equipo Nacional, correspondiendo los tres restantes a independientes. (El Equipo Nacional se oponía a determinados proyectos de modificación de la Constitución, que en consecuencia no fueron puestos en práctica cuando se modificó la Constitución en 1993; véase el párrafo 23, infra.) Debe celebrarse una elección general de miembros de la Asamblea dentro de los dos meses de la disolución de ésta y, si no fue disuelta antes por el Gobernador a propuesta del Consejo Ejecutivo, la Asamblea debe disolverse al cumplirse cuatro años de su primera reunión siguiente a la elección general anterior. No pueden transcurrir más de 12 meses entre un período de sesiones de la Asamblea y el siguiente; en la práctica, la Asamblea funciona con frecuencia mucho mayor.
11.La Asamblea puede dictar leyes sobre cualquier asunto. Hace uso de esta facultad aprobando proyectos que se someten al Gobernador para su sanción. El Gobernador, entonces, conforme a las normas habituales que rigen el ejercicio de sus funciones, debe otorgar su sanción o negarla, o reservarla para la decisión del Secretario de Estado. Existen ciertas categorías de proyectos que el Gobernador está obligado a reservar, entre ellas los que parecen discriminar entre una comunidad o religión y otra y los proyectos que parezcan incompatibles con obligaciones derivadas de tratados. El Gobernador tiene una facultad exclusiva, que puede aplicar mediante el consentimiento previo del Secretario de Estado, para imponer la aprobación de leyes (o de normas legales de determinada forma) por la Asamblea si estima que así lo requiere el interés del orden público, la fe pública o la buena administración. Formalmente, todas las leyes que han recibido la sanción del Gobernador pueden ser desautorizadas por la Reina a propuesta del Secretario de Estado. El Gobierno del Reino Unido conserva la facultad de legislar directamente para las Islas Caimán mediante Leyes del Parlamento o Decretos del Consejo.
12.La Asamblea, además de desempeñar sus funciones legislativas corrientes, cumple una fiscalización general de las actividades del poder ejecutivo y puede, por ejemplo, retirarle su confianza o negar la aprobación de disposiciones financieras. Además, la Asamblea designa varias comisiones
formadas por sus miembros que fiscalizan la labor de determinados departamentos gubernamentales. El público se interesa intensamente en los debates de la Asamblea, que dan lugar a amplia información en la prensa, la radio y la televisión locales.
B. Sistema judicial
Los tribunales
13.Los tribunales de las Islas Caimán, que son independientes de los poderes ejecutivo y legislativo y cuyos magistrados no están sujetos al control ni a instrucciones de ninguna otra persona ni autoridad, están formados por el Tribunal de Apelaciones de las Islas Caimán, el Gran Tribunal y los tribunales inferiores. Los principales de estos últimos son los Tribunales de Procedimiento Sumario, pero también existen Tribunales de Menores que se ocupan de los asuntos en que participan jóvenes infractores de la ley, y diversos tribunales administrativos con funciones cuasijudiciales. En ciertos casos las sentencias del Tribunal de Apelaciones pueden ser objeto de recurso ante la Comisión Judicial del Consejo Privado.
14.El Tribunal de Apelaciones está formado por un Presidente y no menos de dos Jueces de Apelaciones. Son designados por el Gobernador, siguiendo instrucciones del Secretario de Estado, entre titulares y ex titulares de altas funciones judiciales de algún lugar del Commonwealth. La Constitución protege su independencia respecto de cualquier injerencia política o de otra índole disponiendo que los magistrados del Tribunal de Apelaciones, una vez designados, no pueden ser destituidos durante su mandato normal, salvo por actos indebidos comprobados o incapacidad declarada judicialmente.
15.El Gran Tribunal, que tiene jurisdicción ilimitada en materia penal y civil, está formado por un Presidente y un número de magistrados establecido por la ley. Los magistrados del Gran Tribunal son designados por el Gobernador entre personas que se han desempeñado como abogados en Inglaterra o algún otro país del Commonwealth con régimen jurídico comparable durante un mínimo de diez años. La independencia de los magistrados del Gran Tribunal respecto de las injerencias políticas o de otra índole está protegida por disposiciones que aseguran su inamovilidad, análogas a las que rigen para los magistrados del Tribunal de Apelaciones.
16.Los Tribunales de Procedimiento Sumario tienen jurisdicción para el juzgamiento de diversos delitos de menor importancia en procedimiento sumario y también para someter a personas a juicio por el Gran Tribunal por delitos más graves, y dispone también de una jurisdicción civil limitada. El Tribunal de Procedimiento Sumario está formado por un magistrado (que actúa solo o con uno o más Jueces de Paz) o por dos o más Jueces de Paz (en cuyo caso su jurisdicción puede estar limitada). Los magistrados son designados por el Gobernador y deben tener idoneidad profesional, es decir, deben haber ejercido la profesión de abogados en Inglaterra o algún otro país del Commonwealth con régimen jurídico comparable durante un mínimo de cinco años. Los Jueces de Paz no necesitan título profesional, y el Gobernador puede designar a cualquier persona idónea para ese puesto.
17.Las sentencias de los Tribunales de Procedimiento Sumario y los Tribunales de Menores admiten apelación ante el Gran Tribunal, tanto en los asuntos penales como en los civiles. El Gran Tribunal también tiene jurisdicción general para supervisar los procedimientos de los tribunales inferiores y dictar los mandamientos, etc., que considere convenientes para asegurar que esos órganos administren justicia debidamente. Sus sentencias pueden ser apeladas ante el Tribunal de Apelaciones y, en ciertos casos, admiten recurso posterior ante la Comisión Judicial del Consejo Privado.
Administración
18.La responsabilidad de la administración del sistema judicial recae efectivamente en el Presidente del Gran Tribunal. El Fiscal General tiene la responsabilidad principal de la aplicación de las normas penales. (También es el principal asesor jurídico del Gobernador y desempeña ciertas funciones en materia civil como representante de la Corona (en defensa del interés público).) El Fiscal General está expresamente facultado por la Constitución para promover y llevar adelante procedimientos penales contra cualquier persona ante cualquier tribunal y por cualquier delito, tomar a su cargo y continuar los procedimientos promovidos por cualquier persona o autoridad y poner fin a los procedimientos promovidos por él mismo o por cualquier otra persona o autoridad. En el ejercicio de estas facultades no está sujeto a instrucciones ni a control de ninguna otra persona y, para ponerle a resguardo de injerencias políticas, la Constitución establece su inamovilidad del mismo modo que la de los magistrados del Tribunal de Apelaciones y el Gran Tribunal.
La policía y las cárceles
19.Como ya se ha señalado, la responsabilidad respecto de la policía está reservada al Gobernador, pero se desempeña, junto con la que corresponde a las cárceles, como parte de la cartera del Secretario Principal. Los servicios de vigilancia de la libertad condicional, junto con otros servicios sociales, corresponden a la cartera del Ministro de Desarrollo Comunitario, Deportes, Asuntos de la Juventud y Cultura. La tasa de criminalidad de las Islas Caimán es muy baja en términos internacionales.
III. MARCO NORMATIVO GENERAL DE PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS
20.El medio fundamental de protección de los derechos humanos y para hacerlos valer en las Islas Caimán (además de la presión ejercida por la opinión pública a través del procedimiento democrático) reside en la invocación de la legislación interna aplicable y en el sistema de tribunales ordinarios que, como ya se ha explicado, es independiente e imparcial y está protegido contra la interferencia política.
21.En virtud del sistema del common law que se aplica en las Islas Caimán, los tratados aplicables a las Islas Caimán (incluidos los tratados sobre derechos humanos) no tienen por sí mismos la eficacia de la ley interna y no pueden invocarse directamente ante los tribunales como fuente de derechos individuales, aunque los tribunales, en lo posible, interpretan la legislación interna de modo que evite la incompatibilidad con las obligaciones jurídicas internacionales del Reino Unido. El método habitual para poner en aplicación las obligaciones derivadas de los tratados (cuando para ello es preciso modificar la legislación o la práctica en vigor) consiste en dictar una nueva ley especial o la modificación de las normas legales en vigor o la adaptación de las prácticas administrativas, según haga falta en cada caso. (Las normas con este fin, en las Islas Caimán, pueden tomar la forma de una ley dictada por la Asamblea o de un Decreto del Consejo dictado por el Gobierno del Reino Unido aplicable a diversos territorios dependientes, como el Decreto de 1988 sobre la Ley de Justicia Penal de 1988 (Tortura) (Territorios de Ultramar), que puso en práctica la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, etc., en los territorios a los que se aplica, entre ellos las Islas Caimán.) Cuando esto da lugar a la creación o definición de determinados derechos, y éstos no son reconocidos o son objeto de injerencias (o existe amenaza de ello), puede obtenerse reparación judicial por el procedimiento ordinario civil o, en algunos casos, mediante sanciones penales.
22.Cualquier persona que en las Islas Caimán necesite asesoramiento jurídico o asistencia en juicio para la protección de sus derechos o para hacerlos valer, pero que carece de los recursos económicos para obtenerlos por sí misma, puede obtener asistencia gratuita, es decir, el costo de ese asesoramiento o asistencia se sufraga con fondos públicos. Esta asistencia jurídica se presta en todos los casos ante el Gran Tribunal y en los correspondientes a los delitos más graves ante los Tribunales de Procedimiento Sumario.
23.En los últimos años se han formulado propuestas para introducir en la Constitución de las Islas Caimán una “Carta de Derechos”, similar a las que se encuentran en las Constituciones de otros diversos territorios dependientes británicos, en la que se establecerían y definirían los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas y se dispondría expresamente la posibilidad de hacerlos valer judicialmente. Las últimas propuestas en este sentido, que se suponía que gozaban de gran apoyo, se convirtieron, sin embargo, en un tema de la elección celebrada en 1992, al que se opuso (debido a algunos de sus aspectos) el Equipo Nacional, cuyos candidatos obtuvieron la abrumadora mayoría de los escaños en la Asamblea (véase el párrafo 10, supra). Esas propuestas, por lo tanto, no se llevarán adelante y las disposiciones en cuestión no fueron incluidas, como se había contemplado inicialmente, en las modificaciones de la Constitución que se efectuaron en 1993. Sin embargo, la propuesta general de introducir en la Constitución una Carta de Derechos con normas directamente aplicables sigue siendo objeto de activa consideración por una comisión de la Asamblea designada para examinar el mejor modo de llevarla adelante.
24.Una modificación de la Constitución que, sin embargo, se llevó a la práctica en 1993 fue la incorporación de una disposición sobre el puesto de Comisionado de Denuncias (especie de Ombudsman). Los detalles de las funciones, la jurisdicción y las facultades del Comisionado de Denuncias deberán especificarse en una ley dictada por la Asamblea, que se encuentra actualmente en curso de preparación.
IV. INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
25.El Gobierno del Reino Unido publica oficialmente el texto de los instrumentos de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en que el Reino Unido es parte. Esos instrumentos, que también afectan a las Islas Caimán, están publicados por los Servicios de Información del Gobierno de las Islas Caimán en la Gaceta Oficial. El Gobierno de las Islas Caimán prepara los proyectos iniciales de los informes que el Gobierno del Reino Unido debe presentar a los órganos establecidos por los diversos instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas para fiscalizar el cumplimiento por los Estados partes de sus obligaciones conforme a esos tratados.
Anexo V
ISLAS FALKLAND
I. TERRITORIO Y POBLACIÓN
1.Las Islas Falkland, situadas en el Atlántico Sur, se encuentran a unos 772 km al noreste del Cabo de Hornos y a unos 480 km del punto más cercano del continente sudamericano. Están formadas por unas 200 islas, las mayores de las cuales son Falkland Oriental y Falkland Occidental, y su superficie terrestre total es de unos 12.173 kilómetros cuadrados.
2.La información estadística básica, con las cifras más actualizadas de que se dispone, es la siguiente:
Ingreso por habitante18.859 libras
No se dispone de cifras oficiales para calcular el PNB y el ingreso por habitante. Sin embargo, se estima que el PNB de 1992 fue de 40 millones de libras.
Producto nacional bruto40 millones de libras
Índice de inflación0,89% (1992-93)
Deuda externa104.283 libras
Tasa de desocupaciónNo se dispone de estadísticas
Tasa de alfabetización99,5%
Población2.121 habitantes (censo de 1991)
Porcentaje de la población de lengua 99%
materna inglesa
Expectativa de vidaNo se dispone de cifras
Tasa de mortalidad infantilNo se han registrado muertes de niños pequeños en los últimos cinco años
Tasa de natalidad13 por 1.000
Tasa de mortalidad10 por 1.000
Tasa de mortalidad derivada de la maternidadNingún caso en los últimos cinco años
Tasa de fecundidad56 por 1.000
Porcentaje de la población:
de menos de 15 años de edadVarones de menos de 15 años 10,1%
Mujeres de menos de 15 años 9,8%
de 65 años o másVarones 4,9%
Mujeres 3,9%
Porcentaje de la poblaciónRural 22,5% (57% de varones y 43% de mujeres)
Urbana 77,5% (52,3% de varones y 47,7% de mujeres)
Porcentaje de familias a cargo de una mujer23,3%(incluyendo mujeres solteras (6,5%), casadas (5,8%), viudas (7%) y divorciadas (4%))
(La mayoría de las cifras fueron suministradas por el Gobierno de las Islas Falkland y el informe del Censo de 1991.)
3.La población es casi exclusivamente británica por nacimiento u origen, y muchos habitantes pueden remontar su origen en el territorio al siglo XIX.
II. ESTRUCTURA POLÍTICA GENERAL
A. Sistema de gobierno
Gobierno
4.Las Islas Falkland son un Territorio Dependiente Británico.
5.La Constitución actual, que entró en vigor el 3 de octubre de 1985, figura en el anexo 1 del Decreto sobre la Constitución de las Islas Falkland de 1985. En el apéndice 1 se presenta un ejemplar.
6.El capítulo I de la Constitución, que se analiza más detalladamente en la parte III, infra, contiene disposiciones que garantizan los derechos y libertades fundamentales de las personas. En el preámbulo de ese capítulo se enuncia el derecho de todos los pueblos a la libre determinación.
7.Las principales características de la Constitución, al margen de su capítulo I, son las que siguen.
a)El Gobernador es designado por la Reina a propuesta del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores y del Commonwealth del Reino Unido, y responde ante este último. El poder ejecutivo corresponde al Gobernador, pero éste tiene el deber de consultar al Consejo Ejecutivo en el desempeño de sus funciones, salvo en ciertos casos específicos. El Gobernador está facultado para actuar contra la opinión del Consejo Ejecutivo, pero si lo hace debe emitir un informe al Secretario de Estado, incluyendo sus motivos para hacerlo. El Consejo Ejecutivo está formado por el Jefe Ejecutivo y el Secretario de Hacienda, miembros natos, y tres miembros elegidos anualmente por los ocho miembros electivos del Consejo Legislativo, entre ellos. El Gobernador convoca las reuniones del Consejo Ejecutivo y habitualmente lo preside. El Gobernador designa, destituye y ejerce el control disciplinario respecto de los funcionarios públicos, pero la Constitución establece que al hacerlo debe consultar a las personas o autoridades que se establezca por Ordenanza. (No se ha dictado hasta ahora
ninguna Ordenanza a este respecto, pero las facultades del Gobernador se ejercen en los hechos por recomendación de juntas constituidas de manera informal y comités establecidos para asesorar al Gobernador sobre esos asuntos.)
b)El Consejo Legislativo de las Islas Falkland está formado por ocho miembros electivos (que son los únicos con derecho de voto en los asuntos sometidos al Consejo) y dos miembros natos (el Jefe Ejecutivo y el Secretario de Hacienda); pero la Constitución dispone que el Fiscal General tiene derecho a tomar parte en las actuaciones del Consejo Legislativo (sin derecho de voto) con el consentimiento de su Presidente. El Gobernador no es miembro del Consejo Legislativo pero preside sus deliberaciones, o en su ausencia lo hace otro miembro del Consejo Legislativo designado por el Gobernador. El Gobernador, “con el asesoramiento y la conformidad del Consejo Legislativo”, puede dictar leyes sobre la paz, el orden y la buena administración de las Islas Falkland. Los proyectos de ley se someten al Consejo Legislativo y, aprobados por él, se presentan para su sanción. Las normas sobre la aprobación de las leyes figuran en el Anexo A de la Constitución. La sanción de las leyes está generalmente a cargo del Gobernador, pero en casos excepcionales la realiza la Reina a través del Secretario de Estado. El párrafo 5 del Anexo A de la Constitución prohíbe que el Gobernador dé su sanción a ciertos tipos de proyectos a menos que contengan una cláusula que suspenda la aplicación de la ley “hasta que se manifieste la voluntad de Su Majestad al respecto”. Una vez que se otorga sanción a un proyecto, éste se convierte en ley con carácter de Ordenanza, pero cualquier Ordenanza que haya recibido la sanción del Gobernador “podrá ser desautorizada por Su Majestad a través del Secretario de Estado”. No se tiene conocimiento de que ninguna Ordenanza de las Islas Falkland haya sido desautorizada en más de 100 años. El Gobernador está facultado, en virtud del artículo 49 de la Constitución, para declarar, aunque un proyecto de ley no haya sido aprobado en la forma en que se lo presentó, o no haya sido aprobado en absoluto, que el proyecto entrará en vigor como si hubiera sido aprobado por el Consejo Legislativo, ya sea en la forma en que fue presentado a él o con las modificaciones propuestas en el Consejo que el Gobernador estime adecuadas, y el Gobernador puede dar su sanción al proyecto en esa forma. Sin embargo, no puede hacer uso de estas facultades especiales sin instrucciones previas del Secretario de Estado, a menos que a su juicio el asunto sea de tal urgencia que le obligue a proceder de ese modo sin haber consultado antes al Secretario de Estado. El Gobierno del Reino Unido se ha reservado el derecho de dictar leyes para las Islas Falkland y, en el ejercicio de esa facultad, a menudo dicta leyes que se aplican a las Islas Falkland respecto de cuestiones internacionales, como las obligaciones derivadas de un tratado aplicado a las Islas Falkland por el Gobierno del Reino Unido. El Gobernador convoca las sesiones del Consejo Legislativo, que deben celebrarse como mínimo cada 12 meses. En la práctica, se reúne por término medio cuatro veces por año. Cualquiera de sus miembros puede presentar proyectos de ley o mociones, que pueden aprobarse por mayoría simple. Pero no pueden tratarse los proyectos de ley ni las mociones (ni pueden recibirse peticiones) sin la conformidad del Gobernador si suponen aumentos de impuestos o del gasto público o la modificación de salarios, prestaciones o condiciones de servicio de funcionarios públicos (incluyendo sus derechos de pensión).
c)El Consejo Legislativo debe disolverse a más tardar cuatro años después de la última elección general, pero el Gobernador está facultado para disolverlo antes. Debe celebrarse una elección general dentro de los 70 días siguientes a la disolución. En caso de vacancia de un escaño entre elecciones generales, se realiza una elección complementaria para cubrirlo. En 1988 se dictó una Ordenanza Electoral; junto con las disposiciones de la Constitución rige las elecciones de miembros del Consejo Legislativo. Las Islas Falkland están divididas en dos circunscripciones: la ciudad de Stanley y sus alrededores, que constituyen la circunscripción de Stanley, y el resto del país, que constituye la circunscripción rural. Cada circunscripción elige cuatro miembros del Consejo Legislativo, y sólo pueden ser candidatos las personas registradas como electores, mayores de 21 años.
Desde luego, sólo pueden votar en las elecciones las personas registradas al efecto. Tienen derecho a inscribirse en el registro de electores las personas que son ciudadanos del Commonwealth mayores de 18 años de edad y cumplen los requisitos en materia de residencia. El ciudadano del Commonwealth nacido en las Islas Falkland tiene que haber residido en ellas durante los 12 meses anteriores a la fecha de preparación del registro. El ciudadano del Commonwealth no nacido en las Islas Falkland tiene que haber residido en ellas durante los cinco años inmediatamente anteriores a esa fecha. La fecha es el 15 de mayo de cada año y la condición de “residente” está definida, como lo autoriza la Constitución, por la Ordenanza Electoral de 1988. La definición permite que se computen los períodos de ausencia por razones de negocios, vacaciones, educación y otras, con sujeción a determinadas condiciones.
d)La última elección general se celebró el 14 de octubre de 1993, con 17 candidatos para los cuatro escaños de Stanley y ocho candidatos para los cuatro escaños rurales. Todos ellos eran independientes.
e)El sistema judicial y legal se describe más adelante con mayor detalle. Las disposiciones referentes al Tribunal Supremo y el Tribunal de Apelaciones, incluyendo las normas que regulan el nombramiento y la inamovilidad de los magistrados, figuran en el capítulo VIII de la Constitución.
Religión
8.La libertad de religión está protegida expresamente por el artículo 9 de la Constitución.
Historia
9.La toma de posesión formal de Falkland Occidental y “todas las islas circundantes” por el Comodoro John Byron en nombre del Gobierno Británico, en enero de 1765, fue seguida rápidamente por el asentamiento de colonos. Una expedición dirigida por el Capitán McBride estableció un asentamiento en Port Egmont el 8 de enero de 1766. Fuera de un período comprendido entre junio de 1770 y enero de 1771, la ocupación británica se mantuvo hasta 1774. El asentamiento y la administración británicos han sido ininterrumpidos desde 1833, salvo una breve interrupción en que la Argentina ocupó ilegalmente las Islas durante abril, mayo y junio de 1982.
10.Las Islas atrajeron progresivamente a colonos y nuevos capitales. La Compañía de las Islas Falkland, constituida en 1851, adquirió vastas extensiones de tierra en las Islas. El centro de la administración se trasladó a Stanley en 1844 y el primer Consejo Legislativo se instaló en 1845. Los colonos desempeñaban una función importante en sus deliberaciones.
11.La primera actividad económica del territorio fue la explotación del ganado salvaje que poblaba libremente Falkland Oriental, sobre todo para obtener sus cueros. Ese ganado salvaje descendía del que había sido introducido durante el siglo anterior. Pertenecía a la Corona, y su sacrificio estaba sujeto a licencias otorgadas por el Gobernador.
12.En 1842 el Gobernador Moody propuso la cría de ovinos, y su explotación comercial se intentó por primera vez en Falkland Oriental, en 1860, alcanzándose un número considerable. Durante el decenio siguiente comenzó también la explotación en Falkland Occidental. Entre los años 1870 y 1880 se pasó de la cría de ganado bovino a la de ovinos, y posteriormente se exterminó todo el ganado salvaje.
13.Siguió un período de firme prosperidad y, en 1885 el territorio alcanzó su autonomía económica. En 1912 se inauguró la comunicación inalámbrica con el mundo exterior. Durante el
primer cuarto del siglo XX, Stanley se convirtió en un pequeño puerto de reparación de buques y estación carbonera. En el decenio de 1930 la población permanente alcanzó a 2.500 habitantes.
14.Durante las dos guerras mundiales la Compañía de las Islas Falkland y otros propietarios de tierras abstentistas consolidaron su control de la economía local, efectuando escasas reinversiones. La economía entró en estancamiento, y en los decenios de 1950 y 1960 se acentuó la emigración. Las conversaciones entre el Reino Unido y la Argentina sobre la soberanía continuaron durante el decenio de 1960, y en 1971 se firmó un acuerdo sobre comunicaciones entre los gobiernos argentino y británico. Durante los 10 años siguientes el único enlace aéreo con el mundo exterior fue a través de la ciudad argentina de Comodoro Rivadavia. Las Islas pasaron a depender cada vez más de la Argentina para su abastecimiento externo, sobre todo de petróleo. Sin embargo, los isleños se negaron firmemente a formar parte de la Argentina.
15.Las Islas Falkland fueron invadidas y ocupadas ilegalmente por fuerzas militares argentinas el 2 de abril de 1982. Se despachó de inmediato una fuerza expedicionaria británica y, tras un conflicto que cobró más de 1.000 vidas británicas y argentinas, las fuerzas argentinas capitularon el 14 de junio de 1982.
16.Desde 1982 se ha acelerado el ritmo de desarrollo de las Islas: primero mediante ayuda británica gratuita para facilitar el desarrollo y la rehabilitación tras el conflicto de 1982, y después, a partir de 1986, mediante la venta de licencias de pesca, sobre todo para la captura de la pota. (Los ingresos de 1993-94 derivados de la venta de licencias de pesca alcanzaron a unos 20 millones de libras.) Mediante fondos suministrados por los Gobiernos británico y de las Islas Falkland se construyeron un nuevo hospital, una nueva escuela superior, centros de esparcimiento y deportes, servicios portuarios, un nuevo aeropuerto internacional, un sistema moderno de telecomunicaciones y nuevas carreteras y casas.
17.Después de 1982, la Compañía de las Islas Falkland vendió todos sus establecimientos de Falkland Occidental a propietarios privados locales. Sus establecimientos de Falkland Oriental (que representaban unas 36.500 há) fueron adquiridos por el Gobierno de las Islas Falkland en mayo de 1991. Más de 95% de la superficie total pertenece actualmente a residentes de las Islas Falkland.
B. Sistema judicial
Administración
18.La estructura del sistema judicial está formada por el Tribunal de Procedimiento Sumario, el Juzgado de Paz, el Tribunal Supremo, el Tribunal de Apelaciones y la Comisión Judicial del Consejo Privado, y también un Juzgado de Instrucción. Su composición y competencia se describen a continuación con mayor detalle.
19.El poder judicial de las Islas Falkland es totalmente independiente del Gobierno y no está sujeto a instrucciones ni al control del poder ejecutivo ni de los miembros del Consejo Legislativo de las Islas. La inamovilidad, y por lo tanto la independencia, del Presidente y demás miembros del Tribunal de Apelaciones y del Presidente del Tribunal Supremo están consagradas expresamente en la Constitución. La responsabilidad de la administración de justicia corresponde efectivamente al Presidente del Tribunal Supremo de las Islas, que es designado por el Gobernador siguiendo instrucciones del Secretario de Estado para los Asuntos Exteriores y del Commonwealth y puede ser destituido, durante su mandato normal, únicamente por actos indebidos comprobados o incapacidad declarada judicialmente. Debe ser un magistrado o ex magistrado de un tribunal con jurisdicción ilimitada en materia civil y penal de cualquier lugar del Commonwealth o la República de Irlanda, o
que haya estado habilitado durante 10 años, como mínimo, para el ejercicio de la abogacía ante tales tribunales.
20.El actual Presidente del Tribunal Supremo reside en Inglaterra y visita las Islas cuando es necesario. La principal personalidad judicial residente es el Magistrado Superior (véase el párrafo siguiente). También hay en las Islas Jueces de Paz designados por el Gobernador principalmente a propuesta del Magistrado Principal y el Presidente del Tribunal Supremo.
21.El Magistrado Principal es designado por el Gobernador previa consulta con el Presidente del Tribunal Supremo. También actúa, en virtud de su cargo, como Juez de Instrucción de las Islas y tiene a su cargo el juzgado respectivo. Debe ser, en virtud de la ley, un abogado con experiencia habilitado para el ejercicio de su profesión ante un tribunal con jurisdicción ilimitada en materia civil y penal en cualquier lugar del Commonwealth o la República de Irlanda durante un mínimo de cinco años.
22.El Gobernador es responsable de la policía y la cárcel de las Islas. Cuenta con la asistencia de un Comité Asesor de Policía entre cuyos miembros figuran representantes de la comunidad y que asesora en cuestiones referentes a la vigilancia de las Islas. También existe una Junta de Magistrados Visitantes, formada por tres Jueces de Paz, que están obligados a visitar e inspeccionar la cárcel por lo menos cuatro veces por año y recibir las denuncias de los detenidos. La Junta debe informar de sus conclusiones al Gobernador.
23.La Constitución establece una Comisión Asesora sobre la Prerrogativa de Gracia (se trata de una facultad que corresponde al Gobernador, en nombre de la Reina, de indultar a las personas condenadas por delito o remitir la totalidad o una parte de la pena impuesta judicialmente). La Comisión está formada por dos miembros del Consejo Legislativo de las Islas. El Gobernador debe consultar a la Comisión en todos los casos en que considere la posibilidad de hacer uso de la prerrogativa de gracia.
24.El Fiscal General y el Asesor Jurídico Superior de la Corona son asesores del Gobierno sobre todas las cuestiones jurídicas que afectan a las Islas Falkland y representan al Gobierno en los asuntos judiciales. Ambos deben ser abogados con varios años de experiencia. Como representante de la Corona (o del interés público), el Fiscal General desempeña diversas funciones en materia civil y tiene la responsabilidad de última instancia en la aplicación de las normas penales; con arreglo a la
Constitución está facultado para promover o interrumpir todo tipo de procedimientos penales. En el ejercicio de esta facultad no está sujeto a instrucciones ni al control de ninguna otra persona ni autoridad. El Asesor Jurídico Principal de la Corona actúa como suplente del Fiscal General y en su nombre administra el sistema de asistencia jurídica del Gobierno.
25.La administración de todos los tribunales de las Islas constituye responsabilidad del Presidente del Tribunal Supremo, asistido por el Magistrado Superior. Un Secretario General actúa como Secretario de los Tribunales y tiene a su cargo el registro de los actos jurídicos que afectan a la propiedad de tierras, las marcas de fábrica o de comercio, las sociedades, etc.
Procedimiento penal
26.Los procedimientos penales se promueven normalmente por la policía conforme a directrices establecidas por el Fiscal General. Con arreglo a esas directrices, los asuntos complejos o difíciles se remiten al Fiscal General para determinar si se han de entablar procedimientos. Además, cuando se ha promovido el enjuiciamiento sin su intervención, el Fiscal General puede revisar la decisión adoptada por la policía de promoverlo y, en circunstancias apropiadas, puede poner fin a esas actuaciones o
modificar las imputaciones formuladas. La policía puede, en determinados casos, formular advertencias en lugar de promover el enjuiciamiento. También los particulares pueden promover procedimientos penales, pero sin perjuicio de la facultad del Fiscal General de tomarlos a su cargo, revisarlos o ponerles fin. En los hechos, el enjuiciamiento por iniciativa privada es poco frecuente.
27.Los procedimientos penales ante el Tribunal de Procedimiento Sumario y el Juzgado de Paz suelen estar a cargo del Jefe de Policía o el Inspector de Policía. En cambio, los procedimientos ante el Tribunal Supremo (y los correspondientes a ciertos delitos que se cumplen ante el Tribunal de Procedimiento Sumario y el Juzgado de Paz, sobre todo cuando se cometieron en relación con la ley sobre la pesca en las aguas circundantes de las Islas) se llevan a cabo por el Asesor Jurídico Superior de la Corona o por el Fiscal General personalmente.
28.Existen dos categorías de delitos: los que sólo pueden juzgarse mediante acta de acusación, es decir, por el Tribunal Supremo presidido por su Presidente (o interinamente por otro magistrado) con un jurado, y todos los demás delitos. Los de la primera categoría son los más graves, como el homicidio doloso o culposo y la violación. Los demás delitos suelen juzgarse en procedimiento sumario, ante el Tribunal de Procedimiento Sumario o el Juzgado de Paz. También son éstos los tribunales que remiten al acusado al Tribunal Supremo cuando se le imputa un delito que sólo puede juzgarse mediante acta de acusación o se resuelve que se le juzgue de ese modo. Además, el Tribunal de Procedimiento Sumario y el Juzgado de Paz están facultados en ciertos casos para disponer que se remita al Tribunal Supremo, para la aplicación de la pena, el caso de las personas a las que han condenado en procedimiento sumario pero respecto de las cuales estiman que sus propias facultades de imposición de penas son insuficientes.
29.Todos los tribunales penales de las Islas generalmente actúan en audiencia abierta al público y a los medios de difusión. Existen normas especiales que rigen la práctica y los procedimientos en los casos en que intervienen menores de 18 años. Esos asuntos son de competencia del Juzgado de Paz o del Tribunal de Procedimiento Sumario. Sin embargo, las audiencias de estos tribunales, cuando juzgan asuntos de esta clase, se organizan en momentos distintos de sus audiencias destinadas a acusados adultos. Generalmente se dispone la exclusión del público, y los medios de difusión no pueden identificar a los menores de 18 años que comparecen como acusados o testigos. Cuando un menor de 18 años está imputado junto con alguna persona de mayor edad, el asunto se juzga en audiencia ordinaria del tribunal competente, pero pueden imponerse restricciones a la información.
Tribunales penales
30.Existen tres tribunales que actúan en las Islas en materia penal.
a)Tribunal de Procedimiento Sumario
Este tribunal, creado por Ordenanza, está formado por uno o más Jueces de Paz (habitualmente tres) que conocen en los asuntos que determina la ley. Los Jueces de Paz son jueces legos, designados en la forma indicada en el párrafo 20. Habitualmente hay en las Islas 21 jueces legos. La jurisdicción del Tribunal de Procedimiento Sumario es limitada, salvo cuando se compone de dos o más magistrados, en cuyo caso puede desempeñar la mayor parte de la jurisdicción del Juzgado de Paz, que se describe a continuación.
b)Juzgado de Paz
El Juzgado de Paz también fue establecido por Ordenanza. Está a cargo del Magistrado Superior. Tiene jurisdicción respecto de todos los delitos, con excepción de los que sólo pueden juzgarse mediante acta de acusación. La gran mayoría de los procedimientos penales se llevan a cabo ante este tribunal, que tiene amplias facultades en materia de imposición de penas.
c)Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo fue establecido por la Constitución. Tiene jurisdicción ilimitada para conocer en cualquier procedimiento penal. Está formado por el Presidente y un magistrado (habitualmente el Magistrado Superior), designado por el Gobernador previa consulta con el Presidente del Tribunal Supremo. Como ya se ha explicado, el Tribunal es competente respecto de los delitos que deben juzgarse mediante acta de acusación y de la imposición de pena a los reos condenados por sentencia del Tribunal de Procedimiento Sumario o el Juzgado de Paz. También conoce en apelación respecto de las sentencias del Tribunal de Procedimiento Sumario y del Juzgado de Paz.
La apelación en los asuntos penales
31.La persona condenada por el Tribunal de Procedimiento Sumario o el Juzgado de Paz puede apelar ante el Tribunal Supremo contra la pena impuesta si se ha declarado culpable, o tanto respecto de la condena como de la pena si se ha declarado inocente. También el Presidente del Tribunal Supremo puede, en ciertos casos, disponer de oficio la revisión del expediente de cualquier procedimiento seguido ante el Tribunal de Procedimiento Sumario o el Juzgado de Paz para cerciorarse de la corrección de los procedimientos y de la pena impuesta. Las sentencias del Tribunal Supremo admiten apelación, respecto de la condena o de la pena, ante el Tribunal de Apelaciones de las Islas Falkland (véase infra). En ciertos casos cabe una apelación ulterior de la sentencia del Tribunal de Apelaciones ante la Comisión Judicial del Consejo Privado.
32.Como el Tribunal Supremo, el Tribunal de Apelaciones de las Islas Falkland ha sido establecido por la Constitución. Está formado por un Presidente y un mínimo de dos Jueces de Apelaciones, todos los cuales son designados en igual forma que el Presidente del Tribunal Supremo y deben tener iguales calificaciones. La protección constitucional de la inamovilidad del Presidente del Tribunal Supremo (véase el párrafo 19, supra) rige también para los miembros del Tribunal de Apelaciones. El Presidente del Tribunal Supremo es también miembro nato del Tribunal de Apelaciones excepto, desde luego, cuando se consideran recursos contra sus propias decisiones.
Juicios penales
33.Como en el Reino Unido y como es habitual en los sistemas del common law, los juicios penales se tramitan en procedimiento contradictorio. Se presume la inocencia del acusado hasta que se pruebe su culpabilidad, y la acusación debe probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Los derechos e los acusados a un juicio imparcial, con todas las garantías necesarias procesales y de otra índole, están asegurados por el artículo 13 de la Constitución, que en lo fundamental corresponde a los artículos 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 3 de la Constitución establece las garantías de las personas detenidas y, específicamente, de las que se encuentran en prisión preventiva. El artículo 16 de la Constitución establece un mecanismo para la aplicación de estas disposiciones (véase el párrafo 44, infra). Conforme a lo anterior, el acusado tiene derecho a consultar a un asesor y a disponer de asistencia jurídica en juicio y puede otorgársele ayuda económica a través de un sistema de ayuda judicial a cargo del Gobierno, para sufragar su costo. La acusación informa habitualmente a la defensa acerca de la naturaleza de todas las pruebas que
probablemente haya de presentar, y también de los testigos cuyo conocimiento puede ser pertinente pero que la acusación no se propone convocar. Si el tribunal, a pedido de la defensa o de la acusación, estima que el acusado no tiene aptitud mental para ser sometido a juicio, puede disponerse su internación en el Hospital de las Islas.
34.Los juicios penales siguen por lo general el procedimiento adoptado por los tribunales penales de Inglaterra y Gales. Como ya se ha señalado, los juicios se tramitan generalmente en audiencia pública. Las normas sobre la prueba se aplican rigurosamente y, si se han admitido pruebas indebidas, la condena puede revocarse en apelación. Durante el juicio, conforme a lo que dispone la Constitución, el acusado tiene derecho a oír e interrogar a los testigos de la acusación, generalmente a través de un abogado. La defensa tiene derecho a expresarse en último término en el juicio. El acusado no puede ser interrogado a menos que consienta en declarar como testigo en su propia defensa. Si lo hace, sólo en circunstancias excepcionales puede ser interrogado acerca de su carácter o de otros actos no relacionados con el delito que se le imputa; la acusación generalmente no presenta tales pruebas.
Juicio por jurados
35.La gran mayoría de los asuntos se tramitan en las Islas en procedimiento sumario, es decir, sin jurado. El Tribunal Supremo juzga los delitos en los procedimientos promovidos mediante acta de acusación, con juez y jurado. En este caso, el juez decide las cuestiones jurídicas, resume las pruebas para el jurado y le imparte instrucciones sobre el derecho aplicable. Corresponde entonces al jurado decidir si la acusación ha probado o no más allá de toda duda razonable la culpabilidad del acusado. En caso negativo, debe declararlo inocente. En las Islas Falkland el veredicto del jurado debe ser unánime. Si el jurado dicta un veredicto de inocencia, la acusación no tiene recurso de apelación y el acusado es absuelto por el juez y no puede volver a ser juzgado por el mismo delito. En caso de veredicto de culpabilidad, se condena al demandado, que tiene derecho de apelación ante el tribunal competente.
36.El jurado es totalmente independiente del poder judicial, y constituye delito la injerencia en su actividad desde que sus miembros han prestado juramento.
37.Tanto la acusación como la defensa tienen el derecho de impugnar un máximo de seis miembros del jurado en determinados casos sin indicar fundamentos. Tanto la acusación como la defensa pueden impugnar a cualquier otro eventual miembro del jurado expresando las razones por las que consideran probable su parcialidad.
38.Están obligadas a prestar servicios como jurados todas las personas de entre 21 y 60 años de edad inscritas en el Registro electoral de las Islas, con ciertas excepciones. Se les elige por sorteo. Algunas personas (como los miembros del poder judicial, otros profesionales del derecho, los sacerdotes y los funcionarios policiales) están eximidas de este servicio. Las personas condenadas por delito grave están inhabilitadas para él.
Juzgado de Instrucción
39.El Magistrado Superior es Juez de Instrucción de las Islas Falkland como parte de su función. En su ausencia, el Fiscal General o la persona que hace sus veces puede actuar como Juez de Instrucción. Éste tiene el deber de investigar los casos de muerte violenta o por causas no naturales y las muertes súbitas cuya causa no se conoce. Normalmente las muertes se informan al Juez de Instrucción por los médicos o la policía. Si se trata de una muerte violenta por causas desconocidas, el Juez de Instrucción no está obligado a llevar a cabo una investigación si, después de realizada una
autopsia, queda convencido de que se debió a causas naturales. Cuando existen motivos para creer que la persona sufrió muerte violenta o por causas no naturales o falleció en prisión o en otras circunstancias que se especifican, el Juez de Instrucción debe llevar a cabo una investigación y está obligado a determinar en qué forma, momento y lugar se produjo la muerte. El Juez de Instrucción puede actuar solo o, en ciertas circunstancias, con un jurado (por ejemplo, cuando la muerte se produjo en detención a cargo de la policía).
Procedimiento civil
40.Los mismos tres tribunales que ejercen jurisdicción penal de primera instancia también tienen jurisdicción en materia civil.
a)Tribunal de Procedimiento Sumario
El Tribunal de Procedimiento Sumario, cuando está formado por dos o más Jueces de Paz, tiene jurisdicción civil limitada; pero, en la práctica, la mayoría de los procedimientos civiles se inician ante el Juez de Paz a menos que la ley disponga que deban promoverse ante el Tribunal Supremo. El Tribunal de Procedimiento Sumario tiene jurisdicción específica en materia laboral.
b)Juzgado de Paz
El Juzgado de Paz tiene una amplia jurisdicción en materia civil. Pueden tramitarse ante el Juzgado de Paz las acciones por responsabilidad contractual, extracontractual y fiduciaria, las ejecuciones hipotecarias y las acciones de reivindicación de tierras. En la mayoría de los casos, la cuantía no debe exceder de un límite (actualmente de 50.000 libras). Sin embargo, si las partes consienten en ello pueden seguirse los procedimientos ante el Juzgado de Paz aunque la cuantía exceda del límite.
c)Tribunal Supremo
40.El Tribunal Supremo tiene jurisdicción ilimitada para conocer y resolver en materia civil. Además de los asuntos cuya cuantía excede del límite establecido, ejerce jurisdicción exclusiva en las causas de almirantazgo y los asuntos referentes a difamación, divorcio, guarda y revisión judicial.
41.Normalmente todos los tribunales entienden en materia civil sin la asistencia de jurado. Sin embargo, existen casos en que el tribunal, excepcionalmente, puede disponer el juicio con jurado.
Las apelaciones en materia civil
42.Las sentencias del Tribunal de Procedimiento Sumario y del Juzgado de Paz en materia civil dan lugar a apelación ante el Tribunal Supremo. Las sentencias de éste admiten recurso ante el Tribunal de Apelaciones de las Islas Falkland; y las de éste, ante la Comisión Judicial del Consejo Privado.
III. MARCO NORMATIVO GENERAL DE PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS
A. Autoridades con jurisdicción que afecta a los derechos humanos
43.El capítulo I de la Constitución (artículos 1 a 17) establece el marco normativo básico para asegurar la protección de los derechos y libertades fundamentales de todas las personas en las Islas
Falkland. Este capítulo, en sus artículos 1 a 15, contiene disposiciones que pueden invocarse directamente ante los tribunales para asegurar la protección del derecho a la vida, la libertad personal, la protección contra la esclavitud y el trabajo forzoso, la protección contra el trato inhumano, la libertad de circulación, la protección contra la privación de la propiedad, la protección contra los registros arbitrarios, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, incluida la libertad de prensa, la libertad de reunión y asociación y la libertad contra la discriminación por motivos de raza, sexo, etc., y asegura también la protección de la ley (lo que abarca el derecho a un juicio imparcial y todas las salvaguardias conexas, en materia penal y civil).
44.El artículo 16 de la Constitución otorga a cualquier persona que alega que se ha infringido, o es probable que se infrinja, cualquiera de las disposiciones de fondo de los artículos 1 a 15 en relación con ella (o, en el caso de una persona detenida, a cualquier tercero que alegue tal infracción contra el detenido), el derecho de recurrir directamente ante el Tribunal Supremo. Conforme al artículo 16, el Tribunal Supremo puede dictar las declaraciones, órdenes, mandamientos y directrices que estime adecuadas para aplicar o hacer aplicar las disposiciones pertinentes. Además, si se plantea ante cualquier tribunal inferior una cuestión relativa a la infracción de cualquiera de las disposiciones de los artículos 1 a 15, ese tribunal puede remitirla para su decisión al Tribunal Supremo (y está obligado a hacerlo si cualquiera de las partes lo solicita) y debe resolver el asunto, en ese caso, de conformidad con la decisión del Tribunal Supremo. Puede recurrirse ante el Tribunal de Apelaciones (y posteriormente, con autorización de ese Tribunal, ante la Comisión Judicial del Consejo Privado) contra cualquier decisión del Tribunal Superior correspondiente al artículo 16.
45.Además de las acciones específicas que otorga el artículo 16 de la Constitución, muchas infracciones de derechos y libertades fundamentales protegidos por la Constitución dan lugar a otros recursos judiciales. El artículo 16 dispone expresamente que sus normas son sin perjuicio de esos otros recursos. Por ejemplo, la persona privada ilegítimamente de su libertad personal puede promover un procedimiento civil tendiente a su liberación, u otra persona puede hacerlo en su nombre (mediante un recurso de hábeas corpus). Además, puede promover acción de indemnización por daños y perjuicios derivados de la detención ilícita o el encarcelamiento indebido, o agresión u otras violaciones de sus derechos, según las circunstancias.
B. Recursos, indemnización y rehabilitación
46.La legislación de las Islas Falkland no contiene disposiciones expresas que otorguen un derecho de indemnización o rehabilitación a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, como ya se ha señalado, la persona en esas circunstancias, además de la posibilidad que en todos los casos le asiste de obtener reparación con arreglo al artículo 16 de la Constitución, puede disponer de diversos recursos en virtud de la legislación ordinaria para obtener la indemnización por la infracción de sus derechos.
Asistencia jurídica
47.Se dispone en las Islas de un sistema de asistencia jurídica mediante el cual las personas que necesitan asesoramiento jurídico o asistencia en juicio pueden obtener que el costo respectivo se sufrague con cargo a fondos públicos. Los recursos de este sistema se aprueban al comienzo de cada ejercicio financiero. Su administración está a cargo del Asesor Jurídico Superior de la Corona, en representación del Fiscal General.
48.El derecho a la asistencia conforme a este sistema depende del nivel de los ingresos del interesado y el valor de su patrimonio (con exclusión de su vivienda privada principal). Si el
interesado tiene derecho a las prestaciones del sistema, se cubren sus gastos judiciales hasta determinados límites respecto de numerosos asuntos judiciales, entre los que se cuentan las alegaciones de denegación o infracción de sus derechos y libertades fundamentales. Los límites estipulados pueden ampliarse con el consentimiento del Fiscal General.
Indemnización por condena o detención indebidas y de las víctimas de delitos
49.No existen en las Islas sistemas oficiales de pago de indemnización a las personas que han sido condenadas o detenidas indebidamente, ni a las víctimas de delitos. Sin embargo, esas personas podrían contar con recursos civiles en muchos casos y los tribunales tienen facultades para disponer indemnización en determinados asuntos penales.
Aspectos generales
50.En el caso de las Islas Falkland existen, en realidad, muy pocos casos registrados de delitos violentos graves. Las personas acusadas de delito pero no condenadas quedan automáticamente en libertad bajo fianza, con ciertas excepciones, conforme al artículo 81 de la Ordenanza sobre Justicia Penal de 1989; y en la práctica es extremadamente excepcional que un acusado no condenado en juicio penal sea sometido a prisión preventiva. Por consideraciones prácticas como éstas, no se conoce todavía ningún caso en que alguien haya optado por promover procedimientos fundados en la violación de derechos y libertades protegidos constitucionalmente.
C. Protección constitucional de los derechos humanos: excepciones, etc.
51.Como se explicó en el párrafo 43, el capítulo I de la Constitución de las Islas Falkland garantiza y protege los derechos y libertades fundamentales de las personas. Ese capítulo proviene directamente del Convenio Europeo de Derechos Humanos y, en última instancia, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los derechos y libertades que se especifican quedan sujetos únicamente a las limitaciones que también se establecen y que tienen por objeto asegurar que el goce de los derechos y libertades de cada persona no perjudique al de terceros ni al interés público. El artículo 14 de la Constitución permite que se autorice por ley la adopción de medidas que se aparten de determinadas disposiciones del capítulo I durante un período de emergencia pública, pero sólo en el grado en que tales medidas se justifiquen razonablemente para tratar la situación existente. La cuestión de si las medidas se justifican realmente sobre esa base puede resolverse en última instancia por los tribunales.
D. Efectos de los instrumentos sobre derechos humanos en el derecho interno
52.En virtud del sistema del common law que se aplica en las Islas Falkland, los tratados aplicables a las Islas (incluidos los tratados sobre derechos humanos) no tienen por sí mismos la eficacia de la ley interna y no pueden invocarse directamente ante los tribunales como fuente de derechos individuales, aunque los tribunales, en lo posible, interpretan la legislación interna de modo que evite la incompatibilidad con las obligaciones jurídicas internacionales del Reino Unido. El método habitual para poner en aplicación las obligaciones derivadas de los tratados (cuando para ello es preciso modificar la legislación o la práctica en vigor) consiste en dictar una nueva ley especial –lo que puede hacerse mediante una ordenanza dictada localmente o por un Decreto del Consejo dictado por el Gobierno del Reino Unido– o la modificación de las normas legales en vigor o la adaptación de las prácticas administrativas, según haga falta en cada caso. Cuando esto da lugar a la creación o definición de determinados derechos, y éstos no son reconocidos o son objeto de injerencias (o existe la amenaza de ello), puede obtenerse reparación judicial por el procedimiento ordinario civil o, en algunos casos, mediante sanciones penales.
IV. INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
53.Los textos de los instrumentos de las Naciones Unidas en que el Gobierno del Reino Unido es parte respecto de las Islas Falkland pueden obtenerse en las Islas, y las personas que solicitan ejemplares pueden obtenerlos en la Casa de Gobierno (oficina del Gobernador) o la Fiscalía General. Actualmente se examina la posibilidad de preparar y publicar un documento de información pública para fomentar la conciencia del público sobre los instrumentos de derechos humanos aplicables a las Islas.
Anexo VI
GIBRALTAR
I. TERRITORIO Y POBLACIÓN
1.Gibraltar es una estrecha península que se extiende hacia el sur en el extremo meridional de Europa occidental, con vista sobre el Estrecho de Gibraltar, la costa de África meridional y España. Un accidente geográfico característico de Gibraltar es el Peñón, que se extiende de norte a sur con una extensión cercana a los 5 kilómetros. Tiene una anchura de 1.100 metros y una superficie total de 5¾ km2. La cima se encuentra a 426 m sobre el nivel del mar. La población civil total de Gibraltar es de unos 30.000 habitantes, de los cuales algo más de 20.000 son nativos de Gibraltar. El inglés es el idioma oficial, pero la mayor parte de la población de Gibraltar se expresa corrientemente en inglés y en español.
2.La información estadística básica, con las cifras más actualizadas de que se dispone, es la siguiente:
Ingreso por habitante10.620 libras
Producto nacional bruto278 millones de libras
Tasa de inflación1,7% (1993-1994)
Deuda externaDeuda neta del sector público: 23,8 millones de libras (1991-1992)
Tasa de desocupación14%
Tasa de alfabetizaciónNo se dispone de datos; se presume cercana al 100%
Población28.074 habitantes (Censo de Gibraltar de octubre de 1991)
Porcentaje de la población de lengua
materna inglesa90%
Expectativa de vidaVarones: 73,4 años (1991)
Mujeres: 80,4 años (1991)
Tasa de mortalidad infantil5,7 por 1.000
Tasa de mortalidad derivada de la maternidadNo se dispone de datos
Tasa de fecundidadNo se dispone de datos
Porcentaje de población menor de 15 años
y mayor de 65 añosVarones menores de 15 años: 11,28%
Mujeres menores de 15 años: 10,1%
Varones mayores de 65 años: 4,8%
Mujeres mayores de 65 años: 8,0%
(1990)
Porcentaje de la población en zonas rurales
y urbanasNo se aplica
Porcentaje de familias a cargo de una mujerNo se dispone de datos
II. ESTRUCTURA POLÍTICA GENERAL
A. Sistema de gobierno
3.Gibraltar es un Territorio Dependiente Británico.
4.La Constitución de Gibraltar entró en vigor en agosto de 1969 y figura en el Decreto sobre la Constitución de Gibraltar de 1969. En el anexo 1 se presenta un ejemplar de su texto.
5.El capítulo I de la Constitución contiene disposiciones que garantizan la protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas. Ese capítulo se analiza con mayor detalle en la Parte III.
6.Las principales características de la Constitución, al margen de su capítulo I, son las que siguen.
a)El Gobernador es designado por la Reina a propuesta del Secretario de Estado para Asuntos Exteriores y del Commonwealth del Reino Unido, ante el cual responde. Existe también un Vicegobernador, designado de igual modo. El poder ejecutivo corresponde al Gobernador; pero, salvo en casos determinados, está obligado a desempeñar sus funciones consultando al Consejo de Ministros (en relación con los “asuntos definidos como internos”) o al Consejo de Gibraltar. (Entre los “asuntos definidos como internos” figuran los relativos al comercio y la industria, la enseñanza, el desarrollo económico y las obras y servicios públicos.) El Consejo de Ministros está formado por el Ministro Principal y no menos de cuatro ni más de ocho ministros. Sus reuniones son convocadas, y habitualmente presididas, por el Ministro Principal. Éste es el miembro electivo de la Asamblea que, a juicio del Gobernador, tiene mejores probabilidades de obtener el apoyo de la mayoría de esos miembros electivos; los demás ministros son miembros electivos de la Asamblea designados por el Gobernador previa consulta con el Ministro Principal. El Consejo de Gibraltar está formado por el Vicegobernador, el Vicecomandante de la Fortaleza y otros cuatro ministros designados por el Gobernador previa consulta con el Ministro Principal. Por regla general, el Gobernador convoca y preside sus reuniones. Con ciertas excepciones limitadas, el Gobernador debe actuar en conformidad con el asesoramiento del Consejo de Ministros cuando lo ha consultado sobre asuntos definidos como internos. En general no está obligado a actuar conforme al asesoramiento del Consejo de Gibraltar después de haberlo consultado, pero normalmente lo hace (y de lo contrario debe dar cuenta al Secretario de Estado). El Gobernador designa, destituye y ejerce control disciplinario sobre los funcionarios públicos, pero en el desempeño de estas facultades actúa asistido por una Comisión de Administración Pública creada por la Constitución.
b)El poder legislativo está formado por el Gobernador y la Asamblea. Esta última está formada por un Presidente (que no es miembro electivo, sino designado por el Gobernador previa consulta con el Ministro Principal y el Jefe de la Oposición); el Fiscal General y el Secretario de Hacienda y Desarrollo como miembros natos; y 15 miembros electivos. El Presidente no tiene
derecho de voto, y los miembros natos no pueden votar respecto de las cuestiones de confianza. La Asamblea está facultada para dictar leyes sobre cualquier tema. Lo hace a través de proyectos que, una vez aprobados, se presentan al Gobernador para que les otorgue su sanción. Obtenida ésta, adquieren fuerza de ley como ordenanzas. En el ejercicio de su función de otorgar o no la sanción, el Gobernador debe aplicar, desde luego, las disposiciones ya indicadas sobre el asesoramiento del Consejo de Ministros o el Consejo de Gibraltar. En la práctica es muy excepcional que el Gobernador niegue la sanción de un proyecto aprobado por la Asamblea. Dispone también de una facultad reservada limitada de presentar proyectos de leyes a la Asamblea y sancionarlos sin el consentimiento de la mayoría de sus miembros si no se refieren a cuestiones definidas como internas; y el Gobernador dispone de una facultad aún más limitada de proceder de este modo sobre determinados temas definidos como internos cuando considera que así lo requiere la estabilidad financiera y económica de Gibraltar. Formalmente, la Reina puede desautorizar las ordenanzas a propuesta del Secretario de Estado. El Gobierno del Reino Unido mantiene la facultad de legislar para Gibraltar mediante leyes del Parlamento o Decretos del Consejo. La duración máxima de cada Asamblea es de cuatro años, pero puede ser disuelta antes por el Gobernador, previa consulta con el Ministro Principal. Los períodos de sesiones deben celebrarse como mínimo cada 12 meses. La convocación de elección general debe efectuarse dentro de los 60 días siguientes a toda disolución de la Asamblea, y la primera reunión de la Asamblea siguiente debe comenzar dentro de los 30 días contados desde el de la elección.
c)Sólo pueden votar en las elecciones de la Asamblea las personas registradas como votantes. Los requisitos y los motivos de inhabilitación de los votantes, y el procedimiento de las elecciones, están determinados por una ordenanza. Los requisitos y los motivos de exclusión de los candidatos se encuentran establecidos en la propia Constitución. En la política de Gibraltar es habitual que los partidos presenten candidatos para las elecciones, pero nada impide que se presenten candidatos independientes en forma individual. Actualmente ocho de los miembros electivos forman el partido de gobierno en la Asamblea, mientras que los siete miembros electivos restantes constituyen la oposición.
d)El sistema judicial se describe más adelante con mayor detalle. El capítulo V de la Constitución contiene disposiciones relativas al Tribunal Supremo, el Tribunal de Apelaciones y a los recursos ante la Comisión Judicial del Consejo Privado; y el artículo 77 (del capítulo VIII) define las funciones del Fiscal General respecto de la promoción y el desarrollo de los procedimientos penales y protege su independencia en el desempeño de esas funciones.
B. Europa
7.Con arreglo al párrafo 4 del artículo 227 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, ese tratado se aplica a Gibraltar como territorio europeo cuyas relaciones exteriores están a cargo del Reino Unido. Con sujeción a ciertas excepciones establecidas en el artículo 28 de la Ley de Adhesión de 1972, el derecho de la Comunidad se aplica, por lo tanto, a Gibraltar. Conforme a la Ordenanza de Gibraltar sobre las Comunidades Europeas de 1972, los Reglamentos de la Comunidad Europea y las obligaciones comunitarias de aplicación directa rigen automáticamente en Gibraltar, mientras que las directivas de la Comunidad deben ser puestas en práctica mediante normas legales locales.
C. Religión
8.La libertad de religión está protegida expresamente por el artículo 9 de la Constitución.
D. Historia
9.El filósofo griego Platón menciona las Columnas de Hércules con referencia a Calpe (Gibraltar), que domina el Estrecho. Los romanos dieron a Gibraltar el nombre de Mons Calpe, pero no establecieron allí ninguna ciudad. Sólo en el año 711 el bereber Tarik Ibn Sellad, que emprendió la conquista de España, desembarcó en el extremo meridional del Peñón, donde habría de erigirse la ciudad de Gibraltar. La invasión de la Península Ibérica había comenzado y, con el tiempo, casi toda ella fue ocupada. Durante seis siglos, con un breve intervalo entre 1309 y 1333, Gibraltar permaneció bajo ocupación mora. Las fortificaciones se construyeron durante ese período, pero hasta 1160 no existió ninguna ciudad.
10.Gibraltar fue reconquistada de los moros por las fuerzas españolas en 1462. Siguió siendo una posesión española hasta el comienzo del siglo XVIII. Durante la Guerra de Sucesión de España (1702-1713), el Peñón de Gibraltar fue pieza de trueque en las luchas entre los dos pretendientes rivales del trono español, Felipe V y Carlos III. Cuando estaba en poder de fuerzas leales al primero, Gibraltar cayó en 1704 en poder de una fuerza conjunta inglesa y holandesa que apoyaba al segundo. Por el Tratado de Utrecht, que puso fin al conflicto y se firmó en 1713, Gibraltar fue cedida a la Corona de Gran Bretaña “para siempre”. España puso sitio posteriormente a Gibraltar en diversas oportunidades, de las cuales las más importantes fueron las de 1727 y 1779.
11.Durante el siglo XIX Gibraltar se desarrolló convirtiéndose en una fortaleza célebre por lo inexpugnable; se volvió habitual en inglés la expresión “as safe as the Rock” (“seguro como el Peñón”). Al mismo tiempo fue formándose una comunidad civil dentro de sus murallas, que se ganaba la vida sobre todo con actividades comerciales. En 1830 la responsabilidad de los asuntos referentes a Gibraltar pasó del Departamento de Guerra al Departamento Colonial. Durante el mismo año, por una Carta de Justicia, se creó un poder judicial independiente de las facultades ejecutivas y legislativas del Gobernador. Con el establecimiento de los Comisionados de Salud en 1865 y la creación del Consejo Municipal en 1921 se acentuó la participación civil en los asuntos locales. Al comienzo del siglo XX Gibraltar entró en una nueva etapa de su historia al convertirse en una importante base naval, y se desarrollaron astilleros y un puerto modernos.
12.El valor de Gibraltar como base naval estratégica quedó comprobado dos veces durante la primera mitad del siglo XX. Tanto en la guerra de 1914-1918 como en la de 1939-1945 Gibraltar tuvo un valor estratégico clave y fue un punto fundamental de la campaña de lucha contra los submarinos. Durante la segunda guerra mundial la mayor parte de la población civil de Gibraltar fue evacuada por razones de seguridad; en su mayoría se dirigieron a Gran Bretaña, Madeira y Jamaica. Durante los años de la guerra Gibraltar sufrió cambios de gran importancia. Se construyó el aeropuerto, así como una compleja red subterránea de túneles y cámaras en el interior del Peñón.
13.Después de la guerra se intensificó en ciertos sectores de la población civil el reclamo de una mayor autonomía. Se formó durante la guerra la Asociación para el Progreso de los Derechos Civiles, y en 1945 volvió a constituirse el Consejo Municipal, por primera vez con mayoría electiva. El monopolio de las facultades legislativas por el Gobernador concluyó cinco años después al ponerse en aplicación una nueva Constitución que dispuso la formación de un Consejo Legislativo. Los años siguientes a la guerra también estuvieron caracterizados por una considerable expansión social y económica. Se desarrollaron servicios médicos, de enseñanza, de vivienda y de seguridad social.
14.En 1963 la cuestión de la situación de Gibraltar se planteó por primera vez ante el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, y España renovó su reivindicación de que el Peñón volviera a la soberanía española. Debido a ello se celebraron conversaciones sobre la situación
constitucional con representantes de Gibraltar y se promovió una nueva Constitución, que entró en vigor en julio de 1964, por la que se creó el Consejo de Gibraltar y el Consejo de Ministros. A ello siguieron elecciones celebradas en agosto de 1964.
15.Durante todo el decenio de 1960 las reivindicaciones territoriales españolas fueron acompañadas por restricciones cada vez más intensas aplicadas en la frontera entre España y Gibraltar, que culminaron en 1969 con el cierre total de la frontera y el corte de todos los demás medios de comunicación directa entre los dos países.
16.Tras un referéndum popular celebrado en 1967 y nuevas conversaciones constitucionales de 1968, se otorgó a Gibraltar una nueva Constitución en 1969, en virtud de la cual las funciones del Consejo Legislativo y el Consejo Municipal se fusionaron y se estableció una Asamblea de Gibraltar. El propósito de la nueva Constitución era la autonomía en las cuestiones internas.
17.Como se explicó en el párrafo 7, la adhesión del Reino Unido a la Comunidad Europea en 1972 dio lugar a la aplicación del derecho comunitario a Gibraltar, con ciertas excepciones. Estas últimas se refieren principalmente a la percepción y armonización del impuesto sobre el volumen de negocio, la unión aduanera y la Política Agrícola Común y la Política Pesquera Común.
18.La frontera española con Gibraltar fue reabierta totalmente en 1985, y en la segunda mitad del decenio de 1980 y comienzos del siguiente se produjo una intensificación del turismo y las inversiones y una expansión considerable de los servicios comerciales y de vivienda, incluyendo obras para ganar tierras al mar.
E. Sistema judicial
Administración
19.La estructura de los tribunales está formada por el Juzgado de Paz, el Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal Supremo, el Tribunal de Apelaciones y la Comisión Judicial del Consejo Privado, y también un Juzgado de Instrucción. Su composición y jurisdicción se exponen más detalladamente a continuación.
20.El poder judicial de Gibraltar es totalmente independiente del Gobierno. No está sujeto a instrucciones ni control del Gobernador, el Consejo de Gibraltar, el Consejo de Ministros, la Asamblea ni ningún ministro, funcionario o miembro de la Asamblea. La inamovilidad de los magistrados superiores, y por consiguiente su independencia, está consagrada expresamente en la Constitución.
21.La responsabilidad de la administración de justicia y de todos los tribunales corresponde al Presidente del Tribunal Supremo de Gibraltar, que es designado por el Gobernador siguiendo instrucciones del Secretario de Estado y puede ser destituido, durante su mandato normal, únicamente por actos indebidos comprobados o incapacidad declarada judicialmente. Debe ser un magistrado o ex magistrado de un tribunal con jurisdicción ilimitada en materia civil y penal de cualquier lugar del Commonwealth o la República de Irlanda, o que haya estado habilitado durante diez años, como mínimo, para el ejercicio de la abogacía ante tales tribunales. El Gobernador también puede designar a otro magistrado del Tribunal Supremo cuando ello resulta necesario, por ejemplo, por ausencia del Presidente del Tribunal Supremo o por el volumen de trabajo. También ese magistrado está protegido contra la destitución durante el término para el cual fue designado. Existen igualmente un Magistrado Estipendiario y Jueces de Paz designados por el Gobernador. El Magistrado Estipendiario actúa
automáticamente con Juez de Instrucción. También hay un Secretario que actúa en los tribunales con diversas funciones administrativas, por ejemplo, en relación con el registro de los actos jurídicos que afectan a derechos sobre la tierra. Se desempeña también como Alguacil de Almirantazgo.
22.El Gobernador tiene a su cargo la policía y la cárcel. Cuenta para ello con la asistencia de una Junta de Reclamaciones contra la Policía, entre cuyos miembros figuran representantes de la comunidad, y que investiga y asesora en relación con las funciones de policía, y una Junta Penitenciaria, que debe reunirse como mínimo ocho veces por año para recibir quejas de los detenidos y visitar e inspeccionar la cárcel. La Junta debe dar cuenta al Gobernador de cualquier comprobación que le inspire preocupación.
23.El Fiscal General, un Asesor Jurídico Superior de la Corona y otro Asesor Jurídico de la Corona son asesores del Gobierno sobre la mayoría de los asuntos que afectan a Gibraltar y representan a la Corona en los asuntos judiciales. El Fiscal General es responsable en última instancia de la aplicación del derecho penal y, conforme a la Constitución, está facultado para promover o interrumpir todo tipo de procedimiento penal. En el ejercicio de esta facultad no está sujeto a instrucciones ni al control de ninguna otra persona o autoridad.
Procedimiento penal
24.Los procedimientos penales se promueven normalmente por la policía, conforme a directrices establecidas por el Fiscal General. Los asuntos complejos se remiten al Fiscal General para que los examine y dictamine si se han de entablar procedimientos. Cuando se ha promovido el enjuiciamiento sin su intervención, el Fiscal General puede revisar la decisión adoptada por la policía de promoverlos y puede poner fin a esas actuaciones o modificar las imputaciones formuladas. La policía puede, en determinados casos, formular advertencias en lugar de promover el enjuiciamiento. Los procedimientos penales ante el Juzgado de Paz se desarrollan habitualmente por un inspector de policía o jefe de policía.
25.Existen dos categorías de delitos: los que sólo pueden juzgarse mediante acta de acusación, es decir, por el Tribunal Supremo presidido por su Presidente (o interinamente por otro magistrado) con un jurado, y todos los demás delitos. Los de la primera categoría son los más graves, como el homicidio doloso o culposo, la violación, la rapiña y el tráfico de estupefacientes. Los demás delitos pueden y suelen juzgarse en procedimiento sumario, ante el Tribunal de Procedimiento Sumario o el Juzgado de Paz (aunque algunos de esos delitos pueden juzgarse “en ambas formas”, es decir, en ciertos casos puede resolverse juzgarlos mediante acta de acusación). El Juzgado de Paz también remite al acusado al Tribunal Supremo cuando se le imputa un delito que sólo puede juzgarse mediante acta de acusación o se resuelve que se le juzgue de ese modo. Además, el Juzgado de Paz está facultado en ciertos casos para disponer que se remita al Tribunal Supremo, para la aplicación de la pena, a las personas a las que ha condenado en procedimiento sumario pero respecto de las cuales estima que sus propias facultades de imposición de penas son insuficientes.
26.Los tribunales penales de Gibraltar generalmente actúan en audiencia abierta al público y a los medios de difusión. Existen normas especiales que rigen la práctica y los procedimientos en los casos en que intervienen menores de 18 años. Esos asuntos son de competencia del Tribunal de Menores, actuando como Juzgado de Paz. Las audiencias de estos tribunales, cuando juzgan asuntos de esta clase, se organizan en momentos distintos de sus audiencias destinadas a acusados adultos. Generalmente se dispone la exclusión del público, y los medios de difusión no pueden identificar a los menores de 18 años que comparecen como acusados. Cuando un menor de 18 años está imputado junto con alguna persona de mayor edad, el asunto se juzga en audiencia ordinaria del tribunal competente, pero pueden imponerse restricciones a la información.
Tribunales penales
27.Existen dos tribunales que actúan en Gibraltar en materia penal.
1.Juzgado de Paz
El Juzgado de Paz, establecido por Ordenanza, está a cargo de un Magistrado Estipendiario (es decir, un abogado idóneo retribuido) o Jueces de Paz legos (a los que asesora en las cuestiones jurídicas y procesales un Secretario de Jueces de Paz). Tiene jurisdicción respecto de todos los delitos, excepto los que sólo pueden juzgarse mediante acta de acusación. La gran mayoría de los procedimientos penales se juzgan por este tribunal. Cuando no está a cargo de un Magistrado Estipendiario, está formado por dos o más jueces (habitualmente tres) que conocen en todos los asuntos para los cuales los habilita la ley.
2.Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo fue establecido por la Constitución. Tiene jurisdicción ilimitada para conocer y resolver en cualquier procedimiento penal. Está formado por el Presidente y otro magistrado. El Tribunal es competente respecto de los delitos que deben juzgarse mediante acta de acusación y de la imposición de pena a los reos condenados por sentencia del Juzgado de Paz. Los juicios ante este Tribunal en los casos en que se ha controvertido la culpabilidad se desarrollan con jurado.
Las apelación en materia penal
28.La persona condenada por el Juzgado de Paz puede apelar ante el Tribunal Supremo respecto de la pena impuesta si se ha declarado culpable, o respecto de la condena y la pena si se ha declarado inocente. Las sentencias del Tribunal Supremo respecto de la condena o la pena admiten recurso ante el Tribunal de Apelaciones y, en ciertos casos, un recurso ulterior ante la Comisión Judicial del Consejo Privado.
29.Del mismo modo que el Tribunal Supremo, el Tribunal de Apelaciones se encuentra establecido por la Constitución. Está formado por un Presidente y dos o más Jueces de Apelaciones (actualmente tres); el Presidente del Tribunal Supremo también es miembro nato de este Tribunal, salvo cuando se ocupa de recursos contra sus propias sentencias. El Presidente y los Jueces de Apelaciones son designados del mismo modo que el Presidente del Tribunal Supremo, y su inamovilidad está protegida en la misma forma.
Juicios
30.Como es habitual en los sistemas del common law, los juicios penales se tramitan en procedimiento contradictorio. Se presume la inocencia del acusado hasta que se pruebe su culpabilidad, y la acusación debe probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Los derechos de los acusados a un juicio imparcial, con todas las garantías necesarias procesales y de otra índole, están asegurados por el artículo 8 de la Constitución, que en lo fundamental corresponde a los artículos 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 3 establece las garantías de las personas detenidas y, específicamente, de las que se encuentran en prisión preventiva. El mecanismo de aplicación de estas disposiciones se encuentra establecido en el artículo 15 de la Constitución (véase el párrafo 38, infra). Conforme a lo anterior, el acusado tiene derecho a consultar a un asesor y a disponer de asistencia jurídica en juicio y puede otorgársele ayuda económica con cargo a un sistema de ayuda judicial a cargo del Gobierno para sufragar su costo. La acusación
informa habitualmente al acusado o a su defensor acerca de la naturaleza de todas las pruebas que probablemente haya de presentar, y también de los testigos cuyo conocimiento puede ser pertinente pero que la acusación no se propone convocar. Si el tribunal, a pedido de la defensa o de la acusación, estima que el acusado no tiene aptitud mental para ser sometido a juicio, puede disponerse su internación en un establecimiento psiquiátrico de Gibraltar.
31.Los juicios penales siguen por lo general el procedimiento adoptado por los tribunales penales de Inglaterra y Gales, y siguen incluyendo los procedimientos relativos a la prisión preventiva. Como ya se ha señalado, los juicios se tramitan generalmente en audiencia pública. Las normas sobre la prueba se aplican rigurosamente y, si se han admitido pruebas indebidas, la condena puede revocarse en apelación. Durante el juicio, conforme a lo que dispone la Constitución, el acusado tiene derecho a oír e interrogar a los testigos de la acusación, generalmente a través de un abogado, y a convocar a sus propios testigos. El testigo que no comparece voluntariamente puede ser legalmente obligado a declarar. El acusado no puede ser interrogado a menos que consienta en declarar como testigo en su propia defensa. Si lo hace, sólo en circunstancias excepcionales puede ser interrogado acerca de su carácter o de otros actos no relacionados con el delito que se le imputa.
Juicio por jurados
32.Como ya se ha indicado, la gran mayoría de los asuntos se tramitan en Gibraltar en procedimiento sumario, sin jurado. Los delitos juzgados por el Tribunal Supremo lo son mediante acta de acusación, con juez y jurado. En este caso, el juez decide las cuestiones jurídicas, resume las pruebas para el jurado y le imparte instrucciones sobre el derecho aplicable. Corresponde entonces al jurado decidir si la acusación ha probado o no más allá de toda duda razonable la culpabilidad del acusado. En caso negativo, debe declararlo inocente. El jurado está formado normalmente por nueve personas, pero hacen falta 12 en los juicios por homicidio. El veredicto del jurado debe ser unánime en los juicios por homicidio, pero en los demás basta una mayoría de siete de sus miembros. El jurado es totalmente independiente del poder judicial, y constituye delito la injerencia en su actividad después de que sus miembros han prestado juramento.
33.Tanto la acusación como la defensa tienen el derecho de impugnar a cualquier miembro del jurado expresando las razones por las que considera que es probable su parcialidad. Están obligadas a prestar servicios como jurados toda las personas de entre 18 y 65 años de edad inscritas en el Registro electoral de Gibraltar. Algunas personas, como los miembros del poder judicial, otros profesionales del derecho, los sacerdotes, los funcionarios policiales y las mujeres (salvo que sean voluntarias) están eximidas de este servicio. Las personas condenadas por ciertos delitos están descalificadas de él.
Juzgado de instrucción
34.El Magistrado Estipendiario es Juez de Instrucción de Gibraltar como parte de su función. Tiene el deber de investigar los casos de muerte violenta o por causas no naturales y las muertes cuya causa no se conoce. Normalmente las muertes se informan al Juez de Instrucción por los médicos o la policía. Si se realiza una autopsia y el Juez de Instrucción queda convencido de que la muerte se debió a causas naturales, no está obligado a llevar a cabo una investigación. Cuando existen motivos para creer que la persona sufrió muerte violenta o por causas no naturales o falleció en prisión, el Juez de Instrucción debe determinar en qué forma, momento y lugar se produjo la muerte y, en consecuencia, realizar una investigación.
Procedimiento civil
35.Existen en Gibraltar dos tribunales civiles: el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal Supremo.
a)Tribunal de Primera Instancia
La jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia comprende procesos civiles de rutina, como las acciones de responsabilidad contractual o extracontractual en que la el crédito, la pretensión o los daños no excede de 1.000 libras, como saldo de la cuantía o con otra apreciación.
b)Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo tiene jurisdicción ilimitada para conocer y resolver en procesos civiles de cualquier naturaleza. Además de los asuntos que corresponderían a la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia si su cuantía no excediera del límite de 1.000 libras impuesto a ese Tribunal, el Tribunal Supremo ejerce jurisdicción en causas de almirantazgo y en asuntos referentes al divorcio, la revisión judicial y la difamación. Los asuntos civiles se juzgan por el Tribunal Supremo normalmente sin la asistencia de un jurado, aunque en casos excepcionales puede requerirse el juicio con jurado.
Apelaciones en materia civil
36.Las sentencias del Tribunal de Primera Instancia en materia civil admiten apelación ante el Tribunal Supremo, y las sentencias de éste, ante el Tribunal de Apelaciones. En determinados casos cabe un recurso contra las sentencias del Tribunal de Apelaciones ante la Comisión Judicial del Consejo Privado.
III. MARCO NORMATIVO GENERAL DE PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS
Autoridades con jurisdicción que afecta a los derechos humanos
37.El capítulo I de la Constitución (artículos 1 a 17) establece el marco normativo básico para asegurar la protección de los derechos y libertades fundamentales de todas las personas en Gibraltar. Este capítulo, en sus artículos 1 a 14, contiene disposiciones que pueden invocarse directamente ante los tribunales para asegurar la protección del derecho a la vida, la libertad personal, la protección contra la esclavitud y el trabajo forzoso, la protección contra el trato inhumano, la libertad de circulación, la protección contra la privación de la propiedad, la protección contra los registros arbitrarios, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, incluida la libertad de prensa, la libertad de reunión y asociación, la libre fundación de escuelas y la libertad contra la discriminación por motivos de raza, sexo, etc., y asegura también la protección de la ley (lo que abarca el derecho a un juicio imparcial y todas las salvaguardias conexas, en materia penal y civil).
38.El artículo 15 de la Constitución otorga a cualquier persona que alega que se ha infringido, o es probable que se infrinja, cualquiera de las disposiciones de fondo de los artículos 1 a 14 en relación con ella (o, en el caso de una persona detenida, a cualquier tercero que alegue tal infracción contra el detenido), el derecho de recurrir directamente ante el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo está facultado para conocer y resolver respecto de cualquier petición de esa clase y dictar las órdenes, mandamientos y directrices que estime adecuadas para asegurar la aplicación de las disposiciones pertinentes
39.Además de las acciones específicas que otorga el artículo 15 de la Constitución, la infracción de los derechos y libertades fundamentales protegidos por la Constitución da lugar a otros recursos judiciales, y el artículo 15 dispone expresamente que sus normas son sin perjuicio de esos otros recursos. Por ejemplo, la persona privada ilegítimamente de su libertad personal puede promover un procedimiento civil tendiente a su liberación (mediante un recurso de hábeas corpus). Además, puede promover acción de indemnización por daños y perjuicios derivados del encarcelamiento improcedente, arresto indebido, agresión u otras violaciones de sus derechos, según las circunstancias.
Indemnización, rehabilitación, etc.
40.La legislación de Gibraltar no contiene disposiciones expresas que otorguen un derecho de indemnización o rehabilitación para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, como ya se ha señalado, la persona en esas circunstancias, además de la posibilidad que en todos los casos le asiste de obtener reparación con arreglo al artículo 15 de la Constitución, puede disponer de diversos recursos en virtud de la legislación ordinaria para obtener la indemnización por la infracción de sus derechos. Además, los tribunales disponen de la facultad de imponer al condenado la indemnización de la víctima de su delito por los perjuicios personales, las pérdidas o los daños resultantes del delito.
41.Tampoco existe disposición legal alguna que otorgue expresamente un derecho de indemnización por haber permanecido en detención en relación con procedimientos penales cuando tienen por resultado final la absolución. En la práctica esta situación se plantea muy excepcionalmente, porque los acusados, con algunas excepciones, obtienen la libertad bajo fianza conforme a la Ordenanza de Procedimiento Penal.
Protección constitucional de los derechos humanos: excepciones, etc.
42.Como ya se explicó, el capítulo I de la Constitución de Gibraltar garantiza y protege los derechos y libertades fundamentales de las personas. Ese capítulo proviene directamente del Convenio Europeo de Derechos Humanos y, en última instancia, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los derechos y libertades que se especifican quedan sujetos únicamente a las limitaciones que también se establecen y que tienen por objeto asegurar que el goce de los derechos y libertades de cada persona no perjudique al de terceros ni al interés público. El artículo 15 de la Constitución permite que se autorice por ley la adopción de medidas que se aparten de determinadas disposiciones del capítulo I durante un período de emergencia pública, pero sólo en el grado en que tales medidas se justifiquen razonablemente para tratar la situación existente. La cuestión de si las medidas se justifican realmente sobre esa base puede resolverse en última instancia por los tribunales.
Efectos de los instrumentos sobre derechos humanos en el derecho interno
43.En virtud del sistema del common law que se aplica en Gibraltar, los tratados aplicables a Gibraltar (incluidos los tratados sobre derechos humanos) no tienen por sí mismos la eficacia de la ley interna y no pueden invocarse directamente ante los tribunales como fuente de derechos individuales, aunque los tribunales, en lo posible, interpretan la legislación interna de modo que evite la incompatibilidad con las obligaciones jurídicas internacionales del Reino Unido. El método habitual para poner en aplicación las obligaciones derivadas de los tratados (cuando para ello es preciso modificar la legislación o la práctica en vigor) consiste en dictar una nueva ley especial –lo que puede hacerse mediante una ordenanza dictada localmente o por un Decreto del Consejo dictado por la Reina
a propuesta del Secretario de Estado– o la modificación de las normas legales en vigor o la adaptación de las prácticas administrativas, según haga falta en cada caso. Cuando esto da lugar a la creación o definición de determinados derechos, y éstos no son reconocidos o son objeto de injerencias (o existe amenaza de ello), puede obtenerse reparación judicial por el procedimiento ordinario civil o, en algunos casos, mediante sanciones penales. Cuando, como consecuencia del régimen de Gibraltar en relación con la Comunidad Europea (véase el párrafo 7, supra), determinado derecho proviene de alguna disposición comunitaria que tiene aplicación directa, puede hacerse valer excepcionalmente ante los tribunales de Gibraltar sin que sea necesaria otra legislación.
Mecanismos de supervisión y protección de los derechos humanos
44.No existen instituciones ni mecanismos, fuera de los tribunales, encargados de la responsabilidad específica de fiscalizar el cumplimiento de los derechos humanos. Sin embargo, existe amplia conciencia en Gibraltar de que si se denunciaran violaciones de derechos humanos (o cualquier otra forma de abuso de poder o administración indebida), ya fuese mediante el ejercicio del correspondiente derecho de apelación o a través de una denuncia general a las autoridades ejecutivas, y parecieran tener fundamento, serían investigadas cabalmente. Existen, además, profesionales privados en Gibraltar por intermedio de los cuales podría promoverse tal denuncia. En los casos pertinentes, podría invocarse el mecanismo de la Unión Europea o de la Comisión Europea de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para lograr el cumplimiento de los derechos derivados del derecho europeo o del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
IV. INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
45.Los textos de los instrumentos de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en que el Gobierno del Reino Unido es parte respecto de Gibraltar pueden obtenerse en Gibraltar, y las personas que soliciten ejemplares pueden obtenerlos en la Secretaría del Gobierno o la Oficina del Vicegobernador o la Fiscalía General.
Anexo VII
MONTSERRAT
I. TERRITORIO Y POBLACIÓN
1.La información estadística básica, con las cifras más actualizadas de que se dispone, es la siguiente:
Ingreso por habitante12.704 dólares del Caribe Oriental (1991)
PIB135.160.000 dólares del Caribe Oriental (1991)
Tasa de inflación2,2 % (al final de 1992)
Deuda externa 31 millones de dólares del Caribe Oriental (1992)
Tasa de desocupación10% (1992)
Índice de alfabetización90% (1992)
Porcentaje de la población de lengua maternaNo se dispone de datos: se supone que se aproxima
inglesa al 100%
Expectativa de vidaLa expectativa de vida de los habitantes de Montserrat es relativamente alta. Más del 70% de las muertes ocurren después de los 65 años, y numerosas mujeres alcanzan una ancianidad "madura" (más de 90 años).
Tasa de mortalidad infantil6,6 por cada 1.000 (1994)
Tasa de mortalidad derivada de la maternidadNula (1994 y 1995)
Tasa de fecundidad1,8 (1992)
PoblaciónEntre 10.000 y 12.000 habitantes, según la estación del año
Porcentaje de la población
menor de 15 añosVarones menores de 15 años: 27,2 %;
mujeres: 25,3%.
mayor de 65 años Hombres mayores de 65 años: 11,4%;
mujeres: 15,6% (censo de 1991)
Porcentaje de la población que reside
en zonas rurales y urbanasRurales: 90,7%; urbanas: 9,3% (censo de 1991)
Porcentaje de familias a cargo de una mujer39,5% (censo de 1991)
ReligiónLa religión más común es la cristiana. Los anglicanos representan 26,8% de la población; los metodistas, 19,56%; los pentecostalistas, 14,85%; los católicos romanos, 13,13%; y los adventistas del Séptimo Día, 11,84%. El 14,34% restante se distribuye entre otras ocho confesiones (censo de 1991)
II. ESTRUCTURA POLÍTICA GENERAL
A. Sistema de gobierno
2.Montserrat en un Territorio Dependiente Británico
3.La Constitución actual figura en el Anexo 2 del Decreto sobre la Constitución de Montserrat de 1989, del que se presenta un ejemplar como Apéndice 1. La parte IV de la Constitución (que se analiza más adelante con mayor detalle) contiene disposiciones que garantizan los derechos y libertades fundamentales de la personas.
4.Las principales características de la Constitución, al margen de su parte IV, son las que siguen. Establece una forma de gobierno parlamentario de "estilo de Westminster", con un Gobernador (que representa a la Corona), un Consejo Ejecutivo (que corresponde al Consejo de Ministros) y un órgano legislativo mayoritariamente electivo, el Consejo Legislativo, de cuyos miembros provienen los del Consejo Ejecutivo y ante el cual éste responde (y que puede hacerlo cesar).
Poder ejecutivo
5.El Gobernador, que formalmente está investido de la autoridad ejecutiva, es nombrado por la Reina a propuesta del Secretario de Estado para los Asuntos Exteriores y del Commonwealth del Reino Unido, ante el cual es responsable del desempeño de aquellas de sus funciones que la ley no dispone que debe cumplir siguiendo el consejo de otra autoridad. En general, sin embargo, debe consultar al Consejo Ejecutivo para el desempeño de sus funciones y actuar siguiendo su consejo. No obstante, conserva responsabilidad directa respecto de ciertos temas, como la defensa, los asuntos exteriores, los servicios financieros internacionales, la seguridad interna (incluida la policía) y la administración pública (y no necesita consultar al Consejo Ejecutivo respecto de esos temas ni actuar según su consejo).
6.El Consejo Ejecutivo, cuyas reuniones suelen ser presididas por el Gobernador, está formado por el Ministro Principal y otros tres ministros, y también el Fiscal General y el Secretario de Hacienda como miembros natos. El Ministro Principal es el miembro electivo del Consejo Legislativo que a juicio del Gobernador está en mejores condiciones para obtener la confianza de la mayoría de los miembros electivos de ese Consejo. Los demás ministros son elegidos por el Ministro Principal entre los miembros electivos o designados del Consejo Legislativo.
Consejo Legislativo
7.El Consejo Legislativo está formado por siete miembros electivos, dos miembros designados y también el Fiscal General y el Secretario de Hacienda como miembros natos. Está habilitado para poder ser elegido miembro del Consejo Legislativo todo ciudadano del Commonwealth que tenga por lo menos 21 años de edad y haya residido en Montserrat durante los 12 meses inmediatamente
anteriores a su nominación o en ese momento tenga su domicilio y residencia en Montserrat, a menos que sea objeto de diversas causas de inhabilitación (por ejemplo, la condición de funcionario público o la incapacidad mental o la condena por un delito relacionado con las elecciones). Existe también un Presidente del Consejo Legislativo, elegido por éste fuera de sus propios miembros, pero que debe tener las condiciones prescritas para ser candidato en la elección. La votación se efectúa habitualmente por mayoría simple, pero el voto de censura (que da lugar al cese de los ministros o la disolución del Consejo Legislativo seguida por una elección general) requiere el apoyo de la mayoría de los miembros electivos, y sólo éstos pueden participar en la votación.
8.El Consejo Legislativo puede dictar leyes sobre cualquier tema. Hace uso de esa facultad aprobando proyectos que, a continuación. se presentan al Gobernador para su sanción. El Gobernador puede entonces, conforme a las normas habituales que rigen el desempeño de su función, otorgar la sanción o bien (aunque esto puede plantearse difícilmente porque la mayoría de las leyes son propuestas gubernamentales) denegar la sanción o reservar la decisión para el Secretario de Estado. Existen ciertas categorías de proyectos cuya sanción el Gobernador debe reservar conforme a la Constitución (en especial los que corresponden a sus propias responsabilidades, como la defensa, los asuntos exteriores, etc.). Formalmente todos los proyectos están sujetas a desautorización por la Reina a propuesta del Secretario de Estado. El Gobierno del Reino Unido conserva la facultad de legislar para Montserrat mediante leyes del Parlamento o Decretos del Consejo.
9.La Constitución dispone que no deben transcurrir más de tres meses entre los períodos de sesiones del Consejo Legislativo, y las Órdenes Permanentes del Consejo requieren la celebración de reuniones, entre los períodos de sesiones, por lo menos cada dos meses. (Si el Consejo no ha sido disuelto antes por el Gobernador, previa consulta con el Ministro Principal -por ejemplo, tras un voto de retiro de confianza- debe disolverse al completarse cinco años contados desde su primera reunión siguiente a la elección general anterior. Deben celebrarse elecciones dentro de los tres meses siguientes a toda disolución.)
B. La CARICOM y la OECO
10.Montserrat ha sido miembro de la Comunidad del Caribe (CARICOM) desde su fundación en virtud del Tratado de Chaguaramas de 1973 para promover la cooperación económica y la integración entre los países miembros de la Comunidad, que comprende países más desarrollados y países menos desarrollados. Montserrat también es miembro de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO), creada en 1981, que constituye un subgrupo de países menos desarrollados. El Banco Central del Caribe Oriental es una institución creada dentro del subgrupo que regula y vigila el dólar del Caribe Oriental en los territorios participantes. Montserrat cuenta con los servicios que prestan todas las instituciones regionales creadas por la CARICOM y la OECO.
C. Sistema judicial
Los tribunales
11.La estructura de los tribunales está formada por el Juzgado de Paz, el Tribunal Superior, el Tribunal de Apelaciones y la Comisión Judicial del Consejo Privado. También existen Tribunales de Menores, un Juzgado de Instrucción y un Tribunal de Trabajo (véase infra). El Tribunal Superior y el Tribunal de Apelaciones son, en los hechos, los tribunales que en conjunto constituyen el Tribunal Supremo del Caribe Oriental. Este tribunal y sus magistrados prestan servicios no sólo en Montserrat, sino también en diversos países independientes del Caribe Oriental y otros diversos territorios
dependientes británicos de la región. (Actualmente visitan Montserrat en forma periódica para sus audiencias, pero el Tribunal Supremo del Caribe Oriental estudia la posibilidad de designar a un magistrado que actúe en forma permanente para Montserrat y Anguila.) Existen disposiciones detalladas, que forman parte de la legislación de todos los países y territorios respectivos, que regulan el nombramiento y la inamovilidad de los magistrados y aseguran su protección contra las interferencias políticas de cualquier origen. En lo que respecta a los magistrados de Montserrat y los funcionarios de secretaría u otros del Tribunal Superior que deben poseer calificación jurídica, la Constitución exige que el Gobernador, al hacer uso de sus facultades de nombramiento y destitución, etc., actúe únicamente previa consulta con el Presidente del Tribunal Superior.
Policía y cárceles
12.Como ya se ha explicado, la seguridad interior, incluida la policía, constituye una materia que la Constitución reserva al Gobernador; y la policía no está sujeta a orientación ni control ministeriales. El Gobernador también tiene a su cargo la administración de la cárcel. Existe una Comisión Penitenciaria, formada por no menos de tres Jueces de Paz, encargada de investigar las denuncias o quejas contra detenidos y que también debe investigar cualquier irregularidad o castigo excesivo y dar cuenta al Gobernador cuando sea menester.
Procedimiento penal
13.Los procedimientos penales se promueven habitualmente por la policía (y en el Juzgado de Paz suelen desarrollarse a cargo de ella), pero ésta remite los asuntos complejos a la Fiscalía General para su asesoramiento o para que el Fiscal General los tome a su cargo. En ciertos casos el Fiscal General puede promover procedimientos por sí mismo. El artículo 21 de la Constitución lo faculta para promover y llevar adelante procedimientos penales contra cualquier persona sometida a cualquier tribunal; tomar a su cargo o poner fin a tales procedimientos cuando han sido promovidos por cualquier otra persona; e interrumpir cualquier procedimiento de esa clase promovido por él mismo o por otra persona. En el desempeño de estas funciones no está sujeto a la orientación ni el control de ninguna otra persona.
14.La mayoría de los procedimientos penales se desarrollan en el Juzgado de Paz, pero los correspondientes a los asuntos más graves pueden juzgarse (y en ciertos casos así debe ocurrir) mediante acta de acusación por el Tribunal Superior, con juez y jurado. Todos los juicios seguidos ante el Tribunal Superior están a cargo del Fiscal General o un Asesor de la Corona. En todos los casos, el Juez de Paz o el jurado debe cerciorarse de que la acusación ha probado más allá de toda duda razonable la culpabilidad del acusado respecto de la imputación. El artículo 57 de la Constitución (que en lo fundamental corresponde a los artículos 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) garantiza un juicio imparcial, con todas las salvaguardias procesales; y el artículo 56 establece las garantías de las personas detenidas (y, específicamente, de las que se encuentran en prisión preventiva). El artículo 66 de la Constitución establece un mecanismo para la protección de estos y otros derechos humanos amparados por la Constitución (véase infra).
15.La Ordenanza sobre el Juzgado de Paz de 1984 y la Ordenanza sobre Menores Infractores de 1982 establecen procedimientos especiales respecto de los menores que infringen la ley, incluyendo el establecimiento de tribunales para menores. Cuando un menor de edad es condenado por un acto delictivo, puede enviársele a una escuela de formación durante un plazo máximo de tres años o hasta que alcance la edad de 16 años si esto último ocurre antes, o puede sometérsele a la supervisión de un agente de libertad vigilada, o liberársele bajo fianza.
16.Las sentencias del Juzgado de Paz y el Tribunal Superior en materia penal admiten apelación ante el Tribunal de Apelaciones, y las de éste pueden apelarse ante la Comisión Judicial del Consejo Privado.
Procedimiento civil
17.Tanto el Juzgado de Paz como el Tribunal Superior tienen también jurisdicción en materia civil. El Juzgado de Paz es competente en asuntos como los referentes a la responsabilidad contractual y la mayoría de los relativos a la responsabilidad extracontractual (pero no en materia de difamación, etc.), y la mayoría de los litigios sobre inmuebles; pero la cuantía del asunto no debe exceder de 2.000 dólares del Caribe Oriental. El Juzgado de Paz también tiene una jurisdicción limitada en asuntos de familia, como en lo relativo a la guarda de menores y las pensiones para alimentos. El Tribunal Superior tiene jurisdicción ilimitada en todos los asuntos civiles. Las sentencias dictadas en materia civil por el Juzgado de Paz y el Tribunal Superior admiten apelación ante el Tribunal de Apelaciones; y las de éste, ante la Comisión Judicial del Consejo Privado.
Juzgado de Instrucción
18.El Juez de Paz actúa como Juez de Instrucción de Montserrat. Está obligado a investigar todas las muertes violentas o derivadas de causas no naturales y las muertes súbitas cuya causa se desconoce. Está facultado para disponer autopsias en los casos en que proceda. Si después de realizada la autopsia llega a la conclusión de que la muerte se debió a causas naturales, generalmente no necesita realizar una investigación formal, pero debe hacerlo si la muerte fue violenta o no natural o causada por un accidente, y en ciertos otros casos: por ejemplo, si ocurrió en una cárcel. En algunos casos, pero no en todos, el Juez de Instrucción debe convocar un jurado para que le asista.
Tribunal de Trabajo
19.La Ordenanza sobre el Empleo dispone el establecimiento de un Tribunal de Trabajo formado por seis miembros y un presidente, todos ellos designados por el Gobernador. Tres de sus miembros representan los intereses de los empleadores y tres representan los intereses de los trabajadores. El Presidente es designado previa consulta con el Presidente del Tribunal Superior. El Tribunal está facultado para dictar sentencias que declaran los derechos de las partes en los litigios laborales e imponer condenas pecuniarias en tales casos.
III. MARCO NORMATIVO GENERAL DE PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS
20.El medio fundamental de protección de los derechos humanos y para hacerlos valer en Montserrat –además, desde luego, de la presión ejercida por la opinión pública a través del procedimiento democrático‑ reside en la invocación de la legislación interna aplicable y en el sistema de tribunales ordinarios que, como ya se ha explicado, es independiente e imparcial y está protegido contra la interferencia política.
21.En virtud del sistema del common law que se aplica en Montserrat, los tratados aplicables a Montserrat (incluidos los tratados sobre derechos humanos) no tienen por sí mismos la eficacia de la ley interna y no pueden invocarse directamente ante los tribunales como fuente de derechos individuales, aunque los tribunales, en lo posible, interpretan la legislación interna de modo que evite la incompatibilidad con las obligaciones jurídicas internacionales del Reino Unido. El método habitual para poner en aplicación las obligaciones derivadas de los tratados (cuando para ello es
preciso modificar la legislación o la práctica en vigor) consiste en dictar una nueva ley especial –lo que puede hacerse mediante una ordenanza dictada localmente o por un Decreto del Consejo dictado por el Gobierno del Reino Unido– o la modificación de las normas legales en vigor o la adaptación de las prácticas administrativas, según haga falta en cada caso. Cuando esto da lugar a la creación o definición de determinados derechos, y éstos no son reconocidos o son objeto de injerencias (o existe amenaza de ello), puede obtenerse reparación judicial por el procedimiento ordinario civil o, en algunos casos, mediante sanciones penales.
22.Sin embargo, a lo anterior se añade que la Constitución de Montserrat contiene, en su Parte IV (artículos 52 a 67) un conjunto plenamente desarrollado de disposiciones para la protección de los derechos y libertades fundamentales del individuo. Esas disposiciones, que definen detalladamente los derechos respectivos y las limitaciones admisibles que pueden sufrir, derivan directamente del Convenio Europeo de Derechos Humanos y, en última instancia, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En situaciones de emergencia (definidas por la Constitución), la ley puede autorizar la adopción de medidas que se aparten de algunos de los derechos protegidos, pero sólo si esas medidas se justifican razonablemente para tratar la situación existente en ese momento, cuestión que en última instancia puede ser determinada por los tribunales.
23.El artículo 66 de la Constitución dispone que, si cualquier persona alega que se ha infringido, se está infringiendo o es probable que se infrinja cualquiera de las disposiciones de fondo de la Parte IV en relación con ella, sin perjuicio de cualquier otro recurso de que disponga legalmente, puede recurrir ante el Tribunal Superior. Ante tal solicitud, el Tribunal Superior puede dictar las órdenes, mandamientos y directrices que estime adecuadas para hacer valer los derechos de la persona interesada con arreglo a la Parte IV. Además, si se plantea ante cualquier tribunal inferior una cuestión relativa a la infracción de cualquiera de las disposiciones de la Parte IV, ese tribunal puede remitirla para su decisión al Tribunal Superior. Puede recurrirse por derecho propio ante el Tribunal de Apelaciones, y posteriormente ante la Comisión Judicial del Consejo Privado, contra cualquier decisión del Tribunal Superior correspondiente a la Parte IV.
24.Debe señalarse que, como se aclara en el artículo 66 de la Constitución, estas salvaguardias para la protección de los derechos humanos, establecidas por la Constitución, se añaden a los recursos que existan en virtud de la legislación ordinaria, como la acción por detención ilícita o encarcelamiento indebido o, en los casos pertinentes, el enjuiciamiento.
IV. INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
25.Los textos de los instrumentos de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en que el Reino Unido es parte respecto de Montserrat se dan a conocer habitualmente cuando llegan al territorio, por ejemplo, mediante la publicación en la Gaceta Oficial o la exhibición de ejemplares en la Biblioteca. La Constitución de Montserrat, que dispone, como ya se ha explicado, la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de la persona en términos que pueden hacerse valer judicialmente, está a disposición del público, desde luego, al igual que las demás leyes de Montserrat que se han mencionado.
26.La emisora de radio del Gobierno, Radio Montserrat, emite programas producidos por la Radio de las Naciones Unidas sobre el tema de los derechos humanos. Además, otra emisora de radio local, Radio Antilles, ha emitido programas dedicados a los principales problemas sobre derechos humanos referentes a la región del Caribe o a otras regiones del mundo.
27.No existe en Montserrat ninguna organización dedicada específicamente al análisis o la vigilancia en materia de cuestiones sobre los derechos humanos; pero el Consejo Cristiano de Montserrat desarrolla una gran actividad y vigilancia en esta materia.
Anexo VIII
PITCAIRN
I. TERRITORIO Y POBLACIÓN
1.El archipiélago de Pitcairn está formado por cuatro islas situadas en el Océano Pacífico occidental (Pitcairn y sus dependencias: Henderson, Ducie y Oeno); solamente la isla de Pitcairn está habitada. Los isleños son descendientes de los amotinados del buque Bounty, que llegó allí en 1790, y de los polinesios que les acompañaban. Al final de 1993 la población total de la isla era de 53 personas (28 mujeres y 25 varones). De ellos, 46 eran nativos de Pitcairn y 7 eran extranjeros. La edad de la población oscila entre cuatro meses y 86 años. Todos los habitantes viven en Adamstown, único asentamiento de Pitcairn.
2.Pitcairn es un Territorio Dependiente Británico. Su principal fuente de ingresos consiste en la venta de sellos de correo, y los intereses y dividendos. En 1992-93 los ingresos del ejercicio fueron de 553.128 dólares neozelandeses y los desembolsos fueron de 813.995 dólares neozelandeses, con un déficit de 260.867 dólares neozelandeses. No existen impuestos.
3.La economía privada de Pitcairn está basada en la agricultura y la pesca de subsistencia y la venta de artesanías, principalmente a los buques de paso. La población de la isla trabaja de manera autónoma, pero se pagan salarios y prestaciones a quienes participan en actividades de la administración local y cumplen servicios comunales.
4.La educación es gratuita y obligatoria para todos los niños entre los 5 y los 15 años de edad. La instrucción se realiza en idioma inglés y se basa en el plan de estudios normal de Nueva Zelandia. La mayoría de los habitantes de Pitcairn son miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
II. ESTRUCTURA POLÍTICA GENERAL
A. Sistema de gobierno
5.Pitcairn, cuyas disposiciones constitucionales habían sido antes un tanto rudimentarias y poco sistemáticas, quedó en 1889 bajo la jurisdicción del Alto Comisionado del Reino Unido para el Pacífico Occidental. El Decreto sobre Pitcairn de 1952 estableció por primera vez el puesto de Gobernador de Pitcairn y, desde 1952 hasta 1970, ese puesto se desempeñó junto con el de Gobernador de Fiji. El Decreto de 1952 fue revocado en 1970 y reemplazado por el Decreto sobre Pitcairn de 1970 que, junto con las Instrucciones Reales sobre Pitcairn de 1970, constituye efectivamente la actual Constitución de Pitcairn. En los apéndices 1 y 2, respectivamente, se presentan ejemplares del Decreto y de las Instrucciones Reales. Son éstos los instrumentos que establecen ahora el puesto de Gobernador y regulan sus facultades y deberes. El Gobernador es designado por la Reina a propuesta del Secretario de Estado para los Asuntos Exteriores y del Commonwealth del Reino Unido, ante el cual responde. En la práctica, el Alto Comisionado del Reino Unido para Nueva Zelandia es designado al mismo tiempo Gobernador de Pitcairn y se le asigna simultáneamente la responsabilidad de la administración de la Isla, que desempeña con funcionarios dependientes de él.
6.En virtud del Decreto de 1970, el Gobernador ejerce el poder legislativo respecto de Pitcairn y está facultado para dictar leyes sobre cualquier tema. Sin embargo, las Instrucciones Reales le obligan a obtener la previa aprobación del Secretario de Estado para sancionar ciertas clases de leyes, entre
ellas las que le parezcan incompatibles con obligaciones del Reino Unido derivadas de tratados y las leyes que discriminen entre diferentes comunidades o religiones. Las leyes dictadas por el Gobernador se denominan Ordenanzas. Formalmente todas las Ordenanzas están sujetas a desautorización por la Reina a propuesta del Secretario de Estado. El Gobierno del Reino Unido conserva la facultad de legislar directamente para Pitcairn mediante leyes del Parlamento o Decretos del Consejo. El Gobernador hace uso de sus facultades legislativas para establecer tribunales para Pitcairn y determina su jurisdicción y su procedimiento (véase el párrafo 11, infra). El Decreto de 1970 también asigna al Gobernador la facultad de designar a los titulares de funciones públicas, destituirles y aplicarles medidas disciplinarias.
7.Los isleños de Pitcairn administran sus asuntos interno mediante el Consejo de la Isla. Este órgano se encuentra establecido por la Ordenanza sobre Gobierno Local, que le asigna la responsabilidad de disponer la aplicación de las leyes de Pitcairn y lo faculta para dictar reglamentaciones para la buena administración de Pitcairn, el mantenimiento de la paz, el orden y la seguridad pública y el progreso social y económico y de los isleños. El Consejo debe reunirse por lo menos una vez por mes. Está formado por diez miembros: el Juez de Paz de la Isla, elegido cada tres años; el Presidente del Comité Interno, elegido anualmente; otros cuatro miembros electivos, elegidos también anualmente; el Secretario de la Isla, que es un funcionario público y actúa como miembro nato del Consejo; un miembro designado anualmente por el Gobernador; y dos miembros asesores (sin derecho de voto), uno de los cuales es designado anualmente por el Gobernador y el otro es designado anualmente por los demás miembros del Consejo.
8.El Juez de Paz de la Isla es el Presidente del Consejo de la Isla. También es jefe ejecutivo de Pitcairn y preside el Tribunal de la Isla (véase el párrafo 11, infra). Las funciones formales del Comité Interno consisten en cumplir las órdenes del Consejo de la Isla y desempeñar las funciones que éste indique; en la práctica su principal función consiste en organizar y ejecutar el programa de trabajo. Está formado por el Presidente y otras personas, no integrantes del Consejo de la Isla ni funcionarios públicos, que designa el Consejo con la aprobación del Gobernador.
9.Para poder votar en las elecciones a los diferentes puestos electivos (Juez de Paz de la Isla, Presidente del Comité Interno y miembros electivos del Consejo) es preciso ser habitante nativo de Pitcairn o tener como mínimo tres años de residencia en la Isla y una edad mínima de 18 años. Los candidatos a Juez de Paz o Presidente del Comité Interno deben ser habitantes nativos de Pitcairn o tener como mínimo 21 años de residencia en la Isla; los candidatos a los demás puestos electivos pueden ser habitantes nativos de la Isla o tener en ella un mínimo de cinco años de residencia.
10.El Secretario de la Isla y los demás funcionarios no electivos (como el Jefe de Correos, el oficial de radio y el oficial de policía) son designados por el Gobernador, invariablemente previa consulta con el Consejo. Un Comisionado con sede en Auckland efectúa el enlace entre el Gobernador y el Consejo de la Isla.
B. Sistema judicial
11.Los tribunales de Pitcairn son el Tribunal Supremo, el Tribunal Inferior y el Tribunal de la Isla. En ciertos casos las sentencias de estos tribunales pueden admitir recurso ante la Comisión Judicial del Consejo Privado. El Tribunal Supremo está formado por el magistrado o los magistrados que el Gobierno, siguiendo instrucciones del Secretario de Estado, designe oportunamente. Tiene jurisdicción ilimitada en materia civil y penal. Los juicios ante el Tribunal Supremo, tanto en materia penal como en materia civil, se celebran normalmente por un único juez; pero el Tribunal, en los casos pertinentes, está facultado para designar entre dos y cuatro asesores. El Tribunal Inferior está formado por un magistrado que puede ser cualquier persona idónea designada con ese fin por el Gobernador. Normalmente tiene la misma jurisdicción e iguales facultades en materia penal que un Juez de Paz en
Inglaterra, y que un tribunal de condado en materia civil, pero el Gobernador puede ampliar su jurisdicción en casos particulares. En todos los casos cabe la apelación ante el Tribunal Supremo. El Tribunal de la Isla está formado por el Juez de Paz de la Isla, que actúa con dos asesores pero está facultado (y en ciertas circunstancias está obligado) a actuar solo en determinados asuntos. Tiene una amplia jurisdicción en materia civil cuando la cuantía no excede de una suma determinada y también en los asuntos sobre tutela y pensiones para alimentos y en ciertos casos referentes a asuntos de personas incapaces, enfermas o ancianas. Sin embargo, ciertos litigios civiles (como las acciones por demanda maliciosa o difamación) están excluidos expresamente de su jurisdicción. También está facultado para investigar las muertes que puedan haber sido causadas o aceleradas por cualquier causa no natural y los casos de destrucción o daño de bienes causado por el fuego. En materia penal su jurisdicción comprende todos los delitos con excepción de los expresamente excluidos por cualquier ley, pero sus facultades en materia de penas están limitadas y no puede juzgar los delitos cometidos más de seis meses antes. También actúa como tribunal responsable de la prisión preventiva en los asuntos penales que deben ser juzgados por el Tribunal Inferior o el Tribunal Supremo. El Gobernador está facultado para disponer, de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes, que el expediente de cualquier asunto resuelto por el Tribunal de la Isla sea revisado por el Tribunal Supremo, que en ese caso puede dictar las órdenes o instrucciones a ese Tribunal que estime necesarias o convenientes en interés de la justicia.
12.Aunque la legislación de Pitcairn contiene estas amplias disposiciones acerca de la administración de justicia, en la práctica la mayoría de sus aspectos casi nunca necesitan invocarse. En los hechos es excepcional que deba actuar incluso el Tribunal de la Isla.
III. MARCO NORMATIVO GENERAL DE PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS
13.La Constitución de Pitcairn, consagrada en el Decreto sobre Pitcairn de 1970 y las Instrucciones Reales sobre Pitcairn de 1970 (Apéndices 1 y 2), no contiene ninguna disposición de garantía expresa de los derechos humanos, ni se ha establecido específicamente ningún mecanismo formal con ese fin. En virtud del sistema del common law que se aplica en Pitcairn, los tratados aplicables a Pitcairn (incluidos los tratados sobre derechos humanos) no tienen por sí mismos la eficacia de la ley interna y no pueden invocarse directamente ante los tribunales como fuente de derechos individuales, aunque los tribunales, en lo posible, interpretan la legislación interna de modo que evite la incompatibilidad con las obligaciones jurídicas internacionales del Reino Unido. El método habitual para poner en aplicación las obligaciones derivadas de los tratados (cuando para ello es preciso modificar la legislación o la práctica en vigor) consiste en dictar una nueva ley especial o adaptar las prácticas administrativas, según haga falta en cada caso. (A estos efectos, la nueva legislación puede tomar la forma de una ordenanza dictada localmente o un Decreto del Consejo dictado por el Gobierno del Reino Unido.) Son ejemplos de Decretos del Consejo dictados con este fin el Decreto del Consejo sobre la Ley referente a las Convenciones de Ginebra (Territorios Coloniales) de 1959, que puso en práctica las cuatro Convenciones de Ginebra en Pitcairn y en otros diversos Territorios Dependientes Británicos, y el Decreto sobre la Ley de Justicia Penal de 1988 (Tortura) (Territorios de Ultramar) de 1988, que de manera similar puso en aplicación la Convención contra la Tortura. Cuando estas nuevas leyes o modificaciones legislativas dan lugar a la creación o la definición de determinados derechos y éstos no son reconocidos o son objeto de injerencia (o existe amenaza de ello), existen recursos judiciales a través del procedimiento civil ordinario o, en los casos pertinentes, a través de sanciones penales. Pero, en lo fundamental, la protección jurídica de los derechos humanos de los isleños de Pitcairn no depende de leyes especiales como los dos Decretos
mencionados: está garantizada por la aplicación de los principios de derecho básico en vigor en la Isla por los tribunales locales, que son similares a los principios básicos del derecho de Inglaterra.
14.Sin perjuicio de la facultad de los tribunales de disponer medidas correctivas y de reparación en cualquier caso de infracción o amenaza para los derechos legales, el Gobernador tiene la responsabilidad de última instancia de fiscalizar el cumplimiento de los derechos humanos en Pitcairn. Puede formularse ante él, directamente o por conducto de los funcionarios que de él dependen, cualquier denuncia de actos ilícitos o represivos cometidos por cualquier funcionario o autoridad gubernamental, y ello daría lugar a una investigación exhaustiva. Si se acreditara el fundamento de la denuncia, el Gobernador está facultado para adoptar las medidas correctivas del caso, que no vacilaría en aplicar.
IV. INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
15.Las leyes en vigor en Pitcairn, incluyendo cualquiera relacionada específicamente con los derechos humanos, se publican por el Gobierno del Reino Unido y están al alcance de todos los habitantes de la Isla a través de la Oficina del Secretario de la Isla.
16.Los informes sobre Pitcairn a los órganos internacionales se preparan por el Gobierno del Reino Unido, sobre la base de informaciones suministradas por el Gobernador y sus funcionarios.
Anexo IX
SANTA ELENA
I. TERRITORIO Y POBLACIÓN
1.Santa Elena, con sus dependencias (las islas de Ascensión y Tristán da Cunha, las últimas de las cuales comprenden también la Isla Gough, la Isla del Ruiseñor y la Isla Inaccesible) está situada en el Océano Atlántico meridional a unos 2.000 km de la costa de África y unos 2.900 km de la costa de América del Sur. Su capital es Jamestown. La isla de Santa Elena, aunque se cree que fue descubierta por los portugueses en 1502 y fue reivindicada en cierta época por los holandeses, permaneció inhabitada hasta que en 1659 la ocuparon colonos británicos autorizados por una carta concedida a la Compañía de las Islas Orientales. Se convirtió formalmente en un territorio dependiente de la Corona Británica en 1833. Ascención y Tristán da Cunha también permanecieron inhabitadas hasta que las ocuparon colonos británicos a comienzos del siglo XIX. Esos asentamientos prosiguieron ininterrumpidamente desde entonces. Ascensión pasó a ser formalmente una dependencia de Santa Elena en 1922, y Tristán da Cunha en 1939.
2.La información estadística básica, con los materiales más actualizados de que se dispone, es la que sigue.
Producto interno bruto por habitante1.747 libras (1992-93)
Producto nacional bruto10.403 millones de libras (1992-93)
Índice de inflación3,1% (agosto de 1994)
Deuda externaNo existe. Pero Santa Elena no es económicamente viable y depende de subsidios del Gobierno del Reino Unido.
Tasa de desocupación10,3% (septiembre de 1993)
Índice de alfabetizaciónVarones: 96,4%
Mujeres: 97,5%
Censo de 1987
Población5.139 habitantes (estimación correspondiente a 1992-93; Santa Elena solamente)
Porcentaje de la población de lengua materna
inglesa100%
Expectativa de vidaVarones: 68,4 años
Mujeres: 75,4 años
(promedio de 1984-1993)
Tasa de mortalidad infantil21,4 por cada 1.000 nacidos vivos (promedio móvil quinquenal de 1989-1993; cantidades insuficientes para establecer índices válidos respecto de cada sexo)
Tasa de mortalidad derivada de la maternidadNinguna muerte en cinco años (1988-1993)
Tasa de natalidad14,1 por cada 1.000 habitantes (promedio quinquenal móvil de 1989-1993)
Tasa de mortalidad (mujeres)7,6 por cada 1.000 habitantes (promedio quinquenal móvil de 1989-1993)
Tasa de mortalidad (varones)9,2 por cada 1.000 habitantes (promedio quinquenal móvil de 1989-1993)
Porcentaje de la población menor de 15 años de edadVarones menores de 15 años: 13,7%
Mujeres menores de 15 años: 13,9%
Censo de 1987
Porcentaje de la población mayor de 65 años de edadHombres mayores de 65 años: 4,0%
Mujeres mayores de 65 años: 5,0%
Censo de 1987
Porcentaje de la población en zonas rurales y urbanasRurales: 56,7%
Urbanas (Jamestown y Half Tree Hollow): 43,3%
Censo de 1987
Características étnicasMúltiples orígenes, sin divisiones étnicas
ReligionesIglesia de InglaterraHombres: 87,4%
Mujeres: 85,6%
Testigos de JehováHombres: 4,2%
Mujeres: 5,5%
BaptistasHombres: 2,7%
Mujeres: 2,8%
Existen también el Ejército de Salvación, Adventistas del Séptimo Día, católicos romanos y metodistas, todos ellos con menos del 2% (censo de 1987)
II. ESTRUCTURA POLÍTICA GENERAL
A. Sistema de gobierno
3.Santa Elena es un Territorio Dependiente Británico. Su Constitución actual figura en el Anexo 2 del Decreto sobre la Constitución de Santa Elena de 1988, del que se presenta un ejemplar en el Apéndice 1. Establece una versión simplificada de la forma de gobierno parlamentario de “estilo de Westminster”, con un Gobernador (que representa a la Corona), un Consejo Ejecutivo (que corresponde en lo esencial al Consejo de Ministros) y un Consejo Legislativo principalmente electivo (de cuyos miembros electivos proviene la mitad, como mínimo, de los del Consejo Ejecutivo).
4.El Gobernador es designado por la Reina a propuesta del Secretario de Estado para los Asuntos Exteriores y del Commonwealth, ante el cual responde del ejercicio de aquellas de sus funciones que la ley no le obliga a desempeñar a propuesta de otra persona o autoridad. Cumple sus funciones ejecutivas en nombre de la Reina. Cuenta con la asistencia de un Consejo Ejecutivo, que habitualmente preside, y que está formado por tres miembros natos (el Secretario Principal, el Secretario de Hacienda y el Fiscal General) y entre tres y cinco miembros más, escogidos entre los del Consejo Legislativo. En general, el Gobernador debe consultar al Consejo Ejecutivo para el desempeño de sus funciones y actuar conforme a su asesoramiento; pero la Constitución estipula diversas circunstancias o temas en que el Gobernador no necesita consultar al Consejo ni seguir su asesoramiento. En particular están reservadas al Gobernador, como responsabilidades especiales, las siguientes materias en que puede actuar sin el asesoramiento del Consejo Ejecutivo o en contra de él: la administración pública (nombramiento, disciplina y condiciones de trabajo de los funcionarios); defensa; asuntos exteriores; seguridad interna, incluida la policía; administración de justicia; hacienda; y transporte marítimo.
5.La Constitución dispone también el establecimiento de Comisiones del Consejo (formadas por miembros del Consejo Legislativo y personas ajenas a él; pero los primeros deben constituir mayoría) a las que pueden asignarse funciones ejecutivas y administrativas; por ejemplo, puede encargarse a una Comisión del Consejo la responsabilidad de determinados departamentos gubernamentales, o puede asignársele una responsabilidad que, conforme a una ley local, estaría a cargo de otro modo del propio Gobernador o de otra autoridad.
6.El Consejo Legislativo está formado por un Presidente (que puede ser, pero no necesariamente, miembro electivo del Consejo, y que es elegido por los miembros electivos de él), tres miembros natos (el Secretario Principal, el Secretario de Hacienda y el Fiscal General; pero el Fiscal General no tiene derecho de voto en el Consejo) y 12 miembros electivos. Estos últimos deben ser ciudadanos británicos o de Territorios Dependientes Británicos mayores de 21 años, inscritos como votantes en Santa Elena y no alcanzados por ninguna de las inhabilitaciones establecidas (por ejemplo, por incapacidad mental, quiebra, reclusión carcelaria, etc.). A los efectos de la elección del Consejo Legislativo, Santa Elena se divide en circunscripciones electorales; y las elecciones, por voto secreto, se realizan por sufragio universal de los adultos. La edad mínima para el voto es de 18 años. Aunque nominalmente existen dos partidos políticos, han permanecido inactivos desde 1976 y las elecciones se han realizado desde entonces al margen de ellos.
7.El Consejo Legislativo debe celebrar por lo menos un período de sesiones todos los años, con intervalos de no más de 12 meses entre la terminación de cada período de sesiones y el comienzo del siguiente. El Gobernador puede disolver el Consejo Legislativo en cualquier momento, pero debe hacerlo a más tardar cuatro años después de su primera reunión siguiente a la elección general
anterior. Debe efectuarse una elección general dentro de los tres meses siguientes a cada disolución, y el Consejo Legislativo debe ser convocado dentro del mes siguiente a cada elección general.
8.Pueden dictarse leyes sobre cualquier tema para Santa Elena misma (es decir, la Isla de Santa Elena) por "el Gobernador con el asesoramiento y la conformidad del Consejo Legislativo", y para Ascensión y Tristán da Cunha por "el Gobernador discrecionalmente". (En la práctica, las leyes para Ascensión y Tristán da Cunha toman a menudo la forma de una aplicación directa de leyes dictadas para Santa Elena, con las adaptaciones o modificaciones necesarias.) Todas esas leyes se denominan "Ordenanzas". Las leyes de Santa Elena provienen de proyectos presentados ante el Consejo Legislativo, que se aprueban por mayoría de sus miembros presentes y participantes en la votación, y que obtienen entonces la sanción del Gobernador. El Gobernador tiene facultades reservadas en ciertas circunstancias; por ejemplo, cuando considera que el interés del orden público, la fe pública o el buen gobierno requiere que se trate un proyecto de ley presentado al Consejo pero que éste no ha aprobado, el Gobernador puede, sin embargo, sancionarlo como si hubiese sido aprobado. Todas las Ordenanzas están sujetas formalmente a la posibilidad de desautorización por la Reina a propuesta del Secretario de Estado. El Gobierno del Reino Unido mantiene la facultad de legislar para Santa Elena mediante leyes del Parlamento o Decretos del Consejo.
B. Sistema judicial
9.La estructura de los tribunales comprende un Juzgado de Paz, un Tribunal de Menores y un Juzgado de Instrucción, para todos los cuales la legislación local establece disposiciones; un Tribunal Supremo y un Tribunal de Apelaciones, establecidos por la propia Constitución; y la Comisión Judicial del Consejo Privado. El derecho aplicado por todos los tribunales es, básicamente, el derecho de Inglaterra en cuanto resulta aplicable a las circunstancias locales (y, cuando procede, con las modificaciones y adaptaciones necesarias para ajustarlo a las circunstancias locales); pero en muchas materias, desde luego, está sustituido o modificado expresamente por leyes locales.
10.El Juzgado de Paz tiene una competencia limitada, definida por normas legales locales, en materia penal y civil. En los asuntos penales su jurisdicción alcanza a los delitos correspondientes a las Leyes sobre el Hurto (con algunas excepciones de menor importancia) y otros delitos cuya pena máxima no excede de siete años de prisión; pero los Jueces de Paz no pueden imponer penas de prisión de más de 18 meses por un único delito, ni de dos años cuando se ha cometido más de un delito; ni pueden imponer multas superiores a 2.000 libras. En materia civil la jurisdicción del Juzgado de Paz alcanza a los litigios cuya cuantía no excede de 500 libras. El Tribunal Supremo, además de ser el tribunal de apelación respecto de las sentencias del Juzgado de Paz, está facultado para revisar todos los asuntos tratados por el Juzgado de Paz; y su Presidente, durante su visita anual, examina todos esos asuntos resueltos desde su visita anterior. Los Jueces de Paz son designados por el Gobernador conforme a su responsabilidad constitucional especial de administración de justicia (véase el párrafo 4, supra). Existen Juzgados de Paz en Ascensión y Tristán da Cunha. En Ascensión, el Administrador es Juez de Paz nato. Puede actuar solo, pero generalmente lo hace con otros Jueces de Paz, incluso con todos ellos. En Tristán da Cunha, el Administrador es Juez de Paz nato y actúa solo.
11.El Tribunal Supremo tiene una jurisdicción en materia civil y penal que es comparable en términos generales con la del Tribunal Superior en Inglaterra, pero también es competente en materia penal en asuntos que en Inglaterra corresponderían al Tribunal de la Corona y en materia civil en asuntos que en Inglaterra corresponderían a un tribunal de condado. Como ya se ha señalado, también conoce en apelación respecto de las sentencias de los Juzgados de Paz. Normalmente lo preside un único juez, denominado Presidente, designado por el Gobernador siguiendo instrucciones de la Reina
impartidas a través del Secretario de Estado. El Presidente no reside en las Islas pero visita Santa Elena y Ascensión aproximadamente una vez por año y Tristán da Cunha cuando resulta oportuno. Está facultado también por la Constitución para actuar en el Reino Unido para ciertos efectos y en determinadas circunstancias. Por ejemplo, si todas las partes consienten en ello, puede actuar en el Reino Unido para conocer en apelaciones y recibir pruebas en asuntos civiles.
12.El Tribunal de Apelaciones, ante el cual admiten recurso las sentencias del Tribunal Supremo, está formado por un Presidente y dos o más Jueces de Apelaciones. Estos magistrados también son designados por el Gobernador siguiendo instrucciones de la Reina impartidas a través del Secretario de Estado, y también ellos, desde luego, son no residentes. El Tribunal de Apelaciones está facultado para actuar en Santa Elena o las Dependencias o "en otro lugar"; pero en la práctica actúa habitualmente en el Reino Unido. Sus sentencias admiten recurso ante la Comisión Judicial del Consejo Privado.
13.En todo el sistema judicial existe un régimen de apelaciones que es comparable en términos generales con el vigente en el Reino Unido. La característica especial más notable es la jurisdicción de revisión del Tribunal Supremo respecto de los asuntos tratados por el Juzgado de Paz (véase el párrafo 10, supra). Esto se considera una salvaguardia de sumo valor en circunstancias en que la mayoría de los acusados no cuentan con la defensa de un defensor letrado.
14.La Constitución impone al Fiscal General expresamente la responsabilidad de los enjuiciamientos penales y protege su independencia en el desempeño de esa función. Goza de total discrecionalidad en cuanto a la promoción de los procedimientos penales contra cualquier persona ante cualquier tribunal y por cualquier delito; para tomar a su cargo y llevar adelante cualquier procedimiento de esa clase que se haya promovido por cualquier otra persona, y poner fin a esos procedimientos, promovidos por él mismo o por cualquier otra persona. La facultad de tomar a su cargo y continuar los procedimientos y la de ponerles fin le corresponde con exclusión de toda persona o autoridad, y la Constitución dispone que, en el ejercicio de todas sus facultades referentes a los enjuiciamientos, no está sujeto a la orientación ni el control de ninguna otra persona o autoridad.
15.Santa Elena tiene una fuerza de policía muy pequeña pero bien capacitada, cuya administración sigue en gran medida iguales lineamientos que la policía de Inglaterra; el Gobernador, en virtud de su responsabilidad constitucional especial respecto de la seguridad interna, incluida la policía (véase el párrafo 4, supra), ejerce respecto de ella una fiscalización análoga a la del Secretario del Interior en el Reino Unido respecto de la Policía Metropolitana. Existe un pequeño destacamento en Ascensión y un sistema independiente en Tristán da Cunha. Además de sus funciones de policía corrientes, la policía de Santa Elena cumple diversas tareas, como los servicios en caso de incendio, los de rescate en el mar, el servicio de inmigración y un servicio de control de vehículos, y desempeña también varias funciones en materia de otorgamiento de licencias. Tiene a su cargo también la administración de la única cárcel de Santa Elena, situada en Jamestown, que nunca tiene más que un número muy reducido de reclusos.
III. MARCO NORMATIVO GENERAL DE PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS
16.No existen en Santa Elena autoridades específicamente encargadas de la responsabilidad relativa a los derechos humanos, y el método básico de protección de los derechos humanos y para hacerlos valer consiste en la invocación de la legislación interna aplicable (que, como ya se ha explicado, es igual en lo esencial al derecho de Inglaterra) y el sistema de tribunales ordinarios, que es
independiente e imparcial. En el plano administrativo, toda persona puede formular peticiones al Gobernador en Santa Elena (en virtud del Reglamento Colonial) para obtener la reparación de cualquier agravio; y si no le satisface la decisión del Gobernador, puede formular peticiones al Secretario de Estado. En los casos pertinentes, el Gobernador está facultado para designar una comisión de investigación en virtud de la Ordenanza sobre las Comisiones de Investigación (capítulo 16).
17.El Fiscal General es el único abogado titulado de Santa Elena, y en consecuencia no existen posibilidades de organizar un sistema completo de asistencia jurídica. Sin embargo, con arreglo a la Ordenanza sobre los Abogados Legos y la Asistencia Jurídica de 1986, se presta asesoramiento y asistencia jurídica por abogados legos formalmente reconocidos, y también puede obtenerse asesoramiento del Departamento Jurídico y de Tierras, que presta servicios jurídicos gratuitos al público. Cuando procede, puede obtenerse asesoramiento jurídico de profesionales del Reino Unido a cargo del Fondo de Asistencia Jurídica, un fondo fiduciario creado y financiado totalmente por el Gobierno de Santa Elena. En un asunto criminal grave que tuvo lugar recientemente, el Gobierno del Reino Unido suministró recursos para la asistencia jurídica completa por abogados ingleses, incluso en procedimientos seguidos ante el Tribunal de Apelaciones.
18.Santa Elena no tiene ningún régimen formal de indemnización de las víctimas. En ciertos casos, sin embargo, los tribunales pueden imponer a los autores de delito condenados la indemnización de las víctimas de sus delitos; y cuando no se dispone de ese recurso legal el Gobernador, a propuesta del Consejo Ejecutivo, puede disponer que se efectúen indemnizaciones graciables con cargo a fondos públicos. La Estimación Anual (consignación anual de los gastos públicos del año siguiente) comprende una partida de "Indemnizaciones generales" destinada a sufragar tales pagos.
19.En virtud del sistema del common law que se aplica en Santa Elena, los tratados aplicables a Santa Elena (incluidos los tratados sobre derechos humanos) no tienen por sí mismos la eficacia de la ley interna y no pueden invocarse directamente ante los tribunales como fuente de derechos individuales, aunque los tribunales, en lo posible, interpretan la legislación interna de modo que evite la incompatibilidad con las obligaciones jurídicas internacionales del Reino Unido. El método habitual para poner en aplicación las obligaciones derivadas de los tratados (cuando para ello es preciso modificar la legislación o la práctica en vigor) consiste en dictar o modificar una nueva ley especial o adaptar las prácticas administrativas, según haga falta en cada caso. Cualquier ley necesaria para este fin puede tomar la forma de un Decreto del Consejo dictado por el Gobierno del Reino Unido.) Cuando esto da lugar a la creación o definición de determinados derechos, y éstos no son reconocidos o son objeto de injerencias (o existe amenaza de ello), puede obtenerse reparación judicial por el procedimiento ordinario civil o, en algunos casos, mediante sanciones penales.
IV. INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
20.Los textos de los diversos instrumentos sobre derechos humanos que se aplican a Santa Elena se ponen en conocimiento de los miembros del Consejo Legislativo. Se difunden en toda la administración pública: como el Gobierno es el principal empleador en Santa Elena, esto asegura su amplia circulación. Desde luego, las leyes de Santa Elena están al alcance de todos. En lo que respecta a los informes presentados a los órganos de fiscalización creados por los tratados, los respectivos proyectos de sus diversas partes se compilan por los departamentos gubernamentales competentes y se estudian a continuación por las comisiones competentes del Consejo (véase el párrafo 5, supra), de las que forman parte miembros electivos del Consejo Legislativo. Esos Consejeros pueden presentar las opiniones y las inquietudes de sus representados o discutir el
contenido de los proyectos de informes en las reuniones periódicas que celebran con ellos. Los proyectos así elaborados por el Gobierno de Santa Elena se completan por el Gobierno del Reino Unido. Una vez presentados formalmente a los órganos de fiscalización creados por los tratados, se envían ejemplares a todos los departamentos del Gobierno en Santa Elena y se suministran a todos los miembros del Consejo Legislativo, y se exhiben en la Biblioteca Pública.
Anexo X
ISLAS TURCAS Y CAICOS
I. TERRITORIO Y POBLACIÓN
1.La información estadística básica acera de las Islas Turcas y Caicos, actualizada con las cifras más recientes de que se dispone, es la que sigue.
Población12.350 habitantes (1990)
Ingreso por habitante6.413 dólares de los EE.UU. (1992)
Producto interno bruto79 millones de dólares de los EE.UU. (1992)
Índice de inflación2,9% (1993)
Deuda externa8 millones de dólares de los EE.UU. (1993)
Tasa de desocupación8% (1993)
Tasa de alfabetización90% (1993)
Porcentajes de la población que tiene diferentes
lenguas maternasNo se dispone de datos
Expectativa de vidaHombres: 74 años (1993)
Mujeres: 74 años (1993)
Tasa de mortalidad infantilVarones: 6 (1993)
Mujeres: 3,64 (1993)
Tasa de mortalidad derivada de la maternidadNo se dispone de datos
Tasa de fecundidad3,00 (1993)
Población menor de 15 años y mayor de 65 añosVarones menores de 15 años: 1.858 (1993)
Mujeres menores de 15 años: 1.829 (1993)
Hombres mayores de 65 años: 252 (1993)
Mujeres mayores de 65 años: 322 (1993)
Porcentaje de la población en zonas rurales y urbanasNo se dispone de datos
Porcentaje de la población a cargo de una mujerNo se dispone de datos
II. ESTRUCTURA POLÍTICA GENERAL
A. Sistema de gobierno
2.Las Islas Turcas y Caicos son un Territorio Dependiente Británico.
3.La Constitución actual de las Islas figura en el Anexo 2 del Decreto sobre la Constitución de las Islas Turcas y Caicos de 1988, modificado por el del Decreto sobre la Constitución de las Islas Turcas y Caicos (Modificación) de 1993. En los Apéndices 1 y 2 se presentan ejemplares de esos textos. La Parte VIII de la Constitución (que se analiza con mayor detalle en la Parte III, infra) contiene disposiciones que garantizan los derechos y libertades fundamentales de las personas.
4.Las principales disposiciones de la Constitución, al margen de su Parte VIII, se exponen en los párrafos 5 a 16. En síntesis, las Islas Turcas y Caicos tienen autonomía interna con una forma de gobierno parlamentario y ministerial de “estilo de Westminster”. Existe un Gobernador (que representa a la Reina), un Consejo Ejecutivo (que corresponde en lo esencial al Consejo de Ministros) y un órgano legislativo principalmente electivo, de cuyos miembros electivos proviene el Consejo Ejecutivo, que responde ante él (y que efectivamente puede ser destituido por él).
Poder ejecutivo
5.El Gobernador, que ejerce formalmente el poder ejecutivo, es designado por la Reina a propuesta del Secretario de Estado para los Asuntos Exteriores y del Commonwealth del Reino Unido, ante el cual responde del ejercicio de aquellas de sus funciones que la ley no le obliga a desempeñar a propuesta de otra persona o autoridad. En general, sin embargo, el Gobernador debe consultar al Consejo Ejecutivo para el desempeño de sus funciones y actuar conforme a su asesoramiento. Pero esto no se aplica a los casos correspondientes a temas respecto de los cuales tiene responsabilidad directa (véase el párrafo 7, supra); y el Gobernador también puede, con la aprobación previa del Secretario de Estado, no seguir el asesoramiento del Consejo Ejecutivo cuando estima que así lo requieren los intereses del orden público, la fe pública o el buen gobierno.
6.El Consejo Ejecutivo, cuyas sesiones preside habitualmente el Gobernador, está formado por el Ministro Principal y otros cinco ministros, y también el Secretario Principal y el Fiscal General como miembros natos. La persona que el Gobernador designa Ministro Principal es el jefe del partido mayoritario en el Consejo Legislativo (o, si ningún partido dispone de mayoría, el miembro electivo que el Gobernador estima en mejores condiciones de obtener el apoyo de la mayoría de los miembros electivos). Los demás ministros son designados a propuesta del Ministro Principal entre los demás miembros electivos del Consejo Legislativo.
7.La Constitución reserva al Gobernador la responsabilidad directa en materia de defensa, asuntos exteriores, asuntos financieros internacionales y extraterritoriales, seguridad interna (incluida la policía) y la administración pública, aunque puede delegar en un ministro la responsabilidad de ciertas materias referentes a los asuntos exteriores o la seguridad interna. Con sujeción a esto, el Gobernador, siguiendo el consejo del Ministro Principal, asigna a cada Ministro la responsabilidad de determinados aspectos de los asuntos de gobierno, incluyendo la administración de los departamentos. Pero los ministros están obligados a observar el principio de responsabilidad colectiva.
8.La Constitución reconoce también el puesto de Jefe de la Oposición. El Gobernador designa para él al jefe del mayor partido de oposición en el Consejo Legislativo (o, sin ningún partido se
encuentra en tal situación, al miembro del Consejo legislativo que el Gobernador considera en mejores condiciones de obtener el apoyo de los miembros de la oposición en el Consejo).
9.La Constitución establece una Comisión de Administración Pública, formada por un Presidente designado por el Gobernador "discrecionalmente" (es decir, sin estar obligado a consultar a nadie antes de efectuar la designación) y dos miembros más que el Gobernador designa igualmente, pero en un caso previa consulta con el Ministro Principal y, en el otro, previa consulta con el Jefe de la Oposición. En general, las facultades del Gobernador respecto de la administración pública (por ejemplo, las de nombramiento, destitución, etc.) deben desempeñarse por recomendación de la Comisión de Administración Pública, aunque en ciertas circunstancias el Gobernador puede actuar en contra de su opinión, y la jurisdicción de la Comisión no alcanza a ciertos puestos, como los de los jueces, funcionarios de policía, el Secretario Principal, el Fiscal General, etc. La Comisión también tiene algunas otras funciones, principalmente de asesoramiento, en relación con la administración pública: por ejemplo, en materia de capacitación, ética y remuneración y condiciones de trabajo.
El Consejo Legislativo
10.El Consejo Legislativo está formado por 13 miembros electivos, tres miembros designados y dos miembros natos (el Secretario Principal y el Fiscal General). Existe también un Presidente, nombrado por los miembros electivos y designados del Consejo, entre ellos mismos o entre personas que reúnen las condiciones para integrar el Consejo (véase el párrafo siguiente). Los candidatos al Consejo Legislativo deben tener una edad mínima de 21 años, cumplir ciertas condiciones en materia de residencia, y también deben tener una vinculación definida con las Islas (deben haber nacido en ellas, o tener un progenitor nacido en ellas, o poseer la condición de "perteneciente" a las Islas conforme a la legislación en materia de inmigración). También deben estar libres de otras causas de inhabilitación, como el desempeño de funciones públicas o la incapacidad mental, o la condena por un delito grave. Los miembros designados, que no deben estar expresamente inhabilitados (por ninguno de los fundamentos que se aplican a los miembros electivos), deben tener por lo menos 21 años de edad y cumplir las condiciones que permiten registrarse como electores (véase el párrafo siguiente). La Constitución exige que los tres miembros designados se escojan de modo que representen matices de la opinión pública que de otro modo no estarían representados en el Consejo Legislativo: uno de ellos es designado por el Gobernador "discrecionalmente"; uno lo es a propuesta del Ministro Principal; y el tercero, a propuesta del Jefe de la Oposición.
11.La persona que aspire a registrarse como elector del Consejo Legislativo debe tener como mínimo 18 años de edad y cumplir las mismas condiciones en materia de residencia y tener la misma vinculación con las Islas que los candidatos a la elección; pero queda expresamente inhabilitada en caso de incapacidad mental o cumplimiento de una pena de prisión de larga duración, o condena por ciertos delitos relacionados con las elecciones.
12.Las elecciones al Consejo Legislativo se han realizado hasta ahora sobre la base de cinco circunscripciones electorales a las que correspondía más de un escaño; pero en el futuro (en virtud de la modificación de la Constitución de 1993) habrá 13 circunscripciones electorales, en cada una de las cuales se elegirá a un solo miembro del Consejo. Se delimitarán (con vistas a que contengan un número aproximadamente igual de electores) por una Comisión de Delimitación de Distritos Electorales, de tres miembros. Esta Comisión presentó sus primeras recomendaciones en febrero de 1994, que han sido aprobadas por el Consejo Legislativo. Su Presidente es designado por el Gobernador, discrecionalmente, entre titulares o ex titulares de altos puestos judiciales o jurídicos, y sus otros dos miembros son designados por el Gobernador a propuesta del Ministro Principal y del Jefe de la Oposición, respectivamente.
13.El Consejo Legislativo debe celebrar por lo menos un período de sesiones cada año, y durante él debe reunirse por lo menos cada cuatro meses. (En la práctica el Consejo suele reunirse con frecuencia mucho mayor.) Si el Consejo no ha sido disuelto antes, debe disolverse al cumplirse cuatro años desde su primera reunión siguiente a la elección general anterior. Debe celebrarse una elección general dentro de los tres meses siguientes a toda disolución del Consejo, y el nuevo Consejo debe convocarse dentro del mes siguiente a cada elección general.
14.El Consejo Legislativo puede dictar leyes sobre cualquier tema. Hace uso de esta facultad aprobando proyectos que, a continuación, se presentan al Gobernador para su sanción. El Gobernador puede entonces, de conformidad con las reglas habituales que rigen el desempeño de sus funciones, otorgar su sanción o denegarla, o reservar la decisión para el Secretario de Estado. Existen ciertas categorías de proyectos respecto de los cuales el Gobernador está obligado a reservar su decisión. También puede devolver un proyecto al Consejo Legislativo con la recomendación de que se lo modifique, y en ese caso el Consejo debe examinar esa recomendación. El Gobernador dispone también de una facultad reservada de imponer la aprobación de un proyecto (o de un proyecto en forma determinada) por el Consejo Legislativo si considera que así lo exige el interés del orden público, la fe pública o la buena administración, o los intereses de algunos de los temas en que conserva responsabilidad directa. Formalmente todas las leyes que han obtenido sanción del Gobernador pueden ser desautorizadas por la Reina a propuesta del Secretario de Estado. El Gobierno del Reino Unido mantiene la facultad de legislar directamente para las Islas Turcas y Caicos mediante leyes del Parlamento o Decretos del Consejo.
15.Además de sus funciones legislativas, el Consejo Legislativo ejerce la supervisión y el control del poder ejecutivo en diversos aspectos de su funcionamiento. Posee una facultad general de crear comisiones con este y otros fines, y la Constitución dispone expresamente que se establezcan por lo menos dos comisiones permanentes para supervisar las actividades de gobierno cuya responsabilidad se ha asignado a los ministros. Esas comisiones permanentes están facultadas para convocar a los ministros y funcionarios a fin de que respondan a preguntas y suministren informaciones. La composición de cada comisión permanente (en cuanto a la representación de los partidos políticos) debe corresponder equitativamente a la composición del Consejo Legislativo, y por lo menos una de esas comisiones debe ser presidida por un miembro de la oposición.
16.El Consejo Legislativo también tiene la facultad de disponer el cese del Gobierno. El voto de censura de la mayoría de los miembros electivos del Consejo obliga al Gobernador a dejar sin efecto el nombramiento del Ministro Principal (en cuyo caso cesan también todos los demás ministros) o, si el Ministro Principal así lo solicita y el Gobernador consiente en ello, a disolver el Consejo y ordenar la celebración de una elección general.
B. Sistema judicial
17.La estructura de tribunales comprende un Juzgado de Paz, el Tribunal Supremo, el Tribunal de Apelaciones y la Comisión Judicial del Consejo Privado. También existen un Tribunal de Menores y el Juzgado de Instrucción.
18.El Juzgado de Paz, que fue creado en virtud de la Ordenanza sobre el Juzgado de Paz de 1900, está a cargo de un magistrado designado por el Gobernador discrecionalmente. Debe ser una persona habilitada para el ejercicio de una profesión jurídica en el Commonwealth o en la República de Irlanda. Su tribunal tiene competencia civil y penal. En materia civil se limita normalmente a los asuntos cuya cuantía no excede de 2.000 dólares de los EE.UU., pero también tiene una jurisdicción limitada pero importante en asuntos de familia, como en lo referente a las pensiones para alimentos
entre cónyuges o para menores, la guardia o tutela y la filiación. En materia penal tiene competencia respecto de todos los delitos de procedimiento sumario (en términos generales, los delitos menos graves) y también respecto de algunos delitos que se juzgan mediante acta de acusación. Pero sus facultades en materia de imposición de penas, de multa o de prisión, están lógicamente limitadas. En el caso de los delitos que se juzgan mediante acta de acusación que no están comprendidos en su jurisdicción, o cuando consideran que no resulta apropiado que los juzguen, la función de los juzgados de paz es la realización de la investigación preliminar y, si llegan a la conclusión de que existen fundamentos suficientes para el procesamiento de persona acusada, someterla a juicio mediante acta de acusación ante el Tribunal Supremo. Las sentencias de los jueces de paz en materia civil y penal admiten apelación ante el Tribunal Supremo.
19.El Tribunal Supremo, establecido por la Constitución, está formado por su Presidente y no más de otros dos magistrados, designados por el Gobernador discrecionalmente. (Actualmente el Presidente del Tribunal Supremo es el único magistrado que lo constituye.) Para poder ser designado magistrado del Tribunal Supremo es preciso ser un profesional del derecho con un mínimo de cinco años de actividad en algún país del Commonwealth. Una vez designados, los magistrados del Tribunal Supremo no pueden ser destituidos durante su mandato, salvo por incapacidad comprobada o actos indebidos declarados judicialmente. El Tribunal Supremo tiene jurisdicción ilimitada en materia civil y penal. Se ocupa principalmente de asuntos civiles que exceden de la competencia del Juzgado de Paz (lo que incluye asuntos de divorcio y otros de familia que los Jueces de Paz no están facultados para juzgar) y, en materia penal, delitos que se juzgan mediante acta de acusación remitidos por el Juzgado de Paz. Como ya se ha señalado, el Tribunal Supremo también tiene jurisdicción en las apelaciones contra sentencias del Juzgado de Paz, tanto en materia civil como en materia penal.
20.El Tribunal de Apelaciones, establecido igualmente por la Constitución, está formado por un Presidente y un mínimo de otros dos Jueces de Apelaciones, todos los cuales son designados por el Gobernador discrecionalmente entre personas que son titulares o ex titulares de altos puestos judiciales en algún país del Commonwealth. Del mismo modo que los magistrados del Tribunal Supremo, los Jueces de Apelaciones están protegidos contra las presiones o injerencias indebidas mediante la inamovilidad, salvo por incapacidad comprobada o actos indebidos declarados judicialmente. El Tribunal de Apelaciones, que en la práctica suele actuar en las Bahamas, tiene jurisdicción respecto de las apelaciones contra sentencias del Tribunal Supremo y, en ciertos casos, cabe un recurso ulterior ante la Comisión Judicial del Consejo Privado.
21.El Tribunal de Menores, establecido en virtud de la Ordenanza sobre el Tribunal de Menores de 1968, es presidido por el magistrado o el Juez de Paz autorizado por el Gobernador. Su jurisdicción abarca los asuntos referentes a personas menores de 16 años. Sus procedimientos son menos formales que los seguidos ante el Juzgado de Paz ordinario, y no se admite la presencia de público en sus audiencias.
22.El Juez de Paz actúa como Juez de Instrucción de las Islas Turcas y Caicos y preside el Juzgado de Instrucción que investiga las muertes violentas o no naturales u ocurridas en circunstancias sospechosas o en otras que hacen conveniente la investigación. En la mayoría de los casos el Juez actúa solo o sin jurado, si lo estima oportuno, pero en determinados casos está obligado a convocar un jurado que le asista.
23.El sistema jurídico de las Islas Turcas y Caicos se basa en el common law, modificado con el curso de los años por leyes especiales. La mayor parte de esa legislación consiste ahora en normas dictadas por sucesivas legislaturas de las propias Islas, pero siguen rigiendo algunas leyes que las Islas Turcas y Caicos heredaron de su anterior vinculación con Jamaica y las Bahamas o de su anterior
condición de integrantes de la Federación de las India Occidentales. El procedimiento judicial es fundamentalmente análogo al de los tribunales similares del Reino Unido. El procedimiento penal es contradictorio, recayendo siempre en la acusación la carga de la prueba más allá de toda duda razonable. El artículo 72 de la Constitución (que en lo esencial corresponde a los artículos 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) garantiza el derecho a un juicio imparcial, con todas las salvaguardias procesales, y el artículo 71 asegura los derechos de las personas detenidas (y específicamente de las que se encuentran en prisión preventiva). El artículo 81 de la Constitución establece un mecanismo para la protección de esos y otros derechos humanos amparados por la Constitución (véase el párrafo 28, infra).
24.En teoría, y hasta cierto punto en la práctica, el enjuiciamiento penal puede promoverse por cualquier persona. Pero la mayoría de los enjuiciamientos, en los hechos, se promueven y se llevan a cabo por la policía u otra autoridad pública, como el Recaudador de Aduanas. Sin embargo, en cualquier caso de complejidad poco común se remite el expediente a la Fiscalía General para que el Fiscal General lo tome a su cargo (o le ponga fin). Las investigaciones preliminares (en los casos de delitos que sólo pueden juzgarse mediante acta de acusación) ante el Juzgado de Paz y otros asuntos complejos sometidos a la Fiscalía General, así como todos los casos seguidos ante el Tribunal Supremo, están a cargo del Fiscal General o el Asesor de la Corona. Con arreglo al artículo 17 de la Constitución, el Fiscal General está facultado para promover y llevar adelante procedimientos penales contra cualquier persona ante cualquier tribunal y por cualquier delito; tomar a su cargo y continuar los procedimientos promovidos por cualquier persona o autoridad; y poner fin a los procedimientos promovidos por él mismo o por cualquier otra persona o autoridad. Posee con carácter exclusivo estas facultades de tomar a su cargo los procedimientos y de interrumpirlos, y en el ejercicio de todas sus facultades relativas a los enjuiciamientos no está sujeto a instrucciones ni a control de ninguna otra persona ni autoridad.
III. MARCO NORMATIVO GENERAL DE PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS
25.El medio fundamental de protección de los derechos humanos y para hacerlos valer en las Islas Turcas y Caicos (además de la presión ejercida por la opinión pública a través del procedimiento democrático) reside en la invocación de la legislación interna aplicable y en el sistema de tribunales ordinarios que, como ya se ha explicado, es independiente e imparcial y está protegido contra la interferencia política.
26.En virtud del sistema del common law que se aplica en las Islas, los tratados aplicables a las Islas (incluidos los tratados sobre derechos humanos) no tienen por sí mismos la eficacia de la ley interna y no pueden invocarse directamente ante los tribunales como fuente de derechos individuales, aunque los tribunales, en lo posible, interpretan la legislación interna de modo que evite la incompatibilidad con las obligaciones jurídicas internacionales del Reino Unido. El método habitual para poner en aplicación las obligaciones derivadas de los tratados (cuando para ello es preciso modificar la legislación o la práctica en vigor) consiste en dictar una nueva ley especial o la modificación de las normas legales en vigor o la adaptación de las prácticas administrativas, según haga falta en cada caso. Las nuevas leyes pueden tomar la forma de una ley dictada por el Consejo Legislativo o de un Decreto del Consejo dictado por el Gobierno del Reino Unido. Cuando las nuevas leyes o la modificación de las vigentes da lugar a la creación o definición de determinados derechos, y éstos no son reconocidos o son objeto de injerencias (o existe amenaza de ello), puede obtenerse reparación judicial por el procedimiento ordinario civil o, en algunos casos, mediante sanciones penales.
27.Sin embargo, a lo anterior se añade que la Constitución de las Islas Turcas y Caicos contiene, en su Parte VIII (artículos 67 a 82), un conjunto plenamente desarrollado de disposiciones para la protección de los derechos y libertades fundamentales del individuo. Esas disposiciones, que definen detalladamente los derechos respectivos y las limitaciones admisibles que pueden sufrir, derivan directamente del Convenio Europeo de Derechos Humanos y, en última instancia, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En situaciones de emergencia (definidas por la Constitución), la ley puede autorizar la adopción de medidas que se aparten de algunos de los derechos protegidos, pero sólo si esas medidas se justifican razonablemente para tratar la situación existente en ese momento, cuestión que en última instancia puede ser determinada por los tribunales.
28.El artículo 81 de la Constitución dispone que, si cualquier persona alega que se ha infringido o se está infringiendo, o es probable que se infrinja, cualquiera de las disposiciones de fondo de la Parte VIII en relación con ella, sin perjuicio de cualquier otro recurso de que disponga legalmente, puede recurrir ante el Tribunal Supremo. Además, si se plantea ante cualquier tribunal inferior una cuestión relativa a la infracción de cualquiera de las disposiciones de la Parte VIII, ese tribunal debe remitirla para su decisión al Tribunal Superior. Al tratar esas peticiones o los asuntos así remitidos, el Tribunal Supremo puede dictar las órdenes, mandamientos y directrices que estime adecuadas para hacer valer los derechos de la persona interesada con arreglo a la Parte VIII. Puede recurrirse por derecho propio ante el Tribunal de Apelaciones, y posteriormente ante la Comisión Judicial del Consejo Privado, contra cualquier decisión del Tribunal Supremo correspondiente al artículo 81.
29.La Constitución establece también el puesto de Comisionado de Quejas (Ombudsman). El Comisionado de Quejas, que puede no ser (ni haber sido recientemente) miembro del Consejo Legislativo ni titular de ningún puesto de un partido político, es designado por el Gobernador previa consulta con el Ministro Principal y el Jefe de la Oposición. Sus funciones y facultades se encuentran enumeradas detalladamente en la Ordenanza sobre el Comisionado de Quejas (Ombudsman) de 1987. Conforme a esta Ordenanza, el Comisionado de Quejas está autorizado para investigar -y dispone de amplias facultades con ese fin- cualquier denuncia del público cuando se alegue injusticia derivada de la administración indebida por un departamento del Gobierno o una autoridad oficial. Debe enviar una copia de su informe acerca de cualquier investigación que realice al propio denunciante y al funcionario superior del departamento o autoridad que corresponda; y si llega a la conclusión de que el denunciante efectivamente sufrió injusticia que no ha sido reparada ni habrá de serlo, puede presentar un informe especial sobre el asunto al Consejo Ejecutivo. También debe presentar anualmente al Consejo Legislativo un informe general del desempeño de sus funciones y dispone de facultades discrecionales para presentar informes especiales al Consejo Legislativo cuando lo estime oportuno.
Anexo XI
ISLA DE MAN
I. TERRITORIO Y POBLACIÓN
1.La información estadística básica sobre la Isla de Man, con las cifras más actualizadas de que se dispone, es la que sigue.
Población (censo de 1991)69.788 habitantes
SuperficieAlrededor de 572 km2
Ingreso por habitante7.793 libras (1991/92)
Producto nacional bruto549,3 millones de libras (1991/92)
Tasa de inflación4,3% (promedio de 1992)
Tasa de desocupaciónHombres: 5,4% (promedio de 1992)
Mujeres: 2,7% (promedio de 1992)
Tasa de alfabetizaciónSe supone que es de 100%
Porcentaje de la población de lengua materna inglesaSe supone que es de 100%
Expectativa de vidaHombres: 71,5 años (1991)
Mujeres: 79,9 años (1991)
Tasa de mortalidad infantilVarones: 11,25 por cada 1.000 (total: 5) (1994)
Mujeres: 6,68 por cada 1.000 (total: 3) (1994)
Porcentaje de la población menor de 15 años
y mayor de 65 añosVarones menores de 15 años: 8,8%
Mujeres menores de 15 años: 8,5%
Hombre mayores de 65 años: 7,3%
Mujeres mayores de 65 años: 10,9% (1991)
Porcentaje de la población en zonas rurales y urbanasRurales: 26,1 (1991)
Urbanas: 73,9 (1991)
Porcentaje de la población a cargo de una mujer28% (1991)
II. ESTRUCTURA POLÍTICA GENERAL
A. Sistema de gobierno
2.La Isla, Dependencia de la Corona con alto nivel de autonomía, goza de competencia interna política y legislativa a través del antiguo Parlamento de Manx, denominado "Tynwald". El Gobierno del Reino Unido tiene a su cargo las relaciones exteriores y la defensa de la Isla.
3.El Tynwald, cuyos orígenes se remontan a los vikingos hace más de 1.000 años, es el órgano legislativo más antiguo que ha funcionado ininterrumpidamente en el mundo. Esta formado por dos secciones: la Cámara de las Llaves ("House of Keys"), de elección popular, y el Consejo Legislativo.
4.Los 24 miembros de la Cámara de las Llaves son elegidos cada cinco años. La mayoría de ellos son independientes, y la virtual inexistencia de partidos políticos obliga a un alto nivel de consenso. Ello ha contribuido a la notable estabilidad del sistema de Manx.
5.Tienen derecho a votar en las elecciones de miembros de la Cámara de las Llaves, en cualquiera de las circunscripciones, las personas que cumplen las siguientes condiciones:
a)Haber cumplido 18 años antes del 1º de septiembre del año en que se prepara el registro de electores;
b)No ser objeto de ninguna incapacidad legal ni inhabilitación en virtud de cualquier norma para el registro;
c)Ser ciudadano del Commonwealth o de la República de Irlanda;
d)Ser residente habitual del distrito electoral correspondiente el 12 de mayo del año en que se prepara el registro de la elección, y haber residido habitualmente en la Isla de Man durante la totalidad de los 12 meses anteriores.
6.Ninguna persona puede registrarse para votar en más de un distrito electoral, ni votar más de una vez en la misma elección.
7.El Consejo Legislativo está formado por ocho miembros elegidos por las Cámara de las Llaves por un plazo que vence al final de febrero siguiente al cuarto aniversario de la elección (o del período de elección). Al cumplir su función especial de colegio electoral, la Cámara no está obligada a elegir entre sus propios miembros, pero generalmente lo hace. Además de los ocho miembros del Consejo Legislativo elegidos por la Cámara de las Llaves, son sus miembros natos el Presidente de Tynwald, el Fiscal General de Su Majestad y el Lord Obispo. El Consejo Legislativo generalmente actúa como cámara de revisión de los proyecto de ley promovidos en la Cámara de las Llaves.
8.Los dos órganos legislativos se reúnen separadamente durante toda la legislatura para dictar leyes; actúan conjuntamente como Tribunal de Tynwald durante un máximo de tres días por mes para debatir temas de política general y aprobar resoluciones financieras. El 5 de julio de cada año se reúne el Tribunal de Tynwald al aire libre en la Colina de Tynwald, lugar de reunión del parlamento vikingo, para tratar cuestiones parlamentarias y recibir peticiones de reparación de residentes de la Isla.
9.Su Majestad la Reina es Señora de Man y Jefe de Estado. Su representante personal en la Isla es Su Excelencia el Lugarteniente del Gobernador General, designado por la Corona con un mandato de cinco años. Las funciones del Lugarteniente del Gobernador General se han reducido considerablemente desde la guerra, pero sigue desempeñando importantes funciones constitucionales y un papel social destacado.
10.En los últimos años la Isla ha introducido un sistema de gobierno ministerial. El jefe político del Gobierno de Manx es el Ministro Principal, elegido por el Tynwald entre sus propios miembros después de cada elección. El Ministro Principal escoge a sus ministros, que tienen a su cargo los principales departamentos, y con el Ministro Principal constituyen el Consejo de Ministros de Manx.
11.La Isla de Man tiene un vínculo especial con la Unión Europea en virtud del Protocolo 3 del Acta de Adhesión del Reino Unido. Esto incluye a la Isla dentro de Europa a los efectos limitados de la materia aduanera y la libre circulación de bienes, pero la Isla no aporta ni recibe nada de los fondos de la UE.
B. Sistema judicial
12.Los abogados de la Isla de Man combinan las funciones que en Inglaterra cumplen distintos profesionales ("solicitors" y "barristers"). Organizados en sociedades, los abogados de Manx cumplen tareas muy variadas y tienen el derecho exclusivo de audiencia ante los tribunales de la Isla (aunque los abogados ingleses pueden ser autorizados a comparecer en ciertos casos). Algunas otras funciones jurídicas (con excepción de las escrituras de traspaso de la propiedad) pueden cumplirse en la Isla por profesionales registrados que han sido habilitado para el ejercicio profesional en otras jurisdicciones.
13.Aunque el derecho inglés no se extiende a la Isla de Man, el sistema jurídico de Manx está basado en los principios del common law inglés, como los sistemas jurídicos de la mayoría de los países del Commonwealth. El derecho penal de Manx fue codificado en el siglo XIX y sigue estrechamente el derecho inglés. En lo que respecta a la materia contractual, extracontractual, de derecho de familia y seguridad social, el derecho de Manx se asemeja mucho al derecho inglés. En otros aspectos, en cambio, se ha desarrollado para atender las condiciones especiales de la Isla, sobre todo respecto de los impuestos directos, el derecho de las sociedades y la supervisión financiera.
14.En lo que respecta a la legislación de tierras, muchas de las modificaciones introducidas recientemente en el derecho inglés no han sido seguidas en la Isla de Man y existen ahora diferencias importantes entre los procedimientos de Manx y de Inglaterra para la enajenación de inmuebles. El sistema de Manx está basado en un Registro de Escrituras.
15.Las principales fuentes del derecho de Manx son las leyes del Tynwald (Parlamento de Manx) y los decretos y reglamentos dictados en virtud de esas leyes. El Tynwald tiene la facultad de dictar leyes sobre cualquier tema, pero sólo puede hacerlo con la sanción de la Reina, a la que asesora al respecto el Gobierno del Reino Unido. El Parlamento de Westminster sigue legislando para la Isla respecto de algunos temas de interés común para la Isla de Man y el Reino Unido, como la defensa, la nacionalidad y la inmigración. Aunque la Isla de Man es autónoma en gran medida, el Reino Unido mantiene la responsabilidad de su defensa y sus relaciones internacionales. El derecho de la UE tiene aplicación directa en la Isla de Man para fines muy limitados.
16.Los magistrados del Tribunal Superior de la Isla son los dos Deemsters (término que proviene de la época de los vikingos), cuya jurisdicción en materia criminal y civil es la que en Inglaterra correspondería al Tribunal Superior, el Tribunal de Condado y el Tribunal de la Corona.
17.El Tribunal de Apelaciones de Manx está formado por los Deemsters y el Juez de Apelaciones, que ocupa un puesto de tiempo parcial a cargo de un Consejero de la Reina inglés. La apelación de última instancia, interpuesta raras veces, corresponde a la Comisión Judicial del Consejo Privado, en Londres.
18.La Isla tiene sus propios magistrados legos (similares a los de Inglaterra) y también dos magistrados estipendiarios (el Alguacil Mayor (High Bailiff) y el Alguacil Mayor Adjunto (Deputy High Bailiff)), que también actúan como jueces de instrucción en las investigaciones y presiden el Tribunal de Licencias.
III. MARCO NORMATIVO GENERAL DE PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS
Autoridades con jurisdicción que afecta a los derechos humanos
19.Con arreglo a la Constitución de la Isla de Man, la posesión de derechos y libertades es inherente a la condición de miembro de la sociedad. Sólo puede restringirse por decisión democrática del Tynwald (el Parlamento de Manx) o, excepcionalmente, por el Parlamento del Reino Unido. Por lo tanto, la función de uno u otro Parlamento no consiste en otorgar derechos, sino en examinar si es preciso limitarlos para equilibrar las necesidades de la sociedad con las del individuo.
Asistencia jurídica
20.La persona que necesite asesoramiento jurídico o asistencia en juicio puede recibir ayuda con cargo a fondos públicos, ya sea gratuitamente o mediante una contribución que depende de sus propios medios. La asistencia jurídica civil se administra por un Comité de Asistencia Jurídica, establecido por ley.
21.Las personas cuyos ingresos y ahorros se encuentran dentro de ciertos límites tienen derecho a asesoramiento jurídico y asistencia judicial en determinadas circunstancias.
22.La asistencia jurídica incluye la asistencia judicial y se presta para la mayor parte de los procedimientos civiles a las personas que cumplen los correspondientes requisitos económicos. Cuando se otorga asistencia jurídica, el asunto se desarrolla en la forma normal, salvo que los pagos se efectúan con cargo a fondos públicos del Tesoro de la Isla de Man.
23.En los procedimientos penales el tribunal puede disponer el otorgamiento de asistencia jurídica si ello parece corresponder al interés de la justicia y el acusado cumple las condiciones de la ayuda económica. Esa orden debe dictarse (con sujeción a los medios de que se dispone) cuando se juzga a una persona imputada de homicidio.
24.Con arreglo a la Ley de Asistencia Jurídica de 1986 existen disposiciones para que en los tribunales de jurisdicción por procedimiento sumario se suministre asesoramiento inicial y asistencia en juicio a los acusados carentes de ella. Los servicios de los abogados que cumplen esta función son gratuitos.
25.La Junta de Asuntos del Consumidor de Man presta servicios gratuitos de asesoramiento al público en cuestiones referentes a los derechos del consumidor.
Indemnización por condena o encarcelamiento improcedentes
26.Las personas condenadas o encarceladas indebidamente por cualquier motivo sin facultades legales pueden solicitar al Gobierno de la Isla de Man una indemnización graciable. También pueden promover acción por daños y perjuicios.
Situación de las víctimas de delito
27.Los tribunales pueden condenar al autor de un delito, al declararlo culpable de él, a indemnizar a la víctima por los perjuicios personales, las pérdidas o los daños resultantes del delito. El pago de la indemnización tiene preferencia sobre el cobro de multas.
28.Cuando la policía u otra autoridad encargada del enjuiciamiento no procede a promoverlo, las víctimas normalmente pueden hacerlo privadamente, pero ello ocurre en la práctica raras veces. Las víctimas también pueden demandar civilmente por indemnización de daños y perjuicios. Las personas carentes de formación jurídica pueden promover demandas de pequeña cuantía por pérdidas o daños y perjuicios mediante un procedimiento simplificado.
29.(El Convenio Europeo sobre la Indemnización a las Víctimas de Crímenes Violentos tiene aplicación en la Isla de Man.)
Protección constitucional de los derechos humanos
30.La Isla de Man no tiene una Carta de Derechos ni una Constitución escrita formal. El régimen de gobierno parlamentario de la Isla de Man es el resultado de una evolución gradual. La posesión de derechos y libertades se considera inherente a la condición de miembro de la sociedad. Esos derechos no son otorgados por el Gobierno, sino que existen ya mientras no se los limite específicamente en beneficio del conjunto de la sociedad.
Incorporación de los instrumentos sobre derechos humanos y las normas internacionales
31.La situación es igual que la del Reino Unido. Los tratados y convenciones no se incorporan directamente en el derecho interno. Cuando es preciso modificar la legislación para poner en aplicación un tratado o convención, el Gobierno promueve una ley con ese fin. Esos proyectos están sujetos al procedimiento parlamentario.
Aplicación judicial de los instrumentos sobre derechos humanos
32.Los tribunales de la Isla de Man interpretan exclusivamente las leyes dictadas por el Parlamento.
Mecanismos nacionales de aplicación de los derechos humanos
33.La Ley sobre Protección de la Información de 1986 crea un puesto de Registrador de Protección de la Información; y la Ley sobre la Policía de 1993 crea una Comisión de Reclamaciones contra la Policía.
Igualdad de oportunidades
34.En virtud de la Ley de Eliminación de la Descalificación por Razones de Sexo de 1921, ninguna persona puede ser descalificada por motivos referentes al sexo del ejercicio de ninguna función pública ni del nombramiento para cualquier puesto administrativo o judicial, ni puede impedírsele que asuma o desarrolle cualquier profesión o vocación civil.
35.La Isla de Man dispone de un sistema de seguridad social que sigue estrechamente el que se aplica en el Reino Unido.
Relaciones raciales
36.El Gobierno de Manx apoya el principio de que todas las personas tienen iguales derechos y responsabilidades. En un territorio pequeño como el de la Isla de Man no ha resultado necesario dictar leyes especiales.
Protección de la información
37.La Ley de Protección de la Información de 1986, que se basa en la ley de igual nombre del Reino Unido de 1984, establece salvaguardias para el manejo de los datos personales en ordenadores. Se aplica en la Isla de Man la Convención para la Protección de las Personas respecto de la Computadorización de Datos Personales, del Consejo de Europa, de 1981.
Denuncias contra la policía
38.El artículo 9 y el Anexo 1 de la Ley sobre la Policía de 1993 y los reglamentos dictados en virtud de esa Ley establecen disposiciones sobre la tramitación de las denuncias contra la policía.
39.La Ley define como denuncia la que se formula sobre el comportamiento de un funcionario policial cuando se presenta por cualquier persona o con su consentimiento escrito.
40.El Jefe de la Policía de la Isla de Man está obligado, siempre que se reciba una denuncia, a registrarla y a organizar que se la resuelva de manera informal o, si no se presta para ello, que se la investigue formalmente.
41.En virtud de la Ley debe designarse a un Comisionado de Denuncias contra la Policía independiente, y éste debe supervisar la investigación de todas las denuncias referentes a perjuicios graves, corrupción o delitos estipulados en la reglamentación. El Comisionado también puede supervisar la investigación de las denuncias cuando lo considere conveniente por razones de interés público.
42.En todos los casos de investigación de denuncias el informe debe enviarse al Comisionado para que lo examine y formule sus recomendaciones.
Información y publicidad
43.Pueden obtenerse en las librerías ejemplares de los textos publicados de los instrumentos de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos.
44.Los informes sobre la Isla de Man a los organismos establecidos en virtud de diversos instrumentos de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos para fiscalizar el cumplimiento por
los Estados Partes de sus obligaciones respectivas se preparan por el Gobierno de la Isla de Man a partir de informaciones y conocimientos de los departamentos de ese Gobierno y fuentes externas.
Anexo XII
ALGUACILAZGO DE JERSEY
I. TERRITORIO Y POBLACIÓN
1.La población residente de la Isla, en marzo de 1991 (fecha del último censo), era de 84.082 habitantes y estaba compuesta del modo que sigue.
Nacidos en Jersey 43.331 (52%)
Nacidos en otros lugares de las Islas Británicas30.972 (37%)
Nacidos en Portugal3.439 (4%)
Nacidos en otros lugares de la Unión Europea4.030 (5%)
2.Se presentan a continuación otras informaciones estadísticas con las cifras más actualizadas de que se dispone.
Ingreso por habitante26.812 dólares de los EE.UU.a
Producto interno bruto2.258 millones de dólares de los EE.UU. a/
Índice de inflación4,4% (1992/93)
Deuda externa (deuda neta del sector público)Ninguna
Tasa de alfabetizaciónNo se dispone de datos; se supone próxima al 100%
Tasa de desocupaciónHombres: 3%
Mujeres: 1%
Porcentaje de la población de habla inglesaNo se dispone de datos; se supone próximo al 100%
Expectativa de vidaHombres: 72 años
Mujeres: 78 años
Tasa de fecundidadTasa del período total: 1,55 (1990)
Tasa de mortalidad infantilb2,6 por cada 1.000 (1992)
Tasa de mortalidad derivada de la maternidadNingún caso (1987-1992)
Porcentaje de la población de más de 65 añosHombres: 10,7%
Mujeres: 15,7%
(Fuente: censo de 1991)
Porcentaje de la población menor de 15 añosVarones: 16,2%
Mujeres: 14,8%
(Fuente: censo de 1991)
Porcentaje de la población en zonas ruralesNo se aplica
Porcentaje de la población en zonas urbanasNo se aplica
Porcentaje de la población a cargo de una mujer29,1%
II. ESTRUCTURA POLÍTICA GENERAL
Antecedentes
3.El Alguacilazgo de Jersey, con 115 kilómetros cuadrados, es la mayor de las Islas Anglonormandas y se encuentra en el Canal de la Mancha, a 22 km de la costa noroccidental de Francia y 145 km al sur de Inglaterra.
4.Su historia ha derivado de su posición geográfica. Como parte del Estado feudal de Normandía, pasó a la posesión de la Corona británica en 1066 cuando Guillermo, duque de Normandía, derrotó al rey Haroldo y fusionó los Reinos de Inglaterra y Normandía. Aunque la Corona perdió Normandía continental en 1204, las Islas Anglonormandas siguieron siendo la dependencia de ultramar más antigua de la Corona.
5.La Constitución de la Isla, a su vez, ha sido forjada por su historia evolucionando a lo largo de muchos siglos. Desde 1204 hasta la batalla de Waterloo, en 1815, Inglaterra permaneció en permanente guerra con Francia, y Jersey estuvo bajo permanente amenaza de invasión por las fuerzas francesas. Sin embargo, el pueblo de Jersey demostró una firme lealtad a la Corona inglesa y una inquebrantable resistencia a los franceses, virtudes que sucesivos soberanos recompensaron y más tarde lo hizo el Parlamento del Reino Unido otorgándole derechos de autonomía cada vez más amplios.
6.El Alguacilazgo de Jersey es y sigue siendo una dependencia de la Corona Británica. La Isla, a través de su órgano legislativo electivo, los Estados de Jersey, tiene autonomía interna excepto en cuanto a que las leyes dictadas por los Estados requieren la sanción de Su Majestad en Consejo. Es deber del Secretario de Estado de Asuntos Internos, en su condición de miembro del Consejo Privado que se ocupa primordialmente de los asuntos de las Islas, asesorar a Su Majestad sobre cada medida legislativa antes de que se la someta al Consejo Privado para la sanción real.
La Asamblea de los Estados, órgano legislativo de Jersey
7.Las bases del actual sistema político de Jersey quedaron establecidas en 1948 al aprobarse la Ley sobre la Asamblea de los Estados (Jersey) de 1948. Esta Ley fue sustituida por la Ley de los Estados de Jersey de 1966. Los Estados tienen 53 miembros:
i)12 Senadores, elegidos por un plazo de seis años por los votantes registrados en toda la Isla;
ii)12 Condestables, que son jefes de los distritos administrativos en que está dividida la Isla y son elegidos por un plazo de tres años por los votantes registrados en cada distrito;
iii)29 Diputados, cada uno de los cuales representa una circunscripción electoral, y que son elegidos por un plazo de tres años por los votantes registrados en cada uno de ellos.
8.Existen, además miembros no electivos:
i)El Alguacil, que es Presidente de la Asamblea (en su ausencia, esta función puede ser desempeñada por el Alguacil Adjunto);
ii)El Lugarteniente del Gobernador General, representante de la Corona;
iii)El Deán de Jersey, que representa la Iglesia;
iv)El Fiscal General y Procurador General.
9.Todos los miembros no electivos tienen derecho de voz en los Estados, pero no de voto. En la práctica el Presidente sólo habla en ese carácter, y existen limitaciones convencionales sobre las oportunidades y los temas en que los demás miembros no electivos hacen uso de su derecho de voz.
Administración
10.La Administración cotidiana de la Isla está a cargo de Comisiones de los Estados, formadas por un Presidente y, generalmente, otros seis miembros, todos los cuales son miembros electivos de los Estados. Todas las comisiones son designadas por la Asamblea de los Estados por mayoría simple de sus miembros. Cada Comisión tiene a su cargo, por delegación de la Asamblea de los Estados, un campo de la actividad pública, como la hacienda, la enseñanza, la salud pública, la planificación y el uso de la tierra, los servicios públicos, el turismo, etc. Existen actualmente 28 Comisiones de esta clase.
11.Existe, además, una administración a nivel de los distritos sobre temas como el mejoramiento y mantenimiento de los caminos locales, el alumbrado público, la recolección de residuos, la policía honoraria y el otorgamiento de diversas licencias. Para sufragar los gastos de estas actividades se percibe una tasa de distrito.
Elecciones
12.Se celebran elecciones cada tres años, en los meses de octubre (Senadores) y noviembre (Diputados), al vencer el mandato de seis de los 12 Senadores y la totalidad de los 29 Diputados. Por razones históricas el mandato de cada Condestable vence a los tres años de su elección. Todos los miembros electivos de los Estados pueden ser reelectos.
13.A menos que esté inhabilitado por otros motivos, puede ser candidato en las elecciones cualquier súbdito británico nacido en la Isla o que sea residente ordinario en ella durante los dos años anteriores a la elección siempre que haya cumplido 21 años (Ley sobre los Estados de Jersey de 1966).
14.Los votantes se registran en el distrito en que viven. Para poder registrarse como elector es preciso haber cumplido 18 años, ser residente en el distrito el 1º de marzo del año respectivo y ser súbdito británico o ciudadano de la República de Irlanda (Ley sobre el Derecho de Voto en Jersey de 1968, con sus modificaciones).
III. SISTEMA JUDICIAL
Administración
15.El poder judicial del Alguacilazgo de Jersey es totalmente independiente de los Estados de Jersey y no está sometido a orientación ni control políticos. La responsabilidad de la administración de justicia corresponde al Alguacil y al Fiscal General. También compete a la Comisión de Defensa, que tiene ciertas responsabilidades en relación con la Policía de los Estados de Jersey.
16.El Alguacil es Presidente del Tribunal Real y Presidente del Tribunal de Apelaciones. Le compete el procedimiento judicial y tiene a su cargo la administración de todos los tribunales de la Isla.
17.La Comisión de Defensa tiene responsabilidades en virtud de la Ley sobre la Policía de Jersey de 1974. Debe velar por el mantenimiento de una policía adecuada y eficiente en la Isla, y con ese fin está facultada para disponer los servicios necesarios, incluyendo locales y equipo. La Comisión también debe determinar los grados de la policía y las escalas de remuneración de cada uno de ellos, y establecer todos los demás asuntos que se consideren necesarios para la conveniente administración policial, incluyendo los aspectos disciplinarios.
18.La Ley sobre la Policía de Jersey de 1974 dispone también el mantenimiento de la policía honoraria que funciona paralelamente con la Policía de los Estados de Jersey. La policía honoraria fue durante varios siglos la forma tradicional de vigilancia en Jersey. Está organizada sobre la base de los distritos, bajo el control del Condestable respectivo. Los oficiales son elegidos por los residentes del distrito y su jurisdicción se limita al distrito para el que fueron elegidos. El Fiscal General tiene responsabilidad general acerca del buen funcionamiento del conjunto de la Policía Honoraria. La responsabilidad de la administración de justicia en la Isla está compartida entre el Alguacil y el Departamento del Interior. El Secretario de Estado para los Asuntos del Interior es el miembro del Consejo Privado que responde ante la Corona de la buena administración de la Isla. También está encargado de asesorar a la Reina en el ejercicio de la prerrogativa real de gracia para indultar a los condenados por delito o remitir total o parcialmente las penas impuestas por los tribunales.
19.El Fiscal General y el Procurador General son los asesores jurídicos de la Corona sobre el derecho de Jersey, los asesores jurídicos de los Estados de Jersey y de las Comisiones de los Estados, y representantes de éstos ante todos los tribunales. Son letrados superiores y miembros natos de los Estados de Jersey. Además de desempeñar diversas funciones en materia civil, el Fiscal General tiene la responsabilidad de última instancia de la aplicación del derecho penal. También es responsable de la Policía Honoraria de la Isla. El Fiscal General se ocupa de promover y llevar a cabo ciertos tipos de enjuiciamientos criminales, y debe actuar al respecto con discrecionalidad independiente. El Procurador General, en los hechos, es el suplente del Fiscal General.
Tribunales penales
20.En Jersey la decisión inicial de promover procedimientos penales corresponde generalmente al Condestable o a un funcionario del distrito (Centenier). El Condestable y sus Centeniers son
miembros superiores de la Policía Honoraria. Una vez formulada una imputación criminal, el asunto se somete al Tribunal de Policía por el Centenier. Los procedimientos seguidos ante el Tribunal de Policía son contradictorios, y la responsabilidad de presentar las pruebas corresponde al Juez de Paz, conocido con el nombre de Juge d'Instruction. Si el asunto tiene suficiente gravedad, el Juez de Paz remite al acusado para que sea juzgado por el Tribunal Real. En ese caso, el Fiscal General recibe todo el expediente y presenta al acusado ante el Tribunal. Todos los procedimientos penales se llevan bajo la supervisión general del Fiscal General, que tiene facultades para disponer el sobreseimiento y para ordenar a los Centeniers que promuevan la acción cuando procede.
21.En 1991 los Estados aprobaron la Ley sobre la Investigación de los Fraudes (Jersey) de 1991, que asigna al Fiscal General determinadas facultades de investigación muy análogas a las corresponden en Inglaterra al Director de la Oficina de Fraudes Graves.
22.Los delitos pueden clasificarse en tres categorías: crímenes, delitos y faltas. La distinción entre los crímenes y los delitos tiene ahora un interés exclusivamente histórico y carece de consecuencias importantes. Tanto los crímenes como los delitos son infracciones del common law. Las faltas son delitos creados por ley. Las formas del juicio varían entre los delitos del common law y los delitos creados por ley. Siempre que un caso sea suficientemente grave para que el Juez de Paz haya hecho uso de su facultad discrecional de someter al acusado a juicio ante el Tribunal Real, el acusado goza del derecho de juicio por jurado únicamente respecto de los delitos del common law. En cuanto a los delitos creados por ley, el juicio se lleva a cabo ante la Cámara Inferior del Tribunal Real, que está formada por el Alguacil y dos "Jurats". Existen 12 Jurats del Tribunal Real, cuya función es muy antigua. Los Jurats tienen la responsabilidad de juzgar los aspectos de hecho y determinar la pena en los asuntos criminales. La Cámara Inferior está facultada en los asuntos penales para imponer una pena de hasta dos años de prisión. Más allá de ese límite, el asunto debe remitirse a la Cámara Superior del Tribunal Real, que está formada por el Alguacil y un mínimo de siete Jurats. Las facultades de la Cámara Superior del Tribunal Real no están limitadas. El Tribunal Real tiene jurisdicción para juzgar todos los asuntos penales con excepción de la traición.
23.El Tribunal de Policía es presidido por el Juge d'Instruction, designado por los Estados de Jersey, y que debe ser:
i)Un Jurat del Tribunal Real;
ii)Un Oficial de la Corona;
iii)Un abogado del Tribunal Real con diez años de ejercicio profesional, como mínimo;
iv)Una persona que haya ejercido las funciones de juez en el Commonwealth; o
v)Una persona que haya ejercido una profesión de abogado en Inglaterra durante un mínimo de diez años.
24.Los asuntos referentes a menores de 17 años se juzgan por el Tribunal de Menores. Se trata de un tribunal constituido especialmente, formado por el Juge d'Instruction y dos Jueces de Menores. Existe un conjunto de Jueces de Menores designado por el Tribunal Real. El Tribunal de Menores debe celebrar sus audiencias en diferente lugar o momento que el Tribunal de Policía. Sólo pueden asistir personas de determinadas categorías, y los informes de los medios de difusión no deben identificar a ningún menor que comparezca como acusado o testigo. Cuando una persona menor de 17 años es acusada junto con una persona mayor, el asunto es juzgado en el Tribunal de Policía o el Tribunal Real.
25.El Tribunal Real se ocupa de los juicios por los delitos más graves y las apelaciones contra sentencias del Tribunal de Policía. Lo preside el Alguacil, que actúa con dos Jurats para constituir la Cámara Inferior, y con un mínimo de siete Jurats para constituir la Cámara Superior.
Apelaciones
26.La persona condenada por el Tribunal de Policía puede apelar ante el Tribunal Real respecto de la pena impuesta si se ha declarado culpable, o respecto de la condena y la pena si se ha declarado inocente. Cuando la apelación se refiere a una cuestión jurídica, tanto la acusación como la defensa pueden apelar contra las sentencias del Tribunal de Policía ante el Tribunal Real sobre la base del acuerdo acerca de los hechos.
27.Las apelaciones contra las sentencias del Tribunal Real, ya se refieran a la condena o a la pena, son de competencia del Tribunal de Apelaciones. En todos los casos el tribunal de última instancia es la Comisión Judicial del Consejo Privado. Antes de que un asunto pueda llegar a la Comisión Judicial, el tribunal que haya conocido en la apelación anterior debe certificar que afecta a una cuestión jurídica de importancia, y ese tribunal, o la Comisión Judicial, debe autorizar la apelación.
28.El Fiscal General puede pedir el dictamen del Tribunal de Apelaciones sobre una cuestión jurídica que se haya planteado en un asunto en que haya resultado absuelta una persona juzgada mediante acta de acusación. Ello no afecta a la absolución, ni se revela la identidad de la persona absuelta sin su consentimiento.
Juicios penales
29.En Jersey, los juicios penales se tramitan en procedimiento contradictorio entre la acusación y la defensa. Como la ley presume la inocencia del acusado hasta que se pruebe su culpabilidad, la acusación no cuenta con ninguna ventaja, real ni aparente, frente a la defensa. El acusado tiene el derecho de recurrir a los servicios de un asesor jurídico y puede recibir asistencia jurídica. Si permanece en prisión preventiva, la persona puede ser visitada por un asesor jurídico para asegurar la debida preparación de su defensa. La acusación, durante la preparación del caso, informa generalmente a la defensa de los documentos pertinentes que no se propone presentar, y los comunica si así se le solicita. La acusación está obligada a informar a la defensa acerca de los testigos cuya declaración puede ser útil para el acusado y que la acusación no se propone convocar. Tanto la defensa como la acusación pueden plantear la ineptitud mental del acusado a los efectos de su juzgamiento. Si el tribunal la reconoce, el acusado es internado en un hospital que el tribunal indica.
30.Los juicios penales se desarrollan normalmente en audiencia pública, y las normas sobre la prueba (referentes a los hechos) se aplican rigurosamente. Si se han admitido pruebas indebidas, la condena puede revocarse en apelación. Durante el juicio, el acusado tiene derecho a oír e interrogar a los testigos de la acusación, generalmente a través de su abogado; a convocar a sus propios testigos, que si no comparecen voluntariamente pueden ser legalmente obligados a declarar; y a dirigirse al tribunal, personalmente o por intermedio de su defensor, con el derecho de hablar en último término. El acusado no puede ser interrogado a menos que consienta en declarar como testigo en su propia defensa. Si lo hace, sólo en circunstancias excepcionales puede ser interrogado acerca de su carácter o de otros actos; la acusación generalmente no presenta tales pruebas.
Jurados
31.En los juicios con jurado, el Alguacil decide las cuestiones jurídicas, resume las pruebas para el jurado, le imparte instrucciones sobre el derecho aplicable y absuelve al acusado si se le declara inocente. Si se le declara culpable, los Jurats dictan la sentencia Corresponde exclusivamente al jurado pronunciarse sobre la culpabilidad o inocencia del acusado. Si el jurado no puede llegar a un veredicto unánime, el Alguacil puede disponer que se pronuncie por mayoría con la salvedad de que, en un jurado normal de 12 miembros, no puede haber más de dos discordias. Si el jurado dicta un veredicto de inocencia, la acusación no tiene recurso de apelación y el acusado no puede ser juzgado nuevamente por el mismo delito. En caso de veredicto de culpabilidad, el acusado dispone de recurso ante el Tribunal de Apelaciones.
32.El jurado es totalmente independiente del Poder Judicial. Toda tentativa de injerencia en las actividades de un jurado después de la prestación de juramento es punible como desacato judicial.
33.Conforme a la legislación sobre procedimiento penal, la defensa tiene el derecho de impugnar en forma decisiva a un máximo de dos miembros del jurado sin indicar fundamentos. La defensa y la acusación tienen el derecho de impugnar a los eventuales miembros del jurado expresando las razones.
34.Las personas de entre 18 y 65 años cuyos nombres figuran en el registro electoral, con determinadas excepciones, está sujetas a prestar servicios como jurados y sus nombres se escogen por sorteo. Entre las personas inhabilitadas para ese servicio figuran las que han sido condenadas por delito grave o han sido procesadas, y los incapaces.
El Juez de Instrucción
37.El "Vizconde" ("Viscount"), que el Presidente del Tribunal Real, ejerce las funciones de juez de instrucción. Investiga las muertes violentas y no naturales y las muertes súbitas cuya causa se desconoce. Las muertes pueden haber sido denunciadas al Alguacil por los médicos, la policía o el público. Cuando la muerte ha sido súbita y se desconocen sus causas, el Alguacil dispone la realización de una autopsia. Si después de ella existe incertidumbre sobre la forma en que la persona encontró la muerte, el Alguacil dispone una investigación. Es obligación del "Vizconde", que actúa con un jurado de 12 hombres, determinar la forma, momento y lugar de la muerte de la persona.
Derecho civil
36.Las principales ramas del derecho civil en Jersey son las siguientes:
- Derecho de familia;
- Derecho de los bienes;
- Derecho sucesorio; y
- Derecho de las obligaciones.
Otras ramas del derecho civil son el derecho constitucional y administrativo (que se ocupa particularmente del ejercicio del poder ejecutivo), y el derecho industrial, marítimo y eclesiástico.
Tribunales civiles
37.La jurisdicción civil limitada de los Jueces de Paz comprende los asuntos de separación y pensiones para alimentos. También tienen competencia respecto de los créditos de menor cuantía cuando no exceden de 2.500 libras. EL Juez de Paz también puede disponer en ciertos casos el desalojo de inmuebles.
38.El otorgamiento de licencias de venta de bebidas alcohólicas es de competencia de la Asamblea de Licencias, formada por el Lugarteniente del Gobernador General, el Alguacil y Jurats.
39.Los asuntos civiles no comprendidos en la competencia del Tribunal de Menor Cuantía corresponden al Tribunal Real. Éste, cuando actúa como tribunal civil, se ocupa de todos los asuntos civiles referentes a contratos de compraventa y arrendamiento, adopción y divorcio. El Tribunal Real se constituye, para los asuntos civiles, por el Alguacil y dos Jurats.
Apelaciones
40.Las apelaciones sobre cuestiones jurídicas contra sentencias del Tribunal de Menor Cuantía corresponden al Tribunal Real. Las sentencias de éste admiten recurso ante el Tribunal de Apelaciones. Las de este último, ante la Comisión Judicial del Consejo Privado.
Procedimiento civil
41.En Jersey, el procedimiento civil debe promoverse por el interesado. No se requiere ninguna investigación preliminar sobre la autenticidad del agravio. Los procesos ante el Tribunal Real suelen iniciarse mediante una demanda o una simple notificación hecha al demandado por el demandante. El demandado que controvierte la demanda informa de ello al tribunal. Se presentan entonces a éste los documentos en que se establecen precisamente las cuestiones el litigio (alegatos). Los procedimientos ante el Tribunal de Menor Cuantía se inician mediante notificación al demandado; el procedimiento ulterior es más simple que el seguido ante el Tribunal Real.
42.En los procesos de divorcio la prueba debe presentarse en audiencia pública por la parte demandante, exista o no oposición; y la sentencia de divorcio debe dictarse en audiencia pública.
43.Los procedimientos civiles, como asuntos de naturaleza privada, generalmente pueden ser objeto de desistimiento o transacción en cualquier momento. Las acciones entabladas ante el Tribunal se juzgan sin jurado, aunque el Alguacil actúa con dos Jurats, que son jueces de los hechos.
44.La acción civil ante el Tribunal de Menor Cuantía comienza con una notificación al demandado efectuada por el demandante o su abogado. En ella figuran los detalles de la demanda y la fecha de la audiencia. Las partes y los testigos declaran en la audiencia judicial. Todos los procedimientos del Tribunal de Menor Cuantía están a cargo del Juez de Paz.
45.Las sentencias civiles se ejecutan por orden del tribunal. La mayoría de ellas corresponden a créditos y pueden ejecutarse, en caso de incumplimiento, mediante el embargo de bienes del deudor o una orden judicial por la que el empleador debe descontar sumas periódicas del salario del deudor y entregarlas al tribunal. Otras sentencias pueden tomar la forma de interdicciones impuestas a determinadas personas respecto de la realización de actos ilícitos. El incumplimiento de una sentencia puede dar lugar al encarcelamiento por desacato judicial. La detención y la prisión preventiva sólo pueden efectuarse mediante orden judicial.
46.Normalmente, el tribunal dispone que las costas judiciales se paguen por la parte perdedora; pero en los asuntos de derecho de familia sobre pensiones para alimentos el tribunal puede ordenar que cualquiera de las partes pague total o parcialmente las costas judiciales de la otra parte.
47.También existe, como valioso vestigio de la herencia normanda de las Islas, la acción de "clameur de Haro". Se trata de un antiguo modo de entablar procedimientos judiciales para la reparación de presuntas infracciones del derecho de propiedad. La persona agraviada, al pronunciar determinadas expresiones, puede obtener una inmediata interdicción de los actos por los que se agravia sin que deba intervenir un oficial de justicia. La persona contra la que se pronuncia el "clameur" debe cesar inmediatamente en la realización de esos actos, y se informa al Fiscal General, que interviene y debe promover el juicio.
48.Con arreglo a la Ley sobre las Decisiones Administrativas (Revisión) (Jersey) de 1983, toda persona lesionada por cualquier decisión adoptada o por cualquier acto realizado u omitido sobre cualquier aspecto de la administración por cualquier comisión o departamento de los Estados o por cualquier persona que actúe en nombre de tal comisión o departamento puede pedir al Secretario de los Estados que la cuestión sea objeto de examen por una Junta de Recursos Administrativos. Las Juntas de Recursos Administrativos se constituyen con integrantes que forman parte de un grupo de miembros superiores de los Estados. La Junta está facultada para disponer la presentación de documentos de cualquier comisión, departamento, autoridad o funcionario de cualquier comisión o departamento y para oír a cualquier persona en relación con cualquier denuncia. Una vez completada su investigación, la Junta informa de sus conclusiones por escrito al reclamante y a la comisión, departamento o persona contra los que se dirigió la denuncia. La Junta puede pedir que la comisión, departamento o persona examine la cuestión que ha resuelto e informe a la Junta dentro de un plazo determinado de las medidas adoptadas para examinar el asunto y los resultados de su preexamen. Las disposiciones de esta Ley son sin perjuicio de cualquier otro recurso de que disponga el reclamante. Los gastos derivados del cumplimiento de las disposiciones de la Ley se sufragan con cargo a los ingresos anuales de los Estados.
IV. MARCO NORMATIVO GENERAL DE PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS
A. Autoridades con jurisdicción que afecta a los derechos humanos
49.Como en el Reino Unido, la posesión de los derechos y libertades es inherente a la condición de miembro de la sociedad. Esos derechos y libertades sólo pueden limitarse por una decisión democrática de los Estados de Jersey (el órgano legislativo electivo de Jersey), cuya función, como la del Parlamento del Reino Unido, no consiste en otorgar derechos, sino en examinar si es preciso o no limitarlos, equilibrando las necesidades de la sociedad con las del individuo. En los párrafos que siguen se indican los mecanismos y las salvaguardias jurídicas de protección de los derechos humanos en Jersey.
B. Recursos, indemnización y rehabilitación
Asistencia jurídica
50.El sistema de asistencia jurídica de Jersey no tiene base legal. Es una antigua tradición de los profesionales del derecho. Todos los abogados aceptan el sistema como una obligación, pero lo hacen voluntariamente. Toda persona que necesita los servicios de un abogado pero tiene dificultades para obtenerlos porque no puede pagarlos o porque cualquier otra razón le hace imposible lograr asistencia en juicio puede solicitar ayuda jurídica. La solicitud se formula al Bâtonnier suplente, que es un
abogado designado por el Bâtonnier para administrar el sistema de asistencia jurídica. El Bâtonnier suplente, si ha verificado que corresponde conceder asistencia jurídica, entrega al interesado un certificado dirigido a un abogado y le indica que se ponga en comunicación con él.
51.Para obtener un certificado de asistencia jurídica, el interesado no necesita acreditar que su asunto tiene fundamento. Si el Bâtonnier suplente se cerciora simplemente de que el interesado se encuentra en una situación en que necesita asesoramiento jurídico, normalmente concede el certificado; pero no lo hace si estima que el interesado se propone hacer algo que constituiría un abuso del procedimiento judicial o carece por completo de fundamento.
52.Todos los abogados con menos de 15 años de actividad son susceptibles de ser designados por el Bâtonnier suplente para prestar asistencia jurídica; pero en los casos de gravedad excepcional se designa a un abogado con más de 15 años de actividad dotado de la adecuada experiencia.
53.La asistencia jurídica no es necesariamente gratuita. El Bâtonnier suplente lo explica así al interesado al expedir el certificado. Como el derecho a la asistencia jurídica no depende del nivel de los recursos económicos del que lo pide, el Bâtonnier suplente no realiza ninguna investigación detallada a ese respecto. Algunos abogados nunca cobran honorarios por la labor de asistencia jurídica que cumplen. Los que cobran honorarios realizan alguna investigación sobre los recursos del interesado antes de decidir lo que es razonable cobrarle. Además de informarse a los interesados de que el abogado designado podrá cobrarles un honorario razonable, el Bâtonnier suplente les indica también que pueden dirigirse a él si se les pide el pago de un honorario que no consideren razonable. Cuando se plantea al Bâtonnier suplente una controversia de este tipo, investiga la cuestión y la somete al Bâtonnier, que resuelve si el honorario es razonable o corresponde reducirlo.
54.Puede obtenerse asistencia jurídica tanto en materia civil como en materia penal. En los asuntos criminales existe otro método de solicitud ante el Tribunal de Policía. El acusado ante el Tribunal de Policía puede pedir asistencia jurídica mediante una simple declaración jurada de sus recursos económicos formulada ante el Juez de Paz. El Tribunal envía esa declaración al Bâtonnier suplente, y éste designa a un abogado.
55.También puede obtenerse asesoramiento gratuito de la Oficina de Asesoramiento a los Ciudadanos.
Indemnización por condena o encarcelamiento improcedentes
56.No existe ninguna disposición legal sobre el pago de indemnización por condena o encarcelamiento improcedentes, pero se han hecho pagos de indemnización con carácter graciable. En caso de encarcelamiento ilícito, puede obtenerse la indemnización de daños y perjuicios mediante una acción basada en el common law.
Situación de las víctimas de delito
57.La Ley de Justicia Penal (Indemnizaciones) (Jersey) de 1994 dispone que los tribunales, en lugar o además de imponer cualquier otra sanción al condenado, pueden imponerle el pago de una indemnización por cualquier perjuicio personal, pérdida o daño resultantes del delito cometido. La indemnización se establece en la suma que el tribunal considere adecuada teniendo en cuenta todas las pruebas presentadas y cualquier exposición que se realice por el condenado, o en su nombre, y por cualquier persona que a juicio del Tribunal haya sufrido perjuicios personales, pérdidas o daños resultantes del delito.
58.Las indemnizaciones que puede disponer el Tribunal Real no tienen límite cuantitativo, pero las que pueden imponer el Tribunal de Policía y el Tribunal de Menores por cualquier delito no pueden exceder de 2.000 libras, aunque este límite puede modificarse por reglamento.
59.Si el autor del delito carece de recursos económicos para pagar la multa aplicada y la indemnización a que ha sido condenado, el Tribunal debe dar preferencia a la indemnización; y las sumas percibidas del condenado deben destinarse al pago de la indemnización íntegra antes de destinarlas al pago de multas.
60.Las víctimas de delito también pueden demandar por indemnización de daños y perjuicios ante los tribunales civiles.
61.El Sistema de Indemnización de Perjuicios Causados por Delitos dispone que la Junta creada en virtud de él puede efectuar indemnizaciones con cargo a fondos públicos en cualquier caso en que el solicitante haya sufrido un perjuicio personal directo derivado de:
a)Un delito de violencia;
b)La captura o intento de captura de un delincuente;
c)La prevención o tentativa de prevención de un delito;
d)El auxilio prestado a un funcionario de policía en la realización de cualquiera de esos actos.
El "perjuicio personal" comprende cualquier enfermedad, cualquier merma del estado físico o mental de una persona, y el embarazo.
C. Protección constitucional de los derechos humanos
62.Jersey no tiene una carta de derechos ni una Constitución escrita. El sistema de gobierno parlamentario de Jersey es resultado de una evolución gradual desarrollada a lo largo de varios siglos. Conforme a las disposiciones constitucionales de Jersey, la posesión de derechos y libertades es inherente a la condición de miembro de nuestra sociedad. Por lo tanto, los derechos no son otorgados por el Gobierno; existen ya a menos que los Estados de Jersey decidan que las necesidades de la sociedad obligan a limitarlos en alguna forma determinada.
D. Incorporación de los instrumentos sobre derechos humanos en el derecho interno
63.Los tratados no quedan directamente incorporados en el derecho interno, como ocurre en algunos países. Cuando no se encuentra ya en vigor una legislación adecuada, los tratados se aplican en Jersey mediante la sanción de las leyes necesarias por los Estados de Jersey o, en ciertos casos, mediante la extensión a Jersey, por Decreto del Consejo del Reino Unido, de leyes dictadas por el Gobierno del Reino Unido con el mismo fin.
E. Aplicación judicial de los instrumentos sobre derechos humanos
64.Los tribunales de Jersey sólo interpretan las leyes dictadas por los Estados de Jersey o extendidas a Jersey en la forma indicada en el párrafo precedente.
F. Mecanismos para la aplicación de los derechos humanos
Protección de la información
65.A solicitud de las autoridades de Jersey, la Convención del Consejo de Europa sobre la Protección de las Personas en relación con el Tratamiento Computadorizado de Datos fue extendida a Jersey mediante una declaración formulada por el Gobierno del Reino Unido en representación de Jersey.
66.Conforme al objetivo de esa Convención, la Ley sobre la Protección de la Información (Jersey) de 1987, que sigue estrechamente las disposiciones de la Ley sobre la Protección de la Información del Reino Unido de 1984, estableció un Registro de Protección de la Información, dispuso que se llevase un registro de usuarios de datos personales y oficinas de informática, y asignó facultades al Director del Registro para asegurar que la información personal se utilizara en conformidad con los principios de la Convención. La Ley también otorga determinados derechos a las personas a las que se refieren los datos, incluyendo el derecho de acceso a sus datos personales y, en determinados casos, un derecho de indemnización.
Denuncias contra la policía
67.Este tema está siendo objeto de una revisión general. Las disposiciones actualmente en vigor respecto de las denuncias contra funcionarios de la Policía de los Estados de Jersey figuran en el Decreto sobre la Policía (Disposiciones Generales) (Jersey) de 1974.
68.Este Decreto dispone que, cuando se recibe del público una denuncia contra un funcionario de la Policía, el asunto debe remitirse a un oficial investigador o de grado superior, con jerarquía de Inspector, pero no al Oficial Jefe ni al Oficial Subjefe.
69.El Decreto dispone, asimismo, que el Oficial Jefe, tras examinar el informe del oficial investigador y cualquier declaración que haya formulado el funcionario de la Policía denunciado, debe decidir si se la ha de imputar o no alguna acusación. En caso afirmativo, se dispone la comparecencia del acusado en una audiencia. Conoce en el asunto el Oficial Jefe o, si éste lo considera oportuno, el Oficial Jefe de la policía de otro lugar. El denunciante tiene derecho a asistir a la audiencia y puede pedir que el Oficial Jefe formule preguntas al acusado. El Oficial Jefe puede autorizar discrecionalmente al denunciante a interrogar por sí mismo al acusado.
70.El Oficial Jefe, al término de la audiencia o al recibir el asunto de otro Oficial Jefe en caso de habérselo remitido, debe desestimar el asunto o aplicar alguna de las siguientes sanciones:
i)La destitución de la Policía;
ii)El pedido de renuncia en lugar de la destitución, de inmediato o en la fecha que se estipule;
iii)La degradación;
iv)La reducción del salario por un período no mayor de 12 meses, estipulado en la decisión;
v)Una multa;
vi)La amonestación;
vii)La advertencia.
71.El Decreto contiene disposiciones sobre el recurso ante la Comisión de Defensa de los Estados de Jersey por el funcionario de policía al que se le haya aplicado una sanción por el Oficial Jefe.
72.El Código de Disciplina para los miembros de la Policía Honoraria también está siendo objeto de revisión como parte del procedimiento antes expuesto.
Igualdad de oportunidades y relaciones raciales
73.El 29 de enero de 1991 los Estados de Jersey aprobaron el principio de que debían eliminarse todas las formas de discriminación, contra la mujer o contra el hombre; y convinieron en crear una Comisión Especial, que comprende a personas que no integran los Estados, para investigar la situación actual y formular las recomendaciones que estime convenientes a los Estados para lograr:
i)Que el hombre y la mujer reciban igual remuneración por trabajo de igual valor;
ii)Que las trabajadoras tengan derecho a una licencia de maternidad de mínimo razonable; y
iii)La eliminación de cualquier otra forma de discriminación entre el hombre y la mujer lo antes que sea posible.
74.Desde la creación de la Comisión Especial se han examinado múltiples problemas relacionados con la igualdad de oportunidades; los Estados aprobaron un código de derechos de la maternidad; y al aprobar la Ley sobre Testamentos y Sucesiones (Jersey) de 1993, los Estados repararon también la discriminación contra la mujer que contenían las leyes de Jersey en materia sucesoria.
75.Ha quedado completada la labor de la Comisión Especial de investigar y formular recomendaciones concretas, y se propone ahora que la función permanente de promover la igualdad de oportunidades sea responsabilidad de una Comisión Permanente de los Estados, con el cometido más amplio de la "responsabilidad respecto de la promoción de la igualdad de oportunidades para todas las personas en todos los aspectos de la economía y la vida social de Jersey".
V. INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
76.Las autoridades insulares no han considerado necesario realizar esfuerzos particulares para promover la conciencia general acerca de los instrumentos sobre los derechos humanos. Esta consideración corresponde a la situación de Jersey respecto de los tratados, en los que Jersey no es Estado Parte. Los textos de los tratados se publican oficialmente por el Gobierno del Reino Unido y pueden obtenerse fácilmente en Jersey. Para informar mejor al público sobre la medida en que se aplican a Jersey los tratados internacionales en general (incluidos los que afectan a los derechos humanos), la Comisión competente ha resuelto hace poco informar anualmente a los Estados a través del Informe y Plan de Acción sobre Política Estratégica que se formula todos los años. Esto constituye en la práctica el plan de acción del Gobierno, que da lugar a un debate especial de los Estados cada año y establece el proyecto de actividades de los Estados y sus comisiones administrativas durante cada año.
Notas
a/Tipo de cambio: 1 dólar de los EE.UU. equivale a 0,57 libras esterlinas.
b/La tasa de mortalidad infantil es muy baja, registrándose en los último años entre dos y cinco muertes por año.
Anexo XIII
ALGUACILAZGO DE GUERNESEY
(incluidas Guernesey, Alderney, Sark, Herm, Jethou y Brecqhou)
I. TERRITORIO Y POBLACIÓN
1.Las Islas Anglonormandas son un grupo de islas, islotes y rocas situadas en el Canal de la Mancha, en el Golfo de Saint Malo, frente a la costa noroccidental de Francia. Aunque las Islas forman parte de las Islas Británicas, no integran el Reino Unido. Están divididas en los Alguacilazgos de Guernesey y Jersey. El de Jersey comprende el grupo mayor y más meridional de islas del archipiélago y dos pequeños arrecifes de islotes y rocas conocidos como Ecrehous y Minquiers.
2.El Alguacilazgo de Guernesey (en adelante: “el Alguacilazgo”) comprende las restantes islas de Guernesey, Alderney, Sark, Herm, Jethou y Brecqhou, junto con sus islotes y rocas. Las islas habitadas son las siguientes:
PoblaciónSuperficie
(censo de 1996)(millas cuadradas)
Guernesey (incluidas Herm,Jethou y Lihou)58 68125,11
Alderney 2 147 3,07
Sark (incluida Brecqhou) 575 2,11
Todo el Alguacilazgo61 40430,29
3.El Alguacilazgo de Guernesey es una dependencia de la Corona (sin ser parte del Reino Unido ni una colonia) y goza de plena independencia, excepto para las relaciones internacionales y la defensa, que son responsabilidad del Gobierno del Reino Unido. Guernesey, Alderney y Sark se gobiernan, cada una, por una Asamblea Legislativa electiva y propia; pero la administración de rutina está a cargo de diversas comisiones formadas principalmente por miembros electivos de las Asambleas. Las Comisiones se ocupan de carteras de responsabilidades determinadas y cuentan con el apoyo de una administración pública eficiente, capacitada y dedicada.
4.La información estadística básica referente a Guernesey, con las cifras más actualizadas de que se dispone, es la que sigue.
|
Ingreso por habitante |
19.521 libras (estimación de 1999) |
|
Producto nacional bruto |
1.146.000.000 libras (estimación de 1999) |
|
Tasa de inflación |
3,8% (marzo de 2000) |
|
Deuda externa |
Ninguna |
|
Tasa de desocupación |
0,36% (diciembre de 1999) |
|
Tasa de alfabetización |
No se dispone de datos; se supone que se aproxima al 100% |
|
Porcentaje de la población de lengua materna inglesa |
No se dispone de datos; se supone que se aproxima al 100% |
|
Esperanza de vida |
Hombres75,9 añosMujeres80,6 años |
|
Tasa de mortalidad infantil |
3,0 por 1000 nacimientos |
Tasa de mortalidad derivada de la maternidad |
Ningún caso (1997) |
|
Tasa de fecundidad |
1,56 |
|
Porcentaje de la población |
Hombres menores de 15 años – 9,0%Mujeres menores de 15 años – 8,6%Hombres mayores de 65 años – 6,3%Mujeres mayores de 65 años – 9,4%(censo de 1996) |
II. ESTRUCTURA POLÍTICA GENERAL
A. Sistema de gobierno
5.El sistema de gobierno del Alguacilazgo evolucionó durante un largo período desde sus orígenes que se remontan a una gran antigüedad. Sin embargo, el régimen se basa en el principio democrático, y la autoridad de las Asambleas Legislativas de Guernesey, Alderney y Sark se reconoce sin cuestionamiento en cada Isla respectiva. El sistema de gobierno corresponde a las características conservadoras y de acatamiento de la ley propias de la comunidad del Alguacilazgo.
La Corona y el Alguacilazgo
6.La Corona Británica mantiene la responsabilidad de última instancia respecto del buen gobierno del Alguacilazgo, actuando a través del Consejo Privado por recomendación de los Ministros del Gobierno del Reino Unido en su carácter de Consejeros Privados. El Secretario del Interior del Reino Unido es el miembro del Consejo Primario que tiene competencia primordial respecto de los asuntos del Alguacilazgo y por su conducto se realiza la comunicación entre el Alguacilazgo, la Corona y el Gobierno del Reino Unido. El Secretario del Interior asegura la vigilancia de las medidas legislativas del Alguacilazgo y las consultas con los demás ministros competentes del Gobierno incluyendo, cuando es preciso, a los Procuradores Generales de la Corona antes de que las medidas reciban la sanción real.
El Alguacilazgo y el Parlamento
7.El Alguacilazgo de Guernesey no está representado en el Parlamento del Reino Unido, y las leyes dictadas por el Parlamento no se le aplican automáticamente. Sin embargo, cuando las leyes del Reino Unido deben aplicarse en el Alguacilazgo se celebran consultas entre el Gobierno del Reino Unido y las autoridades del Alguacilazgo y no sólo acerca del contenido y la finalidad de las leyes, sino también sobre el método conveniente para su aplicación en el Alguacilazgo.
Relación constitucional con el Reino Unido
8.La relación constitucional y económica entre el Reino Unido y el Alguacilazgo fue examinada por una Comisión Real designada en 1969. Ésta aceptó el acuerdo de que el Parlamento del Reino Unido no legisla sobre asuntos internos del Alguacilazgo sin la conformidad de sus autoridades, pero llegó sin embargo a la conclusión de que el Reino Unido debía disponer de facultades de última instancia para intervenir en cualquier asunto del Alguacilazgo, incluida la facultad de legislar, en cuanto conserva la responsabilidad de las relaciones externas del Alguacilazgo y de su buen gobierno.
9.Lord Bach definió la expresión "buen gobierno" en la Cámara de los Lores el 3 de mayo de 2000 en el sentido de que "en las circunstancias de una crisis grave o de la interrupción de la administración de justicia o del orden público, podría recurrirse a la prerrogativa residual de la Corona para intervenir en los asuntos internos de las Islas Anglonormandas y la Isla de Man".
Relación constitucional con la Unión Europea
10.La situación del Alguacilazgo fue examinada más detenidamente cuando el Gobierno del Reino Unido pidió, en 1971, su incorporación en la Comunidad Económica Europea. El acuerdo que se negoció otorgó a las Islas Anglonormandas, de las que forma parte integrante el Alguacilazgo, una relación especial con la Comunidad Europea en virtud del Protocolo 3 del Tratado de Adhesión. El Protocolo tiene por efecto que las Islas del Alguacilazgo de Guernesey se encuentran comprendidas en la zona aduanera común y el arancel externo común de la Comunidad Europea y, en consecuencia, gozan de acceso a las exportaciones de productos agropecuarios e industriales de los Estados miembros sin obstáculos arancelarios. Sin embargo, las demás cláusulas de los tratados de la CE no se aplican a las Islas Anglonormandas y, por lo tanto, para cualquier efecto distinto de lo referente a las aduanas son efectivamente "terceros países". La entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea, el 1º de noviembre de 1993, no modificó la situación constitucional consagrada por el Protocolo 3 del Tratado de Adhesión.
11.El Protocolo 3 garantizó y formalizó la relación constitucional del Alguacilazgo de Guernesey con el Reino Unido dentro de la Comunidad Económica Europea. Esto no puede modificarse a menos que se altere el Protocolo, lo cual exige la conformidad unánime de la totalidad de los 12 Estados miembros de la Unión Europea, así como el consentimiento de las Islas Anglonormandas.
Puestos dependientes de la Corona de Inglaterra
12.Los puestos que dependen de la Corona, en el Alguacilazgo o en Guernesey, son los de Lugarteniente de Gobernador (Lieutenant-Governor), Alguacil (Bailiff), Alguacil Adjunto (Deputy Bailiff), Fiscal General (Procureur, Attorney General), Procurador General (Comptroller, Solicitor-General), Actuario (Greffier), Recaudador General (Receiver General), Alguacil de Policía (Sheriff) y Oficial Mayor (Sergeant).
13.El Lugarteniente de Gobernador es el representante personal de la Reina en el Alguacilazgo de Guernesey y actúa como vía oficial de comunicación entre la Corona y las autoridades del Alguacilazgo. Es su Comandante en Jefe, aunque sus deberes a este respecto sólo se manifiestan en épocas de hostilidades.
14.El Alguacil es jefe del poder judicial y presidente no político del parlamento de la Isla. Tradicionalmente es el defensor y sostén de sus inmunidades y privilegios. También, junto con el Lugarteniente de Gobernador, es una vía de comunicación entre el Gobierno de Guernesey y la Corona. Cuenta en el desempeño de sus funciones con la colaboración del Alguacil Adjunto.
15.El Fiscal General y el Procurador General son asesores jurídicos de la Corona y de las tres Asambleas Legislativas de Guernesey, Alderney y Sark. El Fiscal General, y en menor medida el Procurador General, también tienen a su cargo procedimientos judiciales penales y la redacción de leyes. A ambos les está prohibido el ejercicio privado de la profesión. Actúan independientemente del Gobierno.
16.El Actuario es, en Guernesey, un funcionario al servicio simultáneo del poder legislativo y del poder judicial. Actúa también como encargado del registro civil en Guernesey y Sark.
17.El Recaudador General se ocupa de la percepción y contabilidad de los tributos a la Corona y, en general, de sus ingresos en el Alguacilazgo de Guernesey. Actúa bajo la dirección de los responsables del Tesoro de Su Majestad.
18.El Alguacil y el Oficial Mayor son, en Guernesey, funcionarios de los poderes legislativos y judicial. El primero tiene a su cargo la ejecución de las sentencias y las penas impuestas por los tribunales y el mantenimiento del orden en sus audiencias y en la Asamblea Legislativa de la Isla. El Oficial Mayor se encarga de la notificación de citaciones y otros documentos judiciales en Guernesey, actúa como representante judicial de personas ausentes de la Isla y desempeña las demás funciones que le asignan los tribunales y la Asamblea Legislativa.
Facultades de cada Asamblea Legislativa
19.El Gobierno del Alguacilazgo de Guernesey está a cargo de tres órganos separados. Guernesey, Herm y Jethou son administrados por los Estados Deliberantes; Alderney, por los Estados de Alderney; y Sark y Brecqhou, por un órgano denominado Chief Pleas of Sark. Sin embargo, los Estados de Guernesey desempeñan la responsabilidad económica y administrativa respecto de ciertos servicios públicos en Alderney y aplican en esa Isla la escala de impuestos, derechos y tributos de Guernesey, que se perciben por esta última, así como las leyes de Guernesey, con las modificaciones necesarias, respecto de los servicios cuya responsabilidad ha tomado a su cargo Guernesey. Guernesey se ocupa de la inmigración por los aeropuertos, de la policía, los servicios sociales, la salud, la educación y de las adopciones en Alderney.
20.Las Asambleas Legislativas promueven las leyes internas, determinan los límites de los gastos y los impuestos, establecen la política fiscal y económica y se ocupan en general de la buena administración. Aunque cada Asamblea Legislativa goza de total independencia respecto del Parlamento del Reino Unido, tanto para legislar como para establecer impuestos, con sujeción únicamente a la Corona Británica en última instancia respecto del buen gobierno del Alguacilazgo de Guernesey (véase el párr. 9).
Composición de cada Asamblea Legislativa
Guernesey
21.Los Estados de Guernesey están organizados con arreglo a la Ley de Reforma (Guernesey) de 1948, con sus modificaciones, y los constituyen dos órganos: los Estados Deliberantes y los Estados Electores. La única función de los Estados Electores consiste en actuar como colegio elector del Jurist, funcionario que tiene competencia algo similar a la de un juez de paz en el Reino Unido.
22.Los Estados Deliberantes son la Asamblea Legislativa de Guernesey cuyas facultades y poderes derivan del common law y de la Ley de Reforma (Guernesey) de 1948 y sus modificaciones. Están formados por el Alguacil como Presidente nato; 12 consejeros, que se consideran los miembros más antiguos y experimentados de los Estados, 33 Diputados Populares, 10 representantes de Consejos de Distrito (Douzaine Representatives), dos representantes de los Estados de Alderney, y el Fiscal General y el Procurador General de Su Majestad.
23.Los Diputados Populares son elegidos por sufragio universal de los adultos. Los Estados Deliberantes actúan durante cuatro años, después de lo cual se celebran elecciones generales. Los representantes de los Consejos de Distrito son designados por los diez Consejos de Distrito (Douzaines o Parish Councils) de la Isla, y actúan durante un año.
24.Los Estados Deliberantes (a los que se hará referencia en adelante como "los Estados") desempeñan funciones ejecutivas o administrativas a través de comisiones, cada una de las cuales responde de sus actos ante los Estados y en los Estados. Las Comisiones son establecidas por los Estados mediante una resolución que estipula su mandato o en virtud de leyes que les asignan funciones y responsabilidades. Administran las diversas tareas de Gobierno en Guernesey, como las de hacienda, administración pública, agricultura, administración, salud, educación, vivienda, horticultura, turismo, trabajo, telecomunicaciones, electricidad, abastecimiento de agua, orden público, correos y planificación urbana y ordenamiento territorial. Los Estados fueron creando a lo largo del tiempo una administración pública permanente bajo el control y la dirección directos de las Comisiones de los Estados. En Guernesey, por lo tanto, la administración pública depende de los Estados y no de la Corona, como en el Reino Unido.
25.Los Estados se reúnen mensualmente para examinar las propuestas que les presentan sus Comisiones. Esas propuestas varían desde las referentes a la política económica y fiscal hasta la promoción y aprobación de leyes, así como diversas partidas de gastos. Sin embargo, los Estados no pueden adoptar decisiones que obliguen a los Estados futuros; y, como en Guernesey no existe nada equivalente a un Consejo de Ministros, ninguna Comisión de los Estados puede obligar a éstos a adoptar ninguna medida por importante que pueda ser. No existe en Guernesey política de partidos, por lo que el procedimiento legislativo requiere un grado importante de consenso entre los miembros independientes de los Estados para que pueda aprobarse una medida propuesta.
26.La Comisión de Hacienda y Asesoramiento de los Estados es considerada la comisión principal y le incumbe examinar todas las propuestas de informes que han de someterse a los Estados para su deliberación. Las Comisiones electivas de los Estados cuentan con el apoyo de una administración pública profesional integrada por unos 1800 funcionarios. Cada Comisión de los Estados tiene un Primer Oficial (o Primer Responsable Ejecutivo). El Supervisor de los Estados es Jefe de la administración pública de Guernesey y Primer Oficial de la Comisión de Hacienda y Asesoramiento de los Estados. Asimismo, las Comisiones emplean directamente a unas 3000 personas que no son funcionarios públicos, entre los que se incluye a trabajadores manuales (1300), enfermeros (760), maestros (550), agentes de policía (150) y aduaneros (70).
Alderney
27.Los Estados de Alderney son la asamblea legislativa de Alderney, y sus facultades y poderes derivan de la Ley sobre el Gobierno de Alderney de 1987. Los Estados están integrados por el Presidente de Alderney, jefe cívico y representante de la Isla, elegido por sufragio universal y que desempeña su puesto durante cuatro años, y 10 miembros elegidos igualmente por sufragio universal de los adultos por un período de cuatro años. Con excepción de los servicios a cuyo respecto la legislación y la administración está a cargo de los Estados de Guernesey, las demás funciones de gobierno de Alderney se administran por Comisiones de los Estados. El sistema de gobierno de Alderney sigue estrechamente el de Guernesey, y tiene el apoyo de una pequeña administración pública. Los Estados de Guernesey, sin embargo, pueden legislar para Alderney en cualquier asunto con la conformidad de los Estados de Alderney; y en materia penal, sin necesidad de ese consentimiento. A cambio de las responsabilidades que los Estados de Guernesey cumplen respecto de Alderney (véase el párr. 19), ésta es representada en los Estados Deliberantes por dos de sus miembros.
Sark
28.La asamblea legislativa de Sark (Chief Pleas) deriva sus facultades y poderes de la Ley de Reforma (Sark) de 1951. Forman parte de este órgano:
i)El Señor ("Seigneur") de Sark;
ii)El Senescal;
iii)Los 40 "moradores" ("tenants") de Sark, que conjuntamente con el Señor y algunos propietarios de dominio absoluto son los propietarios exclusivos de todas las tierras en Sark; y
iv)Doce diputados elegidos por sufragio universal de los adultos por un plazo de tres años.
29.El Señor de Sark es jefe cívico y representante de la Isla. Su cargo es hereditario. El Senescal, en cambio, es presidente nato de la Asamblea Legislativa y es designado por el Señor con la aprobación del Lugarteniente de Gobernador del Alguacilazgo de Guernesey.
30.La Asamblea Legislativa de Sark se reúne tres veces por año y cumple las funciones de gobierno en forma muy semejante a la de los Estados de Guernesey y de Alderney. Los Estados de Guernesey pueden legislar respecto de Sark, del mismo modo que respecto de Alderney, en asuntos criminales sin el consentimiento de la Asamblea Legislativa de Sark, pero en cualquier otra materia pueden hacerlo únicamente con ese consentimiento.
Período de preguntas
31.Como los Estados de Guernesey dedican su tiempo principalmente a los asuntos públicos cuando se reúnen mensualmente, el mejor modo de obtener informaciones (a las que podrían no tener acceso de otro modo los miembros de esos Estados) sobre los propósitos o las prácticas de las Comisiones de los Estados consiste en la utilización del Período de preguntas. El Reglamento autoriza a cualquier miembro de los Estados, anunciándolo previamente, a obtener respuestas orales a sus preguntas al Presidente de la Comisión respectiva antes de iniciarse la sesión oficial de los Estados. También pueden atenderse las preguntas por escrito, y las respuestas escritas se distribuyen a todos los miembros de los Estados y a los medios de difusión.
B. Sistema judicial
32.El poder judicial del Alguacilazgo es totalmente independiente del Gobierno y no está sometido a la dirección ni el control de los Estados de Guernesey, los Estados de Alderney ni el Chief Pleas de Sark. El Alguacil de Guernesey preside tanto el Tribunal Real como el Tribunal de Apelaciones. Es único juez de las cuestiones jurídicas en el Tribunal Real.
33.El Fiscal general de Su Majestad y el Procurador General de Su Majestad son los principales asesores del Alguacil respecto del derecho local y representan a la Corona en todos los procedimientos penales. El primero de ellos, y en menor medida el segundo, tienen a su cargo la aplicación del derecho penal y los procedimientos penales promovidos por los Procuradores de la Corona y en su nombre. Guernesey tiene su propia policía, subordinada a la dirección general de la Comisión de Asuntos Internos de los Estados de Guernesey, que sigue el modelo de la policía del Reino Unido. Cuando procede, se pide a la policía de Guernesey que preste asistencia en materia de seguridad
pública en las Islas menores de Alderney y Sark. La policía está sujeta a la inspección periódica del Inspector de Policía de Su Majestad.
34.La administración de todos los tribunales de Guernesey compete al Alguacil, mientras que en Alderney es responsabilidad del Presidente del Tribunal de Alderney y en Sark compete al Senescal.
Tribunales
35.El Poder Judicial de Guernesey está dividido en tres partes: el Tribunal de Apelaciones, el Tribunal Real y el Juzgado de Paz. Existe, además un Tribunal Eclesiástico de gran antigüedad. En Alderney existe el Tribunal de Alderney; y en Sark, el Tribunal del Senescal.
El Tribunal de Apelaciones
36.En Guernesey, el Tribunal de Apelaciones fue constituido en virtud de la Ley sobre el Tribunal de Apelaciones (Guernesey) de 1961, y tiene competencia en materia civil y penal conforme a las disposiciones de esa Ley. Según la jurisdicción que esté ejerciendo puede distinguirse por el añadido, a su denominación, de las palabras "División Civil" o "División Penal".
37.El Alguacil es magistrado nato del Tribunal de Apelaciones y Presidente del Tribunal. No puede ser juez del Tribunal de Apelación en casos en los que fue presidente de los tribunales a quo. Los demás magistrados (llamados magistrados ordinarios) son designados por la Corona, y normalmente se designa entre ellos a destacados abogados de la Corona que ejercen en tribunales de Inglaterra y Gales, Escocia e Irlanda del Norte, así como en el Alguacilazgo de Jersey. El Tribunal de Apelaciones está constituido debidamente si lo forma un número impar de magistrados no inferior a tres.
38.En materia civil, el Tribunal de Apelaciones conoce en los recursos contra las decisiones del Tribunal Real cuando ha actuado como tribunal ordinario y las decisiones de la División de Asuntos Matrimoniales del Tribunal Real; pero la Ley sobre el Tribunal de Apelaciones (Guernesey) de 1961 estipula límites a las apelaciones respecto de determinadas sentencias de los tribunales.
39.En materia penal el condenado en juicio seguido mediante acta de acusación o en procedimiento sumario por el tribunal real constituido como tribunal plenario puede recurrir ante el Tribunal de Apelaciones contra la condena exclusivamente sobre cuestiones jurídicas; o, en otros casos, exclusivamente sobre cuestiones de hecho, o sobre cuestiones de una y otra naturaleza; o por cualquier otro fundamento que el Tribunal de Apelaciones estime suficiente; y, con autorización del Tribunal de Apelaciones, contra la pena impuesta a menos que esté fijada por la ley. En la Ley del Tribunal de Magistrados (Apelaciones en la Penal) (Guernesey) de 1998 también se prevé un derecho de apelación en casos penales por cuestiones de derecho, del Tribunal de Magistrados al Tribunal de Apelaciones.
40.En materia civil, el Consejo de Su Majestad no ejerce competencia de apelación respecto de las sentencias del tribunal de Apelaciones salvo autorización del Consejo de Su Majestad o del Tribunal de Apelaciones, excepto cuando la cuantía en litigio alcanza a 500 libras. Cualquier apelación de ese tipo compete a la Comisión Judicial del Consejo Privado, que es el Tribunal Supremo del Alguacilazgo.
41.En materia penal, el Consejo de Su Majestad conoce en apelación respecto de las sentencias del Tribunal de Apelaciones; y ninguna disposición de la Ley sobre el Tribunal de Apelaciones (Guernesey) de 1961 afecta a la prerrogativa de gracia de la Corona.
El Tribunal Real
42.El Tribunal Real aplica en Guernesey tanto la ley civil como la ley penal. Sesiona en carácter de cualquiera de los siguientes tribunales:
i)Tribunal de Chief Pleas; o
ii)Tribunal Plenario; o
iii)Tribunal Ordinario; o
iv)Tribunal de Asuntos Matrimoniales.
43.El Tribunal Real es presidido por el Alguacil o el Alguacil Adjunto y está formado por uno u otro y 12 Jurats. El Alguacil o el Alguacil Adjunto son únicos jueces de los aspectos jurídicos en el Tribunal Real y, en consecuencia, son juristas profesionales. El puesto de Jurat es de gran antigüedad y tiene cierto parecido con el de Juez de Paz en el Reino Unido.
44.El Tribunal Real, cuando actúa como Tribunal de Chief Pleas, comprende al Alguacil o al Alguacil Adjunto y un mínimo de siete Jurats. Este Tribunal sesiona tres veces por año cuando los "Señores de Feudos", que deben pleitesía directa a la Corona, los abogados y los condestables de los diez distritos deben comparecer y responder personalmente al pasarse lista. El Tribunal también recibe y examina ciertos informes que le presentan las autoridades competentes conforme a una obligación legal; por ejemplo, sobre las condiciones de los cursos de agua de la Isla, o que se le presentan a pedido especial del Tribunal, por ejemplo, sobre las salas públicas habilitadas.
45.El Tribunal Real, cuando actúa como Tribunal Plenario, comprende al Alguacil o al Alguacil Adjunto y un mínimo de siete Jurats. El Tribunal Plenario no tiene jurisdicción originaria en materia civil, pero se ocupa de las solicitudes de licencia para la venta de bebidas alcohólicas y los recursos contra las decisiones de las Comisiones de los Estados. El Tribunal Plenario tiene jurisdicción originaria en materia penal:
a)Respecto de todos los delitos que se juzgan mediante acta de acusación, cometidos en cualquier lugar del Alguacilazgo;
b)Cuando el Juzgado de Paz de Guernesey estima que un delito no está comprendido en su competencia o que la pena adecuada excedería de la que puede imponer;
c)Cuando el Tribunal Ordinario estima lo mismo respecto de un delito que le ha sido remitido por el Tribunal de Alderney o de Sark;
d)Cuando una persona acusada de un delito susceptible de una pena superior a tres meses de prisión (con excepción de la agresión) opta por ser juzgada por el Tribunal Plenario.
46.El Tribunal Real, cuando actúa como Tribunal Plenario, también tiene jurisdicción en materia penal. Tienen recurso de apelación ante el Tribunal Plenario las personas condenadas, respecto de la pena o de la condena, o de ambas cosas, dispuestas por el Juzgado de Paz o el Tribunal Ordinario a menos que la ley excluya expresamente la apelación. También la acusación tiene derecho de apelación ante el Tribunal Plenario contra la absolución de cualquier persona por el Juzgado de Paz o el Tribunal Ordinario. Salvo en el caso de las absoluciones, todas las sentencias en materia penal
dictadas por el Tribunal de Alderney o el Tribunal del Senescal de Sark son susceptibles de recurso ante el Tribunal Plenario.
47.El Tribunal Real, cuando actúa como Tribunal Ordinario, está formado por el Alguacil o el Alguacil Suplente o un Lugarteniente de Alguacil, y un mínimo de dos Jurats. El Tribunal Ordinario tiene jurisdicción originaria en todos los juicios civiles promovidos en Guernesey, incluidos los que provienen de un Clameur de Haro (véase el párrafo 62, infra), y se ocupa de diversas cuestiones no contenciosas, que comprenden las transmisiones de propiedad inmueble, el registro de testamentos sobre inmuebles, las patentes, los dibujos y modelos industriales y las marcas de fábrica o de comercio, los estatutos y contratos de las sociedades de responsabilidad limitada y el nombramiento de tutores encargados de la persona y el patrimonio de menores, incapaces y pródigos.
48.Admiten apelación ante el Tribunal Ordinario las sentencias del Juzgado de Paz en la mayoría de los asuntos civiles. Además, las sentencias del Tribunal de Alderney y del Tribunal del Senescal de Sark en materia civil son susceptibles de apelación ante el Tribunal Ordinario. Aunque éste no tiene competencia de apelación en materia penal, tiene cierta jurisdicción originaria en materia penal respecto de Alderney y Sark cuando se considera que determinado delito, o la pena correspondiente, no cabe en la competencia del Tribunal de Alderney o del Tribunal del Senescal de Sark.
49.La División de Asuntos Matrimoniales del Tribunal Real fue creada conforme a la Ley sobre Asuntos Matrimoniales (Guernesey) de 1939, y está formada por el Alguacil o el Alguacil Adjunto y cuatro Jurats, o por el Alguacil Adjunto solo. El Tribunal Real también tiene la facultad de designar a una persona que tenga un mínimo de diez años de ejercicio de la profesión de abogado en Guernesey, Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte o Jersey para que actúe como Comisionado del Tribunal Real, con facultades para desempeñar las funciones de la jurisdicción de éste en forma concurrente con la División de Asuntos Matrimoniales.
50.Con ciertas excepciones, el Tribunal tiene jurisdicción originaria respecto de todos los juicios de divorcio, separación y nulidad del matrimonio; declaraciones de presunción de muerte y la consiguiente disolución del matrimonio; y todas las demás acciones, juicios y asuntos matrimoniales establecidos en la Ley de Asuntos Matrimoniales (Guernesey) de 1939. El Tribunal también tiene jurisdicción de apelación en los juicios sobre separación judicial y cuestiones conexas, respecto de las sentencias del Tribunal de Alderney o el Tribunal del Senescal de Sark.
Juzgado de Paz
51.El Juzgado de Paz es presidido por un Juez de Paz o un Jurat que hace las veces de éste, y tiene jurisdicción en procedimiento sumario en asuntos penales, así como en litigios civiles cuya cuantía no exceda de 2.500 libras. Las sentencias del Juzgado de Paz admiten apelación ante el Tribunal Real constituido en Tribunal Plenario en materia penal, y ante el Tribunal Ordinario en materia civil (véase también el párr. 39). Un Juez de Paz también puede actuar como Juez de Instrucción, pero sólo a solicitud de los Procuradores.
Tribunal Eclesiástico
52.El Tribunal Eclesiástico está formado por el Magistrado, que es el Deán de Guernesey y Comisario del Obispo de Winchester, y sus nueve asesores, que son los rectores de los demás distritos de Guernesey. Además de los asuntos eclesiásticos de diversa naturaleza, el Tribunal otorga la validación de los testamentos y las cartas de administración de inmuebles, y tiene jurisdicción respecto de la enajenación de los bienes muebles pertenecientes a los suicidas.
Tribunal de Alderney
53.El Tribunal de Alderney está formado por un mínimo de tres Jurats designados por el Secretario del Interior del Reino Unido entre los Jurats de Alderney. Uno de ellos es designado Presidente del Tribunal por el Secretario del Interior. El Tribunal tiene jurisdicción originaria ilimitada en materia civil en los asuntos suscitados en Alderney. Las sentencias del Tribunal en materia civil son susceptibles de apelación ante el Tribunal Real de Guernesey, que actúa entonces como Tribunal Ordinario.
54.En materia penal, salvo en ciertos asuntos, el Tribunal tiene jurisdicción originaria en virtud de la Ley de 1987 para imponer multas de cuantía máxima de 2.000 libras o penas de prisión de duración no mayor de tres meses, o ambas penas, aunque en caso de dictarse más de una sentencia el total de las multas es actualmente de 4.000 libras. Estas sentencias admiten apelación en materia penal ante el Tribunal Real de Guernesey, que actúa como Tribunal Plenario. Sin embargo, la jurisdicción originaria respecto de todos los asuntos penales corresponde en Alderney al Tribunal Real de Guernesey, que actúa entonces como Tribunal Ordinario.
Tribunal del Senescal de Sark
55.El Tribunal del Senescal es presidido por éste. Tiene jurisdicción originaria ilimitada en materia civil, con recurso de apelación contra sus sentencias ante el Tribunal Real de Guernesey, que actúa entonces como Tribunal Ordinario.
56.En materia penal, salvo en ciertos asuntos, el Tribunal tiene jurisdicción originaria para imponer multas de cuantía máxima de 1.000 libras o penas de prisión de duración no mayor de un mes, o ambas penas, aunque en caso de dictarse más de una sentencia el total de las multas es actualmente de 2.000 libras. Estas sentencias admiten apelación en materia penal ante el Tribunal Real de Guernesey, que actúa como Tribunal Plenario. Sin embargo, la jurisdicción originaria respecto de todos los asuntos penales corresponde en Alderney al Tribunal Real de Guernesey, que actúa entonces como Tribunal Ordinario.
Juicios penales
57.La legislación penal y de procedimiento penal del Alguacilazgo es similar en términos generales a la de Inglaterra y Gales. Los juicios penales se tramitan en procedimiento contradictorio entre la acusación y la defensa. Como la ley presume la inocencia del acusado hasta que se pruebe su culpabilidad, la acusación no cuenta con ninguna ventaja, real ni aparente, frente a la defensa. El acusado tiene el derecho de contratar los servicios de un asesor jurídico o, en el caso de un juicio ante el Tribunal Real, de que se le asigne un abogado de oficio; y si permanece en prisión preventiva, la persona puede ser visitada por un asesor jurídico para asegurar la debida preparación de su defensa.
58.Los juicios penales se realizan normalmente en audiencia pública y las normas sobre la prueba de los hechos se aplican rigurosamente. Si se admiten pruebas indebidamente, la condena puede revocarse en apelación. Durante el juicio, el acusado tiene derecho a oír e interrogar a los testigos de cargo, normalmente por intermedio de un abogado; a convocar a sus propios testigos que, si no comparecen voluntariamente, pueden ser obligados legalmente a declarar; y a dirigirse al tribunal personalmente o a través de un abogado. El acusado no puede ser interrogado sin que consienta en hacerlo bajo juramento como testigo de su propia defensa. Cuando declara, sólo en circunstancias excepcionales puede ser interrogado acerca de su carácter o de otros actos; la acusación por lo general no presenta tales pruebas.
59.El sistema de jurados no funciona en el Alguacilazgo. Cuando se celebra juicio en el Tribunal Real, conocen en el asunto el Alguacil o Alguacil Adjunto y un mínimo de siete Jurats. El Alguacil, como Presidente del Tribunal, es único juez de las cuestiones de derecho y procedimiento, resume las pruebas para los Jurats y les imparte instrucciones sobre el derecho aplicable. Los Jurats resuelven si el acusado es culpable o inocente y determinan las penas, pero es el Alguacil el que las anuncia. El veredicto puede dictarse por mayoría simple. Si los Jurats dictan un veredicto de inocencia, la acusación no tiene derecho de apelación y el acusado no puede volver a ser juzgado por el mismo delito. En caso de veredicto de culpabilidad, el acusado tiene un recurso ante el Tribunal de Apelaciones.
Juzgado de Instrucción
60.En Guernesey, el Juez de Paz o el Juez de Paz Interino puede actuar Juez de Instrucción pero sólo a pedido de los Procuradores. Los jueces de instrucción investigan las muertes violentas o no naturales y las muertes súbitas cuya causa se desconoce. Sin embargo, en caso de muerte súbita de causa desconocida puede no ser necesaria una investigación si, después de haberse realizado una autopsia, los Procuradores quedan convencidos de que la muerte se debió a causas naturales. Cuando tienen motivos para considerar que la persona sufrió muerte violenta o no natural o falleció en reclusión o en otras circunstancias que se especifican, disponen que el Juez de Paz, actuando como Juez de Instrucción, realice una investigación; y es obligación del Juzgado de Instrucción determinar la forma, momento y lugar del fallecimiento. El Juez de Instrucción actúa solo en la vista de la causa.
Derecho civil
61.El common law, en el Alguacilazgo, tiene su origen en el derecho consuetudinario de Normandía. Sin embargo, en los últimos tiempos el derecho de Guernesey manifiesta cada vez más la influencia inglesa. Las leyes se dictan en inglés y con frecuencia provienen de normas legales comparables de Inglaterra. La importancia del derecho consuetudinario normando ha disminuido mientras que el common law inglés, que no tiene eficacia decisiva, se aplica cada vez más cuando no existe costumbre aplicable. Sin embargo, el derecho consuetudinario normando sigue teniendo gran importancia respecto del derecho inmobiliario y sucesorio en Guernesey. Las fuentes de derecho del Alguacilazgo son las siguientes:
i)Las leyes dictadas por los Estados Deliberantes, los Estados de Alderney o el Chief Pleas de Sark que han recibido la sanción de Su Majestad en Consejo;
ii)Los Reglamentos y Decretos dictados en aplicación de las leyes aprobadas de ese modo;
iii)Las Ordenanzas aprobadas por los Estados Deliberantes, los Estados de Alderney o el Chief Pleas de Sark;
iv)Las Leyes del Parlamento del Reino Unido y los instrumentos legales dictados en virtud de ellas mediante Decretos del Consejo con el consentimiento de los Estados Deliberantes, los Estados de Alderney y el Chief Pleas de Sark;
v)Las leyes del Parlamento del Reino Unido que se aplican expresamente al Alguacilazgo.
vi)Las normas de la Comunidad Europea aplicables conforme al Protocolo 3, aunque normalmente es necesario promulgar legislación local para establecer las penas y su aplicación.
Las sentencias judiciales pertinentes también son fuente de derecho en el Alguacilazgo. Cuando no se encuentra ningún precedente claro en el derecho de éste, sus tribunales generalmente tienen en cuenta las leyes normandas y las leyes de Inglaterra al resolver los asuntos que se les plantean.
62.El Clameur de Haro es un antiguo mecanismo jurídico normado por medio del cual un demandante puede obtener una interdicción para evitar que se causen perjuicios a sus bienes, que puede dar lugar o no a una acción civil. El procedimiento supone que el demandante, en presencia de un testigo, se arrodille en el inmueble respectivo e invoque en francés a su Príncipe o Señor para que acuda en su auxilio y a continuación recite el Padrenuestro, también en francés. El Clameur de Haro debe declararse a continuación al Alguacil y registrarse en la oficina del Actuario dentro de las 24 horas. Esto tiene por efecto la cesación inmediata de todas las actividades que presuntamente perjudican el bien del demandante. La persona que formula el clameur de Haro debe promover acción civil ante el Tribunal Real, que actúa como Tribunal Ordinario, dentro del plazo de un año y un día. El demandado, si considera que ha sido tratado injustamente, también puede promover la acción civil ante el Tribunal Real, pues la persona que ha formulado el Clameur de Haro falsamente puede ser responsable de los daños y perjuicios causados.
63.También pueden dictarse mandatos judiciales con arreglo a disposiciones legislativas contemporáneas y las facultades convencionales.
Abogados del Tribunal Real
64.Quienes ejercen la profesión de abogado en el Alguacilazgo son conocidos como Abogados del Tribunal Real de Guernesey. Para ser admitidos como tales se requiere que los interesados hayan residido habitualmente en el Alguacilazgo de Guernesey no menos de tres años después de haber cumplido los 16 años de edad, y:
1)a)Ser abogado colegiado en Inglaterra y Gales, en Irlanda del Norte, o pertenecer al Colegio de Abogados de Escocia; o
b)Ser abogado de la Corte Suprema de Inglaterra y Gales, de la Suprema Corte de la Judicatura de Irlanda del Norte, o de Escocia; y
2)Haber obtenido
a)Un diploma de "Bachelier" de una de las facultades de derecho de Francia; o
b)Un "Certificat d'Études Juridiques Françaises et Normandes"(Certificado de Estudios Jurídicos Franceses y Normandos) de la Universidad de Caen; y
3)Haber hecho una pasantía en Guernesey estando acreditado ante un abogado del Tribunal Real con un mínimo de cinco años de antigüedad en esa capacidad,
a)En el caso de un miembro del Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales, del Colegio de Abogados de Irlanda del Norte, o de la Facultad de Abogados de Escocia, incapaz de convencer al Tribunal Real de que ha completado por lo menos seis meses de pasantía en la jurisdicción de que se trata, durante un período no menor de 12 meses, o
b)En cualquier otro caso, durante un período no menor de seis meses; y
4)Haber sido examinado con éxito por una comisión bajo la autoridad del Tribunal Real.
El abogado, en el Alguacilazgo, combina las funciones que en Inglaterra cumplen el "Barrister" y el "Solicitor" ingleses. Aunque cualquier jurista puede ejercer su profesión en el Alguacilazgo, sólo los Abogados del Tribunal Real están facultados para actuar ante los Tribunales de Guernesey, Alderney y Sark y para asesorar sobre el derecho local en el Alguacilazgo.
Tribunales administrativos
65.Guernesey ha adoptado un sistema de tribunales administrativos que ejercen funciones jurisdiccionales separadas de los tribunales judiciales. En general los tribunales administrativos han sido creados en virtud de facultades legales que rigen su constitución, sus funciones y su procedimiento. En comparación con los tribunales judiciales tienden a ser de más fácil acceso, menos formales y menos onerosos. También disponen de un conocimiento especializado acerca de su jurisdicción propia.
66.La introducción del sistema de tribunales administrativos en el Alguacilazgo ha sido relativamente reciente. Actuando con independencia respecto del Gobierno, resuelven litigios entre ciudadanos particulares: por ejemplo, el tribunal laboral desempeña una importante función en materia de conflictos de trabajo. El que se ocupa de la seguridad social resuelve demandas de particulares contra las autoridades públicas competentes, mientras que el tribunal fiscal resuelve litigios promovidos por la autoridad pública contra ciudadanos particulares. Las decisiones de los tribunales administrativos pueden ser obligatorias para la autoridad pública respectiva o tomar la forma de una recomendación.
67.Los miembros de los tribunales administrativos son designados entre personas independientes cuya nómina se establece previa consulta por el Tribunal Real de Guernesey o la Comisión de Hacienda y Asesoramiento de los Estados o, en el caso de los conflictos de trabajo, por el Oficial de Litigios Laborales, o en la forma estipulada por la ley.
68.Otra forma de tribunal conocido como Consejo de Revisión de decisiones administrativas atiende las quejas de particulares contra sectores de la administración pública donde no existe el derecho de apelación o de remisión a un tribunal de justicia. La composición de cada Consejo de Revisión se determina sobre una base ad hoc. El Consejo está integrado por miembros de los Estados que no sean miembros de la Comisión de cuyas decisiones se apela, y que no tengan ningún otro conflicto de intereses. También podrán integrar los Consejos de Revisi
III. MARCO NORMATIVO GENERAL DE PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS
A. Autoridades con jurisdicción que afecta a los derechos humanos
69.Se han ratificado las siguientes convenciones en nombre del Alguacilazgo:
i)Convención europea para protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales
ii)Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
iii)Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;
iv)Convención Internacional sobre la Eliminación de todas Formas de Discriminación Racial.
En virtud de la Constitución del Alguacilazgo, así como de sus relaciones constitucionales con el Reino Unido, la posesión de derechos y libertadas es inherente a la condición de miembro de esa sociedad. Sólo puede ser restringida por decisión democrática de los Estados o, en última instancia, por Su Majestad en Consejo. El papel de los Estados, por lo tanto, no consiste en otorgar derechos, sino en equilibrar las necesidades de la sociedad con las del individuo. Los mecanismos y salvaguardias jurídicas mediante los cuales se protegen los derechos humanos en el Alguacilazgo se indican en los párrafos que siguen.
Asistencia jurídica
70.Aunque las personas que necesitan asesoramiento jurídico o asistencia judicial no disponen en el Alguacilazgo de asistencia jurídica en la forma en que funciona en el Reino Unido, en los casos pertinentes existen, sin embargo, ciertas formas limitadas de asistencia jurídica. Se están formulando propuestas para un régimen más amplio de asistencia letrada en lo civil y en lo criminal, que entrarán en vigor, según se anticipa, en 2001.
Indemnización por condena o encarcelamiento improcedentes
71.No existe en el Alguacilazgo ninguna disposición legal para el pago de indemnización a las personas que han sufrido condena o encarcelamiento improcedentes. Sin embargo, los reclamantes pueden demandar por daños y perjuicios mediante acción civil ante los tribunales de las Islas.
Indemnización de la víctimas de delito o accidente
72.Las siguientes normas establecen disposiciones para el pago de indemnización por los perjuicios sufridos por las víctimas de delitos o las familias de las personas cuya muerte ha sido causada por accidente:
i)Ley de Justicia Penal (Indemnizaciones) (Alguacilazgo de Guernesey) de 1990; y
ii)Ley sobre la indemnización que podrá otorgarse a las familias de personas cuya muerte ha sido causado por accidentes, de 1900, modificada por la Ley sobre accidentes fatales (Guernesey) de 1960 y la Ley de Reforma de la Ley sobre Accidentes Fatales (Disposiciones Diversas) (Alguacilazgo de Guernesey) de 1965.
73.Con respecto a las víctimas de delito, los tribunales del Alguacilazgo pueden imponer al condenado por delito el pago a la víctima de una indemnización por los perjuicios personales, pérdidas o daños (incluyendo el terror y la zozobra causados directamente por la comisión del delito) que sean resultado de ese acto o de cualquier otro delito que el tribunal tome en consideración al imponer la condena. Cuando un tribunal dispone el pago de indemnización por un delito cometido por una persona menor de 17 años en el momento de la comisión del delito, puede disponer que la indemnización sea pagada por el padre o el tutor del autor del hecho; y debe proceder así si éste es menor de 14 años. La indemnización de la víctima tiene preferencia sobre la multa en caso de concurrencia de ambas, y el cobro de la indemnización debe ser anterior al de las multas. Además, las víctimas de delitos violentos tienen derecho a entablar acción civil por daños y perjuicios. Se están formulando propuestas para un régimen amplio de indemnización, que entrarán en vigor, según se anticipa, en 2001.
74.Con respecto a la familia de la persona cuya muerte ha sido causada por un accidente, los tribunales pueden imponer una indemnización a la persona por cuya culpa, negligencia, incompetencia o ineptitud se causó la muerte.
B. Incorporación de los instrumentos sobre derechos humanos en el derecho interno
75.El Alguacilazgo no constituye un Estado soberano, sino que es una Dependencia de la Corona. Con arreglo al derecho internacional, el Gobierno de Su Majestad es responsable de las relaciones internacionales del Alguacilazgo. La situación de éste respecto de los acuerdos internacionales concertados por el Gobierno de Su Majestad es una cuestión que debe determinarse por el propio acuerdo. Es práctica aceptada que las autoridades del Alguacilazgo sean notificadas y consultadas antes de ratificar un acuerdo internacional en nombre de él o de extenderlo a él.
76.Con una excepción, señalada infra, los tratados no quedan directamente incorporados en la legislación local. Si hace falta cualquier modificación de la legislación para que el Alguacilazgo cumpla un tratado o convención, el departamento competente de los Estados presenta un proyecto de ley destinado a poner en aplicación las disposiciones respectivas del tratado. Ese proyecto de ley es objeto, a continuación, del procedimiento normal de aprobación por los Estados y el Consejo Privado para la sanción por Su Majestad en Consejo.
77.No se ha excluido la incorporación en la legislación nacional del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero las autoridades del Alguacilazgo (y también las del Reino Unido) no desean comprometerse en exceso, poniendo así en peligro el éxito de la incorporación de la Convención europea para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Sin embargo, la incorporación de la Convención europea garantizará que los derechos correspondientes de los Pactos se apliquen directamente en los tribunales insulares, y que los funcionarios públicos tengan que actuar en consecuencia.
C. Aplicación judicial de los instrumentos sobre derechos humanos
78.Los tribunales del Alguacilazgo sólo interpretan las leyes dictadas por los Estados y las leyes del Parlamento que han sido extendidas al Alguacilazgo. Sin embargo, al interpretar las leyes locales en relación con los derechos humanos, los tribunales, tendrán en cuenta las disposiciones de los instrumentos de derechos humanos pertinentes.
D. Mecanismo interno de aplicación de los derechos humanos
79.No siempre se ha considerado necesario traducir los instrumentos sobre derechos humanos en legislación local, pues la sociedad y la forma democrática de gobierno del Alguacilazgo son tales que determinados derechos y libertades fundamentales rigen con naturalidad. Todos los residentes del Alguacilazgo son considerados iguales ante la ley, y como la población no es una sociedad multirracial la discriminación racial no se ha convertido en un problema. Una economía en auge y un nivel de empleo relativamente total se traducen en una sociedad eficiente con un buen nivel de vida. Como el Alguacilazgo es parte en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, del Consejo de Europa, las personas que residen en él tienen derecho de petición ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Se están promulgando leyes que incorporarán el Convenio Europeo en la legislación interna.
Protección de la información
80.Las autoridades del Alguacilazgo han compartido la preocupación general, desde comienzos del decenio de 1970, respecto del creciente poder de los ordenadores en la compilación y redistribución de informaciones sobre las personas. La Ley sobre Protección de la Información (Alguacilazgo de Guernesey) de 1986 aplicó garantías a la utilización de datos personales computadorizados, lo que a su vez permitió extender al Alguacilazgo las disposiciones de la Convención del Consejo de Europa sobre la Protección de las Personas en relación con el Tratamiento Computadorizado de Datos, de 1981. Se han presentado propuestas para la introducción de legislación compatible con el Parlamento Europeo y la Directiva 95/46/EC del Consejo, y es inminente el nombramiento de un Comisionado de Protección de Datos independiente.
81.La Ley de 1986 dispone que los datos personales se procesen de manera equitativa y legal, se utilicen únicamente con fines determinados y sean objeto de medidas adecuadas de seguridad. Quienes deseen efectuar el procesamiento de datos deben (con ciertas excepciones) inscribirse ante el Registrador de Protección de Datos, que dispone de facultades para imponer el cumplimiento de la legislación. Aunque ésta, y la Convención, se refieren a la protección de los datos, también están destinadas a facilitar el flujo de éstos. Sin embargo, existen garantías que establecen un equilibrio entre el derecho a conocer informaciones y la vida privada individual, reglamentando la divulgación de datos a los terceros que figuran registrados como receptores de información.
Denuncias contra funcionarios policiales y penitenciarios
82.El Organismo de Quejas contra la Policía, que funciona en el Reino Unido, carece de jurisdicción en el Alguacilazgo. Sin embargo, la policía de Guernesey ha adoptado como Código de Prácticas el documento de la Secretaría del Interior titulado "Guidance to Chief Officers on police complaints and discipline procedures" (Instrucciones a los Oficiales Jefes sobre las denuncias contra la policía y los procedimientos disciplinarios). En él se establecen procedimientos claros para la recepción e investigación de las denuncias contra el comportamiento de la policía.
83.Además, como garantía, el procedimiento de denuncias es objeto de inspecciones periódicas por el Inspector de Policía de Su Majestad durante su inspección de la Policía de la Isla. El registro de quejas también se presenta periódicamente a la Comisión de Asuntos Internos para su inspección.
84.Si un denunciante no queda satisfecho con los resultados de la investigación realizada por la policía, se hace constar así en el Registro de Denuncias. En ese momento el denunciante, e incluso cualquier persona que en cualquier momento no esté satisfecha, en general, con el comportamiento de la policía, tiene el derecho de exponerlo ante la Comisión de Asuntos Internos.
85.Sin embargo, todas las denuncias en que se alegan actos delictivos de la policía, como la utilización de fuerza injustificada para la realización de una detención, se comunican a los Procuradores de la Corona.
86.Las denuncias contra el comportamiento de los funcionarios penitenciarios en relación con las personas detenidas en la cárcel de Guernesey son objeto de procedimientos predeterminados en virtud de los cuales esas denuncias deben presentarse al Gobernador de la Cárcel, cualquier miembro de la Comisión de Asuntos Internos o cualquier miembro del Grupo de Visitadores de la Cárcel. Todas las denuncias deben registrarse y se las investiga detenidamente. Además, los detenidos tienen en todo momento el derecho de presentar peticiones por escrito a la Comisión de Asuntos Internos, las que también deben registrarse y tramitarse.
IV. INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
87.Todas las leyes dictadas por los Estados, los Billets d'Etat y los documentos pertinentes se incluyen en el archivo oficial del Alguacilazgo, la Oficina del Actuario, para que el público pueda conocerlos y adquirirlos. El público puede consultar los Diarios Oficiales de la Unión Europea mediante el Servicio de Archivos de las Islas.
88.Los informes del Alguacilazgo a los órganos establecidos por los diversos instrumentos de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos para fiscalizar el cumplimiento por los Estados Partes de sus obligaciones en virtud de esos tratados son preparados por los Estados de Guernesey sobre la base de las informaciones de que disponen los departamentos gubernamentales, y se ponen a disposición del público en general copias de los informes por conducto de las dependencias públicas, la Oficina de Información al Ciudadano y las bibliotecas públicas..